Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el 12/05/2020
No se puede escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando se intenta, las motivaciones no suelen ser inocentes y las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta esquizofrenia monetario-fiscal suele ser una estratagema para limitar el poder del Estado sometiéndolo a instancias no democráticas.
La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado pero también en la jerarquía de Estados. El diseño de los mecanismos de creación y destrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre su distribución en la sociedad.
En el Estado capitalista se concede una licencia a las entidades bancarias, frecuentemente privadas, para que operen otro circuito monetario que se apalanca sobre el dinero del Estado. Éste se inicia con la concesión de crédito, lo cual implica la creación de depósitos o dinero bancario en el mismo acto, y se cierra con la amortización de los préstamos. Este mecanismo otorga un inmenso poder a la clase capitalista pues le permite decidir qué recursos se movilizan y qué actividades económicas se realizan. Pero al mismo tiempo, el sistema financiero capitalista genera inestabilidad pues encadena ciclos especulativos con prolongados períodos de depresión. El Estado capitalista crea grupos privilegiados con mejor acceso a la moneda para facilitar el proceso de acumulación.
El Estado, dotado de soberanía monetaria, puede compensar la inestabilidad del sistema financiero con una estricta supervisión bancaria y actuando de forma anticíclica gracias a su capacidad ilimitada de emisión que le permite pagar los “platos rotos” cuando una burbuja se pincha. Como dice Warren Mosler, no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que no pueda ser resuelta con un déficit lo suficientemente amplio. Sin el sustento de las instituciones monetarias y fiscales del Estado capitalista, el circuito monetario bancario sería mucho más inestable y quizás inviable. Escindir el circuito monetario-fiscal sirve para debilitar el control democrático sobre el sistema financiero y acentuar la inestabilidad financiera.
Solo quien ignora esta naturaleza dual de nuestro sistema monetario y fiscal podría haber diseñado la unión monetaria europea. En esencia, la eurozona ha demostrado ser un torpísimo experimento de esquizofrenia monetario-fiscal que ha socavado el control democrático y nos ha incapacitado para responder a las crisis financieras y económicas. No hacía falta más que mirar al continente africano donde la más antigua unión monetaria, la del franco CFA, ha sojuzgado a las antiguas colonias francesas condenando a su población a buscarse un futuro abriéndose las carnes en las concertinas de Ceuta y Melilla o afrontando una peligrosa travesía en patera.
La pandemia de la covid-19 y sus secuelas económicas van a exponer en toda su crudeza la pérdida de soberanía democrática y capacidad de respuesta de nuestro Estado. El euro nos hará más parecidos a esos Estados fallidos anclados en el subdesarrollo y menos a esos estados del Norte de Europa que ansiábamos ser.
La pandemia global ha sido como una bofetada a toda la sociedad. Todos recordaremos la experiencia de haber vivido bajo confinamiento durante dos meses; la pérdida de seres queridos; o el trauma de haber perdido empleos y negocios. La pandemia nos deja un legado sombrío en lo económico. Como en el mito de Sísifo, cuando ya creíamos que podríamos superar la tasa de desempleo anterior a la crisis de 2008, la piedra ha caído rodando hasta el fondo. Tendremos que empezar a empujar la piedra con una tasa de paro que fácilmente se nos irá a más del 20%. En España es probable que una de cada tres personas en edad de trabajar hoy no tenga empleo.
La pandemia ha reinfectado la herida mal cicatrizada que dejó la crisis de 2008. Es cierto que otros países van a experimentar una recesión importante que quizás devenga en gran depresión. Pero pocos serán tan azotados como las grandes economías del Sur europeo. Las tres penínsulas meridionales se han convertido en los enfermos de Europa. Desde la anterior crisis económica, su crecimiento económico ha tenido poco lustre. Las políticas de austeridad y devaluación interna han erosionado su cohesión social, han debilitado la capacidad de actuación de sus estados y han cegado cualquier ruta de desarrollo industrial o económico que no sea la mera repetición de viejos tropos de un tejido económico obsoleto, productor de un valor añadido menguante. Altas tasas de desempleo y emigración son los precios que, sobre todo, están pagando los jóvenes.
No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional. Nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. Comprometimos así la capacidad de controlar el sistema financiero ya que carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. Tras la pandemia volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada.
La crisis es pues estructural y se comprende mejor como parte de un proceso secular de concentración del poder económico en el Norte de Europa. Estamos condenados a convertirnos en una periferia cada vez más irrelevante. La pandemia es solo un factor acelerador de este proceso irreversible de decadencia.
