Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

viernes, 18 de marzo de 2022

Pensiones: una contrarrevolución silenciosa

 Publicado originalmente en El Salto el pasado 14 de marzo.

Resumen para personas con prisas

  • El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma legal que permitiría al Estado promover un fondo de pensiones gestionado por entidades financieras privadas.
  • Este modelo implica que los trabajadores destinarían una parte de su ahorro a su propia jubilación. De esta manera quienes tienen mayores retribuciones ahora gozarán de mejores pensiones en el futuro. Pensiones dignas para las personas de mayor renta, pensiones básicas para los demás. No nos parece mal que a nivel individual las personas decidan ahorrar para mejorar su calidad de vida en el futuro pero nos preocupa que se haga en detrimento del sistema de aportación definida actualmente vigente.
  • Lo que nos repugna es que el Estado destine dinero público a estos fondos. Es decir, en vez de utilizar sus presupuestos para mejorar la vida de las personas hoy, se dedicará a meter dinero en la especulación financiera.
  • No hay ninguna justificación económica para que el Estado se dedique a especular en los mercados financieros. Nada compromete la capacidad financiera del Estado para pagar pensiones en el futuro porque siempre tiene la capacidad de crear nuevo dinero.
  • Lo que debe preocupar al Gobierno es planificar desde ya los recursos necesarios para atender las necesidades de las cohortes del baby boom que se jubilarán en unos años. Es decir, debe de planificar la construcción de plazas de residencias y la contratación y formación de personal sanitario y cuidadores para atender a las personas mayores.

 

Los países europeos han padecido desde 2008 dos períodos de convulsión económica: la crisis financiera global y la crisis pandémica. En cada uno de ellos hemos oído que, esta vez sí, se iba a replantear el modelo neoliberal. Pero en cuanto las aguas regresan a su cauce, las élites recuperan la sangre fría y los arrepentimientos proferidos en momentos de flaqueza se olvidan rápidamente.

El proyecto neoliberal avanza shock a shock. Así fue como la crisis financiera global permitió introducir una reforma laboral que ha sido instrumental para la represión salarial en el proceso de conversión de la economía española en una neta exportadora bajo el modelo mercantilista postulado por la Unión Europea. La crisis pandémica podía haber servido para replantear la globalización extrema que ha fragilizado nuestras cadenas de suministro, proponer una reducción permanente de la frenética actividad causante de la crisis climática o invertir en la recuperación de nuestro deteriorado estado del bienestar. Pero esta no es la salida que ha planteado el equipo económico de Pedro Sánchez.

Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá constituyen un grupo cohesionado por la solidez doctrinal en torno al pensamiento económico neoclásico. Han sabido mover sus fichas con destreza, anticipándose a sus socios de gobierno para proponer un plan de recuperación financiado con fondos “europeos”, que al no ser nacionales, permiten condicionarlo al proyecto político de la UE. Acceder a los fondos Next Generation EU exigía presentar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea.

Escrivá ha conseguido colocar a través de ese instrumento —y mucho alarmismo sobre su sostenibilidad— la reforma de las pensiones que venía persiguiendo desde que dirigía la AIReF. En el PRTR ya estaba la “creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”. El sistema de pensiones de Escrivá tiene tres patas: una pública con un carácter progresivamente residual; una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa; y una tercera en el fondo de pensiones de empleo de promoción pública.

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado en julio de 2021 de reducir la cuantía de las pensiones públicas en 30.000 millones de euros va en esa dirección.

La propuesta había pasado desapercibida enterrada un documento extenso y de lectura farragosa. Pero ya no podemos ignorarla. El 4 de marzo se registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Este proyecto contempla la promoción pública de fondos de pensiones.

Un modelo socialmente regresivo

Es desconcertante que la noticia haya sido acogida con indiferencia en la opinión pública. El modelo propuesto es análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.

El modelo público de reparto y de prestación definida pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva. En un modelo de capitalización esto no ocurre puesto que las aportaciones al fondo de pensiones serán mucho mayores para las personas que perciban retribuciones más elevadas. El resultado de la generalización de este modelo será una segregación entre perceptores de pensiones dignas —las complementadas con las percepciones del fondo público de pensiones— y perceptores de pensiones públicas básicas. El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional.

El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí

Inicialmente el tamaño del fondo será pequeño pero no importa cuán irrelevantes sean ahora las aportaciones de las administraciones públicas al fondo. Se abre la veda para que un próximo gobierno conservador priorice las aportaciones a los fondos de pensiones sobre el sistema de reparto y aportación definida.

Es crucial entender que este dinero saldrá de los presupuestos generales sin incrementar el bienestar presente de ningún colectivo. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a los salarios de las plantillas del sector público. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social. Dadas las restricciones institucionales que imponen los tratados de la UE al gasto público resulta indecente que una parte acabe colocada en inversiones bursátiles, contribuyendo a hinchar burbujas financieras, en lugar de atender necesidades sociales perentorias.

Estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero. ¿Qué pasa si las personas ahorradoras pierden una parte considerable de los derechos consolidados debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Los sistemas de pensiones públicas carecen de este riesgo. Que Escrivá presente este modelo de capitalización como sostenible es, pues, un sarcasmo.

La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy

El proyecto de ley no oculta la intención de fomentar el desarrollo del negocio financiero. En la exposición de motivos de la ley se expresa sorpresa por “el estancamiento del patrimonio de los planes de pensiones de empleo desde 2012” y porque el “nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1 por ciento de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 por ciento de la población activa ocupada”. No debería sorprender. La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy.

Los gestores de fondos languidecen en el estancamiento pero la reforma de Escrivá les echa un capote. El fondo de promoción pública supondrá la contratación de una entidad gestora y de una depositaria. Las entidades financieras accederán además a una masa de ahorro financiero, parcialmente creado a través de aportaciones de las Administraciones Públicas.

El cuestionamiento permanente de las pensiones públicas

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Se utiliza el dato de las crecientes tasas de dependencia, la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). La inminente jubilación de las cohortes nacidas durante el ‘baby boom’ se presenta como el apocalipsis de las pensiones.

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones

Pero este alarmismo parte de una comprensión errada de los sistemas de pensiones públicas. Estos son un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Su sostenibilidad depende por tanto de que tal excedente exista, es decir, de que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente como generarlo. La productividad de la economía española actual sobra para mantener a la población dependiente. Si lo que se cuestiona es esa capacidad, entonces se debe planificar desde ya la construcción de las infraestructuras necesarias y la formación y contratación del personal especializado en los cuidados de las personas mayores.

Una preocupación sincera por el bienestar de las personas jubiladas del futuro implica, por ejemplo, dotar a nuestro sistema de bienestar con plazas residenciales y personal sanitario suficientes. Con más de un 40% de desempleo juvenil no parece que el Estado esté trabajando en esa línea. Prefiere dejar que el desempleo crónico descapitalice a la población trabajadora erosionando así la productividad futura de nuestra economía.

Argumentos espurios

El proyecto de ley es víctima de mitos como que el “aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva”. Cae en una de las más burdas falacias de la composición. El ahorro individual efectivamente permite que un individuo pueda contar con más poder de compra en el futuro. Pero si todos decidimos aumentar nuestro ahorro simultáneamente, lo único que conseguiremos es que las empresas vendan menos creando un entorno desfavorable a la inversión. Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.

Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro

Las restricciones financieras que preocupan a Escrivá son puramente imaginarias puesto que el Estado tiene la capacidad de crear poder de comprar y transferirlo a la población dependiente de forma ilimitada. Ninguna política presupuestaria realizada hoy por el Estado afectará a su capacidad de pago en el futuro. Tampoco la creación de instrumentos, privilegiados fiscalmente, para la colocación del ahorro individual es una solución.

No tenemos ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en productos financieros si así lo desean. Lo que nos preocupa es que se destine dinero público a los mercados financieros y la amenaza de la segregación clasista en nuestro estado del bienestar. Disfrutar de una pensión digna no debe depender de la capacidad de ahorro individual.

jueves, 3 de marzo de 2022

Desconciertos monetarios

 

Resumen para gente sin tiempo.

¿Qué se analiza en este editorial?

  • Me pregunto si la recuperación económica tras la pandemia es tan vigorosa como nos dice el Gobierno. ¿Podría haber sido mejor?
  • Analizo las consecuencias de una decisión del Banco Central Europeo: no comprar más deuda pública española.

Principales conclusiones

Se ha producido un rebote de la producción esperable en 2021. No podía ser de otro modo pues en 2020 muchos sectores no pudieron producir por culpa de los confinamientos decretados durante la pandemia.

En la anterior crisis económica, iniciada en 2009, se respondió con políticas de austeridad que la alargaron innecesariamente. Una lección valiosa de esta crisis pandémica es haber dejado que funcionasen los ‘estabilizadores automáticos’ lo cual ha facilitado este rebote.

NOTA: Los ‘estabilizadores automáticos’ son elementos de los presupuestos del gobierno que actúan de forma contraria al ciclo económico. Por ejemplo la recaudación de impuestos cae dejando más dinero en el bolsillo de la gente o suben algunos gastos públicos tales como las prestaciones de desempleo. Actúan de forma de compensan la caída en la producción del sector privado.

El Gobierno no acompañó la caída de impuestos con un recorte de gastos y eso ha sido beneficioso.

El Gobierno podía  haber hecho una política más ambiciosa (gastar más o bajar impuestos) para que la recuperación fuese más rápida. De hecho somos los rezagados de la UE.

Algunas personas creen que hay una inconsistencia entre los datos de la producción y los del empleo. Fueron mucho mejores los datos de reducción del paro y creación de empleo que los del aumento de la producción.

Sin embargo hay algunos síntomas tempranos de agotamiento de este rebote. Debemos esperar a que haya más datos para llegar a una conclusión definitiva.

Tras el final de los confinamientos pandémicos se han producido aumentos de precios causados por dificultades en restablecer las cadenas logísticas, atender la avalancha de pedidos por compras que no se pudieron hacer entonces y subidas en los precios de la energía.

Algunos economistas ortodoxos han iniciado una campaña histérica sobre las subidas de precios e incluso han cometido la torpeza de atribuirlas a los aumentos de deuda pública que inevitablemente acompañaron a las políticas aplicadas para contener la caída de la producción.

Esta política se pudo hacer porque el Banco de España compró toda la deuda pública que emitió el Tesoro de España. Pero esto no es ningún motivo de alarma: esa deuda se la debe el bolsillo izquierdo del Estado al bolsillo derecho del Estado. A cambio hay más dinero en el sector privado.

Sin embargo una amenaza se cierne sobre nosotros: el Banco Central Europeo ha dicho que no va a comprar más deuda de nuestro Estado. Esto ha provocado una subida del tipo de interés que tiene que pagar el Estado por su deuda. Me parece un cinismo terrible que el Banco Central Europeo deje en cero el tipo de interés que pagan los bancos pero deja que suba el tipo de interés que pagan los gobiernos.

Esta decisión del Banco Central Europeo compromete la capacidad de nuestro gobierno para aplicar políticas que ayuden a la recuperación económica española y deben ser denunciadas.

¿Qué se puede hacer?

  • Denunciar la política irresponsable del Banco Central Europeo en contra de los Gobiernos y señalar que nos trata peor que a los bancos.
  • Y, como siempre, recordar una vez más la importancia de recuperar nuestra moneda, la peseta. Sin nuestra moneda no podemos prosperar.

Recuperación en “V” asimétrica

Advertía en mi anterior artículo de diciembre que si

«desaparecen las compras del BCE la prima de riesgo volverá a casa como el turrón por Navidad. Su decisión es un aviso a navegantes: más vale que las administraciones públicas vayan reduciendo sus posiciones deficitarias. Las políticas de estímulo fiscal se acaban y volvemos a las de austeridad, deflación y altos niveles de desempleo.»

Recientes acontecimientos quizás me estén dando la razón. Pero, para entender por qué, analicemos brevemente la coyuntura macroeconómica española. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado algunos datos macroeconómicos correspondientes al último trimestre de 2021 que sugerían que la recuperación económica tras la pandemia iba por buen camino.

Un rebote que era esperable.

Según la estimación del INE el PIB creció un 5,2% en 2021. Sin duda sería un buen dato en cualquier otro año. Pero debe ser matizado al compararlo con el colapso del año anterior provocado por el cierre forzoso de amplios sectores de la economía. Si el PIB cayó un 11% en 2020, recuperar un 5,2% implica que seguimos por debajo del nivel de producción registrado en 2019. Un rebote que era más que esperable. Lo que debemos analizar es si esa recuperación podría haber sido más rápida. El hecho de que muchos otros estados avanzados ya hubiesen recuperado el nivel del PIB de 2019 a finales de 2021 así lo sugiere.

El siguiente gráfico muestra cómo ha variado el PIB para los estados miembros de la UE desde 2019, poco antes de que nos golpease la pandemia. La línea roja indica el nivel de producción cuarto trimestre de 2019. Es un listón que tenemos que recuperar cuanto antes. Las barras verticales azules indican el nivel de producción de cada estado en el tercer o cuatro trimestre de 2021. Muchos no han facilitado a EUSTAT su dato más reciente por lo que he tenido que utilizar el del anterior. Esto hace la comparación más desfavorable para el Gobierno de España porque significa que muchos ya habían recuperado el nivel de producción anterior a la pandemia en el tercer trimestre. Parece que España necesita más trimestres para la recuperación.

Ilustración 1. Fuente: eleaboración propia a partir de datos de EUSTAT

 

Cierto es que España está entre los países que sufrieron las mayores caídas del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2020, lo cual se puede explicar por el draconiano confinamiento aplicado en ese trimestre y nuestra excesiva dependencia del turismo. (¡Ojo! no pienso que ese confinamiento no debió hacerse, todo lo contrario, pero debió acompañarse de una política fiscal para tiempos de crisis grave).

Las políticas de sostenimiento de rentas y los ‘estabilizadores automáticos’ (fundamentalmente los ERTE y dejar actuar la caída de la recaudación) paliaron en parte la caída del PIB.

Las políticas de sostenimiento de rentas y los ‘estabilizadores automáticos’ (fundamentalmente los ERTE y dejar actuar la caída de la recaudación) paliaron en parte esa caída. Pero queda la duda de si no se podía haber hecho más para amortiguar la caída. De hecho países que sufrieron caídas similares a las de España como Portugal, Reino Unido o Hungría ya han recuperado la producción de 2019 o están muy cerca de conseguirlo. Lo menos malo que se puede decir de la actuación del gobierno español es que podría haber sido mejor.  La Ministra Calviño —como saben los lectores de nuestro sitio, una de nuestras favoritas en RedMMT— auguraba que España sería uno de los Motores de Crecimiento en 2022 y que un crecimiento del 6,5% en 2021, previsión que nosotros cuestionamos hace unos meses. Es el conservadurismo fiscal de la propia ministra el que impide que se realicen sus augurios.

