El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma legal que permitiría al Estado promover un fondo de pensiones gestionado por entidades financieras privadas.
Este modelo implica que los trabajadores destinarían una parte de su ahorro a su propia jubilación. De esta manera quienes tienen mayores retribuciones ahora gozarán de mejores pensiones en el futuro. Pensiones dignas para las personas de mayor renta, pensiones básicas para los demás. No nos parece mal que a nivel individual las personas decidan ahorrar para mejorar su calidad de vida en el futuro pero nos preocupa que se haga en detrimento del sistema de aportación definida actualmente vigente.
Lo que nos repugna es que el Estado destine dinero público a estos fondos. Es decir, en vez de utilizar sus presupuestos para mejorar la vida de las personas hoy, se dedicará a meter dinero en la especulación financiera.
No hay ninguna justificación económica para que el Estado se dedique a especular en los mercados financieros. Nada compromete la capacidad financiera del Estado para pagar pensiones en el futuro porque siempre tiene la capacidad de crear nuevo dinero.
Lo que debe preocupar al Gobierno es planificar desde ya los recursos necesarios para atender las necesidades de las cohortes del baby boom que se jubilarán en unos años. Es decir, debe de planificar la construcción de plazas de residencias y la contratación y formación de personal sanitario y cuidadores para atender a las personas mayores.
Los países europeos han padecido desde 2008 dos períodos de convulsión económica: la crisis financiera global y la crisis pandémica. En cada uno de ellos hemos oído que, esta vez sí, se iba a replantear el modelo neoliberal. Pero en cuanto las aguas regresan a su cauce, las élites recuperan la sangre fría y los arrepentimientos proferidos en momentos de flaqueza se olvidan rápidamente.
El proyecto neoliberal avanza shock a shock. Así fue como la crisis financiera global permitió introducir una reforma laboral que ha sido instrumental para la represión salarial en el proceso de conversión de la economía española en una neta exportadora bajo el modelo mercantilista postulado por la Unión Europea. La crisis pandémica podía haber servido para replantear la globalización extrema que ha fragilizado nuestras cadenas de suministro, proponer una reducción permanente de la frenética actividad causante de la crisis climática o invertir en la recuperación de nuestro deteriorado estado del bienestar. Pero esta no es la salida que ha planteado el equipo económico de Pedro Sánchez.
Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá constituyen un grupo cohesionado por la solidez doctrinal en torno al pensamiento económico neoclásico. Han sabido mover sus fichas con destreza, anticipándose a sus socios de gobierno para proponer un plan de recuperación financiado con fondos “europeos”, que al no ser nacionales, permiten condicionarlo al proyecto político de la UE. Acceder a los fondos Next Generation EU exigía presentar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea.
Escrivá ha conseguido colocar a través de ese instrumento —y mucho alarmismo sobre su sostenibilidad— la reforma de las pensiones que venía persiguiendo desde que dirigía la AIReF. En el PRTR ya estaba la “creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”. El sistema de pensiones de Escrivá tiene tres patas: una pública con un carácter progresivamente residual; una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa; y una tercera en el fondo de pensiones de empleo de promoción pública.
El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa
La propuesta había pasado desapercibida enterrada un documento extenso y de lectura farragosa. Pero ya no podemos ignorarla. El 4 de marzo se registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Este proyecto contempla la promoción pública de fondos de pensiones.
Un modelo socialmente regresivo
Es desconcertante que la noticia haya sido acogida con indiferencia en la opinión pública. El modelo propuesto es análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.
El modelo público de reparto y de prestación definida pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva. En un modelo de capitalización esto no ocurre puesto que las aportaciones al fondo de pensiones serán mucho mayores para las personas que perciban retribuciones más elevadas. El resultado de la generalización de este modelo será una segregación entre perceptores de pensiones dignas —las complementadas con las percepciones del fondo público de pensiones— y perceptores de pensiones públicas básicas. El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional.
El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí
Inicialmente el tamaño del fondo será pequeño pero no importa cuán irrelevantes sean ahora las aportaciones de las administraciones públicas al fondo. Se abre la veda para que un próximo gobierno conservador priorice las aportaciones a los fondos de pensiones sobre el sistema de reparto y aportación definida.
Es crucial entender que este dinero saldrá de los presupuestos generales sin incrementar el bienestar presente de ningún colectivo. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a los salarios de las plantillas del sector público. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social. Dadas las restricciones institucionales que imponen los tratados de la UE al gasto público resulta indecente que una parte acabe colocada en inversiones bursátiles, contribuyendo a hinchar burbujas financieras, en lugar de atender necesidades sociales perentorias.
Estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero. ¿Qué pasa si las personas ahorradoras pierden una parte considerable de los derechos consolidados debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Los sistemas de pensiones públicas carecen de este riesgo. Que Escrivá presente este modelo de capitalización como sostenible es, pues, un sarcasmo.
La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy
El proyecto de ley no oculta la intención de fomentar el desarrollo del negocio financiero. En la exposición de motivos de la ley se expresa sorpresa por “el estancamiento del patrimonio de los planes de pensiones de empleo desde 2012” y porque el “nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1 por ciento de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 por ciento de la población activa ocupada”. No debería sorprender. La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy.
Los gestores de fondos languidecen en el estancamiento pero la reforma de Escrivá les echa un capote. El fondo de promoción pública supondrá la contratación de una entidad gestora y de una depositaria. Las entidades financieras accederán además a una masa de ahorro financiero, parcialmente creado a través de aportaciones de las Administraciones Públicas.
El cuestionamiento permanente de las pensiones públicas
El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Se utiliza el dato de las crecientes tasas de dependencia, la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). La inminente jubilación de las cohortes nacidas durante el ‘baby boom’ se presenta como el apocalipsis de las pensiones.
El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones
Pero este alarmismo parte de una comprensión errada de los sistemas de pensiones públicas. Estos son un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Su sostenibilidad depende por tanto de que tal excedente exista, es decir, de que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente como generarlo. La productividad de la economía española actual sobra para mantener a la población dependiente. Si lo que se cuestiona es esa capacidad, entonces se debe planificar desde ya la construcción de las infraestructuras necesarias y la formación y contratación del personal especializado en los cuidados de las personas mayores.
Una preocupación sincera por el bienestar de las personas jubiladas del futuro implica, por ejemplo, dotar a nuestro sistema de bienestar con plazas residenciales y personal sanitario suficientes. Con más de un 40% de desempleo juvenil no parece que el Estado esté trabajando en esa línea. Prefiere dejar que el desempleo crónico descapitalice a la población trabajadora erosionando así la productividad futura de nuestra economía.
Argumentos espurios
El proyecto de ley es víctima de mitos como que el “aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva”. Cae en una de las más burdas falacias de la composición. El ahorro individual efectivamente permite que un individuo pueda contar con más poder de compra en el futuro. Pero si todos decidimos aumentar nuestro ahorro simultáneamente, lo único que conseguiremos es que las empresas vendan menos creando un entorno desfavorable a la inversión. Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.
Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro
Las restricciones financieras que preocupan a Escrivá son puramente imaginarias puesto que el Estado tiene la capacidad de crear poder de comprar y transferirlo a la población dependiente de forma ilimitada. Ninguna política presupuestaria realizada hoy por el Estado afectará a su capacidad de pago en el futuro. Tampoco la creación de instrumentos, privilegiados fiscalmente, para la colocación del ahorro individual es una solución.
No tenemos ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en productos financieros si así lo desean. Lo que nos preocupa es que se destine dinero público a los mercados financieros y la amenaza de la segregación clasista en nuestro estado del bienestar. Disfrutar de una pensión digna no debe depender de la capacidad de ahorro individual.
Me pregunto si la recuperación económica tras la pandemia es tan vigorosa como nos dice el Gobierno. ¿Podría haber sido mejor?
Analizo las consecuencias de una decisión del Banco Central Europeo: no comprar más deuda pública española.
Principales conclusiones
Se ha producido un rebote de la producción esperable en 2021. No
podía ser de otro modo pues en 2020 muchos sectores no pudieron producir
por culpa de los confinamientos decretados durante la pandemia.
En la anterior crisis económica, iniciada en 2009, se respondió con
políticas de austeridad que la alargaron innecesariamente. Una lección
valiosa de esta crisis pandémica es haber dejado que funcionasen los
‘estabilizadores automáticos’ lo cual ha facilitado este rebote.
NOTA: Los ‘estabilizadores automáticos’
son elementos de los presupuestos del gobierno que actúan de forma
contraria al ciclo económico. Por ejemplo la recaudación de impuestos
cae dejando más dinero en el bolsillo de la gente o suben algunos gastos
públicos tales como las prestaciones de desempleo. Actúan de forma de
compensan la caída en la producción del sector privado.
El Gobierno no acompañó la caída de impuestos con un recorte de gastos y eso ha sido beneficioso.
El Gobierno podía haber hecho una política más ambiciosa (gastar más
o bajar impuestos) para que la recuperación fuese más rápida. De hecho
somos los rezagados de la UE.
Algunas personas creen que hay una inconsistencia entre los datos de
la producción y los del empleo. Fueron mucho mejores los datos de
reducción del paro y creación de empleo que los del aumento de la
producción.
Sin embargo hay algunos síntomas tempranos de agotamiento de este
rebote. Debemos esperar a que haya más datos para llegar a una
conclusión definitiva.
Tras el final de los confinamientos pandémicos se han producido
aumentos de precios causados por dificultades en restablecer las cadenas
logísticas, atender la avalancha de pedidos por compras que no se
pudieron hacer entonces y subidas en los precios de la energía.
Algunos economistas ortodoxos han iniciado una campaña histérica
sobre las subidas de precios e incluso han cometido la torpeza de
atribuirlas a los aumentos de deuda pública que inevitablemente
acompañaron a las políticas aplicadas para contener la caída de la
producción.
Esta política se pudo hacer porque el Banco de España compró toda la
deuda pública que emitió el Tesoro de España. Pero esto no es ningún
motivo de alarma: esa deuda se la debe el bolsillo izquierdo del Estado
al bolsillo derecho del Estado. A cambio hay más dinero en el sector
privado.
Sin embargo una amenaza se cierne sobre nosotros: el Banco Central
Europeo ha dicho que no va a comprar más deuda de nuestro Estado. Esto
ha provocado una subida del tipo de interés que tiene que pagar el
Estado por su deuda. Me parece un cinismo terrible que el Banco Central
Europeo deje en cero el tipo de interés que pagan los bancos pero deja
que suba el tipo de interés que pagan los gobiernos.
Esta decisión del Banco Central Europeo compromete la capacidad de
nuestro gobierno para aplicar políticas que ayuden a la recuperación
económica española y deben ser denunciadas.
¿Qué se puede hacer?
Denunciar la política irresponsable del Banco Central Europeo en
contra de los Gobiernos y señalar que nos trata peor que a los bancos.
Y, como siempre, recordar una vez más la importancia de recuperar
nuestra moneda, la peseta. Sin nuestra moneda no podemos prosperar.
«desaparecen las compras del BCE la prima de riesgo volverá a casa como el turrón por Navidad.
Su decisión es un aviso a navegantes: más vale que las administraciones
públicas vayan reduciendo sus posiciones deficitarias. Las políticas de
estímulo fiscal se acaban y volvemos a las de austeridad, deflación y
altos niveles de desempleo.»
Recientes acontecimientos quizás me estén dando la razón. Pero, para
entender por qué, analicemos brevemente la coyuntura macroeconómica
española. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha
publicado algunos datos macroeconómicos correspondientes al último
trimestre de 2021 que sugerían que la recuperación económica tras la
pandemia iba por buen camino.
Un rebote que era esperable.
Según la estimación del INE el PIB creció un 5,2% en 2021. Sin duda
sería un buen dato en cualquier otro año. Pero debe ser matizado al
compararlo con el colapso del año anterior provocado por el cierre
forzoso de amplios sectores de la economía. Si el PIB cayó un 11% en
2020, recuperar un 5,2% implica que seguimos por debajo del nivel de
producción registrado en 2019. Un rebote que era más que esperable. Lo
que debemos analizar es si esa recuperación podría haber sido más
rápida. El hecho de que muchos otros estados avanzados ya hubiesen
recuperado el nivel del PIB de 2019 a finales de 2021 así lo sugiere.
El siguiente gráfico muestra cómo ha variado el PIB para los estados
miembros de la UE desde 2019, poco antes de que nos golpease la
pandemia. La línea roja indica el nivel de producción cuarto trimestre
de 2019. Es un listón que tenemos que recuperar cuanto antes. Las barras
verticales azules indican el nivel de producción de cada estado en el
tercer o cuatro trimestre de 2021. Muchos no han facilitado a EUSTAT su
dato más reciente por lo que he tenido que utilizar el del anterior.
Esto hace la comparación más desfavorable para el Gobierno de España
porque significa que muchos ya habían recuperado el nivel de producción
anterior a la pandemia en el tercer trimestre. Parece que España
necesita más trimestres para la recuperación.
Ilustración 1. Fuente: eleaboración propia a partir de datos de EUSTAT
Cierto es que España está entre los países que sufrieron las mayores
caídas del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2020, lo
cual se puede explicar por el draconiano confinamiento aplicado en ese
trimestre y nuestra excesiva dependencia del turismo. (¡Ojo! no pienso
que ese confinamiento no debió hacerse, todo lo contrario, pero debió
acompañarse de una política fiscal para tiempos de crisis grave).
Las políticas de sostenimiento de rentas y los
‘estabilizadores automáticos’ (fundamentalmente los ERTE y dejar actuar
la caída de la recaudación) paliaron en parte la caída del PIB.
