Fin de la NAIRU (por el momento)

 Este artículo acompaña un vídeo publicado en YouTube.

Quizá uno de los mayores fraudes intelectuales de la ciencia económica de las últimas décadas haya sido el de la tasa natural de desempleo, la idea de que éste tiene causas naturales que no pueden ser evitadas por los instrumentos tradicionales de la política económica y que dependen de la estructura económica, del estado de la técnica y de otras condiciones que no pueden ser resueltas más que con reformas estructurales o políticas de oferta.

La curva de Phillips

El economista neozelandés William Phillips constantó una relación inversa entre tasa de desempleo e inflación. Si la tasa de desempleo es alta los costes salariales no crecerán pero a medida que el paro se reduce los costes salariales irán incrementándose.

Curva de Philips: cuando el desempleo es alto (punto A) los trabajadores tienen menos poder de negociación y no pueden negociar alzas salariales. A medida que el desempleo va cayendo (punto B y luego punto C) son capacces de negociar mejoras salariales causando subidas de costes empresariales que finalmente los empresarios repercuten en los precios.

La relación que describió Philips tiene lógica. Mientras haya desempleo los trabajadores tienen menos capacidad para negociar mejoras salariales y por tanto los empresarios no experimentarán aumentos de costes. Pero, si los trabajadores ganan poder de negociación en un mercado laboral dinámico, pueden lograr mejoras salariales. Como los empresarios son quienes fijan los precios, sobre todo aquellos que explotan monopolios u oligopolios, para mantener su tasa de beneficios no dudarán en subir los precios.

Esta relación se puede comprobar empíricamente para la economía española. En el siguiente gráfico cada punto representa la combinación de tasa de desempleo y crecimiento de los costes salariales experimentada cada año entre 2002 y 2014. Una regresión lineal realizada sobre estos datos nos arrija un coeficiente de correlación de 0.6209.

Curva de Phillips de la economía española para el período 2002 – 2014

Esta relacion simplemente refleja un conflicto distributivo entre capital y trabajo. Este tipo de conflictos por la distribución de la renta fueron corrientes hasta los años 80 del siglo pasado. Las políticas que garantizaban el pleno empleo fortalecían la capacidad de negociación de los trabajadores que además estaban mejor protegidos por legislación laboral más avanzada que la actual. En aquella época la clase empresarial se enfrentaba a una clase trabajadora combativa que reivindicaba sus derechos y conseguía mejoras salariales.

¿Era preocupante? En realidad no excesivamente. Mientras los salarios crecieran al mismo ritmo que la productividad los precios podían mostrar una senda relativamente estable. Unas tasas relativamente bajas de inflación no podían perturbar tanto la economía.

Esta relación entre inflación y desempleo sugería una política económica en la que sería posible aceptar algo de inflación a cambio de conseguir más empleo y viceversa.

Hasta los años 80 los gobiernos consideraban que el desempleo era un problema de demanda agregada que podía resolverse con estímulos de política fiscal. Esta políticas de estímulo de la demanda, explotando la relación que revelaba la curva de Philips, podían provocar inflación y efectivamente en los años 60 y 70 los episodios de inflación fueron frecuentes. Los gobiernos trataban de encontrar ese punto de la curva que les diese una combinación de tasa de desempleo y tasa de inflación aceptable. Sin embargo esta gestión de las variables de inflación y desempleo fue responsable de frecuentes episodios de crecimiento que eran abortados en cuanto se empezaba a acelerar la inflación; períodos de auge seguidos de episodios de recesión en lo que se ha llamado una política de “boom and bust”.

La tasa natural de desempleo

En los años 60 del siglo XX Milton Friedman y Edmund Phelps desarrollaron el concepto de tasa natural de desempleo. Friedman y Phelps cuestionaron la estabilidad de la curva de Phillips. Si los responsables de las políticas intentaban explotarla se encontrarían con desplazamientos de la curva desarbolando sus esfuerzos. Traslademos este término de desplazamiento de la curva a un lenguaje más llano.

Friedman y Phelps partían de la hipótesis de que los trabajadores tratan de encontrar la combinación de ocio y trabajo que maximiza su utilidad. Para animarse a abandonar el ocio e incorporarse al mercado de trabajo el salario tiene que ser suficientemente alto. Si el salario no les compensa dejan de trabajar y se retiran del mercado de trabajo.

Para los que conocemos el degradado mercado laboral español esta hipótesis parece una broma pero los economistas creen en este tipo de premisas. Hace poco vimos un trabajo en el que unos economistas afirmaban que la reducción observada en los últimos años en el número de horas trabajadas de los varones jóvenes podía explicarse en que el ocio salía cada vez más barato. Una cuenta de Netfilx es más barata que ir al cine[1].

Si tratamos de reducir el desempleo debajo de esta presunta tasa natural los precios empiezan a subir. En la jerga de los economistas: se acelera la inflación.

El problema es que entonces todos los trabajadores incorporarán a sus expectativas esa aceleración de la inflación. Sabiendo que va a haber inflación pedirán incrementos salariales porque lo que les importa es el salario real (el salario una vez descontado el impacto de la inflación). Si no consiguen los incrementos salariales que buscan simplemente se retirarán y la tasa de desempleo volverá a su tasa natural.

Friedman (1968) y Phelps (1967, 1968) definieron la tasa natural de desempleo como aquella que prevalece cuando se confirman las expectativas de inflación.

Un episodio inflacionista

El trabajo de Friedman y Phelps fue muy influyente en el ámbito académico e hizo temblar los cimientos de las políticas económicas de inspiración keynesiana empleadas hasta entonces. Si estaban en lo cierto las políticas de sostenimiento del empleo serían no solo inútiles sino también contraproducentes.

Pero sería un episodio bélico en Oriente Medio el que les daría la victoria ideológica. En los años 70 la Guerra Árabe Israelí llevó a los países árabes productores de petróleo a responder con una subida de los precios del petróleo. Este episodio desencadeno un episodio de inflación relativamente elevada.

Para la comunidad económica esto sirvió de confirmación de que la curva de Phillips no era estable y de que los intentos de mantener el pleno empleo resultaráin en una aceleración de la inflación. Un ejemplo de correlación que no implica causación fue utilizada para avalidar como cierta una tería económica construida sobre fundamentos muy endebles.

La NAIRU

A partir de los años 80 la prioridad de la política económica dejó de ser el pleno emplo que fue sustituido por la estabilidad de precios.

Además los economistas empezaron a cuestionar la eficacia de la política fiscal prefiriendo en su lugar un nuevo juguete, la política monetaria, que además tenía la ventaja de que podía encomendarse a los bancos centrales, entes que podían parapetar sus decisiones, con estatutos y leyes que protegían su “independencia”.

Para contar con un objetivo que podía advertirles prematuramente de que la economía entraba en la zona de riesgo de inflación necesitaban conocer cuál era esa tasa de desempleo “natural”. Se inventó un tecnicismo conocido como ‘tasa de desempleo no aceleradora de la inlación’ (o NAIRU por sus siglas en inglés (Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment) y un primo hermano conocido como tasa de desemplo no aceleradora de los salarios o NAWRU.

Los bancos centrales y otros organismos multilaterales realizan sesudos estudios para localizar estos umbrales mágicos.

El propósito es aportar a los bancos centrales una variable de política económica que sirva como señal de alerta para decidir cuándo hay que aplicar políticas monetarias restrictivas (subir tipos de interés).

En definitiva la NAIRU ha sido la justificación ideologica para dejar a millones de personas desempleadas. En España tenemos una larga experiencia de cuatro décadas con tasas de desempleo masivas que podemos agradecer a la comunidad de economistas académicos y banqueros centrales seguidores de la teoría de la tasa de desempleo natural.

Si te quedas en el paro te fastidias: ése es el precio que tú tienes que pagar para que no haya inflación.

La NAIRU es un falsa variable económica

El problema es que la NAIRU es inobservable. Cuando se revisan los estudios que publican los organisos multilaterales la NAIRU siempre se acerca sospechosamente a la tasa de paro más reciente. Por ejemplo, en un trabajo realizado en 2014 por Sebastian Gechert, Katja Rietzler y Silke Tober para el Fondo Monetario Internacional, los autores encontraron que la NAIRU publicada por la Comisión Europea estaba determinada fundamentalmente por la tasa de desempleo más recientemente observada[2].

Gráfico públicado en el estudio de Grechert, Rietzler y Tober para el FMI sobre la NAWRU que publica la Comisión Europea

Esto resulta muy conveniente porque permite a los bancos centrales y a los gobiernos como excusa para no actuar decididamente contra el desempleo…nunca. ¿Para qué habría que actuar si solo se podría provocar inflación y de todas formas no se conseguiría nada?

Pero lo que resulta más grave es que la NAIRU se centra en el síntoma, la inflación, y no en sus causas. La NAIRU simplemente sirve para que los bancos centrales actúen de forma preventiva ante un episodio de inflación que ni siquiera se ha producido aún. Para ello utilizan una variable inobservable y políticas que tienen la precisión de una escopeta de perdigones con las culaes pretenden cancelar proyectos de inversión a través de una variable de coste, el tipo de interés.

Cuestión aparte es la eficacia real de las pequeñas variaciones de tipos de interés que aplican actualmente los bancos centrales. El prolongado episodio de baja inflación que sucedió al período de los años 80 ha convencido a los responsables de los bancos centrales de que estaban ejecutando políticas monetarias útiles y eficaces. Pero se trata del mismo tipo de ilusión que experimentan los usuarios de la homeopatía cuando creen que se han curado de una enfermedad leve cuando ésta simplemente ha seguido su curso. La creencia de los economistas en la utilidad de la política monetaria también ha sido útil para convencer a los gobiernos de que no utilizaran instrumentos de política fiscal.

En realidad la experiencia histórica sugiere que solo subidas drásticas de tipos de interés pueden conseguir un gran impacto en la economía. Un ejemplo sería el shock Volcker, un presidente de la Reserva Federal de los EEUU a principios de los 80 que decidió duplicar los tipos de interés de la noche a la mañana, del 10% al 20%. El schock efectivamente detuvo la inversión y provocó un aumento súbito y desgarrador de la tasa de desempleo.