Por otra parte llama la atención que la mayor parte del crecimiento del último trimestre de 2021 se atribuye a las exportaciones y a la inversión. En cambio el consumo de los hogares, que había tirado del PIB en trimestres anteriores —gracias a una bolsa de ahorro acumulada en los hogares durante el confinamiento y las ganas de gastarlo una vez concluido confinamiento— cayó respecto al trimestre anterior. Dado que el 4º trimestre es el de la campaña navideña esto sugiere que el poder de compra ha perdido fuelle aunque ha podido influir también la sexta oleada de la pandemia. También, y esto es más preocupante, cayó el gasto público. Esto indica una prematura retirada de estímulos fiscales que, unida a una recaudación tributaría récord, podría comprometer la capacidad de ahorro del sector privado. Recuerden también que desde Red MMT hemos criticado la lentitud e insuficiencia de los fondos Next Generation en los que tanto confían Pedro Sánchez y su equipo económico para la recuperación económica.

Tabla 1. PÎB Volumen encadenado. Tasas de variación intertrimestral (%). Fuente: INE

La encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021 aportó mejores noticias. En el último trimestre aumentó el número de personas ocupadas en 153.000 y, en todo el año, se han creado más de 800.000 puestos de trabajo. De esta forma hemos superado el número de empleados que había a finales de 2019. La buena noticia queda parcialmente oscurecida por el hecho de que el número de personas que abandonaron la actividad –ni trabajan ni buscan empleo- ha superado ampliamente el número de personas que se incorporaron al mercado de trabajo. Tampoco nos parece positivo que, ante la evidente descapitalización de las plantillas del sector público y las altísimas tasas de desempleo que aún asolan este país, se haya decidido prescindir de 8.500 empleados.

La mayor robustez del mercado laboral respecto al PIB plantea algunas dudas acerca de la correcta estimación del PIB salvo que se acepte que se hayan contratado trabajadores aunque sean menos productivos. Quienes así lo afirman se aferran, además de a los datos de contratación de asalariados, a los buenos datos de cifras de negocios, pernoctaciones y recaudación tributaria. No tenemos capacidad de cuestionar los datos del INE pero conviene recordar que todos se basan en encuestas y estimaciones. El PIB es una estimación; no es un dato cierto. El dato de la EPA se basa en una encuesta; no es el dato de paro registrado. En cualquier caso no podemos descartar que el INE tenga que corregir al alza el dato de crecimiento del PIB.

Sin embargo recomiendo cautela. El análisis de los balances sectoriales muestra que el sector público alcanzó un pequeño superávit en el tercer trimestre de 2021 lo cual sugiere un posicionamiento fiscal excesivamente conservador que parece haber dado por terminada una crisis que ni mucho menos puede considerarse resuelta. Recuérdese que un ahorro del gobierno es siempre equivalente a un endeudamiento o desahorro del sector no estatal. Solo el superávit comercial ha permitido que el sector privado doméstico ahorrase durante el tercer trimestre de 2021. Socavar el ahorro privado no es lo más conveniente para estimular la demanda agregada de la economía española en estos momentos.

Ilustración 2. Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

Por otra parte un indicador adelantado, el Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de España de Markit, cayó debajo del umbral 50 en enero. Este índice se basa en encuestas a gerentes de compras del sector privado. «Lecturas por encima de 50 indican el crecimiento de la economía y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores a 42, una posible recesión. El excesivo conservadurismo fiscal del gobierno podría abortar la recuperación económica».

A diferencia de la crisis financiera global  (CFG) iniciada en 2009, en esta ocasión se evitó el error de esa política de austeridad draconiana que entonces la prolongó innecesariamente.

En definitiva, los datos del cuarto trimestre de 2021 no fueron malos. Pero, sí, habríamos deseado una política fiscal más ambiciosa del Gobierno español. Al fin y al cabo, según la EPA, la tasa de paro sigue superando el 13%. Pero se pueden extraer lecciones importantes de la gestión de la crisis pandémica. A diferencia de la crisis financiera global  (CFG) iniciada en 2009, en esta ocasión se evitó el error de esa política de austeridad draconiana que entonces la prolongó innecesariamente. No se acompañaron las caídas de recaudación con recortes de gasto y se aplicó una política de sostenimiento de rentas que ayudó a conseguir un rápido rebote de la economía.

Nubarrones

‘Deflación’ puede ser un término que muchos crean superado ante la secuencia de datos que confirman una creciente inflación en nuestra economía. La recuperación nos ha traído un fenómeno que no se observaba desde hace muchos trimestres en España: la inflación. En los últimos meses el IPC ha estado por encima del 6%. Hemos explicado anteriormente que esto se podía atribuir a las dificultades logísticas producidas por el vaciamiento de los almacenes durante la pandemia, cuellos de botella para responder al desembalse de la demanda y las subidas de los precios de la energía. El cártel de productores de petróleo necesita resarcirse de las pérdidas de ingresos que sufrieron durante 2020.

Pensamos que estas subidas de precios serán transitorias puesto que los problemas logísticos acabarán por resolverse. El índice subyacente, que excluye a los componentes más volátiles como energía y alimentos, ha repuntado un poco, lo cual sugiere alguna transmisión a otros precios de las tensiones en el mercado energético, pero sigue estando en torno al 2%. Tampoco creemos que el cártel de países productores de petróleo seguirá subiendo los precios del barril mucho más. Tarde o temprano se resolverá el problema de Ucrania que está dificultando el suministro de gas natural y cuyo precio tanto influye en el de la luz.

Pero lo más importante es entender que no se dan las circunstancias para que se produzca una espiral de precios-salarios como la de los años 70. La clase trabajadora, acuciada por altas tasas de desempleo y escasamente sindicalizada, no tiene capacidad para recuperar el poder adquisitivo perdido por lo que se comerá la inflación de los últimos meses. Un primer atisbo de moderación de los precios lo vimos en enero cuando cayeron los precios un 0,4% respecto al mes anterior. Una golondrina no hace verano pero este dato podría marcar un cambio de tendencia.

Ilustración 3. Fuente INE.

Hemos comentado además que la demanda de los hogares ha caído el pasado trimestre así como el gasto público. Por todas estas razones resulta sorprendente que en círculos de economistas neoclásicos se empieza a levantar la voz de alarma y exigir una política monetaria más restrictiva. Esto no tiene ningún sentido por varias razones.

  • En primer lugar, sabemos que subir los tipos de interés no va a conseguir que los productores de petróleo y gas natural bajen sus precios. Tampoco conseguirá que se resuelvan los problemas logísticos.
  • En segundo lugar, Warren Mosler ha planteado una hipótesis razonable: los tipos de interés funcionan al revés de como los imagina el pensamiento mainstream, consiguen aumentar los precios por los efectos de renta y por su impacto en la formación de precios a futuro. En todo caso la evidencia empírica muestra muchos casos de países donde subir tipos de interés no consigue abatir la inflación. También sabemos que bajar los tipos de interés no desencadena necesariamente un boom de la inversión. ¿Ejemplos? España en los últimos diez años. Recae sobre los economistas neocláscos la carga de la prueba: tiene que demostrar su axioma  —bajar tipos de interés conduce a una caída de la actividad económica— y, más importante, ¿por qué eso sería deseable en estas circunstancias?

