Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

miércoles, 12 de agosto de 2020

La disyuntiva virreinal

 Guerras civiles entre los conquistadores del Perú - Wikiwand


La lucha por la abolición de la encomienda

El dinero y la tributación son instituciones íntimamente ligadas al poder, la estructuración de los mercados y la distribución. Los intentos de suprimir la institución de la encomienda en el Perú virreinal y sustituirlos por un tributo monetario y los conflictos entre colonizadores y Corona que provocaron ilustran este punto a la perfección. Para entender el conflicto hay que retroceder a tiempos de la Reina Isabel la Católica quien, tras alguna vacilación inicial y pese a que la tradición esclavista tenía hondas raíces, había prohibido expresamente la esclavitud de sus nuevos súbditos en las Indias Occidentales (Olaechea Labayen, 1998). Esta decisión obligó al Almirante Cristóbal Colón a abandonar su proyecto de enviar 4.000 esclavos a Europa a 1.500 maravedís la pieza (Mira Caballos, 1998).

Si los conquistadores habían llegado a las Indias y ocupado aquellas tierras, con mil tribulaciones y sufrimientos, arriesgando su vida y dineros, era para asentar su condición de grandes señores feudales. Si no había posibilidad de reducir los indios a la esclavitud otra forma debía encontrarse de conseguir mano de obra barata. Nicolás de Ovando designado gobernador de La Española para corregir los desmanes de la desastrosa administración de los Colón, padre e hijo, aportó la solución que buscaban los colonizadores. Ovando, que había sido encomendero mayor de la orden de Alcántara, simplemente transfirió a América una institución medieval de carácter feudal. La encomienda establecía una relación de dependencia en la que una parte ofrecía protección a cambio de determinados servicios personales. El sistema de las encomiendas fue implantado en todos los territorios conquistados y colonizados por España (Chez Checo, 2010). El repartimiento de los indios entre los españoles como mano de obra forzada se justificaba porque a cambio estos se beneficiaban del preciado don de la catequesis. La solución encajaba perfectamente en la mentalidad tardomedieval de los conquistadores y se tornaba presentable ante los monarcas.

Es cierto que la encomienda no implicaba un derecho de propiedad sobre las personas pero los tratos abusivos fueron denunciados en una intensa campaña ante la Corte de los frailes dominicos, como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos. El más célebre fruto de esa labor sería un opúsculo conocido como la Brevísima relación de la destrucción de las Indias que Bartolomé dirigió al príncipe, el futuro Felipe II (de las Casas, 1552). En uno de sus viajes de regreso a la Península Ibérica Bartolomé de las Casas conocería en Salamanca al dominico Francisco de Vitoria, teólogo y profesor de la universidad, a quien enlistó para su causa. Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria fueron consultados por el rey Carlos I y pudieron hablar en las Cortes. Es famosa la controversia de Valladolid entre las Casas y Ginés de Sepúlveda, quien argumentaba que los indios encajaban en la definición aristotélica de ‘esclavos naturales’. Sin embargo la victoria moral fue para los dominicos que consiguieron el apoyo de la Corona.

Fruto de esta campaña fueron las Leyes Nuevas de Burgos, proclamadas en 15 en 1542 cuyo capítulo XXX rezaba “Otrosí: Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante ningún virrey, gobernador, audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere los indios, sean puestos en nuestra real Corona; y las audiencias tengan cargo de se informar luego particularmente de la persona que murió y de la calidad de ella y sus méritos y servicios de cómo trató los dichos indios que tenía, y si dejó mujer e hijos o qué otros herederos, [...] y nos mandamos proveer lo que sea nuestro servicio, y hacer la merced que nos pareciere a la mujer e hijos del difunto [...]” (García Icazbalceta, 2010).

Sancionadas las leyes el reto era conseguir que se cumpliesen. Los cronistas de la conquista de América como López de Gómara o el historiador mestizo Inca Garcilaso de la Vega narran la sucesión de guerras civiles y revueltas contra la autoridad real que tuvieron como causa principal los esfuerzos de la Corona por eliminar la institución de la encomienda. Para el Perú Carlos I encargó está delicada misión a Blasco Núñez Vela, vástago de un linaje nobiliario avileño que había ejercido los cargos de Corregidor de Málaga y Cuenca, Capitán de lanzas de Orán, Veedor general de las galeras y de la gente de guerra de Castilla, e Inspector general de la frontera de Navarra. En abril de 1543 Carlos I le otorgó los títulos de Virrey, Gobernador y Capitán General de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile y presidente de la Real Audiencia, que debía establecerse en la Ciudad de los Reyes o Lima.

En su Historia General del Perú Garcilaso Inca de la Vega narra los sucesos que llevaron a la muerte el 18 de enero de 1546 del primer virrey del Perú. Núñez Vela traía la instrucción de “Que se les quitasen las encomiendas y repartimiento de indios que tenían los Obispos, monasterios y hospitales; quitasen asimismo los indios a los que hubiesen sido o de presente lo fuesen, Gobernadores, Presidentes y Oidores, Corregidores y oficiales de justicia y sus tenientes y oficiales de la hacienda de Su Majestad, y que no pudiesen tener indios aunque dijesen que querían renunciar los oficios. Que todos los encomenderos del Perú, que se entiende de los que tenían indios, que se hubiesen hallado en las alteraciones y pasiones de Don Francisco Pizarro y Don Diego de Almagro, perdiesen los indios» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Parece que Núñez Vela era conocido por su intransigencia y mano dura. Como capitán de la armada se hizo notar por el rigor de sus castigos físicos. Su fama le precedía y su llegada fue recibida con inquietud pues los colonos ya conocían el tenor de las ordenanzas que debía imponer. El nuevo virrey se aplicó a su nueva misión sin mucho tacto. Acompañado de cuatro oidores, llegó a Lima 15 de mayo de 1544 liberando de las encomiendas a los indios que se iba encontrando por el camino. Los numerosos dueños de esclavos indios y encomenderos protestaron pero el virrey se limitó a decir que él solo era ejecutor y no autor de las leyes, y que debían dirigir sus quejas al rey. Pese a las advertencias de sus asesores los modos expeditivos del Virrey le granjearon pocas amistades. Quisquilloso y susceptible reaccionaba de forma violenta ante la más mínima ofensa. Los españoles trataron de convencer al virrey de que no aplicase las ordenanzas pero no doblegaron su voluntad. Andaban enojados porque «se habían de ver desposeídos de sus indios y hacienda e imposibilitados de poder ganar otra para sustentar la vida, por su larga edad, y estar ya consumidos de los trabajos pasados» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Los encomenderos optaron por manifestar su fuerza y eligieron como caudillos a Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador Francisco Pizarro, y a su lugarteniente, Francisco de Carvajal, que se dirigió a Lima con una hueste armada. Blasco Núñez Vela morirá en la batalla de Iñaquito, ocurrida cerca de Cuzco entre el ejército real y las huestes de Gonzalo Pizarro (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

La pacificación del Virreinato del Perú

Matar a un virrey, al encargado por el mismo emperador Carlos V de gobernar el Reino del Perú, era un atrevimiento de extrema gravedad. La sangrienta revuelta de los encomenderos peruleros puso a prueba los esfuerzos de la monarquía para imponer su voluntad sobre unos hombres rudos, arrogantes y dispuestos a todo para ejercer sus derechos de conquista y afirmar su condición de señores feudales del Nuevo Mundo.

El régimen monárquico español, aunque tenía pretensiones de absoluto, siempre tuvo un aspecto transaccional y pactista con las oligarquías locales. En un contexto político en el que la autoridad de la Corona era casi inexistente no quedaba otra solución que el apaciguamiento. El rey enviaría un nuevo virrey, Pedro de Lagasca, con mayores dotes diplomáticas, para someter a la levantisca colonia. La corona decidió suavizar la eliminación de la encomienda, graduando su extinción. Con esa estrategia de apaciguamiento Lagasca decidió realizar el Reparto de Guaynarima en 1548 que aun así dejó insatisfechos a los colonos y desencadenaría nuevas rebeliones encabezadas por capitanes como la que enfrentó al virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, con Francisco Hernández Girón. Todavía en 1559, Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, cuarto virrey del Perú; recibió "Instrucciones" para poder “encomendar los indios que estuvieren vacos y vacaren el tiempo que vos estuviereis en aquella tierra (Salles & Nocjovich, 2013) .