Actuando preventivamente el resultado de las intervención de los bancos centrales -y de la falta de intervención de los gobiernos- han sido décadas de tasas elevadas de desempleo que han sido muy útiles para deprimir los costes salariales.

El problema de esta política es que, para perpetuar su eficacia, la bolsa de desempleados tiene que seguir creciendo. Una persona que pasa mucho tiempo parada se vuelve inempleable y deja de ser una amenaza creíble para los que retienen sus empleos. Eso obliga a expulsar a más trabajadores para que la NAIRU sigue desempeñando su función disciplinante.

Cómo estabilizar los precios con eficacia

Para hacer frente a la inlación se pueden utilizar herramientas con mayor precisión pero obviamente es más laborioso para los responsables de las políticas económicas. En primer lugar hay que entender las causas de la inflación: por ejemplo entender si hay un conflicto distributivo entre capital y trabajo; identificar los cuellos de botella en determinados sectores; comprender si se dan situaciones de dominio de mercado; conocer los shocks en los costes de las materias primas; o analizar factores institucionales tales como indexación de precios y salarios. Puede ser útil además estudiar las interrelaciones entre sectores y cómo se van transmitiendo los aumentos de precios de unos a otros.

Esta tarea es mucho más rigurosa y laboriosa pero los gobiernos y bancos centrales podrían actuar con mayor eficacia si realizaran este tipo de estudios y posteriormente decidieran qué tipos de políticas son más útiles para contener un proceso inflacionista. En determinados caso será necesario gestionar el conflicto de rentas; en otros habrá que reglamentar o suprimir las situaciones de dominio de mercado; o actuar para corregir los efectos de la indexación, etc. Es posible que en ocasiones haya que aceptar que una subida repentina de los precios de las materias primas se repercuta a toda la economía recordando que una subida temporal de precios no es inflación. Por último no debemos olvidar que el Estado es un agente económico de primer orden que puede utilizar su enorme poder de compra para fijar los precios en sus procesos de compra.

La NAIRU no es un instrumento útil para realizar este tipo de análisis precisos y minuciosos. Necesitamos instrumentos que tengan la precisión de un escalpelo, no la fuerza bruta e imprecisa de una maza.

La FED renuncia a la NAIRU (por el momento)

Desde hace décadas la pasividad de los gobiernos ante el problema de la demanda ha resultado en una atonía creciente de la demanda agregada. Por otra parte, la debilidad de la clase trabajadora, con un poder de negociación muy mermado tras cuatro décadas de globalización, deslocalización, cambios en la estructura productiva y ataques a sus derechos, han dado como resultado que, incluso en períodos de menor desempleo, no se observen tensiones salariales e inflacionistas fuertes. En la jerga de los economistas esto se explica como un “aplanamiento de la curva de Phillips”.

Hace dos semanas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powll anunció un cambio en la política que desarrolla su institución. Reproduzco a continuación parte de su intervención que está grabada en  un vídeo enlazado debajo. Por lo demás, dar golpecitos suaves con una maza, como hacen los responsables de la política monetaria actuales haciendo ajustes finos en la tasa de interés, es completamente inservible.

https://www.c-span.org/video/?475196-1/fed-chair-powell-announces-policy-change-inflation

“…el mercado laboral históricamente fuerte no provocó un aumento significativo de la inflación. A lo largo de los años, los pronósticos de los participantes del FOMC y los analistas del sector privado mostraron de manera rutinaria un retorno a la inflación del 2 por ciento, pero estos pronósticos nunca se realizaron de manera sostenida (ver figura 3). Los pronósticos de inflación se basan típicamente en estimaciones de la tasa natural de desempleo (u*) y de cuánta presión al alza sobre la inflación surge cuando la tasa de desempleo cae en relación con (esta tasa natural) U*. A medida que la tasa de desempleo baja y la inflación permaneció en silencio, las estimaciones de u* fueron revisándose a la baja. Por ejemplo, la estimación mediana de los participantes del FOMC disminuyó del 5,5 por ciento en 2012 al 4,1 por ciento en la actualidad. La capacidad de respuesta moderada de la inflación a la rigidez del mercado laboral, a la que nos referimos como el aplanamiento de la curva de Phillips, también contribuyó a resultados de baja inflación. Además, las expectativas de inflación a largo plazo, que durante mucho tiempo hemos visto como un importante vector de la inflación real y las presiones desinflacionarias mundiales pueden haber estado frenando la inflación más de lo que se esperaba en general.”

De facto es un reconocimiento de que la NAIRU ha dejado de tener utilidad. Por ahora solo admiten que es una suspensión temporal de las reglas que operan en el mundo de la economía neoclásica. Lo deseable sería que los bancos centrales y los gobiernos las abandonaran de forma permanente.

En otro post explicaremos cómo el Plan de Empleo Garantizado ofrece una alternativa superior que  aplana la curva de Philips manteniendo el pleno empleo.

[1] Mark Aguiar, Mark Bils, Kerwin Kofi Charles y Erik HurstLeisure. Luxuries and the Labor Supply of Young Men June 21, 2017

[2] Sebastian Gechert & Katja Rietzler & Silke Tober, 2014. “The European Commission’s New NAIRU: Does it Deliver?,” IMK Working Paper 142-2014, IMK at the Hans Boeckler Foundation, Macroeconomic Policy Institute.

 En posts anteriores hemos explicado que los balances financieros de los sectores institucionales de la economía (hogares, empresas, gobierno, instituciones financieras y sector exterior) deben sumar exactamente cero. Se trata de una identidad contable que forzosamente se cumple siempre puesto que los activos financieros son los pasivos financieros de otros.

El análisis de balances sectoriales nos permite comprender que el déficit de las administraciones públicas, lejos de ser un síntoma de una gestión manirrota cumple una función macroeconómica crucial al permitir que el sector privado pueda reparar sus balances en situaciones de crisis.

Los datos del segundo trimestre reflejan las circunstancias creadas por la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento decretado duranhte el estado de alarma. Se resumen en el siguiente gráfico que se ha construido a partir de los datos de capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales que publica el Instituto Nacional de Estadística.

 

 Entre los meses de abril y junio el ahorro del sector privado fue de 63.733 millones €, una cifra que no tiene precedentes en la serie histórica. El INE nos informa que "la tasa de ahorro de los hogares es del 22,5% de su renta disponible, 12,3 puntos superior a la del trimestre anterior". Esto fue posible pese a que la renta nacional cayo de forma estrepitosa en este período.

 

 

Serie histórica de la renta nacional hasta el 2º trimestre de 2020.

En el caso de los hogares el INE nos explica que su renta primaria (salarios, excedente bruto de explotación y rentas de la propiedad com intereses y dividendos) cayó un 17,8%. Sin embargo, las transferencias netas desde el setor público amortiguaron esta caída hasta deajarala en un 8,8%. El aumento del ahorro se explica por tanto sobre todo por un descenso del consumo final de los hogares del 23,9% también sin precedentes.

No es sorprendente que este colapso del consumo fuera perjudicial para las empresas y así lo confirma que su excedente bruto de explotación cayese un 37,2% y su renta disponible un 17%. Lógicamente, en un entorno de elevada incertidumbre, su volumen de inversiones se redujo un 24,7% respecto al período anterior. La capacidad de financiación de las sociedades no financieras llevaba en mínimos desde hacia varios años. Obviamente la  situación creada por la pandemia no ha ayudado a mejorar su situación financiera. La capacidad de financiación de las instituciones financieras también alcanzó un mínimo histórico con 4.090 millones.

 

Que los sectores institucionales privados domésticos pudieran aun así mantener una capacidad de financiación no fue gracias a la contribución del sector exterior. El superávit exterior se redujo significativamente debido al colapso del comercio internacional y del turismo. En porcentaje del PIB, se quedó prácticamente en 0.

 

 

Si el sector privado consiguió un ahorro significativo en el segundo trimestre de 2020 entonces, por identidad contable, solo se puede concluir que fue gracias al déficit público. La necesidad de financiación de las administraciones públicas llegó a 61.589 millones de euros, de nuevo una cifra sin precentes.

Cuando desde el pensamiento económico convencional se trata de generar alarma acerca del crecimiento de la deuda pública resulta oportuno recordar que probablemente habría sido imposible otro escenario que éste como consecuencia de la pandemia.

Recordemos que, ante la caída de las rentas y del gasto, inevitablemente la recaudación de tributos como el IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedaedes, por no hablar de impuestos especiales como los que gravan el consumo de alcohol o combustibles, se derrumbó. Esto no es algo negativo: es un potente mecanismo estabilizador de la economia. Al mismo tiempo muchas medidas como las que facilitan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras de gasto público motivadas por la gestión de la panemida causaron un incremento del gasto público. Así pues el aumento sin precedentes del déficit público era una consecuencia inevitable de las circunstancias creadas por la pandemia. Incluso el Consejo de la UE ha reconocido las especiales circunstancias de este ejercicio aplicando la cláusula de escape que permitirá a los estados eludir los límites de déficit y deuda durante este ejercicio y el siguiente. Probablemente tendrán que seguir incumpliéndolos despues de 2021 cuando empiecen a reconocer los daños infligidos a las economías de los países europes por décadas de austeridad, rematados con los causados por la pandemia. No podemos descartar que la interrupción prolongada de la actividad para muchas empresas y autónomos desencadene una grave crisis financiera con una secuencia de quiebras y suspensiones de pagos.

Sin embargo, entre los partidarios del conservadurismo fiscal más cerril se ha lamentado esta situación como la manifestación de un mala gestión del estado. Así, Daniel Lacalle, uno de los mas ultramontanos liberales del panorama nacional se desgañitaba en su blog con afirmaciones asombrosas como éstas:

"España tendrá el mayor déficit de la Unión Europea en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

¿Cómo se ha creado semejante agujero fiscal? Fiando toda la recuperación a la política monetaria, aumentando gastos estructurales y subvenciones sin memoria económica ni presupuesto, y manteniendo una fiscalidad anticompetitiva que ha hundido ingresos y bases imponibles."

El comentario es característico de la puerilidad de los economistas más conservadores, incapaces de detenerse un momento a analizar las identidades que se recogen en la contabilidad nacional.

