Cuando crees que eres Robin Hood también creerás que te tienen que rescatar

Artículo publicado originalmente en el Blog de la Fundación Alternativas el pasado 25 de enero de 2018.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.


Tranquilos, señoras y señores mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.


¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!


Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.


La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.


Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca fue pensada para atender las necesidades de los pobres).


La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque la disposición emocional del capitalismo oligárquico condiciona las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.


Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.


Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.


La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha éste introducido en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.


Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).


Tratados de Maastricht


Cierto es que el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder de nuestro Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter completamente nuestra sociedad a las "fuerzas del mercado". Aun así, los mecanismos operativos de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.


Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para ese propósito.


El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual ésta se puede regular alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones sobre las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas deberían proponer su prohibición o limitación con ­ ¡válgame Dios!­ regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.


Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.


Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.


Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es ésa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.

Rompamos la hucha de las pensiones, vaciémosla y tirémosla al fondo del mar

Editorial publicado por la redacción de Red MMT el pasado 1 de julio de 2017.

Una vez más nos llegan voces de alarma porque el Gobierno ha roto la hucha de las pensiones. En esta ocasión, además, ha concedido un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social en lo que se presenta como el principio de una senda de peligroso endeudamiento de un sistema, a pocas jornadas de caer en la insostenibilidad e incumplir sus obligaciones con los pensionistas.

Los titulares alarmistas en relación a este asunto inquietan a quienes han contribuido al aprovisionamiento social de bienes y servicios durante su vida laboral y ahora se preguntan sobre la certidumbre de la pensión de jubilación para la que han cotizado. Quienes hoy están creando con su trabajo ese excedente productivo, que paga las pensiones actuales y que beneficia a toda la comunidad, se preguntarán si no deberían correr a asegurar su estabilidad futura bajo la gestión privada responsable, lejos de la insostenibilidad de la gestión pública. ¿Tienen razón quienes cuestionan continuamente la sostenibilidad de las pensiones públicas o son simples declaraciones interesadas para que piquemos el anzuelo de los fondos de pensiones privados y ayudemos así a engrasar el engranaje de la especulación financiera? Creemos que ambas cosas son parcialmente ciertas, habiendo cierta retroalimentación entre ellas.

El argumento habitual sobre el que se construyen los escenarios del Apocalipsis de las pensiones es la baja relación entre afiliados a la seguridad social y pensionistas, ratio que ofrece el Ministerio de Empleo. Está estancado en 2,25 afiliados por pensionista desde hace años y se teme que, debido a los malos datos demográficos españoles, caiga aún más en el futuro. Los defensores del sistema público esgrimen que la insuficiencia de la hucha es un problema derivado de la enorme cantidad de desempleados que tenemos en el país, así como de la precariedad de los nuevos empleos. Los nuevos trabajadores perciben salarios más menguados y el Gobierno del avispado señor Rajoy ha subvencionado su contratación con tipos de cotización más bajos a la par que fomentaba la precarización. Además los que se jubilan ahora cobran las pensiones más altas de la historia gracias a que cotizaron en años en los que la economía española generaba rentas salariales más dignas.

En un extremo del espectro político nos encontramos con quienes creen que “normalizando” el mercado de trabajo, asimilándolo a una mercancía cualquiera, se terminaría con la discusión sobre la sostenibilidad del sistema público las pensiones. La hucha fascina a los políticos del PSOE, quienes se atribuyen el logro fantasioso de habérnosla dejado colmada cuando las cotizaciones excedían las prestaciones durante los “buenos” viejos tiempos de la burbuja inmobiliaria. Los sindicatos y partidos de la oposición se pronuncian por aumentar el Fondo de Reserva financiando las pensiones vía impuestos. Pero muchos no han advertido de que se trata del clásico truco consistente en sacar dinero del bolsillo izquierdo y meterlo en el derecho: no somos más ricos por ello pero el bolsillo derecho se siente mucho mejor. La famosa hucha no es más que otra criatura neoliberal con la que encadenar la acción del gobierno. En el otro extremo encontramos entidades especializadas en producir malos augurios y pronosticar inminentes colapsos. El Banco de España y la OCDE demandan reformas estructurales que aumenten la edad de jubilación o modifiquen el montante de las pensiones endureciendo los requisitos. Ciertos expertos consultados por la Comisión del Pacto de Toledo proponen medidas como sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema. Entretanto las entidades financieras se frotan las manos ante la expectativa de atraer a las amedrentadas clases medias a su negocio de fondos de pensiones.

