Las reivindicaciones de Red MMT para las elecciones generales de 2019 – Parte II: las exigencias de Red MMT

El diagnóstico que realizamos sobre el panorama político y económico actual es lóbrego (http://www.redmmt.es/las-reivindicaciones-red-mmt-las-elecciones-generales-201-parte-i-gran-vacio/). Pero eso no quiere decir que nos resignemos a no ofrecerles propuestas valiosas y potentes recomendaciones a nuestros apocados partidos políticos. La capacidad descriptiva de la TMM es mucho más cercana a la realidad institucional contemporánea y su registro de aciertos predictivos es superior al de un mainstream intelectualmente amortizado que no supo avizorar la inminente crisis financiera de 2007. Por ello podemos aportar una renovación de los programas económicos desde una óptica progresista que ayude tanto a cercenar el auge de las ultraderechas como a arrestar la decadencia de los partidos de izquierda europea.

No por casualidad, desde el éxito electoral de Alexandria Ocasio-Cortez, en los EEUU, hemos recibido una furibunda andanada de críticas desde los economistas mainstream. No nos preocupa; es la confirmación de que empiezan a tomarnos en serio y de que ya no pueden permitirse ignorarnos. Sabemos que en España el escrutinio al que se nos someterá no será tan atento como en los EEUU. Aun así Red MMT cree importante dar a conocer nuestras exigencias para un programa de gobierno; aquél que merecería nuestro apoyo. Aclaramos que actualmente no lo asume ningún partido entre los contendientes. Pero es importante abordar un incipiente debate público con una alternativa radical. Parte de las propuestas aquí avanzadas se recogen con mayor detalle en el libro El Leviatán Desencadenado (Medina Miltimore, 2016).

Nuestra primera reivindicación es someter la política económica al control de instituciones democráticamente elegidas. Esto significa que España debería recuperar su soberanía monetaria. Además, la independencia del Banco de España sería revertida y su gobernador debería responder ante las Cortes. Sus objetivos se limitarán a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pagos, establecer permanentemente los tipos de interés en el 0% y supervisar el sistema bancario. Nada más. La capacidad de la política monetaria de influir en el nivel de precios y del empleo es tan solo una fantasía mainstream.

Asimismo repudiamos las censuras previas a los presupuestos generales del Estado de ninguna Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal que ni es independiente ni es responsable. El gobierno debe ser el único competente de ejecutar un presupuesto que debe ser sometido a la aprobación exclusiva de las Cortes, sede de la soberanía nacional, sin interferencias de organismos multilaterales cuyos intereses están más alineados con oligarquías capitalistas.

El objetivo de la política presupuestaria no sería equilibrar el saldo entre el dinero introducido en la economía española mediante el gasto público y el destruido mediante impuestos. Los impuestos en un estado que disfruta de soberanía monetaria desempeñan una función distinta a la comúnmente imaginada. El estado emisor de moneda no necesita nuestro dinero para financiarse. La función de los impuestos no es financiar a un estado que siempre puede crear dinero de la nada sino crear demanda por la moneda emitida por el estado. Esto obliga a revisar la forma en que entendemos la responsabilidad fiscal. Desde una aproximación funcional de la hacienda pública la política fiscal debe juzgarse por sus efectos en el empleo y la estabilidad de precios y los saldos de las cuentas del estado central pierden la relevancia que se le ha asignado en los tratados europeos que han establecido un límite de déficit fiscal.

Esta intuición fundamental nos permite replantar nuestro modelo tributario para perseguir otros fines socialmente deseables. Nos repugna que el peso de la recaudación recaiga desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo desincentivando una actividad fundamental para el ser humano. Debido a que el mayor problema actual de la economía española es la elevada tasa de desempleo el estado debería reducir drásticamente el impuesto sobre la renta del trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social. Advertimos también cómo la imposición directa se ha hecho menos progresiva en las últimas décadas privilegiando en exceso las rentas del ahorro en detrimento de las rentas del trabajo, sobre todo las de las clases populares. Por este motivo propondremos un impuesto más progresivo, más alto para las rentas más elevadas y para las rentas del ahorro y significativamente reducido para las rentas más bajas. Creemos que el IVA, la figura tributaria más regresiva, debería ser suprimido y sustituido por impuestos sobre el suelo que desincentiven la malsana tradición de especulación inmobiliaria.

La perspectiva de la hacienda funcional permite poner el énfasis del diseño de las figuras tributarias en el desincentivo de determinadas actividades consideradas perjudiciales o negativas para la sociedad o el medio ambiente. Ejemplos de tales actividades son la compra y tenencia de vehículos de gran cilindrada, la ocupación del espacio ostentosa y el deterioro de los paisajes y el medio ambiente. Asimismo el estado debe introducir un sistema de imposición que capture parte del valor creado por él mismo. Numerosas actividades privadas se benefician de inversiones del estado o de decisiones administrativas. Estas entidades y personas están obteniendo beneficios extraordinarios gracias al esfuerzo colectivo y parece justo exigir que una parte sea retornada a la colectividad. Ejemplos de tales actividades beneficiadas por el estado podrían ser los incrementos del valor de propiedades inmobiliarias provocados por las inversiones públicas en infraestructura o los beneficios extraordinarios obtenidos por los monopolios facilitados o consentidos por el estado tales como los que se derivan de la concesión de patentes farmacéuticas o la explotación de fichas bancarias.

Reiteramos que no queremos equilibrar el presupuesto sino la economía española. Reclamamos un plan de trabajo garantizado para que todas las personas, sin exclusiones de clase, género, edad o nivel educativo, puedan obtener un ingreso digno en lugar de limosnas producto de redistribuciones ex post. El plan debe reconocer el valor para la sociedad de los cuidados personales y potenciar actividades que reviertan los efectos del cambio climático.