En su retorcida teoría, esa caída de la inversión crearía desempleo y así se conseguiría abatir la inflación reduciendo el consumo de todos. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué sentido tiene responder a estas subidas de precios reduciendo la producción doméstica? Ninguno, pero los economistas ortodoxos son como perros de Pavlov: en cuanto ven que el IPC aumenta una décima se ponen a salivar pensando en las mayores rentas que el Estado va a transferir a las grandes fortunas en pago de intereses. Dinero gratis a cambio de no hacer nada. Una renta básica para billonarios. ¿A qué billonario no le gustaría?

Aviso a navegantes.

El Banco Central Europeo parece coincidir con mi análisis y ha comunicado que no subirá los tipos de interés…a los bancos.

Entonces todo está bien. El Gobierno puede seguir con políticas fiscales anticíclicas ¿no?

No tan deprisa. Recuerden que estamos en la zona euro y que España carece de soberanía monetaria. El Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, no trabaja en pro del bienestar de la ciudadanía de esta castigada península. En una reciente nota de prensa el BCE dijo que mantiene su previsión de que la inflación volverá a su objetivo del 2% y que no piensa subir los tipos de interés a los bancos. Pero el BCE sí anunció el pasado 3 de febrero que daría por finalizado el programa de compras de emergencia pandémica en marzo y que reduciría también las compras del programa APP gradualmente hasta cancelarlo en 2023.

Pero el BCE sí anunció el pasado 3 de febrero que daría por finalizado el programa de compras de emergencia pandémica en marzo y que reduciría también las compras del programa APP gradualmente hasta cancelarlo en 2023. Esto es preocupante.

Recordemos que las compras del Banco de España autorizadas por el BCE han hecho posible que la deuda pública española se apreciara librándonos de la vigilancia de los mercados.

NOTA: existe una relación inversa entre precio y rendimiento de un título de deuda. Si el precio cae en el mercado, como el tipo de interés es fijo, el dueño de ese título obtiene un mayor rendimiento en relación al precio que ha pagado. Si el rendimiento que exige el mercado sube entonces el Tesoro tiene que emitir nuevos títulos de deuda que pagan un interés equivalente.

Recuerden que antes de que el Banco de España empezara esas compras la prima de riesgo —la diferencia entre el rendimiento que paga un bono español y el que paga un bono alemán, percibido como el de riesgo más bajo— había escalado a más de 6 puntos. La prima de riesgo comprometía la solvencia del Estado Español.

Desde que inició sus compras en 2012 nuestro gobierno ha podido respirar con cierta tranquilidad aunque esta ayuda del BCE estuvo condicionada a la aplicación de políticas fiscales “prudentes” que han impedido una recuperación rápida de la crisis financiera global.

Gracias a esas compras actualmente el Banco de España ya es titular del 33% de la deuda del Tesoro. Es decir el Banco de España ha comprado toda la deuda que emitió el Tesoro. Tranquilos porque esa deuda ahora se la debe el Estado a sí mismo. Pero, desde que comunicó su decisión de seguir apoyando a los bancos pero no a los estados el rendimiento del bono español a 10 años no ha dejado de subir. En menos de dos semanas ha pasado de 0,60% a 1,3%.

La decisión del BCE compromete la capacidad del Gobierno español para aplicar políticas anticíclicas vigorosas.

Ilustración 4. Tipo de interés del bono a 10 años. Elaboración propia a partir de datos de mercado

La decisión del BCE compromete la capacidad del Gobierno español para aplicar políticas anticíclicas vigorosas. Por ahora un tipo de interés del 1,3% es perfectamente asumible. Simplemente bancos y fondos de inversión recibirán más pasta del Gobierno. Es socialmente regresivo pero soportable. Puede repugnar que unas pocas grandes fortunas reciban más dinero que todos los perceptores del ingreso mínimo vital juntos pero ése es el resultado de las recetas neoclásicas. Lo preocupante es el mensaje que lanza el BCE: “os dejamos a merced de los mercados así que vayan ajustando las cuentas públicas.” Esta ominosa advertencia ha sido acompañada de una inoportuna recomendación de Gueorguieva, la sucesora de Christine Lagarde en el Fondo de Miseria Instantánea, perdón, Fondo Monetario Internacional, para que España entre en una senda de reducción de déficit. Nuestra ministra favorita, Nadia Calviño, preside ahora el Comité Monetario y Financiero del FMI. No puede ser ajena a esta recomendación. Tenemos al lobo guardando a las ovejas.

Los economistas mainstream habían aprendido algunas cosas de la crisis anterior pero no tantas y siguen con reacciones pavlovianas a las subidas de precios. Una lástima.

Como siempre, desde Red MMT denunciamos la futilidad y estupidez de subir los tipos de interés y seguimos recordando la urgencia de recuperar la soberanía monetaria.

Respice finem

 

Tensiones de precios

Hay un problema de subidas de precios pero no hay un problema de inflación. Al menos si nos atenemos a la definición académica como un proceso continuado en el tiempo de alzas de precios o, visto de forma recíproca, como la caída continuada en el tiempo del valor de la moneda. Es cierto que, en los dos últimos meses, el Índice de Precios al Consumo ha marcado ascensos del 5,5%, tasas que no se veían desde hace más de dos décadas.

Ilustración 1. IPC noviembre de 2021 (fuente INE)

Pero las causas están sobradamente identificadas y explicadas por el Instituto Nacional de Estadística en su boletín mensual. Los grupos con mayor impacto en este aumento del índice fueron la vivienda (por los costes de la energía y la electricidad) y el transporte de pasajeros. Ambos recogen el impacto de las alzas que han experimentado el petróleo y el gas natural. Recordemos que en 2020 el precio del barril de petróleo se hundió a mínimos históricos. No había ni espacio físico para almacenar los barriles. El rebote era bastante previsible. Pero el proceso parece que se está agotando. Tras el anuncio de los países productores de que incrementarían gradualmente la producción, aunque no tanto como querrían los EEUU, y el enfriamiento de expectativas causado por el rebrote de la pandemia el precio ha empezado a descender.

Ilustración 2. Precio del barril Brent

El alza del precio del gas ha impactado, a través del sistema de casación de precios marginalista, en el precio del Kw h. Tras alcanzar un máximo en EEUU ha empezado también a caer. Sin embargo, en Europa las tensiones con Rusia a cuenta de Ucrania y Bielorrusia, las presiones de EEUU para evitar la construcción del gasoducto NordStream 2, la falta de buques para transportar gas a los puertos europeos y el invierno en ciernes conspiran para que el precio en los mercados europeos se desvincule del americano y siga registrando máximos. Difícilmente pueden considerarse estos problemas, fundamentalmente de origen político, como un fenómeno monetario. Ese desacoplamiento en los precios de EEUU y Europa ha generado una oportunidad de arbitraje. Se conocía ayer que buques cargados de gas dirigidos a puertos de EEUU se han desviado a Europa donde los compradores estaban dispuestos a pagar más. Yo apostaría por que en un par de meses empiece a caer el precio del gas natural en Europa también.

