La irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre





30 de mayo de 2016


En 2010 el Gobierno del Presidente Zapatero propuso una enmienda a la Constitución Española que modificaba su artículo 135. Fue aprobada con el apoyo del Partido Popular de forma urgente por las Cortes, hurtándose a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias o la necesidad de tal reforma. En su nueva redacción, el artículo obliga al estado a mantener un déficit público estructural dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este compromiso se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que limitaba el déficit estructural al 0,4% del PIB y creaba una nueva entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).


El déficit público se puede desagregar en un componente derivado del ciclo económico y en otro estructural. El primero se explica por las oscilaciones coyunturales que pueden aumentar el déficit en una recesión debido a la actuación de los ‘estabilizadores automáticos’, mecanismos incorporados a la estructura fiscal que elevan los gastos sociales cuando aumenta el paro o reducen la recaudación cuando caen los ingresos de hogares y empresas. El ‘déficit estructural’ sería aquél que correspondería a una situación de pleno empleo. También reflejaría de algún modo el posicionamiento fiscal del gobierno: la intención expansiva o contractiva de su política macroeconómica.


Esta reforma ha sido muy criticada por numerosos economistas que consideramos que es contraproducente porque fija un límite arbitrario al déficit del estado, porque impone un sesgo recesivo a la economía española y porque es inútil. Es arbitrario porque no hay justificación científica para decidir que el déficit estructural deba ser del 0,4 en porcentaje del PIB. No se encontrará en la bibliografía un estudio mínimamente serio que pueda justificar ese guarismo y por tanto solo se explica por haber sido seleccionado por un halcón del déficit.


Un límite tan bajo, de aplicarse en la práctica, llevaría a la economía española a una depresión perpetua. Sin una instancia federal europea con una capacidad de gasto significativa que pueda relevar a los estados nacionales de la responsabilidad de dirigir los ciclos económicos, le toca al gobierno español rellenar las brechas que periódicamente deja el sector privado en la demanda agregada. La reforma además crea inseguridad jurídica porque el propio concepto de déficit estructural es difícil de precisar. Depende de estimaciones que pueden variar según la metodología que se aplique para su cálculo, de tal forma que podrían existir tantas estimaciones como economistas se encuentren en la sala. Para empezar, los economistas “ortodoxos” toman como referencia del pleno empleo la NAIRU, la tasa no aceleradora de la inflación. La evidencia empírica sugiere que el vínculo entre inflación y empleo no es tan sencillo como pretenden estos economistas ortodoxos. ¡Pero la última revisión de la CE rebajó en 2015 la NAIRU española del 26,6% al 20,7% de la población activa! El empleo de tal criterio implicaría una sobreestimación del déficit estructural que aconsejaría a los policy makers la aplicación de medidas de consolidación fiscal fuertemente contractivas. Aspirar a alcanzar un déficit estructural del 0,4% —seguramente sobrestimado— abortaría prematuramente nuestra magra recuperación económica.


En tercer lugar, este concepto es inútil porque el déficit del estado depende de múltiples factores que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, en la crisis iniciada en 2008 el sector privado español decidió reducir su endeudamiento para mejorar su posición financiera neta. Ante una dinámica de este tipo, que depende de la voluntad del sector privado, los empeños del sector público en equilibrar las cuentas públicas pueden acabar con una profundización perniciosa de la recesión. Porfiar en recortar el gasto público y aumentar los impuestos coincidiendo con una caída en la demanda del sector privado puede tener el efecto paradójico de que la recaudación caiga aún más y de que el déficit aumente en lugar de reducirse, como ocurrió durante la primera mitad del mandato de Rajoy.

Ilustración 1. Evolución de la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las administraciones públicas, déficit estructural y crecimiento del PIB en volumen encadenado. El déficit creció durante la primera parte del mandato de Rajoy pese al empeño de reducir el déficit estructural causando una recaída en la recesión (en 2010 el PIB no varió tras dos años de caídas gracias al crecimiento del déficit público).  A partir de 2014 el gobierno empezó tímidamente a aumentar el déficit estructural lo que permitió una incipiente recuperación del PIB y una caída del componente cíclico del déficit. Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el INE y la Comisión Europea.