Nuestras élites, apocadas y serviciales con el hegemón europeo, se sienten incapaces de encontrar dentro de sí mismas las soluciones para impulsar una respuesta. El armazón institucional europeo es una camisa de fuerza que no ofrece alternativas. El artículo 135 de la Constitución Española exige que nuestras cuentas públicas tengan un saldo inferior a un déficit estructural equivalente al 0,40% del PIB. Resulta bizarra una exigencia legal que condiciona un saldo contable de las cuentas públicas a una cifra imaginaria pues ese déficit estructural corresponde al que nuestra economía tendría teóricamente en una situación de pleno empleo. El problema es que para calcular este déficit estructural se emplea otro concepto igualmente inaprehensible llamado tasa “natural” de desempleo. El bizantino diseño de las reglas fiscales europeas ha trocado objetivos reales por otros imaginarios: ya no se busca el pleno empleo o el desarrollo económico sino cuadrar un saldo contable. Este año las autoridades europeas permitirán un breve paseo por el patio de la cárcel pero pronto tendremos que retornar a la celda.
Sánchez y sus ministras no pueden ignorar que su éxito electoral depende de una buena gestión de la crisis pospandémica. Saben también que necesitan más fondos para gestionar los escudos sociales y programas de reconstrucción que evitarían la ruina de este país. Pero sin soberanía monetaria no podemos crearlos, tenemos que conseguirlos de alguna fuente externa y eso nos reduce a la posición del mendigo.
Una opción es aplacar al “dios Mercado” pero será imposible presentar unas cuentas “saneadas” que haga atractivas nuestras emisiones de deuda pública. De allí el interés en resucitar los eurobonos, recientemente rebautizados como ‘coronabonos’, que consisten en emisiones mutualizadas de la deuda de los países del Sur, percibidos como menos solventes, y la deuda de los países del Norte con cuentas públicas más saneadas. Los países del Norte se han negado a complacer a Conte y Sánchez. Parece aún más inverosímil que tal propuesta salga adelante si tenemos en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca de las operaciones de compra de deuda por el sistema de bancos centrales europeos. El Norte quiere nuestros mercados pero no quiere crear mecanismos redistributivos que hagan sostenible el desequilibrio comercial.
Los países septentrionales, menos afectados por la covid-19, nos han ofrecido una propina: unos préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Conviene aclarar que todos los países de la zona euro contribuyen a los fondos de los que salen los préstamos, incluidos Italia y España, en función de una clave de reparto. El fondo dotado para cubrir solo gastos sanitarios derivados de la pandemia asciende a 240 mil millones de euros a los que España aporta en proporción a la ponderación de su PIB dentro de la eurozona. Se estima que podría solicitar hasta el equivalente del 2% de su PIB o unos 24.000 millones €. Teniendo en cuenta que tendremos que aportar el 11,9% de los fondos, no acierto a ver dónde está el negocio para España, sobre todo si tenemos en cuenta la condicionalidad que implicarán en el futuro.
Es cierto que nos han dicho que este año no habría condicionalidad pero no olvidemos que se firma un memorando de entendimiento con potencias foráneas. Es probable que el Gobierno de España acepte esta oferta de rescate que socavará nuestra soberanía en perjuicio del Parlamento que debería ser la única instancia en la que se acordaran nuestros límites de gasto público. Recordemos que, en caso de que hubiera que renegociar condiciones con los acreedores de la deuda pública española, podría ser el MEDE quien se convirtiera en nuestro representante ante los acreedores en lugar del Gobierno de España. En todo caso, este instrumento no empieza a cubrir las necesidades financieras de un verdadero plan de reconstrucción económica.
La opción más acertada, dentro del marco de la eurozona, sería recurrir a la facilidad que ha ofrecido para este año el Banco Central Europeo (BCE) que ha anunciado que compraría hasta 750 millardos de euros de títulos de deuda pública. Este programa permitiría colocar las emisiones de deuda pública española sin muchas dificultades en el mercado primario pues los operadores sabrían que al día siguiente el BCE estaría dispuesto a comprar gran parte de ella.
