Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

martes, 23 de mayo de 2017

Portugal sale del procedimiento de déficit excesivo y esa es una mala noticia

Editorial publicado en RedMMT



Escrito por Redacción


Esta semana hemos conocido que la Comisión Europea ha sacado a Portugal del procedimiento abierto por déficit excesivo. Muchos progresistas han cantado albricias y explican la noticia como una prueba de la superior capacidad de gestión del gobierno de Costas, en coalición con los partidos de la izquierda, y lo contrastan con el hecho de que España, bajo la presidencia de un gobierno conservador y corrupto, siga incluido en el proceso de déficit excesivo. Hay un problema de corrupción, pero no es un problema de corrupción.

Creemos que tal posición es un grave error de apreciación. En Portugal la tasa de desempleo es del 10%, un guarismo alejadísimo del pleno empleo y que probablemente esconde una realidad social más trágica ya que no computa a los que han abandonado la búsqueda activa de empleo o han abandonado el país. En estas circunstancias la acción correcta es subir el déficit, no bajarlo. El gran economista Abba Lerner desarrolló el concepto de finanzas funcionales para determinar la política fiscal adecuada a la consecución de los objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios:


El principio de juzgar por los efectos ha sido aplicado a muchos otros campos de la actividad humana, se conoce como el método científico que se opone al escolástico. El principio de juzgar las medidas fiscales por la forma en que operan o funcionan en la economía podríamos llamarlo Finanza Funcional.

Esto llevó a Abba Lerner a definir una simple regla para un gobierno que trata de maximizar el bienestar de la sociedad:


Si existe desempleo es conveniente reducir impuestos o aumentar el gasto. Si hay un exceso de demanda de forma que hay pleno empleo con precios al alza que amenaza con inflación la política adecuada es la contraria. Esta es la primera ley de las finanzas funcionales. (Selected Economic Writings of Abba P. Lerner, 1983)

Las finanzas funcionales dejan sin efecto los principios de las finanzas “responsables” en los que creen las autoridades de Bruselas. Atenerse a las insensatas reglas fiscales impuestas en el Tratado de Maastricht es plegarse a una ideología obsoleta y conservadora que antepone ridículos objetivos presupuestarios basados en una fracción (déficit fiscal en porcentaje del PIB) carente de significado y adverso al bienestar del pueblo.

Lamentamos que el Gobierno socialdemócrata de Portugal haya renunciado a las señas de identidad de la izquierda plegándose a irrelevantes reglas de “decoro” fiscal que solo sirven a intereses oligárquicos. Este tipo de actitudes han caracterizado la gestión de los acomplejados partidos socialdemócratas que han preferido someterse a los dogmas del pensamiento neoliberal antes que defender con convicción políticas a favor de la mayoría social que acaben de una vez con la lacra del desempleo en el sur de Europa.

Pedimos a los partidos progresistas de Europa que despierten ante los cantos de sirena a ritmo de fado que llegan desde Portugal y tengan el coraje de presentar un discurso alternativo, enfrentándose a las autoridades de Bruselas si fuese menester. La prioridad es el pleno empleo, y si hay que despojarse de un Banco Central Europeo que mira hacia otro lado forzando la austeridad presupuestaria y obviando el sufrimiento social a favor de unas estructuras de poder que nos esquilman, no queda más opción que dotarse de soberanía monetaria y abandonar este diseño disfuncional y sus frugales apariencias de cambio.

lunes, 22 de mayo de 2017

Ornitología fiscal

En el espectro político podemos encontrar fundamentalmente a dos clases de aves en función de su posicionamiento respecto al déficit fiscal. Por un lado tenemos a los “halcones”, los partidarios de reducir el gasto público a toda costa y asegurar que haya un superávit. Los halcones suelen asociar todo tipo de catástrofes a la existencia de déficit prolongados tales como hiperinflaciones, montañas de deuda impagables, etc. No suelen comprender que si los halcones se saliesen con la suya el estado estaría literalmente destruyendo todo el dinero en circulación y llevaría la economía a tasas cada vez más altas de desempleo y deflación que además hacen imposible que el estado cumpla con sus objetivos de recaudación fiscal puesto que la caída de rentas provocará que ésta baje.

En la fauna política encontramos también a los “palomos”. Estos son un versión más blanda de los partidarios de la hacienda “responsable” y suelen hallarse en los partidos políticos de izquierda socialdemócrata. Los palomos creen que el saldo público debe equilibrarse en el tiempo. Si hoy hay un déficit mañana el gobierno debe alcanzar un superávit para evitar que se produzcan los terroríficos males con los que amenazan los halcones. En definitiva los palomos están dispuestos a aceptar un déficit no muy grande en tiempos de recesión pero éste debe corregirse cuanto antes. Los palomos suelen renunciar a sus promesas electorales porque piensan que todo aumento del gasto social debe ir acompañado de un aumento de la recaudación fiscal. Por ello suelen ponerse la soga al cuello. Cuando la economía se está recuperando de una recesión son propensos a alarmarse por que el déficit no se está reduciendo al ritmo deseado y renuncian a políticas de gasto público o recurren a aumentos de impuestos que obstaculizan la recuperación económica.


El conocimiento de la teoría moderna de la moneda y de las finanzas funcionales permitiría que los políticos actuaran como búhos del déficit. El búho es el ave silenciosa y astuta, capaz de anticipar los movimientos de su presa y actuar con eficacia asesina cuando es necesario. El búho fiscal toma sus decisiones políticas en función de sus efectos aplicando las dos leyes que formuló Abba Lerner quien consideraba que el «procedimiento racional es juzgar todas las acciones por sus efectos y no por vagas nociones de decoro o indecoro. “Por sus frutos los conoceréis”» (Lerner, The Economics of Control, 1944).

El principio de juzgar por los efectos ha sido aplicado a muchos otros campos de la actividad humana, se conoce como el método científico que se opone al escolástico. El principio de juzgar las medidas fiscales por la forma en que operan o funcionan en la economía podríamos llamarlo Finanza Funcional. (Lerner, Selected Economic Writings of Abba P. Lerner, 1983)


Si el dinero que consigue el estado por vender sus acitvos, emitir deuda o recaudar impuestos es superior al que entrega por transferir rentas, hacer préstamos o comprar entonces no necesita imprimir dinero (hogaño diríamos teclear dinero). A la inversa si los cobros son menores que los gastos entonces habría que imprimir dinero.