Existe una percepción extendida de que la democracia está siendo anulada por la supremacía de las instituciones financieras y el sometimiento de la política a los “mercados”, instituciones que, lejos del modelo de competencia perfecta de la utopía librecambista, han creado una distopía dominada por grandes oligopolios y monopolios. Sin embargo existe menos conciencia de que, bajo una apariencia de proyecto supranacional democrático, la Unión Europea se está transformando en una ‘posdemocracia’ debido a la proliferación de agencias y autoridades no elegidas directamente, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, que imponen límites a la soberanía popular tradicionalmente expresada y representada a través de los parlamentos.

El artículo 135 es una de las manifestaciones más extremas de la abolición de la voluntad popular porque impone límites irracionales y absurdos a la soberanía fiscal agravando la previa y todavía más grave pérdida de la soberanía monetaria. Menos conocido es que además ha creado una nueva entidad: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según su propia página web, la AIReF «tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.» Esta afirmación resulta radicalmente falsa para muchos economistas y revela el credo ideológico de este ente. Un dogma neoliberal caracterizado por la fobia al gasto público, al que falsamente se le asignan los males de la inflación y fantasiosos efectos de ‘crowding out’ o desplazamiento del gasto e inversión del sector privado, inspira la creación de este nuevo e inútil ente cuyo coste podríamos ahorrarnos.

La AIReF está presidida actualmente por José Luis Escrivá Belmonte, que anteriormente ha sido consultor en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas y, además, ha sido director de la Oficina para las Américas, responsable de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y director del Servicio de Estudios de BBVA, todas ellas instituciones conocidas por su sesgo neoliberal, su incapacidad manifiesta de prever la crisis económica y su reiterado compromiso con propuestas lesivas para el bienestar social de los países que han tenido la desgracia de verse sometidas a sus recomendaciones y dictámenes. Es imposible que una entidad presidida por alguien con este currículum actúe de forma “independiente”.

La web de la AIReF continúa explicando que «su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.» Por ahora la labor de la AIReF se limita a «una evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un análisis de las previsiones económicas», es decir, a realizar tendenciosos informes sobre las cuentas públicas y el cumplimiento de los Programas de Estabilidad. Uno de sus primeros informes anunciaba que “la deuda de las administraciones públicas podría ser casi 30 puntos inferior de haberse aplicado la regla de gasto”, un contrafactual difícil de contrastar e improbable pues de haberse seguido esa política se habría abortado toda recuperación económica. Resulta perturbador y alarmante saber que una entidad dirigida por tecnócratas con un claro sesgo ideológico deban tenerse en cuenta para elaborar la legislación más importante en una democracia: los presupuestos generales del estado. Los primeros parlamentos europeos se crearon en la Edad Media y entre sus principales cometidos históricamente estaba la aprobación de nuevos impuestos, un hito en el camino hacia la democracia moderna. Son los parlamentos los que aprueban la estructura impositiva y validan las políticas fiscales del gobierno cuando aprueban los presupuestos del estado. Si una agencia “independiente” dirigida por tecnócratas puede condicionar este proceso entonces la pregunta que debemos hacernos es para qué queremos un parlamento. Sin darnos cuenta, pasito a pasito, las Cortes españolas se han convertido en una institución tan simbólica, costosa y ceremonial como la Corona.

Desde la Asociación para el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios tratamos de hacer comprender a la opinión pública que la política responsable, ante la grave situación que padece nuestro mercado laboral y el empobrecimiento de un tercio de la población, es aumentar el déficit y no entrar en una senda para reducirlo suavemente como nos piden desde Bruselas. La existencia de desempleo elevado es un síntoma de que el gasto agregado es demasiado pequeño. Si el sector privado no quiere gastar más entonces el desempleo es un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado estrecho. El hecho de que el crecimiento económico experimentado en 2015 coincidiera con un incumplimiento flagrante del objetivo de déficit debería ser suficiente prueba empírica de cómo se ejecuta una política fiscal responsable. La “histeria de déficit” que se ha apoderado de las instituciones comunitarias y de gran parte de los dirigentes políticos en las últimas semanas se disfraza de política responsable. Vistos los catastróficos resultados sobre el empleo tras años de “virtuoso” comportamiento fiscal del estado español afirmamos que la reforma del artículo 135 y la creación de la AIReF son actos irresponsables. La reforma debe ser repelida y la autoridad suprimida a la mayor brevedad.

