17 de junio de 2018
Las oímos una y otra. Frases como “han derrochado nuestro dinero con infraestructuras improductivas”; “los corruptos roban el dinero de los contribuyentes”; “si no hubiesen robado el dinero de los contribuyentes se podía haber pagado la construcción de x hospitales para acabar con las listas de espera en la Sanidad Pública”. Los políticos progresistas hacen malabarismos contables para demostrar que pueden mejorar las prestaciones aumentando un poco los impuestos por aquí o combatiendo el fraude fiscal por allá. ¡Si tan solo no existieran esos paraísos fiscales o los millonarios fueran un poco más generosos! Siento desilusionarlos pero sus impuestos no pagan nada.
Tras décadas de campañas de las autoridades fiscales agradeciendo a los contribuyentes sus aportaciones a las distintas partidas presupuestarias ha llegado la hora de contarles la verdad. Hacienda no hace nada con sus impuestos. Simplemente destruye esos ahorros que con tanto esfuerzo consiguió acumular. Sé que es frustrante darse cuenta ahora de que somos víctimas de un montaje pero así es. Lejos de financiar al estado los impuestos retiran dinero de manos de los particulares reduciendo su poder adquisitivo. Este acto es útil porque permite desplazar recursos reales para usos públicos pero resulta muy desagradable para nuestros presupuestos familiares.
La función de los impuestos no es financiar al estado emisor de moneda porque éste puede crear nuevo dinero sin coste. Entonces, para qué querría el estado nuestro dinero?
La funcionalidad de los impuestos tiene que ser otra. La más importante es obligar a los agentes a aceptar el dinero que el estado utiliza para comprar los bienes y servicios reales de los que se abastece. Por tanto su utilidad fundamental es crear demanda por el dinero que crea el estado. Piénselo detenidamente por un momento. Si el estado pagara los sueldos de los funcionarios con billetes de banco, que no son otra cosa que papeles sin valor intrínseco, ¿porque estarían tan dispuestos a entregar sus horas de trabajo a cambio de ellos? Siendo la mayor parte del dinero actualmente poco más que apuntes contables en un ordenador ¿por qué están tan ávidas las empresas constructoras por conseguir esas contratas del estado? Oigan, el estado no les paga nada en lingotes de oro.
La razón es que el dinero es simplemente “aquello que sirve para pagar los impuestos”. La obligación de pagar impuestos con ella explica por qué la moneda fiduciaria tiene valor. Algo que el estado nos entrega y nosotros aceptamos, incluso buscamos de forma desesperada, porque previamente a todos nosotros nos han impuesto la obligación de pagar impuestos. En realidad el dinero es poco más que un crédito fiscal.
La verdadera función de los impuestos es por tanto conseguir que el dinero del estado sea aceptado para que éste se pueda abastecer de bienes y servicios reales. Con los billetes de banco recaudados en las campañas del IRPF el Estado puede optar por conservarlos en un almacén a la espera de ponerlos en circulación de nuevo o simplemente quemarlos o destruirlos. De hecho, si entrega Vd. un billete de 5 euros muy manoseado al Banco de España éste simplemente lo triturará y le dará otro a cambio nuevecito y recién imprimido. Ese billete viejo no sirve para nada más, es como una entrada a un partido de fútbol que ya concluyó.
Pero además de darle aceptación a nuestra moneda, los impuestos sirven para asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a su concentración en pocas manos. Por ejemplo, los impuestos directos como el de la renta de las personas físicas o el de sociedades, retiran poder adquisitivo de las personas de mayor renta. ¿Por qué? Porque no está en el interés general que haya personas con un poder de compra desproporcionado que seguramente sustraerán del circuito productivo o que les permitiría hacer un uso ineficiente de los recursos. Pero sería un error entender esta operación como una mera transferencia de poder de compra desde los ricos hacia los pobres. El estado podría perfectamente crear nuevo poder de compra y transferirlo a las personas de menor renta sin necesidad de aumentar la recaudación fiscal con anterioridad. La finalidad de una fiscalidad directa debe ser ante todo retirar poder de compra, por ejemplo, para responder a un proceso inflacionista. Estructurar de forma progresiva los impuestos sobre la renta simplemente consigue reducir el poder adquisitivo de las rentas más altas en primer lugar.
