Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

viernes, 24 de mayo de 2019

Nadia Calviño no es Robin Hood (II): los objetivos de la tributación

Artículo de Juan Laborda y Stuart Medina publicado originalmente en Voz Populi el pasado 16/5/2019.

En una entrega anterior explicamos por qué las políticas de consolidación presupuestaria distan mucho de ser progresistas y son irrelevantes para los fines públicos. No nos engañemos, Nadia Calviño no es Robin Hood. Su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado podrá satisfacer a sus antiguos y dogmáticos jefes de Bruselas, pero, quizás sin saberlo, llevará al endeudamiento y al desempleo a muchas familias.

Nuestra crítica no pretende negar la necesidad de mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal sino cuestionar los objetivos de maquillaje contable tan caros a la ortodoxia neoliberal. La subida de impuestos pretendida por el Gobierno se adorna de motivos de equidad fiscal y de la necesidad de extraer dinero de los contribuyentes para financiar gastos sociales. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. La propuesta del Gobierno de Sánchez satisface los fines pretendidos de forma meramente marginal. Por ejemplo, el cacareado impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras, que grava la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, tiene un tipo tan ridículamente bajo que difícilmente resolverá nada.

Si se pretende desincentivar la especulación financiera sería mejor prohibir directamente algunas transacciones como, por ejemplo, la especulación con derivados financieros sobre materias primas energéticas y alimentos, y/o limitar las actuaciones de los “prop trading” de los bancos sistémicos. Pero si lo que se quiere de verdad es beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, habría que sustituir las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo por políticas fiscales que destinaran recursos públicos a las clases más desfavorecidas, vía, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado.

La regresividad fiscal de España

Proponemos otra política fiscal. Pero para ello explicaremos antes cuáles son las finalidades de los impuestos. La principal función de los tributos es generar una demanda de la moneda emitida por el estado. La moneda es aquello que el estado exige en pago de impuestos y que previamente ha entregado a cambio de los recursos que ha obtenido del sector privado. En este sentido la moneda debe considerarse como un crédito fiscal. Pero los impuestos tienen otros objetivos cruciales para los fines públicos. Por un lado, asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza, en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a la concentración de las mismas en pocas manos. Reducir la riqueza de las grandes fortunas, vía impuestos, aporta además una ventaja sutil de defensa de la democracia: evitar que dichas élites utilicen su poder de compra para practicar cohecho, influir en la legislación y en las políticas públicas en pro de sus intereses. Por otro lado, los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o que generan otro tipo costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles que emiten gases de efecto invernadero son ejemplos de este tipo de impuestos. Finalmente, otro objetivo vital de los tributos es el de informar a la sociedad, mediante los precios públicos, del coste de determinadas actuaciones del estado.

Los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública

La política impositiva aplicada en nuestro país ha tendido a favorecer a una clase mimada, especialmente rentista. Y ello tiene sus consecuencias. Si analizamos la equidad de nuestro sistema fiscal, comprobamos que ha fracasado de forma estrepitosa. El coeficiente Gini mide el grado de desigualdad en el reparto de las rentas. Se puede calcular un índice antes y después de impuestos para medir en qué grado éstos contribuyen a mejorar el reparto de las rentas. Según datos publicados por Eurostat nuestro sistema fiscal es, bajo esta perspectiva, de los más ineficientes. España se encuentra entre las naciones más avanzadas que menos consiguen reducir la desigualdad después de impuestos encontrándose más cerca de países como Turquía, México, o Estados Unidos que de los escandinavos.

Con los dos partidos mayoritarios, el camino hacia la regresividad ha sido imparable. Por eso, los pretextos redistributivos en nuestro país tienen una escasa credibilidad a la luz de los antecedentes. Si en 1978 el tipo impositivo más alto cuadruplicaba el más bajo, esta relación no llegaba a dos veces tras la última reforma del ministro Solbes. Actualmente, tras la reforma de Montoro de 2011, el tipo máximo del IRPF es del 52% para las rentas del trabajo y del 27% para las rentas del ahorro. Esta reforma del Gobierno Rajoy trató de cuadrar el círculo de complacer a defraudadores políticamente cercanos, con ventajas y amnistías fiscales, con los objetivos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas.

Una alternativa fiscal


¿Cuál sería una política fiscal progresista? Desde nuestro punto de vista aquélla que, en primer lugar, se fijara en redistribuir la carga fiscal y no en maximizarla. Encontraríamos más convincente una política que bajase drásticamente los impuestos que recaen sobre las clases populares. Por ejemplo el IVA, un tributo muy regresivo, tiene una tasa del 21% que debería reducirse. En cambio otros impuestos que son claves en conseguir una mejor distribución de la renta como los de patrimonio y sucesiones deberían experimentar incrementos sustanciales a partir de un umbral razonable que previamente deje exenta a la mayoría de la población.

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Cambiar el modelo productivo patrio exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.

Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.

