Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre el 27 de marzo de 2016.
En la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015 se produjo un debate entre el presidente Rajoy y el candidato Sánchez. En un momento de tensión dramática el socialista, sosteniendo en sus manos un gráfico que mostraba la evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social, le recriminó al conservador: “Fíjese en lo que ha pasado: en tan sólo cuatro años usted ha esquilmado la mitad de la hucha de las pensiones, del ahorro de los pensionistas”. El comentario es muy revelador sobre creencias muy asentadas incluso entre políticos que se dicen progresistas. Demuestra una pobre comprensión sobre la función del ahorro macroeconómico, que se asimila al ahorro individual. El líder del PSOE asumía que se pueden pagar las pensiones del futuro con ahorro del presente. Sin embargo, pretender que un fondo de reserva va a pagar las pensiones del futuro es tan absurdo como decir que, si guardamos un huevo de cada docena, un pico de la barra de pan, un botón de cada camisa que llevamos puesta o 100 mililitros de cada brik de leche que consumimos cada día, cuando seamos ancianos, podremos consumir esos alimentos y bienes que hemos guardado. Sin embargo sabemos que no es así; consumimos hoy lo que se produce hoy o, como mucho, hace unas semanas. Dentro de 30 años, todo aquel que siga vivo tendrá la oportunidad de consumir aquello que se produzca en ese tiempo. Los bienes y servicios reales no pueden ser devueltos al pasado ni enviados al futuro.
Asegurar que los ancianos puedan percibir una pensión en el futuro no depende de que se haya dotado un fondo de reserva en el pasado, sino de que haya excedentes reales obtenidos en ese momento. Los políticos deben entender que se enfrentan a restricciones reales —la disponibilidad de bienes y servicios producidos en la economía real—, no financieras. Si en el futuro la producción no es suficiente para cuidar tanto de los trabajadores como de las personas dependientes, ninguna acumulación de riqueza financiera en el pasado permitirá atender a los ancianos. El problema no estriba en pagar a quien produzca en el futuro con activos financieros de un fondo de reserva, sino en que estos productores puedan ofertar lo suficiente. Es la productividad de los factores (capital y trabajo) la que permite generar excedentes en cuantía suficiente para atender a las personas dependientes después de cubrir las necesidades básicas de trabajadores y empresarios. Si en el futuro la producción real cae, ya porque mengüe el número de trabajadores, ya porque caiga su productividad, puede que no se produzcan excedentes y habrá que elegir entre dejar que sean los trabajadores quienes pasen hambre y privaciones, o que sufran los mayores (u obligar a éstos a seguir trabajando pese a haber superado la edad de jubilación).
Entonces, ¿por qué los políticos se han empeñado en dotar un fondo de reserva? Se trata de una restricción autoimpuesta sobre el gasto público; es decir, obliga al Estado a gastar menos de lo que podría o debería. Este tipo de limitaciones encajan en la misma lógica absurda de las transferencias intergeneracionales. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que el déficit público está dejando una deuda a nuestros hijos? Es absurdo, porque el nivel de impuestos de cada momento no viene determinado por decisiones tomadas en un momento anterior, es una decisión que corresponde al presente. Un déficit pasado ni puede ni tiene que ser pagado por las generaciones futuras. Si el Estado genera una deuda pública, las generaciones futuras recibirán en contrapartida la riqueza financiera neta que añadieron dichos déficit (strictu sensu, quienes recibirán esas rentas serán quienes compraron los títulos de deuda pública o los hijos de éstos), así como las riquezas reales que se hayan generado como consecuencia del efecto de esos déficit: centros de investigación y enseñanza, una población más sana o mejores infraestructuras de transporte.
En realidad, el fondo de reserva sólo sirve para perpetuar el autoengaño sobre el cual hemos diseñado nuestro sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Hemos creado una ficción institucional según la cual las pensiones se deben pagar con las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Sin embargo, es éticamente cuestionable que sean solo éstos quienes coticen a la Seguridad Social. ¿Por qué debe recaer la solidaridad intergeneracional sólo sobre los trabajadores y empresas, y no, por ejemplo, sobre los rentistas? En cualquier caso, resulta evidente que esto no deja de ser una ficción porque, si algún día la caja de la Seguridad Social no fuera suficiente para cubrir las pensiones, el Estado se vería obligado a cubrir el déficit, mientras pueda extraer recursos suficientes de la economía.
Volviendo al fondo de reserva tan apreciado por Pedro Sánchez, a 31 de diciembre de 2014 acumulaba un saldo de 41.634.178.156,72 euros, pero, antes de que nos emocionemos al conocer la existencia de este tesoro, advirtamos de que está íntegramente invertido en títulos de deuda emitidos por el estado español. Es decir, se trata de dinero que el Estado ha sacado de su bolsillo izquierdo para meterlo en el derecho. Por tanto, la capacidad de pagar pensiones de jubilación con este fondo en el futuro dependerá únicamente de la que tenga nuestro Estado en el futuro de apartar producción real; es decir, de imponer tributos a la población para que una parte de sus rentas se transfiera a los ancianos. Si el Estado hubiera invertido estos fondos en emisiones de países extranjeros que están experimentando actualmente un crecimiento acelerado de su población laboral y de su economía, como Brasil o México, quizás podríamos felicitar a nuestros políticos por su astucia. En este caso podríamos captar parte de la producción real de estos países en el futuro y destinarla al consumo de nuestros ancianos. Sin embargo, en su diseño actual,entendemos que lo mejor que se puede hacer con la hucha de las pensiones es vaciarla y tirarla al fondo del mar para que Pedro Sánchez no la vuelva a encontrar.