Sin embargo, nuestra democracia también queda en suspenso si aceptamos esta oferta. En esencia, se nos dice que nuestros niveles de gasto público y endeudamiento pueden ser mayores o menores en función de la opinión o el humor de los responsables del emisor de la zona euro, una entidad independiente de los Estados. La cuestión no es trivial. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Alemania, en un pronunciamiento de un caso sobre las competencias del BCE iniciado por conservadores de ese país, exigió al BCE que justificara su programa de compra de activos. El Constitucional alemán considera que la respuesta que le dio hace dos años el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) no era clara y por tanto ha interpelado al BCE directamente. También han ordenado al Bundesbank que deshaga sus posiciones en títulos de deuda púbica adquiridas dentro de los programas de compras de activos del BCE. Son más de 500 mil millones de € cuya súbita salida al mercado elevaría primas de riesgo y trastocaría los mercados de deuda. El caso pone de relieve la posición subalterna de países como España. Los conflictos de competencias que se están dirimiendo entre el TJUE y el tribunal alemán nos exponen a una crisis financiera que amenaza la viabilidad de nuestros planes de rescate.
Salir de la crisis pospandémica requerirá movilizar todos aquellos recursos que el sector privado, en este momento, no desea o no está en condiciones de movilizar. Cuando acabe la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. Sin duda, el Estado podría movilizar a una parte de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la demanda predecible que requiere el sector privado invitándolo a participar en proyectos dirigidos a conseguir una transformación de nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado.
Las tres soluciones para el reto de financiar un plan de reconstrucción —coronabonos, MEDE, programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español. Todas exigen el plácet de los mercados financieros, de potencias extranjeras o de un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes.
Bastaría con tener un banco central propio, un plan de desarrollo ambicioso y la determinación de llevarlo a cabo para convertir a España en uno de los más prósperos países del planeta. Pero tal osadía no está en los planes de nuestro gobierno ni de los partidos políticos.
Hace décadas que las élites de este país decidieron renunciar a gobernarnos y prefirieron entregarles a otros la soberanía. Les resultó conveniente desmantelar el sector público empresarial e iniciar un proceso de ‘modernización’, el eufemismo para referirse a un conjunto de reformas estructurales que liberalizan los mercados y suprimen derechos de trabajadores. El proyecto europeo sirvió de meta y justificación de lo que las élites querían para este país. Eso suponía someter nuestra política económica a la voluntad de potencias de mayor rango y conformarse con aceptar un papel subalterno en Europa, integrando nuestras empresas en las cadenas de valor europeas en escalones intermedios o bajos. La pérdida de soberanía se completó con la entrega de nuestra divisa y la renuncia a un banco central propio y se disimuló con la elección de diputados a un Parlamento europeo que actúa como mero sancionador de las decisiones que toman los Estados hegemónicos.
La sociedad española ha pagado un altísimo precio en términos de bienestar, oportunidades profesionales y desarrollo económico. Las instituciones europeas no gobiernan en pro del pueblo español sino a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas. La primera gran recesión de este siglo, con el giro a la austeridad impuesto en 2010 desde Bruselas, Fráncfort, París y Berlín, debió dejar esta realidad meridianamente clara.
Las élites españolas se han convertido en los mayorales de la finca germánica. No son capaces de concebir ninguna solución que no provenga de sus superiores jerárquicos. Para los políticos españoles las soluciones a nuestros problemas sólo pueden proceder de una potencia extranjera. La actitud suplicante, las apelaciones a la solidaridad entre países que comparten un proyecto europeo, concluyeron con los humillantes comentarios de los holandeses cuyo primer ministro prefiere contentar a un pueblo que busca en nosotros el chivo expiatorio para los daños causados por el neoliberalismo.
El tribunal alemán ha demostrado que su país es capaz de apretar el detonante de la disolución del euro si interesa a sus élites. En Alemania se está desarrollando una batalla entre ultraconservadores hostiles al euro, con creencias erróneas sobre la función de la política monetaria y mitos arcaicos sobre el ahorro, y oligarcas exportadores, que conocen que su éxito comercial depende de seguir explotando los mercados del Sur para lo que necesitan la moneda común. La batalla sin duda se saldará a favor de éstos, por ahora, y la moneda común durará mientras estos mercados se puedan seguir explotando. Pero lo que nunca permitirán las élites alemanas será el desarrollo de un competidor en el Sur.
Desde la Asociación Red MMT hemos emitido un Manifiesto con cinco propuestas que serían eficaces para sacarnos del marasmo de normas fiscales. Su aplicación requiere de un ejercicio de soberanía. Solo falta la voluntad de erguirse del pueblo español y, sobre todo, de sus dirigentes.