Una reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, proporcionando un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo y a las pequeñas y medianas empresas

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Como detallaban ciertos multimillonarios estadounidenses en un manifiesto contra la pretensión de George W. Bush de eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos, "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.

viernes, 10 de mayo de 2019

Nadia Calviño no es Robin Hood (I)

Artículo de Juan Laborda y servidor publicado originalmente en Voz Populi

Transcurrido el fragor del combate electoral, el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante Bruselas su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado. Daría para otro artículo el análisis de cómo el proceso de despolitización neoliberal ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado se sometan a la censura previa de tecnócratas no elegidos democráticamente, convirtiendo a las Cortes en un mero ornamento para salvar las apariencias democráticas. El plan contempla un incremento de los impuestos de 5.654 millones de euros, fundamentalmente recaudados sobre los ricos y un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Pretenden conseguir el equilibrio en 2022.
Ciudadanos no ha perdido la ocasión de denunciar la ocultación de una subida de impuestos durante la campaña electoral. El Gobierno y sus partidarios no han tardado en reaccionar diciendo que se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos argumentos resuenan entre el electorado de izquierda. El mensaje del PSOE es: "Subimos los impuestos para que los ricos sufraguen un mejor estado social".
Lamentamos disentir. Disfrazado con vestimentas progresistas, la obsesión de NadiaCalviño por el equilibrio presupuestario, esconde un mensaje profundamente neoliberal y antisocial, más alineado con los intereses que representa Ciudadanos.

Inestabilidad financiera y desempleo

La propuesta de Calviño obvia algo tan básico como la identidad de balances sectoriales, un hallazgo del economista británico Wynne Godley. Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público. Si ignoramos el sector exterior, entonces el desahorro del Estado es idéntico —hasta el céntimo— al ahorro de hogares y empresas. Si añadimos que nuestra balanza comercial es deficitaria, entonces el efecto de un equilibrio presupuestario del Gobierno sería endeudar aún más a unos hogares y empresas cuyas tasa de ahorro están en mínimos históricos. Esto solo puede llevar a una nueva crisis financiera como la que experimentamos en 2008.
Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público
Con tasas de desempleo como las actuales lo responsable sería promover políticas de pleno empleo dejando que el saldo presupuestario se cuidara por sí mismo. El guarismo que refleja el saldo de las cuentas públicas no debe ser más que el residuo del conjunto de políticas que aseguren el pleno empleo con estabilidad de precios.
Sin embargo, España cuando suscribió los Tratados de la Unión Europea cedió la gestión de la política monetaria a un organismo supuestamente independiente, pero muy activo políticamente, llamado Banco Central Europeo. Este emisor es el cancerbero de las políticas neoliberales europeas. Si un Estado pretende abandonar el sesgo pro austeridad impuesto por los tratados, intervendrá inmediatamente renunciando a comprar la deuda de ese Estado, frecuentemente invocando argumentos pseudotécnicos.
Si inquirimos por qué los Estados europeos han abandonado la responsabilidad presupuestaria bien entendida, sustituyéndola por la consolidación fiscal, solo cabe explicárselo por la necesidad de crear una falsa sensación de escasez. Se trata de alegar que el Estado es básicamente impotente al carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y de inversión que exige la mayoría democrática. La consecuencia es la deflación permanente en el continente europeo, el estancamiento económico y el auge de los fascismos.

Contra una política social avanzada

Entre los partidos socialdemócratas el equilibrio presupuestario se asocia con una medida deseable de equidad social. Los ricos deben contribuir solidariamente al mantenimiento del bienestar social y equilibrar las cuentas públicas sería la consecuencia virtuosa de una política fiscal más equitativa. ¿Cómo no podría ser algo deseable para una sensibilidad progresista? Lamentablemente, lo que suele ocurrir, debido a una actitud de complacencia de la UE respecto a los paraísos fiscales, es que las grandes fortunas encontrarán nuevos recovecos para escabullirse, dejando la factura en manos de las clases medias y bajas. Lo curioso es que el equilibrio presupuestario es un evento históricamente extraordinario que suele anteceder a las recesiones económicas. Pero los intereses de clase predominan sobre el bien común.
Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente
Michal Kalecki ya lo explicaba sucintamente allá por 1943 en Political Aspects of Full Employment. El enorme economista post-keynesiano exponía tres razones por las que a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”. Pero sin duda alguna la razón más importante es que a las élites no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por los líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".
El rechazo a las políticas de pleno empleo keynesianas de posguerra fue el resultado de la reacción neoliberal, a través de sus think-tanks, y que acabó atrapando a las élites políticas, incluyendo a las de los partidos socialdemócratas. Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente. Estamos de acuerdo en que es preocupante que las grandes fortunas acumulen tanto renta y riqueza. Pero la solución no está en quitársela cuando ya lo han conseguido, algo que resulta harto complicado, sino en evitar, en realidad, que les entre tantísima pasta. Para ello debemos frenar el desarrollo de clases rentistas beneficiarias de monopolios otorgados por el estado, establecer una política permanente de tipos de interés cero, reforzar el poder negociador de las clases trabajadores mediante una política de pleno empleo permanente; y, a largo plazo, asegurar que los medios de producción no queden en manos de una minoría exigua.

El declive de Europa

La Unión Europea intenta el férreo cumplimento de dos mandamientos sacro-sagrados para los hooligans ordo-liberales: amarás la sostenibilidad presupuestaria sobre todas las cosas; y a la actual arquitectura de la zona Euro como a ti mismo. Pero este ordo-liberalismo genera un efecto colateral todavía más demoledor. Supone la decadencia y declive de Europa.
Mientras que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, invierten cantidades ingentes de dinero en inteligencia artificial, big data, biotecnología, ordenador quanto, coche eléctrico, energías renovables… Con un papel destacadísimo en todo momento del Estado, en Europa el equilibrio presupuestario hace que los proyectos de inversión pública pan-europeos sean ridículos. Aquí, en Europa, se fía todo a un sector privado que es incapaz de asumir los riesgos inherentes a esos procesos de inversión. Digámoslo claramente; un New Deal verde es imposible sin la participación del Estado.

