En posts anteriores hemos explicado que los balances financieros de los sectores institucionales de la economía (hogares, empresas, gobierno, instituciones financieras y sector exterior) deben sumar exactamente cero. Se trata de una identidad contable que forzosamente se cumple siempre puesto que los activos financieros son los pasivos financieros de otros.
El análisis de balances sectoriales nos permite comprender que el déficit de las administraciones públicas, lejos de ser un síntoma de una gestión manirrota cumple una función macroeconómica crucial al permitir que el sector privado pueda reparar sus balances en situaciones de crisis.
Los datos del segundo trimestre reflejan las circunstancias creadas por la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento decretado duranhte el estado de alarma. Se resumen en el siguiente gráfico que se ha construido a partir de los datos de capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Entre los meses de abril y junio el ahorro del sector privado fue de 63.733 millones €, una cifra que no tiene precedentes en la serie histórica. El INE nos informa que "la tasa de ahorro de los hogares es del 22,5% de su renta disponible, 12,3 puntos superior a la del trimestre anterior". Esto fue posible pese a que la renta nacional cayo de forma estrepitosa en este período.
Serie histórica de la renta nacional hasta el 2º trimestre de 2020.
En el caso de los hogares el INE nos explica que su renta primaria (salarios, excedente bruto de explotación y rentas de la propiedad com intereses y dividendos) cayó un 17,8%. Sin embargo, las transferencias netas desde el setor público amortiguaron esta caída hasta deajarala en un 8,8%. El aumento del ahorro se explica por tanto sobre todo por un descenso del consumo final de los hogares del 23,9% también sin precedentes.
No es sorprendente que este colapso del consumo fuera perjudicial para las empresas y así lo confirma que su excedente bruto de explotación cayese un 37,2% y su renta disponible un 17%. Lógicamente, en un entorno de elevada incertidumbre, su volumen de inversiones se redujo un 24,7% respecto al período anterior. La capacidad de financiación de las sociedades no financieras llevaba en mínimos desde hacia varios años. Obviamente la situación creada por la pandemia no ha ayudado a mejorar su situación financiera. La capacidad de financiación de las instituciones financieras también alcanzó un mínimo histórico con 4.090 millones.
Que los sectores institucionales privados domésticos pudieran aun así mantener una capacidad de financiación no fue gracias a la contribución del sector exterior. El superávit exterior se redujo significativamente debido al colapso del comercio internacional y del turismo. En porcentaje del PIB, se quedó prácticamente en 0.
Si el sector privado consiguió un ahorro significativo en el segundo trimestre de 2020 entonces, por identidad contable, solo se puede concluir que fue gracias al déficit público. La necesidad de financiación de las administraciones públicas llegó a 61.589 millones de euros, de nuevo una cifra sin precentes.
Cuando desde el pensamiento económico convencional se trata de generar alarma acerca del crecimiento de la deuda pública resulta oportuno recordar que probablemente habría sido imposible otro escenario que éste como consecuencia de la pandemia.
Recordemos que, ante la caída de las rentas y del gasto, inevitablemente la recaudación de tributos como el IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedaedes, por no hablar de impuestos especiales como los que gravan el consumo de alcohol o combustibles, se derrumbó. Esto no es algo negativo: es un potente mecanismo estabilizador de la economia. Al mismo tiempo muchas medidas como las que facilitan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras de gasto público motivadas por la gestión de la panemida causaron un incremento del gasto público. Así pues el aumento sin precedentes del déficit público era una consecuencia inevitable de las circunstancias creadas por la pandemia. Incluso el Consejo de la UE ha reconocido las especiales circunstancias de este ejercicio aplicando la cláusula de escape que permitirá a los estados eludir los límites de déficit y deuda durante este ejercicio y el siguiente. Probablemente tendrán que seguir incumpliéndolos despues de 2021 cuando empiecen a reconocer los daños infligidos a las economías de los países europes por décadas de austeridad, rematados con los causados por la pandemia. No podemos descartar que la interrupción prolongada de la actividad para muchas empresas y autónomos desencadene una grave crisis financiera con una secuencia de quiebras y suspensiones de pagos.
Sin embargo, entre los partidarios del conservadurismo fiscal más cerril se ha lamentado esta situación como la manifestación de un mala gestión del estado. Así, Daniel Lacalle, uno de los mas ultramontanos liberales del panorama nacional se desgañitaba en su blog con afirmaciones asombrosas como éstas:
"España tendrá el mayor déficit de la Unión Europea en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
¿Cómo se ha creado semejante agujero fiscal? Fiando toda la recuperación a la política monetaria, aumentando gastos estructurales y subvenciones sin memoria económica ni presupuesto, y manteniendo una fiscalidad anticompetitiva que ha hundido ingresos y bases imponibles."
El comentario es característico de la puerilidad de los economistas más conservadores, incapaces de detenerse un momento a analizar las identidades que se recogen en la contabilidad nacional.
También el miembro de la reaccionaria escuela austríaca, Juan Ramón Rallo, muy aficinado a las diatribas contra todo lo público, ha publicado un artículo titulado "La borrachera de gasto público" como si el Estado hubiese actuado por impulsos propios de un dipsomaníaco.
Pero hagamos un ejercicio de economía ficción e maginemos que el Estado hubiese hecho lo imposible por evitar un aumento del déficit. Obviamente una subida de impuestos habría sido imposible en un plazo tan corto y habría contribuido a hundir aún más las rentas. Pero quizás algunos imaginen que el Estado habría sido capaz de pergeñar un recorte drástico de costes de 61.589 millones de euros. ¿Cómo lo habría conseguido?
Quizás podría haberse negado a pagar los ERTEs dejando que las personas acabaran desempleadas pero, ese caso habría tenido que pagar prestaciones de desempleo empeorando la situación para empresas y asalariados. Da pavor pensar en cuántas personas se habrían quedado desempleadas y quizás incluso condenadas a la pobreza.
O podría haberse negado a incurrir en mayores costes sanitarios dejando desatendidos a los enfermos de COVID-19 y morir a los mayores y rehusando hacer pruebas PCR para conocer la situación epidemiológica.
Tal vez hubiese podido anunciar que no pagaría los pagas extras de los funcionarios en julio contribuyendo a un hundimiento mayor del consumo al retirarle una parte de sus ingresos a un porcentaje relevante de los hogares.
Tales "proezas" habrían supuesto un suicidio para la economía española. Sorprende la temeraria e infantil actitud de quienes se dedican a generar alarma ante lo que no puede considerarse más que un comportamiento responsable del Estado.
Fue por tanto el déficit de las administraciones públicas el que posibilitó que la situación creada por la pandemia no fuese aun peor para el sector privado.
Debemos felicitarnos que el Estado español haya podido incurrir en déficit para contener en cierta medida el colapso de nuestra economía. Si acaso debemos lamentar que, debido a que carecemos de soberanía monetaria y por la terca inflexibilidad de los ministros Montero, Calviño y Escrivá, el Estado Español no haya abordado un proyecto de reconstrucción contundente más ambicioso y decidido para revertir los daños que ha causado la pandemia de forma más rápida. La incertidumbre creada entre hogares y empresas están retrayendo el consumo y la inversión y, por tanto, es improbable que el sector privado pueda liderar la recuperación económica. Necesitamos un plan de estímulo fiscal e inversión público como el que habría diseñado un estado que actuara como si estuviera gestionando una economía de guerra. Hará falta un déficit aún mayor con proyectos de gasto e inversión públicos sin esperar a que lleguen unos fondos cargados de hipotecas y ataduras de Bruselas a partir de 2021. Estos llegan demasiado tarde, la crisis es hoy.