Villaviciosa de Odón a 12 de julio de 2015
Mientras los europeos andamos entretenidos con el culebrón griego poca atención hemos prestado a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, el estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Esa nación permanece en un limbo jurídico pues, aunque sus habitantes disfrutan de ciudadanía estadounidense, no eligen representantes al Congreso y Senado de EEUU con derecho voto. Si bien pagan algunos impuestos federales y contribuyen a la Seguridad Social, lo que les da derecho a una pensión de jubilación, están exentos del impuesto sobre la renta. Más importante es saber que Puerto Rico es usuario del dólar de los EE.UU. En esto se parece mucho a los estados del Sur de Europa: usuarios de otra moneda que no emiten, el euro.
Recientemente el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha anunciado que la deuda de la isla es impagable y que el gobierno es insolvente. Al parecer la isla ha acumulado una deuda de 70 mil millones de dólares USA, equivalente al 68% de su producto interior bruto. Las agencias de calificación ya la han rebajado a la categoría de bono basura, como en el caso de la griega.
No he investigado las causas que han llevado a una administración sin soberanía monetaria a emitir tanta cantidad de deuda. Lo que sí puedo afirmar, desde la perspectiva de la Teoría Moderna del Dinero, es que un país que se endeuda en una moneda de la que no es emisor, puede caer en una situación de insolvencia. La razón es que para atender al servicio de la deuda el gobierno debe hacerse antes conseguir la moneda en la que se ha endeudado. Si por cualquier causa - una caída de la recaudación, un déficit comercial sostenido, una crisis económica- ese país no consigue acceder a la cantidad de dinero extranjero que necesita para servir su deuda puede caer en la insolvencia. Esto no le puede ocurrir a un estado dotado de soberanía monetaria que se endeude en su propia moneda. Al vencimiento de sus obligaciones siempre podrá pagar con su propia moneda puesto que puede crearla a partir de la nada.
Un factor adicional que podría explicar las tribulaciones de Puerto Rico residiría en que no participa en la misma medida que otros estados en los programas federales, muchos de los cuales implican transferencias de rentas desde el Gobierno Federal. Recientemente un artículo de Pedro Pierluisi publicado en el New York Times, Statehood Is the Only Antidote for What Ails Puerto Rico explicaba que, comparado con otros estados de la Unión, Puerto Rico no disfruta del mismo nivel de financiación del programa Medicaid que ofrece seguros médicos a los más pobres. Además resulta que la isla boricua ha quedado excluida del programa Obamacare. También lo está de otros programas de transferencia de rentas que aquí no detallo. Por tanto, Puerto Rico se beneficia en menor medida que otros estados de los programas federales de transferencias de rentas que pueden compensar un shock asimétrico.
El asunto se complica al parecer porque al parecer, a diferencia de otras administraciones locales de la metrópoli, el gobierno de Puerto Rico no puede declararse en bancarrota.
El problema de Puerto Rico recuerda al de otros países que están integrados en uniones monetarias en las que no existen mecanismos que permitan compensar shocks asimétricos dentro la misma. Son países usuarios de una moneda extranjera a todos los efectos que no pueden devaluar para recuperar competitividad. Sus estados además pueden llegar a situaciones de insolvencia.
Aunque pueda sorprender, Puerto Rico mantiene un superávit en su balanza comercial. Ahora bien, parece que los rendimientos de capitales foráneos provocan que la balanza por cuenta corriente se vuelva negativa. Las transferencias del Gobierno Federal consiguen compensar ese déficit y, en este sentido, la situación de Puerto Rico es más halagüeña que la de Grecia que no disfruta de transferencias de rentas tan elevadas de la Unión Europea.
¿Cabría concluir que el problema del Gobierno portorriqueño se debe a una mala gestión de su gobierno? La exención del pago de impuestos sobre los intereses de su deuda pública estimularon la inversión en estos títulos y quizás dieron un incentivo al gobierno para emitir deuda por un importe superior a lo que hubiera dictado la prudencia para una administración pública que no disfruta de soberanía monetaria.
Pero a las dificultades financieras del estado pueden añadirse una serie de factores que han jugado en contra de la economía de la isla. Durante años la isla resultó atractiva para los capitales foráneos debido a sus exenciones fiscales, el menor coste de la mano de obra, la percepción de seguridad jurídica y la posibilidad de acceder al mercado estadounidense. Parece ser que el tratado NAFTA ha desplazado parte de esa inversión a México y otros países centroamericanos eliminando las ventajas competitivas de Puerto Rico. Otros factores que explican la ruina económica de la isla que he encontrado citados en diversas fuentes incluyen el vencimiento de los incentivos fiscales a la industria farmacéutica, inversiones desacertadas en la industria de refino de petróleo o la pérdida de población cualificada que marcha a la metrópoli en busca de oportunidades profesionales más atractivas.