No se puede escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando se intenta, las motivaciones no suelen ser inocentes y las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta esquizofrenia monetario-fiscal suele ser una estratagema para limitar el poder del Estado sometiéndolo a instancias no democráticas.
La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado pero también en la jerarquía de Estados. El diseño de los mecanismos de creación y destrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre su distribución en la sociedad.
En el Estado capitalista se concede una licencia a las entidades bancarias, frecuentemente privadas, para que operen otro circuito monetario que se apalanca sobre el dinero del Estado. Éste se inicia con la concesión de crédito, lo cual implica la creación de depósitos o dinero bancario en el mismo acto, y se cierra con la amortización de los préstamos. Este mecanismo otorga un inmenso poder a la clase capitalista pues le permite decidir qué recursos se movilizan y qué actividades económicas se realizan. Pero al mismo tiempo, el sistema financiero capitalista genera inestabilidad pues encadena ciclos especulativos con prolongados períodos de depresión. El Estado capitalista crea grupos privilegiados con mejor acceso a la moneda para facilitar el proceso de acumulación.
El Estado, dotado de soberanía monetaria, puede compensar la inestabilidad del sistema financiero con una estricta supervisión bancaria y actuando de forma anticíclica gracias a su capacidad ilimitada de emisión que le permite pagar los “platos rotos” cuando una burbuja se pincha. Como dice Warren Mosler, no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que no pueda ser resuelta con un déficit lo suficientemente amplio. Sin el sustento de las instituciones monetarias y fiscales del Estado capitalista, el circuito monetario bancario sería mucho más inestable y quizás inviable. Escindir el circuito monetario-fiscal sirve para debilitar el control democrático sobre el sistema financiero y acentuar la inestabilidad financiera.
Solo quien ignora esta naturaleza dual de nuestro sistema monetario y fiscal podría haber diseñado la unión monetaria europea. En esencia, la eurozona ha demostrado ser un torpísimo experimento de esquizofrenia monetario-fiscal que ha socavado el control democrático y nos ha incapacitado para responder a las crisis financieras y económicas. No hacía falta más que mirar al continente africano donde la más antigua unión monetaria, la del franco CFA, ha sojuzgado a las antiguas colonias francesas condenando a su población a buscarse un futuro abriéndose las carnes en las concertinas de Ceuta y Melilla o afrontando una peligrosa travesía en patera.
La pandemia de la covid-19 y sus secuelas económicas van a exponer en toda su crudeza la pérdida de soberanía democrática y capacidad de respuesta de nuestro Estado. El euro nos hará más parecidos a esos Estados fallidos anclados en el subdesarrollo y menos a esos estados del Norte de Europa que ansiábamos ser.
La pandemia global ha sido como una bofetada a toda la sociedad. Todos recordaremos la experiencia de haber vivido bajo confinamiento durante dos meses; la pérdida de seres queridos; o el trauma de haber perdido empleos y negocios. La pandemia nos deja un legado sombrío en lo económico. Como en el mito de Sísifo, cuando ya creíamos que podríamos superar la tasa de desempleo anterior a la crisis de 2008, la piedra ha caído rodando hasta el fondo. Tendremos que empezar a empujar la piedra con una tasa de paro que fácilmente se nos irá a más del 20%. En España es probable que una de cada tres personas en edad de trabajar hoy no tenga empleo.
La pandemia ha reinfectado la herida mal cicatrizada que dejó la crisis de 2008. Es cierto que otros países van a experimentar una recesión importante que quizás devenga en gran depresión. Pero pocos serán tan azotados como las grandes economías del Sur europeo. Las tres penínsulas meridionales se han convertido en los enfermos de Europa. Desde la anterior crisis económica, su crecimiento económico ha tenido poco lustre. Las políticas de austeridad y devaluación interna han erosionado su cohesión social, han debilitado la capacidad de actuación de sus estados y han cegado cualquier ruta de desarrollo industrial o económico que no sea la mera repetición de viejos tropos de un tejido económico obsoleto, productor de un valor añadido menguante. Altas tasas de desempleo y emigración son los precios que, sobre todo, están pagando los jóvenes.
No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional. Nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. Comprometimos así la capacidad de controlar el sistema financiero ya que carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. Tras la pandemia volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada.
La crisis es pues estructural y se comprende mejor como parte de un proceso secular de concentración del poder económico en el Norte de Europa. Estamos condenados a convertirnos en una periferia cada vez más irrelevante. La pandemia es solo un factor acelerador de este proceso irreversible de decadencia.
