Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre
30 de mayo de 2016
En 2010 el Gobierno del Presidente Zapatero propuso una enmienda a la Constitución Española que modificaba su artículo 135. Fue aprobada con el apoyo del Partido Popular de forma urgente por las Cortes, hurtándose a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias o la necesidad de tal reforma. En su nueva redacción, el artículo obliga al estado a mantener un déficit público estructural dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este compromiso se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que limitaba el déficit estructural al 0,4% del PIB y creaba una nueva entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El déficit público se puede desagregar en un componente derivado del ciclo económico y en otro estructural. El primero se explica por las oscilaciones coyunturales que pueden aumentar el déficit en una recesión debido a la actuación de los ‘estabilizadores automáticos’, mecanismos incorporados a la estructura fiscal que elevan los gastos sociales cuando aumenta el paro o reducen la recaudación cuando caen los ingresos de hogares y empresas. El ‘déficit estructural’ sería aquél que correspondería a una situación de pleno empleo. También reflejaría de algún modo el posicionamiento fiscal del gobierno: la intención expansiva o contractiva de su política macroeconómica.
Esta reforma ha sido muy criticada por numerosos economistas que consideramos que es contraproducente porque fija un límite arbitrario al déficit del estado, porque impone un sesgo recesivo a la economía española y porque es inútil. Es arbitrario porque no hay justificación científica para decidir que el déficit estructural deba ser del 0,4 en porcentaje del PIB. No se encontrará en la bibliografía un estudio mínimamente serio que pueda justificar ese guarismo y por tanto solo se explica por haber sido seleccionado por un halcón del déficit.
Un límite tan bajo, de aplicarse en la práctica, llevaría a la economía española a una depresión perpetua. Sin una instancia federal europea con una capacidad de gasto significativa que pueda relevar a los estados nacionales de la responsabilidad de dirigir los ciclos económicos, le toca al gobierno español rellenar las brechas que periódicamente deja el sector privado en la demanda agregada. La reforma además crea inseguridad jurídica porque el propio concepto de déficit estructural es difícil de precisar. Depende de estimaciones que pueden variar según la metodología que se aplique para su cálculo, de tal forma que podrían existir tantas estimaciones como economistas se encuentren en la sala. Para empezar, los economistas “ortodoxos” toman como referencia del pleno empleo la NAIRU, la tasa no aceleradora de la inflación. La evidencia empírica sugiere que el vínculo entre inflación y empleo no es tan sencillo como pretenden estos economistas ortodoxos. ¡Pero la última revisión de la CE rebajó en 2015 la NAIRU española del 26,6% al 20,7% de la población activa! El empleo de tal criterio implicaría una sobreestimación del déficit estructural que aconsejaría a los policy makers la aplicación de medidas de consolidación fiscal fuertemente contractivas. Aspirar a alcanzar un déficit estructural del 0,4% —seguramente sobrestimado— abortaría prematuramente nuestra magra recuperación económica.
En tercer lugar, este concepto es inútil porque el déficit del estado depende de múltiples factores que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, en la crisis iniciada en 2008 el sector privado español decidió reducir su endeudamiento para mejorar su posición financiera neta. Ante una dinámica de este tipo, que depende de la voluntad del sector privado, los empeños del sector público en equilibrar las cuentas públicas pueden acabar con una profundización perniciosa de la recesión. Porfiar en recortar el gasto público y aumentar los impuestos coincidiendo con una caída en la demanda del sector privado puede tener el efecto paradójico de que la recaudación caiga aún más y de que el déficit aumente en lugar de reducirse, como ocurrió durante la primera mitad del mandato de Rajoy.
30 de mayo de 2016
En 2010 el Gobierno del Presidente Zapatero propuso una enmienda a la Constitución Española que modificaba su artículo 135. Fue aprobada con el apoyo del Partido Popular de forma urgente por las Cortes, hurtándose a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias o la necesidad de tal reforma. En su nueva redacción, el artículo obliga al estado a mantener un déficit público estructural dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este compromiso se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que limitaba el déficit estructural al 0,4% del PIB y creaba una nueva entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El déficit público se puede desagregar en un componente derivado del ciclo económico y en otro estructural. El primero se explica por las oscilaciones coyunturales que pueden aumentar el déficit en una recesión debido a la actuación de los ‘estabilizadores automáticos’, mecanismos incorporados a la estructura fiscal que elevan los gastos sociales cuando aumenta el paro o reducen la recaudación cuando caen los ingresos de hogares y empresas. El ‘déficit estructural’ sería aquél que correspondería a una situación de pleno empleo. También reflejaría de algún modo el posicionamiento fiscal del gobierno: la intención expansiva o contractiva de su política macroeconómica.
