Incompetencia y oligarquía

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el pasado 8 de julio de 2017

Hubo un tiempo en el que el Banco Popular fue el más rentable de Europa. La entidad, fundada a principios del siglo XX, conoció una época dorada en la segunda mitad de esa centuria cuando se admiraba su modelo de gestión bancaria caracterizado por la prudencia. Fue un banco mediano con un negocio muy orientado a las PYMEs, cuya gerencia mantenía conocidas vinculaciones con el Opus Dei.

Todo cambió con la burbuja inmobiliaria, esa epidemia de irracionalidad que se apoderó de los gestores bancarios inoculados por el virus “España va bien” liberado al medioambiente español por José María Aznar. El presidente más nefasto de nuestra historia inauguró un ciclo de crecimiento económico enfermizo y putrefacto que combinaba opacidad fiscal, especulación incontrolada con un bien de primera necesidad, liberalización del suelo y una gangrenosa corrupción de las administraciones locales. En el pico de la burbuja, alcanzado en el año 2006, se constituyeron 1,3 millones de préstamos hipotecarios por valor de 138,3 mil millones de euros (¡Más del 14% del PIB español de aquellos años!). Hoy cuesta recordar que en el año 2008 se estaban terminando entre 70.000 y 80.000 viviendas cada mes. La banca española se embarcó imprudentemente en este juego y el Popular no quiso perderse la fiesta.

La burbuja inmobiliaria es una manifestación de un proceso descrito como financiarización, un hallazgo de un capitalismo atlántico que ya no encontraba atractiva la inversión real. Es una estrategia de crecimiento dependiente de un endeudamiento masivo de los hogares y empresas con crédito destinado a la construcción y la especulación financiera. En el pico de la burbuja tres sectores, —financiero, inmobiliario y constructor— llegaron a suponer el 25% del valor añadido bruto total de nuestra economía. El modelo estaba abocado a la crisis en el momento en que muchas de estas operaciones podían caracterizarse como inversiones “Ponzi” empleando la terminología de Hyman Minsky, es decir, se destinaban a la compra de activos que ni siquiera generaban caja suficiente para pagar los intereses. La inversión en suelo urbano o urbanizable es un ejemplo de capitalismo Ponzi porque una parcela vacía no rinde nada.

Cuando estalló la crisis los bancos españoles acumulaban en sus carteras miles de millones de euros de inversiones inmobiliarias tipo Ponzi: parcelas sin construir, créditos a promotores insolventes, hipotecas concedidas a familias con todos sus miembros en paro. La morosidad y los préstamos fallidos lastraban los balances de los bancos españoles y en 2012 se produjo el primer episodio de crisis financiera que llevó al rescate de las cajas de ahorros. Pero el rescate de 2012 no saneó los balances de todas las entidades bancarias.

Durante demasiados años nuestros políticos han jugado a darle patadas a la lata. Los sucesivos Gobiernos del Reino de España han echado un capote a la banca antes que permitir que reconociesen las pérdidas. Por ejemplo evitando que el valor en libros de muchos activos tóxicos fuera reconocido por su precio de mercado o subvencionando sus impuestos con el reconocimiento de unos créditos fiscales diferidos que permitían deducir unas pérdidas que aún no habían sido reconocidas. Pese a todo, una recuperación económica rápida habría podido sanearlos rápidamente. Sin embargo un año antes, en 2011, el nefasto cuarteto integrado por Barroso, Trichet, Merkel y Sarkozy impuso el giro a la austeridad en los países de la periferia europea. Antepusieron la salvación de su propia banca nacional, que había prestado alegremente a los bancos de la periferia, para lo cual exigieron que todos los recursos públicos de los estados periféricos, se destinaran prioritariamente a amortizar deuda. La recaída en la recesión ha prorrogado nuestra crisis económica prácticamente una década. No hay balance bancario que pueda soportar una década de depresión económica sin peligro de caer en la insolvencia.

Mientras tanto los gobiernos trataban de ganar tiempo. Fue el gobierno de Zapatero el que se prestó voluntariamente a un ejercicio de “transparencia”, los llamados test de esfuerzo que simulaban la resiliencia de los balances bancarios en un entorno adverso. Estas pruebas han demostrado ser perfectamente prescindibles. Alguien tendría que explicar por qué el Banco Popular superó las pruebas que la Autoridad Bancaria Europea le había impuesto el año pasado.

