Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

sábado, 14 de julio de 2018

No existe el dinero de los contribuyentes


14 de julio de 2018
Hay una célebre frase de Margaret Thatcher repetida hasta la saciedad por los neoliberales:

“No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mimas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien” eres tú. No hay dinero púbico, solo hay dinero de los contribuyentes.”

Esta frase suele acompañarse de imágenes de la antigua primera ministra británica con su característico peinado y forma parte de la hagiografía de la promotora del neoliberalismo intransigente en el Reino Unido. La frase es rotundamente falsa pero, entretengámonos llevándola hasta sus últimas consecuencias.



La idea fundamental que subyace a la frase es que el Estado debe financiarse de algún modo sacándole los cuartos al sector privado, ese dinero que han ganado con su esfuerzo. No hay dinero público, solo dinero de los contribuyentes. ¿En serio?
Supongamos que solo haya dinero de los contribuyentes. ¿Cómo podría eso funcionar en la realidad? Supongamos que me tomara una consumición en el bar de usted y pudiera pagarle con mi propio dinero, es decir con un reconocimiento de deuda. Algo parecido a esto:

“Por la presente, yo D. Stuart Medina reconozco que debo el importe equivalente a dos cervezas D. Mengano de Cual.”

Es posible que D. Mengano aceptase tal dinero. Pero difícilmente lo considerará un pago definitivo. Efectivamente podría pasarme al día siguiente y ofrecerle al dueño de bar unos servicios de valor equivalente —digamos unas horas ayudándolo a organizar su contabilidad—pero lo más probable es que preferiría que le pagase en efectivo, con monedas y billetes, para saldar la deuda de forma definitiva. ¿Por qué?
Supongamos que D. Mengano tiene que pagar a sus proveedores de botellas de cerveza y tiene la osadía de intentar pagar con el pagaré que yo le he entregado. Lo más probable es que el proveedor reaccione indignado y lo rechace. Probablemente le dirá algo así como “¡a mí me pagas en dinero y no con papelitos de tus clientes! ¿Quién ese Stuart Medina?”. No cuesta entender la causa: ese proveedor no me conoce y no se fiaría de mi capacidad de honrar mi deuda en el futuro.
El dinero es deuda pero no todas las deudas son dinero. Para que lo sea el deudor tiene que disfrutar del crédito generalizado de toda la población. Yo y probablemente usted, querido lector, no lo tenemos. Así pues es altamente improbable que usted y yo creemos dinero salvo que seamos falsificadores de moneda. Por mucho que Thatcher loase la iniciativa privada eso es un delito y no creo que Thatcher considerara que el dinero de los contribuyentes fuese moneda falsificada.
Descartadas las personas físicas, consideremos otra alternativa. ¿Y si las empresas pudiesen crear dinero? Examinemos esta posibilidad. Supongamos que una empresa deseara iniciar un proceso productivo y para ello necesitase contratar trabajadores. Para pagarles podría emitir unos vales que el trabajador podría utilizar para comprar productos de la propia empresa pero reconozcamos que, si ésta se dedica a la fabricación de tornillos, difícilmente podrá alimentarse con ellos y tendrá que venderlos en el mercado a cambio de los productos que necesita para su reproducción. En este caso el empresario astutamente habrá convertido a sus empleados en vendedores no retribuidos redoblando su capacidad de extraer valor de ellos pero sin duda se trataría de un grave abuso. Alternativamente el empresario podría montar un economato en el que los trabajadores podrían abastecerse. Existen muchos precedentes de iniciativas semejantes a lo largo de la historia pero suelen conducir a precios elevados que dejan generosos márgenes al empresario y limitan la capacidad de elección del trabajador. Además esta solución no explica cómo se haría la empresa con los suministros del economato en primer lugar. Salvo que los vales de este emisor fueran aceptados en un circuito económico más amplio es evidente que los vales de la empresa no funcionarían como dinero. Ni siquiera servirían para que los trabajadores pagaran sus impuestos.
¿Hay empresas cuyo crédito les permita emitir dinero privado? Algunos Grandes Almacenes han intentado crear sus propias monedas pero reconozcamos que en general la aceptación de estas monedas ha sido relativamente baja porque permitían a su tenedor abastecerse en un único proveedor lo que reduce las opciones del consumidor. Así pues, la señora Thatcher no podría haberse referido a estas iniciativas cuando hablaba del “dinero de los contribuyentes”.
