El desempleo es siempre una decisión política

Artículo conjunto de Miguel Carrión, Esteban Cruz y Stuart Medina publicado originalmente en El Diario el pasado 23 de enero de 2017.


Desde hace tres años asistimos a un esfuerzo propagandístico para convencernos de que "la crisis ya es historia". Tales proclamas suelen acompañarse del reconocimiento a la generosidad de los ciudadanos por sus “sacrificios”, que se presentan como necesarios y repartidos de “forma justa”, siendo exigidos en nombre de la eficiencia económica.

Hagamos inventario de estos sacrificios. El INE nos informa de que en el primer trimestre de 2013 la tasa de desempleo alcanzó el 26,97%, y desde entonces ha retrocedido hasta el 18,91%. Esta cifra sigue siendo demasiado elevada como para certificar el final de la crisis, pero además oculta mucha información relevante. En el segundo trimestre de 2008 los españoles trabajamos 722 millones de horas. En el segundo trimestre de 2016 lo hacíamos 620 millones de horas, lo que es un fiel indicio de cómo arraiga la precariedad. El mero porcentaje de paro tampoco refleja que más de 650.000 personas han abandonado el mercado de trabajo, ni que España es uno de los países europeos con mayor tasa de temporalidad (25%). Más de 2,5 millones de personas llevan buscando empleo desde hace más de un año. Muchas personas de 30 años nunca han trabajado, y muchas otras mayores de 45 años que perdieron su empleo hace años es probable que nunca más vuelvan a trabajar.

Los políticos se complacen por los resultados de unas políticas que dejan sin empleo a gran parte de la población activa porque la opinión pública se ha acostumbrado a tolerar el mayor dispendio de activos de nuestra sociedad: el del capital humano. La constitución española de 1978 en su artículo 40.1 compromete al estado en la promoción de la estabilidad económica y el pleno empleo:

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Los sucesivos gobiernos elegidos al amparo de esta constitución han incumplido este mandato. Con el régimen del 78 se inicia un período casi secular de elevado desempleo.







Evolución de la Tasa de desempleo en España.

El pensamiento económico dominante ha elaborado nociones aberrantes para defender que sólo las fuerzas del mercado pueden determinar el nivel de empleo. En esta visión el estado queda relegado a un papel subordinado, limitado a suprimir las rigideces que impiden que oferta y demanda de trabajo se ajusten a un supuesto equilibrio de mercado, incluso aunque el precio del trabajo esté por debajo del nivel de subsistencia institucionalizando el fenómeno de los trabajadores pobres. La devaluación de las capacidades, habilidades, y creatividad, de las personas a través del desempleo no sólo nos priva de un potencial bienestar presente basado en la movilización de recursos reales que hoy están parados, sino que hipoteca nuestro futuro.

El desempleo es siempre una decisión política. El desempleo consolida el poder de quienes detentan el poder económico, y protege a quienes ven en la movilidad social una amenaza. El miedo a perder un empleo artificialmente escaso disciplina a la población. Y la imposición de límites al déficit público, además de ahogar el progreso de la sociedad, permite el mantenimiento del desempleo.

Una alternativa es la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Según ésta, sólo quien emite la moneda en régimen de monopolio tiene la capacidad financiera suficiente para garantizar siempre y en toda circunstancia el pleno empleo. Solo el emisor de la moneda puede hacerse cargo de las inversiones estratégicas necesarias para construir la sociedad que queremos y dar una respuesta estructurada y directa a los retos a los que nos enfrentamos como comunidad. En la zona del euro, el deficiente gasto público y el consiguiente desempleo son condiciones que la Unión Monetaria Europea (UME) se autoimpone. Al ser la UME la misma que crea el euro, solo puede eliminar el desempleo en la zona del euro comprando el trabajo que esté disponible en su moneda, pero decide no hacerlo al anteponer el déficit al desempleo como objetivo político.


Perseguir el interés general en política económica quiere decir, ante todo, eliminar restricciones para utilizar al máximo el potencial del sistema. Esto requiere dejar crecer el déficit público cuanto sea necesario para el mantenimiento del pleno empleo. Para una entidad con soberanía monetaria, aumentar el déficit o sostenerlo en el tiempo supone únicamente que en su registro contable se apunte que inyecta más fondos a la economía de los que detrae de ella.


De acuerdo con esto, proponemos sustituir en los Tratados europeos los mecanismos arbitrarios que imposibilitan que la economía europea alcance el pleno empleo sin generar un aumento generalizado de precios. Proponemos reemplazar la histeria en torno al estado contable de la autoridad fiscal por una política de hacienda funcional que supedita el nivel de gasto a la consecución de objetivos en la economía real, tales como la supresión de la pobreza, la mejora de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente y de las personas, la modernización del aparato productivo o la transición energética.