Vídeo de la presentación de Bill Mitchell en Badajoz

El economista australiano Bill Mitchell visita España

07 de mayo de 2016

Bill Mitchell, uno de los principales proponentes de la Teoría Monetaria Moderna (TMM), está realizando una gira por varias capitales españolas para presentar la versión en castellano de su libro, la Distopía del Euro: Pensamiento Gregario y Negación. El libro ha sido publicado en España por la editorial Lola Books fundada por el compañero de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP), Carlos García.

Esta obra describe con erudición el proceso que llevó a la integración monetaria europea a partir de la crisis del sistema fundado en Bretton Woods. Repasa los sucesivos intentos de crear mecanismos de tipos de cambio fijos que siempre acabaron fracasando. Mitchell describe cómo el proceso de integración monetaria, marcado por la intensa rivalidad franco alemana, fue evolucionando gradualmente desde un proyecto de inspiración keynesiana a otro monetarista. Los primeros estudios encargados por las Comunidades Económicas Europeas, recogidos en los informes Werner (1970) y McDougall (1977), consideraban que una unión monetaria sin unión fiscal no era viable. Sin embargo, el proyecto europeo se enfrentaba a la realidad de que los franceses no estaban dispuestos a renunciar a su soberanía fiscal y los alemanes tenían serias reticencias a renunciar a su moneda pues desconfiaban de los países del sur. Bajo la Comisión Delors, se ignoraron las conclusiones de los primeros informes y se propuso una unión monetaria sin unión fiscal. El desprecio de la función fiscal es uno de los rasgos más característicos del monetarismo. Los estados conservarían su poder fiscal y, para aplacar las inquietudes alemanas, se impusieron unas arbitrarias reglas fiscales que de facto incapacitarían a los estados para responder a una crisis. Mitchell analiza la senda que llevó a la crisis financiera global agudizada en la periferia europea por el fallido diseño de la moneda común y la inicua respuesta de la troika —la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Europeo— ante la crisis de deuda griega. Mitchell plantea tres soluciones a la situación de la zona euro: crear una unión fiscal plena, financiación monetaria directa del BCE a los estados o ruptura de la unión monetaria y concluye que solo ésta última es viable. El editor español ha reordenado los capítulos de forma que el lector se encuentra al principio del libro con las soluciones.

Bill Mitchell en la Universidad de Badajoz acompañado de activistas de la APEEP, profesores y estudiantes.

Bill Mitchell ha realizado sendas charlas en la sede del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM) y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Badajoz donde fue presentado al público por representantes de la APEEP. En el acto de Madrid participó también el economista Eduardo Garzón. Estaba prevista también la participación de su hermano Alberto Garzón, dirigente de Unidad Popular, pero se interpuso el proceso de confluencia de su partido con PODEMOS para configurar una única candidatura de la izquierda que concurrirá a las elecciones de junio. En la Universidad de Badajoz el acto contó con las intervenciones del miembro de APEEP Esteban Cruz y del profesor José Manual Parejo, profesor de Historia del Pensamiento Económico.

Mitchell viaja ahora a Barcelona donde será presentado por Antoni Soy, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona. La siguiente parada es Valencia donde lo acompañarán Jorge Amar, presidente de la APEEP y Raúl de Arriba, profesor en la Facultad de Economía de la Universitat de València. Los madrileños tendrán una última oportunidad de conocer al autor en un acto en la sede de Attac España acompañado de Ricardo Zaldívar, presidente de Attac España, y Juan Laborda, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.

En las presentaciones que realizó en Madrid y Badajoz Mitchell describe cómo en la élite europea se impuso una forma de pensamiento gregario impregnado de ideología neoliberal. Desmonta el mito tan querido por los neoliberales de que la austeridad puede producir crecimiento. Antes al contrario, la austeridad fiscal en una situación de caída del gasto privado solo puede resultar en una profundización de la recesión. Mitchell demuestra que ha sido la política fiscal expansiva del gobierno de Madrid, consentida hipócritamente por la Comisión Europea, la que explica el crecimiento del PIB a partir de 2013.