Ilustración 3. Precio del gas natural en EEUU. (Fuente Ycharts)

Figura. 4: precios del gas natural en el mercado europeo (Fuente: Trading Economics)

Añádanse algunas dificultades logísticas causadas para restaurar las cadenas logísticas tras los confinamientos y cierres del tráfico internacional del año pasado y probablemente la mayor parte de las tensiones en los precios quedan satisfactoriamente explicadas. El siguiente gráfico muestra de forma dramática la evolución de los inventarios durante la pandemia. Es evidente que los almacenes se estuvieron vaciando y agotando durante meses. Volver a los niveles de inventarios previos ha generado tensiones en el transporte internacional y en la capacidad de respuesta de los fabricantes que ahora se ven inundados de pedidos tras meses de actividad interrumpida o reducida.

Ilustración 5 Fuente INE: Encuesta Coyuntural sobre stocks y existencias. Octubre 2021.

La tasa anual de la inflación subyacente (excluidos alimentación y energía) aumentó en noviembre tres décimas, hasta el 1,7%. Pero es un nivel bastante aceptable, incluso bajo, que, por otra parte, sucede a varios trimestres de valores cercanos a 0%. Habría que tener un punto de neurosis o ser alemán para encontrar ese nivel alarmante. Es evidente que las tensiones que muestran los precios son coyunturales y gradualmente volveremos a una normalidad que, lamentamos recordar, ha sido de deflación durante más de una década. Esto ha sido así por la atonía de una demanda deprimida por las políticas de austeridad y la debilitada capacidad negociadora de la clase trabajadora que ni siquiera puede plantearse recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos meses. En estas condiciones sería una osadía pensar que pudiera desencadenarse una espiral de precios-salarios que perpetuara mucho tiempo estas tensiones de precios.

Lejos de ser un fenómeno monetario, la inflación es sobre todo un fenómeno distributivo. Probablemente los trabajadores se coman estas subidas de costes. La ministra Calviño ya advirtió hace unos días que “hay que evitar alzas salariales que conviertan la inflación en estructural”. Delata las preocupaciones de un mainstream incapaz de sentir la más mínima empatía hacia una clase trabajadora que lleva perdiendo participación en la renta nacional desde hace décadas. En otros países con mercados laborales más cercanos al pleno empleo, como EEUU o Reino Unido, se han observado incrementos salariales que sí podrían ayudar a perpetuar estos incrementos de precios. Pero lo más probable es que los salarios no recuperen el poder adquisitivo perdido.

Histeria de inflación

Este episodio de precios tensionados, seguramente esporádico en una tendencia secular a la deflación, ha servido para desencadenar una histérica campaña advirtiendo sobre la inminente llegada del lobo de la inflación. Además de las cautelas de la ministra Calviño sobre lo inconveniente que resultaría que los trabajadores fueran compensados hemos oído al Gobernador del Banco de España advertir de que “se podría producir un traslado de los costes al conjunto de bienes y servicios de consumo” y de que “existe un riesgo de inflación salarial que dañe la creación de empleo, y la actividad económica en última instancia”. Para Hernández de Cos la curva de demanda en el de trabajo es como la de las frutas y verduras en un mercado de abastos: para vaciarlo basta bajar suficientemente los precios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, una entidad cuyo conservadurismo roza niveles histriónicos, advierte de la delicada situación en la que se encuentra el tejido empresarial derivada del aumento de los costes de producción”. La delicada situación de trabajadores que no llegan a fin de mes, de las personas desahuciadas de sus viviendas y de los millones de parados parece que no merece tanta atención de este agente social.

Similares reacciones de hipocondría inflacionaria hemos observado fuera de España. El nuevo ministro alemán de Economía, Lindner, ha alzado la voz de alarma sobre los riesgos de la inflación. El CEO de Black Rock, uno de los mayores fondos de inversión con posiciones relevantes en casi todas las empresas del IBEX 35, advertía de que la inflación no sería transitoria y, fiel al magufismo de la teoría cuantitativa del dinero, la atribuía a “la cantidad de dinero en el sistema, la cantidad de estímulos monetarios y la cantidad de apoyo fiscal” que “nunca han estado a estos niveles tan altos”. Estos personajes merecen tanto crédito como la postura de Miguel Bosé sobre las vacunas pero son mucho más dañinos porque reciben la atención de la prensa y de los bancos centrales.

El economista australiano Bill Mitchell advertía hace unas semanas, en un magnífico post que analiza las causas de las recientes subidas de precios, que las protestas del mundo financiero delataban sus apuestas especulativas. Su objetivo es que los bancos centrales suban los tipos de interés. ¿Por qué?

Porque han apostado que subirán. Han asumido que los banqueros centrales se plegarán, como lo han hecho durante las últimas décadas dentro del paradigma neokeynesiano, y con su mentalidad de ‘gestión de expectativas’ subirán las tasas”.

Reacción de los bancos centrales

Bill Mitchell confiaba en que los bancos centrales, tras las lecciones aprendidas de sus políticas de flexibilización cuantitativa, esta vez no harían demasiado caso a los Pedros y el Lobo de la inflación. Sin embargo la semana pasada el Banco de Inglaterra ha tomado la homeopática decisión de subir los tipos de interés del 0,10% al 0,25%. Hace unos meses el banco central americano anunció que dejaba de considerar como objetivo prioritario la NAIRU (la tasa natural de desempleo, una variable ficticia imposible de observar inventada por Milton Friedman, para justificar la creación intencionada de desempleo en la santa cruzada contra la inflación). Era un avance positivo que debemos celebrar ya que implica que la Fed priorizará la reducción del desempleo y no sobreactuaría ante tensiones en los precios. Pero la Reserva Federal ha anunciado que va a retirar el soporte pandémico reduciendo sus operaciones de flexibilización cuantitativa. Por ahora, el Federal Funds Rate (el tipo interbancario) sigue en el 0,25% pero la Fed se muestra dispuesta a alistarse en una próxima lucha contra la inflación.

Más preocupante es el reciente anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de que concluirá el programa de compras de la emergencia pandémica (PEPP) limitándose a partir de marzo del año que viene a mantener sus posiciones, es decir, a reinvertir el principal al vencimiento. El programa APP, mucho menos flexible ya que las compras deben hacerse a prorrata de la clave de capital entre los estados miembros, también irá menguando. Para “reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos de intervención” subirán las compras provisionalmente hasta un ritmo de 40 MM €/mes en el segundo trimestre de 2022, lo bajarán a 30 MM € en el tercer trimestre y finalmente a 20 MM € desde octubre de 2022.

Ilustración 6. Compras de deuda pública del BCE (Fuente: BCE)

Si los bancos centrales conocieran el postulado mosleriano de que subir tipos de interés es inflacionista, al revés de lo que piensa el mainstream, no de plantearían estas políticas. Pero también es cierto que esto supondría reconocer que su capacidad de influir en los niveles de precios es nula y que sería perfectamente posible vivir sin estas enojosas instituciones. El mainstream sigue pensando que abordar directamente las causas de las subidas de precios (problemas logísticos, diseño institucional del mercado eléctrico, problemas en el suministro de energía) no sería productivo. Para los responsables políticos la solución está en transferir más rentas a individuos adinerados e instituciones financieras nacionales y extranjeras. ¡Seguro que eso resuelve el problema!