En lugar de usar la bolsa de desempleados con la excusa de regular la inflación, forzando a los ciudadanos al paro o la emigración, la TMM propone financiar una bolsa de empleados a la que el sector privado pueda acudir en busca de trabajadores activos, simplemente ofreciendo a éstos unas condiciones mejores que el suelo fijado por el sector público para su contratación. Los planes de empleo de transición serían programas permanentes de empleo público que ofrecerían un puesto de trabajo a todo aquél que desee trabajar, con una retribución fijada por encima del umbral de la pobreza y en condiciones dignas, en actividades separadas del sector público tradicional y sin entrar a competir con el sector privado. El tamaño de la bolsa de empleo de transición crecería en las recesiones y disminuiría en las recuperaciones, compensando el ciclo económico. Además, ligando el salario de transición al objetivo de inflación se ayudaría a la estabilidad de precios.

Técnicamente todo esto es aplicable dentro del euro, pero en cualquier caso es absolutamente necesario para cada estado miembro dotarse también de una solución alternativa que prevea la adopción de una moneda nacional. Esto es así ya sea para hacer frente a una posible implosión de la zona euro debida a la evolución de la situación política de países como Francia, Italia u Holanda; ya sea porque la Unión Europea no esté dispuesta a eliminar de su ADN sus actuales reglas de austeridad antidemocráticas, antisociales y antieconómicas.

Acto desempleo cero

El 25 de enero se celebra en Madrid una cumbre sobre Teoría Monetaria Moderna que organizan las asociaciones española Red MMT e italiana Rete MMT. En el acto se hablará de las finanzas funcionales, es decir, de una aproximación a la política fiscal basada en sus resultados sobre la economía real y no centrada en la histeria de su saldo contable y de la garantía del pleno empleo a través del plan de empleo de transición. Vamos a desafiar el relato económico de las elites.

En el acto participan Pavlina Tcherneva, profesora asociada de Economía en el Bard College de Nueva York, donde también es directora de los programas de economía y de Economía y Finanzas. También es investigadora en el Levy Economics Institute of Bard College y del Binzagr Institute of Sustainable Prosperity.

Además participan Nacho Álvarez, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Madrid; Manolo Monereo, profesor de ciencias políticas; el economista Eduardo Garzón; y Juan Laborda, profesor de finanzas de la Universidad Carlos III y Alfredo D'Attorre, diputado por el Partito della Sinistra Italiana. Actuaremos como anfitriones los activistas de Red MMT Stuart Medina, Esteban Cruz e Ivan Invernizzi.

Toda la información está disponible en la página web del evento MMT Desempleo 0% donde os podéis inscribir.

¿Por qué crea el estado desempleados que no quiere contratar?

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre.

El trabajo es toda actividad productiva que realiza el ser humano. Trabajan el médico cuando trata a sus pacientes, el maestro cuando imparte sus clases, o el obrero que coloca ladrillos con maestría. Lo hacen también la madre que cuida de sus hijos o la mujer que desempeña labores de voluntariado en una ONG. La diferencia entre los primeros y los segundos es que a cambio aquéllos perciben una retribución dineraria, es decir, poder adquisitivo que da derecho a participar en el reparto de los bienes y servicios producidos en la economía de mercado que se encuentran a la venta solo a cambio de dinero creado por el gobierno o los bancos. Se desarrollan sin embargo numerosas tareas excluidas del ámbito del mercado, asignadas por cierto con mayor frecuencia a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Un trabajador vende sus servicios al mercado porque quiere conseguir dinero a cambio. El empleo es siempre un fenómeno monetario. Por eso podemos definir el desempleo involuntario como mano de obra ofrecida al mercado a cambio de moneda del estado que no encuentra comprador. Este empleo puede ser comprado por el sector privado o por el estado. Si existe desempleo involuntario es porque ni el sector privado ni tampoco el gobierno quieren aumentar sus gastos para ocupar esos recursos ociosos.

Para entender esto describamos un escenario. Supongamos que partimos de un período en el que existe plena ocupación. En esta situación, de equilibrio inicial, supongamos que nadie ahorra, es decir todo el mundo gasta su renta íntegramente y por tanto todo lo que se produce se vende. El gasto de todos es igual a las rentas —salarios, beneficios, impuestos, alquileres, intereses, etc.— de todos y por fuerza es igual también a toda la producción de la economía. Esta identidad se mantiene siempre a nivel macroeconómico:

INGRESO=GASTO=PRODUCCIÓN

Si por la razón que sea (porque los hogares y las empresas decidan que quieren reducir su deuda, porque haya una situación de incertidumbre o porque los extranjeros decidan no comprar nuestros productos) en un período posterior cambia el comportamiento del sector no gubernamental —en el que incluimos a hogares, empresas y al sector exterior— y éste prefiere ahorrar una parte de su renta entonces una parte equivalente de la oferta de bienes y servicios se quedará sin vender. En ese caso las empresas tendrán que reducir su oferta y es probable que despidan a algunos de sus empleados.

