El precio de la luz: ¿quién paga el cambio de modelo energético?

 Imaginemos esta conversación en el cuartel general de una empresa eléctrica:

—¡Jefe! El precio del Mw/h en el pool eléctrico está en máximos históricos. Si vaciamos los embalses podemos producir luz a coste cero y cobrarla a precios que no sé si veremos de nuevo.

—¡Buena idea! Bajemos la producción en las centrales de ciclo combinado que el gas está a precio de caviar. Pero acuérdate de no cubrir toda la demanda de luz con renovables. Nos interesa que el último Mw/h de demanda se cubra con oferta de la central de ciclo combinado.

Desde hace meses se vienen batiendo records históricos en el precio de la luz. Para el consumidor acogido a la tarifa PVPC (precio voluntario del pequeño consumidor) el precio alcanzó en agosto la cifra sin precedentes de 26 céntimos por kilovatio/hora en los tramos de hora punta. Morir electrocutado nunca había salido tan caro.

Una persona inocente podría sorprenderse porque Josep Piqué, antiguo ministro de Industria y Energía que gestionó la privatización de la última empresa pública de electricidad, ENDESA, nos vendía en una entrevista del año 1996 la bondad de

privatizar la actual presencia del Estado en el sector eléctrico y, al mismo tiempo, liberalizar el sector para introducir competencia y provocar una rebaja de los precios. (…) Eso significa que (…) el Gobierno debe garantizar la competencia en el sector eléctrico. Pero no mediante su presencia en las empresas, sino ejerciendo la potestad de regular las condiciones de mercado.

Sarcasmos contra el neoliberalismo aparte resulta evidente que el dogma privatizador de aquella época simplemente trataba de justificar el suculento negocio de comisiones que algunos bancos obtuvieron con las salidas a bolsa de estas empresas. No había ninguna razón de eficiencia para privatizar una empresa de abastecimiento de energía que, al fin y al cabo, constituye un monopolio natural. Hay tradición en este país. Recordemos como se justificaron y qué resultados se obtuvieron con las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal.

Al indagar sobre las causas del encarecimiento de la luz hay que conocer los componentes que integran su precio. Estos incluyen el coste de producción de la energía, los pagos por los peajes de transporte y distribución, los cargos que corresponden por la energía consumida y diversos impuestos. Es sobre todo en la generación donde se ha producido el encarecimiento y cinco factores explican esta subida.

1. El sistema de casación de precios marginalista en el mercado mayorista
2. La subida del precio del gas natural
3. El mercado de derechos de emisiones de CO2
4. Los impuestos que recaen sobre la electricidad
5. La estructura oligopólica de la industria.

El precio mayorista de producción se determina en el mercado diario de energía, operado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), única institución que ha realizado el sueño iberista de integración de España y Portugal. Esto demuestra que, cuando los intereses están alineados, las oligarquías se olvidan de las patrias. El OMIE recibe las ofertas de generación, ordenándolas de menor a mayor según el precio de venta, y las demandas, ordenándolas de mayor a menor según el precio de compra. El precio de la electricidad y la cantidad de energía que va a vender y comprar cada uno de los agentes se determina a partir de un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Este mercado es ‘marginalista’, es decir, todas las energías que entran al mercado cobran lo mismo que la más cara adjudicada. Los costes de producción más bajos los ofrecen las centrales nucleares, la producción hidroeléctrica y las energías renovables. Los más caros las centrales que dependen de combustibles fósiles como las de ciclo combinado o las de cogeneración.

Podría darse una situación en la que el precio negociado fuera cero cuando una central nuclear prefiriera regalar la electricidad a parar la producción porque los costes de puesta en marcha son muy elevados. Sin embargo las fuentes energéticas más económicas no suelen ser suficientes para cubrir la demanda y la oferta se tiene que completar con la producción procedente de centrales que dependen de combustibles fósiles. Y esta parece ser la clave del problema porque, si los costes de producción en estas centrales se disparan, sin importar cuanta producción de renovables se meta en el sistema, el sistema marginalista asegura que todos los Mw/h introducidos en el mercado se venderán al precio más caro aunque se hayan producido a coste cero. Así es como las eléctricas obtienen los “beneficios caídos del cielo”.

Ilustración 1. Precio medio de casación en el mercado (Fuente: https://www.omie.es/es/market-results/interannual/daily-market/daily-prices?scope=interannual)

Desde finales del año pasado los precios de casación no han dejado de batir records históricos (figura 1). Hace un año los precios diarios no superaban los 50 € y este mes se han superado los 120 €/MwH. Una de las causas es el precio del gas natural utilizado en generación eléctrica en centrales de ciclo combinado. Durante la pandemia, los precios de los combustibles fósiles cayeron a plomo. Pero la recuperación de la actividad económica está causando tensiones en los mercados de materias primas y el precio del gas empezó a recuperarse pasado el verano de 2020 (Ilustración 2). Sin embargo el gas natural no está ni mucho menos en máximos históricos y su precio está oscilando dentro de bandas habituales desde el máximo alcanzado en vísperas de la crisis financiera global. Aunque el reciente encarecimiento del precio del gas haya contribuido a la subida del precio de generación esto no basta para explicar por qué estamos en un máximo histórico.