También el miembro de la reaccionaria escuela austríaca, Juan Ramón Rallo, muy aficinado a las diatribas contra todo lo público, ha publicado un artículo titulado "La borrachera de gasto público" como si el Estado hubiese actuado por impulsos propios de un dipsomaníaco.

Pero hagamos un ejercicio de economía ficción e maginemos que el Estado hubiese hecho lo imposible por evitar un aumento del déficit. Obviamente una subida de impuestos habría sido imposible en un plazo tan corto y habría contribuido a hundir aún más las rentas. Pero quizás algunos imaginen que  el Estado habría sido capaz de pergeñar un recorte drástico de costes de 61.589 millones de euros. ¿Cómo lo habría conseguido?

Quizás podría haberse negado a pagar los ERTEs dejando que las personas acabaran desempleadas pero, ese caso habría tenido que pagar prestaciones de desempleo empeorando la situación para empresas y asalariados. Da pavor pensar en cuántas personas se habrían quedado desempleadas y quizás incluso condenadas a la pobreza.

O podría haberse negado a incurrir en mayores costes sanitarios dejando desatendidos a los enfermos de COVID-19 y morir a los mayores y rehusando hacer pruebas PCR para conocer la situación epidemiológica.

Tal vez hubiese podido anunciar que no pagaría los pagas extras de los funcionarios en julio contribuyendo a un hundimiento mayor del consumo al retirarle una parte de sus ingresos  a un porcentaje relevante de los hogares.

Tales "proezas" habrían supuesto un suicidio para la economía española. Sorprende la temeraria e infantil actitud de quienes se dedican a generar alarma ante lo que no puede considerarse más que un comportamiento responsable del Estado.

Fue por tanto el déficit de las administraciones públicas el que posibilitó que la situación creada por la pandemia no fuese aun peor para el sector privado.

Debemos felicitarnos que el Estado español haya podido incurrir en déficit para contener en cierta medida el colapso de nuestra economía. Si acaso debemos lamentar que, debido a que carecemos de soberanía monetaria y por la terca inflexibilidad de los ministros Montero, Calviño y Escrivá, el Estado Español no haya abordado un proyecto de reconstrucción contundente más ambicioso y decidido para revertir los daños que ha causado la pandemia de forma más rápida. La incertidumbre creada entre hogares y empresas están retrayendo el consumo y la inversión y, por tanto, es improbable que el sector privado pueda liderar la recuperación económica. Necesitamos un plan de estímulo fiscal e inversión público como el que habría diseñado un estado que actuara como si estuviera gestionando una economía de guerra. Hará falta un déficit aún mayor con proyectos de gasto e inversión públicos sin esperar a que lleguen unos fondos cargados de hipotecas y ataduras de Bruselas a partir de 2021. Estos llegan demasiado tarde, la crisis es hoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

MMT y “periferia”: el estado es el dueño de la pelota

 

Esteban Cruz Hidalgo, Agustín Mario y Stuart Medina Miltimore

Artículo publicado originalmente en El País Digital el 19/9/2020

En las últimas semanas han habido un número de evaluaciones críticas de la MMT (Teoría Monetaria Moderna) en este mismo medio (https://elpaisdigital.com.ar/contenido/teora-monetaria-moderna-y-periferia/27863 y https://elpaisdigital.com.ar/contenido/la-pelota-y-el-dinero/28035).

Nos enfocamos aquí en las que consideramos las ideas clave de las críticas para el sistema monetario actual (1):

1) aumentar el gasto para alcanzar el pleno empleo puede ser conflictivo/apresurado pues implica desconocer (o creer que no existe en un régimen de tipo de cambio -TC- flotante) la restricción externa -RE-, la cual impone limitaciones al gasto público en $ (ilusión ortodoxa 1)

2) controlar la demanda es suficiente para frenar la inflación (ilusión ortodoxa 2)

3) Argentina no es monetariamente soberana

4) Si estableciera una política de tasa de interés cero, la Argentina perdería definitivamente su moneda nacional

5) la MMT debería adaptarse a los desafíos del subdesarrollo

6) en lugar de las propuestas de política de la MMT (empleo de transición -ET-, TC flotante, tasa de interés cero y no endeudamiento en moneda extranjera), deberían perseguirse saldos comerciales positivos para acumular reservas y, así, relajar el objetivo fiscal

Algunas aclaraciones previas antes de abordar los puntos indicados pueden resultar útiles. Aunque en la traducción más usual al castellano puede parecer lo contrario, es el dinero lo que es moderno (en el sarcástico sentido de Keynes en el Treatise, es decir, el dinero de los últimos 4000 años) y no la teoría: MMT es la teoría del dinero moderno. Es preciso aclarar además, porque allí podría residir la clave de algunas interpretaciones equivocadas de los críticos, que la MMT no es “una variante de la visión keynesiana”, en el sentido de estímulo generalizado a la demanda agregada suplementado con propuestas de tipo de cambio fijo (pero ajustable) con controles de capital.

Gastar lo necesario para alcanzar el pleno empleo puede ser conflictivo: la RE limita el gasto en pesos

Según los críticos, la MMT -al igual que las finanzas funcionales- recomienda aumentar el gasto público hasta el pleno empleo, lo cual si bien sería correcto en general puede ser “conflictivo” y/o “apresurado” en una economía como la Argentina. A diferencia de lo que señala la MMT, el gasto público estaría “sometido a limitaciones diversas” dadas por la escasez de metales preciosos/dólares y, más evidentemente, en el caso del gasto en importaciones.

De hecho, la inexistencia (o el desconocimiento) de la RE sería una de las “ilusiones ortodoxas” de la MMT. Ilusiones que, incluso, asemejarían a la MMT con los economistas del macrismo. Lejos de ser expansivas, las devaluaciones reducen el salario real y alcanzan el equilibrio externo achicando la economía (un “mecanismo forzado de estabilización de la miseria”).

Es cierto que la MMT recomienda gastar lo necesario para alcanzar el pleno empleo pero, a diferencia de las políticas “keynesianas” de estímulo de la demanda, propone hacerlo de un modo específico: a través de un programa de ET.

El estado puede decidir vincular su moneda a un metal precioso y, en ese caso, su gasto queda limitado a la disponibilidad de dicho metal (como en cualquier régimen de tipo de cambio fijo). La capacidad de importar viene dada por las exportaciones más el deseo de ahorro del resto del mundo de la moneda doméstica: si el deseo de ahorro neto del resto del mundo es nulo entonces por cada dólar de importaciones el país deberá contar con un dólar de exportaciones. Esta es, ciertamente, una RE (límite al crédito externo). Si se necesitan dólares para importar más, endeudarse en moneda extranjera es una opción (no recomendada por la MMT) pero no una obligación.

Los balances balancean. Por definición, el déficit de cuenta corriente debe ser igual al superávit de la cuenta capital y financiera -incluyendo la variación de reservas-. Este hecho contable no implica asumir que las devaluaciones sean expansivas: si sube el tipo de cambio (TC) y la economía se contrae, simplemente aumentará el pool de empleo de transición lo que, a su vez, pondrá un piso a la recesión. Lamentablemente, las objeciones al TC flotante “olvidan” la principal propuesta de política de la MMT, el ET. El “estrangulamiento de las cuentas externas” no tiene sentido como tal en un régimen de TC flotante; pero, si significa “no podemos importar todo lo que querríamos” entonces sí enfrentamos una RE. El salario real de los actualmente desempleados no se reduce, ya que es cero. Para los desocupados, el empleo de transición no es miseria sino más bien todo lo contrario. Con un empleo de transición, el desempleo ya no puede usarse para equilibrar las cuentas externas. La alternativa es usar el desempleo para sostener los ingresos reales -y en dólares- de quienes ya tienen ingresos.

La RE se vería agravada por la “fuga de capitales”, es decir, las “decisiones de cartera que perjudican a las monedas de menor jerarquía, especialmente en período inflacionarios”.

La inflación puede aumentar la demanda de activos alternativos. Algunas veces, parece olvidarse que para que alguien compre/venda dólares algún otro tiene que venderlo/comprarlo. Si la transacción se realiza es porque ambos están satisfechos con los términos del intercambio, esto es, el precio. En cualquier caso, aunque el deseo de ahorro neto en moneda doméstica del sector no-gubernamental no es una decisión de política (quizás a esto se refieran los críticos cuando sostienen que “la unidad de cuenta nunca es completamente determinada por la autoridad política”), la “fuga de capitales” no tiene porque implicar desempleo doméstico, excepto que se considere que se necesitan dólares para crear empleo.

El control de la demanda es insuficiente para frenar la inflación

Otra ilusión ortodoxa de la MMT sería que controlar la demanda es suficiente para frenar la inflación. 

Para la MMT, siendo el peso un monopolio público, el nivel de precios es necesariamente una función de los precios que paga cuando gasta. Si fija un precio -por ejemplo, el de la hora de trabajo básico en un empleo de transición- entonces, por definición, no puede haber inflación/deflación. Aunque la inflación no es algo malo en sí mismo, el empleo de transición cuenta con un mecanismo para controlarla: si lo considera deseable, el gobierno puede disciplinar la puja distributiva (los “crónicos conflictos distributivos” a los que se refieren los críticos) modificando la composición del empleo total utilizando el resto del gasto público -aquél no destinado al empleo de transición- y los impuestos.

Por otra parte, no hay que haber estudiado demasiado a la MMT para darse cuenta de que los “economistas del macrismo” hicieron de todo excepto seguir las recomendaciones de la MMT.

Argentina no es monetariamente soberana

Los críticos sostienen, en base a una oración del reciente bestseller de Kelton “The Deficit Myth”, que la Argentina no es monetariamente soberana. 

La deuda en moneda extranjera, indudablemente, impone restricciones para gastar lo necesario para alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, la única razón para cumplir los compromisos en moneda extranjera es continuar endeudándose, algo que la MMT recomienda prohibir para todo el estado, incluidas las empresas públicas. En cualquier caso, el debate sobre el grado de soberanía monetaria puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿puede la Argentina eliminar el desempleo a través de un empleo de transición? La propia Kelton ofrece la respuesta sólo unas páginas más adelante al referirse a la experiencia argentina de 2001 con el plan Jefes cuando “dejó de fijar su tipo de cambio” y “optó por no pagar la deuda externa”. El propio Warren Mosler ha propuesto cesar los pagos de la deuda en dólares, una opción de política que permitiría recuperar la soberanía monetaria.