El trabajo no es un rábano

Nadie puede obligar al sector privado a consumir más de lo que quiere o a ahorrar menos. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando aumenta el desempleo? Desde la escuela neoclásica nos dicen que la respuesta es bajar el coste de los salarios ya que el trabajo sería como cualquier otra mercancía. Si por ejemplo cae la demanda de rábanos en el mercado los productores podrían darles salida tirando los precios. Decimos entonces que la curva de demanda de los rábanos tiene una forma descendente hacia la derecha en el eje de ordenadas: a menor precio mayor cantidad vendida y viceversa. Si creemos que el trabajo es como los rábanos entonces la prescripción para acabar con el desempleo es sencilla: bajar los salarios. Sin embargo, el mercado de trabajo remunerado no es como el de los rábanos. Para la mayoría de las personas los salarios son su principal fuente de ingresos. Bájense los salarios y observaremos una caída en el consumo de los consumidores y en las ventas de las empresas provocando nuevas caídas de empleo. El economista Esteban Cruz y este autor ya explicamos en un artículo anterior la paradoja de los costes. Los ahorros en costes salariales pueden ir acompañados de menores ventas que deterioran la tasa de beneficios de los empresarios y por tanto desaniman el empleo (Cruz & Medina Miltimore, 2016).

El siguiente gráfico, elaborado por el economista Luis Gómez con datos de los ejercicios 2008 a 2014, demuestra que la caída de los salarios, lejos de haber aumentado el empleo tuvo el efecto contrario. Luis Gómez explica que al iniciarse la crisis se desechó primero a los trabajadores ocasionales y jóvenes que eran también los peor pagados. Esto tuvo el efecto aparente de mostrar un crecimiento salarial asociado a un aumento del desempleo. Los economistas neoliberales y la Comisión Europea utilizaron este efecto estadístico para justificar el ataque contra los trabajadores iniciado en 2010. Sin embargo, después de 2010 la caída del empleo fue muy intensa pese a que también cayeron los salarios. La caída de los salarios ha sido inútil para crear empleo.

Las recetas prescritas por el dogma vigente fueron acompañadas en 2010 por un giro incomprensible hacia la austeridad. Desafiando toda la evidencia en contra de la utilidad de fijar unos objetivos de déficit, los dirigentes europeos llegaron a asumir una superstición aberrante, la ‘austeridad expansiva’ que es a la ciencia económica algo así como el hielo ardiente, la sosa cáustica potable o el plomo ligero. Esta doctrina oximorónica afirmaba que un recorte de los gastos públicos liberaría recursos para que el sector privado los empleara de forma más productiva acelerando la recuperación. Esta hipótesis fue introducida por Francesco Giavazzi y Marco Pagano en 1990 en un trabajo que presentaba las reestructuraciones fiscales de Dinamarca e Irlanda en los años 80 como ejemplo (Giavazzi & Pagano, 1990). Los autores, que observaron cómo recortes en el gasto público coincidieron en el tiempo con una recuperación de esas economías, olvidaron tener en cuenta que esos países, relativamente pequeños, consiguieron salir de sus crisis económicas gracias a la expansión de sus exportaciones a otros países europeos que sí aplicaron políticas fiscales expansivas.

La hipótesis fue vendida a los responsables de la UE por Alberto Alesina en un discurso ante la reunión del ECOFIN que tuvo lugar en Madrid en 2010 en Madrid. En esta intervención aseguraba que los «ajustes fiscales, aunque sean grandes, que reducen los déficit presupuestarios, pueden conseguir una reducción relativamente rápida de los coeficientes de deuda sobre el PIB sin causar recesiones». Añadió que « (…) una política fiscal anticíclica basada en incrementos de gasto durante recesiones y aumentos de impuestos para corregir los déficits durante una expansión es probable que sea contraproducente además de implicar un avance inadvertido del tamaño del gobierno cuando éste ya está en torno al 50% del PIB en algunos países europeos. (…) [L]as distorsiones políticas (…) retrasan la reducción de los déficit además de las inevitables ‘demoras de larga duración y variables’ asociadas con la política fiscal en una democracia, que incluso en el caso de las expansiones fiscales hacen que esta herramienta sea torpe para la gestión del ciclo de los negocios» (Alesina, 2010).