Las políticas de sostenimiento de rentas y los ‘estabilizadores
automáticos’ (fundamentalmente los ERTE y dejar actuar la caída de la
recaudación) paliaron en parte esa caída. Pero queda la duda de
si no se podía haber hecho más para amortiguar la caída. De hecho países
que sufrieron caídas similares a las de España como Portugal, Reino
Unido o Hungría ya han recuperado la producción de 2019 o están muy
cerca de conseguirlo. Lo menos malo que se puede decir de la
actuación del gobierno español es que podría haber sido mejor. La
Ministra Calviño —como saben los lectores de nuestro sitio, una de
nuestras favoritas en RedMMT— auguraba que España sería uno de los Motores de Crecimiento en 2022
y que un crecimiento del 6,5% en 2021, previsión que nosotros
cuestionamos hace unos meses. Es el conservadurismo fiscal de la propia
ministra el que impide que se realicen sus augurios.
Por otra parte llama la atención que la mayor parte del crecimiento
del último trimestre de 2021 se atribuye a las exportaciones y a la
inversión. En cambio el consumo de los hogares, que había tirado del PIB
en trimestres anteriores —gracias a una bolsa de ahorro acumulada en
los hogares durante el confinamiento y las ganas de gastarlo una vez
concluido confinamiento— cayó respecto al trimestre anterior. Dado que
el 4º trimestre es el de la campaña navideña esto sugiere que el poder
de compra ha perdido fuelle aunque ha podido influir también la sexta
oleada de la pandemia. También, y esto es más preocupante, cayó
el gasto público. Esto indica una prematura retirada de estímulos
fiscales que, unida a una recaudación tributaría récord, podría
comprometer la capacidad de ahorro del sector privado.
Recuerden también que desde Red MMT hemos criticado la lentitud e
insuficiencia de los fondos Next Generation en los que tanto confían
Pedro Sánchez y su equipo económico para la recuperación económica.
Tabla 1. PÎB Volumen encadenado. Tasas de variación intertrimestral (%). Fuente: INE
La encuesta de población activa
del cuarto trimestre de 2021 aportó mejores noticias. En el último
trimestre aumentó el número de personas ocupadas en 153.000 y, en todo
el año, se han creado más de 800.000 puestos de trabajo. De esta forma hemos superado el número de empleados que había a finales de 2019.
La buena noticia queda parcialmente oscurecida por el hecho de que el
número de personas que abandonaron la actividad –ni trabajan ni buscan
empleo- ha superado ampliamente el número de personas que se
incorporaron al mercado de trabajo. Tampoco nos parece positivo que,
ante la evidente descapitalización de las plantillas del sector público y
las altísimas tasas de desempleo que aún asolan este país, se haya
decidido prescindir de 8.500 empleados.
Sin embargo recomiendo cautela. El análisis de los balances sectoriales
muestra que el sector público alcanzó un pequeño superávit en el tercer
trimestre de 2021 lo cual sugiere un posicionamiento fiscal
excesivamente conservador que parece haber dado por terminada una crisis
que ni mucho menos puede considerarse resuelta. Recuérdese que un
ahorro del gobierno es siempre equivalente a un endeudamiento o
desahorro del sector no estatal. Solo el superávit comercial ha
permitido que el sector privado doméstico ahorrase durante el tercer
trimestre de 2021. Socavar el ahorro privado no es lo más conveniente
para estimular la demanda agregada de la economía española en estos
momentos.
Ilustración 2. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.
Por otra parte un indicador adelantado, el Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de España de Markit, cayó debajo del umbral 50 en enero. Este índice se basa en encuestas a gerentes de compras del sector privado. «Lecturas
por encima de 50 indican el crecimiento de la economía y pueden tener
un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por
debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores
a 42, una posible recesión. El excesivo conservadurismo fiscal del
gobierno podría abortar la recuperación económica».
A diferencia de la crisis financiera global (CFG)
iniciada en 2009, en esta ocasión se evitó el error de esa política de
austeridad draconiana que entonces la prolongó innecesariamente.
En definitiva, los datos del cuarto trimestre de 2021 no fueron
malos. Pero, sí, habríamos deseado una política fiscal más ambiciosa del
Gobierno español. Al fin y al cabo, según la EPA, la tasa de paro sigue
superando el 13%. Pero se pueden extraer lecciones importantes de la
gestión de la crisis pandémica. A diferencia de la crisis
financiera global (CFG) iniciada en 2009, en esta ocasión se evitó el
error de esa política de austeridad draconiana que entonces la prolongó
innecesariamente. No se acompañaron las caídas de recaudación
con recortes de gasto y se aplicó una política de sostenimiento de
rentas que ayudó a conseguir un rápido rebote de la economía.
Pensamos que estas subidas de precios serán transitorias puesto que los problemas logísticos acabarán por resolverse.
El índice subyacente, que excluye a los componentes más volátiles como
energía y alimentos, ha repuntado un poco, lo cual sugiere alguna
transmisión a otros precios de las tensiones en el mercado energético,
pero sigue estando en torno al 2%. Tampoco creemos que el cártel de
países productores de petróleo seguirá subiendo los precios del barril
mucho más. Tarde o temprano se resolverá el problema de Ucrania que está
dificultando el suministro de gas natural y cuyo precio tanto influye
en el de la luz.
Pero lo más importante es entender que no se dan las circunstancias
para que se produzca una espiral de precios-salarios como la de los años
70. La clase trabajadora, acuciada por altas tasas de desempleo y
escasamente sindicalizada, no tiene capacidad para recuperar el poder
adquisitivo perdido por lo que se comerá la inflación de los últimos
meses. Un primer atisbo de moderación de los precios lo vimos en enero
cuando cayeron los precios un 0,4% respecto al mes anterior. Una
golondrina no hace verano pero este dato podría marcar un cambio de
tendencia.
Hemos comentado además que la demanda de los hogares ha caído el
pasado trimestre así como el gasto público. Por todas estas razones
resulta sorprendente que en círculos de economistas neoclásicos se empieza a levantar la voz de alarma y exigir una política monetaria más restrictiva. Esto no tiene ningún sentido por varias razones.
En primer lugar, sabemos que subir los tipos de interés no va a
conseguir que los productores de petróleo y gas natural bajen sus
precios. Tampoco conseguirá que se resuelvan los problemas logísticos.
En segundo lugar, Warren
Mosler ha planteado una hipótesis razonable: los tipos de interés
funcionan al revés de como los imagina el pensamiento mainstream,
consiguen aumentar los precios por los efectos de renta y por su impacto
en la formación de precios a futuro. En todo caso la evidencia empírica
muestra muchos casos de países donde subir tipos de interés no consigue
abatir la inflación. También sabemos que bajar los tipos de interés no
desencadena necesariamente un boom de la inversión. ¿Ejemplos? España en
los últimos diez años. Recae sobre los economistas neocláscos la carga
de la prueba: tiene que demostrar su axioma —bajar tipos de interés
conduce a una caída de la actividad económica— y, más importante, ¿por
qué eso sería deseable en estas circunstancias?
En su retorcida teoría, esa caída de la inversión crearía desempleo y
así se conseguiría abatir la inflación reduciendo el consumo de todos.
Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué sentido tiene responder a estas
subidas de precios reduciendo la producción doméstica? Ninguno, pero
los economistas ortodoxos son como perros de Pavlov: en cuanto ven que
el IPC aumenta una décima se ponen a salivar pensando en las mayores
rentas que el Estado va a transferir a las grandes fortunas en pago de
intereses. Dinero gratis a cambio de no hacer nada. Una renta básica
para billonarios. ¿A qué billonario no le gustaría?