Si implementa una política de tasa de interés cero, la Argentina perdería definitivamente su moneda nacional

Según los críticos, en un país como la Argentina, la propuesta de la MMT de fijar la tasa de interés en cero por ciento sería “la manera más rápida y eficaz para perder definitivamente la moneda nacional”. Por el contrario, proponen tasas de interés “atractivas”.

En la medida que podamos imponer obligaciones impositivas -y hacerlas cumplir- no perderemos la moneda nacional. Las tasas de interés “atractivas” pueden aumentar el ingreso de dólares en el corto plazo pero -como demuestra la reciente experiencia del macrismo-, a partir de cierto tamaño de la deuda pública, predomina el canal de ingresos por intereses el cual tiende a depreciar -y no a apreciar- el TC. Lo que es peor, los intentos por controlar el TC pueden explicar, en buena medida, las bruscas devaluaciones de los últimos años. Si bien siempre se pueden cumplir las obligaciones en pesos, endeudarse a tasas “atractivas” implica indexar la economía y usar espacio fiscal para beneficiar a quienes ya tienen dinero.

 

La MMT debería adaptarse a los desafíos del subdesarrollo

 Al igual que la ortodoxia monetaria, la principal limitación de la MMT sería interpretar al estado norteamericano como la norma. Los seguidores de la MMT en la periferia deberían “adaptar su cuerpo conceptual a los desafíos reales y monetarios del subdesarrollo”, lo que exigiría una teoría del estado.

La MMT es una teoría del dinero que es inseparable de una teoría del estado: el estado impone una obligación impositiva y al declarar aquello que sirve para cumplirla define lo que es dinero. La teoría es general y puede explicar tanto la situación de EEUU como la de los demás países (incluido el “paradigmático” caso argentino). En pocas palabras, cuanto mayor sea el deseo de ahorro de una moneda mayor será el espacio fiscal: en la medida en que la gran mayoría de los países del mundo -y los economistas- creen que deben acumular reservas de dólares para poder gastar, desarrollarse, etc., EEUU puede disfrutar de todos los bienes producidos domésticamente más lo que el resto del mundo desea venderle (el déficit del sector público puede ser “grande” porque el sector no-público -privado y externo- desea acumular “muchos” activos financieros netos denominados en dólares). Argentina no tiene ese privilegio, pero eso no implica que no pueda comprar el trabajo desempleado que, por definición, está a la venta a cambio de pesos.

 

Saldos comerciales positivos para acumular reservas y relajar el objetivo fiscal

Los críticos sostienen que “agresivas políticas mercantilistas para conseguir saldos comerciales positivos y acumular metales preciosos” están lejos de ser una “caricatura sin sentido” en tanto permiten “relajar el objetivo fiscal”.

Acumular reservas no relaja, en modo alguno, el objetivo fiscal. En realidad, parece que los críticos siguen pensando en un marco de TC fijo en el que sí hacen falta dólares para gastar en pesos. De hecho, la cita de Keynes a menudo utilizada para defender las políticas mercantilistas se refiere a un régimen de TC fijo (del que los autores parecen no poder librarse) y es esencialmente correcta: como lo muestran los regímenes de TC fijo a lo largo de la historia, la actividad económica y el empleo doméstico quedan presos del resultado externo. La buena noticia es que no hay necesidad de auto-imponerse tal restricción.

Para la economía en su conjunto, las importaciones son un beneficio real; las exportaciones, un costo real: las exportaciones son el costo (real) de las importaciones. De aquí que no tiene sentido acumular reservas como objetivo de política (2). Se trata, en realidad, de maximizar las importaciones netas, dado el deseo de ahorro neto de pesos por parte del resto del mundo. Si tanto preocupa la depreciación del peso a la que supuestamente conduciría un TC flotante, debe tenerse en cuenta que acumular reservas implica un TC por encima del de no intervención (como lo muestra la propia experiencia Argentina del período 2002-2008).

El estado no está obligado a que el sector privado desee ahorrar pesos en términos netos. Si el sector privado desea un ahorro neto positivo (superávit), lo racional es gastar lo suficiente para satisfacerlo (déficit); de lo contrario, habrá desempleo (y el sector privado sólo puede desear desahorrar en la medida en que haya ahorrado previamente ya que, de lo contrario, no podrá cumplir la obligación impositiva). A pesar de que los críticos consideran que “el peso dejó de funcionar como reserva de valor hace décadas”, el desempleo es evidencia de que el deseo de ahorro neto de pesos no ha sido satisfecho aún. Por más que suela actuar como si estuviera obligado a “correr detrás de la pelota”, es evidente que el estado es, en realidad, el dueño de la pelota (y quien lleva el marcador!).

Reflexiones finales

Para los críticos, el desarrollo sería un prerrequisito para la soberanía monetaria y el pleno empleo. Si bien es posible que el crecimiento esté limitado por las exportaciones, no es cierto que se necesite crecer para luego crear empleo: la propuesta de la MMT es crear empleo para luego, quizás, crecer. Las recomendaciones de política de la MMT no harán -necesariamente- rico a un país pobre; simplemente, minimizarán el costo real que implica mantener desocupadas a quienes están dispuestos a vender su tiempo a cambio de la unidad de cuenta estatal.

El pleno empleo no debería considerarse una “estrategia defensiva”, especialmente para quienes hoy se encuentran desempleados. La alternativa es seguir usando el desempleo para controlar el TC y/o acumular reservas.

Quizás la analogía futbolística explique la confusión de los críticos: en el fútbol, el objetivo no es controlar la pelota sino hacer un gol más que el rival.

Referencias 1

Wray, L. R. (1998): Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability, Edward Elgar.

Referencias 2

(1) Según los críticos, la concepción del dinero de la MMT no permite comprender: i) las guerras para controlar rutas comerciales; ii) la avidez por metales preciosos; iii) las cesaciones de pago (crisis de endeudamiento) estatales; y, iv) las rebeliones contra los impuestos. Nada de eso es incomprensible y, mucho menos, una crítica a la MMT (al respecto, ver, por ejemplo, el capítulo 3 de Wray, 1998).

(2) Acumular dólares no sirve a la utilidad pública. La crisis del COVID-19 muestra que esto ni siquiera tiene sentido “estratégico”: por más reservas que se hayan acumulado, estas pueden ser inútiles para comprar, por ejemplo, insumos médicos producidos en otros países (lo cual también muestra que sí podría tener sentido acumular reservas estratégicas de ciertas mercancías).

La disyuntiva virreinal

 

La lucha por la abolición de la encomienda

El dinero y la tributación son instituciones íntimamente ligadas al poder, la estructuración de los mercados y la distribución. Los intentos de suprimir la institución de la encomienda en el Perú virreinal y sustituirlos por un tributo monetario y los conflictos entre colonizadores y Corona que provocaron ilustran este punto a la perfección. Para entender el conflicto hay que retroceder a tiempos de la Reina Isabel la Católica quien, tras alguna vacilación inicial y pese a que la tradición esclavista tenía hondas raíces, había prohibido expresamente la esclavitud de sus nuevos súbditos en las Indias Occidentales (Olaechea Labayen, 1998). Esta decisión obligó al Almirante Cristóbal Colón a abandonar su proyecto de enviar 4.000 esclavos a Europa a 1.500 maravedís la pieza (Mira Caballos, 1998).

Si los conquistadores habían llegado a las Indias y ocupado aquellas tierras, con mil tribulaciones y sufrimientos, arriesgando su vida y dineros, era para asentar su condición de grandes señores feudales. Si no había posibilidad de reducir los indios a la esclavitud otra forma debía encontrarse de conseguir mano de obra barata. Nicolás de Ovando designado gobernador de La Española para corregir los desmanes de la desastrosa administración de los Colón, padre e hijo, aportó la solución que buscaban los colonizadores. Ovando, que había sido encomendero mayor de la orden de Alcántara, simplemente transfirió a América una institución medieval de carácter feudal. La encomienda establecía una relación de dependencia en la que una parte ofrecía protección a cambio de determinados servicios personales. El sistema de las encomiendas fue implantado en todos los territorios conquistados y colonizados por España (Chez Checo, 2010). El repartimiento de los indios entre los españoles como mano de obra forzada se justificaba porque a cambio estos se beneficiaban del preciado don de la catequesis. La solución encajaba perfectamente en la mentalidad tardomedieval de los conquistadores y se tornaba presentable ante los monarcas.

Es cierto que la encomienda no implicaba un derecho de propiedad sobre las personas pero los tratos abusivos fueron denunciados en una intensa campaña ante la Corte de los frailes dominicos, como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos. El más célebre fruto de esa labor sería un opúsculo conocido como la Brevísima relación de la destrucción de las Indias que Bartolomé dirigió al príncipe, el futuro Felipe II (de las Casas, 1552). En uno de sus viajes de regreso a la Península Ibérica Bartolomé de las Casas conocería en Salamanca al dominico Francisco de Vitoria, teólogo y profesor de la universidad, a quien enlistó para su causa. Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria fueron consultados por el rey Carlos I y pudieron hablar en las Cortes. Es famosa la controversia de Valladolid entre las Casas y Ginés de Sepúlveda, quien argumentaba que los indios encajaban en la definición aristotélica de ‘esclavos naturales’. Sin embargo la victoria moral fue para los dominicos que consiguieron el apoyo de la Corona.

Fruto de esta campaña fueron las Leyes Nuevas de Burgos, proclamadas en 15 en 1542 cuyo capítulo XXX rezaba “Otrosí: Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante ningún virrey, gobernador, audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere los indios, sean puestos en nuestra real Corona; y las audiencias tengan cargo de se informar luego particularmente de la persona que murió y de la calidad de ella y sus méritos y servicios de cómo trató los dichos indios que tenía, y si dejó mujer e hijos o qué otros herederos, [...] y nos mandamos proveer lo que sea nuestro servicio, y hacer la merced que nos pareciere a la mujer e hijos del difunto [...]” (García Icazbalceta, 2010).