Ilustración 2.Precio del gas natural Henry Hub tomado de https://markets.businessinsider.com/commodities/natural-gas-price

Un mercado fake

La justificación de los elevados precios experimentados en el mercado mayorista de la electricidad también se explica con el histórico aumento del precio en el mercado de emisiones de CO2. Este es un mercado completamente virtual que ha creado la Unión Europea bajo la ilusoria pretensión de que los problemas de emisiones se podrían arreglar con “mecanismos de mercado”. En este mercado la Unión Europea asigna gratuitamente unos cupos de emisiones a las empresas contaminantes. Estas cuotas se reducen anualmente con la finalidad de alcanzar los objetivos acordados en convenios internacionales. Si una empresa no utiliza todo el cupo asignado puede vender los derechos sobrantes a otras empresas que estén dispuestos a pagar por contaminar más. Incluso cuando una empresa no necesita adquirir derechos de emisiones en el mercado la lógica de mercado implica que imputará a su precio final de producción el coste de oportunidad de no venderlos y por tanto el precio del CO2 se incorpora a su precio de oferta. En España el 47,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el total sujeto al mercado de derechos de emisión corresponde a centrales térmicas de combustibles fósiles (Pacce, et al., 2021, p. 9). Si en la oferta eléctrica entra producción de centrales térmicas es obvio que el encarecimiento del CO2 impacta en el precio final de la luz aunque solo una fracción haya causado emisiones de CO2. Recordemos que éste es un mercado marginalista y que todos y cada uno de los kw/h vendidos, se hayan generado con combustibles fósiles o no, van a incorporar ese coste en su precio final.

¿Por qué ha creado la UE este mercado? El argumento es que, de esta manera, los productores de energía no contaminante van a sacar un mayor margen de beneficio y tendrán un incentivo para invertir. En cambio, las industrias más contaminantes tendrán un mayor coste y menor rentabilidad por lo que tendrán un incentivo para invertir en tecnologías que reduzcan sus emisiones o abandonar la actividad.

Este ingenioso sistema ha conseguido que los derechos de emisiones de CO2 se hayan encarecido significativamente desde finales de 2020 y están en máximos históricos, superándose por primera vez, los 57 euros por tonelada de CO2 equivalente en agosto de 2021 (Ilustración 3). La UE ha hecho de aprendiz de brujo y ha conseguido crear un sistema de extracción de rentas a los hogares demoníaco. De esta manera solo las empresas eléctricas se apropian de los beneficios de la producción con energías renovables mientras el consumidor sigue pagando como si toda la producción fuera con no renovables.

De esta manera solo las empresas eléctricas se apropian de los beneficios de la producción con energías renovables mientras el consumidor sigue pagando como si toda la producción fuera con no renovables

Ilustración 3. Precio de futuros de emisión de carbono (fuente: https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions)

La causa principal de este aumento de la cotización de los derechos de emisión está en una decisión del Consejo Europeo de acelerar el ritmo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2030 desde el 40 % anterior hasta el 55 %, (una aceleración del ritmo de descenso anual desde el 1,74 % hasta el 2,2 % a partir de 2021). Además, los derechos de emisión se redefinieron como instrumentos financieros, de modo que, desde entonces, los participantes en el mercado no incluyen solamente las empresas excedentarias y deficitarias de derechos de emisión. Es decir, se ha tolerado la entrada de especuladores. Por último se ha exigido la creación de una ‘reserva de estabilidad de mercado’ por monto de 900 millones de euros, un instrumento destinado a hacer frente a posibles perturbaciones en el mercado de derechos de emisión que pudieran generar desequilibrios excesivos entre oferta y demanda, y, por tanto, oscilaciones demasiado bruscas e intensas en los precios. La puesta en marcha de esta reserva se había pospuesto pero se retomó a partir de 2019 (Pacce, et al., 2021, p. 11).

Según un estudio publicado por el Banco de España

el encarecimiento de los permisos de emisión de CO2 explicaría una quinta parte de ese incremento del precio, mientras que los mayores precios del gas representarían la mitad de este [en concreto, 19,6 puntos porcentuales (pp) y 50,3 pp, respectivamente] (Pacce, et al., 2021).

Impuestos clasistas

Aunque el precio negociado en el pool eléctrico fuera 0 tu factura nunca será 0. Eso se debe a que el precio final de la factura de la luz no se fija solo en el pool eléctrico, sino que está compuesta por multitud de partidas, de las cuales muchas son costes regulados por el gobierno y otras directamente impuestos. Una factura eléctrica normal se compone de término de potencia, término de energía, alquiler de equipos, impuesto eléctrico e IVA. De hecho, los costes regulados y los impuestos vienen a representar algo más del 65% del coste de la luz.

La energía eléctrica en España estaba sometida a un IVA del 21% así que, por cada euro que aumenten los costes de producción repercutidos en factura, añádase ese porcentaje. Adicionalmente nos encontramos con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que grava con un 7 % el valor de la generación de todas las centrales. Pero, conociendo el grado de concentración que se da en este mercado no resulta sorprendente que las empresas trasladen, en mayor o menor medida, este impuesto al precio ofertado en el mercado. En este sentido, dado el aumento de la base imponible, según el citado informe del Banco de España, hasta 6,9 puntos porcentuales del incremento observado podrían explicarse por el impacto de este gravamen en el precio de casación (Pacce, et al., 2021). De forma inoportuna, el Gobierno decidió reintroducir en 2020 un nuevo Impuesto Especial a la Electricidad (IEE), que grava el suministro de energía eléctrica para consumo al tipo del 5,11269632%. Si quieren ejemplos de la regresividad del sistema fiscal español no busquen más. Para compensar la escalada de precios el Gobierno ha rebajado, temporalmente, el IVA al 10%. Sugiero que lo deje permanentemente allí o incluso más abajo siempre que intervenga el mercado para asegurarse de que las empresas eléctricas no aprovechen su poder de mercado para apropiarse de esa rebaja en lugar de repercutirla al cliente final.