La recaudación de impuestos efectivamente aumenta el dinero en manos del estado y detrae dinero de los bolsillos de los ciudadanos. El primer efecto no tendría mucha relevancia. Si se acumulan billetes en sus cofres podría guardarlos pero también podría quemarlos o destruirlos. Lo importante es el segundo efecto. Lerner entendió que recaudar impuestos no servía para financiar al estado sino para detraer poder de compra del sector privado y otros fines de política pública como desincentivar determinados comportamientos. El hecho de que el gobierno ingresara más dinero del que gastara tendría poca importancia. 

La primera responsabilidad del gobierno (que nadie más puede asumir) es mantener la tasa total de gasto del país en bienes y servicios ni por encima ni por debajo de la tasa a la que los precios actuales comprarían todos los bienes que es posible producir. Si se consiente que la inflación supere ese límite habrá inflación y si se permite que caiga por debajo habrá desempleo. Esto llevó a Abba Lerner a definir una simple regla para un gobierno que trata de maximizar el bienestar de la sociedad. Si existe desempleo es conveniente reducir impuestos o aumentar el gasto. Si hay un exceso de demanda de forma que hay pleno empleo con precios al alza que amenaza con inflación la política adecuada es la contraria. Esta es la primera ley de las finanzas funcionales.

Emitir deuda tampoco sirve para proveer al estado de recursos financieros. Tomar dinero en préstamo o prestarlo solo tiene la utilidad de determinar los tipos de interés. Esta es la segunda ley de la finanza funcional: el gobierno debe pedir prestado si es deseable que el público tenga menos dinero y más bonos del tesoro. En definitiva las finanzas funcionales dejan sin efecto los principios de las finanzas “responsables” en los que creen las autoridades de Bruselas, los políticos conservadores y —lamentablemente— la mayoría de los políticos sedicentes progresistas. Equilibrar las cuentas públicas no tiene ninguna utilidad y el déficit público no es más que un guarismo que indica poca cosa más que el hecho de que el estado ha inyectado más poder adquisitivo del que ha drenado. Si observamos que existe pleno empleo y estabilidad de precios entonces sabemos que vamos bien, sea el déficit público equivalente al -2% del PIB, el -8% del PIB, o el -15% del PIB.

El empeño por equilibrar las cuentas públicas en una época en la que el desempleo es muy elevado solo puede provocar un descenso de precios y un hundimiento adicional de la demanda agregada. Como dice Warren Mosler, «un presupuesto equilibrado por principio corresponde al gasto mínimo que no provoca una deflación continuada (Mosler, Soft Currency Economics, 1996)». 

jueves, 18 de mayo de 2017

Si no quieres un monopolio ¿para qué te metes?

Una versión más breve de este post apareció originalmente como un artículo de opinión en la sección Luces Rojas de Infolibre. 

Hace pocos días supimos que unos desaprensivos habían quemado unos coches de la empresa Cabify. El suceso despertó mi curiosidad por conocer un sector empresarial en alza; vilipendiado por unos, ensalzado por otros. Existen varias empresas tecnológicas como Uber, Cabify o Avant que explotan plataformas que ponen en contacto a conductores de vehículos y pasajeros. Estas aplicaciones ofrecen al usuario una experiencia personalizada —al parecer en vehículos de alta gama o adaptados a sus necesidades—, seguridad, localización mediante GPS e información sobre el trayecto y las tarifas. Una especie de servicio premium de taxi. Para contratarlos es necesario utilizar su plataforma online en la que se indica el trayecto que desea realizar, se recibe información del vehículo y del conductor y se conocerá el coste exacto del servicio.

Las plataformas intermedian pues entre los clientes y los conductores con licencia VTC (Autorización de Vehículos con Conductor), a los que llaman “socios” para dar la ilusión de que existe una relación de igualdad. Al consultar las páginas web de Uber y Cabify averiguo que el conductor puede trabajar cuantas horas desee —jornadas flexibles que supongo pueden ser cualquier cosa entre unos minutos o doce horas—, ganar mucho dinero —¿dónde hay que firmar?— y recibir el soporte tecnológico para localizar el camino —o sea, un GPS.

Sucede que estas plataformas han puesto en pie de guerra al gremio del taxi. Los taxistas alegan que están sometidos a una onerosa regulación de la que están exentos los conductores de Cabify o Uber. Mientras ellos han tenido que obtener una costosa licencia que les encadenará durante años al volante de su taxi para pagarla los conductores con licencia VTC pagan mucho menos. Con razón o sin ella los taxistas han identificado a los conductores de estas plataformas como competencia desleal.

Desde Cabify y Uber llegan mensajes contradictorios. Por una parte niegan ser competidores del taxi. Por ejemplo, teóricamente un conductor con licencia VTC no puede captar clientes en la calle. Pero estas autojustificaciones se entremezclan con comparaciones odiosas. Los defensores de las plataformas presentan al gremio del taxi como un colectivo obsoleto reticente al cambio tecnológico que se mantiene gracias a una regulación innecesaria. El fundador de Cabify, Juan de Antonio, explicaba en una entrevista que el propósito de su empresa es estar «al servicio de los usuarios y mejorar alguna (sic) industria que llevaba mucho tiempo sin cambiar. Y el transporte de personas estaba muy anquilosado en el pasado». Pone el ejemplo de los taxímetros de los taxis, «que tienen muy poca capacidad de inteligencia» (Cinco Días, 2011). Puede que no sean competidores pero el cruce de declaraciones entre las empresas y los colectivos del taxi deja patente que hay poco amor entre ellos.

En numerosos artículos he encontrado admiración hacia el impulso modernizador de estas plataformas. Sin embargo, cuando examino sus modelos de negocio encuentro motivos de inquietud que me hacen cuestionar la pureza de sus intenciones.

En numerosos artículos he encontrado admiración hacia el impulso modernizador de estas plataformas. Sin embargo cuando examino sus modelos de negocio encuentro motivos de inquietud que me hacen cuestionar la pureza de las intenciones librecambistas de estas empresas.

