Editorial publicado por la redacción de Red MMT el pasado 1 de julio de 2017.
Una vez más nos llegan voces de alarma porque el Gobierno ha roto la hucha de las pensiones. En esta ocasión, además, ha concedido un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social en lo que se presenta como el principio de una senda de peligroso endeudamiento de un sistema, a pocas jornadas de caer en la insostenibilidad e incumplir sus obligaciones con los pensionistas.
Los titulares alarmistas en relación a este asunto inquietan a quienes han contribuido al aprovisionamiento social de bienes y servicios durante su vida laboral y ahora se preguntan sobre la certidumbre de la pensión de jubilación para la que han cotizado. Quienes hoy están creando con su trabajo ese excedente productivo, que paga las pensiones actuales y que beneficia a toda la comunidad, se preguntarán si no deberían correr a asegurar su estabilidad futura bajo la gestión privada responsable, lejos de la insostenibilidad de la gestión pública. ¿Tienen razón quienes cuestionan continuamente la sostenibilidad de las pensiones públicas o son simples declaraciones interesadas para que piquemos el anzuelo de los fondos de pensiones privados y ayudemos así a engrasar el engranaje de la especulación financiera? Creemos que ambas cosas son parcialmente ciertas, habiendo cierta retroalimentación entre ellas.
El argumento habitual sobre el que se construyen los escenarios del Apocalipsis de las pensiones es la baja relación entre afiliados a la seguridad social y pensionistas, ratio que ofrece el Ministerio de Empleo. Está estancado en 2,25 afiliados por pensionista desde hace años y se teme que, debido a los malos datos demográficos españoles, caiga aún más en el futuro. Los defensores del sistema público esgrimen que la insuficiencia de la hucha es un problema derivado de la enorme cantidad de desempleados que tenemos en el país, así como de la precariedad de los nuevos empleos. Los nuevos trabajadores perciben salarios más menguados y el Gobierno del avispado señor Rajoy ha subvencionado su contratación con tipos de cotización más bajos a la par que fomentaba la precarización. Además los que se jubilan ahora cobran las pensiones más altas de la historia gracias a que cotizaron en años en los que la economía española generaba rentas salariales más dignas.
En un extremo del espectro político nos encontramos con quienes creen que “normalizando” el mercado de trabajo, asimilándolo a una mercancía cualquiera, se terminaría con la discusión sobre la sostenibilidad del sistema público las pensiones. La hucha fascina a los políticos del PSOE, quienes se atribuyen el logro fantasioso de habérnosla dejado colmada cuando las cotizaciones excedían las prestaciones durante los “buenos” viejos tiempos de la burbuja inmobiliaria. Los sindicatos y partidos de la oposición se pronuncian por aumentar el Fondo de Reserva financiando las pensiones vía impuestos. Pero muchos no han advertido de que se trata del clásico truco consistente en sacar dinero del bolsillo izquierdo y meterlo en el derecho: no somos más ricos por ello pero el bolsillo derecho se siente mucho mejor. La famosa hucha no es más que otra criatura neoliberal con la que encadenar la acción del gobierno. En el otro extremo encontramos entidades especializadas en producir malos augurios y pronosticar inminentes colapsos. El Banco de España y la OCDE demandan reformas estructurales que aumenten la edad de jubilación o modifiquen el montante de las pensiones endureciendo los requisitos. Ciertos expertos consultados por la Comisión del Pacto de Toledo proponen medidas como sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema. Entretanto las entidades financieras se frotan las manos ante la expectativa de atraer a las amedrentadas clases medias a su negocio de fondos de pensiones.
Sentimos discrepar con todas las partes. Frente a esta serie de parches transitorios o la disolución del mismo en uno mayor al incluirlo dentro del presupuesto público, creemos que se debe afrontar el problema de raíz eliminando la excusa para privatizarlas: el artificial problema de insostenibilidad que crea este sistema. Muchos han caído en las sucesivas trampas neoliberales en torno a las finanzas públicas. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que el estado necesita acceder a fondos creados por el sector privado para financiar sus actividades lo cual solo es posible bajo la improbable hipótesis de que algunos de nosotros tengamos máquinas de imprimir billetes en nuestros sótanos. Quienes conocen la teoría moderna de la moneda ya han comprendido que nos enfrentamos otra vez al enésimo atentado contra lo público.