En respuesta a Joseph Huber

Artículo publicado originalmente en Infolibre el 8 de mayo de 2019

Una vez más, el diario El País regala a sus lectores otra crítica de la teoría monetaria moderna (TMM). Uno esperaría que, ante el surgimiento de una escuela de pensamiento económico novedosa, los periodistas inquirieran directamente a sus proponentes en primera instancia. Sin embargo, El País parece preferir las presentaciones distorsionadas de enemigos ideológicos, tales como la del economista de la escuela austríaca Juan Ramón Rallo hace unas semanas, aun a riesgo de exponerse al ridículo.

En esta ocasión el periodista Miguel Yasuyuki nos deleita en La Teoría Monetaria Moderna, ¿sinónimo del Dinero Soberano? con un refrito de un post publicado por el alemán Joseph Huber. Dicho autor, representante de una versión vintage de la olvidada escuela monetarista impulsada en los años 70 por Milton Friedman, delata una pasmosa ignorancia de la TMM, lo cual no le impide lanzar una desafortunada crítica. Su texto está cuajado de afirmaciones asombrosas que, de ningún modo, corresponden a postulados emitidos por nuestra escuela de pensamiento. De hecho es difícil encontrar un solo aserto que sea correcto.

Huber nos atribuye creencias como la de que "el gobierno crea dinero como bonos soberanos". Esto no es cierto. Lo que decimos es que los bonos soberanos son un instrumento para retirar reservas del sistema bancario para regular los tipos de interés. El dinero se ha creado en una fase anterior cuando el gobierno ha ejecutado el gasto público, proceso que inyecta reservas en el sistema bancario. Es comprensible su confusión pues, para nuestro anti apologeta, el gobierno no tendría capacidad de crear dinero. Solo lo crearían los bancos cuando compran los bonos emitidos por el gobierno. Es decir, Huber invierte el orden de la operativa. Los bancos primero crearían el dinero y luego comprarían los bonos soberanos con él. De esta forma el estado se vería obligado a obtener financiación de los bancos.

Pero esa afirmación es contraria a lo que nos dice la empírica. Antes de la operación de emisión de deuda los gobiernos han ejecutado sus políticas de gasto y recaudado los impuestos. No hay ningún misterio, es un proceso documentado mediante meros apuntes contables generados con un ordenador ubicado en el Tesoro. El acto de gastar origina una transferencia de la cuenta del Tesoro en el banco central hacia la cuenta de reservas de alguna entidad bancaria en la que el beneficiario del gasto mantiene sus cuentas corrientes. Posteriormente, los gobiernos retiran parte de esas nuevas reservas, al cobrar los impuestos. Esta fase de reflujo consiste de nuevo en un apunte contable que adeuda la cuenta corriente del contribuyente y, simultáneamente, la cuenta de reservas que mantiene su banco comercial en el banco central.

Los gobiernos emiten títulos de deuda una vez que conocen cuál es su saldo presupuestario. Incluso en el tortuoso diseño institucional contemporáneo, que prohíbe la financiación directa de los gobiernos por el banco central, el Tesoro necesita conocer su saldo antes de decidir el tamaño de su emisión de bonos. Los bancos y otras instituciones compran la deuda emitida por el Tesoro, pero para ello utilizan cuentas de reservas, es decir, cuentas abiertas en el banco central.

Aceptemos por un momento que la hipótesis de Huber sea cierta y que el gobierno solo puede realizar gasto deficitario si emite títulos de deuda a cambio de transferencias desde las cuentas de reservas de los bancos a la cuenta del Tesoro. Tendría que existir algún mecanismo que obligase a los bancos centrales a crear esas cuentas de reservas a favor de los bancos comerciales de forma previa o simultánea a su operación de compra de deuda pública. Si los gobiernos emiten deuda pública precisamente para retirar reservas del sistema ¿cuál es la lógica de la propuesta de Huber que implica crear y destruir reservas de forma inmediata? Por otra parte, ¿cómo se compadece esta hipótesis de Huber con la realidad observada en los últimos años cuando los bancos centrales han inyectado reservas al sistema bancario, sin esfuerzo y porque les ha dado la gana, sin necesidad de vender productos ni servicios, en los últimos años, a un ritmo superior a 80 mil millones al mes? ¿Considera Huber que los bancos centrales no son parte del estado?

Por algún motivo Huber piensa que los proponentes de la TMM consideramos que «la deuda del gobierno no es realmente deuda». Nos gustaría saber de dónde ha podido sacar tan peregrina idea. Continuamos citando a Huber: «Así sería sólo si el gobierno no tuviera que pagar tasas de interés, lo que no es cierto» ¿Entonces, de acuerdo con este criterio, las emisiones a tipo de interés cero o negativo como las de las más recientes subastas del Tesoro de España no son deuda?

Fiel a su visión del gobierno como una entidad sometida a restricciones presupuestarias como las de cualquier hogar, expresa su preocupación por que «la tasa de interés agrava el balance de los gobiernos». Sin embargo la realidad es que casi todos los estados han mantenido un déficit durante casi todos los años de su existencia y la tierra no parece haberse abierto bajo sus pies. Por cierto, la experiencia reciente de las economías avanzadas demuestra que los bancos centrales pueden llevar tipos interés a 0%. Añadamos que muchos proponentes de la TMM defendemos una política de tipos de interés 0 permanente (ZIRP).

Huber demuestra su perplejidad cuando afirma que «no podemos aceptar este argumento confuso de la TMM que no reconoce la obligación financiera del gobierno». Estamos igualmente perplejos. Agradeceríamos que citara la fuente donde haya podido leer semejante planteamiento.