Facturación por tramos horarios

Esta evolución de los precios coincide con la entrada en vigor el 1 de junio del nuevo sistema de facturación por tramos horarios. El interés en incluir la discriminación horaria de manera obligatoria se debe a la saturación que experimentan las redes de transporte y distribución de electricidad durante las denominadas horas punta. Con el nuevo formato de factura se busca incentivar el traslado de la demanda eléctrica hacia otras horas en las que las infraestructuras están menos usadas. La medida está pensada por ejemplo para que los propietarios de un vehículo eléctrico aprovechen las ‘horas valle’ para recargar el vehículo. Pero la realidad social actual es que la mayoría de la población no dispone de un vehículo eléctrico. Pocos usuarios tienen capacidad real de desplazar su consumo a horarios nocturnos. Al final para la mayoría de las personas utilizar la tarifa de ‘horas valle’ supone, como mucho. poner la lavadora por la noche. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicaba que esta medida supondría una reducción de la factura de la luz de los pequeños consumidores a medio y largo plazo … en serio.

Márgenes de oligopolio

El modelo de casación de precios carácter marginalista en el mercado mayorista podría ser sustituido por otro modelo. Por ejemplo uno en el que cada participante en el mercado ofertara su propio precio. El problema es que es improbable que el resultado fuera muy distinto al que estamos observando ahora. Las empresas no tratan de cubrir sus costes variables sino de maximizar su beneficio. Siempre habrá oferentes que se vean obligados a ofertar un precio más alto y los demás conocerán esa situación y acercarán sus ofertas al precio más alto por muy bajos que sean sus costes variables. Pero es que esta última afirmación es una perogrullada porque, al fin y al cabo, el mercado de generación son cuatro gatos. Iberdrola, ENDESA y Naturgy representa el 83% de la oferta. Estamos hablando de oligopolios que naturalmente buscan maximizar sus beneficios, trasladando todos los costes al consumidor final, y además conocen perfectamente los costes de cada sistema de generación pues operan en todos ellos. No sería de extrañar que el oligopolio eléctrico encontrara una forma de capturar la rebaja temporal del IVA. Aunque nos visten el pool eléctrico como un mercado estas empresas han conseguido estar en misa y repicando.

El oligopolio eléctrico permite que las compañías encuentren el mix energético que maximiza su beneficio. Una consulta a las cuentas anuales consolidadas de los mayores operadores (Iberdrola, ENDESA y Naturgy) nos permite comprobar que sus márgenes netos oscilan habitualmente entre el 8% y el 11% y eso también procede de las facturas que pagamos los consumidores. De estas facturas también salen los costes de construir las vistosas sedes corporativas y los emolumentos de sus altos directivos. Como los del Sr. Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien cobra 12,2 millones € cada año, sin duda una merecida compensación por los riesgos que ha asumido como emprendedor en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico es un ejemplo de manual de extracción de rentas: un oligopolio que explota de forma inmisericorde su dominio de mercado. La pretensión europea de que el negocio eléctrico opera como un mercado de competencia perfecta o bien es de una ingenuidad pasmosa o forma parte de una conspiración entre políticos y empresas para esquilmar a los consumidores.

Ilustración 4. Cuotas de mercado del mercado eléctrico (Fuente: CNMC)

Transición ecológica regresiva

A los actuales gobernantes se les ha debido olvidar que el mercado se regula. Se han hecho tan entusiastas del libre cambio que ya no encuentran el manual de instrucciones para intervenir en el mercado. A veces se pronuncian como si los mercados fueran instituciones naturales, como los ecosistemas, que se rigen por leyes universales —difíciles de comprender, sí, pero en los que no hay que intervenir para no alterar los equilibrios que se alcanzan espontáneamente en ellos.

Es evidente que el actual mercado no procede de un proceso darwiniano de selección de las especias de generadores de electricidad sino de un diseño institucional muy concreto elaborado sobre las premisas del fundamentalismo del mercado que confía en que los incentivos adecuados darán resultados óptimos. El problema es que Vd., querido lector, y yo, somos quienes ponemos los incentivos.

El mercado de derechos de emisión se justifica por la necesidad de conseguir una transición hacia un mix energético sostenible menos dependiente de los combustibles fósiles. Entre 2017 y 2019 las emisiones de CO2 del sector eléctrico se redujeron un 35% lo cual se presenta como una validación de la eficacia del sistema (Pacce, et al., 2021, p. 16). Impresionante, sí, pero eso no prueba que otro sistema no hubiese producido una transición aún más veloz. Reconocemos la importancia de luchar contra el cambio climático y eso exige un cambio de modelo energético. Pero ¿es necesario hacerlo a costa de una masiva extracción de rentas desde los hogares a los accionistas de las empresas energéticas?