Sentimos discrepar con todas las partes. Frente a esta serie de parches transitorios o la disolución del mismo en uno mayor al incluirlo dentro del presupuesto público, creemos que se debe afrontar el problema de raíz eliminando la excusa para privatizarlas: el artificial problema de insostenibilidad que crea este sistema. Muchos han caído en las sucesivas trampas neoliberales en torno a las finanzas públicas. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que el estado necesita acceder a fondos creados por el sector privado para financiar sus actividades lo cual solo es posible bajo la improbable hipótesis de que algunos de nosotros tengamos máquinas de imprimir billetes en nuestros sótanos. Quienes conocen la teoría moderna de la moneda ya han comprendido que nos enfrentamos otra vez al enésimo atentado contra lo público.

Sin comprender el funcionamiento de nuestro sistema monetario la discusión cae dentro de estrechos márgenes fiscales en los que se debe asegurar un equilibrio entre los gastos y los ingresos que deberían ser capaces de financiarlos. El habitual esquema mental que tenemos sobre el problema de las pensiones es totalmente erróneo. Debemos arrojar la hucha de las pensiones a lo más profundo del mar, rompiéndola antes para vaciar hasta el último céntimo de su contenido; hoy mismo. Deshagámonos de esta abominación que no engendra más que inconvenientes y contratiempos auspiciados por la lógica neoliberal de constreñir la función del Gobierno con reglas financieras artificiosas y arbitrarias. Encerremos bajo doble llave las ideas de la hacienda pública responsable junto al sepulcro de El Cid.

El debate debe trascender la robustez del equilibrio presupuestario que obsesiona a los ceñudos reformistas de nuestro sistema de pensiones y despierta los apetitos de los gestores de fondos. Pero, que se puedan pagar y financiar las pensiones ¿significa que éstas son sostenibles indefinidamente? En principio no, si bien no nos encontramos ante una restricción de la esfera financiera. Su sostenibilidad debe ser atendida en el sector real de la economía, esto es, en la creación de un excedente productivo. Los jubilados no consumen las contribuciones de su trabajo pasado, sino los productos y servicios que hay en el momento en que ellos ya no contribuyen al aprovisionamiento social de bienes y servicios de la comunidad. Para atender a los ancianos de mañana basta con que haya suficientes trabajadores empleados en el futuro produciendo alimentos, vivienda, energía eléctrica, vestimentas y servicios sanitarios y de cuidados, ocio y cultura en cuantía suficiente para atender al conjunto de la población. Un mejor trato a la juventud también ayudará a la reproducción de las clases trabajadoras, hoy razonablemente reticentes a crear nuevos hogares.

Cómo decida en el futuro el Gobierno trasladar ese excedente real hacia las clases pasivas es una cuestión que podría resolverse de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos abandonar el esquema insolidario actual en el que los trabajadores más pobres contribuyen proporcionalmente más que Lionel Messi o Amancio Ortega a la tesorería de la Seguridad Social. También podríamos aceptar que la Tesorería de la Seguridad Social tuviera un déficit perpetuo cubierto por la Tesorería General del Estado lo cual, aunque a algunos les parezca sorprendente, no socavaría los cimientos de la civilización occidental. Utilizando la imaginación de la que carecen las autoridades europeas, proponemos también que las pensiones sean financiadas directamente por el banco central. Como monopolista de la moneda no se ve sometido a restricción financiera alguna. Es forzoso reconocer que como usuarios del euro, a todos los efectos una moneda extranjera, el monopolista hoy es el Banco Central Europeo. Entre los responsables de esa entidad abundan los entusiastas de la “responsabilidad” fiscal pero, con un cambio de los Tratados de la UE, el emisor europeo podría pagar todas las pensiones de los jubilados europeos indexando éstas a algún tipo de fórmula que tenga en cuenta el salario medio del país y la vida laboral. Esta es una opción técnicamente realizable, puesto que el emisor europeo es el único agente que puede crear nuevo poder de compra que se utilizaría para encauzar esos excedentes reales hacia los jubilados. Este nuevo dinero es deuda de una entidad que por definición nunca puede ser insolvente. Si les preocupa la inflación no se agobien: posteriormente los estados pueden cancelar el poder de compra sobrante con un nivel de imposición adecuado y justamente repartido entre los productores.

Lo que sí podemos asegurarles es que ninguna hucha dotada hoy por el Estado sirve al propósito de generar ese excedente productivo en el futuro. No dejemos que aten la democracia a mecanismos artificiales de control a sus reglas neoliberales. Abandonemos el esquema mental erróneo de que un Estado o la Seguridad Social deben equilibrar su presupuesto y avancemos hacia la soberanía para garantizar nuestras pensiones y el pleno empleo.