El BCE justifica sus operaciones de compra de deuda pública con el convencionalismo de que son útiles para transmitir su política monetaria al mercado. Pero, aunque digan que solo se trata de mandar señales, en realidad la utilidad de las operaciones de flexibilización cuantitativa es impedir que los estados más endeudados caigan en la insolvencia. Estas compras han funcionado como el mecanismo de financiación por la puerta de atrás de la deuda de los estados miembros de la zona euro durante la pandemia.

Por cierto, no está de más recordar que son los bancos centrales de cada estado los que realmente ejecutan esta política monetaria no convencional en una nueva demostración de que la unión económica y monetaria europea es una ficción. De hecho el Banco de España tenía a septiembre de 2021 una cartera de 368 MM€ de deuda pública española, el 32% del total de la deuda pública española viva, como se muestra en el siguiente gráfico. Gracias a esas compras la demanda de la deuda pública está asegurada hasta el punto de que, en las subastas que periódicamente realiza el Tesoro, supera en 2 veces la oferta.

Ilustración 7. Distribución por tenedores de la deuda pública en septiembre de 2021 (Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el Tesoro Público)

 

Las alternativas que ahora se ofrecen a estos estados son una austeridad demoledora o la disolución de la zona euro. Pero no se equivoquen, el problema no es la deuda pública, es el euro.

Si desaparecen las compras del BCE la prima de riesgo volverá a casa como el turrón por Navidad. Su decisión es un aviso a navegantes: más vale que las administraciones públicas vayan reduciendo sus posiciones deficitarias. Las políticas de estímulo fiscal se acaban y volvemos a las de austeridad, deflación y altos niveles de desempleo. El paseo por el patio de la cárcel ha concluido, vayan regresando a sus celdas. Creo que las autoridades del BCE no han sopesado correctamente las consecuencias de su decisión que supone poner a los pies de los mercados a países con elevados niveles de deuda pública como Italia, Grecia o España. Las alternativas que ahora se ofrecen a estos estados son una austeridad demoledora o la disolución de la zona euro. Pero no se equivoquen, el problema no es la deuda pública, es el euro.

¿Qué es una democracia?


 

El plan de reconstrucción

La primera ministra recibió con consternación la sucesión de malas noticias. Las coladas de lava se habían desparramado durante tres semanas por la isla destruyendo más de mil hogares y convirtiendo 500 hectáreas de terrenos fértiles en malpaís. Miles de personas habían salido precipitadamente de sus casas con lo puesto al haberles dado las autoridades menos de 15 minutos de aviso para recoger las pertenencias y recuerdos más esenciales. Muchos sabían que ya nunca más volverían a ver sus casas y, a la congoja por la pérdida, se unía la ansiedad de saber que tendrían que empezar sus vidas de cero. Para los abuelos la desolación era mayor pues no se sentían con fuerzas para comenzar de nuevo y a más de uno le embargaban sentimientos suicidas. El desastre se agravaba con la destrucción de kilómetros de carreteras e infraestructuras. Se habían perdido escuelas, comercios, almacenes y templos.

Sobrecogida por el impacto de la catástrofe la primera ministra convocó una reunión de urgencia de su gabinete para la mañana siguiente. En el consejo de ministros exigió a su ministro de vivienda que preparara en dos semanas un plan de construcción de moradas dignas a pocos kilómetros de los territorios devastados para quienes habían perdido la suya. Dando un puñetazo encima de la mesa, dio un ultimátum a la ministra de Trabajo para que en un mes se pusiera en marcha el plan de empleo garantizado que habían prometido en la campaña electoral y que las objeciones y argucias sobre la contravención de diversas directivas europeas de los tecnócratas neoliberales del cuerpo funcionarial habían retrasado. Ese plan permitiría dar ocupación inmediatamente a quienes habían perdido su medio de vida. Conminó al ministro de Fomento para que presentara un plan de reconstrucción de las infraestructuras cuando concluyera la erupción.

Cuando concluyó el Consejo de Ministros la Ministra de Hacienda convocó a su equipo técnico a una reunión para esa misma tarde donde iniciarían los cálculos presupuestarios que requeriría el ambicioso plan acordado esa mañana. A continuación se dirigió a la rueda de prensa donde anunciaría las decisiones aprobadas por el Gobierno. Tras aportar unas primeras estimaciones del coste del plan abrió el turno para las preguntas. El primero que lanzó una pregunta fue un viejo periodista de un diario de tirada nacional conocido por sus posicionamientos conservadores.

Pero, Sra. Ministra, Vd. está hablando de un plan que puede costar más de 1.000 millones $. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a subir los impuestos? ¿Se plantean recortar otros programas sociales como ese plan de trabajo garantizado?

Entonces, la ministra sonrió sardónicamente y pensó «a éste me lo como con papas fritas». Afortunadamente la primera ministra había nombrado a una conocedora de la teoría monetaria moderna que entendía a la perfección el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal. No en balde, ambas habían trabajado con denuedo durante los primeros meses del nuevo gobierno para sacar a la nación de una desafortunada unión monetaria que la había mantenido sumida en una larga deflación de décadas.

Pues mire Vd.— sí, por primera vez utilizaba esa coletilla habitual entre los políticos conservadores para tratar con condescendencia a ciudadanía y rivales políticos— ahora podrá comprobar lo importante que fue para nuestro país recuperar su soberanía monetaria. Esa operación a la que su medio se opuso con contumacia porque prefería sacrificar los intereses de la nación en favor de una unión monetaria que solo podía interesar a unos pocos. Es muy sencillo. La semana que viene convocaremos a las Cortes Generales, presentaremos este proyecto de reconstrucción y pediremos la dotación de un crédito presupuestario extraordinario por el importe requerido. Eso habilitará al Tesoro a realizar los pagos necesarios y nuestro banco central, el nuestro, estará obligado a atender las instrucciones que reciba. No hace falta ni subir impuestos ni reducir otros créditos presupuestarios.

Pero, pero—inquirió, con rostro desencajado, una periodista de un medio conocido por su postureo progresista— está hablando de monetizar el déficit. Todos los expertos le dirían que eso será inflacionista.

La ministra tuvo que contener la risa y con la infinita paciencia y buena educación que la caracterizaba le respondió.

Mira, creo que lo hemos hablado ya muchas veces antes tú y yo en privado. Lo que sería inflacionista sería que los isleños sin casa se encontraran con que la falta de viviendas causara una subida de su precio y de los alquileres, como de hecho ya estamos observando. Lo que sería inflacionista sería que los agricultores no pudieran regar sus campos porque se ha roto la conducción de agua y perdieran la cosecha. Lo que sería inflacionista sería que la población de la isla emigrara ante la falta de perspectivas y los empresarios ya no encontraran mano de obra. En definitiva lo que sí sería inflacionista es no hacer nada.

Pocas semanas después, el programa de reconstrucción de zona catastrófica más ambicioso de la historia era aprobado en el Parlamento por la mayoría que sostenía el Gobierno.

La ruta del dinero

La ficción que acabamos de narrar obviamente no tiene ningún parecido con la realidad. Es sólo una fábula con la que intento ilustrar la ruta que sigue el dinero. La gente tiene la noción equivocada de que es el banco central quien crea el dinero. Se equivocan. Lo que hace el banco central es simplemente intercambiar unos activos financieros por otros que ya existían previamente. Sí, los Estados utilizan el dinero del banco central. Pero es el Parlamento, en nuestro país la cámara baja de las Cortes Generales, quien debería autorizar al Gobierno a disponer de ese dinero.