Un Green New Deal

La propuesta del Green New Deal, presentada desde la óptica de la TMM, plantea un modelo de transición alternativo más justo e inclusivo. Es obvio que cambiar el mix energético exigirá costes e inversiones. Pero desde Red MMT podemos imaginar un diseñó alternativo del mercado eléctrico que consiga ese objetivo. La generación y, sobre todo, la distribución eléctrica encajan bastante bien en la definición de monopolio natural. Podríamos nacionalizar las empresas eléctricas, pagando un precio justo a sus actuales accionistas —no analizaremos ahora cuál sería éste pero no debería ser la cotización actual en los mercados que descuentan rentas de monopolio, esas que precisamente tratamos de eliminar—. No lloren por los accionistas; al fin y al cabo el accionista de ENDESA es una empresa estatal italiana. Una empresa pública podría asumir la misión de cobrar la luz a precios que reflejaran los costes reales de producción sin necesidad de generar beneficios para retribuir a sus accionistas. Tampoco necesitaría “incentivos” para realizar las inversiones en plantas de generación que empleen energías renovables ya que hacer esas inversiones podría resultar de una decisión política adoptada en las Cortes Generales. La transición sería más rápida y la luz, un bien básico de primera necesidad, saldría más económica. En este modelo también se prescindiría del mercado ficticio de emisiones, los dividendos de los accionistas, los costos de las sedes corporativas, los ejecutivos parasitarios y otros gastos suntuarios. La financiación de las inversiones en generación renovable se podría realizar desde el Estado, ya con inyecciones de capital, ya con préstamos desde un banco público de desarrollo industrial. Estas inversiones se podrían amortizar gradualmente con un pequeño recargo por Kw/h en la factura. Si todavía fuera necesario incorporar algo de producción basadas en combustibles fósiles y se imputara el coste del gas natural al Kw/h el precio de la luz seguiría experimentando oscilaciones como consecuencia de las variaciones en el precio del hidrocarburo, pero atenuadas porque se utilizaría un promedio de los costos de generación, no el costo marginal.

“La solución es más Europa”

Es dudoso que dentro del marco institucional de la UE esta propuesta fuera viable. La propia ministra de transición ecológica responsabiliza a Europa de la incesante subida de la electricidad y asegura que la UE

no tiene la menor intención de introducir cambios marginalistas (…) Europa está satisfecho con el mercado que hay ahora y no quieren cambiar el modelo porque creen que es eficiente y simple, y sirve para desplazar las decisiones de inversión en muchos países europeos que van por detrás de nosotros en la transformación del sistema energético, y nosotros creemos que esto no es razonable, que los consumidores deben beneficiarse ya del menor coste de las energías renovables y no seguir pagando toda la energía al precio más alto que es el combustible fósil que además debe que pagar por el CO2 (Cadena SER, 2021).

Como siempre, la solución para todos los problemas es “más Europa” … para los beneficios de las eléctricas. Nos queda la duda de saber si a los tecnócratas de Bruselas y a los políticos neoliberales les mueve un fundamentalismo de mercado del tipo “sostenella y no enmendalla” o intereses inconfesables. Pero es conocida la predilección de los políticos retirados por los consejos de administración de empresas energéticas.

También hay que recordar que declarar impotencia, como hace el Gobierno de España, ilustra perfectamente lo que Grande llamó la ‘paradoja de la debilidad’. La necesidad de cumplir con los tratados y compromisos europeos aumenta la autonomía de funcionarios y gobernantes respecto a los intereses de la población (Grande, 1996) a la vez que se alega impotencia… como hace la ministra. Los corazones pétreos de los tecnócratas de Bruselas son insensibles a la pobreza energética, la irritación de los votantes españoles y el enojo de los socios menores del Gobierno. Pero que sepamos España tiene asiento en el Consejo Europeo donde, en coalición con otros estados europeos, podría patalear, abominar y gritar hasta que consiguiera un cambio de modelo.

La conversación que imaginamos al principio probablemente nunca se haya producido y además sería ilegal. Pero no es necesaria. El bolsillo izquierdo sabe lo que quiere el bolsillo derecho porque ambos quieren lo mismo. Por favor, que siga la transición energética, pero con un poquito de combustibles fósiles en el mix.

Referencias

Cadena SER, 2021. El Gobierno sigue buscando fórmulas para bajar la factura de la luz pero no ve realista intervenir el mercado. [En línea] Available at: https://cadenaser.com/programa/2021/08/12/hoy_por_hoy/1628749830_616257.html
[Último acceso: 17 Agosto 2021].

Grande, E., 1996. The state and interest groups in a framework of multi‐level decision‐making: The case of the European Union. Journal of European Public Policy, pp. 3:3, 318-338.

Pacce, M., Sánchez, I. & Suárez-Varela, M., 2021. EL PAPEL DEL COSTE DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2 Y DEL ENCARECIMIENTO DEL GAS EN LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS MINORISTAS DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, Madrid: Documentos Ocasionales nº 2120.

Observatorio de los balances sectoriales: 4º trimestre de 2020

 

Como viene siendo habitual analizamos la evolución de los balances sectoriales de la economía española que el Instituto Nacional de Estadística (INE)  publica cada trimestre.

Teoría

Partimos de la relación entre algunas magnitudes macroeconómicas recogidas en la contabilidad nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) es la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía en un año. Estos se destinan al consumo, el gasto público, las exportaciones o la inversión. Escrito en forma matemática podemos establecer la siguiente ecuación para el PIB desde el punto de vista del gasto.

PIB≡C+G+X+I-M

Donde C= Consumo, G=Gasto público, X= exportaciones, I= inversión y M=Importaciones. Observen que en la ecuación del PIB utilizamos el símbolo ≡ que expresa una identidad.

Por otra parte todos los gastos tienen que ser forzosamente el ingreso de alguien. Por tanto el PIB es igual a las rentas de todos los agentes que han participado en el proceso productivo:

Cuando queremos estudiar el ahorro o desahorro de sector una magnitud más conveniente es la Renta Nacional Bruta (RNB), que es igual al PIB más las rentas primarias (alquileres, dividendos, royalties, intereses, salarios por trabajos realizados para no residentes) percibidas por el uso de nuestros factores productivos en el extranjero menos las rentas primarias pagadas a extranjeros. Es decir:

RNB≡PIB+Rx≡C+G+X+I-M+Rx

Restando los impuestos netos de subvenciones “T” sobre la producción y las importaciones y reorganizando los términos obtenemos la siguiente expresión:

(RNB-C-T-I)+(T-G)≡+(X-M+Rx)

El primer término entre paréntesis representa la capacidad de financiación o el ahorro neto del sector privado (es decir, lo que queda de su renta disponible después de realizar inversiones y gasto en consumo), el segundo es simplemente el déficit público y el tercero el saldo de la balanza por cuenta corriente (balanza comercial más rentas netas procedentes del extranjero).  Por consiguiente el ahorro nacional tiene que ser igual al saldo de la balanza por cuenta corriente.