La corona fue graduando la extinción de la encomienda, sustituyéndola por un régimen de rentas a favor de los conquistadores y un sistema de tributación a los indígenas que sustituiría al servicio personal, y estableciendo una administración colonial en la que los conquistadores configurarían una aristocracia criolla. Las reformas culminarían durante el largo virreinato de Francisco de Toledo, quien establece reducciones para concentrar a la población y facilitar el cobro de tributos. Aunque el sistema de la encomienda continuó languidecería hasta caer en desuso y abolirse finalmente en 1720.

El tributo indígena

El tributo de indios era una renta pagada al rey de Castilla proveniente de su dominio señorial, pero también, y de manera significativa, como mecanismo para demostrar que los indios eran vasallos de él y no de los conquistadores. Se justificaba en las Leyes Nuevas de Indias en la primera Ley del Libro VI, Título V que atañía al tributo.

«Porque es cosa justa, y razonable, que los Indios, que se pacificaren, y redujeren a nuestra obediencia y vasallage, nos sirvan, y den tributo en‘ reconocimiento del señorío, y servicio, que como nuestros súbditos y vasallos deben, pues ellos también entre si tenían costumbre de tributar a sus tecles, y principales: Mandamos, que se les persuada a que por esta razón nos acudan con algún tributo en moderada cantidad de los frutos de la tierra, como, y en los tiempos, que se dispone por las leyes de este título. Y es nuestra voluntad, que los españoles, a quien por Nos, o nuestro poder hubiere, se encomendaren, lleven estos tributos, porque cumplan con las cargas a que están obligados, reservando para Nos las cabeceras y puertos de mar, y las demás encomiendas y pueblos incorporados, y que se incorporaren en nuestra real corona» (Recopilación de leyes de los Reinos de Indias. Libro VI, Tit. V, Ley I).

La justificación ideológica del tributo asumía un pacto colonial entre la Corona y los indios, con precedentes incaicos, en virtud del cual «los indios le tributan (al rey) en reconocimiento a la soberanía del monarca, y él, al reconocerlos como sus vasallos, les reconoce su derecho a la propiedad» de la tierra. Según otras interpretaciones para los indios el pacto implícito en el pago del tributo exigía que la corona se responsabilizara de la impartición de la justicia y la defensa de los intereses de los indios. (Menegus Bornemann, 1994).

Según las disposiciones iniciales del rey, el tributo español debía ser menor al que cobraban los señores naturales, de manera que los indios se acercaran más fácilmente al cristianismo y al nuevo sistema de gobierno (Carlos II, 1841), pero en la época de la reforma toledana, se hicieron críticas sobre lo excesivo de las tasas; en todo caso, fue «uno de los factores determinantes para el creciente ausentismo que se dio en las comunidades» (Cajías de la Vega, 2005).

Efectos redistributivos del tributo

La introducción de un tributo indígena necesariamente tendría efectos distributivos. La razón más obvia es que era exigible a un grupo étnico del cual quedaban exentos otras castas privilegiadas. Pero también el modo de liberación, ya en especie o monetario, el sistema de cobro y el reparto de la carga negociada con cada comunidad indígena impactaría en la distribución.

El tributo indígena recaía sobre los indígenas «en virtud de su condición jurídica: vasallos libres de la Corona de Castilla que deben a su señor un impuesto por la misma razón de vasallaje» (Cajías de la Vega, 2005). El tributo era una institución solamente aplicada al indio aunque a «partir de 1574 se formalizó —y no sin dificultades— el cobro a negros y mulatos libres; nunca se logró, no obstante algunos esfuerzos, cobrar este derecho a los mestizos». La exención de españoles y mestizos fue una de las distinciones que los apartaban de los indios y las castas. Muchos negros y mulatos libres negociaron con éxito una exención al pago del tributo por participar en compañías de milicias formadas sólo por personas de herencia africana y en otros momentos en compañías integradas con españoles (Pollack, 2016).

Dentro de las clasificaciones más amplias de “indio” había diferentes categorías a efectos tributarios. Nos encontramos a los ‘originarios’; los ‘forasteros’ que integraban familias que podían haber llegado sin embargo varias generaciones antes a una localidad; y los ‘yanaconas’, atados a las haciendas (Carlos II, 1841). Todas estas categorías, que sirvieron en su momento para fines fiscales y jurídicos, siempre demostraron grados de flexibilidad, en especial en ciertos lugares y momentos históricos.  (Pollack, 2016). La Corona, siempre consciente de la necesidad de ganar para su causa a las elites indígenas, las eximió en las leyes indianas estipulando que “los caciques y sus hijos mayores no paguen tributo” (Leyes de Indias, Libro Vi, Capítulo V, Ley XVIII).

Inicialmente el cobro de tributos se encargó a los encomenderos y se entendería como un premio que el monarca les otorgaba de manera provisional y condicionado a que las encomiendas no fueran territoriales (es decir, que implicaran el control sobre un territorio). Sin embargo posteriormente, según disposiciones del Virrey Toledo, el tributo sería recolectado por los corregidores. El tributo debía pagarse en junio (San Juan) y diciembre (Navidad) siendo el curaca quien recibía directamente el tributo y lo llevaba a la capital de su repartimiento.

Todos los varones adultos entre las edades de dieciocho y cincuenta años pagaban el tributo, pero la proporción individual de la tasa comunal variaba según el status social del contribuyente. Al parecer, el sistema tributario en Hispanoamérica reforzaba la idea de una homogeneidad dentro de cada pueblo. Esto beneficiaba a los sectores indios que tenían mayores ingresos provenientes de la participación en el mercado como productores o comerciantes (a quienes les habría recaído el pago de la alcábala si hubiesen tenido que cumplir con las obligaciones fiscales que correspondían a los españoles)  (Pollack, 2016). Pero el declive demográfico provocó un reparto de los impuestos tasados a cada comunidad cada vez más pesada (de la Puente Brunke, 1992).

Las políticas de gasto cierran el bucle que aseguraban una posición subordinada para los indios. Una gran parte del gasto público servía para asegurar la lealtad de los administradores del virreinato pero lo más llamativo es que la parte de león se la llevaban los encomenderos. Según «una autoridad coetánea, en 1632 la distribución de los 1.384.228 pesos recaudados en concepto de tributos en Perú fue la siguiente: 8.614 pesos (0,6 por 100) para la beneficencia local, 53.920 pesos (4 por 100) para salarios de caciques, 181.305 pesos (13 por 100) para los corregidores y sus lugartenientes, 280.840 pesos (20 por 100) para los sínodos y 859.540 pesos (62 por 100) para el tesoro o los encomenderos» (Andrien, 1986).

Prohibición del servicio personal y monetización del tributo

Las Leyes Nuevas recogen el precepto de «que los tributos no se tasen ni conmuten en servicio personal» (Carlos II, 1841). Entre las cuatro provisiones del malhadado virrey Núñez Vela se incluía la prohibición que  los indios trabajasen para los conquistadores «salvo en aquellas partes que no se pudiese escusar, y se les pagase su trabajo, y que no se echasen indios a las minas ni a la pesquería de las perlas». Pero a cambio el rey ordenaba que «se tasasen los tributos que hubiesen de dar a sus encomenderos, quitándoles juntamente el servicio personal» (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Durante la era prehispánica, en la región andina, las obligaciones tributarias se cumplían, con pocas excepciones, por medio de labores (entre ellas la mita). El tributo español provocó resistencia porque la entrega de tributo en especie rompía de forma radical con la costumbre en la mayor parte del imperio incaico (Pollack, 2016). La prohibición de tributar mediante servicios personales, a excepción de la mita minera, constituía por tanto una innovación. Como narra el Inca Garcilaso de la Vega el virrey Blasco Núñez fue «quitándo [los indios] a monasterios, iglesias, hospitales y conquistadores que los habían ganado. Y lo que peor era, que imponían doblado pecho y tributo a los indios que así quitaban y ponían en cabeza del Rey, y aún los mismos indios lloraban por esto» lo cual sugiere que la población indígena percibía la nueva obligación como una carga más pesada (Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, 1618).