El bloguero alemán recoge la impresión prevalente entre los críticos de la TMM de que abogamos por una capacidad infinita de gasto pública. La realidad es que todos los autores de la TMM han establecido los límites al gasto público en el agotamiento de los recursos reales que pueden ser adquiridos por el estado a cambio de su dinero. Por ejemplo, en su libro, Los siete fraudes inocentes capitales de política económica, Warren Mosler dice:

«El hecho de que el gasto público no esté limitado operativamente en forma alguna por los ingresos significa que no existe “riesgo de solvencia”. Dicho de otra forma, el gobierno siempre puede hacer frente a todos los pagos, cualesquiera que estos sean, en su propia moneda. No importa cuán grande sea el déficit o cuán exiguos sean los impuestos recaudados. Esto, sin embargo, no significa que el gobierno pueda gastar todo lo que quiera sin consecuencias. El exceso de gasto puede hacer subir los precios y aumentar la inflación
 
Huber cae aquí de nuevo en el ardid de la hiperinflación, repetido por otros críticos contra la TMM, para prevenir a la gente. Obviamente que la TMM haya desarrollado una teoría completa de la inflación se ignora. Hemos propuesto que la inflación se puede controlar con subidas de impuestos, sí, pero también con bajadas de gasto público, un plan de trabajo garantizado que estabilice los salarios, políticas de gasto dirigido que eviten la formación de cuellos de botella, políticas de rentas, etc. La simplificación solo se puede explicar en alguien que no se ha molestado en leer a los autores. Podemos facilitarle su trabajo remitiéndolo al reciente artículo de Nathan Tankus y Rohan Grey publicado en el Financial Times An MMT response on what causes inflation.

Joseph Huber es un proponente de la teoría del ‘dinero soberano’, heredero de la simplista teoría cuantitativa del dinero que pretende que la masa monetaria se puede controlar si el gobierno emite soberanamente su dinero. Tenemos malas noticias para Huber: eso ya lo intentaron los monetaristas y fracasaron porque no entendieron que el dinero es una variable endógena que no depende sólo de decisiones de gasto del gobierno sino también de las preferencias de ahorro y gasto de los agentes del sector privado. Si lo que pretende es cercenar la capacidad de los bancos de crear dinero esperemos que tenga una buena alternativa de intermediación de crédito si no quiere conseguir un colapso total de la economía.

El blog concluye con un argumento de dudosa solvencia técnica: rechacemos la TMM porque procede de EEUU. No parece un buen motivo. También cae en otro clásico de los críticos: la teoría solo sería aplicable a la nación norteamericana porque puede emitir todos los dólares que le da la gana; momento que aprovechamos para recordar que el Banco Central Europeo también ha creado una gran cantidad de euros al ritmo decidido por esa institución.

No tenemos ninguna duda de que la TMM se va a convertir en la escuela de pensamiento macroeconómico dominante porque su descripción de nuestras instituciones monetarias y fiscales es la que más se ajusta a nuestra realidad contemporánea. Es solo cuestión de tiempo que se acepte en el ámbito académico y en la opinión pública. El proceso requiere un doloroso proceso de adaptación de los economistas formados en un paradigma obsoleto. Ayudemos a Huber a transitar por esta fase de aceptación.


domingo, 14 de abril de 2019

Las reivindicaciones de Red MMT para las elecciones generales de 2019 – Parte II: las exigencias de Red MMT



El diagnóstico que realizamos sobre el panorama político y económico actual es lóbrego (http://www.redmmt.es/las-reivindicaciones-red-mmt-las-elecciones-generales-201-parte-i-gran-vacio/). Pero eso no quiere decir que nos resignemos a no ofrecerles propuestas valiosas y potentes recomendaciones a nuestros apocados partidos políticos. La capacidad descriptiva de la TMM es mucho más cercana a la realidad institucional contemporánea y su registro de aciertos predictivos es superior al de un mainstream intelectualmente amortizado que no supo avizorar la inminente crisis financiera de 2007. Por ello podemos aportar una renovación de los programas económicos desde una óptica progresista que ayude tanto a cercenar el auge de las ultraderechas como a arrestar la decadencia de los partidos de izquierda europea.

No por casualidad, desde el éxito electoral de Alexandria Ocasio-Cortez, en los EEUU, hemos recibido una furibunda andanada de críticas desde los economistas mainstream. No nos preocupa; es la confirmación de que empiezan a tomarnos en serio y de que ya no pueden permitirse ignorarnos. Sabemos que en España el escrutinio al que se nos someterá no será tan atento como en los EEUU. Aun así Red MMT cree importante dar a conocer nuestras exigencias para un programa de gobierno; aquél que merecería nuestro apoyo. Aclaramos que actualmente no lo asume ningún partido entre los contendientes. Pero es importante abordar un incipiente debate público con una alternativa radical. Parte de las propuestas aquí avanzadas se recogen con mayor detalle en el libro El Leviatán Desencadenado (Medina Miltimore, 2016).

Nuestra primera reivindicación es someter la política económica al control de instituciones democráticamente elegidas. Esto significa que España debería recuperar su soberanía monetaria. Además, la independencia del Banco de España sería revertida y su gobernador debería responder ante las Cortes. Sus objetivos se limitarán a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pagos, establecer permanentemente los tipos de interés en el 0% y supervisar el sistema bancario. Nada más. La capacidad de la política monetaria de influir en el nivel de precios y del empleo es tan solo una fantasía mainstream.

Asimismo repudiamos las censuras previas a los presupuestos generales del Estado de ninguna Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal que ni es independiente ni es responsable. El gobierno debe ser el único competente de ejecutar un presupuesto que debe ser sometido a la aprobación exclusiva de las Cortes, sede de la soberanía nacional, sin interferencias de organismos multilaterales cuyos intereses están más alineados con oligarquías capitalistas.