Si pasamos el término de la derecha a la izquierda la ecuación necesariamente es idéntica a cero. En definitiva unos sectores pueden tener una capacidad y otros una necesidad de ahorro pero el saldo de todos tiene que ser forzosamente igual a cero.

(RNB-C-T-I)+(T-G)+(M-X-Rx)≡0

 

En definitiva unos sectores pueden tener una capacidad y otros una necesidad de ahorro pero el saldo de todos tiene que ser forzosamente igual a cero.

Datos del cuarto trimestre de 2020

En el sistema de cuentas económicas nacionales se emplea los términos ‘necesidad o capacidad de financiación’ de los sectores institucionales para referirse al ahorro o desahorro neto (ahorro bruto=renta disponible-consumo; ahorro neto=ahorro bruto – inversión) de cada uno de ellos. Según el INE durante 2020 la evoluación de la capacidad o necesidad de financiación de los sectores fue la que se detalla en la siguiente tabla.

Sector institucional	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2020
Hogares	-  4,573	56,146	-   3,772	26,892	74,693
Sociedades no financieras	5,220	3,497	3,418	10,799	22,934
Instituciones financieras	8,260	4,090	6,142	16,313	34,805
Sector privado	8,907	63,733	5,788	54,004	132,432
Administraciones públicas	-  9,167	-  61,589	-   2,897	-  47,525	-  21,178
Sector exterior	260	-   2,144	-   2,891	-  6,479	- 11,254

Datos en millones de euro. Fuente: INE

La serie temporal desde 1999 en porcentaje del PIB se refleja gráficamente agregando los sectores institucionales privados nacionales (hogares, sociedades no financieras e instituciones financietas) en la siguiente figura.

Serie temporal de la identidad de balances sectoriales desde 1999 hasta el 4º trimestre de 2020.

Análisis de los datos

Dado que en otros posts hemos analizado los balances sectoriales de trimestres anteirores nos limitaremos en esta ocasión a analizar los de los hogares para el último ejercicio y trimestre de 2020 en el contexto de un ejercicio marcado por la crisis económica pandémica.

Salta a la vista que el año ha sido extraordinario por el ahorro sin precedentes en el sector privado, que se corresponde con un déficit de las administraciones públicas igualmente inaudito y un pequeño superávit por cuenta corriente con el resto del mundo. Evidentemente este es el reflejo de un año en el que los hogares no han podido o han decidido no consumir parte de su renta disponible. La altísima tasa de ahorro evidentemente es la contrapartida del colapso observado en el producto interior bruto (-11% en términos reales) respecto a años anteriores. Si no hay consumo ni inversión obviamente las empresas no tienen ventas.

En cuanto a los hogares el INE nos informa de que el valor añadido bruto generado por éstos disminuyó un 8,9% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2019 (recuerden que hay hogares que viven de actividades económicas y no de rentas salariales). El excedente de explotación y la renta mixta bruta (la parte del valor añadido generado por los hogares que no va a pago de salarios de los empleados de los hogares e impuestos netos de subvenciones sobre la producción ) del sector bajó un 9,2%. A esto se añade  el descenso en la remuneración a cobrar por los asalariados (−4,0%) y del 5,9% en las rentas de la propiedad a percibir (intereses, dividendos, etc.).

Así pues, pese a las medidas de sostenimiento de rentas que el Gobierno no deja de anunciar triumfalmente muchos hograes han experimentado una sustancial caída de su renta disponbile. Así, si a estas cifras añadimos los flujos de distribución secundaria de la renta (impuestos sobre la renta y el patrimonio, cotizaciones y prestaciones sociales y otras transferencias corrientes), se concluye que en el cuarto trimestre de 2020 la renta disponible bruta de los hogares cayó un 3,4% respecto al mismo período del año anterior. Obviamente esto no nos dice nada acerca de cómo se ha repartido esta caída entre los hogares.

pese a las medidas de sostenimiento de rentas que el Gobierno no deja de anunciar triumfalmente muchos hograes han experimentado una sustancial caída de su renta disponbile

Al mismo tiempo el consumo final de los hogares ha caído estrepitósamente un 11,2% por lo que no resulta sorprendente que la tasa de ahorro bruto (renta disponible menos consumo final) haya alcanzado máximos históricos, sobre todo durante el segundo trimestre de 2020 coinciendo con el primer y más riguroso Estado de Alarma.

Ahorro de los hogares en porcentaje sobre la renta disponible. Fuente INE.

 

En definitiva los hogares han alcanzado una tasa de ahorro neto (capacidad de financiación)  histórica del 14,8% de su renta disponible durante 2020.

Tasa de ahorro anual de los hogares. Fuente: INE

Pese a disponer de mayor capacidad de ahorro, la inversión de nuestros hogares sigue en mínimos históricos aunque ha repuntado un poco en los últimos trimestres. Por tanto la capacidad de financiación de los hogares ha alcanzado niveles que tampoco tienen precedentes.