Las Leyes de Indias permiten el pago en especie (monedas de la tierra). En la Nueva España se aceptaba el pago de tributo en mantas y cacao y en Perú se aceptaban labores de lana, grano (quínoa) (de Rojas, 1999). Sin embargo éste genera una oportunidad de negocio de la que se aprovechan los encomenderos y corregidores al tasar el impuesto en especie por debajo de su precio de mercado que se remataba en almoneda. Una carta de un clérigo español, Alonso de Quesada, al rey destapa las quejas por estos abusos: “no ha de ser el indio de peor condición que los españoles, los cuales venden la especie por lo que vale, y la compran por lo mismo y sólo al indio le obligan que dé por dos lo que vale y coree por seis con que las especies se multiplican, respecto del precio en que se tasaron y se halla gravado en materia de tanto escrúpulo y digna de restitución". El fraude y el abuso cometido con el pago en especie debieron ser corrientes. Así se puede citar una indagatoria del factor Ilán Suárez en la que documentaba la diferencia entre lo entregado según los registros que mantenían los indígenas de lo entregado en sus quipus y lo embolsado en la Caja Real (Salles & Nocjovich, 2013). A «principios del siglo XVII recibieron las autoridades diversas quejas de indígenas que protestaban por el hecho de seguirse viendo obligados, en cuanto a la parte del tributo que todavía pagaban en especies, a entregar los productos a un precio inferior al real» (de la Puente Brunke, 1992).

Las Leyes Nuevas titubean en este sentido pero parecen inclinarse gradualmente por el tributo monetario y así recogen que «En los casos particulares que los indios por justas causas y por algunos tercios o años pidieren que se les admita toda la paga de sus tributos en dinero, conforme a la tasa, los vireyes, audiencias y gobernadores los favorezcan en cuanto (sin hacer injusticia ni agravio a las partes) fuere posible» (Carlos II, 1841).

En realidad, a mediados del siglo XVII -época en la que Alonso de Quesada redactó la carta que comentamos- seguía dándose el pago de tributo en especies, aunque a una escala bastante menor que en décadas anteriores. Ya la tasa mandada confeccionar por el virrey Francisco de Toledo había implantado el metálico como componente mayoritario del tributo. Sin embargo de la Puente Brunke adviente que «en no pocas ocasiones ese presunto remedio –la monetización total del tributo- se manifestó tan malo como la propia enfermedad, ya que para la obtención del dinero los indígenas se vieron impulsados a realizar actividades comerciales de dudoso éxito por su escasa experiencia en ellas; a vender o alquilar tierras de las comunidades; o a alquilar su propia fuerza de trabajo en distintas labores, la más funesta de las cuales fue para ellos la actividad minera» (de la Puente Brunke, 1992).

En la «transición que se observa a lo largo del período colonial como ‘de trabajadores a tributarios’, inscrita en el largo camino entre su pasado prehispánico —cuando el estado Inca demandaba de sus súbditos principalmente energía—, y el siglo XIX, cuando el tributo era uno de los ingresos principales del fisco y la tierra se convirtió en el centro de las disputas» un momento importante «se caracterizó por la monetización del tributo y su incremento». Ésta es «la causa principal de la participación temprana y forzada de esta población en la economía colonial, no solo como mano de obra sino además como proveedores de los mercados regionales de bienes» (Gil Montero, 2015).

La persistencia de los servicios personales en la mita minera también entró gradualmente en declive. Las comunidades indígenas conmutaban la mita pagando una cantidad a los corregidores denominado ’indios de plata’ según la expresiva metafórica de la época. La mano de obra forzada sería gradualmente por ‘indios de faltriquera’, trabajadores libres que cobraban un salario de mercado. Las Leyes de Indias eximen de mita a los «indios maestros en sus oficios de carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, otros semejantes, de quien se fían, y encargan las obras como a los maestros españoles, no entren en mita y cumplan con pagar su tributo en moneda corriente, o en obras» (Leyes de Indias, Libro VI, capítulo V, Ley XI).

La creación de un mercado de trabajadores

La historia virreinal ilustra el principio enunciado por la teoría monetaria moderna de que la introducción de la moneda está ligada a la previa creación de un tributo monetario dirigido a proveer de mano de obra a una autoridad o a un sector productivo o rentista. El tributo indígena crea desempleo ya que obliga al indígena a trabajar más horas de las necesarias para su propia subsistencia, bien para entregar un tributo en especie, bien obligándolo a buscar un empleo remunerado.

La obligación de pagar un impuesto, discriminatorio por razón de etnia, generaría la oferta de mano de obra que beneficiaba a una minoría privilegiada por el estado, en el caso del Perú virreinal, la casta constituida por los conquistadores y sus descendientes principales perceptores de las rentas virreinales.

La liberación de la encomienda es pues una ficción desde el momento en que la servidumbre personal se transmuta en tributo monetario para cuya redención hace falta moneda que solo se puede conseguir trabajando para el anterior encomendero beneficiario de las rentas virreinales. La libertad era nominal pues los nuevos tributos recaían sobre los indígenas mientras que los conquistadores recibían el grueso del gasto fiscal. El rey, pretendiendo romper las cadenas del indio, las reemplazó por los vínculos, aún más pesados y sólidos que los de la servidumbre personal, creados por la moneda.

El tributo indígena como instrumento de una política  regalista

La monarquía se esforzó en conseguir la abolición de la encomienda, un proceso que fue vigorosamente opuesto por los colonos españoles, y por introducir un sistema de  monetización de los tributos para conseguir que los indígenas ofertaran su producción en el mercado. Para la tarea no dudó en sacrificar a uno de sus mejores hombres, el virrey Núñez Vela, y aun tuvo que soportar varias rebeliones y el paso de varios virreyes hasta conseguir la definitiva pacificación del Perú.

Detengámonos un momento a pensar en el significado trascendental de los hechos históricos narrados. Que los reyes españoles tenían motivaciones éticas loables no parece cuestionable. Parecen realmente sinceras las muestras de indignación de los reyes y es cierto que prestaron mucha atención a las protestas de los clérigos. La importancia de este esfuerzo de los reyes, con insuficientes efectos prácticos inicialmente, no puede desdeñarse en el plano ideológico. Las Nuevas Leyes de Indias que promulgaron los reyes pueden considerarse precursoras de ideales ilustrados.

Pero cabe preguntarse si actuaron por motivos humanitarios o si eran conscientes de que, para asentar el poder real, era necesario superar los esquemas feudales, e introducir una economía monetaria. A los historiadores no se les escapa que, además de preocuparse por el buen trato de los indios y la salvación de sus almas, en ese empeño pesó también la necesidad de cortar de raíz la extensión del feudalismo a América y la formación de una clase de aristócratas y hacendados poderosísimos. Afirmar el poder real también debió pesar en la insistencia de que los indios fueran meramente súbditos del Rey y no vasallos de los nuevos señores de la guerra. Como explica Cajías Vega la «contradicción entre los encomenderos y la política centralista de la Corona se explicaba, en lo político, porque los conquistadores querían mantener un poder autónomo y vitalicio; en cambio, la Corona buscaba implantar una burocracia directamente controlada por los organismos metropolitanos y cuyo gobierno fuera temporal. En lo económico, significaba percibir los ingresos que recibían los encomenderos. Dentro de esa política realista, como dice Escobedo Mansilla, la incorporación de repartimientos y sus tributos a la Corona fue el paso más decidido en contra de los principios feudales» (Cajías de la Vega, 2005).