Al tiempo que las autoridades europeas llevaban las economías de la periferia a su segundo zambullido en la crisis se disparaba la llamada prima de riesgo, el diferencial que pagaba la deuda española respecto al rendimiento de la deuda alemana. Lejos de reconocer que la prima de riesgo fue consecuencia de una desdichada unión monetaria en la que se privaba de sus bancos centrales a unos estados que retenían sus competencias en el ámbito fiscal se atribuía este fenómeno un castigo de los mercados a estados derrochadores. Se quiso ver también un bucle diabólico entre bancos y estados. Los bancos necesitan presentar colateral de calidad, normalmente deuda pública, para acceder a la liquidez del banco central. Pero, si los mercados no querían comprar la deuda de los países periféricos, porque carecía del respaldo de un banco central, los bancos dejaban de tomar posiciones en esta deuda; precisamente en un momento en que esos mismos estados se veían obligados a destinar cuantiosos recursos financieros para rescatar a las entidades financieras.

La unión bancaria se nos ha vendido como la solución para romper este bucle diabólico. Entregar la supervisión bancaria al BCE y crear un mecanismo de resolución bancaria separaría definitivamente a los estados de los riesgos sistémicos originados en la banca privada.

La crisis del Banco Popular ha sido la primera oportunidad para que el mecanismo europeo de resolución bancaria demostrara su utilidad y ha fallado estrepitosamente. Se conocía desde hace meses que el Banco Popular tenía problemas de solvencia y liquidez. El supervisor bancario debe vigilar los ratios de liquidez que exigen las normas de Basilea III. El caso es que la liquidez del Banco Popular se secó más rápidamente que las aceras tras una tormenta de verano. Parece ser que en sus estertores finales la entidad estaba obteniendo financiación del BCE con un descuento del 90% sobre el valor nominal de los títulos que estaba presentado como colateral lo cual quiere decir que estaba llevando a la ventanilla la poca morralla que aún quedaba en su cartera. Según declaró el ministro de Guindos las sucesivas recalificaciones a la baja por las entidades de rating provocaron una precipitada fuga de depósitos. Además la Agencia Reuters se hizo eco de una filtración procedente de Elke König, Directora Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB), que habría contribuido a acelerar la huida.

¿Cómo es que el supervisor europeo no activó las alarmas para una intervención oportuna? ¿Cómo se explica la pasividad de unas autoridades que dejaron que la situación se degradase a un punto tal que la entidad agotó su liquidez horas antes de la operación de venta al Banco Santander?

En su intervención ante el Parlamento Europeo, Danièle Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión Bancaria del BCE, reconoció que su organismo estuvo vigilando la liquidez de la entidad y sin embargo su entidad no llegó a actuar por problemas de diseño legal que exigen aplicar criterios de proporcionalidad. Nouy reconoció que no había diálogo entre el departamento del BCE que estaba descontando el papel basura del Popular y el suyo. El mecanismo de supervisión bancario tiene serias carencias y sigue sin ser operativo porque le faltan componentes fundamentales como un seguro de garantía de depósitos europeo y un fondo europeo de resolución bancaria. La unión bancaria europea está en pañales y en sus dos primeras pruebas, la crisis del Popular y de los bancos venecianos, no solo no ha ayudado sino que ha entorpecido la búsqueda de una solución. El supervisor europeo tiene pocos remedios que ofrecer más allá de liquidar instituciones bancarias con un elevadísimo coste para los fondos nacionales de garantía de depósitos.

La Unión Europea postula que sean los accionistas y bonistas de las entidades bancarias los que asuman el coste de los procesos de resolución bancaria en primer lugar para evitar problemas de riesgo moral. Parece un argumento impecable pero observemos que hay muchos pequeños ahorradores que han invertido en acciones y deuda subordinada de las entidades bancarias. Muchos carecen de la formación financiera para entender qué tipo de riesgos asumen y ciertamente no tienen ninguna capacidad de influir en la gestión de las entidades. ¿En qué clase de riesgo moral estaba incurriendo el abuelo que todavía confiaba en títulos la entidad como producto de ahorro?