Entender el problema de los excedentes reales nos ayuda a comprender el problema de las pensiones al que nos enfrentamos. Es de Perogrullo decir que, para que haya excedentes, tiene que haber producción, y para que haya producción tiene que haber gente trabajando. Pero éste es el quid de la cuestión. La demografía española se ha convertido en una seria amenaza a la sostenibilidad de las pensiones y al crecimiento de nuestra economía. España ha empezado ya a perder habitantes en 2015 al superar por primera vez las defunciones al número de nacimientos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años”.
La pérdida de población se ve agravada por el concomitante envejecimiento de la población. Según el mismo estudio del INE citado anteriormente, “el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasaría a ser el 24,9% en 2029 y el 38,7% en 2064”. Las claves del declive demográfico español es la acelerada caída en el número de nacimientos, fenómeno que será cada vez más acusado a partir de 2040. En esa década, lustros de baja fecundidad, zapa y mina de la demografía española, se cobrarán su pieza y provocarán una crisis acelerada, porque el número de mujeres en edad fértil caerá en 1,9 millones dentro de 15 años y en 4,3 millones dentro de 50 años. Aunque subieran las tasas de fecundidad, probablemente los nacimientos serían insuficientes para compensar el creciente número de defunciones.
La caída de la fecundidad se debe al retraso en la maternidad, actualmente situada en 32,7 años y que se acercará a los 33 años, y a la caída de la fecundidad por mujer en edad fértil, que se proyecta en 1,22 hijos por mujer en edad fértil para 2064. Podríamos compensar la caída de la natalidad con inmigración como hicimos durante la burbuja inmobiliaria, pero la falta de oportunidades profesionales resta atractivo a nuestro país para los extranjeros.
Las cohortes nacidas en el llamado baby boom español de los años 60 y 70 del siglo pasado deberían caer presas del pánico. No es fácil explicar cómo podrán acceder a una pensión decente cuando dentro de 20 años existan menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona dependiente. En el año 2029 la tasa de dependencia será casi de 0,6 (no llegará ni a dos trabajadores por dependiente) y en 2064 casi de 1 a 1. Con tal tasa de dependencia haría falta una población laboral extraordinariamente productiva. Teniendo en cuenta que uno de esos dos trabajadores habrá pasado la mitad de su vida en situaciones de desempleo y precariedad, sospechamos que sus capacidades productivas estarán mermadas, si no es que se ha convertido él mismo en dependiente víctima de una profunda depresión. El coste para la sociedad de haber maltratado a generaciones de jóvenes con contratos de trabajo precarios y situaciones de desempleo prolongado es la imposibilidad de asegurar el reemplazo generacional y el pago de las pensiones.
Asegurar que los ancianos puedan percibir una pensión en el futuro no depende de que se haya dotado un fondo de reserva en el pasado, sino de que haya excedentes reales obtenidos en ese momento. Los políticos deben entender que se enfrentan a restricciones reales —la disponibilidad de bienes y servicios producidos en la economía real—, no financieras. Si en el futuro la producción no es suficiente para cuidar tanto de los trabajadores como de las personas dependientes, ninguna acumulación de riqueza financiera en el pasado permitirá atender a los ancianos. El problema no estriba en pagar a quien produzca en el futuro con activos financieros de un fondo de reserva, sino en que estos productores puedan ofertar lo suficiente. Es la productividad de los factores (capital y trabajo) la que permite generar excedentes en cuantía suficiente para atender a las personas dependientes después de cubrir las necesidades básicas de trabajadores y empresarios. Si en el futuro la producción real cae, ya porque mengüe el número de trabajadores, ya porque caiga su productividad, puede que no se produzcan excedentes y habrá que elegir entre dejar que sean los trabajadores quienes pasen hambre y privaciones, o que sufran los mayores (u obligar a éstos a seguir trabajando pese a haber superado la edad de jubilación).
Entonces, ¿por qué los políticos se han empeñado en dotar un fondo de reserva? Se trata de una restricción autoimpuesta sobre el gasto público; es decir, obliga al Estado a gastar menos de lo que podría o debería. Este tipo de limitaciones encajan en la misma lógica absurda de las transferencias intergeneracionales. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que el déficit público está dejando una deuda a nuestros hijos? Es absurdo, porque el nivel de impuestos de cada momento no viene determinado por decisiones tomadas en un momento anterior, es una decisión que corresponde al presente. Un déficit pasado ni puede ni tiene que ser pagado por las generaciones futuras. Si el Estado genera una deuda pública, las generaciones futuras recibirán en contrapartida la riqueza financiera neta que añadieron dichos déficit (strictu sensu, quienes recibirán esas rentas serán quienes compraron los títulos de deuda pública o los hijos de éstos), así como las riquezas reales que se hayan generado como consecuencia del efecto de esos déficit: centros de investigación y enseñanza, una población más sana o mejores infraestructuras de transporte.