Las dificultades para que prevaleciera la voluntad real eran enormes puesto que la autoridad real estaba alejada y prácticamente ausente de los nuevos reinos. Si bien la Corona tuvo que transigir en el siglo XVI, para el siglo XVIII  se da el triunfo definitivo del regalismo, culminándose el proceso de incorporación de todos los repartimientos a la Corona (Cajías de la Vega, 2005). El proceso de supresión de la encomienda y su sustitución por un tributo monetario constituye un hito en el camino hacia el fortalecimiento del poder real y la consolidación de los estados modernos.

Lo interesante del abolicionismo de la encomienda impulsado por los reyes es que ilustra un hecho que no resulta evidente a primera vista. Se suele presentar la transición del feudalismo al capitalismo como un fenómeno “natural” producto de la evolución de las ideas y de la tecnología. Sin embargo, un requisito previo para este tránsito fue crear una mano de obra sin acceso a la tierra y desempleada por definición. El proceso de abolición de la encomienda sirvió para crear una fuerza de trabajo “libre” obligada a trabajar a sueldo para conseguir aquello que sirve para pagar los impuestos. Los mercados nunca se han organizado de forma espontánea.

Referencias

Andrien, K. J. (1986). EL CORREGIDOR DE INDIOS, LA CORRUPCIÓN Y EL ESTADO VIRREINAL EN PERÚ (1580-1630). Revista de Historia Económica , Año IV Otoño 1986 n. 3 pp. 493--520.

Cajías de la Vega, F. (2005). Oruro 1781: Sublevación de indios y rebelión criolla. Institut français d’études andines.

Chez Checo, J. (2010). El sistema de encomiendas en. Clio, 165, 59-86.

de la Puente Brunke, J. (1992). El Tributo Indígena en la preucupación de un doctrinero del siglo XII: una carta ilustrativa. BIRA 19 (Lima):, 97-110.

de las Casas, B. (1552). Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

de Rojas, J. (1999). La moneda indígena y sus usos en la Nueva España en el siglo XVI. Estudios de historia novohispana, , Nº. 20, págs. 167-170.

Gil Montero, R. (2015). El tributo andino reinterpretado: El caso del corregimiento de Lípez. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 99, October, pp. 69-88.

Mengus Bornemann, M. (1994). Los títulos primordiales de los pueblos de indios. Revista de historia moderna, Nº 20, pag 207-230.

Olaechea Labayen, J. B. (1998). Una reina contra el sistema. Isabel la Católica y la esclavitud de los indios. Arbor, Vol 160, No 629.

Polanyi, K. (2016). La Gran Transformación. Barcelona: Virus Editorial.

Pollack, A. (2016). Hacia una historia social del tributo de indios y castas en Hispanoamérica. Notas en torno a su creación, desarrollo y abolición. Hist. mex. [online], vol.66, n.1 [citado 2020-07-10], pp.65-160.

Recopilación de leyes de los Reinos de Indias. Libro VI, Tit. V, Ley XL. (s.f.). Obtenido de Cervantes Virtual: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3_MuD-8LqAhUJA2MBHRQbD8oQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2Fresearch%2Frecopilacion-de-leyes-de-los-reinos-de-indias-mandadas-imprimir-y-publicar-por-la-mages

Salles, E., & Nocjovich, H. (2013). El Repartimiento real de Chucuito en el Virreinato del Perú: la tributación temprana y su evolución, 1539 - 1547. Fronteras de la HIstoria, Vol 18-2 pag. 47 - 75.

Suárez de Figueroa conocido como Inca Garcilaso de la Vega, G. (1618). Historia General del Perú. Córdoba: Viuda de Andrés Barrera.

 

lunes, 8 de junio de 2020

Tres novedades editoriales en un mes

El vigor, la relevancia y la actualidad de la teoría moderna de la moneda son cada vez más evidentes. Así lo ponen de manifiesto tres novedades editoriales en dos idiomas en un mes. ¿Qué otra escuela de pensamiento puede alardear de este triplete?

Stephanie Kelton, profesora de la Stony Brook University, asesora económica de Bernie Sanders y economista de la segunda generación de la TMM, publica The Deficit Myth.


Su abordaje cambia drásticamente nuestra comprensión de cómo podemos abordar mejor los problemas cruciales que van desde la pobreza y la desigualdad hasta la creación de empleo, la ampliación de la cobertura de atención médica, el cambio climático y la construcción de infraestructura resiliente. Sin embargo, cualquier propuesta ambiciosa inevitablemente se topa con el rumor de cómo encontrar el dinero para pagarla, enraizada en los mitos sobre los déficits que nos obstaculizan como país.

Kelton rompe los mitos que nos impiden tomar medidas: que el gobierno federal debe presupuestar como si fuera un hogar, que los déficits dañarán a la próxima generación, que los déficits desplazarán la inversión privada y socavarán el crecimiento a largo plazo, que los derechos nos están impulsando hacia una grave crisis fiscal.

La TMM, como muestra Kelton, cambia el terreno de juego de las preguntas presupuestarias estrechas por otro de beneficios económicos y sociales más amplios. Con sus nuevas e importantes formas de entender el dinero, los impuestos y el papel crítico del gasto deficitario, la TMM redefine cómo usar nuestros recursos de manera responsable para que podamos maximizar nuestro potencial como sociedad. La TMM nos da el poder de imaginar una nueva política y una nueva economía y pasar de una narrativa de escasez a una de oportunidad.

Agustín Mario, profesor de la Universidad de Moreno, aborda, a partir del estudio de la estrategia para luchar contra la pobreza en la Argentina durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la idea de colocar al Estado como Empleador de Última Instancia (ELR, por su sigla en inglés). Su obra Teoría del Dinero Moderno y Empleador de Última Instancia es la primera que se publica en Argentina desde la perspectiva de nuestra escuela de pensamiento económico.



Si bien la literatura económica tradicional ha puesto en duda la viabilidad económica de un programa de esta naturaleza por su costo fiscal; y porque aún si se pudiera pagar –o si se financiase mediante un déficit fiscal-, un programa ELR sería inflacionario; el autor realiza un minucioso abordaje sobre las fortalezas y debilidades de un programa de esta naturaleza.

Con sustento en dichos análisis, el profesor MARIO, propone como alternativa beneficios de una garantía de empleo que podría lograrse a través de un Programa de Empleador de Última Instancia, brindando un aporte sustancial, desde el enfoque de la Teoría del Dinero Moderno (MMT por su sigla en inglés).

Pavlina Tcherneva, profesora asociada de Economía de la Bard College e investigadora del Levy Economics Institute, publica The Case for a Job Guarantee. Aunque aún no está disponible en las librerías, se espera que salga en las próximas semanas.


Una de las ideas más duraderas en economía es que el desempleo es inevitable y necesario para el buen funcionamiento de la economía. Este supuesto ha cubierto los devastadores costos sociales y económicos de la inseguridad laboral. También es falso.

En este libro, la experta de referencia, Pavlina R. Tcherneva, nos reta a imaginar un mundo donde el fantasma del desempleo se destierre y cualquiera que busque un trabajo digno y con un salario digno puede encontrarlo, garantizado. Este es el objetivo de la propuesta de Garantía de Empleo: proporcionar una oportunidad de empleo voluntario en el servicio público a cualquiera que lo necesite. Tcherneva enumera las muchas ventajas de la Garantía de empleo sobre el status quo y propone un plan para su implementación dentro del contexto más amplio de la necesidad de un New Deal verde.

Este manual básico es la guía definitiva de los beneficios de una de las políticas públicas más transformadoras que se discuten hoy. Es una lectura esencial para todos los ciudadanos y activistas apasionados por la justicia social y la construcción de una economía más justa.
Desde Red MMT felicitamos a los tres autores. La TMM está de enhorabuena.

miércoles, 13 de mayo de 2020

Soberanía (monetaria) o barbarie

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el 12/05/2020

No se puede escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando se intenta, las motivaciones no suelen ser inocentes y las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta esquizofrenia monetario-fiscal suele ser una estratagema para limitar el poder del Estado sometiéndolo a instancias no democráticas.