El objetivo de la política presupuestaria no sería equilibrar el saldo entre el dinero introducido en la economía española mediante el gasto público y el destruido mediante impuestos. Los impuestos en un estado que disfruta de soberanía monetaria desempeñan una función distinta a la comúnmente imaginada. El estado emisor de moneda no necesita nuestro dinero para financiarse. La función de los impuestos no es financiar a un estado que siempre puede crear dinero de la nada sino crear demanda por la moneda emitida por el estado. Esto obliga a revisar la forma en que entendemos la responsabilidad fiscal. Desde una aproximación funcional de la hacienda pública la política fiscal debe juzgarse por sus efectos en el empleo y la estabilidad de precios y los saldos de las cuentas del estado central pierden la relevancia que se le ha asignado en los tratados europeos que han establecido un límite de déficit fiscal.

Esta intuición fundamental nos permite replantar nuestro modelo tributario para perseguir otros fines socialmente deseables. Nos repugna que el peso de la recaudación recaiga desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo desincentivando una actividad fundamental para el ser humano. Debido a que el mayor problema actual de la economía española es la elevada tasa de desempleo el estado debería reducir drásticamente el impuesto sobre la renta del trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social. Advertimos también cómo la imposición directa se ha hecho menos progresiva en las últimas décadas privilegiando en exceso las rentas del ahorro en detrimento de las rentas del trabajo, sobre todo las de las clases populares. Por este motivo propondremos un impuesto más progresivo, más alto para las rentas más elevadas y para las rentas del ahorro y significativamente reducido para las rentas más bajas. Creemos que el IVA, la figura tributaria más regresiva, debería ser suprimido y sustituido por impuestos sobre el suelo que desincentiven la malsana tradición de especulación inmobiliaria.

La perspectiva de la hacienda funcional permite poner el énfasis del diseño de las figuras tributarias en el desincentivo de determinadas actividades consideradas perjudiciales o negativas para la sociedad o el medio ambiente. Ejemplos de tales actividades son la compra y tenencia de vehículos de gran cilindrada, la ocupación del espacio ostentosa y el deterioro de los paisajes y el medio ambiente. Asimismo el estado debe introducir un sistema de imposición que capture parte del valor creado por él mismo. Numerosas actividades privadas se benefician de inversiones del estado o de decisiones administrativas. Estas entidades y personas están obteniendo beneficios extraordinarios gracias al esfuerzo colectivo y parece justo exigir que una parte sea retornada a la colectividad. Ejemplos de tales actividades beneficiadas por el estado podrían ser los incrementos del valor de propiedades inmobiliarias provocados por las inversiones públicas en infraestructura o los beneficios extraordinarios obtenidos por los monopolios facilitados o consentidos por el estado tales como los que se derivan de la concesión de patentes farmacéuticas o la explotación de fichas bancarias.

Reiteramos que no queremos equilibrar el presupuesto sino la economía española. Reclamamos un plan de trabajo garantizado para que todas las personas, sin exclusiones de clase, género, edad o nivel educativo, puedan obtener un ingreso digno en lugar de limosnas producto de redistribuciones ex post. El plan debe reconocer el valor para la sociedad de los cuidados personales y potenciar actividades que reviertan los efectos del cambio climático.

En la primera década del siglo XXI España hizo un esfuerzo para desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo (I+D) que le ha permitido convertirse en una potencia científica. Fue el estado quien realizó la mayor parte de este esfuerzo que no ha sido acompañado en la misma medida por el sector privado. La dificultad en rentabilizar estas inversiones explica en parte que, cuando se produce una recesión, el gobierno tiene pocos reparos en recortar las inversiones en ciencia tal como ha ocurrido durante el mandato del Sr. Rajoy.

La economía española necesita cambiar su modelo productivo hacia otro de mayor creación de valor basado en el conocimiento. Sin embargo el modelo de fomento de la innovación europeo se limita a crear condiciones favorables al desarrollo de empresas innovadoras con la esperanza de que el mercado elegirá los proyectos ganadores. Esta estrategia es poco eficaz porque las empresas no consiguen acceder al tipo de capital paciente necesario para financiar los proyectos disruptivos que se caracterizan por su elevado riesgo, largos plazos de desarrollo y elevadas necesidades de financiación.

Proponemos que el Estado desempeñe un papel transformador que oriente al sector privado en sus apuestas tecnológicas. Por una parte, este Estado emprendedor puede introducir programas de financiación más ambiciosos que aporten el capital paciente que es necesario para acometer proyectos innovadores. Por otra parte, el Estado debe destinar una parte del gasto público a compra pública innovadora lo cual crea una salida comercial a los productos de estas empresas innovadoras y reduce el riesgo de sus proyectos haciéndolos más atractivas para los inversores privados.

El Estado emprendedor debe identificar grandes misiones nacionales como hizo en el pasado con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria. Estas apuestas deben servir para resolver problemas como el envejecimiento y la salud de la población, los retos medioambientales como la contaminación y el calentamiento global, o los de la falta de empleo.

Para dar respuesta a la acelerada desindustrialización de España promoveríamos instrumentos de inversión pública que llevaran nuestra inversión en I+D al menos hasta el nivel del 3% sobre el PIB. Estos podrían ser un banco público, un fondo de capital riesgo y subvenciones directas a la I+D empresarial y académica.