Inversión de los hogares Porcentaje sobre la Renta Disponible Bruta trimestral Corregido de efectos estacionales y de calendario. Fuente INE

 

Capacidad (+) o necesidad (-) de ahorro de los hogares. Fuente: INE

 

La siguiente tabla permite entender la aritmética de las variables que hemos analizado para este sector.

Cuentas de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Fuente INE.

En otro post analizaremos el comportamiento de los otros dos sectores que integran el sector privado, sociedades no financieras e instituciones financieros, pero éstos también han registrado aumentos en su capacidad de financiación.

La evolución del ahorro neto de los hogares implica que sus balances gozan de una liquidez envidiable (para aquellos que no han perdido su fuente de ingresos, claro está). Estos fondos seguirán disponibles en el momento en el que haya un cierto retorno de la normalidad, momento en el que las familias podrán volver a disfrutar de vacaciones, el ocio nocturno o las compras de nueva ropa y bienes duraderos pero, sobre todo, recuperen la confianza para gastar. La incertidumbre generada por la crisis pandémica sin duda es un factor adicional que deprime el consumo.

Cabe preguntarse qué sector está aportando los activos financieros en los que se están materializando los ahorros netos del sector privado doméstico. La contrapartida  es fundamentalmente el déficit de las administraciones públicas (AAPP) puesto que la contribución del sector exterior, con un pequeño superávit por cuenta corriente, es escasas y se puede atribuir al enfriamiento del comercio internacional y a la caída del consumo e inversión domésticos.

Podríamos congratularnos de que la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE hayan hecho posible que el Estado se endeude creando un colchón para las familias y empresas ante la situación de emergencia pandémica. Sin embargo hemos  sido crítidos con la insuficente disposición del Gobierno del Sr. Pedro Sánchez a adoptar medidas de gasto discrecional más ambiciosas. El aumento del endeudamiento público parece ser más bien el resultado del funcionamiento de los llamados estabilizadores automáticos –los aumentos de gasto público derivados de la necesidad de atender prestaciones sociales en situaciones de crisis; las caídas en la recaudación que resultan de la depresión en la actividad económica– que de políticas fiscales de carácter discrecional.

Recordemos que el déficit público, per se, no nos dice nada acerda del posicionamiento fiscal de un gobierno. El déficit puede aumentar en una crisis debido al funcionamiento de los establizadores automáticos sin que el Gobieno tome ni una medida extraordinaria para responder. Nos dan más información acerca del posicionamiento fiscal las medidas de carácter discrecional. De la comparación de los datos de 2020 y 2019 en la tabla que recoge la cuenta no financiera de las administraciones públicas, que facilita el INE y reproducimos más abajo, podemos colegir que la mayor parte de la disminución de la renta disponible de las AAPP en 2020 se debió a caídas en la recaudación de impuestos sobre la producción y las importaciones netos de subvenciones (-3.205 millones de euro), impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (-1.559 millones de euros), prestaciones sociales (-5.977 millones de euros) y transferencias corrientes netas que ha dejado de cobrar (-1.815 millones €).

Ha habido un cierto debate entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la Comisión Europea a raíz de la publicaicón de un informe del Banco Central Europeo en el cual éste considera que es  “España, el país de la eurozona que menos apoyo fiscal prestó a la economía en 2020”. Leemos que

“los autores del informe del banco central reconocen la dificultad de discernir los límites entre medidas discrecionales y estabilizadores automáticos en algunos casos, como el tratamiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE). La Comisión Europea los considera parte de la actuación de los estabilizadores automáticos, reduciendo así el esfuerzo presupuestario de España al 1,3% desde el 5,5%.“

 

los autores del informe del banco central reconocen la dificultad de discernir los límites entre medidas discrecionales y estabilizadores automáticos en algunos casos, como el tratamiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE). La Comisión Europea los considera parte de la actuación de los estabilizadores automáticos, reduciendo así el esfuerzo presupuestario de España al 1,3% desde el 5,5%

En cambio

“el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital” –que dirige Calviño– “estima el apoyo fiscal en un 5,5% del PIB, ya que en ese cálculo sí se recoge el esquema de los ERTE, que incluye la exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social, así como el fondo a las regiones por el Covid de 16.000 millones de euros.”

Es cierto que, dado que es la primera vez que el Gobierno de España arbitra una medida de subvención de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, podría considerarse este gasto un esfuerzo de carácter discrecional. Pero estamos seguros de que estas prestaciones están para quedarse y que deben tratarse en lo sucesivo como parte de los estabilizados automáticos.

Por otra parte el aumento de las remuneracoins a pagar a los asalariados aumentan un 5,7%. Restando las revisiones automáticas de salarios, quizá esto refleje la necesidad de contratar personal sanitario para gestionar la crisis pandémica aunque es una suposición, lo cual también podría incluirse en el catálogo de medidas discrecionales. El gasto en consumo final, que también podría indicar una cierta voluntad de ejercer políticas de estímulo discrecionales, aumentó un 6,4% respecto al año anterior.

Desconocemos el desglose de las transferencias netas de capital a pagar, pero puede suponerse que una parte sean subvenciones a empresas y otros entes para gestionar la emergencia pandémica o situaciones de crisis empresarial y otra se destine a la UE (por ejemplo para financiar la compra de las vacunas COVID-19 que gestiona la Comisión Europea). Quizá también se puedan considerar en parte medidas de carácter discrecional.

Sin embargo, ante la magnitud del descalabro económico experimentado por España, estos aumentos de gasto discrecional se nos antojan exceisvamente tímidos. Asimismo el escaso aumento de la inversión pública (formación bruta de capital fijo) nos sugiere que las AAPP españolas están a la expectativa de que caiga el maná del cielo en forma de fondos Next Generation EU. El gobierno del Sr. Pedro Sánchez parece remiso a actuar con decisión ante la mayor catástrofe sanitaria y económica de nuestra generación.

