Artículo publicado originalmente en el Blog de la Fundación Alternativas el pasado 25 de enero de 2018.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.
Tranquilos, señoras y señores mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.
¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!
Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.
La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.
Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca fue pensada para atender las necesidades de los pobres).
La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque la disposición emocional del capitalismo oligárquico condiciona las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.
Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.
Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.
La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha éste introducido en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.
Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).
Tratados de Maastricht
Cierto es que el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder de nuestro Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter completamente nuestra sociedad a las "fuerzas del mercado". Aun así, los mecanismos operativos de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.
Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para ese propósito.
El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual ésta se puede regular alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones sobre las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas deberían proponer su prohibición o limitación con ¡válgame Dios! regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.
Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.
Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.
Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es ésa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.
Tranquilos, señoras y señores mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.
¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!
Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.
La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.
Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca fue pensada para atender las necesidades de los pobres).
La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque la disposición emocional del capitalismo oligárquico condiciona las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.
Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.
Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.
La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha éste introducido en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.
Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).
Tratados de Maastricht
Cierto es que el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder de nuestro Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter completamente nuestra sociedad a las "fuerzas del mercado". Aun así, los mecanismos operativos de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.
Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para ese propósito.
El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual ésta se puede regular alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones sobre las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas deberían proponer su prohibición o limitación con ¡válgame Dios! regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.
Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.
Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.
Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es ésa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.
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