Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

domingo, 28 de junio de 2015

Rebajemos las cuotas de la Seguridad Social

Como empresario y antiguo empleador (lamentablemente ya no empleo a nadie, cosas de la crisis) siempre me mostré escéptico acerca del sistema de cotizaciones a la seguridad social. Me molestaban tres cosas de éste:

  1. Las cuotas me parecían excesivas, sobre todo, para salarios bajos. Teniendo en cuenta las cotizaciones a la seguridad social más las retenciones sobre el IRPF el sueldo de un trabajador  con un salario se ve bastante mermado. Esto crea una asimetría perversa en la que el trabajador, puede apreciar que está mal retribuido mientras el empresario piensa que paga sobradamente.
  2. Me parecían un enorme desincentivo a la contratación. Las cuotas son un coste que grava la contratación de personal. Además había oído historias de terror de empresarios cuyos proyectos empresariales habían quebrado dejando cuotas a deber a la Seguridad Social a los que les habían embargado sus casas y se habían quedado en la calle.
  3. Nunca entendí la naturaleza regresiva del sistema de cotización. A partir de un salario no demasiado alto la base de cotización está limitada a un tope. ¡Qué injusto para los salarios más bajos! Además ¿por qué razón son los trabajadores los encargados de pagar las pensiones? ¿Por qué no contribuyen al sistema de pensiones por ejemplo las grandes fortunas que viven de las rentas?
El hecho es que, según el nivel salarial, la razón entre lo que paga un empresario a sus trabajadores y lo que estos perciben en neto, para una situación típica de un casado con dos hijo es de al menos 1,4 veces. Para salarios altos, esta razón alcanza una proporción de 1,8 veces pues en esos tramos, aunque las cuotas de cotización están limitadas, las retenciones a cuenta del IRPF son más elevadas.

Claramente los impuestos son un desincentivo a la contratación de empleados por cuenta ajena. En un país donde la tasa de desempleo es tan elevada, ¿no sería aconsejable reducir radicalmente el importe de las cuotas de cotización y las retenciones?

La tributación elevada sobre las rentas de trabajo ha sido un principio en el que históricamente han coincidido partidos y sindicatos. Por ejemplo, en un documento que resume el Pacto de Toledo, se afirmaba lo siguiente:

El acuerdo alcanzado por CC.OO., UGT y el Gobierno del PP, recoge las distintas propuestas sindicales en sus puntos más fundamentales. Entre ellas la regulación por Ley del incremento anual de las pensiones con cláusula de garantía hasta el año 2000. Además no acepta la reducción de las cotizaciones sociales, que hubieran puesto en quiebra el sistema de la Seguridad Social, aspiración que pretendía conseguir la CEOE. Se retiran las medidas penalizadoras a la jubilación anticipada y las que endurecían el acceso a la pensión de invalidez. En definitiva, estamos ante un acuerdo positivo reflejo de los criterios establecidos por CC.OO. que impide el retroceso que suponían las medidas que planteaba el Gobierno. Este consenso impide la aplicación de medidas unilaterales, como ocurrió en la primera reforma del sistema de pensiones de 1985. (los subrayados son míos).
De la lectura de este texto se concluye que los sindicatos temían que una reducción de las cotizaciones sociales pondrían en peligro las pensiones de jubilación. Quizás los sindicatos se estén autoengañando y en realidad estén prestando un pobre servicio a sus afiliados.

Desde el punto de vista de la Teoría Moderna del Dinero, un estado emisor de moneda no puede quebrar ni ser insolvente. De hecho el estado no necesita financiarse mediante impuestos. El estado, como expliqué en otros posts anteriores, exige el cobro de impuestos para darle valor al dinero que emite. Cuando el estado gasta, pone dinero en manos del público. Los ciudadanos quieren ese dinero porque solo con él pueden satisfacer sus obligaciones tributarias. Son los impuestos del estado los que obligan a los ciudadanos a buscar con avidez el dinero que les liberará de su obligación. Obviamente, antes el estado tiene que poner el dinero en manos del público, pues si no, sería imposible que los ciudadanos pagaran los impuestos. Por tanto el gasto público precede al cobro de impuestos; no es al revés como dicta el "sentido común".

Si España hubiera retenido su soberanía monetaria, no debería preocuparnos la sostenibilidad de las pensiones. De hecho las cotizaciones sociales serían absolutamente innecesarias y el estado podría prescindir de ellas, si quisiera. Las únicas limitaciones al pago de pensiones residen en las limitaciones de recursos reales de la economía. Es decir, mientras haya alimentos, moradas para los jubilados, cuidadores para ancianos frágiles, habrá recursos para atender a los pensionistas.

Si nos preocupa la sostenibilidad de las pensiones, lo que debemos procurar es que haya recursos reales para atender a los jubilados. Cuanto mayor sea el número de personas que trabajan mayores recursos existirán para atender a los mayores. Por tanto, lo que nos interesará es poner al máximo número de personas a trabajar y asegurar que tengan unas condiciones de vida dignas que les permitan formar hogares y tener hijos.

Si esto es así, en las circunstancias actuales, la tributación sobre el trabajo debería reducirse al mínimo. No sería descabellado suprimir las cotizaciones a la Seguridad Social. Se puede mantener una tributación a las rentas del trabajo más elevadas con el ánimo de amortiguar las desigualdades sociales. Pero en realidad lo que interesaría es buscar otras figuras impositivas que remplazaran al sistema de cotizaciones sociales.

Hace pocos días, Matt Forstater dio una charla en el Seminario Anual de Verano Hyman P. Minsky que organiza el Levy Economics Institute. Abogaba por gravar los "males", no los "bienes". Los impuestos, en un sistema de circulación fiduciaria tienen que existir, pero lo aconsejable es crear una estructura que favorezca las actividades deseables, como el trabajo, y desincentive las indeseables. Podríamos renunciar a gravar el trabajo tan pesadamente y gravar otras cosas como las actividades contaminantes, la especulación inmobiliaria, el tamaño de las viviendas o la circulación rodada en las ciudades.

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