Aviso a navegantes.
El Banco Central Europeo parece coincidir con mi análisis y ha comunicado que no subirá los tipos de interés…a los bancos.
Entonces todo está bien. El Gobierno puede seguir con políticas fiscales anticíclicas ¿no?
No tan deprisa. Recuerden que estamos en la zona euro y que España carece de soberanía monetaria.
El Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, no trabaja
en pro del bienestar de la ciudadanía de esta castigada península. En
una reciente nota de prensa
el BCE dijo que mantiene su previsión de que la inflación volverá a su
objetivo del 2% y que no piensa subir los tipos de interés a los bancos.
Pero el BCE sí anunció el pasado 3 de febrero que daría por
finalizado el programa de compras de emergencia pandémica en marzo y que
reduciría también las compras del programa APP gradualmente hasta cancelarlo en 2023.
Pero el BCE sí anunció el pasado 3 de febrero que daría
por finalizado el programa de compras de emergencia pandémica en marzo y
que reduciría también las compras del programa APP gradualmente hasta
cancelarlo en 2023. Esto es preocupante.
Recordemos que las compras del Banco de España autorizadas por el BCE
han hecho posible que la deuda pública española se apreciara
librándonos de la vigilancia de los mercados.
NOTA:
existe una relación inversa entre precio y rendimiento de un título de
deuda. Si el precio cae en el mercado, como el tipo de interés es fijo,
el dueño de ese título obtiene un mayor rendimiento en relación al
precio que ha pagado. Si el rendimiento que exige el mercado sube
entonces el Tesoro tiene que emitir nuevos títulos de deuda que pagan un
interés equivalente.
Recuerden que antes de que el Banco de España empezara esas compras
la prima de riesgo —la diferencia entre el rendimiento que paga un bono
español y el que paga un bono alemán, percibido como el de riesgo más
bajo— había escalado a más de 6 puntos. La prima de riesgo comprometía
la solvencia del Estado Español.
Desde que inició sus compras en 2012 nuestro gobierno ha podido
respirar con cierta tranquilidad aunque esta ayuda del BCE estuvo
condicionada a la aplicación de políticas fiscales “prudentes” que han
impedido una recuperación rápida de la crisis financiera global.
Gracias a esas compras actualmente el Banco de España ya es titular del 33% de la deuda del Tesoro. Es decir el Banco de España ha comprado toda la deuda que emitió el Tesoro.
Tranquilos porque esa deuda ahora se la debe el Estado a sí mismo.
Pero, desde que comunicó su decisión de seguir apoyando a los bancos
pero no a los estados el rendimiento del bono español a 10 años no ha
dejado de subir. En menos de dos semanas ha pasado de 0,60% a 1,3%.
La decisión del BCE compromete la capacidad del Gobierno español para aplicar políticas anticíclicas vigorosas.
Ilustración 4. Tipo de interés del bono a 10 años. Elaboración propia a partir de datos de mercado
La decisión del BCE compromete la capacidad del Gobierno español para aplicar políticas anticíclicas vigorosas.
Por ahora un tipo de interés del 1,3% es perfectamente asumible.
Simplemente bancos y fondos de inversión recibirán más pasta del
Gobierno. Es socialmente regresivo pero soportable. Puede repugnar que
unas pocas grandes fortunas reciban más dinero que todos los perceptores
del ingreso mínimo vital juntos pero ése es el resultado de las recetas
neoclásicas. Lo preocupante es el mensaje que lanza el BCE: “os dejamos a merced de los mercados así que vayan ajustando las cuentas públicas.”
Esta ominosa advertencia ha sido acompañada de una inoportuna
recomendación de Gueorguieva, la sucesora de Christine Lagarde en el
Fondo de Miseria Instantánea, perdón, Fondo Monetario Internacional, para que España entre en una senda de reducción de déficit. Nuestra ministra favorita, Nadia Calviño, preside ahora el Comité Monetario y Financiero del FMI. No puede ser ajena a esta recomendación. Tenemos al lobo guardando a las ovejas.
Los economistas mainstream habían aprendido algunas cosas de la
crisis anterior pero no tantas y siguen con reacciones pavlovianas a las
subidas de precios. Una lástima.
Como siempre, desde Red MMT denunciamos la futilidad y estupidez de
subir los tipos de interés y seguimos recordando la urgencia de
recuperar la soberanía monetaria.
Hay un problema de subidas de precios pero no hay un problema de
inflación. Al menos si nos atenemos a la definición académica como un
proceso continuado en el tiempo de alzas de precios o, visto de forma
recíproca, como la caída continuada en el tiempo del valor de la moneda.
Es cierto que, en los dos últimos meses, el Índice de Precios al Consumo ha marcado ascensos del 5,5%, tasas que no se veían desde hace más de dos décadas.
Ilustración 1. IPC noviembre de 2021 (fuente INE)
Pero las causas están sobradamente identificadas y explicadas por el
Instituto Nacional de Estadística en su boletín mensual. Los grupos con
mayor impacto en este aumento del índice fueron la vivienda (por los
costes de la energía y la electricidad) y el transporte de pasajeros.
Ambos recogen el impacto de las alzas que han experimentado el petróleo y
el gas natural. Recordemos que en 2020 el precio del barril de petróleo
se hundió a mínimos históricos. No había ni espacio físico para
almacenar los barriles. El rebote era bastante previsible. Pero el
proceso parece que se está agotando. Tras
el anuncio de los países productores de que incrementarían gradualmente
la producción, aunque no tanto como querrían los EEUU, y el enfriamiento de expectativas causado por el rebrote de la pandemia el precio ha empezado a descender.
El alza del precio del gas ha impactado, a través del sistema de casación de precios marginalista, en el precio del Kw h.
Tras alcanzar un máximo en EEUU ha empezado también a caer. Sin
embargo, en Europa las tensiones con Rusia a cuenta de Ucrania y
Bielorrusia, las presiones de EEUU para evitar la construcción del
gasoducto NordStream 2, la falta de buques para transportar gas a los
puertos europeos y el invierno en ciernes conspiran para que el precio
en los mercados europeos se desvincule del americano y siga registrando
máximos. Difícilmente pueden considerarse estos problemas,
fundamentalmente de origen político, como un fenómeno monetario. Ese
desacoplamiento en los precios de EEUU y Europa ha generado una
oportunidad de arbitraje. Se
conocía ayer que buques cargados de gas dirigidos a puertos de EEUU se
han desviado a Europa donde los compradores estaban dispuestos a pagar
más. Yo apostaría por que en un par de meses empiece a caer el precio del gas natural en Europa también.
Ilustración 3. Precio del gas natural en EEUU. (Fuente Ycharts)
Figura. 4: precios del gas natural en el mercado europeo (Fuente: Trading Economics)
Añádanse algunas dificultades logísticas causadas para
restaurar las cadenas logísticas tras los confinamientos y cierres del
tráfico internacional del año pasado y probablemente la mayor
parte de las tensiones en los precios quedan satisfactoriamente
explicadas. El siguiente gráfico muestra de forma dramática la evolución
de los inventarios durante la pandemia. Es evidente que los almacenes se estuvieron vaciando y agotando durante meses. Volver
a los niveles de inventarios previos ha generado tensiones en el
transporte internacional y en la capacidad de respuesta de los
fabricantes que ahora se ven inundados de pedidos tras meses de
actividad interrumpida o reducida.