La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado pero también en la jerarquía de Estados. El diseño de los mecanismos de creación y destrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre su distribución en la sociedad.

En el Estado capitalista se concede una licencia a las entidades bancarias, frecuentemente privadas, para que operen otro circuito monetario que se apalanca sobre el dinero del Estado. Éste se inicia con la concesión de crédito, lo cual implica la creación de depósitos o dinero bancario en el mismo acto, y se cierra con la amortización de los préstamos. Este mecanismo otorga un inmenso poder a la clase capitalista pues le permite decidir qué recursos se movilizan y qué actividades económicas se realizan. Pero al mismo tiempo, el sistema financiero capitalista genera inestabilidad pues encadena ciclos especulativos con prolongados períodos de depresión. El Estado capitalista crea grupos privilegiados con mejor acceso a la moneda para facilitar el proceso de acumulación.

El Estado, dotado de soberanía monetaria, puede compensar la inestabilidad del sistema financiero con una estricta supervisión bancaria y actuando de forma anticíclica gracias a su capacidad ilimitada de emisión que le permite pagar los “platos rotos” cuando una burbuja se pincha. Como dice Warren Mosler, no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que no pueda ser resuelta con un déficit lo suficientemente amplio. Sin el sustento de las instituciones monetarias y fiscales del Estado capitalista, el circuito monetario bancario sería mucho más inestable y quizás inviable. Escindir el circuito monetario-fiscal sirve para debilitar el control democrático sobre el sistema financiero y acentuar la inestabilidad financiera.
Solo quien ignora esta naturaleza dual de nuestro sistema monetario y fiscal podría haber diseñado la unión monetaria europea. En esencia, la eurozona ha demostrado ser un torpísimo experimento de esquizofrenia monetario-fiscal que ha socavado el control democrático y nos ha incapacitado para responder a las crisis financieras y económicas. No hacía falta más que mirar al continente africano donde la más antigua unión monetaria, la del franco CFA, ha sojuzgado a las antiguas colonias francesas condenando a su población a buscarse un futuro abriéndose las carnes en las concertinas de Ceuta y Melilla o afrontando una peligrosa travesía en patera.

La pandemia de la covid-19 y sus secuelas económicas van a exponer en toda su crudeza la pérdida de soberanía democrática y capacidad de respuesta de nuestro Estado. El euro nos hará más parecidos a esos Estados fallidos anclados en el subdesarrollo y menos a esos estados del Norte de Europa que ansiábamos ser.

La pandemia global ha sido como una bofetada a toda la sociedad. Todos recordaremos la experiencia de haber vivido bajo confinamiento durante dos meses; la pérdida de seres queridos; o el trauma de haber perdido empleos y negocios. La pandemia nos deja un legado sombrío en lo económico. Como en el mito de Sísifo, cuando ya creíamos que podríamos superar la tasa de desempleo anterior a la crisis de 2008, la piedra ha caído rodando hasta el fondo. Tendremos que empezar a empujar la piedra con una tasa de paro que fácilmente se nos irá a más del 20%. En España es probable que una de cada tres personas en edad de trabajar hoy no tenga empleo.

La pandemia ha reinfectado la herida mal cicatrizada que dejó la crisis de 2008. Es cierto que otros países van a experimentar una recesión importante que quizás devenga en gran depresión. Pero pocos serán tan azotados como las grandes economías del Sur europeo. Las tres penínsulas meridionales se han convertido en los enfermos de Europa. Desde la anterior crisis económica, su crecimiento económico ha tenido poco lustre. Las políticas de austeridad y devaluación interna han erosionado su cohesión social, han debilitado la capacidad de actuación de sus estados y han cegado cualquier ruta de desarrollo industrial o económico que no sea la mera repetición de viejos tropos de un tejido económico obsoleto, productor de un valor añadido menguante. Altas tasas de desempleo y emigración son los precios que, sobre todo, están pagando los jóvenes.

No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional. Nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. Comprometimos así la capacidad de controlar el sistema financiero ya que carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. Tras la pandemia volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada.

La crisis es pues estructural y se comprende mejor como parte de un proceso secular de concentración del poder económico en el Norte de Europa. Estamos condenados a convertirnos en una periferia cada vez más irrelevante. La pandemia es solo un factor acelerador de este proceso irreversible de decadencia.

Nuestras élites, apocadas y serviciales con el hegemón europeo, se sienten incapaces de encontrar dentro de sí mismas las soluciones para impulsar una respuesta. El armazón institucional europeo es una camisa de fuerza que no ofrece alternativas. El artículo 135 de la Constitución Española exige que nuestras cuentas públicas tengan un saldo inferior a un déficit estructural equivalente al 0,40% del PIB. Resulta bizarra una exigencia legal que condiciona un saldo contable de las cuentas públicas a una cifra imaginaria pues ese déficit estructural corresponde al que nuestra economía tendría teóricamente en una situación de pleno empleo. El problema es que para calcular este déficit estructural se emplea otro concepto igualmente inaprehensible llamado tasa “natural” de desempleo. El bizantino diseño de las reglas fiscales europeas ha trocado objetivos reales por otros imaginarios: ya no se busca el pleno empleo o el desarrollo económico sino cuadrar un saldo contable. Este año las autoridades europeas permitirán un breve paseo por el patio de la cárcel pero pronto tendremos que retornar a la celda.

Sánchez y sus ministras no pueden ignorar que su éxito electoral depende de una buena gestión de la crisis pospandémica. Saben también que necesitan más fondos para gestionar los escudos sociales y programas de reconstrucción que evitarían la ruina de este país. Pero sin soberanía monetaria no podemos crearlos, tenemos que conseguirlos de alguna fuente externa y eso nos reduce a la posición del mendigo.

Una opción es aplacar al “dios Mercado” pero será imposible presentar unas cuentas “saneadas” que haga atractivas nuestras emisiones de deuda pública. De allí el interés en resucitar los eurobonos, recientemente rebautizados como ‘coronabonos’, que consisten en emisiones mutualizadas de la deuda de los países del Sur, percibidos como menos solventes, y la deuda de los países del Norte con cuentas públicas más saneadas. Los países del Norte se han negado a complacer a Conte y Sánchez. Parece aún más inverosímil que tal propuesta salga adelante si tenemos en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca de las operaciones de compra de deuda por el sistema de bancos centrales europeos. El Norte quiere nuestros mercados pero no quiere crear mecanismos redistributivos que hagan sostenible el desequilibrio comercial.

Los países septentrionales, menos afectados por la covid-19, nos han ofrecido una propina: unos préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Conviene aclarar que todos los países de la zona euro contribuyen a los fondos de los que salen los préstamos, incluidos Italia y España, en función de una clave de reparto. El fondo dotado para cubrir solo gastos sanitarios derivados de la pandemia asciende a 240 mil millones de euros a los que España aporta en proporción a la ponderación de su PIB dentro de la eurozona. Se estima que podría solicitar hasta el equivalente del 2% de su PIB o unos 24.000 millones €. Teniendo en cuenta que tendremos que aportar el 11,9% de los fondos, no acierto a ver dónde está el negocio para España, sobre todo si tenemos en cuenta la condicionalidad que implicarán en el futuro.

Es cierto que nos han dicho que este año no habría condicionalidad pero no olvidemos que se firma un memorando de entendimiento con potencias foráneas. Es probable que el Gobierno de España acepte esta oferta de rescate que socavará nuestra soberanía en perjuicio del Parlamento que debería ser la única instancia en la que se acordaran nuestros límites de gasto público. Recordemos que, en caso de que hubiera que renegociar condiciones con los acreedores de la deuda pública española, podría ser el MEDE quien se convirtiera en nuestro representante ante los acreedores en lugar del Gobierno de España. En todo caso, este instrumento no empieza a cubrir las necesidades financieras de un verdadero plan de reconstrucción económica.