El gran economista Abba Lerner desarrolló una sencilla ecuación que describe el índice de monopolio de una empresa privada, que llamaremos “μ”. Éste es


Donde “p” es el precio unitario y “cm” es el coste marginal, un concepto desarrollado por los economistas neoclásicos. Los manuales de microeconomía nos ilustran como en un mercado de competencia perfecta —que es como una gema porque rara vez se encuentra en la realidad— el precio unitario debería ser igual al coste marginal (cm). Ello sería así porque los empresarios deciden añadir unidades a su producción si van a poder venderlas a un precio superior al coste de producir esa unidad adicional. Como presumiblemente llegará un punto en el que cada unidad adicional producida cuesta más que la anterior, poco a poco, el coste marginal se acercará al precio y en ese momento el empresario dejará de producir unidades adicionales pues cada se vendería a un precio inferior a su coste de producción. En cambio un monopolista tiene capacidad de imponer el precio o la cantidad que está dispuesto a vender al mercado. Por supuesto el monopolista ya no se ve obligado a ofrecer la cantidad de producto a la venta que igual coste marginal con precio sino que fijará el precio o la cantidad que desee ofrecer que maximice su beneficio. Este índice μ oscila entre 0 y 1, donde 0 correspondería a una situación de competencia perfecta —porque al ser p=mc el numerador del índice sería 0— y 1 a una de monopolio perfecto porque en esa situación los costes marginales son 0 y una empresa puede hacer crecer el volumen de producción hasta el punto en el que copa todo el mercado.

Una larga tradición entre los economistas explica que cuando los monopolistas ya llevan su producción al nivel que iguala precio con coste marginal la economía se aleja de la asignación óptima de factores productivos entre los fabricantes de y bienes producidos entre los consumidores lo cual reduce el bienestar de la sociedad. Contrastemos que ocurrirá con el grado de monopolio en el mercado del taxi actual y el que pretenden imponer las nuevas plataformas.

Es cierto que la entrada en el negocio del taxi está cerrada a quienes no consigan adquirir una licencia. Pero también lo es que los precios del servicio los imponen las autoridades locales, normalmente en negociación con el gremio. Cada taxista es un pequeño empresario poseedor de una licencia que le otorga un cierto poder de mercado. Sin embargo la ley marca un tope al número de horas que puede trabajar y se limita el número de licencias que una persona puede tener. La reglamentación asegura que el gremio del taxi funcione con unos parámetros cercanos a los de un mercado en competencia perfecta aunque seguramente habría otros modelos mejores.

Contrastemos esto con el modelo de “economía colaborativa” que ofrecen Uber y Cabify. Los representantes de la compañía se presentan como adalides de la competencia. Uno de ellos declaró a El Español que había «un grupo de radicales que todo lo que es competencia lo tienen en el punto de mira, pero no tenemos nada de lo que preocuparnos». Pero resulta poco creíble que Cabify solo venga a mejorar la competencia en ese sector. Recientemente esa empresa ha conseguido cerrar una ampliación de capital de 120 millones de dólares, que han aportado unas sociedades de capital riesgo de Silicon Valley. La pregunta entonces es «¿si no quieres un monopolio, para qué metes tanto dinero en este negocio?» La contradicción se hace patente en la misma entrevista, en la que el susodicho representante nos dice que en «grandes ciudades tenemos más o menos una cuota de mercado del 50% de todas las licencias de VTC existentes» (Martínez, 2016). ¿En qué quedamos: vienen ustedes a aumentar la competencia o a quedarse con todo el mercado?

Lejos de los modelos distribuidos, las plataformas como Cabify, Uber, Arbnb, Homelidays y otras generan modelos de negocio cada vez más centralizados, con una cúpula de socios extractores de valor, unos pocos trabajadores altamente cualificados que pueden disfrutar de cierta estabilidad laborar y condiciones de trabajo más dignas y una masa de trabajadores/emprendedores/autoexplotados que ponen todos los medios de producción, asumen el riesgo empresarial y obtienen unos rendimientos irregulares rayanos en una renta de mera supervivencia. Pero esta explotación brutal se sublima con el empleo de eufemismos (economía colaborativa, emprendedores, socios) y la fascinación de nuestra sociedad con la tecnología que se asocia a progreso y modernidad.

Cabify y Uber ilustran el sublimado modelo de la “economía colaborativa”. Observen que el uso del adjetivo “colaborativo” le otorga un barniz progresista que oculta un modelo empresarial basado en la extracción de rentas y la explotación laboral más atroz. Es evidente que Cabify o Uber ya disfrutan de un poder de mercado muy fuerte. Para empezar imponen el precio a sus clientes, que no son los usuarios finales, sino los conductores. Buscando en la web he encontrado referencias de comisiones de hasta un 20%, que se me antojan excesivas para una mera intermediación. Mientras existan distintos operadores en competencia quizás los conductores tengan alguna fuerza negociadora. Pero es improbable que esta situación sea duradera.

La naturaleza de los negocios basados en internet es que su coste marginal se aproxima a cero. A Uber o Cabify cada nuevo cliente le cuesta menos que el anterior. Los efectos de red permiten distribuir unos costes fijos entre un número mayor de usuarios y los costes variables son muy bajos. Estas plataformas carecen de límites para crecer indefinidamente. Por tanto alguna resultará ganadora y tarde o temprano expulsará a sus competidores llevándolos a la quiebra o comprándolos para ampliar su cuota de mercado.

De paso, a medida que la plataforma se vuelva más sofisticada y eficaz, ya no será práctico buscar un taxi en la calle con el tradicional gesto de levantar el brazo. Es posible que resulte más eficaz simplemente darle a un botón en el móvil y, si el parque de vehículos del operador es suficientemente grande, en pocos segundos nos llegará un taxi al lugar en el que estamos. Técnicamente el conductor no habrá captado a un cliente en la calle pero se le parece mucho. Los precios de los viajes en coches VTC no están regulados, sus licencias son más baratas en el mercado y por tanto sus precios son menores. En España hay 67.089 licencias de taxi pero ya existen 5.890 licencias VTC (Gutiérrez, 2017).