Ilustración 5 Fuente INE: Encuesta Coyuntural sobre stocks y existencias. Octubre 2021.
La tasa anual de la inflación subyacente (excluidos
alimentación y energía) aumentó en noviembre tres décimas, hasta el
1,7%. Pero es un nivel bastante aceptable, incluso bajo, que, por otra
parte, sucede a varios trimestres de valores cercanos a 0%.
Habría que tener un punto de neurosis o ser alemán para encontrar ese
nivel alarmante. Es evidente que las tensiones que muestran los precios
son coyunturales y gradualmente volveremos a una normalidad que,
lamentamos recordar, ha sido de deflación durante más de una década. Esto ha sido así por la atonía de una demanda deprimida por las políticas de austeridad y la debilitada capacidad negociadora de la clase trabajadora que ni siquiera puede plantearse recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos meses. En estas condiciones sería una osadía pensar que pudiera desencadenarse una espiral de precios-salarios que perpetuara mucho tiempo estas tensiones de precios.
Lejos de ser un fenómeno monetario, la inflación es sobre todo un fenómeno distributivo. Probablemente los trabajadores se coman estas subidas de costes. La ministra Calviño ya advirtió hace unos días que “hay que evitar alzas salariales que conviertan la inflación en estructural”. Delata las preocupaciones de un
mainstream incapaz de sentir la más mínima empatía hacia una clase
trabajadora que lleva perdiendo participación en la renta nacional desde
hace décadas. En otros países con mercados laborales más
cercanos al pleno empleo, como EEUU o Reino Unido, se han observado
incrementos salariales que sí podrían ayudar a perpetuar estos
incrementos de precios. Pero lo más probable es que los salarios no
recuperen el poder adquisitivo perdido.
Histeria de inflación
Este episodio de precios tensionados, seguramente esporádico en una tendencia secular a la deflación, ha servido para desencadenar una histérica campaña advirtiendo sobre la inminente llegada del lobo de la inflación.
Además de las cautelas de la ministra Calviño sobre lo inconveniente
que resultaría que los trabajadores fueran compensados hemos oído al
Gobernador del Banco de España advertir de que “se podría producir un traslado de los costes al conjunto de bienes y servicios de consumo” y de que “existe un riesgo de inflación salarial que dañe la creación de empleo, y la actividad económica en última instancia”.
Para Hernández de Cos la curva de demanda en el de trabajo es como la
de las frutas y verduras en un mercado de abastos: para vaciarlo basta
bajar suficientemente los precios. La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, una entidad cuyo conservadurismo roza
niveles histriónicos, “advierte de la delicada situación en la que se encuentra el tejido empresarial derivada del aumento de los costes de producción”.
La delicada situación de trabajadores que no llegan a fin de mes, de
las personas desahuciadas de sus viviendas y de los millones de parados
parece que no merece tanta atención de este agente social.
“Porque
han apostado que subirán. Han asumido que los banqueros centrales se
plegarán, como lo han hecho durante las últimas décadas dentro del
paradigma neokeynesiano, y con su mentalidad de ‘gestión de
expectativas’ subirán las tasas”.
Reacción de los bancos centrales
Bill Mitchell confiaba en que los bancos centrales, tras las
lecciones aprendidas de sus políticas de flexibilización cuantitativa,
esta vez no harían demasiado caso a los Pedros y el Lobo de la
inflación. Sin embargo la semana pasada el Banco de Inglaterra ha tomado la homeopática decisión de subir los tipos de interés del 0,10% al 0,25%.
Hace unos meses el banco central americano anunció que dejaba de
considerar como objetivo prioritario la NAIRU (la tasa natural de
desempleo, una variable ficticia imposible de observar inventada por
Milton Friedman, para justificar la creación intencionada de desempleo
en la santa cruzada contra la inflación). Era un avance positivo que
debemos celebrar ya que implica que la Fed priorizará la reducción del
desempleo y no sobreactuaría ante tensiones en los precios. Pero la Reserva Federal ha anunciado que va a retirar el soporte pandémico reduciendo sus operaciones de flexibilización cuantitativa.
Por ahora, el Federal Funds Rate (el tipo interbancario) sigue en el
0,25% pero la Fed se muestra dispuesta a alistarse en una próxima lucha
contra la inflación.
Más preocupante es el reciente anuncio del Banco Central
Europeo (BCE) de que concluirá el programa de compras de la emergencia
pandémica (PEPP) limitándose a partir de marzo del año que
viene a mantener sus posiciones, es decir, a reinvertir el principal al
vencimiento. El programa APP, mucho menos flexible ya que las compras
deben hacerse a prorrata de la clave de capital entre los estados
miembros, también irá menguando. Para “reforzar el impacto acomodaticio
de sus tipos de intervención” subirán las compras provisionalmente hasta
un ritmo de 40 MM €/mes en el segundo trimestre de 2022, lo bajarán a
30 MM € en el tercer trimestre y finalmente a 20 MM € desde octubre de
2022.
Ilustración 6. Compras de deuda pública del BCE (Fuente: BCE)
Si los bancos centrales conocieran el postulado mosleriano de que subir tipos de interés es inflacionista, al revés de lo que piensa el mainstream,
no de plantearían estas políticas. Pero también es cierto que esto
supondría reconocer que su capacidad de influir en los niveles de
precios es nula y que sería perfectamente posible vivir sin estas
enojosas instituciones. El mainstream sigue pensando que abordar
directamente las causas de las subidas de precios (problemas logísticos,
diseño institucional del mercado eléctrico, problemas en el suministro
de energía) no sería productivo. Para los responsables políticos la
solución está en transferir más rentas a individuos adinerados e
instituciones financieras nacionales y extranjeras. ¡Seguro que eso
resuelve el problema!
El BCE justifica sus operaciones de compra de deuda pública con el
convencionalismo de que son útiles para transmitir su política monetaria
al mercado. Pero, aunque digan que solo se trata de mandar señales, en
realidad la utilidad de las operaciones de flexibilización cuantitativa
es impedir que los estados más endeudados caigan en la insolvencia.
Estas compras han funcionado como el mecanismo de financiación por la
puerta de atrás de la deuda de los estados miembros de la zona euro
durante la pandemia.
Por cierto, no está de más recordar que son los bancos centrales de
cada estado los que realmente ejecutan esta política monetaria no
convencional en una nueva demostración de que la unión económica y monetaria europea es una ficción.
De hecho el Banco de España tenía a septiembre de 2021 una cartera de
368 MM€ de deuda pública española, el 32% del total de la deuda pública
española viva, como se muestra en el siguiente gráfico. Gracias a esas
compras la demanda de la deuda pública está asegurada hasta el punto de
que, en las subastas que periódicamente realiza el Tesoro, supera en 2
veces la oferta.