A continuación narra cómo el triunfo ideológico del monetarismo a partir de los años 70 del siglo pasado llevó al abandono de las políticas de pleno empleo ya que el desempleo pasó a ser una herramienta de la política macroeconómica al servicio de la redistribución de las rentas del trabajo al capital. El autor explicó como el BCE salvó al euro gracias a su programa de compra de títulos de deuda emitidos por los estados de la periferia europea. Sin embargo, las restricciones al espacio fiscal de los estados impiden una reactivación decidida de nuestras economías. Si bien una unión fiscal plena, con una instancia federal capaz de ejecutar decisiones de gasto que compensaran las caídas de la demanda privada en los territorios de la zona euro afectadas por un shock asimétrico, sería una solución teóricamente deseable y posible, considera que ésta no es viable en la Europa actual. Existen rivalidades nacionales, barreras idiomáticas y diferencias culturales que impiden hacer realidad esta opción. Por eso considera que la solución para estados como España es realizar una salida unilateral del euro. Aunque la salida tiene costes, el crecimiento económico se recuperaría muy rápidamente.

Desde sus primeras formulaciones monetaristas engendradas en guaridas académicas hasta el triunfo ideológico del paradigma neoliberal a lomos de la crisis petrolera pasaron tres décadas. El neoliberalismo ha agotado su recorrido al causar una grave crisis que ha erosionado la cohesión de nuestras sociedades. La TMM está formulando la respuesta urgente para reparar los daños que ha causado a nuestra sociedad. Lenta pero inexorablemente el mensaje de la TMM está calando en una sociedad castigada por la crisis que necesita otro paradigma.

Presentación del libro de Bill Mitchell: La Distopía del Euro. Pensamiento Gregario y Negación

¿Por qué se empeñan en vaciarnos los bolsillos?

Una versión abreviada de este artículo se publicó en el blog de la Fundación Alternativas.

España no ha cumplido el objetivo de déficit en 2015. Esta frase no debería tener ninguna connotación positiva o negativa. El hecho de que un estado tenga un superávit o un déficit es una mera cuestión contable. Es una magnitud que recoge la diferencia entre lo que ha inyectado el estado en el sector privado vía gastos y ha retirado vía impuestos. Los estados incurren en déficit prácticamente todos los ejercicios presupuestarios.



Fíjense en el siguiente gráfico que refleja el saldo de las cuentas públicas en porcentaje del PIB y el crecimiento interanual de esta magnitud macroeconómica para los Estados Unidos de América. Observarán que prácticamente todos los años EEUU ha incurrido en un déficit fiscal. Al lector observador quizás le llame la atención que, cada vez que el gobierno estadounidense ha conseguido un superávit, le acompañó una caída del crecimiento del PIB. No es una coincidencia y explicaré por qué más adelante. Gráficos parecidos podríamos hacer para todos los países.






Ilustración 1. Crecimiento del PIB de los EEUU (línea azul) y déficit o superávit del Gobierno Federal de los EEUU (línea naranja) en porcentaje del PIB. Fuente: Federal Reserve Bank of Saint Louis.



«Pero», dirá el lector, «si un estado mantiene un déficit perpetuo, se acumulará una deuda insostenible llevándolo a la insolvencia.» Esta es una creencia generalizada pero es falsa; se deriva de una analogía falaz con la restricción presupuestaria a la que están sometidos los hogares o las empresas. Un gobierno emisor de moneda no tiene restricciones financieras, o dicho de otro modo, no necesita recaudar impuestos antes de gastar. La explicación reside en que el gobierno es emisor de moneda y puede crearla ex nihilo sin coste alguno. Nunca se te puede acabar algo de lo que eres creador. Por tanto un gobierno puede mantener un déficit permanente sin quebrar ya que siempre podrá pagar su deuda.






Entonces ¿por qué recauda impuestos un gobierno? Los impuestos son un mecanismo fundamental de nuestro sistema monetario porque obligan a los ciudadanos a demandar el dinero que emite el estado. El estado crea dinero al gastar y lo cancela con impuestos para evitar que el poder adquisitivo en manos de los ciudadanos supere la capacidad productiva de la economía. Los impuestos son una herramienta de gestión económica que permiten redistribuir rentas, evitar que se produzca un fenómeno inflacionista o apartar producción real para destinarlo a los fines públicos. Sin embargo el lector debe convencerse de que un gobierno no tiene una restricción presupuestaria. El economista postkeynesiano Abba Lerner decía que «El gobierno debe ajustar sus tasas de gastos e impuestos de tal manera que el gasto total en la economía no sea, ni más ni menos, que el suficiente para mantener la producción al nivel de empleo a precios corrientes. Si esto significa tener déficit, mayor endeudamiento, “impresión de dinero”, etc., entonces estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son simplemente los medios para alcanzar los fines deseados de pleno empleo y estabilidad de precios».