Es probable que a medida que estas empresas consoliden su poder de mercado e impongan un monopolio efectivo, el taxi tradicional se extinguirá y será sustituido por profesionales del VTC. Con menos competencia veremos cómo cobran comisiones cada vez más altas y llegaremos al punto en el que, una vez descontados los costes de mantenimiento del vehículo, combustible, seguro, impuestos de circulación, amortización, etc. al conductor no le quede más que lo justo para vivir, desde luego con menor holgura que un “obsoleto” taxista. Estas empresas tecnológicas hacen el negocio perfecto: a diferencia de los capitalistas de antaño, dejan que los medios de producción los ponga el socio/emprendedor/autoexplotado. Estos conductores corren con el riesgo inversor y además se comprometen a asumir el coste de renovar su coche cada seis años y mantenerlo en condiciones de limpieza resplandeciente. Las empresas tratan de seducir al conductor con ilusiones de que se convertirán en emprendedores que decidirán cuántas horas trabajan y cuánto quieren cobrar. La realidad es más burda. Un artículo en OK Dinero contaba que algunos clientes de Cabify eran empresas que a su vez contrataban a conductores a través de empresas de trabajo temporal. Están sometidos a duras condiciones laborales con horarios de hasta doce horas, sin posibilidad de cobrar horas extras y pendientes las 24 horas del día 7 días a la semana de la aplicación que les encadena a una relación esclava (Jiménez, 2017). Recurriendo a intermediarios Cabify consigue desprenderse de las responsabilidades legales. El término jornada “flexibile” disfraza una brutal explotación laboral con jornadas interminables.

El negocio se redondea ofreciendo al “emprendedor/autoexplotado” préstamos para la compra de un vehículo si lo necesita. El Financial Times se hizo eco recientemente de las críticas a las prácticas crediticias de Uber. Según asociaciones de consumidores y trabajadores de EEUU, «Uber se aprovecha de sus conductores, arrastrándolos a una deuda que no se pueden permitir». Es una forma rápida de dotarse de una base de conductores atrapados por un préstamo usurario (Hook, 2016).

Es comprensible que los taxistas se sientan amenazados por estos nuevos negocios. Sin embargo, la estrategia de quemar los coches de los conductores VTC no parece la más inteligente. Harían mejor informando de los peligros para la sociedad de estos modelos empresariales que amenazan con reducir a los conductores a la condición de un precariado ferozmente explotado. Deberían instar a las administraciones locales para que estudien la conveniencia de que haya dos tipos de licencias y exigir que regulen las condiciones de trabajo de los conductores VTC con mayor diligencia y que se prohíba a las plataformas que actúen como entidades financieras. Una excelente práctica antimonopolista sería que las administraciones públicas financiaran la implantación de una plataforma que ofreciera prestaciones similares —si no superiores— a las de Cabify y Uber. La alternativa es que dentro de pocos años contemplemos asombrados los millonarios dividendos que cobran los socios capitalistas de estas plataformas mientras lamentamos las horrorosas condiciones de trabajo de los conductores.


Cinco Días. (2011 de diciembre de 23). Un fundador de Tuenti se pasa a los coches de lujo bajo demanda. Obtenido de Cinco Días: http://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/12/23/empresas/1324651184_850215.html
Gutiérrez, H. (28 de abril de 2017). El País. Obtenido de La batalla de las licencias: 67.089 taxis y 5.8990 VTC: http://economia.elpais.com/economia/2017/04/28/actualidad/1493390941_523371.html
Hook, L. (11 de Agosto de 2016). Uber hitches a ried with car finance schemes. Obtenido de Financial Times: https://www.ft.com/content/921289f6-5dd1-11e6-bb77-a121aa8abd95#axzz4HROk5W7Q
Jiménez, B. (19 de 02 de 2017). Conductores de Cabify advierten de las duras condiciones laborales impuestas por Jobandtalent. Obtenido de OK dinero: https://okdiario.com/economia/empresas/2017/02/19/conductores-cabify-advierten-duras-condiciones-laborales-impuestas-jobandtalent-766408
Martínez, J. (16 de febrero de 2016). Cabify se rearma con nuevos fondos para competir con Uber. Obtenido de El Español: http://www.elespanol.com/economia/20151012/70992931_0.html

lunes, 8 de mayo de 2017

El bosque de la deuda pública

Cualquiera que haya seguido la prensa económica o las secciones de economía de la prensa generalista durante los últimos años habrá observado cómo periódicamente se nos alerta acerca del crecimiento insostenible de la deuda pública. La deuda del estado despierta temores entre la derecha porque se asocia con una subida de impuestos en el futuro cuando haya que pagarla —otro motivo menos confesable es que la derecha desea limitar el ámbito de actuación del estado. Incluso desde la izquierda se habla con frecuencia de deuda “ilegitima” y la necesidad de someterla a auditoría. Creo que la izquierda tiene problemas para comprender que las emisiones de deuda constituyen una mera operación monetaria en la que se produce un simple canje de activos. Hay que auditar la ejecución del gasto, no la deuda.

Muchos creen honestamente que la deuda no se puede pagar y que, tarde o temprano, llegará la hora de la verdad en la que el estado se verá obligado a suspender pagos y aplicar políticas de austeridad draconiana, incluso a vender empresas públicas y todas las joyas de la corona. El pavor a la deuda pública se refleja en los en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea que obliga a los países con una deuda pública superior al 60% del PIB a llevarla a ese límite en veinte años a un ritmo de una veinteava parte al año (Boletín Oficial del Estado, 2013, pág. 28).

La histeria de deuda lleva a algunas personas a hacer aseveraciones asombrosas. Por ejemplo no son pocos los que dicen que estamos dejando una pesada carga a futuras generaciones. Según esta visión de pesadilla la presente generación dejará tal carga de deuda que en el futuro nuestros hijos o nietos tendrán que destinar la mayor parte de su renta a pagar el principal y los interesas. Pero la pregunta es cómo exactamente van a pagar esas futuras generaciones esa deuda con los que las hemos cargado tan onerosamente. ¿Tendrán que enviar bienes y servicios producidos en el futuro hacia el pasado por algún mecanismo que la tecnología actual no permite? ¿A quién o quiénes deberán pagar nuestros nietos esa pesada carga?