Ilustración
7. Distribución por tenedores de la deuda pública en septiembre de 2021
(Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el Tesoro
Público)
Las alternativas que ahora se ofrecen a estos estados son una
austeridad demoledora o la disolución de la zona euro. Pero no se
equivoquen, el problema no es la deuda pública, es el euro.
Si desaparecen las compras del BCE la prima de riesgo volverá a casa como el turrón por Navidad.
Su decisión es un aviso a navegantes: más vale que las administraciones
públicas vayan reduciendo sus posiciones deficitarias. Las políticas de
estímulo fiscal se acaban y volvemos a las de austeridad, deflación y
altos niveles de desempleo. El paseo por el patio de la cárcel ha concluido, vayan regresando a sus celdas. Creo
que las autoridades del BCE no han sopesado correctamente las
consecuencias de su decisión que supone poner a los pies de los mercados
a países con elevados niveles de deuda pública como Italia, Grecia o
España. Las alternativas que ahora se ofrecen a estos estados
son una austeridad demoledora o la disolución de la zona euro. Pero no
se equivoquen, el problema no es la deuda pública, es el euro.
La primera ministra recibió con consternación la sucesión de malas
noticias. Las coladas de lava se habían desparramado durante tres
semanas por la isla destruyendo más de mil hogares y convirtiendo 500
hectáreas de terrenos fértiles en malpaís. Miles de personas habían
salido precipitadamente de sus casas con lo puesto al haberles dado las
autoridades menos de 15 minutos de aviso para recoger las pertenencias y
recuerdos más esenciales. Muchos sabían que ya nunca más volverían a
ver sus casas y, a la congoja por la pérdida, se unía la ansiedad de
saber que tendrían que empezar sus vidas de cero. Para los abuelos la
desolación era mayor pues no se sentían con fuerzas para comenzar de
nuevo y a más de uno le embargaban sentimientos suicidas. El desastre se
agravaba con la destrucción de kilómetros de carreteras e
infraestructuras. Se habían perdido escuelas, comercios, almacenes y
templos.
Sobrecogida por el impacto de la catástrofe la primera ministra
convocó una reunión de urgencia de su gabinete para la mañana siguiente.
En el consejo de ministros exigió a su ministro de vivienda que
preparara en dos semanas un plan de construcción de moradas dignas a
pocos kilómetros de los territorios devastados para quienes habían
perdido la suya. Dando un puñetazo encima de la mesa, dio un ultimátum a
la ministra de Trabajo para que en un mes se pusiera en marcha el plan
de empleo garantizado que habían prometido en la campaña electoral y que
las objeciones y argucias sobre la contravención de diversas directivas
europeas de los tecnócratas neoliberales del cuerpo funcionarial habían
retrasado. Ese plan permitiría dar ocupación inmediatamente a quienes
habían perdido su medio de vida. Conminó al ministro de Fomento para que
presentara un plan de reconstrucción de las infraestructuras cuando
concluyera la erupción.
Cuando concluyó el Consejo de Ministros la Ministra de Hacienda
convocó a su equipo técnico a una reunión para esa misma tarde donde
iniciarían los cálculos presupuestarios que requeriría el ambicioso plan
acordado esa mañana. A continuación se dirigió a la rueda de prensa
donde anunciaría las decisiones aprobadas por el Gobierno. Tras aportar
unas primeras estimaciones del coste del plan abrió el turno para las
preguntas. El primero que lanzó una pregunta fue un viejo periodista de
un diario de tirada nacional conocido por sus posicionamientos
conservadores.
—Pero, Sra. Ministra, Vd. está hablando de un plan que puede
costar más de 1.000 millones $. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a
subir los impuestos? ¿Se plantean recortar otros programas sociales como
ese plan de trabajo garantizado?
Entonces, la ministra sonrió sardónicamente y pensó «a éste me lo como con papas fritas».
Afortunadamente la primera ministra había nombrado a una conocedora de
la teoría monetaria moderna que entendía a la perfección el
funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal. No en balde, ambas
habían trabajado con denuedo durante los primeros meses del nuevo
gobierno para sacar a la nación de una desafortunada unión monetaria que
la había mantenido sumida en una larga deflación de décadas.
—Pues mire Vd.— sí, por primera vez utilizaba esa coletilla
habitual entre los políticos conservadores para tratar con
condescendencia a ciudadanía y rivales políticos— ahora podrá
comprobar lo importante que fue para nuestro país recuperar su soberanía
monetaria. Esa operación a la que su medio se opuso con contumacia
porque prefería sacrificar los intereses de la nación en favor de una
unión monetaria que solo podía interesar a unos pocos. Es muy sencillo. La
semana que viene convocaremos a las Cortes Generales, presentaremos
este proyecto de reconstrucción y pediremos la dotación de un crédito
presupuestario extraordinario por el importe requerido. Eso habilitará
al Tesoro a realizar los pagos necesarios y nuestro banco central, el
nuestro, estará obligado a atender las instrucciones que reciba. No hace falta ni subir impuestos ni reducir otros créditos presupuestarios.
—Pero, pero—inquirió, con rostro desencajado, una periodista de un medio conocido por su postureo progresista— está hablando de monetizar el déficit. Todos los expertos le dirían que eso será inflacionista.
La ministra tuvo que contener la risa y con la infinita paciencia y buena educación que la caracterizaba le respondió.
—Mira, creo que lo hemos hablado ya muchas veces antes tú y yo en privado. Lo
que sería inflacionista sería que los isleños sin casa se encontraran
con que la falta de viviendas causara una subida de su precio y de los
alquileres, como de hecho ya estamos observando. Lo que sería
inflacionista sería que los agricultores no pudieran regar sus campos
porque se ha roto la conducción de agua y perdieran la cosecha. Lo que
sería inflacionista sería que la población de la isla emigrara ante la
falta de perspectivas y los empresarios ya no encontraran mano de obra.
En definitiva lo que sí sería inflacionista es no hacer nada.
Pocas semanas después, el programa de reconstrucción de zona
catastrófica más ambicioso de la historia era aprobado en el Parlamento
por la mayoría que sostenía el Gobierno.
La ruta del dinero
La ficción que acabamos de narrar obviamente no tiene ningún parecido
con la realidad. Es sólo una fábula con la que intento ilustrar la ruta
que sigue el dinero. La gente tiene la noción equivocada de que es el
banco central quien crea el dinero. Se equivocan. Lo que hace el banco
central es simplemente intercambiar unos activos financieros por otros
que ya existían previamente. Sí, los Estados utilizan el dinero del
banco central. Pero es el Parlamento, en nuestro país la cámara baja de
las Cortes Generales, quien debería autorizar al Gobierno a disponer de
ese dinero.