Sancionadas las leyes el reto era conseguir que se cumpliesen. Los cronistas de la conquista de América como López de Gómara o el historiador mestizo Inca Garcilaso de la Vega narran la sucesión de guerras civiles y revueltas contra la autoridad real que tuvieron como causa principal los esfuerzos de la Corona por eliminar la institución de la encomienda. Para el Perú Carlos I encargó está delicada misión a Blasco Núñez Vela, vástago de un linaje nobiliario avileño que había ejercido los cargos de Corregidor de Málaga y Cuenca, Capitán de lanzas de Orán, Veedor general de las galeras y de la gente de guerra de Castilla, e Inspector general de la frontera de Navarra. En abril de 1543 Carlos I le otorgó los títulos de Virrey, Gobernador y Capitán General de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile y presidente de la Real Audiencia, que debía establecerse en la Ciudad de los Reyes o Lima.

En su Historia General del Perú Garcilaso Inca de la Vega narra los sucesos que llevaron a la muerte el 18 de enero de 1546 del primer virrey del Perú. Núñez Vela traía la instrucción de “Que se les quitasen las encomiendas y repartimiento de indios que tenían los Obispos, monasterios y hospitales; quitasen asimismo los indios a los que hubiesen sido o de presente lo fuesen, Gobernadores, Presidentes y Oidores, Corregidores y oficiales de justicia y sus tenientes y oficiales de la hacienda de Su Majestad, y que no pudiesen tener indios aunque dijesen que querían renunciar los oficios. Que todos los encomenderos del Perú, que se entiende de los que tenían indios, que se hubiesen hallado en las alteraciones y pasiones de Don Francisco Pizarro y Don Diego de Almagro, perdiesen los indios» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Parece que Núñez Vela era conocido por su intransigencia y mano dura. Como capitán de la armada se hizo notar por el rigor de sus castigos físicos. Su fama le precedía y su llegada fue recibida con inquietud pues los colonos ya conocían el tenor de las ordenanzas que debía imponer. El nuevo virrey se aplicó a su nueva misión sin mucho tacto. Acompañado de cuatro oidores, llegó a Lima 15 de mayo de 1544 liberando de las encomiendas a los indios que se iba encontrando por el camino. Los numerosos dueños de esclavos indios y encomenderos protestaron pero el virrey se limitó a decir que él solo era ejecutor y no autor de las leyes, y que debían dirigir sus quejas al rey. Pese a las advertencias de sus asesores los modos expeditivos del Virrey le granjearon pocas amistades. Quisquilloso y susceptible reaccionaba de forma violenta ante la más mínima ofensa. Los españoles trataron de convencer al virrey de que no aplicase las ordenanzas pero no doblegaron su voluntad. Andaban enojados porque «se habían de ver desposeídos de sus indios y hacienda e imposibilitados de poder ganar otra para sustentar la vida, por su larga edad, y estar ya consumidos de los trabajos pasados» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Los encomenderos optaron por manifestar su fuerza y eligieron como caudillos a Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador Francisco Pizarro, y a su lugarteniente, Francisco de Carvajal, que se dirigió a Lima con una hueste armada. Blasco Núñez Vela morirá en la batalla de Iñaquito, ocurrida cerca de Cuzco entre el ejército real y las huestes de Gonzalo Pizarro (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

La pacificación del Virreinato del Perú

Matar a un virrey, al encargado por el mismo emperador Carlos V de gobernar el Reino del Perú, era un atrevimiento de extrema gravedad. La sangrienta revuelta de los encomenderos peruleros puso a prueba los esfuerzos de la monarquía para imponer su voluntad sobre unos hombres rudos, arrogantes y dispuestos a todo para ejercer sus derechos de conquista y afirmar su condición de señores feudales del Nuevo Mundo.

El régimen monárquico español, aunque tenía pretensiones de absoluto, siempre tuvo un aspecto transaccional y pactista con las oligarquías locales. En un contexto político en el que la autoridad de la Corona era casi inexistente no quedaba otra solución que el apaciguamiento. El rey enviaría un nuevo virrey, Pedro de Lagasca, con mayores dotes diplomáticas, para someter a la levantisca colonia. La corona decidió suavizar la eliminación de la encomienda, graduando su extinción. Con esa estrategia de apaciguamiento Lagasca decidió realizar el Reparto de Guaynarima en 1548 que aun así dejó insatisfechos a los colonos y desencadenaría nuevas rebeliones encabezadas por capitanes como la que enfrentó al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, con Francisco Hernández Girón. Todavía en 1559, Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, cuarto virrey del Perú; recibió "Instrucciones" para poder “encomendar los indios que estuvieren vacos y vacaren el tiempo que vos estuviereis en aquella tierra” (Salles & Nocjovich, 2013) .

La corona fue graduando la extinción de la encomienda, sustituyéndola por un régimen de rentas a favor de los conquistadores y un sistema de tributación a los indígenas que sustituiría al servicio personal, y estableciendo una administración colonial en la que los conquistadores configurarían una aristocracia criolla. Las reformas culminarían durante el largo virreinato de Francisco de Toledo, quien establece reducciones para concentrar a la población y facilitar el cobro de tributos. Aunque el sistema de la encomienda continuó languidecería hasta caer en desuso y abolirse finalmente en 1720.

El tributo indígena

El tributo de indios era una renta pagada al rey de Castilla proveniente de su dominio señorial, pero también, y de manera significativa, como mecanismo para demostrar que los indios eran vasallos de él y no de los conquistadores. Se justificaba en las Leyes Nuevas de Indias en la primera Ley del Libro VI, Título V que atañía al tributo.

«Porque es cosa justa, y razonable, que los Indios, que se pacificaren, y redujeren a nuestra obediencia y vasallage, nos sirvan, y den tributo en‘ reconocimiento del señorío, y servicio, que como nuestros súbditos y vasallos deben, pues ellos también entre si tenían costumbre de tributar a sus tecles, y principales: Mandamos, que se les persuada a que por esta razón nos acudan con algún tributo en moderada cantidad de los frutos de la tierra, como, y en los tiempos, que se dispone por las leyes de este título. Y es nuestra voluntad, que los españoles, a quien por Nos, o nuestro poder hubiere, se encomendaren, lleven estos tributos, porque cumplan con las cargas a que están obligados, reservando para Nos las cabeceras y puertos de mar, y las demás encomiendas y pueblos incorporados, y que se incorporaren en nuestra real corona» (Recopilación de leyes de los Reinos de Indias. Libro VI, Tit. V, Ley I).

La justificación ideológica del tributo asumía un pacto colonial entre la Corona y los indios, con precedentes incaicos, en virtud del cual «los indios le tributan (al rey) en reconocimiento a la soberanía del monarca, y él, al reconocerlos como sus vasallos, les reconoce su derecho a la propiedad» de la tierra. Según otras interpretaciones para los indios el pacto implícito en el pago del tributo exigía que la corona se responsabilizara de la impartición de la justicia y la defensa de los intereses de los indios. (Menegus Bornemann, 1994).

Según las disposiciones iniciales del rey, el tributo español debía ser menor al que cobraban los señores naturales, de manera que los indios se acercaran más fácilmente al cristianismo y al nuevo sistema de gobierno (Carlos II, 1841), pero en la época de la reforma toledana, se hicieron críticas sobre lo excesivo de las tasas; en todo caso, fue «uno de los factores determinantes para el creciente ausentismo que se dio en las comunidades» (Cajías de la Vega, 2005).

Efectos redistributivos del tributo

La introducción de un tributo indígena necesariamente tendría efectos distributivos. La razón más obvia es que era exigible a un grupo étnico del cual quedaban exentos otras castas privilegiadas. Pero también el modo de liberación, ya en especie o monetario, el sistema de cobro y el reparto de la carga negociada con cada comunidad indígena impactaría en la distribución.

El tributo indígena recaía sobre los indígenas «en virtud de su condición jurídica: vasallos libres de la Corona de Castilla que deben a su señor un impuesto por la misma razón de vasallaje» (Cajías de la Vega, 2005). El tributo era una institución solamente aplicada al indio aunque a «partir de 1574 se formalizó —y no sin dificultades— el cobro a negros y mulatos libres; nunca se logró, no obstante algunos esfuerzos, cobrar este derecho a los mestizos». La exención de españoles y mestizos fue una de las distinciones que los apartaban de los indios y las castas. Muchos negros y mulatos libres negociaron con éxito una exención al pago del tributo por participar en compañías de milicias formadas sólo por personas de herencia africana y en otros momentos en compañías integradas con españoles (Pollack, 2016).

Dentro de las clasificaciones más amplias de “indio” había diferentes categorías a efectos tributarios. Nos encontramos a los ‘originarios’; los ‘forasteros’ que integraban familias que podían haber llegado sin embargo varias generaciones antes a una localidad; y los ‘yanaconas’, atados a las haciendas (Carlos II, 1841). Todas estas categorías, que sirvieron en su momento para fines fiscales y jurídicos, siempre demostraron grados de flexibilidad, en especial en ciertos lugares y momentos históricos.  (Pollack, 2016). La Corona, siempre consciente de la necesidad de ganar para su causa a las elites indígenas, las eximió en las leyes indianas estipulando que “los caciques y sus hijos mayores no paguen tributo” (Leyes de Indias, Libro Vi, Capítulo V, Ley XVIII).

Inicialmente el cobro de tributos se encargó a los encomenderos y se entendería como un premio que el monarca les otorgaba de manera provisional y condicionado a que las encomiendas no fueran territoriales (es decir, que implicaran el control sobre un territorio). Sin embargo posteriormente, según disposiciones del Virrey Toledo, el tributo sería recolectado por los corregidores. El tributo debía pagarse en junio (San Juan) y diciembre (Navidad) siendo el curaca quien recibía directamente el tributo y lo llevaba a la capital de su repartimiento.

Todos los varones adultos entre las edades de dieciocho y cincuenta años pagaban el tributo, pero la proporción individual de la tasa comunal variaba según el status social del contribuyente. Al parecer, el sistema tributario en Hispanoamérica reforzaba la idea de una homogeneidad dentro de cada pueblo. Esto beneficiaba a los sectores indios que tenían mayores ingresos provenientes de la participación en el mercado como productores o comerciantes (a quienes les habría recaído el pago de la alcábala si hubiesen tenido que cumplir con las obligaciones fiscales que correspondían a los españoles)  (Pollack, 2016). Pero el declive demográfico provocó un reparto de los impuestos tasados a cada comunidad cada vez más pesada (de la Puente Brunke, 1992).