¿A qué podría estar refiriéndose Maggie Thatcher entonces? Quizás al dinero bancario. Los bancos tienen la capacidad de crear dinero pero no estoy convencido de que esto lo supiera la premier británica pues es sabido que en la doctrina económica dominante está extendida la creencia de que los bancos toman depósitos de los ahorradores y los prestan a los inversores. En todo caso exploremos esta alternativa. Efectivamente los bancos conceden préstamos a los clientes que consideren dignos de crédito, es decir, que tengan capacidad de devolver ese dinero consiguiendo dinero de otra parte en el futuro, incrementado por las comisiones e intereses de donde saldrán los beneficios de los bancos. Lo hacen con un simple apunte contable en el que el banco reconoce en su activo un préstamo a un cliente y en el pasivo una cuenta corriente que el deudor puede usar para sus compras o inversiones simplemente transfiriendo saldos de ésta a las de sus proveedores. ¡Presto! Así es cómo los bancos crean dinero, con un simple apunte contable.
¿Pueden usar los contribuyentes ese dinero para pagar los impuestos? El Estado moderno acepta que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias con un cargo en su cuenta. Lo que hará la entidad bancaria entonces es minorar la cuenta de su cliente y reconocer un abono en una cuenta que mantiene en el banco central. Éste a su vez adeudará la cuenta que mantiene el banco privado y reconocerá un abono a favor de la cuenta que mantiene el Tesoro en el banco central. La consecuencia de esta serie de apuntes contables es que el banco experimentará un descenso del saldo de su cuenta en el banco central. Si hubiese sido honesta Thatcher tendría que reconocer que el Estado nos hacía un favor al aceptar en pago de impuestos un mero apunte contable en el balance de una entidad bancaria. También habría tenido que reconocer que, en puridad, no estamos hablando del dinero de los contribuyentes sino del dinero de los bancos.
Es posible que cuando Thatcher se refería al “dinero de los contribuyentes” estuviese hablando de este dinero bancario. Pero esto nos crea un pequeño problema: si todos los contribuyentes utilizaran préstamos bancarios para pagar sus impuestos ¿cómo devolverán los préstamos en el futuro? Hemos visto que el dinero bancario hay que devolverlo en el futuro, incrementado por los intereses. ¿No sería esta forma de pagar los impuestos un poco peligrosa ya que nos llevaría a todos al riesgo de insolvencia o suspensión de pagos?
Quizá el Estado está dispuesto a reintegrar ese dinero al circuito económico pagando a sus acreedores (funcionarios, licitadores y proveedores) con una transferencia desde la cuenta del Tesoro a la cuenta de reservas de un banco privado en el cual éstos que mantengan sus cuentas corrientes. De esta manera los ciudadanos pueden conseguir dinero para devolver sus préstamos.
Parece que los bancos no tienen ningún remilgo a la hora de aceptar estos nuevos fondos creados por el estado. De hecho prácticamente nadie parece tener ningún inconveniente en utilizar este dinero creado por el estado. Incluso podríamos añadir que, para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos les resulta ventajoso conseguir dinero del estado. Si además permitimos que el estado cree un poco más de dinero del que destruye mediante los impuestos los ciudadanos además de devolver el principal podrán pagar los intereses y, quien sabe, quizás incluso ahorrar un poco para no estar siempre endeudados con algún banco.
Esta posibilidad merece una reflexión: en este caso quienes cobren directamente del Estado posiblemente disfruten de mayor y mejor crédito de los bancos porque tendrán mayores posibilidades de reintegrar sus préstamos.
El mito del dinero de los contribuyentes es tan falso como el del Ratoncito Pérez o el de los Reyes Magos con la diferencia de que es mucho más dañino porque lleva a postular políticas económicas erróneas que crean desempleo, pobreza y malestar. La señora Thatcher mentía: no existe el dinero de los contribuyentes, solo el dinero del estado y el de los bancos.
Hace tres años Jeb Bush, hermano de un expresidente de losEstados Unidos, proponía que en el billete de diez dólares figurara la efigiede Margaret Thatcher. Me parece que no es digna de tal distinción quien negara que tal cosa fuera posible. Porque, si un billete fabricado por la US Bureau of Engraiving and Printing, una institución homóloga a nuestra Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, puesto en circulación por la Reserva Federal siguiendo una instrucción del Tesoro de los Estados Unidos, no es dinero del estado ¿entonces qué es?

