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domingo, 23 de julio de 2017

Cuando no gastar es malgastar

Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es 

Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919). El tratado de Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29 que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara cuestionar el proyecto europeo!

El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013 pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.

La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y sorprendentes como “los ajustes fiscales, incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin causar recesiones. Los ajustes fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen demorar la adopción de políticas fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de impuestos  (Alesina, 2010). ¡Olé, olé, olé!

El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la austeridad.

Un año después del discurso de Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la equidad social en nuestro país[i] (Trichet & Ferández Ordóñez, 2011). Un mes más tarde, Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.

El artículo fue aprobado de forma expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina Miltimore, 2014).Resulta evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas(Sánchez Pérez-Castejón, 2011).

No sé si los socialistas son conscientes del grave error que cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos con esta reforma  me parece improbable que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades socialmente más útiles.
Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.

La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Son muchos principios, todos ellos con malos finales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el 2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el 2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia. ¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?

El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española». Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability, 2016). En definitiva: si estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?

Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la crisis se antoja prácticamente imposible.

El gestor público que quisiera introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.
Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar. Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar. Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14 señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.

Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”. Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

Los propósitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento. Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector exterior.



Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de 73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.

Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política, nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el aumento de las desigualdades.

Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad y sacrificios.

La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?





[i] El Viernes 19 de diciembre de 2014 el Banco Central Europeo publicaba la correspondencia de 2011 de Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José Luís Rodríguez Zapatero, instando a éste a tomar medidas que apoyen “su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencia creíble". La carta puede leerse íntegra aquí.


Referencias bibliográficas



Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.
Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Keynes, J. M. (1919). Economic Consequences of the Peace.
Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero: http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html
Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad y justicia social. Obtenido de El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802
Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability. (5 de julio de 2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto de 2011). Gurusblog. Obtenido de https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf

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