Las políticas de gasto cierran el bucle que aseguraban una posición subordinada para los indios. Una gran parte del gasto público servía para asegurar la lealtad de los administradores del virreinato pero lo más llamativo es que la parte de león se la llevaban los encomenderos. Según «una autoridad coetánea, en 1632 la distribución de los 1.384.228 pesos recaudados en concepto de tributos en Perú fue la siguiente: 8.614 pesos (0,6 por 100) para la beneficencia local, 53.920 pesos (4 por 100) para salarios de caciques, 181.305 pesos (13 por 100) para los corregidores y sus lugartenientes, 280.840 pesos (20 por 100) para los sínodos y 859.540 pesos (62 por 100) para el tesoro o los encomenderos» (Andrien, 1986).

Prohibición del servicio personal y monetización del tributo

Las Leyes Nuevas recogen el precepto de «que los tributos no se tasen ni conmuten en servicio personal» (Carlos II, 1841). Entre las cuatro provisiones del malhadado virrey Núñez Vela se incluía la prohibición que  los indios trabajasen para los conquistadores «salvo en aquellas partes que no se pudiese escusar, y se les pagase su trabajo, y que no se echasen indios a las minas ni a la pesquería de las perlas». Pero a cambio el rey ordenaba que «se tasasen los tributos que hubiesen de dar a sus encomenderos, quitándoles juntamente el servicio personal» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Durante la era prehispánica, en la región andina, las obligaciones tributarias se cumplían, con pocas excepciones, por medio de labores (entre ellas la mita). El tributo español provocó resistencia porque la entrega de tributo en especie rompía de forma radical con la costumbre en la mayor parte del imperio incaico (Pollack, 2016). La prohibición de tributar mediante servicios personales, a excepción de la mita minera, constituía por tanto una innovación. Como narra el Inca Garcilaso de la Vega el virrey Blasco Núñez fue «quitándo [los indios] a monasterios, iglesias, hospitales y conquistadores que los habían ganado. Y lo que peor era, que imponían doblado pecho y tributo a los indios que así quitaban y ponían en cabeza del Rey, y aún los mismos indios lloraban por esto» lo cual sugiere que la población indígena percibía la nueva obligación como una carga más pesada (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Las Leyes de Indias permiten el pago en especie (monedas de la tierra). En la Nueva España se aceptaba el pago de tributo en mantas y cacao y en Perú se aceptaban labores de lana, grano (quínoa) (de Rojas, 1999). Sin embargo éste genera una oportunidad de negocio de la que se aprovechan los encomenderos y corregidores al tasar el impuesto en especie por debajo de su precio de mercado que se remataba en almoneda. Una carta de un clérigo español, Alonso de Quesada, al rey destapa las quejas por estos abusos: “no ha de ser el indio de peor condición que los españoles, los cuales venden la especie por lo que vale, y la compran por lo mismo y sólo al indio le obligan que dé por dos lo que vale y coree por seis con que las especies se multiplican, respecto del precio en que se tasaron y se halla gravado en materia de tanto escrúpulo y digna de restitución". El fraude y el abuso cometido con el pago en especie debieron ser corrientes. Así se puede citar una indagatoria del factor Ilán Suárez en la que documentaba la diferencia entre lo entregado según los registros que mantenían los indígenas de lo entregado en sus quipus y lo embolsado en la Caja Real (Salles & Nocjovich, 2013). A «principios del siglo XVII recibieron las autoridades diversas quejas de indígenas que protestaban por el hecho de seguirse viendo obligados, en cuanto a la parte del tributo que todavía pagaban en especies, a entregar los productos a un precio inferior al real» (de la Puente Brunke, 1992).

Las Leyes Nuevas titubean en este sentido pero parecen inclinarse gradualmente por el tributo monetario y así recogen que «En los casos particulares que los indios por justas causas y por algunos tercios o años pidieren que se les admita toda la paga de sus tributos en dinero, conforme a la tasa, los vireyes, audiencias y gobernadores los favorezcan en cuanto (sin hacer injusticia ni agravio a las partes) fuere posible» (Carlos II, 1841).

En realidad, a mediados del siglo XVII -época en la que Alonso de Quesada redactó la carta que comentamos- seguía dándose el pago de tributo en especies, aunque a una escala bastante menor que en décadas anteriores. Ya la tasa mandada confeccionar por el virrey Francisco de Toledo había implantado el metálico como componente mayoritario del tributo. Sin embargo de la Puente Brunke adviente que «en no pocas ocasiones ese presunto remedio –la monetización total del tributo- se manifestó tan malo como la propia enfermedad, ya que para la obtención del dinero los indígenas se vieron impulsados a realizar actividades comerciales de dudoso éxito por su escasa experiencia en ellas; a vender o alquilar tierras de las comunidades; o a alquilar su propia fuerza de trabajo en distintas labores, la más funesta de las cuales fue para ellos la actividad minera» (de la Puente Brunke, 1992).

En la «transición que se observa a lo largo del período colonial como ‘de trabajadores a tributarios’, inscrita en el largo camino entre su pasado prehispánico —cuando el estado Inca demandaba de sus súbditos principalmente energía—, y el siglo XIX, cuando el tributo era uno de los ingresos principales del fisco y la tierra se convirtió en el centro de las disputas» un momento importante «se caracterizó por la monetización del tributo y su incremento». Ésta es «la causa principal de la participación temprana y forzada de esta población en la economía colonial, no solo como mano de obra sino además como proveedores de los mercados regionales de bienes» (Gil Montero, 2015).

La persistencia de los servicios personales en la mita minera también entró gradualmente en declive. Las comunidades indígenas conmutaban la mita pagando una cantidad a los corregidores denominado ’indios de plata’ según la expresiva metafórica de la época. La mano de obra forzada sería gradualmente por ‘indios de faltriquera’, trabajadores libres que cobraban un salario de mercado. Las Leyes de Indias eximen de mita a los «indios maestros en sus oficios de carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, otros semejantes, de quien se fían, y encargan las obras como a los maestros españoles, no entren en mita y cumplan con pagar su tributo en moneda corriente, o en obras» (Leyes de Indias, Libro VI, capítulo V, Ley XI).

La creación de un mercado de trabajadores

La historia virreinal ilustra el principio enunciado por la teoría monetaria moderna de que la introducción de la moneda está ligada a la previa creación de un tributo monetario dirigido a proveer de mano de obra a una autoridad o a un sector productivo o rentista. El tributo indígena crea desempleo ya que obliga al indígena a trabajar más horas de las necesarias para su propia subsistencia, bien para entregar un tributo en especie, bien obligándolo a buscar un empleo remunerado.

La obligación de pagar un impuesto, discriminatorio por razón de etnia, generaría la oferta de mano de obra que beneficiaba a una minoría privilegiada por el estado, en el caso del Perú virreinal, la casta constituida por los conquistadores y sus descendientes principales perceptores de las rentas virreinales.

La liberación de la encomienda es pues una ficción desde el momento en que la servidumbre personal se transmuta en tributo monetario para cuya redención hace falta moneda que solo se puede conseguir trabajando para el anterior encomendero beneficiario de las rentas virreinales. La libertad era nominal pues los nuevos tributos recaían sobre los indígenas mientras que los conquistadores recibían el grueso del gasto fiscal. El rey, pretendiendo romper las cadenas del indio, las reemplazó por los vínculos, aún más pesados y sólidos que los de la servidumbre personal, creados por la moneda.

El tributo indígena como instrumento de una política  regalista

La monarquía se esforzó en conseguir la abolición de la encomienda, un proceso que fue vigorosamente opuesto por los colonos españoles, y por introducir un sistema de  monetización de los tributos para conseguir que los indígenas ofertaran su producción en el mercado. Para la tarea no dudó en sacrificar a uno de sus mejores hombres, el virrey Núñez Vela, y aun tuvo que soportar varias rebeliones y el paso de varios virreyes hasta conseguir la definitiva pacificación del Perú.

Detengámonos un momento a pensar en el significado trascendental de los hechos históricos narrados. Que los reyes españoles tenían motivaciones éticas loables no parece cuestionable. Parecen realmente sinceras las muestras de indignación de los reyes y es cierto que prestaron mucha atención a las protestas de los clérigos. La importancia de este esfuerzo de los reyes, con insuficientes efectos prácticos inicialmente, no puede desdeñarse en el plano ideológico. Las Nuevas Leyes de Indias que promulgaron los reyes pueden considerarse precursoras de ideales ilustrados.

Pero cabe preguntarse si actuaron por motivos humanitarios o si eran conscientes de que, para asentar el poder real, era necesario superar los esquemas feudales, e introducir una economía monetaria. A los historiadores no se les escapa que, además de preocuparse por el buen trato de los indios y la salvación de sus almas, en ese empeño pesó también la necesidad de cortar de raíz la extensión del feudalismo a América y la formación de una clase de aristócratas y hacendados poderosísimos. Afirmar el poder real también debió pesar en la insistencia de que los indios fueran meramente súbditos del Rey y no vasallos de los nuevos señores de la guerra. Como explica Cajías Vega la «contradicción entre los encomenderos y la política centralista de la Corona se explicaba, en lo político, porque los conquistadores querían mantener un poder autónomo y vitalicio; en cambio, la Corona buscaba implantar una burocracia directamente controlada por los organismos metropolitanos y cuyo gobierno fuera temporal. En lo económico, significaba percibir los ingresos que recibían los encomenderos. Dentro de esa política realista, como dice Escobedo Mansilla, la incorporación de repartimientos y sus tributos a la Corona fue el paso más decidido en contra de los principios feudales» (Cajías de la Vega, 2005).

Las dificultades para que prevaleciera la voluntad real eran enormes puesto que la autoridad real estaba alejada y prácticamente ausente de los nuevos reinos. Si bien la Corona tuvo que transigir en el siglo XVI, para el siglo XVIII  se da el triunfo definitivo del regalismo, culminándose el proceso de incorporación de todos los repartimientos a la Corona (Cajías de la Vega, 2005). El proceso de supresión de la encomienda y su sustitución por un tributo monetario constituye un hito en el camino hacia el fortalecimiento del poder real y la consolidación de los estados modernos.