domingo, 17 de junio de 2018

No, tus impuestos no pagan nada

17 de junio de 2018

Las oímos una y otra. Frases como “han derrochado nuestro dinero con infraestructuras improductivas”; “los corruptos roban el dinero de los contribuyentes”; “si no hubiesen robado el dinero de los contribuyentes se podía haber pagado la construcción de x hospitales para acabar con las listas de espera en la Sanidad Pública”. Los políticos progresistas hacen malabarismos contables para demostrar que pueden mejorar las prestaciones aumentando un poco los impuestos por aquí o combatiendo el fraude fiscal por allá. ¡Si tan solo no existieran esos paraísos fiscales o los millonarios fueran un poco más generosos! Siento desilusionarlos pero sus impuestos no pagan nada.

Un recuerdo de la Reserva Federal: billetes triturados.

Tras décadas de campañas de las autoridades fiscales agradeciendo a los contribuyentes sus aportaciones a las distintas partidas presupuestarias ha llegado la hora de contarles la verdad. Hacienda no hace nada con sus impuestos. Simplemente destruye esos ahorros que con tanto esfuerzo consiguió acumular. Sé que es frustrante darse cuenta ahora de que somos víctimas de un montaje pero así es. Lejos de financiar al estado los impuestos retiran dinero de manos de los particulares reduciendo su poder adquisitivo. Este acto es útil porque permite desplazar recursos reales para usos públicos pero resulta muy desagradable para nuestros presupuestos familiares.

La función de los impuestos no es financiar al estado emisor de moneda porque éste puede crear nuevo dinero sin coste. Entonces, para qué querría el estado nuestro dinero?

La funcionalidad de los impuestos tiene que ser otra. La más importante es obligar a los agentes a aceptar el dinero que el estado utiliza para comprar los bienes y servicios reales de los que se abastece. Por tanto su utilidad fundamental es crear demanda por el dinero que crea el estado. Piénselo detenidamente por un momento. Si el estado pagara los sueldos de los funcionarios con billetes de banco, que no son otra cosa que papeles sin valor intrínseco, ¿porque estarían tan dispuestos a entregar sus horas de trabajo a cambio de ellos? Siendo la mayor parte del dinero actualmente poco más que apuntes contables en un ordenador ¿por qué están tan ávidas las empresas constructoras por conseguir esas contratas del estado? Oigan, el estado no les paga nada en lingotes de oro.

La razón es que el dinero es simplemente “aquello que sirve para pagar los impuestos”. La obligación de pagar impuestos con ella explica por qué la moneda fiduciaria tiene valor. Algo que el estado nos entrega y nosotros aceptamos, incluso buscamos de forma desesperada, porque previamente a todos nosotros nos han impuesto la obligación de pagar impuestos. En realidad el dinero es poco más que un crédito fiscal.

La verdadera función de los impuestos es por tanto conseguir que el dinero del estado sea aceptado para que éste se pueda abastecer de bienes y servicios reales. Con los billetes de banco recaudados en las campañas del IRPF el Estado puede optar por conservarlos en un almacén a la espera de ponerlos en circulación de nuevo o simplemente quemarlos o destruirlos. De hecho, si entrega Vd. un billete de 5 euros muy manoseado al Banco de España éste simplemente lo triturará y le dará otro a cambio nuevecito y recién imprimido. Ese billete viejo no sirve para nada más, es como una entrada a un partido de fútbol que ya concluyó.

Pero además de darle aceptación a nuestra moneda, los impuestos sirven para asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a su concentración en pocas manos. Por ejemplo, los impuestos directos como el de la renta de las personas físicas o el de sociedades, retiran poder adquisitivo de las personas de mayor renta. ¿Por qué? Porque no está en el interés general que haya personas con un poder de compra desproporcionado que seguramente sustraerán del circuito productivo o que les permitiría hacer un uso ineficiente de los recursos. Pero sería un error entender esta operación como una mera transferencia de poder de compra desde los ricos hacia los pobres. El estado podría perfectamente crear nuevo poder de compra y transferirlo a las personas de menor renta sin necesidad de aumentar la recaudación fiscal con anterioridad. La finalidad de una fiscalidad directa debe ser ante todo retirar poder de compra, por ejemplo, para responder a un proceso inflacionista. Estructurar de forma progresiva los impuestos sobre la renta simplemente consigue reducir el poder adquisitivo de las rentas más altas en primer lugar.