Sin comprender el funcionamiento de nuestro sistema monetario la discusión cae dentro de estrechos márgenes fiscales en los que se debe asegurar un equilibrio entre los gastos y los ingresos que deberían ser capaces de financiarlos. El habitual esquema mental que tenemos sobre el problema de las pensiones es totalmente erróneo. Debemos arrojar la hucha de las pensiones a lo más profundo del mar, rompiéndola antes para vaciar hasta el último céntimo de su contenido; hoy mismo. Deshagámonos de esta abominación que no engendra más que inconvenientes y contratiempos auspiciados por la lógica neoliberal de constreñir la función del Gobierno con reglas financieras artificiosas y arbitrarias. Encerremos bajo doble llave las ideas de la hacienda pública responsable junto al sepulcro de El Cid.
El debate debe trascender la robustez del equilibrio presupuestario que obsesiona a los ceñudos reformistas de nuestro sistema de pensiones y despierta los apetitos de los gestores de fondos. Pero, que se puedan pagar y financiar las pensiones ¿significa que éstas son sostenibles indefinidamente? En principio no, si bien no nos encontramos ante una restricción de la esfera financiera. Su sostenibilidad debe ser atendida en el sector real de la economía, esto es, en la creación de un excedente productivo. Los jubilados no consumen las contribuciones de su trabajo pasado, sino los productos y servicios que hay en el momento en que ellos ya no contribuyen al aprovisionamiento social de bienes y servicios de la comunidad. Para atender a los ancianos de mañana basta con que haya suficientes trabajadores empleados en el futuro produciendo alimentos, vivienda, energía eléctrica, vestimentas y servicios sanitarios y de cuidados, ocio y cultura en cuantía suficiente para atender al conjunto de la población. Un mejor trato a la juventud también ayudará a la reproducción de las clases trabajadoras, hoy razonablemente reticentes a crear nuevos hogares.
Cómo decida en el futuro el Gobierno trasladar ese excedente real hacia las clases pasivas es una cuestión que podría resolverse de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos abandonar el esquema insolidario actual en el que los trabajadores más pobres contribuyen proporcionalmente más que Lionel Messi o Amancio Ortega a la tesorería de la Seguridad Social. También podríamos aceptar que la Tesorería de la Seguridad Social tuviera un déficit perpetuo cubierto por la Tesorería General del Estado lo cual, aunque a algunos les parezca sorprendente, no socavaría los cimientos de la civilización occidental. Utilizando la imaginación de la que carecen las autoridades europeas, proponemos también que las pensiones sean financiadas directamente por el banco central. Como monopolista de la moneda no se ve sometido a restricción financiera alguna. Es forzoso reconocer que como usuarios del euro, a todos los efectos una moneda extranjera, el monopolista hoy es el Banco Central Europeo. Entre los responsables de esa entidad abundan los entusiastas de la “responsabilidad” fiscal pero, con un cambio de los Tratados de la UE, el emisor europeo podría pagar todas las pensiones de los jubilados europeos indexando éstas a algún tipo de fórmula que tenga en cuenta el salario medio del país y la vida laboral. Esta es una opción técnicamente realizable, puesto que el emisor europeo es el único agente que puede crear nuevo poder de compra que se utilizaría para encauzar esos excedentes reales hacia los jubilados. Este nuevo dinero es deuda de una entidad que por definición nunca puede ser insolvente. Si les preocupa la inflación no se agobien: posteriormente los estados pueden cancelar el poder de compra sobrante con un nivel de imposición adecuado y justamente repartido entre los productores.
Lo que sí podemos asegurarles es que ninguna hucha dotada hoy por el Estado sirve al propósito de generar ese excedente productivo en el futuro. No dejemos que aten la democracia a mecanismos artificiales de control a sus reglas neoliberales. Abandonemos el esquema mental erróneo de que un Estado o la Seguridad Social deben equilibrar su presupuesto y avancemos hacia la soberanía para garantizar nuestras pensiones y el pleno empleo.