Lo interesante del abolicionismo de la encomienda impulsado por los reyes es que ilustra un hecho que no resulta evidente a primera vista. Se suele presentar la transición del feudalismo al capitalismo como un fenómeno “natural” producto de la evolución de las ideas y de la tecnología. Sin embargo, un requisito previo para este tránsito fue crear una mano de obra sin acceso a la tierra y desempleada por definición. El proceso de abolición de la encomienda sirvió para crear una fuerza de trabajo “libre” obligada a trabajar a sueldo para conseguir aquello que sirve para pagar los impuestos. Los mercados nunca se han organizado de forma espontánea.

Referencias

Andrien, K. J. (1986). EL CORREGIDOR DE INDIOS, LA CORRUPCIÓN Y EL ESTADO VIRREINAL EN PERÚ (1580-1630). Revista de Historia Económica , Año IV Otoño 1986 n. 3 pp. 493--520.

Cajías de la Vega, F. (2005). Oruro 1781: Sublevación de indios y rebelión criolla. Institut français d’études andines.

Chez Checo, J. (2010). El sistema de encomiendas en. Clio, 165, 59-86.

de la Puente Brunke, J. (1992). El Tributo Indígena en la preucupación de un doctrinero del siglo XII: una carta ilustrativa. BIRA 19 (Lima):, 97-110.

de las Casas, B. (1552). Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

de Rojas, J. (1999). La moneda indígena y sus usos en la Nueva España en el siglo XVI. Estudios de historia novohispana, , Nº. 20, págs. 167-170.

Gil Montero, R. (2015). El tributo andino reinterpretado: El caso del corregimiento de Lípez. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 99, October, pp. 69-88.

Mengus Bornemann, M. (1994). Los títulos primordiales de los pueblos de indios. Revista de historia moderna, Nº 20, pag 207-230.

Olaechea Labayen, J. B. (1998). Una reina contra el sistema. Isabel la Católica y la esclavitud de los indios. Arbor, Vol 160, No 629.

Polanyi, K. (2016). La Gran Transformación. Barcelona: Virus Editorial.

Pollack, A. (2016). Hacia una historia social del tributo de indios y castas en Hispanoamérica. Notas en torno a su creación, desarrollo y abolición. Hist. mex. [online], vol.66, n.1 [citado 2020-07-10], pp.65-160.

Recopilación de leyes de los Reinos de Indias. Libro VI, Tit. V, Ley XL. (s.f.). Obtenido de Cervantes Virtual: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3_MuD-8LqAhUJA2MBHRQbD8oQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fresearch%2Frecopilacion-de-leyes-de-los-reinos-de-indias-mandadas-imprimir-y-publicar-por-la-mages

Salles, E., & Nocjovich, H. (2013). El Repartimiento real de Chucuito en el Virreinato del Perú: la tributación temprana y su evolución, 1539 - 1547. Fronteras de la HIstoria, Vol 18-2 pag. 47 - 75.

Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, G. (1618). Historia General del Perú. Córdoba: Viuda de Andrés Barrera.

 

Tres novedades editoriales en un mes

El vigor, la relevancia y la actualidad de la teoría moderna de la moneda son cada vez más evidentes. Así lo ponen de manifiesto tres novedades editoriales en dos idiomas en un mes. ¿Qué otra escuela de pensamiento puede alardear de este triplete?

Stephanie Kelton, profesora de la Stony Brook University, asesora económica de Bernie Sanders y economista de la segunda generación de la TMM, publica The Deficit Myth.

Su abordaje cambia drásticamente nuestra comprensión de cómo podemos abordar mejor los problemas cruciales que van desde la pobreza y la desigualdad hasta la creación de empleo, la ampliación de la cobertura de atención médica, el cambio climático y la construcción de infraestructura resiliente. Sin embargo, cualquier propuesta ambiciosa inevitablemente se topa con el rumor de cómo encontrar el dinero para pagarla, enraizada en los mitos sobre los déficits que nos obstaculizan como país.

Kelton rompe los mitos que nos impiden tomar medidas: que el gobierno federal debe presupuestar como si fuera un hogar, que los déficits dañarán a la próxima generación, que los déficits desplazarán la inversión privada y socavarán el crecimiento a largo plazo, que los derechos nos están impulsando hacia una grave crisis fiscal.

La TMM, como muestra Kelton, cambia el terreno de juego de las preguntas presupuestarias estrechas por otro de beneficios económicos y sociales más amplios. Con sus nuevas e importantes formas de entender el dinero, los impuestos y el papel crítico del gasto deficitario, la TMM redefine cómo usar nuestros recursos de manera responsable para que podamos maximizar nuestro potencial como sociedad. La TMM nos da el poder de imaginar una nueva política y una nueva economía y pasar de una narrativa de escasez a una de oportunidad.

Agustín Mario, profesor de la Universidad de Moreno, aborda, a partir del estudio de la estrategia para luchar contra la pobreza en la Argentina durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la idea de colocar al Estado como Empleador de Última Instancia (ELR, por su sigla en inglés). Su obra Teoría del Dinero Moderno y Empleador de Última Instancia es la primera que se publica en Argentina desde la perspectiva de nuestra escuela de pensamiento económico.

Si bien la literatura económica tradicional ha puesto en duda la viabilidad económica de un programa de esta naturaleza por su costo fiscal; y porque aún si se pudiera pagar –o si se financiase mediante un déficit fiscal-, un programa ELR sería inflacionario; el autor realiza un minucioso abordaje sobre las fortalezas y debilidades de un programa de esta naturaleza.

Con sustento en dichos análisis, el profesor MARIO, propone como alternativa beneficios de una garantía de empleo que podría lograrse a través de un Programa de Empleador de Última Instancia, brindando un aporte sustancial, desde el enfoque de la Teoría del Dinero Moderno (MMT por su sigla en inglés).

Pavlina Tcherneva, profesora asociada de Economía de la Bard College e investigadora del Levy Economics Institute, publica The Case for a Job Guarantee. Aunque aún no está disponible en las librerías, se espera que salga en las próximas semanas.

Una de las ideas más duraderas en economía es que el desempleo es inevitable y necesario para el buen funcionamiento de la economía. Este supuesto ha cubierto los devastadores costos sociales y económicos de la inseguridad laboral. También es falso.

En este libro, la experta de referencia, Pavlina R. Tcherneva, nos reta a imaginar un mundo donde el fantasma del desempleo se destierre y cualquiera que busque un trabajo digno y con un salario digno puede encontrarlo, garantizado. Este es el objetivo de la propuesta de Garantía de Empleo: proporcionar una oportunidad de empleo voluntario en el servicio público a cualquiera que lo necesite. Tcherneva enumera las muchas ventajas de la Garantía de empleo sobre el status quo y propone un plan para su implementación dentro del contexto más amplio de la necesidad de un New Deal verde.

Este manual básico es la guía definitiva de los beneficios de una de las políticas públicas más transformadoras que se discuten hoy. Es una lectura esencial para todos los ciudadanos y activistas apasionados por la justicia social y la construcción de una economía más justa.
Desde Red MMT felicitamos a los tres autores. La TMM está de enhorabuena.

Soberanía (monetaria) o barbarie

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el 12/05/2020

No se puede escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando se intenta, las motivaciones no suelen ser inocentes y las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta esquizofrenia monetario-fiscal suele ser una estratagema para limitar el poder del Estado sometiéndolo a instancias no democráticas.


La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado pero también en la jerarquía de Estados. El diseño de los mecanismos de creación y destrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre su distribución en la sociedad.

En el Estado capitalista se concede una licencia a las entidades bancarias, frecuentemente privadas, para que operen otro circuito monetario que se apalanca sobre el dinero del Estado. Éste se inicia con la concesión de crédito, lo cual implica la creación de depósitos o dinero bancario en el mismo acto, y se cierra con la amortización de los préstamos. Este mecanismo otorga un inmenso poder a la clase capitalista pues le permite decidir qué recursos se movilizan y qué actividades económicas se realizan. Pero al mismo tiempo, el sistema financiero capitalista genera inestabilidad pues encadena ciclos especulativos con prolongados períodos de depresión. El Estado capitalista crea grupos privilegiados con mejor acceso a la moneda para facilitar el proceso de acumulación.

El Estado, dotado de soberanía monetaria, puede compensar la inestabilidad del sistema financiero con una estricta supervisión bancaria y actuando de forma anticíclica gracias a su capacidad ilimitada de emisión que le permite pagar los “platos rotos” cuando una burbuja se pincha. Como dice Warren Mosler, no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que no pueda ser resuelta con un déficit lo suficientemente amplio. Sin el sustento de las instituciones monetarias y fiscales del Estado capitalista, el circuito monetario bancario sería mucho más inestable y quizás inviable. Escindir el circuito monetario-fiscal sirve para debilitar el control democrático sobre el sistema financiero y acentuar la inestabilidad financiera.
Solo quien ignora esta naturaleza dual de nuestro sistema monetario y fiscal podría haber diseñado la unión monetaria europea. En esencia, la eurozona ha demostrado ser un torpísimo experimento de esquizofrenia monetario-fiscal que ha socavado el control democrático y nos ha incapacitado para responder a las crisis financieras y económicas. No hacía falta más que mirar al continente africano donde la más antigua unión monetaria, la del franco CFA, ha sojuzgado a las antiguas colonias francesas condenando a su población a buscarse un futuro abriéndose las carnes en las concertinas de Ceuta y Melilla o afrontando una peligrosa travesía en patera.

La pandemia de la covid-19 y sus secuelas económicas van a exponer en toda su crudeza la pérdida de soberanía democrática y capacidad de respuesta de nuestro Estado. El euro nos hará más parecidos a esos Estados fallidos anclados en el subdesarrollo y menos a esos estados del Norte de Europa que ansiábamos ser.