Es evidente que eso es absurdo: los pagos por el servicio de una deuda se realizan siempre entre personas de una misma generación. En cada generación unos serán acreedores y otros deudores. Cuando el estado paga intereses por el servicio de la deuda alguien está cobrando ese flujo de intereses en el momento presente, no el futuro ni en el pasado. La creación y destrucción de activos financieros no crea ni destruye riqueza ni presente ni futura, simplemente transfiere rentas entre unos agentes y otros. Unos tendrán una posición financiera neta positiva y otros la tendrán negativa pero, en agregado, la posición financiera de la economía es cero.

Existe incluso una página web en EEUU que trata de alarmar a los americanos con un contador de deuda que les ilustra sobre el ritmo al que crece (US Debt Clock). Pero estos ejercicios son pueriles y absurdos. Para empezar es inimaginable que llegará un día del juicio final en el que todos tendrán que saldar su deuda. El gran economista Abba Lerner comparó la deuda a un bosque en el que todos los años mueren árboles pero también nacen otros nuevos (Lerner, 1944, pág. 303). En algunas épocas el bosque crecerá porque nacerán más árboles de los que mueren y en otras el bosque menguará. Puede que una compañía papelera decida tallar una parte para utilizar la pulpa o que haya un incendio pero luego el bosque se podrá recuperar y volverá a crecer aunque todos y cada uno de los árboles que lo componen acabarán por morir. De la misma manera la deuda total aumentará o menguará pero nunca desaparecerá de golpe. Por cada inversor antiguo que quiera desinvertir siempre habrá nuevos inversores que desean comprar nueva deuda. Cuando los primeros son más que lo segundos la deuda aumentará y viceversa.

La fobia a la deuda se deriva de entender al estado como un hogar o una empresa. Pero un estado no es un hogar porque las emisiones de deuda pública cuentan con el respaldo del banco central (también en los países de la zona Euro desde que el Banco Central Europeo inició su programa de flexibilización cuantitativa).

Decir que el estado se endeuda es lo mismo que decir que alguien está acumulando activos financieros. Deuda y crédito son las dos caras de la misma moneda. Cuando el estado se endeuda simplemente está creando instrumentos de ahorro para el sector no gubernamental.
El propósito por el cual el estado emite deuda es reducir la cantidad de reservas existentes en el sistema bancario. Cuando el estado gasta crea reservas bancarias y cuando recauda impuestos las destruye. Por tanto un déficit presupuestario tiene como efecto incrementar el saldo de reservas en el sistema bancario. Las emisiones de deuda drenan estas reservas con la finalidad de crear una escasez y subir el tipo de interés en el mercado interbancario donde los bancos se prestan reservas unos a otros. El interés de este mercado interbancario es una referencia para los bancos que suelen determinar los tipos de interés que aplican a sus clientes añadiendo un margen. En el caso extremo si nadie aceptara el canje de reservas por deuda propuesto por el estado los tipos de interés tenderían a caer a cero. Pero éste sería un comportamiento extraño en entidades capitalistas cuyo objetivo es maximizar el beneficio.

La deuda pública no puede arruinar al estado. Sin embargo la crítica de la deuda pública desde la izquierda tiene una cierta validez aunque por motivos equivocados. Al emitir deuda pública el estado simplemente está sustituyendo un instrumento de ahorro que no paga intereses, las reservas, por otro que sí los paga. La justificación es reducir el poder de compra en manos del sector privado, normalmente con la intención declarada de evitar la inflación. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, el estado simplemente está modificando las carteras de individuos adinerados que de todas formas no pensaban gastar ese dinero.

Antiguamente eran los más adinerados quienes podían comprar deuda pública. Thomas Piketty nos recuerda en su estudio sobre la desigualdad como los personajes de las novelas decimonónicas de Jean Austen y Balzac colocaban sus ahorros en deuda pública lo cual les permitía sacar una renta anual sin asumir ningún riesgo (Piketty, 2013). Actualmente los grandes tenedores de deuda pública son los fondos de pensiones y de inversiones donde conservan sus ahorros las personas de mayor patrimonio. En realidad la deuda pública es una operación innecesaria que responde a un atavismo que procede de la época de los patrones monetarios metálicos. Entonces los estados debían emitir deuda para conseguir el oro o plata que necesitaban para gastar cuando los ingresos tributarios eran insuficientes. Actualmente el estado se ve obligado por una mera restricción institucional a emitir deuda pública por importe equivalente a su déficit. De esta forma las reservas creadas por el estado quedan automáticamente destruidas. Sin embargo en una etapa posterior los bancos centrales se muestran dispuestos a comprar esa misma deuda pública a cambio de cuentas de reservas si un exceso de reservas lleva los tipos de interés por debajo del nivel deseado por el emisor.
En realidad no hay ninguna necesidad de que los tipos de interés sean distintos del 0%. Pensemos con detenimiento qué supone que el estado pague intereses a los tenedores de deuda pública. En 2015 el estado español pagó más de 33 mil millones de euros en intereses, es decir entregó a los tenedores de la deuda pública el equivalente al 3% del PIB, más que los recortes que histéricamente nos piden los sacerdotes de la austeridad bruselenses. ¿Qué bienes y servicios habían entregado a cambio los tenedores de la deuda pública al estado? Realmente no tuvieron que mover un dedo para conseguir esa cantidad de dinero. Se trata pues de una partida de gasto totalmente regresiva que acentúa la desigualdad en el reparto de rentas en beneficio de una minoría exigua; mera beneficencia para millonarios.


Para los estados que disfrutan de un monopolio en la emisión de la moneda no existe ningún motivo racional que lo obligue a conseguir un dinero que él mismo puede crear sin coste alguno. Lo lógico sería que el estado dejara de emitir deuda pública en lo sucesivo y que el déficit público simplemente se materializara en un aumento de las reservas bancarias llevando los tipos de interés a su tasa natural —el 0%— de forma permanente. Deberíamos suprimir la deuda pública por ser innecesaria y socialmente regresiva.

viernes, 5 de mayo de 2017

Tres alternativas para la zona euro

En este enlace pueden encontrar el vídeo de mi intervención en el Seminario de Economía Marxista, Poskeynesiana y Cuántica al cual el Prof. Julián Sánchez tuvo la gentileza de invitarme.


domingo, 30 de abril de 2017

Porfiar en mantener el tipo de cambio socava la potencia del sistema monetario


La finalidad del sistema monetario e impositivo es abastecer de recursos reales al estado, es decir, orientarlos hacia el cumplimiento de fines que atienden el interés general. El sistema monetario basado en moneda fiduciaria es extraordinariamente eficiente para conseguir este propósito. Sin embargo su eficiencia se socava cuando tratamos de fijar su valor respecto a otros activos o monedas.