En tiempos no tan lejanos el Tesoro de nuestra nación podía ordenar
pagos al Banco de España incluso aunque su cuenta estuviera en
descubierto. Es decir, el gasto público resultaba en una creación de
dinero del Banco de España ex novo. Nuestro ingreso en las Comunidades
Económicas Europeas nos obligó a aprobar una Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España la cual prohibió
«la
autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de
crédito por el Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas,
Corporaciones locales o cualquiera de los organismos o entidades a los
que se refiere el artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea»
La Ley de Autonomía es una ensoñación neoliberal que, además
de generar una tremenda disfuncionalidad en nuestro sistema monetario,
pretende someter a los Gobiernos a la vigilancia de los mercados y la
supervisión de los tecnócratas neoliberales que pueblan los bancos
centrales. Obliga al Estado a emitir deuda pública para
financiar su actividad cuando antes habría bastado un descubierto en el
Banco Central. Nuestra entrada en el euro agravó este problema pues el
Banco Central Europeo (BCE) dejó de respaldar esa deuda. Sabemos que eso
condujo a la crisis de deuda que casi se lleva al traste el proyecto de
unión monetaria en 2010-12. La crisis se resolvió cuando la UE se dio
cuenta del tremendo error que supuso haber sometido a los Gobiernos
nacionales a la vigilancia de los mercados. En 2011 el BCE empezó a
comprar nuestra deuda pública en los mercados secundarios.
Antes de nuestra entrada en las CEE el Tesoro creaba el dinero directamente cuando gastaba. Es
decir, cuando ejecutaba el crédito presupuestario autorizado por los
presupuestos generales del Estado, y el Tesoro ordenaba al Banco de
España que realizar los pagos correspondientes contra su cuenta. El
Banco de España simplemente registraba esa transferencia cargando la
Cuenta General del Tesoro y abonaba la cuenta del banco comercial con el
que operaba el agente privado beneficiario del gasto público. Antes de
la ley de autonomía esa cuenta del Tesoro incluso podía quedarse en
descubierto.
La ruta de creación de dinero directa
Ahora la ruta del dinero toma un pequeño desvío. Tras nuestra
incorporación a la Unión Monetaria Europea el Gobierno de España tiene
que asegurarse de que el saldo contable del Tesoro en el Banco central
fuera positivo antes de gastar. Eso le obliga a emitir deuda pública
cuando la recaudación tributaria es inferior al gasto público. Hasta
2011 los tratados prohibían al Banco de España la compra de esa deuda.
De facto, los Tratados de la UE, pretendían que los estados nunca más
crearan dinero y que la economía tirara del fondo existente en 1999,
recirculándolo año a año, y de la creación del dinero bancario cuyo
principal vicio es su carácter procíclico (piensen en la burbuja
inmobiliaria que montaron los bancos españoles a principios del siglo
XXI).
La ruta tortuosa de creación del dinero
Sin embargo, desde que el BCE tuvo que salvar al euro del colapso
permitiendo las compras de deuda pública por los bancos centrales
nacionales, los Estados miembro de la zona euro han recuperado de forma limitada su capacidad de crear dinero. Sí,
siguen emitiendo deuda pública, pero luego el Banco de España y los
demás bancos centrales nacionales compran una gran parte en los mercados
secundarios. Llevan comprando al menos el 30% desde 2014 y, tras el
inicio de la pandemia prácticamente toda.
La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación por
el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en los
presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más
directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el
resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con
un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de
activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo
dinero + deuda pública).
La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación
por el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en
los presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más
directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el
resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con
un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de
activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo
dinero + deuda pública).
Esto no ha eliminado las limitaciones al gasto y déficit públicos que tienen aherrojado nuestro proceso presupuestario.
Es cierto que, durante la pandemia, el Consejo Europeo ha autorizado la
supresión temporal de los límites del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento pero ya se está preparando la vuelta a las exigencias de
equilibrio presupuestario. Se trataba tan solo de una suspensión
temporal de reglas de la economía neoclásica. Por tanto, si los
parlamentos creían que habían recuperado la herramienta de creación del
dinero, el Consejo pronto les recordará quien sigue mandando. Sí, ahora
el BCE no dejará que se caiga el tinglado del euro permitiendo al Banco
de España que compre nuestra deuda pública en los mercados secundarios.
Sin embargo, todo esto está condicionado a que el Estado español someta
al colegio de tecnócratas de la Comisión Europea su proyecto
presupuestario con antelación, antes que a las propias Cortes. Una
reflexión más profunda nos permite entender que el diseño institucional
europeo ha conseguido la completa emasculación de nuestro sistema
democrático. El diseño de la Unión Monetaria Europea ha
convertido a nuestros parlamentos en órganos irrelevantes. Todo por el
pueblo pero sin el pueblo.
Cuando el parlamento creaba el dinero
Comprender cómo funciona nuestro sistema monetario y fiscal nos
permite entrar en una disquisición acerca de la democracia. El poder de
crear dinero es el de movilizar recursos a favor del sector público. Que
la decisión de cuánto dinero y para qué propósitos se crea dependa de
un colegio de tecnócratas en reuniones a puerta cerrada o de un órgano
de representación popular bajo escrutinio público cambia completamente
la naturaleza de nuestro sistema político.
Esta no es una cuestión baladí. La lucha por limitar el poder real ha
sido larga y se remonta a la Edad Media. Muchos creerán que fue en
Inglaterra donde surgió el parlamentarismo pero estarían equivocados. El
primer Parlamento inglés no se celebró hasta 1215 y sólo representaba a
nobles y obispos. No incorporó representación de los comunes hasta
1282. El primer antecedente de un parlamento con participación de las
clases burguesas fueron las Cortes de León celebradas en 1188, casi cien
años antes, en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro en León,
que, ya muy transformado, se representa en esta fotografía.
Poco se sabe de ese trascendental evento pero sí que por primera vez concurrieron los “boni homines”, representantes de la burguesía, y que se aprobaron unos decreta
cuyo objetivo era el mantenimiento de la justicia y la conservación de
la paz en el Reino. Con la participación de la clase burguesa el monarca
convocante Alfonso X buscaba el apoyo político del tercer estamento
para dar mayor fortaleza a su reinado (Alonso García, 2019). Este evento
es el primer jalón en una larga tradición de participación de las
ciudades castellano leonesas en las Cortes. Muchas de las decisiones en
las que participarían giraron en torno a las contribuciones
extraordinarias — ‘pedidos’ o ‘pedidos foreros’— que se pagaban a la
Corona en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. La
primera vez que la Corona solicitó una contribución de este tipo parece
ser que tuvo lugar bajo el reinado de Alfonso VI cuando impuso en 1091
un tributo extraordinario para costear la guerra. A partir de aquel
momento se generalizó la costumbre de que la Corona solicitase
cantidades a sus súbditos que normalmente solían ser de varios millones
de maravedís. A mediados del siglo XIII desaparecieron este tipo de
pedidos para transformarse en un ‘servicio’ que concedían las Cortes al
rey, aunque continuó manteniendo su naturaleza extraordinaria.
Cualquiera que haya leído la historia española del siglo XVI estará
familiarizado con las disputas entre los Habsburgo y las Cortes por
conseguir la aprobación de los servicios de ‘cientos’ y de ‘millones’
que solicitaban los monarcas para sus campañas militares en el Norte de
Europa.