Llegados a este punto ¿qué soluciones tiene Puerto Rico? El citado Pierluisi abogaba por la integración de la isla en los EE.UU. como estado miembro de pleno derecho. Esto le permitiría acceder a mayores transferencias de rentas del Gobierno Federal.
Pero existe otra solución: que Puerto Rico cree su propia moneda, que podríamos denominar peso portorriqueño, respaldada por su propio banco central. Basta con que el gobierno de Puerto Rico anuncie que, a partir de determinada fecha, todos los impuestos debidos al estado se deberán saldar en pesos y que todos los pagos de partidas de gasto público se realizarán en la moneda local. El gobierno portorriqueño, bajo el principio de Lex Monetae, obligaría a redenominar su deuda en la nueva moneda. La deuda portorriqueña es emitida por una entidad del gobierno llamado Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico en virtud de legislación de la propia isla. Por tanto no creo que hubiera demasiados impedimentos legales para la redenominación de la deuda de dólares de EEUU a pesos portorriqueños.
Lo que es seguro es que el Gobierno de Puerto Rico, convertido en emisor de moneda, ya siempre sería solvente. Aunque el "sentido común" indica que, al menos en los primeros meses, esa nueva divisa se depreciaría causando un perjuicio a los tenedores, si aplican las recomendaciones de Mosler y Pilkington y no obligan a los residentes a convertir sus depósitos a la nueva moneda, puede que la nueva moneda no se deprecie tanto porque los ciudadanos tendrán más dificultades para hacerse con pesos para atender el pago de sus tributos. Inicialmente habrá poca oferta de la nueva moneda y, siempre que el estado sea capaz de mantener un sistema tributario eficaz, es posible que la demanda por ella sea elevada. Por tanto podrían los inversores encontrarse con la grata sorpresa de que la nueva moneda no se depreciara tanto como sugeriría "el sentido común". En su propio interés los tenedores de deuda portorriqueña deberían exigir la creación de la nueva moneda, tienen menos que perder que con la alternativa que propondrá el FMI. En cualquier caso se enfrentan al riesgo de impago o la reestructuración. Es decir, esos acreedores van a tener que soportar pérdidas.
También es cierto que habrá que considerar el impacto negativo de los litigios que surgirían con los acreedores. Asimismo, la nueva moneda podría interrumpir algunos flujos comerciales entre la isla y la metrópoli. La desconexión con el dólar podría restarle atractivo a Puerto Rico ante algunos inversores que la ven como una puerta de entrada en los EE.UU. Pero estos serían efectos a corto plazo y, por contra, el gobierno podría acometer inversiones públicas y programas gasto social que aceleraran el desarrollo de su economía, redujera los niveles de pobreza y retuvieran a la población en la isla. Puerto Rico podría beneficiarse de una ganancia de competitividad si deja que su peso cotice libremente en los mercados de divisas.
Lamentablemente en Puerto Rico existe un situación política diabólica que impide alcanzar un acuerdo sobre su futuro. Existe un equilibrio entre los partidarios de la "estatidad" y los del mantenimiento del status quo mientras que los independentistas son minoría.
Esa indefinición y ausencia de claridad tendrá un elevado coste. Los habitantes pueden ir preparándose para lo peor. El llamado Informe Krueger, preparado por tres economistas del FMI, -Krueger, Teja y Wolfe- propone el clásico recetario neoliberal de esa institución. Consiste en la clásica combinación de reducciones de salarios, deterioro de condiciones laborales, políticas de austeridad del gasto público con las consabidas consecuencias deflacionistas que actualmente afligen a los países de la periferia europea. El plan seguramente se aplicará con el cebo de la restructuración de la deuda pública pero no resolverá ningún problema y contribuirá a una mayor devastación de la economía isleña.
Ha llegado la hora de que los habitantes de Borinquen elijan cuál debe ser su destino: la plena integración en EE.UU. o la plena independencia. Grecia, Puerto Rico y Ecuador atestiguan cómo las uniones monetarias sin una unión fiscal completa, tarde o temprano, llevan a los estados a caer en trampas financieras de difícil remedio y que causan un sufrimiento innecesario a la población.