En tiempos no tan lejanos el Tesoro de nuestra nación podía ordenar pagos al Banco de España incluso aunque su cuenta estuviera en descubierto. Es decir, el gasto público resultaba en una creación de dinero del Banco de España ex novo. Nuestro ingreso en las Comunidades Económicas Europeas nos obligó a aprobar una Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España la cual prohibió

«la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o cualquiera de los organismos o entidades a los que se refiere el artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea»

La Ley de Autonomía es una ensoñación neoliberal que, además de generar una tremenda disfuncionalidad en nuestro sistema monetario, pretende someter a los Gobiernos a la vigilancia de los mercados y la supervisión de los tecnócratas neoliberales que pueblan los bancos centrales. Obliga al Estado a emitir deuda pública para financiar su actividad cuando antes habría bastado un descubierto en el Banco Central. Nuestra entrada en el euro agravó este problema pues el Banco Central Europeo (BCE) dejó de respaldar esa deuda. Sabemos que eso condujo a la crisis de deuda que casi se lleva al traste el proyecto de unión monetaria en 2010-12. La crisis se resolvió cuando la UE se dio cuenta del tremendo error que supuso haber sometido a los Gobiernos nacionales a la vigilancia de los mercados. En 2011 el BCE empezó a comprar nuestra deuda pública en los mercados secundarios.

Antes de nuestra entrada en las CEE el Tesoro creaba el dinero directamente cuando gastaba. Es decir, cuando ejecutaba el crédito presupuestario autorizado por los presupuestos generales del Estado, y el Tesoro ordenaba al Banco de España que realizar los pagos correspondientes contra su cuenta. El Banco de España simplemente registraba esa transferencia cargando la Cuenta General del Tesoro y abonaba la cuenta del banco comercial con el que operaba el agente privado beneficiario del gasto público. Antes de la ley de autonomía esa cuenta del Tesoro incluso podía quedarse en descubierto.

La ruta de creación de dinero directa

Ahora la ruta del dinero toma un pequeño desvío. Tras nuestra incorporación a la Unión Monetaria Europea el Gobierno de España tiene que asegurarse de que el saldo contable del Tesoro en el Banco central fuera positivo antes de gastar. Eso le obliga a emitir deuda pública cuando la recaudación tributaria es inferior al gasto público. Hasta 2011 los tratados prohibían al Banco de España la compra de esa deuda. De facto, los Tratados de la UE, pretendían que los estados nunca más crearan dinero y que la economía tirara del fondo existente en 1999, recirculándolo año a año, y de la creación del dinero bancario cuyo principal vicio es su carácter procíclico (piensen en la burbuja inmobiliaria que montaron los bancos españoles a principios del siglo XXI).

La ruta tortuosa de creación del dinero

Sin embargo, desde que el BCE tuvo que salvar al euro del colapso permitiendo las compras de deuda pública por los bancos centrales nacionales, los Estados miembro de la zona euro han recuperado de forma limitada su capacidad de crear dinero. Sí, siguen emitiendo deuda pública, pero luego el Banco de España y los demás bancos centrales nacionales compran una gran parte en los mercados secundarios. Llevan comprando al menos el 30% desde 2014 y, tras el inicio de la pandemia prácticamente toda.

La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación por el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en los presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo dinero + deuda pública).

La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación por el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en los presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo dinero + deuda pública).

Esto no ha eliminado las limitaciones al gasto y déficit públicos que tienen aherrojado nuestro proceso presupuestario. Es cierto que, durante la pandemia, el Consejo Europeo ha autorizado la supresión temporal de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento pero ya se está preparando la vuelta a las exigencias de equilibrio presupuestario. Se trataba tan solo de una suspensión temporal de reglas de la economía neoclásica. Por tanto, si los parlamentos creían que habían recuperado la herramienta de creación del dinero, el Consejo pronto les recordará quien sigue mandando. Sí, ahora el BCE no dejará que se caiga el tinglado del euro permitiendo al Banco de España que compre nuestra deuda pública en los mercados secundarios. Sin embargo, todo esto está condicionado a que el Estado español someta al colegio de tecnócratas de la Comisión Europea su proyecto presupuestario con antelación, antes que a las propias Cortes. Una reflexión más profunda nos permite entender que el diseño institucional europeo ha conseguido la completa emasculación de nuestro sistema democrático. El diseño de la Unión Monetaria Europea ha convertido a nuestros parlamentos en órganos irrelevantes. Todo por el pueblo pero sin el pueblo.

Cuando el parlamento creaba el dinero

Comprender cómo funciona nuestro sistema monetario y fiscal nos permite entrar en una disquisición acerca de la democracia. El poder de crear dinero es el de movilizar recursos a favor del sector público. Que la decisión de cuánto dinero y para qué propósitos se crea dependa de un colegio de tecnócratas en reuniones a puerta cerrada o de un órgano de representación popular bajo escrutinio público cambia completamente la naturaleza de nuestro sistema político.

Esta no es una cuestión baladí. La lucha por limitar el poder real ha sido larga y se remonta a la Edad Media. Muchos creerán que fue en Inglaterra donde surgió el parlamentarismo pero estarían equivocados. El primer Parlamento inglés no se celebró hasta 1215 y sólo representaba a nobles y obispos. No incorporó representación de los comunes hasta 1282. El primer antecedente de un parlamento con participación de las clases burguesas fueron las Cortes de León celebradas en 1188, casi cien años antes, en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro en León, que, ya muy transformado, se representa en esta fotografía.

Poco se sabe de ese trascendental evento pero sí que por primera vez concurrieron los “boni homines”, representantes de la burguesía, y que se aprobaron unos decreta cuyo objetivo era el mantenimiento de la justicia y la conservación de la paz en el Reino. Con la participación de la clase burguesa el monarca convocante Alfonso X buscaba el apoyo político del tercer estamento para dar mayor fortaleza a su reinado (Alonso García, 2019). Este evento es el primer jalón en una larga tradición de participación de las ciudades castellano leonesas en las Cortes. Muchas de las decisiones en las que participarían giraron en torno a las contribuciones extraordinarias — ‘pedidos’ o ‘pedidos foreros’— que se pagaban a la Corona en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. La primera vez que la Corona solicitó una contribución de este tipo parece ser que tuvo lugar bajo el reinado de Alfonso VI cuando impuso en 1091 un tributo extraordinario para costear la guerra. A partir de aquel momento se generalizó la costumbre de que la Corona solicitase cantidades a sus súbditos que normalmente solían ser de varios millones de maravedís. A mediados del siglo XIII desaparecieron este tipo de pedidos para transformarse en un ‘servicio’ que concedían las Cortes al rey, aunque continuó manteniendo su naturaleza extraordinaria. Cualquiera que haya leído la historia española del siglo XVI estará familiarizado con las disputas entre los Habsburgo y las Cortes por conseguir la aprobación de los servicios de ‘cientos’ y de ‘millones’ que solicitaban los monarcas para sus campañas militares en el Norte de Europa.

Pero la participación de los parlamentos fue más allá de la aprobación de impuestos extraordinarios. Aunque la acuñación de moneda era una prerrogativa real sabemos que en las

«Cortes de Valladolid de 1518 el joven rey [Carlos I] recibió la petición de labrar más moneda de vellón».