En realidad, el fondo de reserva sólo sirve para perpetuar el autoengaño sobre el cual hemos diseñado nuestro sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Hemos creado una ficción institucional según la cual las pensiones se deben pagar con las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Sin embargo, es éticamente cuestionable que sean solo éstos quienes coticen a la Seguridad Social. ¿Por qué debe recaer la solidaridad intergeneracional sólo sobre los trabajadores y empresas, y no, por ejemplo, sobre los rentistas? En cualquier caso, resulta evidente que esto no deja de ser una ficción porque, si algún día la caja de la Seguridad Social no fuera suficiente para cubrir las pensiones, el Estado se vería obligado a cubrir el déficit, mientras pueda extraer recursos suficientes de la economía.
Volviendo al fondo de reserva tan apreciado por Pedro Sánchez, a 31 de diciembre de 2014 acumulaba un saldo de 41.634.178.156,72 euros, pero, antes de que nos emocionemos al conocer la existencia de este tesoro, advirtamos de que está íntegramente invertido en títulos de deuda emitidos por el estado español. Es decir, se trata de dinero que el Estado ha sacado de su bolsillo izquierdo para meterlo en el derecho. Por tanto, la capacidad de pagar pensiones de jubilación con este fondo en el futuro dependerá únicamente de la que tenga nuestro Estado en el futuro de apartar producción real; es decir, de imponer tributos a la población para que una parte de sus rentas se transfiera a los ancianos. Si el Estado hubiera invertido estos fondos en emisiones de países extranjeros que están experimentando actualmente un crecimiento acelerado de su población laboral y de su economía, como Brasil o México, quizás podríamos felicitar a nuestros políticos por su astucia. En este caso podríamos captar parte de la producción real de estos países en el futuro y destinarla al consumo de nuestros ancianos. Sin embargo, en su diseño actual,entendemos que lo mejor que se puede hacer con la hucha de las pensiones es vaciarla y tirarla al fondo del mar para que Pedro Sánchez no la vuelva a encontrar.
Entender el problema de los excedentes reales nos ayuda a comprender el problema de las pensiones al que nos enfrentamos. Es de Perogrullo decir que, para que haya excedentes, tiene que haber producción, y para que haya producción tiene que haber gente trabajando. Pero éste es el quid de la cuestión. La demografía española se ha convertido en una seria amenaza a la sostenibilidad de las pensiones y al crecimiento de nuestra economía. España ha empezado ya a perder habitantes en 2015 al superar por primera vez las defunciones al número de nacimientos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años”.
La pérdida de población se ve agravada por el concomitante envejecimiento de la población. Según el mismo estudio del INE citado anteriormente, “el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasaría a ser el 24,9% en 2029 y el 38,7% en 2064”. Las claves del declive demográfico español es la acelerada caída en el número de nacimientos, fenómeno que será cada vez más acusado a partir de 2040. En esa década, lustros de baja fecundidad, zapa y mina de la demografía española, se cobrarán su pieza y provocarán una crisis acelerada, porque el número de mujeres en edad fértil caerá en 1,9 millones dentro de 15 años y en 4,3 millones dentro de 50 años. Aunque subieran las tasas de fecundidad, probablemente los nacimientos serían insuficientes para compensar el creciente número de defunciones.
La caída de la fecundidad se debe al retraso en la maternidad, actualmente situada en 32,7 años y que se acercará a los 33 años, y a la caída de la fecundidad por mujer en edad fértil, que se proyecta en 1,22 hijos por mujer en edad fértil para 2064. Podríamos compensar la caída de la natalidad con inmigración como hicimos durante la burbuja inmobiliaria, pero la falta de oportunidades profesionales resta atractivo a nuestro país para los extranjeros.
Las cohortes nacidas en el llamado baby boom español de los años 60 y 70 del siglo pasado deberían caer presas del pánico. No es fácil explicar cómo podrán acceder a una pensión decente cuando dentro de 20 años existan menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona dependiente. En el año 2029 la tasa de dependencia será casi de 0,6 (no llegará ni a dos trabajadores por dependiente) y en 2064 casi de 1 a 1. Con tal tasa de dependencia haría falta una población laboral extraordinariamente productiva. Teniendo en cuenta que uno de esos dos trabajadores habrá pasado la mitad de su vida en situaciones de desempleo y precariedad, sospechamos que sus capacidades productivas estarán mermadas, si no es que se ha convertido él mismo en dependiente víctima de una profunda depresión. El coste para la sociedad de haber maltratado a generaciones de jóvenes con contratos de trabajo precarios y situaciones de desempleo prolongado es la imposibilidad de asegurar el reemplazo generacional y el pago de las pensiones.
Muy buen análisis. No sabía que te dedicabas a esto en tus ratos libres
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