Pero la participación de los parlamentos fue más allá de la
aprobación de impuestos extraordinarios. Aunque la acuñación de moneda
era una prerrogativa real sabemos que en las
«Cortes de Valladolid de 1518 el joven rey [Carlos I] recibió la petición de labrar más moneda de vellón».
También conocemos que las
«reuniones
de las Cortes, (…) desde 1518 venían solicitando una rebaja en la ley,
tanto de la moneda de oro como de la de plata, con el fin de eliminar
las desigualdades con las monedas extranjeras y evitar, de este modo, su
constante extracción. Diversos informes aconsejaban la
reducción de la pureza áurea del ducado y la elevación de su nominal,
destacando el realizado por el bachiller Enciso, quien recomendó la
reducción de la ley a 18 quilates y la elevación del curso legal al
nivel portugués. Las mismas Cortes, reunidas en Valladolid en 1523,
solicitaron la emisión de una nueva moneda de oro de 22 quilates que
tomase como modelo la corona del sol francesa. Eso formaba parte de un
plan general de reforma monetaria, que también afectaría a la plata, y
cuyo objetivo principal era evitar la extracción de metal precioso
allende las fronteras del reino. La petición de las Cortes
encontró cierto eco y el Emperador decidió consultar a los tesoreros y
oficiales de las cecas, al prior y cónsules de los mercaderes de la
ciudad de Burgos y a otros mercaderes y plateros de diversas ciudades.
El
resultado fue un interesantísimo informe en el que se proponía la
reducción de ley del ducado a 21 ½ quilates, teniendo siempre como
modelo el escudo francés. (…) Para la plata proponían una reducción del
peso del real. En el vellón, planteaban una nueva especie de 25 ½
granos. La respuesta del Emperador fue dilatar la toma de una decisión
hasta contar con más informes.» (de Santiago Fernández, 2005)
En definitiva el parlamentarismo es la base de nuestro sistema
democrático y su piedra angular. El parlamento es un órgano de
representación popular que históricamente ha limitado y controlado el
poder del ejecutivo y le ha dado la autorización para gastar y recaudar
impuestos. Incluso ha intervenido en la definición del sistema
monetario. ¿Podemos tolerar que las Cortes del siglo XXI tengan menos
poderes que las de los siglos XII a XVI y seguir pretendiendo que hoy
somos una democracia?
¿Por qué dejamos que las decisiones las tomen por nosotros quienes no saben?
Con la creación de la UE nuestro parlamento ha perdido dos de las
facultades por los que las ciudades castellano-leonesas habían luchado:
la de definir los límites del gasto público y autorizar el diseño de
nuestro sistema monetario. Estas decisiones se toman ahora en el
Consejo Europeo, en el Semestre Europeo y en el Banco Central Europeo
en opacos conciliábulos sin transparencia y sin el molesto escrutinio
público. El gasto público se somete a reglas arbitrarias que
nada tienen que ver con atender las necesidades reales de la ciudadanía.
En definitiva España ha dejado de ser una democracia por mucho que se
disfrace con elecciones periódicas de un cuerpo legislativo que ahora se
limita a transponer directivas europeas. Poco ha durado una democracia
que fue estrenada en 1978 y abandonada en 1999.
Te dirán que esos límites son convenientes porque de lo contrario
nuestra clase política derrocharía los recursos lo cual nos conduciría a
una hiperinflación. Puede ser, pero conozco muchos casos de regímenes
poco democráticos capaces de generar un proceso inflacionario y pocos de
democracias consolidadas que lo hayan hecho.
Algún iluso podría pensar que los límites recogidos en el tratado de
Maastricht e incorporados a los Tratados Europeos tienen un fundamento
teórico. Nada más lejos de la realidad. El límite del 3% para el déficit
público fue una sugerencia de un grupo de asesores presentada a
Mitterand en los años 80 que luego se fosilizó en el ordenamiento
europeo como confesó Guy Abeille. No hay más criterio. Este tope se ha perpetuado de forma irracional en todas las normas europeas. Por otra parte los bancos centrales y los economistas neoclásicos carecen de una teoría de la inflación como, por ejemplo, reconoció recientemente un técnico de la Reserva Federal, Daniel Tarullo (Fleming, 2017).
Incluso el dogma del equilibrio presupuestario es una superchería que
muchos economistas ortodoxos promueven por ignorancia cuando no por
puro cinismo como confesaría el propio Paul Samuelson, autor de uno de
los manuales de macroeconomía más vendidos de la historia.
En otras palabras: una superstición, una religión para asustar a los
políticos y a la plebe y asegurarse de que otros tomen las decisiones
sobre lo que nos conviene. Pero ahora sabemos que esos supuestos
expertos ni siquiera entienden lo que están haciendo. Entonces ¿cómo
hemos tolerado que destruyeran la capacidad presupuestaria de nuestro
parlamento?
Una de las más importantes contribuciones de la Teoría
Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los
sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que
nunca debieron escindirse.
Una de las más importantes contribuciones de la Teoría
Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los
sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que
nunca debieron escindirse. Esto es mucho más trascendental de
lo que suponen los economistas neoclásicos o los marxistas vulgares.
Hemos destapado la superstición y ahora podemos quitarles a los
sacerdotes de la vieja religión el poder y ponerlo en manos de personas
más sabias y más justas al servicio de los verdaderos intereses del
pueblo. Y, si no somos capaces de elegirlos, en el peor de los casos un
pueblo informado sabrá que un político le miente si le dice que no hay
dinero para tal o cual programa; o que el dinero existe careciéndose de
los recursos reales para ejecutarlo.
En definitiva la TMM es la teoría económica sobre la cual se
reconstruirá el poder de los parlamentos y se levantará una verdadera
democracia popular.
Volvamos a la fábula que narraba al inicio. Sabemos que en la isla de
La Palma la población civil está sufriendo una catástrofe sin
precedentes. Hasta ahora el Gobierno ha prometido ayudas millonarias
pero la tradición cicatera de nuestras administraciones públicas nos
hace desconfiar. Lamentablemente el precedente del terremoto de Lorca con ayudas que tardaron años en hacerse efectivas nos hace temer lo peor.
Si el Gobierno conociera la TMM ahora sabría qué hacer sin escatimar
medios y si la opinión pública la conociera los medios de comunicación
ahora estaría exigiendo responsabilidades. Y todo esto se ventilaría en
las Cortes Generales, no en el Consejo Europeo ni suplicando la
compasión de Ursula Von der Leyen. En definitiva seríamos un pueblo
soberano dueño de su destino y de su dignidad.
Referencias
Alonso García, M. N., 2019. LOS DECRETA DE LEÓN DE 1188 COMO PIEDRA FUNDACIONAL DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA LEGALIDAD. Ius Fugit, Issue 22, pp. 231-247.
de Santiago Fernández, J., 2005. Moneda y Fiscalidad en Castilla durante el Siglo XVI. En: IV Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, pp. 409-433.
Fleming, S., 2017. Fed has no reliable theory of inflation, says Tarullo. Financial Times, 4 Octubre.
Samuelson , P., 2015. Paul Samuelson: balanced budget is a superstition. [En línea]
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=EOtFsONzMjI
[Último acceso: 7 octubre 2021].