Esta reforma ha sido muy criticada por numerosos economistas que consideramos que es contraproducente porque fija un límite arbitrario al déficit del estado, porque impone un sesgo recesivo a la economía española y porque es inútil. Es arbitrario porque no hay justificación científica para decidir que el déficit estructural deba ser del 0,4 en porcentaje del PIB. No se encontrará en la bibliografía un estudio mínimamente serio que pueda justificar ese guarismo y por tanto solo se explica por haber sido seleccionado por un halcón del déficit.
Un límite tan bajo, de aplicarse en la práctica, llevaría a la economía española a una depresión perpetua. Sin una instancia federal europea con una capacidad de gasto significativa que pueda relevar a los estados nacionales de la responsabilidad de dirigir los ciclos económicos, le toca al gobierno español rellenar las brechas que periódicamente deja el sector privado en la demanda agregada. La reforma además crea inseguridad jurídica porque el propio concepto de déficit estructural es difícil de precisar. Depende de estimaciones que pueden variar según la metodología que se aplique para su cálculo, de tal forma que podrían existir tantas estimaciones como economistas se encuentren en la sala. Para empezar, los economistas “ortodoxos” toman como referencia del pleno empleo la NAIRU, la tasa no aceleradora de la inflación. La evidencia empírica sugiere que el vínculo entre inflación y empleo no es tan sencillo como pretenden estos economistas ortodoxos. ¡Pero la última revisión de la CE rebajó en 2015 la NAIRU española del 26,6% al 20,7% de la población activa! El empleo de tal criterio implicaría una sobreestimación del déficit estructural que aconsejaría a los policy makers la aplicación de medidas de consolidación fiscal fuertemente contractivas. Aspirar a alcanzar un déficit estructural del 0,4% —seguramente sobrestimado— abortaría prematuramente nuestra magra recuperación económica.
En tercer lugar, este concepto es inútil porque el déficit del estado depende de múltiples factores que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, en la crisis iniciada en 2008 el sector privado español decidió reducir su endeudamiento para mejorar su posición financiera neta. Ante una dinámica de este tipo, que depende de la voluntad del sector privado, los empeños del sector público en equilibrar las cuentas públicas pueden acabar con una profundización perniciosa de la recesión. Porfiar en recortar el gasto público y aumentar los impuestos coincidiendo con una caída en la demanda del sector privado puede tener el efecto paradójico de que la recaudación caiga aún más y de que el déficit aumente en lugar de reducirse, como ocurrió durante la primera mitad del mandato de Rajoy.
Ilustración 1. Evolución de la capacidad (+) o necesidad (-)
de financiación de las administraciones públicas, déficit estructural y crecimiento
del PIB en volumen encadenado. El déficit creció durante la primera parte del
mandato de Rajoy pese al empeño de reducir el déficit estructural causando una
recaída en la recesión (en 2010 el PIB no varió tras dos años de caídas gracias
al crecimiento del déficit público). A
partir de 2014 el gobierno empezó tímidamente a aumentar el déficit estructural
lo que permitió una incipiente recuperación del PIB y una caída del componente cíclico
del déficit. Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el INE
y la Comisión Europea.
Existe una percepción extendida de que la democracia está
siendo anulada por la supremacía de las instituciones financieras y el
sometimiento de la política a los “mercados”, instituciones que, lejos del
modelo de competencia perfecta de la utopía librecambista, han creado una
distopía dominada por grandes oligopolios y monopolios. Sin embargo existe
menos conciencia de que, bajo una apariencia de proyecto supranacional
democrático, la Unión Europea se está transformando en una ‘posdemocracia’ debido a la proliferación
de agencias y autoridades no elegidas directamente, como la Comisión Europea o
el Banco Central Europeo, que imponen límites a la soberanía popular
tradicionalmente expresada y representada a través de los parlamentos.