Un Green New Deal ibérico contribuiría a reducir las emisiones de efecto invernadero, transformaría nuestro modelo energético para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados, reactivaría la industria nacional y contribuiría a la repoblación de zonas castigadas por la decadencia demográfica. Este nuevo trato verde también modificaría nuestras redes de transporte para mejorar su capilaridad y sustituir al vehículo privado, dar mejor servicios a las zonas rurales y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

El intenso proceso de liberalización del sector bancario experimentado en todos los países avanzados a partir de los años 80 del siglo pasado permitió un desarrollo excesivo de las actividades financieras e introdujo incentivos para que los gerentes de las entidades financieras incurrieran en prácticas crediticias arriesgadas. Un proceso de financiarización, por el cual las entidades financieras invierten en actividades financieras, especulativas e inmobiliarias en lugar de la economía real, frecuentemente a través de instrumentos financieros cada vez más opacos y difíciles de entender, incrementó la inestabilidad del sector bancario. La crisis financiera global fue desencadenada por grandes bancos de inversiones que habían inundado los mercados de productos de inversión “tóxicos”.

La experiencia reciente ha desacreditado las políticas de autorregulación del sector bancario y ha producido una reacción a favor de un fortalecimiento de las normas de supervisión bancaria. En este sentido las normas de Basilea III han reforzado los requisitos de capitalización y han introducido normas de preservación del capital de los bancos. España debería contar con normas de supervisión bancaria que impidieran en el futuro la formación de nuevas burbujas inmobiliarias. Pero estas iniciativas bienintencionadas deberían acompañarse por un desmantelamiento de las llamadas entidades sistémicas en España. El grado de concentración bancaria en España ha alcanzado niveles de oligopolio lo cual, además de perjudicar la competencia, expone la economía española una fuerte crisis financiera en el caso de que alguna de ellas tuviera problemas de solvencia.

En cualquier caso el sistema bancario no resulta útil para el objetivo de transformar nuestro modelo económico. La función de los bancos privados es atender las necesidades de financiación del tráfico ordinario. La financiación de proyectos de I+D disruptivos dentro de un programa de grandes misiones definidos por un estado emprendedor tiene un respaldo insuficiente de las ayudas públicas que actualmente conceden el CDTI o la Empresa Nacional de Innovación. Por esto motivo creemos que España necesita un banco de desarrollo al estilo de los que ya existen en Alemania, China o la propia UE.

La política de tipos de cambio fijos empleada por los gobernantes españoles hasta la creación de la moneda común como consecuencia de sus compromisos con los socios europeos solo pudo sostenerse mediante costosas operaciones del Banco de España en el mercado de divisas y elevados tipos de interés. La salida del euro nos da una oportunidad de no repetir el error. Dejaríamos que una nueva moneda española cotizara libremente en los mercados para evitar que la soberanía democrática quedare comprometida por la subordinación de la política económica a los caprichos de los mercados de divisas y las políticas monetarias de Alemania u otra potencia.

Pese a todo, voten


No recomendaremos el voto a ningún partido concreto. Esa elección queda a la conciencia de cada ciudadano. Solo pedimos que contribuyan a exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad. Nuestra contribución debe ser educar a la población en el conocimiento de la TMM. Si lo conseguimos, podremos con el tiempo cambiar las posiciones de algunos partidos. Hay que ser realistas y ajustar las expectativas, aunque, como diría Gramsci: somos pesimistas por inteligencia pero somos optimistas por voluntad.

Referencias


Medina Miltimore, S. (2016). El Leviatán desencadenado. Siete propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios. Veintiuna razones para salir del euro. Berlín: Lola Books.

miércoles, 20 de marzo de 2019

El Green New Deal, un pacto verde para garantizar nuestro futuro.


Parte II. ¿Qué es el Green New Deal?