El patrón oro ilustra un sistema monetario en el que el estado emisor se autoimpone una limitación completamente innecesaria a su soberanía monetaria. Desde el momento en que el emisor se compromete a comprar y vender su moneda a un precio determinado por otro activo se impone una restricción que le impide aprovechar el potencial que tiene ser emisor en régimen de monopolio de su propia moneda. Si los agentes empiezan a vender la moneda de la nación para comprar oro el gobierno tendrá que subir los tipos de interés, bajar el gasto público o subir los impuestos para procurarse las reservas de oro que le permitirán atender esa demanda.

De la misma manera, vincular el valor de la moneda a otra moneda es equivalente a renunciar a una importante parcela en la soberanía monetaria. Si el gobierno decide que en adelante defenderá un tipo de cambio respecto a otras divisas se enfrenta a la pérdida de importantes grados de libertad tal como se ilustró el trilema descrito anteriormente. Si un estado decide que su moneda —pongamos el peso— va a valer en adelante ¼ de dólar de EEUU ±2,5%, en adelante todos los demás objetivos de política económica quedan supeditados a esa finalidad. Para empezar el gobierno tendrá que instruir a su banco central para que compre dólares de EEUU, una inversión de nula rentabilidad social. Si la cotización se va a la banda baja, es decir, se acerca a 4,1 pesos por dólar, el gobierno tendrá que intervenir vendiendo reservas de dólares para comprar su propia moneda. El absurdo de tal medida se revela en el hecho de que es el mismo banco central quien crea esa moneda. Es como si Vd. fuera pintor y decidiera comprar todas las obras que ha pintado para evitar que su precio caiga en el mercado. Además tendrá que subir los tipos de interés para atraer capitales extranjeros. El estado puede verse obligado a abandonar políticas sociales tales como el mantenimiento del pleno empleo.

El empeño de defender el tipo de cambio elevando los tipos de interés puede llevar a otro absurdo señalado por Warren Mosler (Mosler, Soft Currency Economics, 1996). Para mantener el tipo de cambio fijo, los empresarios piden prestado en dólares, donde el tipo de interés es menor, venden los dólares al banco central que está dispuesto a comprar cuantos les ofrezcan a cambio de la moneda local y además les ofrece un tipo de interés mayor. Endeudarse en dólares —pongamos al 4% anual— venderlos al banco central a 4 pesos por dólar y colocarlos al 8% y luego devolver el préstamo al cabo de un año llevándose un 4% limpio de polvo y paja. El negocio es redondo mientras el banco central no devalúe la moneda. Por supuesto tal estado de cosas se mantendrá mientras los agentes confíen en que el banco central será capaz de defender su moneda. El problema reside en que si el banco central no es capaz de defender la moneda el avispado especulador puede encontrarse con una deuda que ya no es capaz de devolver. Todo esto es absurdo pero desafortunadamente tales son las políticas que aplican numerosos estados.

Muchos estados de países poco desarrollados no son capaces de generar demanda por su propia moneda. Fallan fundamentalmente los sistemas tributarios y las tasas de evasión fiscal son altas. Dicho de otro modo, como la fiscalidad es ineficiente pero el estado trata de ejecutar políticas de gasto que demanda la población, tiende a poner demasiado dinero en manos del público sin crear demanda por ella por la vía de los impuestos. Además los niveles de monetización y bancarización son bajos y la oferta de bienes, sobre todo de productos suntuarios, que pueda comprarse con dinero es baja. Como los nacionales no desean mantener esos depósitos en la moneda nacional tratan de deshacerse de ella vendiéndola. Eso provoca la depreciación de la moneda, es decir, inflación. La pérdida de confianza en la moneda nacional provoca que muchas personas prefieran usar una moneda extranjera —frecuentemente el dólar—como medio de ahorro.

En tales estados la ineficacia del sistema fiscal redunda en un deterioro de su espacio fiscal y una gran parte de los recursos se pierden para el desarrollo de su economía. Estas situaciones no solo merman la credibilidad y utilidad del estado sino también obstaculizan el desarrollo económico. En cierto modo esos estados ponen sus recursos a disposición de potencias extranjeras quedando reducidos a la condición de países coloniales. En las situaciones extremas tales estados renuncian a emitir su propia moneda y reconocer el hecho consumado de que la población prefiere la utilización de una moneda extranjera.

La renuncia a la soberanía monetaria ilustra por qué sistema monetario moderno funcional es tan potente. Un estado que renuncia a emitir su propia moneda tiene que imponer tributos a los agentes que poseen esa moneda extranjera, ya sea directamente a los exportadores o a quienes los han conseguido prestando servicios o vendiendo bienes a los exportadores antes de abastecerse de bienes y servicios. Como solo las exportaciones permiten acceder a nueva moneda para que la oferta monetaria pueda crecer la economía nacional debe mantener un superávit comercial. Como vemos los estados que renuncian a su soberanía monetaria tienen grandes dificultades para aplicar políticas en pro del interés general. Lejos de estar los recursos nacionales a disposición de los habitantes del país, estos están prioritariamente reservados para los extranjeros. De esta forma toda la economía se pone al servicio de las empresas exportadoras, las cuales suelen ser grandes empresas cuando no oligopolios.

Ecuador renunció a su propia moneda tras experimentar un período de elevada inflación que había deteriorado la confianza de la población en ella. La dolarización fue adoptada por el gobierno del presidente Jamil Mahuad en 1999 al tipo de cambio de 25.000 sucres el dólar. Desde entonces Ecuador utiliza la moneda de un país extranjero, el dólar de los EEUU. La dolarización provocó un aumento de la emigración hacia países como España y el colapso de la clase media.
La existencia de grandes reservas de petróleo y las remesas de los emigrantes ha permitido a Ecuador acceder a un volumen de moneda extranjera suficiente para que el gobierno pudiera seguir desarrollando sus funciones. Sin embargo, una caída de las exportaciones obliga a un país usuario de una moneda extranjera a aplicar políticas de austeridad. Por ejemplo, en 2016 la caída de los precios del petróleo aumentó el déficit del gobierno ecuatoriano hasta el 6,3% del PIB lo cual obligó al gobierno a aplicar políticas de austeridad y elevó el desempleo hasta el 7,5%. La dolarización dificulta que el gobierno de Ecuador gestione el ciclo económico y pueda asegurar el pleno empleo.

