23 de enero de 2016
Decía Warren Mosler que no hay crisis financiera lo suficientemente grande que no pueda arreglar un plan de estímulo fiscal lo bastante amplio. Salir de una gran depresión como la iniciada con la crisis financiera global que asoló el mundo a partir de 2007 requería aplicar recetas bien probadas desde la Segunda Guerra Mundial. Bastaba con un programa de expansión fiscal para compensar la caída en la demanda efectiva del sector privado. Ésa fue la política del gobierno de Zapatero. Tras negar en 2008 que hubiera una crisis económica en España, —seguramente para evitar el coste político de reconocerla en plena campaña electoral— acometió un plan de expansión que inyectó más de 12 mil millones de euros. Muchos la criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida.
Ilustración 1. Datos del INE
Ilustración 2. Evolución de la inversión
Decía Warren Mosler que no hay crisis financiera lo suficientemente grande que no pueda arreglar un plan de estímulo fiscal lo bastante amplio. Salir de una gran depresión como la iniciada con la crisis financiera global que asoló el mundo a partir de 2007 requería aplicar recetas bien probadas desde la Segunda Guerra Mundial. Bastaba con un programa de expansión fiscal para compensar la caída en la demanda efectiva del sector privado. Ésa fue la política del gobierno de Zapatero. Tras negar en 2008 que hubiera una crisis económica en España, —seguramente para evitar el coste político de reconocerla en plena campaña electoral— acometió un plan de expansión que inyectó más de 12 mil millones de euros. Muchos la criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida.
El plan dio resultados con una leve recuperación en 2010
pero la crisis griega y la reacción austericida
lo abortaron prematuramente (ver gráfico 1). En ese año los mercados
financieros advirtieron que el diseño institucional del Euro privaba a los
países miembros del respaldo de un banco central. La escalada de la prima de
riesgo sirvió de excusa para la reacción ideológica hacia la austeridad
capitaneada por Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet que doblegó al gobierno de
Zapatero. Poco tiempo después llegaba al poder Rajoy cuyos recortes
presupuestarios hundieron la economía española en una segunda recesión, elevaron
el desempleo a niveles insoportables y alargaron innecesariamente la crisis
económica. La economía española habría caído por el abismo si Guindos y Rajoy
no hubiesen reaccionado en 2013 con un plan de estímulo fiscal destinado a
ganar las elecciones. Too little, too
late.
Si no hubiera sido por la oportuna sustitución de Trichet
por Mario Draghi, es posible que hoy la Eurozona hubiese sido una más de las 69
uniones monetarias que se rompieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Las políticas del BCE demostraron que los tipos de interés no los determinan
los mercados y evitaron que gobiernos como el de España declararan la
insolvencia. Pero cinco años adicionales de crisis han demostrado que la
utilidad de la política monetaria es incapaz por sí misma de reactivar la
demanda.
Los defensores de la política monetaria piensan que una
reducción de tipos de interés estimulará el crédito a empresas y familias. El
problema es que el crédito depende de decisiones de los banqueros y de la
existencia de una demanda solvente. Los empresarios no piden créditos porque no
tienen expectativas de rentabilidad. Falta un ingrediente fundamental, al cual Keynes llamó los “animal spirits”,
ese estado de euforia en el que a veces cae la clase empresarial y que le anima
a acometer inversiones no siempre rentables. Las familias han reducido su
consumo o lo posponen porque sus ingresos han caído o los han perdido por
encontrarse en el paro. Los empresarios no invierten porque no tienen
expectativas de vender sus productos. Predomina la aversión al riesgo.
Desde los años treinta sabemos, gracias a dos grandes
economistas, Keynes y Kalecki, que la respuesta adecuada a una caída de la
demanda privada es un estímulo fiscal que normalmente implicará un aumento del déficit. Uno de los hallazgos geniales
de los economistas keynesianos es el multiplicador de la inversión. El
multiplicador se comporta como las ondas en un estanque tras lanzar en él una
piedra. Éstas se expanden en círculos concéntricos cada vez de menor amplitud
hasta que se van disipando. De forma similar una decisión de gasto exógena como
un aumento de la inversión o, mutatis mutandis, del gasto público generan repercusiones
en toda la economía. Esa decisión de gasto exógena es un ingreso para los
hogares o las empresas. Parte de este ingreso volverá al circuito económico
mediante el consumo aunque otra se ahorrará, se destinará al pago de impuestos
o incluso se fugará al exterior mediante importaciones, en definitiva, será
retirada del circuito económico. La parte consumida de nuevo será un ingreso
para otros hogares que de nuevo retirarán parte y consumirán otra. En cada
ciclo se genera un aumento de la renta, cada vez más reducido por las fugas en
forma de ahorro, impuestos e importaciones. De esta forma una decisión de gasto
exógena genera un aumento del producto total de la economía que es un múltiplo
del estímulo inicial. Gracias al efecto multiplicador un plan de inversión
liderado por el estado puede tener una gran potencia para estimular la demanda
y animar a los inversores.
