La vieja estafa verde: los impuestos pigouvianos al carbono

En su obra fundamental, la Economía del Bienestar, el profesor Pigou desarrolló los conceptos de producto social marginal neto y producto privado marginal neto. El producto marginal neto de un recurso es el rendimiento obtenido por añadir un recurso adicional a un proceso productivo, por ejemplo un trabajador adicional, una máquina fresadora adicional en un taller, un coche nuevo a una flota de taxis, etc. Podría haber situaciones en las que las ganancias del producto marginal neto no revirtieran completamente el propietario. En este tipo de situaciones el inversor invertiría menos de lo deseable socialmente. Un ejemplo podría ser el de un propietario de un bosque reacio a invertir en él aunque las ventajas ambientales de la reforestación beneficiarían a todos. En otros casos un empresario podría estar aprovechándose de actividades contaminantes o perjudiciales para la sociedad, por tanto transfiriendo los costes que genera su actividad a la sociedad y obteniendo un rendimiento marginal superior al que le correspondería. Pigou consideraba que el producto social neto marginal tiene que ser igual para todos los empleos de un recurso. Si un recurso arroja un rendimiento marginal mayor dedicándolo a otra actividad debería transferirse a esta para aumentar la producción total. Además el producto social marginal neto debe ser igual al producto privado marginal neto. Esto significará que el inversionista privado recibirá todas las ganancias procedentes de su inversión pero también tendrá que asumir todos sus costes. De lo contrario se producirían externalidades de costes asumidos por la sociedad o no se asignaría una cantidad de recursos óptima a determinadas actividades. Para corregir estas divergencias Pigou proponía utilizar impuestos y subvenciones.

Los impuestos pigouvianos se han convertido en el fundamento teórico de la escuela dominante para abordar los problemas medioambientales.Tal aproximación pretende resolver problemas complejos con mecanismos de incentivos y desincentivos que se acercan al ideal de la economía de mercado. Ésa es la respuesta que está dando el mainstream al reto del cambio climática. Los impuestos al carbono para lidiar con el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero encajan con este marco teórico.

Recientemente unos senadores de EEUU han presentado un proyecto de impuesto al carbono con un descuento del 70% para las personas con rentas medias y bajas. El 30% de esta recaudación, que se espera alcance los 2,5 billones de dólaress en 10 años a partir de 2020 se destinaría a proyectos de infraestructura verde, I+D y un programa de formación para los trabajadores que pierdan sus empleos por culpa de la reconversión energética. Al otro lado del Atlántico la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyan también ha prometido un impuesto al carbono en su afán por obtener la confianza del Parlamento Europeo. La propuesta de von der Leyen también incluye potenciar el mercado donde se negocian los derechos de emisiones.

¿Se están tomando los políticos en serio la amenaza del cambio climático con estas medidas? En el pasado reconozco haber caído también en la trampa de la solución de los impuestos pigouvianos. Pero cuanto más reflexiono sobre ellos más convencido estoy de su ineficiencia y de su inequidad social. Yo creo que no serán eficaces y además contribuirán a deteriorar aun más la distribución de la renta en detrimento de los hogares más perjudicados por los efectos de las políticas neoliberales y la globalización. 

La propuesta de los impuestos al carbono es la opuesta a la del Green New Deal como el que propone Alexandria Ocasio-Cortez y que ya describí en un post anterior. Los impuestos al carbono son un señuelo que se adhieren a la fantasía de la capacidad de los mecanismos de mercado para resolver todos los problemas. Para esta visión cualquier intervención del gobierno se considera anatema.