En la primera década del siglo XXI España hizo un esfuerzo para desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo (I+D) que le ha permitido convertirse en una potencia científica. Fue el estado quien realizó la mayor parte de este esfuerzo que no ha sido acompañado en la misma medida por el sector privado. La dificultad en rentabilizar estas inversiones explica en parte que, cuando se produce una recesión, el gobierno tiene pocos reparos en recortar las inversiones en ciencia tal como ha ocurrido durante el mandato del Sr. Rajoy.

La economía española necesita cambiar su modelo productivo hacia otro de mayor creación de valor basado en el conocimiento. Sin embargo el modelo de fomento de la innovación europeo se limita a crear condiciones favorables al desarrollo de empresas innovadoras con la esperanza de que el mercado elegirá los proyectos ganadores. Esta estrategia es poco eficaz porque las empresas no consiguen acceder al tipo de capital paciente necesario para financiar los proyectos disruptivos que se caracterizan por su elevado riesgo, largos plazos de desarrollo y elevadas necesidades de financiación.

Proponemos que el Estado desempeñe un papel transformador que oriente al sector privado en sus apuestas tecnológicas. Por una parte, este Estado emprendedor puede introducir programas de financiación más ambiciosos que aporten el capital paciente que es necesario para acometer proyectos innovadores. Por otra parte, el Estado debe destinar una parte del gasto público a compra pública innovadora lo cual crea una salida comercial a los productos de estas empresas innovadoras y reduce el riesgo de sus proyectos haciéndolos más atractivas para los inversores privados.

El Estado emprendedor debe identificar grandes misiones nacionales como hizo en el pasado con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria. Estas apuestas deben servir para resolver problemas como el envejecimiento y la salud de la población, los retos medioambientales como la contaminación y el calentamiento global, o los de la falta de empleo.

Para dar respuesta a la acelerada desindustrialización de España promoveríamos instrumentos de inversión pública que llevaran nuestra inversión en I+D al menos hasta el nivel del 3% sobre el PIB. Estos podrían ser un banco público, un fondo de capital riesgo y subvenciones directas a la I+D empresarial y académica.

Un Green New Deal ibérico contribuiría a reducir las emisiones de efecto invernadero, transformaría nuestro modelo energético para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados, reactivaría la industria nacional y contribuiría a la repoblación de zonas castigadas por la decadencia demográfica. Este nuevo trato verde también modificaría nuestras redes de transporte para mejorar su capilaridad y sustituir al vehículo privado, dar mejor servicios a las zonas rurales y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

El intenso proceso de liberalización del sector bancario experimentado en todos los países avanzados a partir de los años 80 del siglo pasado permitió un desarrollo excesivo de las actividades financieras e introdujo incentivos para que los gerentes de las entidades financieras incurrieran en prácticas crediticias arriesgadas. Un proceso de financiarización, por el cual las entidades financieras invierten en actividades financieras, especulativas e inmobiliarias en lugar de la economía real, frecuentemente a través de instrumentos financieros cada vez más opacos y difíciles de entender, incrementó la inestabilidad del sector bancario. La crisis financiera global fue desencadenada por grandes bancos de inversiones que habían inundado los mercados de productos de inversión “tóxicos”.

La experiencia reciente ha desacreditado las políticas de autorregulación del sector bancario y ha producido una reacción a favor de un fortalecimiento de las normas de supervisión bancaria. En este sentido las normas de Basilea III han reforzado los requisitos de capitalización y han introducido normas de preservación del capital de los bancos. España debería contar con normas de supervisión bancaria que impidieran en el futuro la formación de nuevas burbujas inmobiliarias. Pero estas iniciativas bienintencionadas deberían acompañarse por un desmantelamiento de las llamadas entidades sistémicas en España. El grado de concentración bancaria en España ha alcanzado niveles de oligopolio lo cual, además de perjudicar la competencia, expone la economía española una fuerte crisis financiera en el caso de que alguna de ellas tuviera problemas de solvencia.

En cualquier caso el sistema bancario no resulta útil para el objetivo de transformar nuestro modelo económico. La función de los bancos privados es atender las necesidades de financiación del tráfico ordinario. La financiación de proyectos de I+D disruptivos dentro de un programa de grandes misiones definidos por un estado emprendedor tiene un respaldo insuficiente de las ayudas públicas que actualmente conceden el CDTI o la Empresa Nacional de Innovación. Por esto motivo creemos que España necesita un banco de desarrollo al estilo de los que ya existen en Alemania, China o la propia UE.

La política de tipos de cambio fijos empleada por los gobernantes españoles hasta la creación de la moneda común como consecuencia de sus compromisos con los socios europeos solo pudo sostenerse mediante costosas operaciones del Banco de España en el mercado de divisas y elevados tipos de interés. La salida del euro nos da una oportunidad de no repetir el error. Dejaríamos que una nueva moneda española cotizara libremente en los mercados para evitar que la soberanía democrática quedare comprometida por la subordinación de la política económica a los caprichos de los mercados de divisas y las políticas monetarias de Alemania u otra potencia.

Pese a todo, voten

No recomendaremos el voto a ningún partido concreto. Esa elección queda a la conciencia de cada ciudadano. Solo pedimos que contribuyan a exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad. Nuestra contribución debe ser educar a la población en el conocimiento de la TMM. Si lo conseguimos, podremos con el tiempo cambiar las posiciones de algunos partidos. Hay que ser realistas y ajustar las expectativas, aunque, como diría Gramsci: somos pesimistas por inteligencia pero somos optimistas por voluntad.

Referencias

Medina Miltimore, S. (2016). El Leviatán desencadenado. Siete propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios. Veintiuna razones para salir del euro. Berlín: Lola Books.