En esta misión lo que nos debe preocupar es la equidad en el trato fiscal, dando un buen trato a las rentas más bajas y evitando la acumulación obscena de rentas y patrimonios en muy pocas manos; no unos objetivos de recaudación. No se trata de equilibrar la magnitud contable llamada déficit público que tanto obsesiona a los técnicos de Bruselas sino de utilizar las herramientas fiscales para maximizar el bienestar social. Lamentablemente eso no es lo que hace de forma eficiente el sistema fiscal español.

Siendo España uno de los países con mayor tasa de desempleo, se impone una pesada carga sobre el empleo como si el estado quisiera desincentivar la contratación de trabajadores. Se ha extendido la creencia de que era más eficaz desplumar a una gran masa de contribuyentes que perseguir a unos pocos individuos con grandes patrimonios ya que estos se volatilizarían si se les sometía a una tributación justa. Esta política se ha justificado en aras a criterios de eficiencia recaudatoria que son innecesarias. La tributación sobre las rentas debe regirse por criterios de justicia social introduciendo impuestos más progresivos y no de eficacia recaudatoria. Por ejemplo, imponiendo un tipo marginal del 90% a las rentas que superen el primer millón de euros se conseguirá lo que se pretende: eliminar las retribuciones más escandalosas, no recaudar más. No existe ninguna explicación de utilidad social para explicar que los futbolistas o los altos ejecutivos de los oligopolios obtengan rentas anuales superiores a varios millones de euros que nunca podrán llegar a gastar. Sin duda las grandes fortunas encontrarán otras formas de eludir el pago de impuestos pero también podrían diseñarse impuestos más eficaces sobre signos externos de riqueza, como viviendas de tamaño desproporcionado, vehículos de gran cilindrada o joyas. En todo caso, si estas grandes fortunas consiguen sustraer sus depósitos del control del fisco no resultará complicado para el estado reponer el dinero que se ha fugado del circuito.

La tercera función de los impuestos es informar a la sociedad del coste de determinadas actuaciones del estado. Los peajes sobre autopistas públicas no financian su construcción ni las cotizaciones a la Seguridad Social las pensiones de jubilación. Las cotizaciones a la Seguridad Social que figuran en la hoja de salarios y las cuotas patronales simplemente nos ilustran sobre el coste real de implantar el sistema de pensiones y los programas de desempleo, formación de trabajadores y situaciones de invalidez transitoria. También es conveniente que el empresario entienda que disponer de una fuerza de trabajo solo es posible si la sociedad atiende a sus necesidades de reproducción y a su manutención durante la vejez. Los peajes simplemente dan información al usuario sobre el coste real de construir esas infraestructuras. Para una buena gobernanza presupuestaria puede ser útil que el usuario comprenda que se destinan cuantiosos recursos reales a su provisión.

Una última función de los impuestos es desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o generan otro tipo de costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad apartándolos de aquellos que se consideran nocivos. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles, que emiten gases de efecto invernadero, son ejemplos de este tipo de impuestos. El gobernante español tiene una oportunidad de luchar contra la degradación del medioambiente con los instrumentos fiscales. El estado podría demostrar su liderazgo en el cambio de modelo energético gravando pesadamente las actividades generadoras de gases de efecto invernadero y subvencionando energías más sostenibles. Sin embargo España mantiene una tributación ambiental ridícula. Según datos de la AEAT en 2014 los impuestos ambientales ascendieron a 1.625 millones de euros, apenas el 0,9% de los ingresos tributarios totales. De nuevo el objetivo no debería ser recaudatorio y el mejor indicio de su eficacia sería que las bases imponibles desaparecieran por el abandono de las actividades nocivas que se pretende desincentivar.

En conclusión, a la hora de diseñar un sistema fiscal eficiente debemos asegurarnos de que contesta satisfactoriamente alguna de las siguientes preguntas:

1. ¿Ayudan a mantener la demanda por nuestra moneda y a conservar su valor?