Una llamada de Saracho, el presidente de la entidad, fue la que alertó a Guindos de la falta de liquidez del banco. Fue finalmente el gobierno español quien resolvería la situación actuando de forma muy favorable a los intereses del Grupo Santander. La liquidación y venta precipitada al Grupo Santander por 1 euro del Popular plantea legítimas dudas acerca de la justicia del trato dado a unos pequeños inversores a los que se ha desplumado sin contemplaciones. La pregunta que nos hacemos es si la actuación de las autoridades nacionales y europeas revela incompetencia o conflicto de intereses o ambas cosas a la vez.

La cuestión de fondo es que un banco en realidad es una entidad público-privada. Sus accionistas pueden ser particulares pero un banco disfruta de privilegios que no tienen otras empresas privadas. Los bancos centrales tiene el poder de decidir su destino cuando incurren en problemas de solvencia y liquidez. Que quiebre o no una entidad bancaria es una decisión política dentro de un marco institucional establecido por ley. Esta misma semana el gobierno italiano ha tenido que anticiparse de nuevo ante la lentitud del mecanismo de resolución bancaria europeo concediendo una ayuda de 17 mil millones de euros, entre garantías y dinero desembolsado, destinados a liquidar dos bancos venecianos. De nuevo una entidad privada, Intesa Sanpaolo, será el principal beneficiario de este paquete de ayuda ya que se quedará con los activos buenos mientras que los “tóxicos” serán gestionados por un banco malo. El resultado habría podido ser una nacionalización, una liquidación ordenada o la venta a otra entidad bancaria pero de nuevo se escogió la solución que más favorecía a una entidad privada y menos a los intereses generales.

Una nacionalización sin embargo parece que habría sido mal acogida por una opinión publicada contraria a la banca pública y a acusaciones de que el coste lo paga el contribuyente. Pero esto es sorprendente porque el diseño institucional y estos prejuicios ideológicos conducen a que el Banco Santander se quede con la entidad por 1 euro o San Paolo reciba más de 17 mil millones de euros en ayudas públicas. ¿No habría sido más eficaz y justa una nacionalización? La fobia a lo público y la ideología del libre mercado ha impedido escoger una opción quizás superior. La caída de las cajas se presentó como un ejemplo de nefasta gestión pública que se quería contrastar con una superior administración privada. Ahora la caída del Popular desmonta el mito de la superior gerencia privada y nos plantea la pregunta de por qué sí se nacionalizan las cajas —que acabarán privatizando— y no se hace lo mismo con el Popular.

Se nos dice que la venta de Popular fue el resultado de un proceso competitivo pero solo consta que en la puja participaran BBVA, Bankia y Santander. Que el precio final haya sido un euro lo último que demuestra es que haya habido una subasta transparente y organizada con criterios de mercado. Más bien asistimos al reparto de un botín. Bankia acaba de quedarse con Mare Nostrum. No nos parece descabellado imaginar que BBVA acabe absorbiendo Bankia cuando se privatice.

El grupo Santander se hace con la cartera de préstamos provisionados y con los depósitos del Popular, limpios de polvo y paja, por un euro mientras que los accionistas y bonistas pierden toda su inversión. El resultado es el mayor grado de concentración bancaria de nuestra historia. Si la crisis de las cajas ha privado a muchas regiones de España de una entidad de crédito esta última operación va a reducir aún más la competencia en el sector. Tras la fusión de Santander y Popular cinco entidades controlan tres cuartas partes del negocio bancario. Si BBVA adquiere lo que queda de Bankia el grado de monopolio será aún mayor. Podemos esperar mayores comisiones bancarias, márgenes de intermediación más elevados y una mayor dependencia del tejido empresarial español de un puñado de entidades financieras.

Fuentes: CECA y AEB

Es preocupante la colaboración del estado en la creación de gigantes bancarios, entidades demasiado grandes como para dejarlas caer (“too big to fail”). Los mecanismos de resolución bancaria europeos permiten la liquidación de bancos no sistémicos pero esto monstruos no podrán ser liquidados. Tendrán que ser rescatados cuando algún día incurran en problemas financieros. El capitalismo europeo ha entrado en una fase de concentración oligopolística extrema lo cual nos convierte a todos en rehenes de sus decisiones.

Y ahora viene la crisis de Liberbank…