Dejando cotizar nuestra moneda en los mercados de divisas el tipo de cambio actúa como un amortiguador. Si nuestra balanza comercial se torna deficitaria la demanda de nuestra divisa se debilitaría causando su depreciación. El efecto será un encarecimiento de las importaciones lo que desincentivará las compras al exterior. También fomentaría la compra de productos nacionales y un abaratamiento de nuestras exportaciones estimulando las ventas exteriores de nuestras empresas. Si el tipo de cambio fluctúa en función de la oferta y demanda del mercado estos pequeños movimientos no son excesivamente dolorosos porque serán graduales reflejando los caprichosos movimientos de los flujos comerciales. En cambio mantener un tipo de cambio artificial nos expone a agresiones de los especuladores que resultan muy costosas para la sociedad. Un especulador solo necesita conocer el tamaño de reservas de divisas en el banco central. Cuando éstas empiezan a escasear puede cobrarse su presa apostando en contra de nuestra moneda sabiendo que tarde o temprano al banco central se le agotará el stock de moneda extranjera.

El SME experimentó una profunda crisis en 1992 poco tiempo después de la reunificación alemana. Helmut Kohl había decidido cambiar todos los marcos de la antigua República Democrática Alemana por marcos de la República Federal aplicando un tipo de cambio de uno a uno, muy alejado de la cotización de mercado donde el precio del marco oriental valía una cuarta parte —lo cual por cierto destruyó el tejido productivo de Alemania Oriental. El Bundesbank decidió subir los tipos de interés para contener los efectos potencialmente inflacionistas de tal medida. Esta decisión generó una crisis monetaria en toda Europa pues los demás países se vieron obligados a aumentar sus tipos de interés para evitar la salida de depósitos hacia Alemania. En Suecia el banco central tuvo que fijar el tipo de intervención para operaciones a un día en el 500%. Este escritor, a la sazón empleado de una empresa sueca recuerda llamadas de pánico desde la casa matriz reclamando todos los saldos en cuentas bancarias de la filial española. En ese año España ya era miembro de la CEE y había asumido el compromiso de anclar el tipo de cambio de la peseta. Para contener las presiones especulativas, en agosto de 1993 los países europeos decidieron ampliar estas bandas de fluctuación hasta el 15%.

Sin embargo las tensiones cambiarias no habían terminado. En una reunión de los ministros de hacienda y bancos centrales celebrada entre el 4 y el 5 de septiembre en Bath, en el Reino Unido, que presidía el ministro británico Norman Lamont en calidad de presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), éste exigió a Alemania que recortara sus tipos de interés. Uno de los participantes alemanes narró como Lamont, «aporreando en un momento dado la mesa con el puño, le gritaba al presidente del Bundesbank, Helmut Schlesinger, “doce ministros de hacienda están sentados en esta mesa para exigirle que baje los tipos de interés. ¿Por qué no lo hace?”» (Mitchell, La distopía del euro: pensamiento gregario y negación de la realidad, 2016, pág. 380). La ira de Lamont era comprensible porque la más afectada por la crisis del año 1992 fue Gran Bretaña que se vio obligada a abandonar el sistema europeo de tipos de cambio fijos. Especuladores como el fondo de George Soros, el Quantum Fund, no desaprovecharon la oportunidad y apostaron contra la permanencia de la libra esterlina en el SME. En septiembre de 1992 los tipos de interés subieron al 10% en el Reino Unido. El Tesoro Británico y el Banco de Inglaterra compraron 600 millones de libras en dos intervenciones realizados por la mañana. Sin embargo los especuladores decidieron apostar por la devaluación de la libra y siguieron el ejemplo de Soros. Un poco más tarde el Banco de Inglaterra compró otros 400 millones de libras pese a lo cual su cotización siguió oscilando por encima del límite inferior comprometido con los socios europeos. Estas escaramuzas continuaron toda la mañana hasta las 11:00, hora a la que el Banco de Inglaterra elevó el interés al 12% en un esfuerzo de contener la salida de capitales. Al día siguiente subió el tipo de interés al 15% pese a lo cual continuaron las fuertes ventas de libras esterlinas. Todas estas transacciones arrojaron pérdidas para el Banco de Inglaterra pero el esfuerzo fue baldío. Mientras el Banco de Inglaterra invertía comprando cientos de miles de libras esterlinas para defender el tipo de cambio, los especuladores vendían millones de libras esterlinas. Tras desprenderse del equivalente a más de 1.000 millones en libras esterlinas a las 19:40 el canciller Lamont anunciaba ante la sede londinense del Tesoro que Gran Bretaña suspendía su pertenencia al Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio (Mitchell, La distopía del euro: pensamiento gregario y negación de la realidad, 2016). Gran Bretaña aprendió la lección: desde entonces la libra esterlina ha flotado libremente en el mercado y el país se ha negado a participar en una unión monetaria con Alemania negociando una cláusula de autoexclusión en los TTUE. Ese año España se vio obligada a realizar hasta cinco devaluaciones pese a lo cual aguantó el tirón y continuó en el MTC. Las medidas de ajuste requeridas para defender la permanencia de España en el SME llevaron la tasa de desempleo hasta cerca del 23% y provocaron la definitiva derrota electoral de los socialistas de Felipe González en 1996 al que sucedió José María Aznar. A diferencia del Reino Unido, España, Portugal e Italia —los futuros PIGS— no escarmentaron y siguieron con testarudez el camino de la unión monetaria.