Es muy improbable que a base de pequeños desincentivos económicos el sector privado acometa las inversiones necesarias para transformar completamente nuestro modelo productivo y energético. El ritmo de adopción de nuevas tecnologías sería demasiado lento para detener un calentamiento global que todas las observaciones demuestran que se ha acelerado en los últimos años. No es creíble que unos hogares depauperados por la crisis, sobre todo los más humildes, tengan los recursos para invertir en la mejora energética de sus hogares: instalar materiales aislantes, cambiar sus calderas, renovar sus vehículos, etc. Tampoco me resulta verosímil que las empresas se sientan atraídas por grandes obras de infraestructura verde sin un liderazgo decidido del Estado. El reto de la transformación a otro modelo energético y productivo es demasiado grande como para que lo asuma el sector privado. Las inversiones son demasiado grandes, los retornos a la inversión serán a muy largo plazo e inciertos. Solo el Estado que disfruta de soberanía monetaria puede liderar un proyecto de la escala y la ambición necesarias para detener el cambio climático.

El tiempo da y quita razones pero estoy convencido de que, si estos nuevos impuestos salen adelante, no veremos los efectos buscados en los plazos pretendidos. Dentro de diez años la emergencia climática puede ser aún mayor que en el presente y quizás nos arrepintamos de haber confiando en instrumentos tan endebles para obrar una transformación que, actuando con políticas de gasto e inversión públicas sí se habría conseguido.

Otro efecto de un impuesto al carbono es que tiende a desplazar las actividades contaminantes a los países más pobres y con estándares medioambientales más relajados. El efecto neto de esto impuetos podría ser, paradójicamente, que no se observase una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los impuestos sobre el carbono propuestos son tímidos y no resuelven nada. Carecen de ambición y no son capaces de ofrecer un nuevo trato a los perdedores del neoliberalismo. No aparece por ningún lado ninguna medida para crear empleos para la gente que los necesita o ayudas para mejorar las viviendas más humildes que son las peor aisladas. Estas personas deben conformarse con un plan de formación. ¿Para qué? ¿Acaso se van a crear los nuevos puestos de trabajo para ellas o simplemente se las dejará colgadas como tantas veces se ha hecho en este país? ¿Hemos de recordar en qué quedó la reconversión industrial de los años 80 en España? ¿Qué soluciones se aportaron a los mineros asturianos cada vez que e amenazó con cerrar sus minas?

Este proyecto neoliberal parte de una visión limitada de la capacidad del estado para movilizar recursos de forma eficaz. En estas propuestas subyace la idea de que el coste de la transformación energética tiene que ser financiado con nuevos impuestos ignorando la capacidad del monopolista de la divisa para movilizar nuevos recursos mediante la creación de nuevo gasto deficitario. En este blog he explicado repetidas veces cuál es la función de los impuestos y ésa no consiste en financiar al estado. Por ejemplo en esta entrada 

No, tus impuestos no pagan nada.

Esos nuevos impuestos no financian al estado, simplemente ayudan a retirar poder de compra de la economía liberando recursos reales para que los movilice el Estado. No digo que, ante un ambicioso programa de transformación energética, no se producirían tensiones inflacionista ante el intento de acceder a los recursos necesarios para invertir en nuevas infraestructuras. Tampoco niego que, ante la gran cantidad de recursos que haya que movilizar para atender todas las obras de infraestructura previstas en un GND, sea necesario ampliar el espacio fiscal del Estado liberando recursos que emplea el sector privado. En ese caso puede ser necesario subir algunos impuestos aunque también se pueden imaginar otras medidas que orienten las políticas de gasto público.

Por otra parte me preocupan las consecuencias sociales de estos nuevos impuestos. ¿Cómo debemos interpretar un impuesto sobre el carbono? Se lo traduzco: como siempre las clases populares y medias tendrán que dedicar una mayor parte de su renta a pagar su combustible y consumo energético. Los ricos podrán pagarlo perfectamente. Este impuesto es por tanto una medida regresiva. Sí, se ofrece un descuento del 70% para rentas bajas y medias. Pero para estas rentas incluso ese impuesto minorado supone otra carga adicional cuando ya hace décadas que sus rentas no aumentan en términos reales. Falsa medida para darle apariencia de progresividad. Sería más lógico establecer un impuesto sobre jets privados, mansiones gigantescas horteras, sedes corporativas sobredimensionadas, coches de lujo, campos de golf en lugares áridos o cruceros (contaminan mucho) en vez de fastidiar a los de siempre. Mucho me temo que este tipo de propuestas no están sobre la mesa.