Mientras los europeos andamos entretenidos con el culebrón griego poca atención hemos prestado a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, el estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Esa nación permanece en un limbo jurídico pues, aunque sus habitantes disfrutan de ciudadanía estadounidense, no eligen representantes al Congreso y Senado de EEUU con derecho voto. Si bien pagan algunos impuestos federales y contribuyen a la Seguridad Social, lo que les da derecho a una pensión de jubilación, están exentos del impuesto sobre la renta. Más importante es saber que Puerto Rico es usuario del dólar de los EE.UU. En esto se parece mucho a los estados del Sur de Europa: usuarios de otra moneda que no emiten, el euro.
Recientemente el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha anunciado que la deuda de la isla es impagable y que el gobierno es insolvente. Al parecer la isla ha acumulado una deuda de 70 mil millones de dólares USA, equivalente al 68% de su producto interior bruto. Las agencias de calificación ya la han rebajado a la categoría de bono basura, como en el caso de la griega.
No he investigado las causas que han llevado a una administración sin soberanía monetaria a emitir tanta cantidad de deuda. Lo que sí puedo afirmar, desde la perspectiva de la Teoría Moderna del Dinero, es que un país que se endeuda en una moneda de la que no es emisor, puede caer en una situación de insolvencia. La razón es que para atender al servicio de la deuda el gobierno debe hacerse antes conseguir la moneda en la que se ha endeudado. Si por cualquier causa - una caída de la recaudación, un déficit comercial sostenido, una crisis económica- ese país no consigue acceder a la cantidad de dinero extranjero que necesita para servir su deuda puede caer en la insolvencia. Esto no le puede ocurrir a un estado dotado de soberanía monetaria que se endeude en su propia moneda. Al vencimiento de sus obligaciones siempre podrá pagar con su propia moneda puesto que puede crearla a partir de la nada.
Un factor adicional que podría explicar las tribulaciones de Puerto Rico residiría en que no participa en la misma medida que otros estados en los programas federales, muchos de los cuales implican transferencias de rentas desde el Gobierno Federal. Recientemente un artículo de Pedro Pierluisi publicado en el New York Times, Statehood Is the Only Antidote for What Ails Puerto Rico explicaba que, comparado con otros estados de la Unión, Puerto Rico no disfruta del mismo nivel de financiación del programa Medicaid que ofrece seguros médicos a los más pobres. Además resulta que la isla boricua ha quedado excluida del programa Obamacare. También lo está de otros programas de transferencia de rentas que aquí no detallo. Por tanto, Puerto Rico se beneficia en menor medida que otros estados de los programas federales de transferencias de rentas que pueden compensar un shock asimétrico.
El asunto se complica al parecer porque al parecer, a diferencia de otras administraciones locales de la metrópoli, el gobierno de Puerto Rico no puede declararse en bancarrota.
El problema de Puerto Rico recuerda al de otros países que están integrados en uniones monetarias en las que no existen mecanismos que permitan compensar shocks asimétricos dentro la misma. Son países usuarios de una moneda extranjera a todos los efectos que no pueden devaluar para recuperar competitividad. Sus estados además pueden llegar a situaciones de insolvencia.
Aunque pueda sorprender, Puerto Rico mantiene un superávit en su balanza comercial. Ahora bien, parece que los rendimientos de capitales foráneos provocan que la balanza por cuenta corriente se vuelva negativa. Las transferencias del Gobierno Federal consiguen compensar ese déficit y, en este sentido, la situación de Puerto Rico es más halagüeña que la de Grecia que no disfruta de transferencias de rentas tan elevadas de la Unión Europea.
¿Cabría concluir que el problema del Gobierno portorriqueño se debe a una mala gestión de su gobierno? La exención del pago de impuestos sobre los intereses de su deuda pública estimularon la inversión en estos títulos y quizás dieron un incentivo al gobierno para emitir deuda por un importe superior a lo que hubiera dictado la prudencia para una administración pública que no disfruta de soberanía monetaria.
Pero a las dificultades financieras del estado pueden añadirse una serie de factores que han jugado en contra de la economía de la isla. Durante años la isla resultó atractiva para los capitales foráneos debido a sus exenciones fiscales, el menor coste de la mano de obra, la percepción de seguridad jurídica y la posibilidad de acceder al mercado estadounidense. Parece ser que el tratado NAFTA ha desplazado parte de esa inversión a México y otros países centroamericanos eliminando las ventajas competitivas de Puerto Rico. Otros factores que explican la ruina económica de la isla que he encontrado citados en diversas fuentes incluyen el vencimiento de los incentivos fiscales a la industria farmacéutica, inversiones desacertadas en la industria de refino de petróleo o la pérdida de población cualificada que marcha a la metrópoli en busca de oportunidades profesionales más atractivas.