La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha presentado una propuesta de resolución que insta al Gobierno Federal a asumir un plan de transformación del modelo energético y productivo sin precedentes adoptando iniciativas que crearían empleo estable y de calidad. El documento se puede consultar en línea (Ocasio-Cortez, 2019).
El objetivo a largo plazo es conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que se pretende minimizarlas en lo posible pues, para aquellas actividades en las que no sea posible llevarlas a cero, se compensarán con iniciativas que secuestren el carbono de modo. Por ejemplo, es improbable que, en el estado de desarrollo de nuestra tecnología actual, se puedan desarrollar aeronaves con cero emisiones. Una solución parcial desviaría parte del tráfico aéreo hacia nuevos trenes de alta velocidad en algunos trayectos aceptando que los de mayor distancia tendrán que seguir realizándose en avión. Conseguir que los EEUU reduzcan sus emisiones netas a cero es crucial porque el país tiene una cuota del 20% de todas las emisiones mundiales.
Para que reciba el respaldo social de la mayoría el plan tiene que ser inclusivo. A diferencia del abordaje ambientalista convencional, se pretende que la transición energética cree empleos para todos y que no margine a las víctimas de actividades que deban ser abandonadas. Por tanto el GND tiene que ir asociado a la generación de millones de puestos de trabajo bien retribuidos y bajo condiciones de contratación dignas. Se pretende que el programa contribuya a reducir las discriminaciones por razón de género o raza. Para luchar contra el desempleo y el subempleo de colectivos tradicionalmente excluidos del mercado de trabajo se creará un plan de trabajo garantizado complementario del GND que ejecutaría algunos de los proyectos de recuperación de entornos degradados y de mejora de las infraestructuras.
El GND contempla una inversión masiva para modernizar la degradada infraestructura de los EEUU con nuevas redes de transporte público económico y accesible incluyendo el ferroviario de alta velocidad, terrenos donde la nación norteamericana va rezagada frente a otras naciones.
Se ampliará y modernizará la infraestructura de distribución energética para que sea más eficiente y se apoye en redes inteligentes y distribuidas para garantizar el acceso universal a una energía económica y fiable.
Se pretende modernizar también todo el parque inmobiliario para asegurar que los edificios sean más eficientes en el consumo de agua y energía, seguros, económicos, cómodos y duraderos.
El GND debe promover proyectos que aseguren el acceso universal al agua potable, al aire sin contaminar, a los alimentos saludables y a la naturaleza.
Además, se financiarán construcciones que puedan aguantar el embate de los desastres causados por el cambio climático tales como los temporales o las inundaciones.
Se invertirá en las industrias ya existentes y se impulsará el desarrollo de la fabricación limpia para eliminar la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la expansión de la generación de energías renovables.
En colaboración con los agricultores y ganaderos se pretende eliminar la contaminación y la emisión de gases del sector siempre que lo permita la tecnología, invirtiendo en prácticas agrícolas y de usos del terreno sostenibles para mejorar la salud de los suelos, apoyando de paso a las explotaciones familiares. Estos proyectos deben contribuir a garantizar un acceso universal a alimentos saludables.
El empleo de tecnologías convencionales pero ya probadas en la restauración de los ecosistemas naturales incrementará el secuestro del carbono en los suelos, por ejemplo mediante la conservación de suelos y la aforestación—la forestación de áreas que anteriormente no tenían cobertura arbórea—. Asimismo se pretende restaurar y proteger los ecosistemas amenazados a través de proyectos que faciliten la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático. Se limpiarán los lugares abandonados y contaminados con residuos peligros para asegurar su desarrollo económico y aprovechamiento sostenible.
En el terreno internacional se facilitará la transferencia de tecnología entre países, sobre todo hacia los menos desarrollados. Pero también se asume el compromiso de implantar normas de comercio internacional, estándares de aprovisionamiento y ajustes en frontera, que garanticen una protección fuerte a los derechos laborales y al medioambiente para frenar la transferencia de los empleos y de la contaminación y favorecer la fabricación doméstica. Estas iniciativas van en línea con asegurar un entorno comercial en el que todos los negocios no se vean expuestos a la competencia desleal y la dominación de monopolios internacionales.
Se pretende asimismo que la ejecución no se haga desde una mastodóntica burocracia centralizada. Por ello se aportará financiación a las administraciones locales para que puedan desarrollar sus propios proyectos, aquellos que consideren más perentorios y útiles para sus comunidades. No se pretende tampoco expulsar al sector privado de la actividad económica sino involucrarlo en los proyectos iniciados desde el Estado y las corporaciones locales, generando nuevas oportunidades de negocio y creando una potente demanda agregada que tirará de la inversión.

¿Cómo se financia?

Sin duda el programa resulta asombrosamente ambicioso y reconocemos que hay retos políticos casi insuperables. Pero la recientemente anunciada candidatura de Bernie Sanders a la presidencia de los EEUU también ha suscrito el GND. Aun así es evidente que la resistencia política será feroz.
Una de las principales objeciones ya opuestas por el conservadurismo es cómo financiarlo. La inversión que requeriría el GND sería espectacular y, por tanto, para una persona formada en el pensamiento económico neoclásico, sería natural preguntarse de dónde vendrá el dinero.
Desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna (TMM), a la que se adhiere Alexandria Ocasio-Cortez este problema es relativamente trivial. La respuesta breve y sencilla es: de la misma manera que los EEUU o la URSS financiaron su esfuerzo bélico para derrotar a Hitler. Si para hacer la guerra parece que los recursos nunca fueron escasos, declarémosle la guerra al cambio climático.
Desde la TMM sabemos que el Estado crea el dinero cuando ejecuta sus políticas de gasto; también que los impuestos no financian al Estado sino que estos sirven para obligar a la población a buscar con avidez y aceptar el dinero que emite el Estado. Los impuestos son una obligación de devolver al Estado aquello que éste ha entregado a la población previamente a cambio de los recursos que se han destinado a los fines públicos. Por tanto, el gasto público necesariamente antecede a los impuestos los cuales simplemente destruyen el dinero creado por el Estado en una etapa anterior. El sistema monetario y fiscal constituye un bien engranado mecanismo de transferencia de recursos hacia el Estado. Por tanto la respuesta a la pregunta que inquieta a mucha gente es sencilla de responder: el dinero se creará cuando el Estado ejecute las políticas de gasto asociadas al GND.
Como el Estado siempre puede crear dinero de la nada, en todo momento podrá encauzar recursos hacia esos fines públicos como el GND. Eso no quiere decir que un gobierno pueda gastar sin límites. Existen y éstos son la disponibilidad de recursos que puedan destinarse a esos propósitos. Mientras haya materias primas ociosas, capacidad fabril infrautilizada y personas desempleadas será posible emplearlos para los fines que decida el Estado.
Pero, objetarán muchos, ¿eso no sería inflacionista, incluso hiperinflacionista? Si esos recursos ociosos empiezan a agotarse entonces podríamos esperar un proceso inflacionista. Pero, mientras existan cohortes de desempleados o fábricas que no llegan al límite de su capacidad productiva, el GND no tiene por qué crear cuellos de botella. En tanto los precios se mantengan estables el gobierno puede seguir movilizando recursos para cumplir con los objetivos del GND. Si la inflación asomara la patita el Estado podría optar por frenar o adaptar sus políticas de gasto o aumentar los impuestos para obligar al sector privado a entregar más recursos al Estado. Elegir una u otra estrategia, o una combinación de ambas, será una resultante del proceso democrático. Pero, tras décadas de infrautilización de recursos y varios años de deflación en muchas de las naciones avanzadas este temor parece prematuro. Por otra parte el Estado tiene sobrada capacidad de gestionar la demanda y la oferta para evitar la generación de cuellos de botella inflacionistas y conflictos por el reparto de las rentas.
Por ilustrar lo antedicho: supongamos que las obras de aislamiento de viviendas produjeran un aumento de los precios de material de construcción. En este caso el estado podría optar por frenar el ritmo de adaptación de los inmuebles. Pero también podría fomentar la investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de aislamiento; financiar la creación de nuevas fábricas de material de construcción; abrir los mercados a la importación de estos productos; o elevar los impuestos a la construcción privada para liberar recursos que se podrían destinar a las obras que promueve el sector público.
Por otra parte un GND inteligentemente diseñado es una potente política de oferta que, al aumentar la eficiencia de los procesos productivos y recuperar entornos degradados, permite liberar nuevos recursos anteriormente derrochados, inutilizados o despreciados. El GND podría aumentar la disponibilidad de energía, agua, suelo y materias primas para toda la sociedad rebajando su coste y de forma más sostenible.