El Reino Unido, España e Italia tuvieron ocasión de experimentar cómo los grandes fondos podían movilizar suficientes recursos como para tumbar las cotizaciones de sus divisas en el mercado en 1992. En aquella ocasión la divisa española se depreció hasta tres veces y el “jueves negro” de mayo de 1993 la peseta cayó un 8% acumulando una pérdida de valor del 21,7% en ocho meses. La crisis económica iniciada un año antes había dejado la deshonrosa marca de 3,3 millones de parados (El País, 1993). Los británicos aprendieron la lección; pero los gobernantes españoles no comprendieron nada de lo que había ocurrido y decidieron llevarnos a la unión monetaria europea.


El problema de gestionar el tipo de cambio es que sus costes son superiores a los de las ventajas que pudiera tener mantenerlo anclado a la moneda de otra nación. El hecho de que un país tenga una industria poco desarrollada no se puede remediar mediante políticas que pretenden controlar el tipo de cambio. Porfiar en mantener el tipo de cambio fijo es como tratar de contener la respiración para embutirnos una prenda que se nos ha quedado estrecha. A corto plazo funciona pero enseguida se vuelve muy incómodo. Luchar por defender el tipo de cambio vendiendo reservas —hasta que se agotan— y subiendo los tipos de interés no solo exige hacer una una inversión socialmente poco rentable en reservas sino que además tiende a crear desempleo. Es posible que a corto plazo la nación consiga luchar contra la inflación reduciendo su gasto doméstico condenando al paro a una parte de la población. Pero esto no resuelve el problema de fondo que es la falta de desarrollo de la industria doméstica. Es más razonable expandir las capacidades productivas de la nación ocupando los recursos ociosos y sustituyendo importaciones con el desarrollo de las capacidades productivas.

viernes, 28 de abril de 2017

Los regímenes monetarios: tipo de cambio de la divisa

El comercio exterior obliga a establecer un tipo de cambio entre las monedas que emplean agentes ubicados en distintas zonas monetarias. Este tipo de cambio puede variar libremente en función de la oferta y la demanda o las autoridades pueden intervenir para controlarlo. Existen varios regímenes monetarios que ordenamos a continuación en función del mayor o menor control que le permiten al estado sobre los recursos de la nación.
  • Tipo de cambio fluctuante: la divisa cotiza en relación a otras en el mercado sin intervenciones del banco central. El dólar de EEUU, la corona islándica, el yen japonés o el euro son ejemplos de países que dejar fluctuar libremente sus divisas.
  • Tope de tipo de cambio: Se determina un tope a la apreciación de la propia divisa frente a otra de referencia. Normalmente esta estrategia la emplean países mercantilistas que suelen mantener una balanza comercial favorable. Estos países pueden defender un tope de tipo de cambio porque implica comprar la divisa extranjera y vender la propia. Como el banco central tiene capacidad ilimitada de crear su propia moneda y el país está succionando divisas extranjeras gracias a su superávit comercial esta estrategia no plantea muchas dificultades. Lo que pretende el banco central es no perder su ventaja competitiva por una apreciación del tipo de cambio que encarezca sus exportaciones y abarate las importaciones. Otra razón puede ser evitar la importación de niveles de precios de otros países tal como hicieron Dinamarca, Suiza y la República Checa para protegerse del episodio deflacionista que afectó a la zona Euro entre 2013 y 2016. La caída de los tipos de interés en la zona euro hasta territorio negativo provocó la entrada de depósitos en estos países que también se vieron obligados a llevar sus tipos de interés a 0% y poner un tope a la apreciación de sus monedas. Dejar que su moneda se apreciase habría acelerado la deflación al abaratar aun más las mercancías procedentes de la zona monetaria vecina.

  • Tipo de cambio fluctuante dentro de una banda: la moneda cotiza libremente dentro de una banda más o menos estrecha respecto a otra moneda de referencia (normalmente el dólar de los EE.UU. o una cesta de monedas). Cuando el tipo de cambio se acerca a un límite inferior o superior de la banda el banco central debe intervenir para defender el tipo de cambio; en el primer caso comprando su moneda y vendiendo sus reservas de divisas; en el segundo vendiendo su moneda y comprando divisas. Ejemplo de este sistema fue el sistema monetario europeo antes de la creación del euro que permitía una banda de oscilación de ±2,25% (±6% para países como España o Italia).
  • Tipo de cambio fijo o peg: la moneda cotiza a un tipo de cambio fijo e irrevocable respecto a otra moneda o una cesta de monedas. Esto quiere decir que el banco central debe intervenir diariamente comprando y vendiendo su moneda en los mercados para mantener el tipo de cambio. Es extraordinariamente difícil mantener un tipo de cambio fijo y lo normal es que los países opten por una banda estrecha de oscilación. Un ejemplo de peg es el patrón oro como el que fijo EEUU durante el régimen de Bretton Woods de $35 por onza.
  • Convertibilidad o currency board: el banco central asegura la plena convertibilidad entre su moneda y la de un país extranjero. Por tanto comprará toda la divisa del país extranjero que se le ofrezca y venderá toda la divisa extranjera que se le demande a ese precio. No podrá emitir moneda nacional por mayor importe que las reservas que posea el banco central que a su vez solo podrá obtener mediante exportaciones y entradas de capitales. Los ejemplos más conocidos son la Argentina que acabó en la crisis del Corralito de 2001 y algunos microestados. En África varios estados están integrados en  la zona del Franco de la comunidad financiera africana donde el tesoro francés garantiza su convertibilidad al euro.  Este es también el régimen que predomina en Bulgaria que mantiene una convertibilidad de su moneda, la leva, con el euro cada vez más criticado por muchos economistas que defienden el retorno al tipo de cambio flotante.
  • Zona monetaria: varios países comparten una moneda común pero no un estado común. El ejemplo más conocido es la zona euro pero otro antecedente es la zona rublo que sucedió durante unos años a la disolución de la URSS.
  • Usuarios de moneda extranjera: algunos países renuncian a emitir su propia moneda y utilizan la de un tercer país. En este caso la única forma de conseguir moneda es a través de las exportaciones. Algunos países que han renunciado a su propia moneda son Ecuador, que usa el dólar de los EEUU y Bosnia-Herzegovina que es usuario del euro. En cierto sentido los países de la zona euro también pueden considerarse usuarios de una moneda extranjera.
Desde la teoría monetaria moderna defendemos que el mejor sistema es la libre fluctuación de las monedas en los mercados de divisas como explicaré en una entrada posterior.