A esta perversión doctrinal se añadió el diseño contraproducente de una unión monetaria uno de cuyos puntales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), imponía un límite al déficit público del 3% sobre el PIB. Este límite podría ser efectivamente excesivo en una situación en la que la economía crece a buen ritmo y empiezan a producirse tensiones inflacionistas. Sin embargo en una situación de recesión lo conveniente puede ser que el déficit público alcance un valor superior a ese guarismo. Forzar una economía a entrar en una senda de reducción de déficit puede ser contraproducente no solo porque dificulte la salida de una situación económica desfavorable profundizando el desempleo sino también porque puede convertir el “objetivo” en uno móvil. Si la política fiscal prudente y razonable fuera aumentar el déficit pero un gobierno decide someterse a los dictados del PEC lo que sucederá casi con total seguridad es que no consiga sus objetivos. El efecto recesivo de tales políticas podría profundizar la caída en la recaudación o provocar caídas en el Producto Interior Bruto (PIB), el denominador de este coeficiente de deuda que nos imponen los Tratados de la Unión Europea, convirtiéndolo en un objetivo móvil que, cuanto más se esfuerza el gobierno en conseguir, más se aleja. Un objetivo de déficit sobre el PIB resulta extremadamente ambiguo e impreciso. De hecho el dato del cociente entre déficit y PIB ni siquiera nos da mucha información acerca del posicionamiento presupuestario del gobierno. Según las circunstancias, un aumento de este coeficiente puede reflejar una política consciente del gobierno por estimular la economía, la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos durante una recesión o incluso un posicionamiento fiscal contractivo.

Las finanzas funcionales dictan la fiscalidad responsable

Un gobierno responsable debe encargarse de que las personas que hayan perdido su puesto de trabajo vuelvan a encontrarlo. Depende del estado movilizar esos recursos ociosos gracias a su capacidad fiscal. Para comprender este protagonismo del estado hay que entender antes cuál es la función de la fiscalidad. Al imponer tributos a la población el estado pretende encauzar recursos reales hacia los fines públicos. La forma en que opera este mecanismo es que el estado genera demanda por su moneda al imponer un tributo que los ciudadanos solo pueden pagar con ella. Para conseguir esa moneda hogares y empresas ofrecen sus servicios al estado. Naturalmente esta oferta incluye la oferta de empleo. De esta forma el sector privado obtiene la moneda con la que puede saldar su deuda con el estado.

El sector privado tiene unos objetivos de consumo y ahorro que no necesariamente serán compatibles con comprar toda la oferta disponible de bienes y servicios a la venta. Pero el estado siempre puede comprar la diferencia. Si el estado impone tributos demasiado elevados o no gasta lo suficiente dejará en manos del sector privado una cantidad de dinero insuficiente para saciar sus necesidades de consumo y sus objetivos de ahorro. En estas circunstancias surgirá el desempleo involuntario. Hay personas que quieren dinero del estado y no lo encuentran. Existe pues una demanda por el dinero del estado que no se ha satisfecho y por tanto los agentes económicos no mantendrán un nivel de gasto agregado que adquiera todo lo que está a la venta en la economía. Si existe producción que se queda sin vender el desempleo aumentará. Esa oferta total de bienes y servicios por supuesto incluye la oferta de mano de obra.

Los impuestos son el mecanismo que utiliza el estado para canalizar recursos reales hacia los fines públicos. Si el gasto es insuficiente o los impuestos son demasiado altos la manifestación será el desempleo. Como decía Warren Mosler “¿Qué sentido tiene que el estado no contrate a todos los trabajadores que ha dejado desempleados?”. En una situación de desempleo elevado la única respuesta sensata es que o bien el estado baje los impuestos para dejar mayor poder de compra en poder del sector no gubernamental y aumente su gasto o bien aumente el gasto público para comprar la producción que el sector privado no quiere adquirir. Las políticas tradicionales ponen mayor poder de compra en manos del sector privado confiando en que éste lo destine a crear empleo. Este mecanismo indirecto en el que la política fiscal trata de “cebar la bomba” de la demanda normalmente resulta decepcionante. La forma más directa, eficiente y económica de crear empleo es que el estado contrate a todos aquellos que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector privado mediante un programa de empleo garantizado. Este programa permitiría atender muchos de los múltiples problemas sociales que el estado ahora no atiende de forma adecuada. El desempleo es la prueba de que el déficit fiscal es insuficiente. Es hora de que el estado asuma su responsabilidad en el problema del empleo y aumente el déficit.

Referencias

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Abril 2010. Discurso ante la reunión del Ecofin de Madrid el 15 de abril de 2010.

Cruz, E., & Medina Miltimore, S. (2016, 02 01). Daños irreversibles: el FMI descubre la paradoja de los costes. Retrieved from Luces Rojas. Info Libre.: http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2016/02/01/danos_irreversibles_fmi_descubre_paradoja_los_costes_44074_1121.html

Giavazzi, F., & Pagano, M. (1990). Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomics Annual 5, 75–111.