En el observatorio del tercer trimestre ya comentamos además que parecía que el Gobierno decidió retirar todos los estímulos a nuestra economía, suponemos que confiando en que la “salvación de la temporada turística” permitirían una recuperación milagrosa.

En conclusión, en el caso de las AAPP españolas, el extremado conservadurismo fiscal de los ministros Calviño, Montero y Escrivá, ha perpetuado los viejos reflejos de las políticas de austeridad y ha limitado enormemente el esfuerzo que debía haber hecho el Estado para impedir un colapso de la Economía, recuperar el deteriorado sistema sanitario que a duras penas a podido afrontar la panemia y sentar las bases para una fuerte recuperación económica. Da la impresión de que están esperando a unos fondos que, como hemos analizado en el Observatorio Lost Generation EU, aún tardarán en llegar. Ciertamente no los esperamos para 2021.

Cuenta no financiera de las administraciones públicas de 2020 y 2019. Fuente: INE

Otros posts que pueden ayudar a entender la relación entre balances sectoriales.

http://www.redmmt.es/la-identidad-los-balances-sectoriales/ 

http://www.redmmt.es/entender-la-importancia-de-los-deficits-fiscales-analisis-grafico-de-la-relacion-macroeconomica-entre-ingresos-y-gastos/

La última divisa colonial de África: la historia del franco CFA

 

 

Sin soberanía monetaria efectiva ningún estado puede desarrollar políticas económicas que permitan la acumulación de capital y el pleno empleo de recursos y trabajadores.

 Tchundjang Pouemi.

 

En el año 1958 el General De Gaulle aterrizó en Conakri para explicar su proyecto de Comunidad francoafricana de naciones. Ese año debían organizarse referéndums en las colonias francesas en las que se plantearían dos opciones: pertenencia a la Comunidad o independencia. Quienes desafiaran a la metrópoli perderían toda posibilidad de recibir la ayuda o la colaboración francesas. “Independícense si quieren pero asuman las consecuencias”. Ahmed Sékou Touré, antiguo líder sindical, alcalde de Conakri, diputado en la Asamblea Nacional Francesa y vicepresidente del Consejo de Gobierno de Guinea tuvo la osadía de plantarse ante el general que había luchado por la libertad de Francia pero que al parecer no tenía ningún reparo en mantener bajo un dominio neocolonial a gran parte del continente africano. El dirigente africano respondió

—no renunciamos ni renunciaremos jamás a nuestro legítimo y natural derecho a la independencia. Preferimos ser pobres en la libertad que ricos en la esclavitud.

De Gaulle lo tomó como una ofensa y Francia se tomaría su venganza.

En el referéndum el 95% de los guineanos votaron independencia, siendo la República de Guinea el único que tomó ese camino entre los nuevos estados africanos. Sékou Touré además decidió aproximarse a la URSS y China y países no alineados como Egipto. Guinea procedió a establecer su propio banco central y crear su nueva divisa. Los servicios secretos franceses no podían tolerar la afrenta y lanzaron la Operación Persil. En sus imprentas se imprimieron copias de los nuevos billetes guineanos y se inundó el país con dinero falsificado para desestabilizar la economía. Acompañada esta treta de otras maniobras contra ella, la economía guineana colapsó y nunca llegó a recuperarse. Francia y Guinea Conakri rompieron relaciones diplomáticas en 1965 y no las restablecieron hasta 1975. Guinea sin embargo se mantuvo firme y no se reintegró a la zona del franco. Pero Francia consiguió que otros países escarmentasen en cabeza ajena.

Esta historia y otras represalias francesas contra los países africanos que osaron enfrentarse a la hegemonía africana se recogen en Africa’s last Colonial Currency: The Story of the CFA Franc, un magnífico libro de Ndongo Samba Sylla y Fanny Pigeaud, que nos explica en detalle la historia monetaria reciente de los países africanos sometidos antiguamente al poder colonial francés.

La opinión pública española ha oído hablar de la Unión Monetaria Europea pero quizá ignore que, de facto, integran esta unión monetaria los países africanos que antiguamente fueron colonizados por Francia. Existen dos uniones monetarias en África, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) integrada por Senegal, Togo, Benin, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali y Níger y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) que abarca a Camerún, Chad, Gabón, Chad, la República Centroafricana, la República del Congo y la antigua colonia española Guinea Ecuatorial. Ambas uniones económicas y monetarias cuentan con sus bancos centrales, en cuyos consejos se sientan representantes del Tesoro Francés, que emiten su respectivo franco CFA. El mismo acrónimo pero CFA en la UEMOA significa Comunidad Financiera Africana y Cooperación Financiera en África Central. El acrónimo se heredó del primitivo Colonias Francesas de África lo cual nos da pistas acerca de la función contemporánea de ambos francos CFA.

 

Tomado de Wikipedia

 

Los estados africanos alcanzaron su independencia política de sus antiguos amos coloniales europeos entre los años 60 y 70 pero Francia consiguió mantener su hegemonía en sus antiguas colonias con el diseño de una divisa que sobre todo sirve a sus intereses económicos.

Sylla y Pigeaud nos guían a través de la historia de la introducción de la moneda francesa en sus colonias y el establecimiento del franco CFA como mecanismo para asegurar que una Francia debilitada tras la Segunda Guerra Mundial pudiera retomar el control de sus colonias. Se creó con un tipo de cambio sobrevalorado respecto al franco metropolitano que favorecía sus exportaciones y dificultaba el desarrollo de industrias locales.