La opción más acertada, dentro del marco de la eurozona, sería recurrir a la facilidad que ha ofrecido para este año el Banco Central Europeo (BCE) que ha anunciado que compraría hasta 750 millardos de euros de títulos de deuda pública. Este programa permitiría colocar las emisiones de deuda pública española sin muchas dificultades en el mercado primario pues los operadores sabrían que al día siguiente el BCE estaría dispuesto a comprar gran parte de ella.

Sin embargo, nuestra democracia también queda en suspenso si aceptamos esta oferta. En esencia, se nos dice que nuestros niveles de gasto público y endeudamiento pueden ser mayores o menores en función de la opinión o el humor de los responsables del emisor de la zona euro, una entidad independiente de los Estados. La cuestión no es trivial. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Alemania, en un pronunciamiento de un caso sobre las competencias del BCE iniciado por conservadores de ese país, exigió al BCE que justificara su programa de compra de activos. El Constitucional alemán considera que la respuesta que le dio hace dos años el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) no era clara y por tanto ha interpelado al BCE directamente. También han ordenado al Bundesbank que deshaga sus posiciones en títulos de deuda púbica adquiridas dentro de los programas de compras de activos del BCE. Son más de 500 mil millones de € cuya súbita salida al mercado elevaría primas de riesgo y trastocaría los mercados de deuda. El caso pone de relieve la posición subalterna de países como España. Los conflictos de competencias que se están dirimiendo entre el TJUE y el tribunal alemán nos exponen a una crisis financiera que amenaza la viabilidad de nuestros planes de rescate.

Salir de la crisis pospandémica requerirá movilizar todos aquellos recursos que el sector privado, en este momento, no desea o no está en condiciones de movilizar. Cuando acabe la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. Sin duda, el Estado podría movilizar a una parte de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la demanda predecible que requiere el sector privado invitándolo a participar en proyectos dirigidos a conseguir una transformación de nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado.

Las tres soluciones para el reto de financiar un plan de reconstrucción —coronabonos, MEDE, programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español. Todas exigen el plácet de los mercados financieros, de potencias extranjeras o de un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes.

Bastaría con tener un banco central propio, un plan de desarrollo ambicioso y la determinación de llevarlo a cabo para convertir a España en uno de los más prósperos países del planeta. Pero tal osadía no está en los planes de nuestro gobierno ni de los partidos políticos.

Hace décadas que las élites de este país decidieron renunciar a gobernarnos y prefirieron entregarles a otros la soberanía. Les resultó conveniente desmantelar el sector público empresarial e iniciar un proceso de ‘modernización’, el eufemismo para referirse a un conjunto de reformas estructurales que liberalizan los mercados y suprimen derechos de trabajadores. El proyecto europeo sirvió de meta y justificación de lo que las élites querían para este país. Eso suponía someter nuestra política económica a la voluntad de potencias de mayor rango y conformarse con aceptar un papel subalterno en Europa, integrando nuestras empresas en las cadenas de valor europeas en escalones intermedios o bajos. La pérdida de soberanía se completó con la entrega de nuestra divisa y la renuncia a un banco central propio y se disimuló con la elección de diputados a un Parlamento europeo que actúa como mero sancionador de las decisiones que toman los Estados hegemónicos.

La sociedad española ha pagado un altísimo precio en términos de bienestar, oportunidades profesionales y desarrollo económico. Las instituciones europeas no gobiernan en pro del pueblo español sino a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas. La primera gran recesión de este siglo, con el giro a la austeridad impuesto en 2010 desde Bruselas, Fráncfort, París y Berlín, debió dejar esta realidad meridianamente clara.

Las élites españolas se han convertido en los mayorales de la finca germánica. No son capaces de concebir ninguna solución que no provenga de sus superiores jerárquicos. Para los políticos españoles las soluciones a nuestros problemas sólo pueden proceder de una potencia extranjera. La actitud suplicante, las apelaciones a la solidaridad entre países que comparten un proyecto europeo, concluyeron con los humillantes comentarios de los holandeses cuyo primer ministro prefiere contentar a un pueblo que busca en nosotros el chivo expiatorio para los daños causados por el neoliberalismo.

El tribunal alemán ha demostrado que su país es capaz de apretar el detonante de la disolución del euro si interesa a sus élites. En Alemania se está desarrollando una batalla entre ultraconservadores hostiles al euro, con creencias erróneas sobre la función de la política monetaria y mitos arcaicos sobre el ahorro, y oligarcas exportadores, que conocen que su éxito comercial depende de seguir explotando los mercados del Sur para lo que necesitan la moneda común. La batalla sin duda se saldará a favor de éstos, por ahora, y la moneda común durará mientras estos mercados se puedan seguir explotando. Pero lo que nunca permitirán las élites alemanas será el desarrollo de un competidor en el Sur.

Desde la Asociación Red MMT hemos emitido un Manifiesto con cinco propuestas que serían eficaces para sacarnos del marasmo de normas fiscales. Su aplicación requiere de un ejercicio de soberanía. Solo falta la voluntad de erguirse del pueblo español y, sobre todo, de sus dirigentes.

jueves, 9 de abril de 2020

O plan de reactivación o gran depresión

Juan Carlos Barba
Juan Laborda
Stuart Medina


Inicialmente publicado el 31 de marzo de 2020 en el blog de Juan Carlos Barba Gráfico de la Semana.

Uno de los ejercicios más difíciles y recurrentes que hemos observado en las últimas semanas es adivinar el impacto de la pandemia Covid-19 en la economía global y en la de cada uno de los países. Algunas pecan de optimistas, mientras que otras dibujan un panorama desolador. Hay que reconocer que el ejercicio es complicado, porque nadie ha vivido algo semejante y todavía no disponemos de las estimaciones de la contabilidad nacional. Sin embargo, los indicadores adelantados no son nada alentadores.

China, que empezó a tomar medidas de reclusión en enero, ha experimentado una caída en los índices de producción industrial de enero y febrero del 15%, y otros índices de actividad productiva sugieren caídas no menores al 6-8%. Recordemos que allí solo se cerró completamente una provincia, mientras el resto del país seguía produciendo.

Pero en Europa cada país ha tomado decisiones unilaterales, cerrando casi todos ellos sus fronteras. En pocas semanas, el cierre será total en todo el continente. Para Alemania, Heiner Flassbeck y Friederike Spiecker prevén caídas del 14% en el PIB para este año. En EEUU, distintos bancos de inversión proyectan una caída del 6% en el primer trimestre y del 24 al 30% en el segundo. Allí, las solicitudes de prestación de desempleo han llegado a 3,3 millones la semana pasada.
Para España, tampoco pintan bien las cosas. Los autores de este artículo hemos hecho un ejercicio de estimación a partir del inventario de daños que ya conocemos. El sector de turismo y hostelería está completamente cerrado, así que esperar caídas en la producción superiores al 90% por mes de confinamiento no resulta osado. Gran parte del comercio minorista, excluyendo las ventas de alimentos, farmacias y estancos, también ha echado la persiana, cegando el canal minorista de la mayoría de las empresas industriales. No resulta aventurado estimar caídas de producción del 15% por mes de cierre. La construcción, otro sector relevante de nuestra economía, pudo seguir durante dos semanas después de decretado el estado de alarma y se paralizó esta misma semana. Todos los espectáculos, cines, teatros y recintos deportivos llevan cerrados desde mucho antes. El transporte aéreo está interrumpido y gran pare del transporte terrestre también.

Recurriendo a las tablas 'input-ouput' de la economía española, que lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística no mantiene muy al día, pues solo disponemos de las de 2016, podemos prever una caída de la producción del 9% en el primer trimestre y superior al 30% en el segundo trimestre. En términos de PIB a precios corrientes, proyectamos una caída del 8% el primer trimestre y del 27% si el cierre se prolongara hasta mayo. Véase en el cuadro 1 la desagregación, desde el lado de la oferta, para los dos primeros trimestres del año y todo 2020. Hemos ignorado escenarios peores, tales como un alargamiento del confinamiento hasta junio o un retorno de la pandemia en otoño. No creemos que el incremento del gasto sanitario y el mayor consumo de servicios de telecomunicaciones e informática vayan a compensar estas caídas. Tampoco hemos podido incorporar el impacto de un comercio exterior, que se ha enfriado, ni el derrumbe de la inversión.