La pandemia global ha sido como una bofetada a toda la sociedad. Todos recordaremos la experiencia de haber vivido bajo confinamiento durante dos meses; la pérdida de seres queridos; o el trauma de haber perdido empleos y negocios. La pandemia nos deja un legado sombrío en lo económico. Como en el mito de Sísifo, cuando ya creíamos que podríamos superar la tasa de desempleo anterior a la crisis de 2008, la piedra ha caído rodando hasta el fondo. Tendremos que empezar a empujar la piedra con una tasa de paro que fácilmente se nos irá a más del 20%. En España es probable que una de cada tres personas en edad de trabajar hoy no tenga empleo.

La pandemia ha reinfectado la herida mal cicatrizada que dejó la crisis de 2008. Es cierto que otros países van a experimentar una recesión importante que quizás devenga en gran depresión. Pero pocos serán tan azotados como las grandes economías del Sur europeo. Las tres penínsulas meridionales se han convertido en los enfermos de Europa. Desde la anterior crisis económica, su crecimiento económico ha tenido poco lustre. Las políticas de austeridad y devaluación interna han erosionado su cohesión social, han debilitado la capacidad de actuación de sus estados y han cegado cualquier ruta de desarrollo industrial o económico que no sea la mera repetición de viejos tropos de un tejido económico obsoleto, productor de un valor añadido menguante. Altas tasas de desempleo y emigración son los precios que, sobre todo, están pagando los jóvenes.

No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional. Nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. Comprometimos así la capacidad de controlar el sistema financiero ya que carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. Tras la pandemia volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada.

La crisis es pues estructural y se comprende mejor como parte de un proceso secular de concentración del poder económico en el Norte de Europa. Estamos condenados a convertirnos en una periferia cada vez más irrelevante. La pandemia es solo un factor acelerador de este proceso irreversible de decadencia.

Nuestras élites, apocadas y serviciales con el hegemón europeo, se sienten incapaces de encontrar dentro de sí mismas las soluciones para impulsar una respuesta. El armazón institucional europeo es una camisa de fuerza que no ofrece alternativas. El artículo 135 de la Constitución Española exige que nuestras cuentas públicas tengan un saldo inferior a un déficit estructural equivalente al 0,40% del PIB. Resulta bizarra una exigencia legal que condiciona un saldo contable de las cuentas públicas a una cifra imaginaria pues ese déficit estructural corresponde al que nuestra economía tendría teóricamente en una situación de pleno empleo. El problema es que para calcular este déficit estructural se emplea otro concepto igualmente inaprehensible llamado tasa “natural” de desempleo. El bizantino diseño de las reglas fiscales europeas ha trocado objetivos reales por otros imaginarios: ya no se busca el pleno empleo o el desarrollo económico sino cuadrar un saldo contable. Este año las autoridades europeas permitirán un breve paseo por el patio de la cárcel pero pronto tendremos que retornar a la celda.

Sánchez y sus ministras no pueden ignorar que su éxito electoral depende de una buena gestión de la crisis pospandémica. Saben también que necesitan más fondos para gestionar los escudos sociales y programas de reconstrucción que evitarían la ruina de este país. Pero sin soberanía monetaria no podemos crearlos, tenemos que conseguirlos de alguna fuente externa y eso nos reduce a la posición del mendigo.

Una opción es aplacar al “dios Mercado” pero será imposible presentar unas cuentas “saneadas” que haga atractivas nuestras emisiones de deuda pública. De allí el interés en resucitar los eurobonos, recientemente rebautizados como ‘coronabonos’, que consisten en emisiones mutualizadas de la deuda de los países del Sur, percibidos como menos solventes, y la deuda de los países del Norte con cuentas públicas más saneadas. Los países del Norte se han negado a complacer a Conte y Sánchez. Parece aún más inverosímil que tal propuesta salga adelante si tenemos en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca de las operaciones de compra de deuda por el sistema de bancos centrales europeos. El Norte quiere nuestros mercados pero no quiere crear mecanismos redistributivos que hagan sostenible el desequilibrio comercial.

Los países septentrionales, menos afectados por la covid-19, nos han ofrecido una propina: unos préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Conviene aclarar que todos los países de la zona euro contribuyen a los fondos de los que salen los préstamos, incluidos Italia y España, en función de una clave de reparto. El fondo dotado para cubrir solo gastos sanitarios derivados de la pandemia asciende a 240 mil millones de euros a los que España aporta en proporción a la ponderación de su PIB dentro de la eurozona. Se estima que podría solicitar hasta el equivalente del 2% de su PIB o unos 24.000 millones €. Teniendo en cuenta que tendremos que aportar el 11,9% de los fondos, no acierto a ver dónde está el negocio para España, sobre todo si tenemos en cuenta la condicionalidad que implicarán en el futuro.

Es cierto que nos han dicho que este año no habría condicionalidad pero no olvidemos que se firma un memorando de entendimiento con potencias foráneas. Es probable que el Gobierno de España acepte esta oferta de rescate que socavará nuestra soberanía en perjuicio del Parlamento que debería ser la única instancia en la que se acordaran nuestros límites de gasto público. Recordemos que, en caso de que hubiera que renegociar condiciones con los acreedores de la deuda pública española, podría ser el MEDE quien se convirtiera en nuestro representante ante los acreedores en lugar del Gobierno de España. En todo caso, este instrumento no empieza a cubrir las necesidades financieras de un verdadero plan de reconstrucción económica.

La opción más acertada, dentro del marco de la eurozona, sería recurrir a la facilidad que ha ofrecido para este año el Banco Central Europeo (BCE) que ha anunciado que compraría hasta 750 millardos de euros de títulos de deuda pública. Este programa permitiría colocar las emisiones de deuda pública española sin muchas dificultades en el mercado primario pues los operadores sabrían que al día siguiente el BCE estaría dispuesto a comprar gran parte de ella.

Sin embargo, nuestra democracia también queda en suspenso si aceptamos esta oferta. En esencia, se nos dice que nuestros niveles de gasto público y endeudamiento pueden ser mayores o menores en función de la opinión o el humor de los responsables del emisor de la zona euro, una entidad independiente de los Estados. La cuestión no es trivial. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Alemania, en un pronunciamiento de un caso sobre las competencias del BCE iniciado por conservadores de ese país, exigió al BCE que justificara su programa de compra de activos. El Constitucional alemán considera que la respuesta que le dio hace dos años el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) no era clara y por tanto ha interpelado al BCE directamente. También han ordenado al Bundesbank que deshaga sus posiciones en títulos de deuda púbica adquiridas dentro de los programas de compras de activos del BCE. Son más de 500 mil millones de € cuya súbita salida al mercado elevaría primas de riesgo y trastocaría los mercados de deuda. El caso pone de relieve la posición subalterna de países como España. Los conflictos de competencias que se están dirimiendo entre el TJUE y el tribunal alemán nos exponen a una crisis financiera que amenaza la viabilidad de nuestros planes de rescate.

Salir de la crisis pospandémica requerirá movilizar todos aquellos recursos que el sector privado, en este momento, no desea o no está en condiciones de movilizar. Cuando acabe la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. Sin duda, el Estado podría movilizar a una parte de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la demanda predecible que requiere el sector privado invitándolo a participar en proyectos dirigidos a conseguir una transformación de nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado.

Las tres soluciones para el reto de financiar un plan de reconstrucción —coronabonos, MEDE, programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español. Todas exigen el plácet de los mercados financieros, de potencias extranjeras o de un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes.

Bastaría con tener un banco central propio, un plan de desarrollo ambicioso y la determinación de llevarlo a cabo para convertir a España en uno de los más prósperos países del planeta. Pero tal osadía no está en los planes de nuestro gobierno ni de los partidos políticos.

Hace décadas que las élites de este país decidieron renunciar a gobernarnos y prefirieron entregarles a otros la soberanía. Les resultó conveniente desmantelar el sector público empresarial e iniciar un proceso de ‘modernización’, el eufemismo para referirse a un conjunto de reformas estructurales que liberalizan los mercados y suprimen derechos de trabajadores. El proyecto europeo sirvió de meta y justificación de lo que las élites querían para este país. Eso suponía someter nuestra política económica a la voluntad de potencias de mayor rango y conformarse con aceptar un papel subalterno en Europa, integrando nuestras empresas en las cadenas de valor europeas en escalones intermedios o bajos. La pérdida de soberanía se completó con la entrega de nuestra divisa y la renuncia a un banco central propio y se disimuló con la elección de diputados a un Parlamento europeo que actúa como mero sancionador de las decisiones que toman los Estados hegemónicos.

La sociedad española ha pagado un altísimo precio en términos de bienestar, oportunidades profesionales y desarrollo económico. Las instituciones europeas no gobiernan en pro del pueblo español sino a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas. La primera gran recesión de este siglo, con el giro a la austeridad impuesto en 2010 desde Bruselas, Fráncfort, París y Berlín, debió dejar esta realidad meridianamente clara.

Las élites españolas se han convertido en los mayorales de la finca germánica. No son capaces de concebir ninguna solución que no provenga de sus superiores jerárquicos. Para los políticos españoles las soluciones a nuestros problemas sólo pueden proceder de una potencia extranjera. La actitud suplicante, las apelaciones a la solidaridad entre países que comparten un proyecto europeo, concluyeron con los humillantes comentarios de los holandeses cuyo primer ministro prefiere contentar a un pueblo que busca en nosotros el chivo expiatorio para los daños causados por el neoliberalismo.

El tribunal alemán ha demostrado que su país es capaz de apretar el detonante de la disolución del euro si interesa a sus élites. En Alemania se está desarrollando una batalla entre ultraconservadores hostiles al euro, con creencias erróneas sobre la función de la política monetaria y mitos arcaicos sobre el ahorro, y oligarcas exportadores, que conocen que su éxito comercial depende de seguir explotando los mercados del Sur para lo que necesitan la moneda común. La batalla sin duda se saldará a favor de éstos, por ahora, y la moneda común durará mientras estos mercados se puedan seguir explotando. Pero lo que nunca permitirán las élites alemanas será el desarrollo de un competidor en el Sur.

Desde la Asociación Red MMT hemos emitido un Manifiesto con cinco propuestas que serían eficaces para sacarnos del marasmo de normas fiscales. Su aplicación requiere de un ejercicio de soberanía. Solo falta la voluntad de erguirse del pueblo español y, sobre todo, de sus dirigentes.