2. ¿Contribuyen a equilibrar el reparto de las rentas y de la riqueza?

3: ¿Aportan información a los usuarios sobre el coste de destinar recursos reales a la provisión de los bienes y servicios públicos?

4. ¿Desincentivan conductas o actividades socialmente indeseables?

Tradicionalmente las políticas sociales defendidas por los socialdemócratas tratan de conseguir recursos fiscales para que el estado luego pueda redistribuirlos. Para conquistar nuevas prestaciones sociales primero habría que aumentar la recaudación. Estas políticas son siempre insatisfactorias porque, si el estado no alcanza su objetivo de aumentar los impuestos o si decide que no es oportuno hacerlo en una determinada coyuntura, entonces se alega que el sistema no da para más y se renuncia a mejorar los servicios sociales. Sin embargo ¿cómo puede ser que habiendo médicos y enfermeros en paro no se pueda mejorar la atención sanitaria? ¿Cómo se explica que habiendo trabajadores de la construcción y maquinaria de obra que languidece sin uso no se puedan renovar nuestros colegios? ¿Recuerdan lo que ha pasado con el cuarto pilar del estado del bienestar habiendo miles de personas que habrían podido trabajar como cuidadores? Todos estos son ejemplos de cómo una escasez percibida pero no real se utiliza como excusa para deteriorar nuestro nivel de vida.

Entendiendo que el estado debe gastar primero para luego recaudar, ¿por qué no aplicar políticas de gasto que resuelven primero las necesidades sociales más acuciantes? En lugar de obsesionarnos con la redistribución deberíamos pensar en aplicar políticas de “predistribución”. Primero determinemos cuál es el nivel de gasto público deseable. Con posterioridad el estado puede decidir si necesita subir los impuestos y qué colectivos asumirán esa carga adicional si hiciera falta incrementarla.

Que el estado no necesite recaudar impuestos para financiarse no significa que el estado pueda gastar sin límites. Lo que queremos decir es que se enfrenta a restricciones reales, es decir, está limitado por las materias primas, la capacidad productiva instalada o el número de personas dispuestas a trabajar existentes en su territorio y no por su capacidad de recaudación tributaria. Por tanto, el estado dotado de soberanía monetaria no está constreñido financieramente. Es el Parlamento el que, con sus decisiones de gasto público plasmadas en los presupuestos generales del estado, financia al estado, no el contribuyente.

Lo que diferencia al estado de otros agentes es que debe fijarse, no en un saldo contable en sus libros, sino en el saldo real de la economía: el bienestar real en términos de empleo y disponibilidad de servicios públicos. ¿Puede un gobierno actuar de forma irresponsable? No, porque existe una obligación de que el gobierne gestione los recursos que se le entreguen con eficiencia y en base a criterios de sostenibilidad medioambiental. Es obligación de los gobernantes aplicar los recursos reales a los fines socialmente más útiles. Para asegurar que los gestores públicos actúen con responsabilidad contamos con procedimientos presupuestarios en los parlamentos y con un sistema de rendición de cuentas que deben orientar el empleo de nuestros recursos en pro del interés general. Por otra parte una vez que las Cortes han aprobado un presupuesto los responsables de cada departamento, ministerio, agencia, secretaría y ministerio los gerentes sí están sometidos a una restricción financiera. Deben actuar bajo la ilusión de que existe una limitación financiera. Es en el acto de formular los presupuestos generales y en el diseño de las políticas macroeconómicas cuando los gobernantes deben tener en cuenta las limitaciones de recursos reales.

“Un momento”, dirán los más informados “¿qué pasa cuando un estado voluntariamente cede su soberanía monetaria a un organismo no elegido democráticamente como el Banco Central Europeo y acepta limitaciones al déficit público?”. En este caso el estado si estará constreñido financieramente. El resultado será que tal estado buscará un equilibrio fiscal que consiste tan solo en la destrucción de los ahorros de los ciudadanos hasta dejar a unos en la pobreza y a otros en el desempleo. Pero los impuestos de los ciudadanos, aunque castigados por las políticas de austeridad, seguirán sin financiar nada. El euro fue un mal negocio para los españoles.
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