Abandonar la histeria por el déficit público para cambiar Europa

Artículo publicado por el compañero Esteban Cruz en la sección Luces Rojas de Infolibre el pasado 6 de junio de 2016.

El irreversible proceso de globalización conducido por el progreso tecnológico y la desregulación de los mercados ha provocado una creciente interdependencia entre las economías nacionales y, sin embargo, las instituciones no están acompañando a semejante fenómeno de integración económica. El ejemplo más claro lo tenemos en la zona euro, donde la existencia de un mercado común no ha llevado consigo la creación de una autoridad fiscal federal que coordine las políticas fiscal y monetaria, compensando las dinámicas asimétricas surgidas de la interrelación de participantes con diferentes estructuras productivas y culturas. Tampoco la evolución del sistema monetario ha ido conforme a la de un régimen de acumulación capitalista basado en dinero fiduciario-crédito, una convención social no respaldada por mercancía alguna y que no debería ser susceptible de concentración en manos privadas ni marcar los límites a la circulación de bienes y servicios por su escasez. La captura de los bancos centrales por el pensamiento gregario que caracteriza a estas instituciones, y que ha mantenido las restricciones ligadas a un sistema patrón-oro anacrónico, ha impedido a los Gobiernos disponer del espacio fiscal adecuado para alcanzar sus objetivos económicos y sociales.

Ante el estricto impedimento del Banco Central Europeo de financiar a los Estados miembro, éstos tienen la obligación de ceñirse a una restricción presupuestaria delimitada por su capacidad de recaudación, debiendo ir a los mercados a pedir todo lo que la sobrepase y quedando con ello rehenes de las condiciones que les sean impuestas, despojándolos de su soberanía. Esta camisa de fuerza impide desarrollar políticas progresistas en el actual marco de la Unión Monetaria o, cuanto menos, hacerlo con un margen de maniobra muy reducido. La posición de dependencia de los Estados con respecto a los mercados es insalvable en esta Europa de los mercaderes cuyo pilar fundamental es la libertad de movimientos de capitales.

La soberanía popular debe ser canalizada a través de un marco institucional que custodie un espacio operativo adecuado mediante la coordinación de las políticas monetaria y fiscal. En base a ello, rechazamos las imposiciones en materia de déficit. Existiendo recursos humanos no movilizados por la iniciativa privada y disponibles para contribuir al proceso de aprovisionamiento social, creando riqueza y satisfaciendo así una serie de necesidades que no son cubiertas, el uso del déficit no debe comprenderse más que como la herramienta que permite ponerlos en marcha, no una restricción. Desde este planteamiento la existencia de desempleo significa que el déficit no es el suficiente, apoyándose tal aseveración en un principio contable básico: que el gasto de un agente económico es el ingreso de otro. Por tanto, las políticas de austeridad que recortan el gasto inevitablemente deben tener de forma automática el mismo efecto en los superávits privados, es decir, reducen los fondos de empresas y familias, los ahorros y beneficios que determinan su consumo e inversión y por tanto, la producción y el empleo, agravando la depresión económica. De hecho, el déficit es lo que ha permitido al Partido Popular llegar a esta doble sesión de comicios maquillando los datos macroeconómicos de su pésima gestión.

La soberanía monetaria, esto es, la posibilidad de financiarnos directamente del Banco Central, nos proveería de los fondos necesarios para llevar a cabo una serie de objetivos económicos y sociales elegidos democráticamente a todos los niveles, desde lo local a lo regional y estatal, y que a día de hoy quedan como metas secundarias ante la histeria que acarrea el incumplimiento de los compromisos de déficit en el actual marco institucional, donde los Estados operan con una moneda extranjera que es el euro. Además de limitar los efectos perjudiciales del ciclo económico estabilizando las expectativas privadas, disponer de soberanía monetaria nos posibilitaría buscar objetivos sociales diferentes al lucro capitalista. Entre estos fines se incluyen la inversión necesaria para el cambio de modelo productivo y el avance hacia las energías renovables, la visibilización y dignificación del trabajo de cuidados, o el apuntalamiento de los servicios públicos.

La arquitectura del euro ata de pies y manos a los Estados estableciendo mecanismos perversos y eficaces para hacer a Gobiernos electos retroceder en sus demandas conforme los empujan a la posibilidad de suspensión de pagos, siendo así obligados a ajustarse a un nuevo equilibrio presupuestario en una peor situación. Es por ello que desde la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP) rechazamos las demandas hechas en el actual marco institucional que se ciñen a la restricción presupuestaria, ya sea por el lado de los gastos como por el de los ingresos, mareando la perdiz con plazos y velocidades de reducción del déficit y quitas o mutualizaciones de la deuda.