Triste España sin Ventura

Hay elementos del plan de Ocasio-Cortez que recuerdan a iniciativas que se ensayaron en España a principios de siglo y que podrían emular los EEU. El desarrollo del ferrocarril de alta velocidad (AVE) y de las energías renovables ayudó a incubar nuevas industrias tecnológicamente avanzadas. Cuando se construyó la primera línea de AVE Madrid-Sevilla, la empresa de fabricación de material ferroviario Talgo no pudo ganar la licitación del material rodante pero la perseverancia del Estado en desarrollar una red ferroviaria puntera justificó que la empresa invirtiese en la tecnología que le permitió luego participar en el proyecto de línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona. El primer contrato fue adjudicado a multinacionales extranjeras pero, merced a la continuada apuesta por el desarrollo de la AVE, Talgo pudo comprometer recursos para desarrollar nueva tecnología, ganar contratos de suministro a las nuevas licitaciones del Estado y convertirse en un competidor internacional en tecnología ferroviaria.
Se ha criticado con justicia que el modelo de alta velocidad español beneficia a un número pequeño de pasajeros y es probable que otro modelo de ferrocarril que apostara por una red más densa con precios más económicos —en lugar de lujosos trenes para ejecutivos con prisa dispuestos a pagar tarifas más elevadas— hubiese dado lugar a un servicio más equitativo que hubiese beneficiado de forma equilibrada al territorio. No obstante esa crítica justificada, actualmente España compite por los proyectos de construcción de líneas de alta velocidad en países como Arabia Saudí o EEUU. Este salto no habría sido posible sin que previamente el Estado le señalase a las empresas una senda de desarrollo.
En general, el sector del transporte es uno de los éxitos de la economía española. Con 2.231 empresas que ocupaban a 176.332 personas facturaron 68.860 millones de euros en 2014 y representan el 12,3% del valor añadido bruto industrial de este país (CDTI, 2017). Es además el primer sector exportador español y ejecuta casi un tercio de toda la inversión en I+D del sector privado. El impulso del Estado a este sector lamentablemente se abandonó al inaugurarse las nefastas políticas de austeridad que la Unión Europea impuso a partir de 2011. El éxito de esta intervención estatal es incuestionable así que cabe preguntarse por qué no se da continuidad a este tipo de programas.
Triste España sin Ventura es una elegía compuesta en 1497 por el músico Juan del Encina para lamentar la muerte del príncipe Juan. Este inoportuno suceso acabaría dejando los reinos de España en manos de un monarca extranjero, abriéndose así una etapa de involucración en interminables conflictos centroeuropeos que acabarían desangrando a Castilla. La muerte del Príncipe es una metáfora perfecta que simboliza a un país que parece condenado a engarzarse reiteradamente con su entorno geoestratégico a destiempo y de forma contraria a sus verdaderos intereses.
Dentro de las restricciones impuestas al gasto público por el Tratado de Maastricht el Estado Español carece de la autonomía fiscal que le permitiría financiar un ambicioso GND ibérico. Nuestra anterior apuesta por una industria de energías renovables fue abortada a raíz de la crisis de la deuda soberana de los países meridionales de Europa.
¿Y si se financiara desde la UE? Ciertamente el Banco Central Europeo podría sufragar un GND europeo aunque opongo serios inconvenientes a conceder tanto poder a una entidad sin un mandato democrático y con un proceso de toma de decisiones supuestamente independiente y, desde luego, nada transparente. No es la misión de un banco central convertirse en el ejecutor de las políticas fiscales y aceptarlo nos llevaría a una dictadura. Por otra parte resulta inconcebible que el marco ideológico en el que se encuadran las elites europeas sea posible plantear una propuesta tan ambiciosa equivalente a un Plan Marshall europeo. Implantar un GND en España equivaldría una revolución para la cual las conservadoras elites no están preparadas. Tampoco lo están sus pares europeos todavía y siempre enamorados de un conservadurismo fiscal que no es más que el reverso de la depauperación de las clases populares.

Referencias

CDTI. (2017). Boletín Perspectivas nº 48. Madrid.
NASA. (2019). NASA. Obtenido de Global Climate Change: https://climate.nasa.gov/evidence
Ocasio-Cortez, A. (7 de febrero de 2019). RESOLUTION Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal. Washington, DC, EEUU. Obtenido de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/116th_United_States_Congress_H._Res.0109_%281st_session%29_-_Recognizing_the_duty_of_the_Federal_Government_to_create_a_Green_New_Deal.pdf