Llegados a este punto ¿qué soluciones tiene Puerto Rico? El citado Pierluisi abogaba por la integración de la isla en los EE.UU. como estado miembro de pleno derecho. Esto le permitiría acceder a mayores transferencias de rentas del Gobierno Federal.
Pero existe otra solución: que Puerto Rico cree su propia moneda, que podríamos denominar peso portorriqueño, respaldada por su propio banco central. Basta con que el gobierno de Puerto Rico anuncie que, a partir de determinada fecha, todos los impuestos debidos al estado se deberán saldar en pesos y que todos los pagos de partidas de gasto público se realizarán en la moneda local. El gobierno portorriqueño, bajo el principio de Lex Monetae, obligaría a redenominar su deuda en la nueva moneda. La deuda portorriqueña es emitida por una entidad del gobierno llamado Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico en virtud de legislación de la propia isla. Por tanto no creo que hubiera demasiados impedimentos legales para la redenominación de la deuda de dólares de EEUU a pesos portorriqueños.
Lo que es seguro es que el Gobierno de Puerto Rico, convertido en emisor de moneda, ya siempre sería solvente. Aunque el "sentido común" indica que, al menos en los primeros meses, esa nueva divisa se depreciaría causando un perjuicio a los tenedores, si aplican las recomendaciones de Mosler y Pilkington y no obligan a los residentes a convertir sus depósitos a la nueva moneda, puede que la nueva moneda no se deprecie tanto porque los ciudadanos tendrán más dificultades para hacerse con pesos para atender el pago de sus tributos. Inicialmente habrá poca oferta de la nueva moneda y, siempre que el estado sea capaz de mantener un sistema tributario eficaz, es posible que la demanda por ella sea elevada. Por tanto podrían los inversores encontrarse con la grata sorpresa de que la nueva moneda no se depreciara tanto como sugeriría "el sentido común". En su propio interés los tenedores de deuda portorriqueña deberían exigir la creación de la nueva moneda, tienen menos que perder que con la alternativa que propondrá el FMI. En cualquier caso se enfrentan al riesgo de impago o la reestructuración. Es decir, esos acreedores van a tener que soportar pérdidas.
También es cierto que habrá que considerar el impacto negativo de los litigios que surgirían con los acreedores. Asimismo, la nueva moneda podría interrumpir algunos flujos comerciales entre la isla y la metrópoli. La desconexión con el dólar podría restarle atractivo a Puerto Rico ante algunos inversores que la ven como una puerta de entrada en los EE.UU. Pero estos serían efectos a corto plazo y, por contra, el gobierno podría acometer inversiones públicas y programas gasto social que aceleraran el desarrollo de su economía, redujera los niveles de pobreza y retuvieran a la población en la isla. Puerto Rico podría beneficiarse de una ganancia de competitividad si deja que su peso cotice libremente en los mercados de divisas.
Lamentablemente en Puerto Rico existe un situación política diabólica que impide alcanzar un acuerdo sobre su futuro. Existe un equilibrio entre los partidarios de la "estatidad" y los del mantenimiento del status quo mientras que los independentistas son minoría.
Esa indefinición y ausencia de claridad tendrá un elevado coste. Los habitantes pueden ir preparándose para lo peor. El llamado Informe Krueger, preparado por tres economistas del FMI, -Krueger, Teja y Wolfe- propone el clásico recetario neoliberal de esa institución. Consiste en la clásica combinación de reducciones de salarios, deterioro de condiciones laborales, políticas de austeridad del gasto público con las consabidas consecuencias deflacionistas que actualmente afligen a los países de la periferia europea. El plan seguramente se aplicará con el cebo de la restructuración de la deuda pública pero no resolverá ningún problema y contribuirá a una mayor devastación de la economía isleña.
Ha llegado la hora de que los habitantes de Borinquen elijan cuál debe ser su destino: la plena integración en EE.UU. o la plena independencia. Grecia, Puerto Rico y Ecuador atestiguan cómo las uniones monetarias sin una unión fiscal completa, tarde o temprano, llevan a los estados a caer en trampas financieras de difícil remedio y que causan un sufrimiento innecesario a la población.
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