Tras narrar los aspectos más turbios de las represalias francesas contra las naciones que se atrevían a salirse del guion que les marcaba la metrópoli, los autores nos explican los cuatro principios sobre los que se asientan estas uniones monetarias.

• 1.       Libre movimiento de capitales;
• 2.       Tipo de cambio fijo con el euro pese a que la paridad vigente quizá no sea la más conveniente para la competitividad de esos países.
• 3.       Convertibilidad con el euro que cuenta con la garantía de Francia. Pero para cambiar francos CFA por otras divisas primero hay que convertir el importe a euros.
• 4.       Centralización de las reservas de divisas. Los países miembros de la UEMOA y de la CEMAC  tienen que depositar gran parte de sus reservas de divisas que obtienen por exportaciones en el Tesoro de la República Francesa.

Todas las operaciones de compensación internacional de pagos se deben realizar a través de una cuenta de operaciones que controla el Tesoro francés. En esta cuenta se depositan también las reservas de divisas de los estados miembros de la CEMAC y la UEMOA. De esta manera Francia se asegura el control del sistema monetario. La convertibilidad que garantiza Francia queda vacía de contenido puesto que tiene capacidad de imponer acciones correctoras previas que podrían implicar su activación.

Sylla y Pigeaud nos explican cómo el sistema mantiene a Francia al timón de un sistema monetario al servicio de sus intereses económicos en África (Françafrique). Francia devalúa las divisas africanas cunado le conviene sin tener en cuenta las consecuencias para los países afectados para eludir su compromiso de sostener el tipo de cambio con el euro. En definitiva su garantía es un brindis al sol sin consecuencias prácticas. Francia entra en la unión monetaria europea arrastrando a los países africanos que ahora se encuentran en la zona euro compartiendo su divisa con países mercantilistas como Alemania lo cual socava su competitividad. Francia impone sus acuerdos a la zona euro y, a la vez, los países africano acaban padeciendo un diseño institucional que es calco del de la zona euro –bancos centrales independientes, condiciones de convergencia, comiteés de convergencia de la zona franco– pero sin las mínimas apariencias de soberanía democrática que intentan presentarse a los países europeos.

Nos aclaran también por qué obstaculiza el desarrollo económico de los países africanos por ejemplo dificultando sus exportaciones, impidiendo el desarrollo de mercados de crédito locales y los procesos de acumulación de capital o el desarrollo de políticas públicas de desarrollo que permitan movilizar plenamente sus recursos económicos. Los autores concluyen analizando un status quo que es insostenible pero que, como podíamos sospechar por nuestra experiencia en España con el euro, cuenta con numerosos valedores —economistas, organismos multilaterales, elites oligárquicas— que lo respaldan con manidos argumentos sobre las ventajas de la estabilidad monetaria. Estos argumentos por supuesto ignoran la estabilidad que de verdad importa: la de los hogares africanos que ven cómo, década tras décadas, sus proyectos vitales quedan cercenados por el subdesarrollo condenando a muchos a buscarse la vida fuera de sus fronteras. El hecho de que estos países sean gobernados por regímenes con dudosas credenciales democráticas, sobre cuyos dirigentes Francia puede ejercer en cualquier la amenaza de sacar dossieres confidenciales, facilita también la perpetuación de un sistema monetario que claramente no beneficia a la población y que debe ser superado.

Como alternativas contemplan una unión monetaria auténticamente africana o una ruptura en monedas nacionales manteniendo un espíritu de colaboración entre los estados.

¿Por qué es importante hablar del sistema monetario africano? El economista Bernard Lietaer relató que en cierta ocasión, el Nobel Paul Krugman le hizo el siguiente consejo profesional:

–¿Nunca te dijeron? Nunca toques el sistema monetario…puedes tocar todo los demás, pero nunca toques el sistema monetario. Puedes despedirte del Nobel…si tocas el sistema monetario.

Hablar de sistemas monetarios molesta a las élites. Es demasiado incómodo.

La soberanía monetaria no es una cuestión trivial y, sin embargo, la mayoría de los economistas lo tratan cómo un tabú. Si vive Vd. en un estado que ha renunciado al pleno ejercicio de su soberanía monetaria pregúntese por las causas, quién sale ganando y quién sale perdiendo, quiénes lo justifican como si fuera un bálsamo de fierabrás para todos los males patrios porque aporta “estabilidad” y, sobre todo, si de verdad su estado está garantizando un nivel de vida digno y oportunidades para su ciudadanía. Son preguntas demasiado importantes como para pretender que el sistema monetario es una cuestión que debe dejarse en manos de los expertos.

Con una magnífica introducción del economista Bill Mitchell, este libro se encuentra en lengua inglesa, publicado por Pluto Press, y en francés con el título L’Armé Invisible de la Françafrique, Un histoire du franc CFA, publicado por Éditions La Découverte

Fanny Pigeaud es una periodista independiente que colabora habitualmente con Médiaparte y cubre temas africanos y sobre las relaciones francoafricanas. También es autora del libro A Decade of Cameroon (Brill, 2019).

 

El Dr. Ndongo Samba Sylla es un economista Senegalés especializado en economía del desarrollo. Ha trabajado como asesor técnico de la presidencia de la República de Senegal. Actualmente es un gestor de un programa de investigación en la oficina de África Occidental de la Fundación Rosa Luxemburgo en Dakar. Sus publicaciones abarcan temas tales como el comercio justa, los mercados de trabajo en países en vías de desarrollo, los movimientos sociales, la teoría democrática y la soberanía económica y monetaria.