Durante una recesión el déficit aumenta de forma automática.
La recaudación fiscal cae porque así lo hace la base fiscal. También aumentan
ciertas partidas de gasto como los seguros de desempleo. Este es el efecto de
los llamados ‘estabilizadores automáticos’.
Los estabilizadores automáticos podrían conseguir una recuperación de la
actividad en una recesión leve pero en una gran depresión como la actual, que
ha dejado la tasa de desempleo en el 21%, la respuesta correcta es incurrir en
un déficit tan amplio como sea necesario para recuperar el pleno empleo.
La situación europea pide a gritos una reflación basada en un programa de expansión pública pero, si los estados endeudados del sur, sin soberanía monetaria y fiscal, no pueden asumirla ¿quién puede? En España urge porque la inversión cayó fuertemente desde un máximo de 338 mil millones € cuando se inició la crisis. La recuperación es tímida y este año no es probable que rebase los 225 mil millones, claramente insuficiente para llevar la economía al pleno empleo.
Ilustración 2. Evolución de la inversión
Algunos recibieron con expectativa el anuncio del plan Juncker,
que prometía invertir 16 mil millones de euros con la esperanza ilusoria de
movilizar otros 360 millones aportados por el sector privado. Muchos
economistas nos hemos mostrado escépticos y el tiempo nos ha dado la razón. La
semana pasada la Comisión europea publicó los resultados del plan Juncker[1]
en un informe de gran prestancia gráfica y escaso contenido. La inversión de la
UE en España fue de 515 millones € con la cual esperan movilizar 1.600 millones
€. Esta inyección de nuevos fondos en la economía apenas representa el 0,15% de
nuestro PIB. Además, al examinar más a fondo el documento, hallamos que, de los
seis proyectos anunciados con fanfarria por la UE, tres se encuentran en fase
de estudio. Es decir, el plan Juncker se ejecuta con retraso. Resultan
cuestionables los criterios de inversión pues se destinan en algunos casos a
grandes grupos empresariales que no tienen vedado el acceso al mercado de
capitales. Si la inversión se hubiese acometido de todos modos sin la aportación del plan
Juncker el efecto multiplicador quedaría muy mitigado. La parvedad de los recursos
de la Comisión Europea se agrava por su empeño en ceder el protagonismo a un
sector privado carente de grandes empresas con capacidad de movilizar recursos
en la cuantía necesaria como para que los proyectos cofinanciados por las
instituciones europeas tengan un impacto relevante.
Nuestras élites políticas están
dominadas por una ideología que aborrece de lo público e impide administrar la
medicina que necesita Europa. Esa doctrina se llama neoliberalismo, una forma
de pensamiento que introdujo el virus monetarista en los años 70. Este dogma es
refractario al gasto público al que considera fuente de todo tipo de plagas, como
ese antiguo fenómeno que algunos ya apenas recordamos llamado inflación. Para
resistirse a un plan de expansión pública los neoliberales han encargado
estudios que demuestren que el multiplicador es inferior a 1. Estos se basan en
la premisa de las “expectativas racionales”, es decir, en la creencia de que,
si el estado aumenta el gasto público, los ciudadanos anticiparán un aumento de
los impuestos y por tanto ahorrarán más ahora para poder pagarlos en el futuro.
Este comportamiento no se ha observado jamás en la vida real y es una ficción
académica.
El plan Juncker necesitaría de un multiplicador descomunal
para que 515 millones sacudieran a nuestra economía de su actual sopor. Aun así
debemos tentarnos la ropa pues al próximo gobierno la Comisión Europea lo está
esperando para exigirle recortes de al menos 9.000 millones € para cumplir con
los arbitrarios límites de déficit público acordados en el ‘Pacto de
Estabilidad y Crecimiento’. Los españoles deberían rezar para que se demore la
constitución de un nuevo gobierno y que no haya nadie en Moncloa obligado a
aplicar los recortes. La aritmética nos dice que el impacto neto de las políticas
europeas será negativo en 8.500 millones €. Asumiendo un multiplicador de 1,5
veces nuestro PIB se encogerá en un 1,3% marchitando el brote de recuperación
económica, con plan Juncker o sin él. Estos días desde Bruselas apelan a la responsabilidad
de los políticos españoles para constituir un gobierno rápidamente que aplique
los compromisos con Bruselas. Si somos sensatos nos daremos cuenta de que urge un gobierno que actúe de forma irresponsable
ahora para salvar nuestro futuro o que no se forme gobierno y se repitan las elecciones.
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