También conocemos que las

«reuniones de las Cortes, (…) desde 1518 venían solicitando una rebaja en la ley, tanto de la moneda de oro como de la de plata, con el fin de eliminar las desigualdades con las monedas extranjeras y evitar, de este modo, su constante extracción. Diversos informes aconsejaban la reducción de la pureza áurea del ducado y la elevación de su nominal, destacando el realizado por el bachiller Enciso, quien recomendó la reducción de la ley a 18 quilates y la elevación del curso legal al nivel portugués. Las mismas Cortes, reunidas en Valladolid en 1523, solicitaron la emisión de una nueva moneda de oro de 22 quilates que tomase como modelo la corona del sol francesa. Eso formaba parte de un plan general de reforma monetaria, que también afectaría a la plata, y cuyo objetivo principal era evitar la extracción de metal precioso allende las fronteras del reino. La petición de las Cortes encontró cierto eco y el Emperador decidió consultar a los tesoreros y oficiales de las cecas, al prior y cónsules de los mercaderes de la ciudad de Burgos y a otros mercaderes y plateros de diversas ciudades.

 El resultado fue un interesantísimo informe en el que se proponía la reducción de ley del ducado a 21 ½ quilates, teniendo siempre como modelo el escudo francés. (…) Para la plata proponían una reducción del peso del real. En el vellón, planteaban una nueva especie de 25 ½ granos. La respuesta del Emperador fue dilatar la toma de una decisión hasta contar con más informes.» (de Santiago Fernández, 2005)

En definitiva el parlamentarismo es la base de nuestro sistema democrático y su piedra angular. El parlamento es un órgano de representación popular que históricamente ha limitado y controlado el poder del ejecutivo y le ha dado la autorización para gastar y recaudar impuestos. Incluso ha intervenido en la definición del sistema monetario. ¿Podemos tolerar que las Cortes del siglo XXI tengan menos poderes que las de los siglos XII a XVI y seguir pretendiendo que hoy somos una democracia?

¿Por qué dejamos que las decisiones las tomen por nosotros quienes no saben?

Con la creación de la UE nuestro parlamento ha perdido dos de las facultades por los que las ciudades castellano-leonesas habían luchado: la de definir los límites del gasto público y autorizar el diseño de nuestro sistema monetario. Estas decisiones se toman ahora en el Consejo Europeo, en el Semestre Europeo y en el Banco Central Europeo en opacos conciliábulos sin transparencia y sin el molesto escrutinio público. El gasto público se somete a reglas arbitrarias que nada tienen que ver con atender las necesidades reales de la ciudadanía. En definitiva España ha dejado de ser una democracia por mucho que se disfrace con elecciones periódicas de un cuerpo legislativo que ahora se limita a transponer directivas europeas. Poco ha durado una democracia que fue estrenada en 1978 y abandonada en 1999.

Te dirán que esos límites son convenientes porque de lo contrario nuestra clase política derrocharía los recursos lo cual nos conduciría a una hiperinflación. Puede ser, pero conozco muchos casos de regímenes poco democráticos capaces de generar un proceso inflacionario y pocos de democracias consolidadas que lo hayan hecho.

Algún iluso podría pensar que los límites recogidos en el tratado de Maastricht e incorporados a los Tratados Europeos tienen un fundamento teórico. Nada más lejos de la realidad. El límite del 3% para el déficit público fue una sugerencia de un grupo de asesores presentada a Mitterand en los años 80 que luego se fosilizó en el ordenamiento europeo como confesó Guy Abeille. No hay más criterio. Este tope se ha perpetuado de forma irracional en todas las normas europeas. Por otra parte los bancos centrales y los economistas neoclásicos carecen de una teoría de la inflación como, por ejemplo, reconoció recientemente un técnico de la Reserva Federal, Daniel Tarullo (Fleming, 2017).

Incluso el dogma del equilibrio presupuestario es una superchería que muchos economistas ortodoxos promueven por ignorancia cuando no por puro cinismo como confesaría el propio Paul Samuelson, autor de uno de los manuales de macroeconomía más vendidos de la historia.

«Creo que hay algo de verdad en considerar que la superstición de que el presupuesto debe estar equilibrado permanentemente, una vez desmontada, suprime uno de los baluartes que toda sociedad debe tener contra el gasto descontrolado. Debe haber disciplina en la asignación de recursos o tendrás un caos anárquico e ineficiencia. Y una de las funciones de la religión a la antigua usanza era asustar a la gente con lo que a veces podían considerarse mitos para que se comportasen conforme lo que exige la vida civilizada. Hemos suprimido la creencia en la necesidad intrínseca de equilibrar el presupuesto si no en cada año, por lo menos en todo período breve de tiempo» (Samuelson , 2015).

En otras palabras: una superstición, una religión para asustar a los políticos y a la plebe y asegurarse de que otros tomen las decisiones sobre lo que nos conviene. Pero ahora sabemos que esos supuestos expertos ni siquiera entienden lo que están haciendo. Entonces ¿cómo hemos tolerado que destruyeran la capacidad presupuestaria de nuestro parlamento?

Una de las más importantes contribuciones de la Teoría Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que nunca debieron escindirse.

Una de las más importantes contribuciones de la Teoría Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que nunca debieron escindirse. Esto es mucho más trascendental de lo que suponen los economistas neoclásicos o los marxistas vulgares. Hemos destapado la superstición y ahora podemos quitarles a los sacerdotes de la vieja religión el poder y ponerlo en manos de personas más sabias y más justas al servicio de los verdaderos intereses del pueblo. Y, si no somos capaces de elegirlos, en el peor de los casos un pueblo informado sabrá que un político le miente si le dice que no hay dinero para tal o cual programa; o que el dinero existe careciéndose de los recursos reales para ejecutarlo.

En definitiva la TMM es la teoría económica sobre la cual se reconstruirá el poder de los parlamentos y se levantará una verdadera democracia popular.

Volvamos a la fábula que narraba al inicio. Sabemos que en la isla de La Palma la población civil está sufriendo una catástrofe sin precedentes. Hasta ahora el Gobierno ha prometido ayudas millonarias pero la tradición cicatera de nuestras administraciones públicas nos hace desconfiar. Lamentablemente el precedente del terremoto de Lorca con ayudas que tardaron años en hacerse efectivas nos hace temer lo peor. Si el Gobierno conociera la TMM ahora sabría qué hacer sin escatimar medios y si la opinión pública la conociera los medios de comunicación ahora estaría exigiendo responsabilidades. Y todo esto se ventilaría en las Cortes Generales, no en el Consejo Europeo ni suplicando la compasión de Ursula Von der Leyen. En definitiva seríamos un pueblo soberano dueño de su destino y de su dignidad.

Referencias

Alonso García, M. N., 2019. LOS DECRETA DE LEÓN DE 1188 COMO PIEDRA FUNDACIONAL DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA LEGALIDAD. Ius Fugit, Issue 22, pp. 231-247.

de Santiago Fernández, J., 2005. Moneda y Fiscalidad en Castilla durante el Siglo XVI. En: IV Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, pp. 409-433.

Fleming, S., 2017. Fed has no reliable theory of inflation, says Tarullo. Financial Times, 4 Octubre.

Samuelson , P., 2015. Paul Samuelson: balanced budget is a superstition. [En línea] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=EOtFsONzMjI
[Último acceso: 7 octubre 2021].