Necesitamos un Plan B para Europa, el cual pasa por el cuestionamiento directo del diseño del euro y la puesta en marcha de un conjunto de decisiones emprendidas de manera unilateral por los Estados, a poder ser, en coordinación con otros Gobiernos desobedientes. La unanimidad exigida para reformar los Tratados hace exiguas las posibilidades de afrontar una modificación de las políticas económicas dentro de la eurozona. Una re-edición del Plan A con la aspiración de conseguir ciertas concesiones, confiando en el mayor tamaño de nuestro país para obtener unos resultados diferentes a Grecia en unas hipotéticas negociaciones con las autoridades europeas, tal y como se desprende de los 50 puntos del acuerdo programático de Unidos Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio, acabaría disciplinando las exigencias de un potencial gobierno de cambio conforme progresivamente se debilita su posición financiera, con lo cual la rebeldía mostrada sería efímera.

Las instituciones importan y en su papel está tanto el restringir como el liberar la capacidad de actuación de la acción colectiva. Es esencial cambiar las reglas de juego para devolver a manos de la soberanía popular herramientas que le han sido quitadas y sin las cuales está a merced de los vaivenes de los mercados, equilibrando con ello las articulaciones de poder que hoy están claramente desbalanceadas en favor de agentes trasnacionales. El primer paso para hacer políticas progresistas es abandonar el discurso del equilibrio presupuestario y la reducción del déficit, y centrarse en objetivos reales como son acabar con la lacra individual y social que es el desempleo y avanzar en la justicia social en diversos aspectos, con los que transformar esta Europa en la Europa de los pueblos. Una Europa solidaria, verde, feminista y ante todo, democrática.

_____________________Esteban Cruz Hidalgo es economista y vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios

Vídeo de la presentación de Bill Mitchell en Badajoz

El programa económico de Ciudadanos: esa sensación de “déjà vu”

Artículo escrito por Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore y publicado en la sección Luces Rojas de Infolibre. 

Las premisas básicas del programa económico de Ciudadanos fluyen de forma que es difícil discrepar: necesitamos competir en un mundo globalizado, luchar contra la precariedad laboral, acabar con el capitalismo de amiguetes y con el despilfarro público. Estas cuestiones responden a lo que la mayoría considera de sentido común, de las que surgen las medidas destinadas a la creación de empleo que aquí brevemente analizamos. «¡Hay que avanzar hacia el modelo danés!», exclaman, introduciéndonos a un concepto que tildan de rompedor: la “flexiseguridad”. El triángulo de oro a los daneses les funciona, pero, ¿lo haría igual para nuestra estructura económica e institucional? ¿Es que el mercado laboral puede entenderse separado del funcionamiento del mercado de bienes y servicios? Evidentemente no nos parecemos mucho a los “latinos del norte” como llaman a los daneses; y en el planteamiento de una fuerza laboral cuyo mercado se autorregula como cualquier otra mercancía subyace una visión muy ortodoxa de cómo funciona la economía. Aseguran que su programa está construido «desde la sensatez y la confianza»,  lo que en términos generales significa que no se han desviado ni un ápice de los principios que en materia económica nos han llevado hasta la situación actual, vamos a verlo.

El programa de C’s responde nítidamente al canon neoliberal dominante. No pudimos evitar la impresión de haberlo leído antes. La doctrina, el lenguaje, incluso el estilo recuerdan a los informes surgidos de la Comisión Europea. Por ejemplo, consulten el “Country Report Spain 2015 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances”. Busquen las siete diferencias.

Desde el preámbulo hasta el final del epígrafe nos vamos encontrando de forma reiterativa con los aspectos fetiche de una gestión de la economía responsable: formación, competitividad y emprendimiento. Preocuparse únicamente por los ingredientes por el lado de la oferta dejan hueca la receta para salir de la crisis, unos cimientos muy débiles para el objetivo que se proponen: un modelo de crecimiento a largo plazo sostenido por la innovación.

Las herramientas que integran la estrategia de formación parecen ir en línea de evitar los chanchullos del sistema actual, señalando a la patronal y sindicatos. El desempleado pasaría a recibir la ayuda en forma de bonos que podrá destinar a los cursos que él elija, compitiendo las empresas que ofrezcan los diversos cursos por atraerlo. Para esta medida proponen elevar el dinero que se destina para asegurar su éxito, pero además el trabajador parado será orientado en la búsqueda de empleo por agencias privadas de colocación a través de un servicio de empleo individualizado con perfiles curriculares. Aquí tenemos una gran oportunidad de negocio privado para que unos pocos se forren mareando a los desempleados en la búsqueda de empleos que no existen.