 Cuadro 1.- Estimaciones PIB nominal dos primeros trimestres del año y todo 2020.

Las comparaciones con una guerra no parecen muy afortunadas. No estamos experimentando una destrucción del capital físico ni pérdida masiva de personas en edad de trabajar para el tejido productivo. En el año 1940, John Maynard Keynes publicó un opúsculo titulado “Cómo pagar la guerra”, donde trataba de responder al reto de movilizar y redirigir todos los recursos de la economía británica para el esfuerzo bélico asegurando un mínimo estándar de bienestar para los hogares. Pero el problema de ahora es el contrario: cómo desmovilizar prácticamente toda nuestra economía y conseguir que arranque después del estado de alarma. Cuando pase la pandemia, el capital productivo y la fuerza de trabajo seguirán allí, intactos y esperando a ser movilizados. El que la recesión tenga forma de V, de U o de L dependerá en gran parte de los planes económicos del Gobierno.

Calviño, 'read my lips', TMM, 'there is no alternative'

El problema es que tenemos nuestro primer ministro holandés instalado en nuestro país desde hace décadas. Son todos aquellos cuyo único objetivo económico es hacer cumplir los criterios de Maastricht. Son todos y cada uno de los ministros de Economía con los que ha contado el Reino de España a lo largo de nuestra democracia, soportados por las redes de poder que manejan los hilos desde la Restauración. Y ahora el problema se llama Calviño.

Desde un principio, había una solución óptima para todos. La hipótesis era muy sencilla, dos meses de confinamiento total, pero soportando con dinero público las rentas de los trabajadores y los costes fijos de las empresas. Lo del confinamiento total con permisos retribuidos recuperables es una broma, es no entender que van a caer miles de empresas porque la demanda no se desplaza a placer automáticamente. Una alternativa, el modelo danés, salvar las pymes a toda costa, parafraseando el acertado titular de un análisis reciente. Se trata de una ayuda directa a las empresas, que serán las que recibirán la compensación y pagarán las nóminas, sin ninguna rebaja en el sueldo. En el caso general, el Estado pagará el 75% del salario y el 25% la empresa, pero con un máximo mensual entre 3.100 y 3.500 euros. Obviamente, aquí esos niveles serán muy inferiores, por nuestra estructura salarial. Pero topamos con nuestro primer ministro holandés, todos y cada uno de nuestros ministros de Economía, ahora Calviño.

No, esto no va de coronabonos, porque no va de confianza de los mercados, vía mutualización de la deuda. El Banco Central Europeo puede hacer lo que quiera con los tipos de interés, con las curvas de deuda, repito, lo que le dé la gana. Los manuales de 'money and banking' que se usan en las facultades son inservibles. El dinero es endógeno y los tipos de interés, cuasi-exógenos. No, esto no va de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad para que después nos impongan condiciones draconianas en términos de salarios y gasto público, que nos empobrezcan como sociedad. Solo hay una alternativa, la monetización directa, que es lo que acabarán haciendo las naciones libres con soberanía monetaria. O la propuesta del BCE. Esta supone un mecanismo tortuoso, pero tiene el mismo efecto que el de un soberano monetario que puede disponer de un descubierto en su cuenta del banco central.

El Banco Central Europeo anunció un Programa de Compras para la Emergencia de la Pandemia por importe de 750.000 millones de euros, sin exigir que los Estados miembros se comprometan a alcanzar el equilibrio presupuestario, y por lo tanto invitándoles a gastar mucho más y dejar que sus déficits aumenten. Solo hay una pega a este mecanismo, y es que el respaldo del BCE debería ser de por vida, porque si fuera temporal, y en un momento determinado dejaran de darlo, nuestra deuda sería impagable. Úsenlo, ministras Montero y Calviño, porque si no el destrozo social, económico y moral de nuestro país será insoportable. Y nuestras previsiones se quedarán cortas. Si además no presentan un New Deal para después, la derrota electoral de la izquierda será definitiva y llegará al poder la ultraderecha.

Estamos ante una UE a la que se le ven las costuras de una impostura, de un pretender defender el valor republicano de la fraternidad pero que a la hora de la verdad defiende la ley del más fuerte, en este caso Alemania y sus satélites. Es por ello que los países del sur de Europa deberíamos exigir a la UE que se nos trate no como Estados vasallos cuyos ciudadanos tienen menos derechos que los del norte sino como iguales. Y si no resulta así, es nuestro derecho el no aceptar esa situación de sumisión. Porque entonces significará que la eurozona en realidad ha sido nada más que un montaje que ha permitido a la industria exportadora alemana expandirse hasta límites que jamás hubieran sido posibles si Alemania hubiera permanecido con su propia moneda, aislada como Estado-nación, y por tanto con unos tipos de cambio mucho más altos.

Nos preguntamos qué les ocurre a las élites españolas para aceptar tal situación. Posiblemente, para encontrar la respuesta haya que retroceder hasta 1953, cuando la soberanía nacional se vendió a trozos a cambio de que el Imperio (los EEUU) permitiera que el dictador muriera en la cama 22 años después. Y a que ese mismo Imperio, temeroso de que la URSS convirtiera España en un satélite suyo, arbitrara una reforma en que las estructuras de poder fundamentales pervivieran y a cambio se estableciera una democracia limitada, con una izquierda totalmente domesticada, una derecha genuflexa y unos medios de comunicación en su inmensa mayoría al servicio del 'statu quo'. Unas élites que venden a los ciudadanos españoles al mejor postor a cambio de asegurar sus privilegios.
Cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador, y tras el batacazo inmenso de 2007-2013, nos hemos chocado con los problemas que ocasiona una democracia limitada, corrupta y dirigida por intereses bastardos ajenos al bien común. Esperemos que si algo bueno puede salir de esta tragedia que hemos empezado a vivir sea el que nos podamos sacudir de una vez las cadenas, romper con esta excrecencia del Antiguo Régimen que es en realidad el Régimen del 78, y ser capaces de emprender una nueva era de democracia plena y al servicio de todos.


sábado, 4 de abril de 2020

La teoría moderna de la moneda en tiempos de pandemia

Nuestros oponentes suelen caricaturizar la Teoría Moderna de la Moneda con la imagen de que queremos imprimir billetes y reproches de que causaríamos una hiperinflación. Es un tropo cansino que delata una pobre comprensión tanto de la TMM como de los fenómenos de hiperinflación.
Se suelen acompañar estas críticas infantiles con referencias inevitables a Venezuela, Weimar, Zimbabue o cualquier otra economía disfuncional con tejidos productivos destrozados y políticas de anclaje de la moneda a la divisa de potencias extranjeras y emisiones de deuda en dólares u otra divisa de reserva internacional que estos países no emiten.

La TMM no tiene nada que ver con eso. Nuestra preocupación no es imprimir billetes sino ilustrar la capacidad que tiene el monopolista de la divisa para gestionar una situación de crisis, capacidad intencionadamente capada por el neoliberalismo.

Curiosamente ahora es cuando es más necesaria una comprensión de la TMM porque observamos en nuestras economías fenómenos que podrían desencadenar un fenómeno inflacionista. Siempre hemos dicho que en la raíz de todo fenómeno hiperinflación hay un colapso previo de la producción. Pues bien, este momento es ahora. Por culpa del COVID-19 la producción está detenida o reducida en muchos países. En este momento una cuarta parte de los trabajadores españoles está en su casa sin producir. Según la estadística que publicó anteayer el INE, había 832.000 trabajadores menos, más de 300.000 nuevos demandantes de empleo (cifra promedio de marzo que no refleja el impacto pleno del descalabro de la segunda mitad del mes). Se habían reconocido 600.000 bajas temporales o reducciones de jornada y por lo visto hay unas 2 millones de bajas solicitadas en ERTE que aun no han sido tramitadas. En un ejercicio de simulación reciente utilizando tablas input-outpu (que explicaré en otro post) he previsto una caída de la producción para este trimestre superior al 35%.