Al conocerse la noticia de la desviación de déficit, políticos de la oposición, economistas y tertulianos han condenado al ministro Montoro por haber mentido sobre el objetivo de déficit, por haber incumplido el compromiso con Bruselas y por haber culpado a las autonomías de la desviación presupuestaria. No dudo de que Montoro merezca ser reprobado por haber prometido algo que no podía cumplir y por la forma en que ha tratado de desviar las culpas. Pero no pretendo tocar este tema ya agotado en los medios. Más bien me interesa analizar por qué preocupa a la oposición el incumplimiento del objetivo de déficit y si debe el nuevo gobierno asumir más recortes para continuar la senda de reducción de déficit.

Vayamos con el primer asunto. ¿Qué motiva el enfado de la oposición? Descartemos cándidamente que sea fruto del oportunismo político. Me sorprende el enojo porque un político de izquierdas debería estar más preocupado por rescatar a la población empobrecida durante la crisis lo cual exigiría una política fiscal expansiva. De hecho, el incumplimiento fue positivo porque, no por casualidad, nuestro PIB en volumen creció el año pasado a una tasa interanual del 3,3%. Quizás habría que estar agradecido, ya sea a las autonomías, como asegura Montoro, ya al propio ministro, por la desviación. Como dice el economista australiano Bill Mitchell, que visita España en mayo para presentar su nuevo libro, La Distopía del Euro, España demuestra cómo funciona la política fiscal anticíclica responsable [1]. Si acaso, quien suscribe habría deseado un déficit aun mayor para asegurar una más rápida salida de la crisis.

Otra posible causa de enojo sería la falta de honorabilidad que supone comprometerse ante las Cortes y nuestros socios comunitarios con un objetivo para luego incumplirlo flagrantemente, movido posiblemente por un cínico cálculo electoral. ¿Sabía Montoro que no iba a cumplir pero prefirió evitar la presión de una Bruselas dogmáticamente obsesionada con el cumplimiento de un objetivo de déficit del 3%? Digo dogma porque ese límite es arbitrario y carece de base científica aunque los políticos del PP dicen compartirlo. Ciertamente sería deseable una mayor transparencia y seriedad por parte de los responsables públicos. Si el objetivo de Montoro era incumplir el déficit, debería haberlo dicho con valentía y honestidad. Éstas son virtudes deseables en un político pero, aun así, no creo que su falta sea causa del enojo opositor.


Parece más plausible que la causa del enfado con el desenlace fiscal de 2015 sea el consiguiente estrechamiento del espacio fiscal en 2016. Resulta que, al encontrarnos de nuevo tan lejos del objetivo de déficit, para cumplir con él el nuevo gobierno —presumiblemente de izquierdas— tendrá que realizar un esfuerzo ingente. Esto restaría recursos para atender las políticas sociales que desearían ejecutar si llegan al gobierno.

Pero ¿no habíamos quedado en que un gobierno no está sometido a restricciones presupuestarias? Sí, pero esa ventaja solo la disfrutan aquellos estados que tienen soberanía monetaria y España renunció a ella al ingresar en el euro. Sin su propia moneda, el estado español no es muy distinto de una provincia, una diputación provincial o una colonia: tiene que conseguir euros primero para poder gastar. Así que, dado que los políticos españoles no parecen partidarios de recuperar la soberanía monetaria, los administradores de nuestro gobierno central tendrán que conseguir el dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Alternativamente podrían conseguir el apoyo del BCE para que las emisiones de deuda del estado no se vean sometidas a los caprichos del mercado, pero sabemos que éste está condicionado al cumplimiento de unos objetivos de austeridad lo cual no cambia mucho las cosas.

La economía nacional se puede desagregar por sectores institucionales (empresas, instituciones financieras, hogares, administraciones públicas y resto del mundo) para analizarla en detalle. Contemplen ahora el siguiente gráfico que refleja la capacidad (cifra positiva) o necesidad de financiación (cifra negativa) de cada sector institucional de la economía y comprobarán que es perfectamente simétrico. No es una casualidad; la simetría se deriva del hecho de que el endeudamiento de uno es forzosamente el ahorro de otro. Es decir, si el gobierno pretende reducir su déficit, el sector privado verá cómo merman sus ahorros.