Ciudadanos reconoce que el «estigma asociado a una experiencia continuada en el desempleo se ve reforzado por la carencia o depreciación de las competencias necesarias para su reintegración laboral». No podemos estar más de acuerdo. Sin embargo discrepamos de la clásica receta que culpabiliza al parado y que trata de exponer el problema del desempleo a nivel microeconómico, como consecuencia de un sistema de incentivos mal planteado. El problema del desempleo no es la formación, ni las leyes laborales, ni la prolija normativa burocrática. Fiarlo todo a las políticas de oferta no resolverá el problema. Es un problema de falta de demanda y de expectativas de beneficios en los mercados de bienes y servicios que llevan al empresario a no ampliar su capacidad de producción y por tanto, a no contratar trabajadores.

Mientras esperamos a que estas personas, cada vez más formadas, encuentren trabajo gracias a una futura reactivación. ¿De qué van a vivir si ya no cobran una prestación de desempleo? Al final, si, sorprendentemente, las políticas activas de empleo no funcionan para algún zoquete, para este colectivo, Ciudadanos transige con una “Renta de Reintegración”, percepción condicionada a que el desempleado, obedientemente, siga dedicando su tiempo a más formación.

También hay soluciones para los bajos salarios y la precariedad laboral. La segunda propuesta estrella de Ciudadanos es crear un marco laboral que elimina la temporalidad, que en la práctica convierte todos los contratos en temporales. Es lo que llaman pedantemente el marco de «relaciones laborales 2.0». El contrato temporal se sustituye con el “contrato para la igualdad de oportunidades”. La clave está en la “flexibilidad empresarial” combinado con la “estabilidad laboral”.  Las indemnizaciones por despido se sustituyen por la “cuenta individual para el despido”, una retención del salario equivalente al 1% de su salario. Ya no son todos los trabajadores en activo quienes aseguran al trabajador despedido, es el seguro contratado por el empresario el que cubre esa contingencia mediante un instrumento de ahorro forzoso impuesto al trabajador. Además el empresario ya no asume el coste de indemnizar al trabajador despedido sin causas objetivas. Aquí detectamos otra gran oportunidad de negocio privado, en este caso para el sector financiero al cual se confiaría la gestión del seguro.

Para acabar con los salarios bajos proponen un “Complemento de Garantía Salarial (CSG)” que cobrarían las rentas que no superen un determinado umbral como una bonificación en el impuesto sobre la renta. Nuestra principal pega al CSG es que acabe funcionando como una subvención para que los empresarios igualen por abajo los salarios.

El programa aborda una reforma de los impuestos directos que los simplifique para reducir oportunidades de evasión fiscal, aumentar la recaudación fiscal y recuperar a las clases medias trabajadoras. Dentro de este último objetivo encajaría el CSG pero recalcamos que es para las clases trabajadoras porque, si usted no está empleado, no lo percibirá, es decir pensionistas y desempleados no se beneficiarán del CSG. El desbrozo de nuestro sistema fiscal es una asignatura pendiente que aplaudimos pero, caveat emptor, las más beneficiadas por la reducción de tipos en la escala de gravamen que propone C’s son las rentas muy altas.

Otro pilar de Ciudadanos son las reformas estructurales destinadas a competir en un mundo globalizado. No se trata de «reindustrializar siguiendo patrones obsoletos» —suponemos que se refieren a las políticas que tanto éxito tuvieron en toda Europa en los años 50 y 60 y que llevaron a una situación de pleno empleo—. Aquí C’s descubre el Orinoco y, de paso, que el problema del tejido empresarial es que predominan las PYMES con escasa capacidad de innovación. Para resolver este asunto proponen fórmulas de colaboración público-privada, poniendo los Organismos Públicos de Investigación al servicio de las empresas a través de lo que llaman la “Red Cervera”. ¿En qué difiere esto de lo que se lleva haciendo en esta materia en los últimos veinte años? Sorprendentemente, tras loar las excelencias de la I+D el programa profundiza en determinados sectores. ¿Cuáles? Los de siempre, turismo y agroalimentario.

En este epígrafe destinado a la innovación son continuas las referencias a Estados Unidos, pero se olvidan quizás de lo más importante: la potentísima implicación del Estado en la innovación, no solo para apoyarla, sino para liderarla. Nos aclaran que las empresas en España no crecen hasta el mismo tamaño que en otros países, lo cual se achaca ¡a la excesiva regulación! Nos descubren que los emprendedores pasamos horas y horas haciendo trámites y papeleos, y que nos da miedo crecer. La solución que sugieren son las ventanillas únicas, unificación de trámites, etc. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde ha estado viviendo el principal artífice de este programa todos estos años? Uno de los firmantes de este artículo constituyó su empresa en menos de 48 horas gracias a la figura de la SLNE hace 11 años. Siempre es bueno que nos reduzcan los trámites burocráticos, pero lo determinante para la actividad es una reactivación de la demanda, tener expectativas de beneficios.