El artículo 135 es una de las manifestaciones más extremas
de la abolición de la voluntad popular porque impone límites irracionales y
absurdos a la soberanía fiscal agravando la previa y todavía más grave pérdida
de la soberanía monetaria. Menos conocido es que además ha creado una nueva
entidad: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según su
propia página web, la AIReF «tiene por
objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para
asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a
medio y largo plazo.» Esta afirmación resulta radicalmente falsa para
muchos economistas y revela el credo ideológico de este ente. Un dogma
neoliberal caracterizado por la fobia al gasto público, al que falsamente se le
asignan los males de la inflación y fantasiosos efectos de ‘crowding out’ o desplazamiento del gasto
e inversión del sector privado, inspira la creación de este nuevo e inútil ente
cuyo coste podríamos ahorrarnos.
La AIReF está presidida actualmente por José Luis Escrivá
Belmonte, que anteriormente ha sido consultor en organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas y, además, ha sido
director de la Oficina para las Américas, responsable de la División de
Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y director del Servicio de
Estudios de BBVA, todas ellas instituciones conocidas por su sesgo neoliberal,
su incapacidad manifiesta de prever la crisis económica y su reiterado
compromiso con propuestas lesivas para el bienestar social de los países que
han tenido la desgracia de verse sometidas a sus recomendaciones y dictámenes.
Es imposible que una entidad presidida por alguien con este currículum actúe de
forma “independiente”.
La web de la AIReF continúa explicando que «su misión es garantizar el cumplimiento
efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad
presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española,
mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.»
Por ahora la labor de la AIReF se limita a «una
evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un
análisis de las previsiones económicas», es decir, a realizar tendenciosos
informes sobre las cuentas públicas y el cumplimiento de los Programas de
Estabilidad. Uno de sus primeros informes anunciaba que “la deuda de las
administraciones públicas podría ser casi 30 puntos inferior de haberse
aplicado la regla de gasto”, un contrafactual difícil de contrastar e improbable
pues de haberse seguido esa política se habría abortado toda recuperación
económica. Resulta perturbador y alarmante saber que una entidad dirigida por
tecnócratas con un claro sesgo ideológico deban tenerse en cuenta para elaborar
la legislación más importante en una democracia: los presupuestos generales del
estado. Los primeros parlamentos europeos se crearon en la Edad Media y entre
sus principales cometidos históricamente estaba la aprobación de nuevos
impuestos, un hito en el camino hacia la democracia moderna. Son los
parlamentos los que aprueban la estructura impositiva y validan las políticas fiscales
del gobierno cuando aprueban los presupuestos del estado. Si una agencia
“independiente” dirigida por tecnócratas puede condicionar este proceso entonces
la pregunta que debemos hacernos es para qué queremos un parlamento. Sin darnos
cuenta, pasito a pasito, las Cortes españolas se han convertido en una
institución tan simbólica, costosa y ceremonial como la Corona.
Desde la Asociación para el Pleno Empleo y la Estabilidad de
Precios tratamos de hacer comprender a la opinión pública que la política
responsable, ante la grave situación que padece nuestro mercado laboral y el
empobrecimiento de un tercio de la población, es aumentar el déficit y no entrar
en una senda para reducirlo suavemente como nos piden desde Bruselas. La
existencia de desempleo elevado es un síntoma de que el gasto agregado es
demasiado pequeño. Si el sector privado no quiere gastar más entonces el
desempleo es un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado estrecho. El
hecho de que el crecimiento económico experimentado en 2015 coincidiera con un
incumplimiento flagrante del objetivo de déficit debería ser suficiente prueba
empírica de cómo se ejecuta una política fiscal responsable. La “histeria de déficit” que se ha apoderado
de las instituciones comunitarias y de gran parte de los dirigentes políticos
en las últimas semanas se disfraza de política responsable. Vistos los
catastróficos resultados sobre el empleo tras años de “virtuoso” comportamiento
fiscal del estado español afirmamos que la reforma del artículo 135 y la
creación de la AIReF son actos irresponsables. La reforma debe ser repelida y
la autoridad suprimida a la mayor brevedad.