Esta relación explica por qué el nuevo gobierno puede tratar de comprometerse con un objetivo de déficit y sin embargo fracasar en el intento. El problema de la senda de reducción de déficit es que es un objetivo móvil. A veces, cuanto más recortas, más te alejas del objetivo. La razón es que la gente tiene la dichosa manía de acaparar dinero (algunos lo consideran una actividad virtuosa y lo llaman ahorro). Si el estado quiere reducir su déficit tocando el bolsillo de los ciudadanos estos pueden decidir recortar sus gastos para seguir alcanzando sus objetivos de acaparamiento (ahorro); y Menos gasto agregado es igual a menos ingreso agregado, o sea, menos PIB. La consecuencia podría ser de hecho que aumentaran esta magnitud que entra en el denominador del coeficiente de déficit fiscal y también aumentara el numerador alejándose de nuevo el objetivo.

Desde que Keynes y Kalecki lo explicaron, allá por los años 30, sabemos que, en una recesión causada por el colapso del gasto del sector privado, la respuesta es aumentar el gasto y reducir los ingresos del sector público para que el estado ocupe la parte de la demanda evacuada por hogares y empresas. A veces, para recuperar la economía basta con dejar actuar a los llamados estabilizadores automáticos —el gasto aumenta, por ejemplo, las ayudas al desempleo, y la recaudación tributaria cae cuando flojea la actividad económica—. Sin embargo, en una depresión tan profunda que ha dejado un legado de desempleo tan elevado es posible que los estabilizadores automáticos sean insuficientes y, en ese caso, conviene que el estado aumente el gasto de forma discrecional. Paradójicamente un déficit público puede indicar un posicionamiento fiscal contractivo y procíclico, es decir, que actúa profundizando la depresión.


Lo grave del incumplimiento del objetivo es que si el gobierno español se aviene a las exigencias de Bruselas para acercarse al objetivo del 3% tendrá que recortar el déficit público en 20 mil millones de euros (el equivalente al 2% del PIB). Si creemos la previsión de crecimiento más recientemente publicada por el Banco de España, 2,7% para 2016, podemos afirmar que continuar en esa senda de reducción de déficit solo puede resultar en una caída del crecimiento hasta cifras inferiores al 1% deteniéndose abruptamente nuestra recuperación económica.

Comprendo el enojo de los políticos progresistas. Sin embargo son víctimas de su propio compromiso europeísta y de haber asimilado el pensamiento económico neoliberal. Si no quieren ver su gestión asociada a otra etapa de recesión deberían denunciar la dominante narrativa neoliberal, desengancharse de la sabiduría convencional y rebelarse frente a las exigencias de Bruselas. No se trata de negociar una senda de reducción sino de anunciar, con el coraje que le faltó a Montoro, que lo aumentaremos exigiendo el apoyo del Banco Central Europeo para las emisiones de deuda del estado español. La mejor salida a una gran depresión de la escala que vive España puede ser llenar los bolsillos de los ciudadanos con los ingresos generados mediante programas que movilicen los recursos reales actualmente ociosos y que el sector privado renuncia a emplear. Dicho en otras palabras: aumentando el déficit y dejándolo volar hasta conseguir nuestros objetivos de pleno empleo.

[1] Bill Mitchell. Spanish government discretionary fiscal deficit rises and real GDP growth returns. Abril de 2016. http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33329 

La estadística del día: el índice de producción industrial encadena ya dos meses de caídas.

El índice de producción industrial en tasa mensual corregida de efectos estacionales y de calendario encadena dos meses de caídas. (Fuente: INE).

El índice sigue estando debajo del nivel anterior a la crisis. El índice tiene base 100 en 2010 y actualmente está en 96,4 pero en julio de 2008 estaba en 130,48. Es decir, estamos en el 73,9% del nivel alcanzado en el pico. Apenas producimos algo más de lo que producíamos en 1993. Supongo que gran parte de la capacidad instalada en 2007 se estará desmantelando y será ya imposible volver a la senda de crecimiento potencial del año 2007. En España el único sector industrial que marcha razonablemente es el de "Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques".

Fuente INE

Bill Mitchell visita Madrid, Badajoz, Barcelona y Valencia para presentar su libro