Para fomentar la innovación C’s plantea fomentar esos mismos préstamos blandos que cargan a las empresas de deudas y luego las llevan a concurso de acreedores. También nos aclaran que las empresas no sabemos buscar el dinero. Supongo que los autores no han sido emprendedores tecnológicos: no es que no sepamos, es que no existen fuentes de financiación. Pero la excusa es buena para introducir otro programa de formación, éste para el emprendedor. Empresario, si Vd. vota a Ciudadanos no sabemos si encontrará capital y negocio, lo que sí sabemos es que no le van a quedar horas para dedicar a otra cosa que no sea formación. En una apuesta menos alejada de la realidad que la del plan Juncker, proponen la aportación de fondos públicos a través del ICO con match funding en cumplimiento del sacramento neoliberal de que el Estado necesita la sabia guía de la iniciativa privada pues no sabría tomar decisiones de inversión.

Una propuesta interesante es que los créditos fiscales generados por la actividad de I+D que no puedan ser aprovechados por el empresario por estar en situación de pérdidas puedan ser transmitidos al fondo de inversión. La idea sin duda merece alguna atención aunque, de nuevo, parece que los autores no se han leído la Ley del Emprendedor que, en determinados supuestos, permite solicitar el abono de la deducción a la Administración Tributaria. El olvido de esta Ley lo revela la sugerencia de introducir incentivos para el establecimiento de profesionales extranjeros con visas exprés y un paquete de recibimiento (entendemos que los exiliados sirios no podrían beneficiarse de estas ayudas). Los autores de ésta análisis preferiríamos un plan para recuperar a los miles de investigadores españoles con talento que han tenido que largarse de este país.

Entre los autónomos detectan una baja tasa de supervivencia y una escasa vocación emprendedora, ignorando que se trata de autoempleo de parados desanimados. ¿Solución? De nuevo, más formación. También sugieren que los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no tengan que darse de alta ni paguen cuotas de Seguridad Social. Está bien, pero en nuestra opinión, el objetivo sería que no hubiera nadie en esa situación; no legalizar el mercado negro de trabajo. No obstante, como proponen unificar los inspectores de Hacienda con los de trabajo nos tememos que el efecto final sea que se siga persiguiendo el fraude fiscal y cada vez menos el fraude laboral.

¿Y de la moneda común? Que hace falta «más Europa», lo que significa que los países del Sur debemos comprometernos «con seriedad a un programa de reformas estructurales» y racionalizar el gasto de las administraciones a todos los niveles tal y como se expone en las recomendaciones de la Comisión Europea para España. A cambio, los países del Norte mostrarán su solidaridad con nosotros con un fondo de desempleo que se destinará íntegramente —sí, lo han adivinado— a financiar programas de formación.

En fin, que si como predicen las encuestas, Ciudadanos es determinante en el nuevo Gobierno, seguiremos teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas entre los países de la OCDE y nuestra marcha dependerá de estímulos externos. El “más difícil todavía” si, como dice el FMI, todos los países acometen políticas de austeridad y de devaluación interna. Olvidémonos de una política expansiva que conecte el gasto fiscal y las inversiones en innovación a través de un sector público fuerte y una estructura del euro funcional.

No negamos el papel emprendedor del sector privado, pero creemos que es preciso superar el desprestigio del Estado como enemigo de la empresa si queremos salir de la crisis. Las resistencias hacia la relación de simbiosis entre el sector público y privado parte de una ideología interesada en extraer unos beneficios privados más elevados para unos pocos a costa de reducir el bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, en mantener una relación parasitaria. Un planteamiento coherente con el funcionamiento de los balances sectoriales se apoya en la visión de un Estado que dinamiza la economía y sirve al bienestar social mediante la ampliación y creación de mercados y la satisfacción de necesidades sociales, contribuyendo al objetivo de pleno empleo y al aumento de la riqueza total. Para financiar el crecimiento no solo hay que ser inteligente, sino también inclusivo.

Una economía dinámica no puede sobrevivir a la incertidumbre sumida en la desigualdad y el despilfarro de recursos, pues es la expectativa de realización sobre los beneficios futuros lo que lleva a las empresas a invertir e innovar, aumentando su capacidad productiva e impulsando los cambios tecnológicos radicales. Las medidas expuestas en el programa de Ciudadanos deberían complementarse con otras que activen el papel fundamental de la demanda para su éxito, lo que hace necesario repensar el papel del Estado en la economía. Si llevamos veinte años desarrollando políticas similares sin resultados, ¿qué nos hace pensar que ahora sí van a funcionar? ¿O volveremos a crear una nueva ilusión de prosperidad cubriéndonos con alguna burbuja?

Esteban Cruz Hidalgo es Licenciado en Economía y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Economía, Empresa y Trabajo. Miembro da ATTAC Extremadura, del Instituto de Economía Política y Humana y de La Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios.

Stuart Medina Miltimore es vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Además es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.