Nuestras élites, apocadas y serviciales con el hegemón europeo, se sienten incapaces de encontrar dentro de sí mismas las soluciones para impulsar una respuesta. El armazón institucional europeo es una camisa de fuerza que no ofrece alternativas. El artículo 135 de la Constitución Española exige que nuestras cuentas públicas tengan un saldo inferior a un déficit estructural equivalente al 0,40% del PIB. Resulta bizarra una exigencia legal que condiciona un saldo contable de las cuentas públicas a una cifra imaginaria pues ese déficit estructural corresponde al que nuestra economía tendría teóricamente en una situación de pleno empleo. El problema es que para calcular este déficit estructural se emplea otro concepto igualmente inaprehensible llamado tasa “natural” de desempleo. El bizantino diseño de las reglas fiscales europeas ha trocado objetivos reales por otros imaginarios: ya no se busca el pleno empleo o el desarrollo económico sino cuadrar un saldo contable. Este año las autoridades europeas permitirán un breve paseo por el patio de la cárcel pero pronto tendremos que retornar a la celda.
Sánchez y sus ministras no pueden ignorar que su éxito electoral depende de una buena gestión de la crisis pospandémica. Saben también que necesitan más fondos para gestionar los escudos sociales y programas de reconstrucción que evitarían la ruina de este país. Pero sin soberanía monetaria no podemos crearlos, tenemos que conseguirlos de alguna fuente externa y eso nos reduce a la posición del mendigo.
Una opción es aplacar al “dios Mercado” pero será imposible presentar unas cuentas “saneadas” que haga atractivas nuestras emisiones de deuda pública. De allí el interés en resucitar los eurobonos, recientemente rebautizados como ‘coronabonos’, que consisten en emisiones mutualizadas de la deuda de los países del Sur, percibidos como menos solventes, y la deuda de los países del Norte con cuentas públicas más saneadas. Los países del Norte se han negado a complacer a Conte y Sánchez. Parece aún más inverosímil que tal propuesta salga adelante si tenemos en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca de las operaciones de compra de deuda por el sistema de bancos centrales europeos. El Norte quiere nuestros mercados pero no quiere crear mecanismos redistributivos que hagan sostenible el desequilibrio comercial.
Los países septentrionales, menos afectados por la covid-19, nos han ofrecido una propina: unos préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Conviene aclarar que todos los países de la zona euro contribuyen a los fondos de los que salen los préstamos, incluidos Italia y España, en función de una clave de reparto. El fondo dotado para cubrir solo gastos sanitarios derivados de la pandemia asciende a 240 mil millones de euros a los que España aporta en proporción a la ponderación de su PIB dentro de la eurozona. Se estima que podría solicitar hasta el equivalente del 2% de su PIB o unos 24.000 millones €. Teniendo en cuenta que tendremos que aportar el 11,9% de los fondos, no acierto a ver dónde está el negocio para España, sobre todo si tenemos en cuenta la condicionalidad que implicarán en el futuro.
Es cierto que nos han dicho que este año no habría condicionalidad pero no olvidemos que se firma un memorando de entendimiento con potencias foráneas. Es probable que el Gobierno de España acepte esta oferta de rescate que socavará nuestra soberanía en perjuicio del Parlamento que debería ser la única instancia en la que se acordaran nuestros límites de gasto público. Recordemos que, en caso de que hubiera que renegociar condiciones con los acreedores de la deuda pública española, podría ser el MEDE quien se convirtiera en nuestro representante ante los acreedores en lugar del Gobierno de España. En todo caso, este instrumento no empieza a cubrir las necesidades financieras de un verdadero plan de reconstrucción económica.
La opción más acertada, dentro del marco de la eurozona, sería recurrir a la facilidad que ha ofrecido para este año el Banco Central Europeo (BCE) que ha anunciado que compraría hasta 750 millardos de euros de títulos de deuda pública. Este programa permitiría colocar las emisiones de deuda pública española sin muchas dificultades en el mercado primario pues los operadores sabrían que al día siguiente el BCE estaría dispuesto a comprar gran parte de ella.