Salvando algunas tensiones en algunos productos básicos, material sanitario y servicios funerarios, hasta ahora no se han observado grandes tensiones inflacionistas. Además el precio del petróleo se ha hundido recientemente por un exceso de oferta y la caída de la demanda en muchos mercados.
El hecho de que los hogares no puedan gastar más que en lo básico -la gente está encerrada en sus casas y muchos comercios han echado la persiana- y que las rentas de muchos se hayan hundido explica que no se observen tensiones inflacionistas. Además la capacidad de negociar subidas salariales de los trabajadores es mínima.

Sin embargo, hay muchas presiones para que se den rentas mínimas a las víctimas de la pandemia. Esto, durante el período que dure el confinamiento es de justicia. Pero, si se continuaran pagando después del estado de alarma podría ser un factor inflacionista.

Desde la TMM hemos explicado que el valor de la moneda queda determinado por aquello que tienes que sacrificar para conseguir una unidad monetaria adicional. (Obviamente para Florentino Pérez y otras personas cercanas al poder ese sacrifico es bajo mientras que para un mendigo ese valor empieza a aproximarse al infinito. Pero éste es otro debate sobre la igualdad que ahora no quiero abordar). Una renta mínima inyecta dinero en la economía pero, a cambio, el perceptor no entrega ningún servicio o producto. Por eso tiene el potencial de ser inflacionista. Si no tienes que entregar nada a cambio de conseguir una unidad monetaria su valor empieza a aproximarse a 0.

Obviamente, mientras el número de perceptores sea una fracción de la población y haya un excedente de producción importante no hay por qué preocuparse. El sistema de pensiones públicas para personas jubiladas o incapacitadas que no pueden o no deben trabajar es un buen ejemplo. En este caso la entrega de una renta es un sistema de redistribución de un excedente productivo que no es inflacionista porque existe suficiente producción y el número de perceptores no detrae de la fuerza de trabajo disponible. De hecho, nuestra economía es tan productiva que apencas se ha notado que una cuarta parte de la fuerza de trabajo esté encerrada en su casa sin producir lo cual demuestra que una gran parte de las tareas a las que nos obliga el sistema capitalista de plan central son prescindibles. (Cuando pase la pandemia tendríamos que repensar el tiempo que dedicamos al trabajo).

Pero si salímos de ésta situación con 2 ó 3 millones de parados percibiendo una renta mínima y no conseguimos que la economía arranque y se ponga a producir entonces sí que podríamos tener un problema.

Desde la TMM llevamos pidiendo un plan potente de recuperación de nuestra economía desde hace dos semanas. Hemos pedido planes de empleo garantizado por ejemplo para dar cobertura al sistema sanitario: fabricar mascarillas, respiradores, etc. Mejor que importar ese material, ya que tenemos capacidad productiva ociosa, con inversiones públicas directas si fuere necesario. Si ahora hay tensiones inflacionistas es en determinados sectores como el sector sanitario o el funerario. Hoy leía que las temporeras marroquíes no podían llegar a los campos de fresa de Huelva lo cual podría encarecer ese producto temporalmente. Son shocks de oferta y demanda de corta duración que no entrarían en la definición de inflación (una depreciación constante en el tiempo del valor de la moneda). Pero sí se pueden atender estos cuellos de botella con iniciativas desde el Estado sin excluir una participación del sector privado pero con un claro liderazgo público.

Para después de la pandemia hemos planteado la necesidad de un programa de compras e inversión pública ( no avales y mandangas similares) para generar una demanda que reactive la economía con rapidez. La crisis ha revelado carencias graves en la capacidad de nuestro sistema sanitario. Tenemos que ampliar su capacidad para que esté bien dimensionado para cualquier urgencia sanitaria del futuro. La crisis del COVID-19 ha revelado que un sistema de salud pública debe contar con sistemas redundantes del mismo modo que los ingenieros saben que un avión debe tenerlos para que sea seguro. Incluso habría que plantear la necesidad de nacionalizar algún sector estratégico que no sea viable financieramente tras esta crisis.

Venimos reclamando una política industrial desde hace una década para que la economía española dependa menos de sectores estacionales, creadores de empleo temporal y muy cíclicos ( turismo, construcción, economía de contenedores). España optó por un camino equivocado en los años 80: entrar en la Comunidad Económica Europea aceptando el desmantelamiento de su industria a cambio de dádivas de los europeos del Norte que así se apropiaban de las cuotas de mercado de nuestro sector empresarial. He explicado en otros posts (aquí por ejemplo) que Corea del Sur, un país de tamaño similar al nuestro, optó por un modelo basado en políticas industriales mucho más exitoso.


El peor escenario es una economía parada, empresas que no contratan ni producen y personas desempleadas cobrando una renta mínima gastando en productos que nadie fabrica. Creo que es un escenario improbable y que no habrá hiperinflación porque el tejido productivo seguirá intacto y las personas también. Es cuestión de poner en marcha ese aparato productivo. Un fenómeno de hiperinflación es más probable tras un conflicto bélico. Pero no descartaría alguna tensión inflacionista.

Ahora bien, el miedo a la inflación no debe utilizarse como excusa para dejar tirada a la gente.
Lo que exigimos es que se asegure una renta incondicional durante la pandemia para que nadie se quede tirado ahora. Y un buen plan para poner en marcha la economía sabiendo que el turismo saldrá muy tocado.


Para después de la pandemia hemos pedido un plan de trabajo garantizado. ¿Para qué? Para que la economía se ponga a producir rápidamente servicios que puedan ser útiles para la sociedad y la gente tenga una renta para gastar. Y para tener un potente instrumento anticíclico en el futuro. El trabajo garantizado sería un puente a una actividad en el sector privado cuando éste se ponga en marcha otra vez. Se podrían priorizar servicios cuyo funcionamiento quedó interrumpido por el COVID19 y tengan dificultades para regresar a la normalidad.
 
A largo plazo nos gustaría que el Gobierno desarrollara un plan quinquenal para superar la dependencia patológica de un sector tan frágil como el turismo y mejorar la robustez de nuestra economía; con inversiones públicas, si fuere menester.

Espero haberos convencido que la máquina de imprimir billetes y el helicóptero monetario no son las propuestas de la TMM sino la preocupación por la economía productiva real. Los que decís que la TMM es imprimir billetes estáis equivocados. La TMM aporta una óptica para analizar fenómenos como la crisis actual, identificar dónde están los problemas y saber dónde poner las prioridades.

Esto es la antítesis del pensamiento económico convencional -neokeynesianos, neoclásicos de diverso pelaje y austríacos- que está desbordado y superado desde la crisis de 2008 y ahora está cortocircuitado. Había desechado la política fiscal y confiaba sólo en la política monetaria. Era un martillo para el cual todo era clavo. Su única propuesta era llevar los tipos de interés o incluso hacerlos negativos y, cuando se metieron en su trampa de liquidez, empezar a comprar activos desde el banco central. De seguir así acabarán comprando toda la deuda pública y nacionalizando todas las grandes empresas, un escenario que no me molesta demasiado pero parece una forma de proceder bastante disfuncionla que demuestra la indutilidad de esos paradigmas.

La TMM, en contraste, pone el énfasis en la política fiscal. La diferencia entre la TMM y el mainstream está muy clara. Para el mainstream la principal recomendación política es que el Estado esté secuestrado por una mañana de normas institucionales autoimpuestas (la regla de gasto, los límtes de deuda y déficit, los bancos centrales independientes, las agencias independientes de responsabilidad fiscal y otras semejantes) para que gaste menos de lo necesario cuando les va bien; un chorreo de dinero cuando les va mal (por ejemplo para rescatar bancos). Desde la TMM proponemos otras políticas: pensamos en qué necesitamos hacer, analizamos qué recursos reales existen disponibles existen y, luego, gastamos lo que sea necesario para conseguirlo.