Cuando Macron introdujo un impuesto sobre los hidrocarburos se produjo la revuelta popular de los chalecos amarillos. Estos planes también merecen una revuelta de personas adornadas con un chaleco amarillo.
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Lo verde se ha arrogado a menudo una imagen progresista pero muchas medidas verdes en realidad consiguen reservar los recursos escasos a una población privilegiada. Es como el sobrevalorado plan Madrid Central de Carmena: cierra el acceso a unas zonas selectas para que haya menos tráfico y expulsa a aquellos que no pueden pagarse un nuevo vehículo "no contaminante", oxímoron donde los haya. Una propuesta más acertada y equitativa habría sido fortalecer el transporte público, crear muchas más zonas peatonales y verdes en todos los barrios de Madrid, incluso en Vallecas o Aluche y favorecer una reducción del uso del vehículo privado sea cual sea su motorización.

Abundan los ejemplos de cómo operan estas políticas "verdes" en múltiples facetas: caza, pesca, parques nacionales, zonas urbanas de mejor calidad ambiental, impuestos sobre agua, combustibles, electricidad, bolsas de plástico son actividades y recursos que se han ido reservando cada vez a menos personas. Si no quiero que la gente use bolsas de plástico basta con ponerles un precio de 5 céntimos. El pobre dejará de usarlas, al rico le dará igual seguir llevándose su bolsa de plástico. Si la caza es un recurso escaso y regulado la privatizamos y la convertimos en una actividad reservada a la aristocracia en lugar de prohibirla. Si no queremos que mucha gente entre en un parque nacional cobramos una tasa a la entrada: el turista adinerado podrá pagarla y disfrutar de un entorno exclusivo; el pobre tendrá que buscarse otro lugar más económico. Los ejemplos son infinitos pero, en conclusión, si tengo renta alta y me ponen un precio por acceder a recursos escaso pago el precio y consumo igual. Solo las personas de renta baja deben reducir sus consumos y dejar de acceder a muchas actividades.
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Advertidos quedan de que nos encontramos ante un nuevo conflicto distributivo porque, al final, quienes van a ver otra merma en su nivel de vida real son las clases populares. El problema del cambio climático y el coste de las soluciones se van a cargar sobre ellas.

Estas iniciativas suelen acompañarse de propuestas para desarrollar un mercado de emisiones. De nuevo se utiliza el marco de análisis neoliberal para que todas las soluciones provengan del mercado que se supone resultará en el la solución óptima. Estos mercados simplemente privatizan el espacio que es de todos. Tras la estela de estos mercados para la negociación de derechos no se harán esperar los especialistas en la especulación y la creación de derivados financieros. De alguna forma el viejo dicho "nos cobran por respirar" puede hacerse realidad.

La perversión intrínseca en estos modelos neoliberales de gestión del cambio climático es que asumen que se puede establecer algún tipo de precio donde se alcanzaría una especie de equilibrio, una tasa natural de contaminación, debajo de la cual se puede seguir contaminando ya que los negocios seguirían siendo rentables aun pagando los impuestos pigouvianos y por encima de la cual la contaminación sería excesiva.

Si una empresa contamina no me parece aceptable que se le permita continuar haciéndolo por el hecho de sus márgenes sigan siendo lo suficientemente altos como para permitírselo o porque tenga un poder de mercado tan grande que simplemente transmitirá los costes a sus clientes cautivos. Si la atmósfera es de todos y tenemos derecho a un aire limpio y saludable las actividades contaminantes deben ser simplemente prohibidas o reglamentadas para reducir los daños.

Hay una alternativa superior que se llama Green New Deal que consiste en desarrollar políticas de gasto e inversión públicos ambiciosas con generación de miles de nuevos puestos de trabajo. Lo que  nos ofrecen los neoliberales en cambio es el Green Old Scam, la vieja estafa verde.