Sin embargo, nuestra democracia también queda en suspenso si aceptamos esta oferta. En esencia, se nos dice que nuestros niveles de gasto público y endeudamiento pueden ser mayores o menores en función de la opinión o el humor de los responsables del emisor de la zona euro, una entidad independiente de los Estados. La cuestión no es trivial. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Alemania, en un pronunciamiento de un caso sobre las competencias del BCE iniciado por conservadores de ese país, exigió al BCE que justificara su programa de compra de activos. El Constitucional alemán considera que la respuesta que le dio hace dos años el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) no era clara y por tanto ha interpelado al BCE directamente. También han ordenado al Bundesbank que deshaga sus posiciones en títulos de deuda púbica adquiridas dentro de los programas de compras de activos del BCE. Son más de 500 mil millones de € cuya súbita salida al mercado elevaría primas de riesgo y trastocaría los mercados de deuda. El caso pone de relieve la posición subalterna de países como España. Los conflictos de competencias que se están dirimiendo entre el TJUE y el tribunal alemán nos exponen a una crisis financiera que amenaza la viabilidad de nuestros planes de rescate.
Salir de la crisis pospandémica requerirá movilizar todos aquellos recursos que el sector privado, en este momento, no desea o no está en condiciones de movilizar. Cuando acabe la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. Sin duda, el Estado podría movilizar a una parte de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la demanda predecible que requiere el sector privado invitándolo a participar en proyectos dirigidos a conseguir una transformación de nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado.
Las tres soluciones para el reto de financiar un plan de reconstrucción —coronabonos, MEDE, programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español. Todas exigen el plácet de los mercados financieros, de potencias extranjeras o de un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes.
Bastaría con tener un banco central propio, un plan de desarrollo ambicioso y la determinación de llevarlo a cabo para convertir a España en uno de los más prósperos países del planeta. Pero tal osadía no está en los planes de nuestro gobierno ni de los partidos políticos.
Hace décadas que las élites de este país decidieron renunciar a gobernarnos y prefirieron entregarles a otros la soberanía. Les resultó conveniente desmantelar el sector público empresarial e iniciar un proceso de ‘modernización’, el eufemismo para referirse a un conjunto de reformas estructurales que liberalizan los mercados y suprimen derechos de trabajadores. El proyecto europeo sirvió de meta y justificación de lo que las élites querían para este país. Eso suponía someter nuestra política económica a la voluntad de potencias de mayor rango y conformarse con aceptar un papel subalterno en Europa, integrando nuestras empresas en las cadenas de valor europeas en escalones intermedios o bajos. La pérdida de soberanía se completó con la entrega de nuestra divisa y la renuncia a un banco central propio y se disimuló con la elección de diputados a un Parlamento europeo que actúa como mero sancionador de las decisiones que toman los Estados hegemónicos.
La sociedad española ha pagado un altísimo precio en términos de bienestar, oportunidades profesionales y desarrollo económico. Las instituciones europeas no gobiernan en pro del pueblo español sino a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas. La primera gran recesión de este siglo, con el giro a la austeridad impuesto en 2010 desde Bruselas, Fráncfort, París y Berlín, debió dejar esta realidad meridianamente clara.
Las élites españolas se han convertido en los mayorales de la finca germánica. No son capaces de concebir ninguna solución que no provenga de sus superiores jerárquicos. Para los políticos españoles las soluciones a nuestros problemas sólo pueden proceder de una potencia extranjera. La actitud suplicante, las apelaciones a la solidaridad entre países que comparten un proyecto europeo, concluyeron con los humillantes comentarios de los holandeses cuyo primer ministro prefiere contentar a un pueblo que busca en nosotros el chivo expiatorio para los daños causados por el neoliberalismo.
El tribunal alemán ha demostrado que su país es capaz de apretar el detonante de la disolución del euro si interesa a sus élites. En Alemania se está desarrollando una batalla entre ultraconservadores hostiles al euro, con creencias erróneas sobre la función de la política monetaria y mitos arcaicos sobre el ahorro, y oligarcas exportadores, que conocen que su éxito comercial depende de seguir explotando los mercados del Sur para lo que necesitan la moneda común. La batalla sin duda se saldará a favor de éstos, por ahora, y la moneda común durará mientras estos mercados se puedan seguir explotando. Pero lo que nunca permitirán las élites alemanas será el desarrollo de un competidor en el Sur.
Desde la Asociación Red MMT hemos emitido un Manifiesto con cinco propuestas que serían eficaces para sacarnos del marasmo de normas fiscales. Su aplicación requiere de un ejercicio de soberanía. Solo falta la voluntad de erguirse del pueblo español y, sobre todo, de sus dirigentes.