En esta misión lo que nos debe preocupar es la equidad en el trato fiscal, dando un buen trato a las rentas más bajas y evitando la acumulación obscena de rentas y patrimonios en muy pocas manos; no unos objetivos de recaudación. No se trata de equilibrar la magnitud contable llamada déficit público que tanto obsesiona a los técnicos de Bruselas sino de utilizar las herramientas fiscales para maximizar el bienestar social. Lamentablemente eso no es lo que hace de forma eficiente el sistema fiscal español.
Siendo España uno de los países con mayor tasa de desempleo, se impone una pesada carga sobre el empleo como si el estado quisiera desincentivar la contratación de trabajadores. Se ha extendido la creencia de que era más eficaz desplumar a una gran masa de contribuyentes que perseguir a unos pocos individuos con grandes patrimonios ya que estos se volatilizarían si se les sometía a una tributación justa. Esta política se ha justificado en aras a criterios de eficiencia recaudatoria que son innecesarias. La tributación sobre las rentas debe regirse por criterios de justicia social introduciendo impuestos más progresivos y no de eficacia recaudatoria. Por ejemplo, imponiendo un tipo marginal del 90% a las rentas que superen el primer millón de euros se conseguirá lo que se pretende: eliminar las retribuciones más escandalosas, no recaudar más. No existe ninguna explicación de utilidad social para explicar que los futbolistas o los altos ejecutivos de los oligopolios obtengan rentas anuales superiores a varios millones de euros que nunca podrán llegar a gastar. Sin duda las grandes fortunas encontrarán otras formas de eludir el pago de impuestos pero también podrían diseñarse impuestos más eficaces sobre signos externos de riqueza, como viviendas de tamaño desproporcionado, vehículos de gran cilindrada o joyas. En todo caso, si estas grandes fortunas consiguen sustraer sus depósitos del control del fisco no resultará complicado para el estado reponer el dinero que se ha fugado del circuito.
La tercera función de los impuestos es informar a la sociedad del coste de determinadas actuaciones del estado. Los peajes sobre autopistas públicas no financian su construcción ni las cotizaciones a la Seguridad Social las pensiones de jubilación. Las cotizaciones a la Seguridad Social que figuran en la hoja de salarios y las cuotas patronales simplemente nos ilustran sobre el coste real de implantar el sistema de pensiones y los programas de desempleo, formación de trabajadores y situaciones de invalidez transitoria. También es conveniente que el empresario entienda que disponer de una fuerza de trabajo solo es posible si la sociedad atiende a sus necesidades de reproducción y a su manutención durante la vejez. Los peajes simplemente dan información al usuario sobre el coste real de construir esas infraestructuras. Para una buena gobernanza presupuestaria puede ser útil que el usuario comprenda que se destinan cuantiosos recursos reales a su provisión.
Una última función de los impuestos es desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o generan otro tipo de costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad apartándolos de aquellos que se consideran nocivos. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles, que emiten gases de efecto invernadero, son ejemplos de este tipo de impuestos. El gobernante español tiene una oportunidad de luchar contra la degradación del medioambiente con los instrumentos fiscales. El estado podría demostrar su liderazgo en el cambio de modelo energético gravando pesadamente las actividades generadoras de gases de efecto invernadero y subvencionando energías más sostenibles. Sin embargo España mantiene una tributación ambiental ridícula. Según datos de la AEAT en 2014 los impuestos ambientales ascendieron a 1.625 millones de euros, apenas el 0,9% de los ingresos tributarios totales. De nuevo el objetivo no debería ser recaudatorio y el mejor indicio de su eficacia sería que las bases imponibles desaparecieran por el abandono de las actividades nocivas que se pretende desincentivar.
En conclusión, a la hora de diseñar un sistema fiscal eficiente debemos asegurarnos de que contesta satisfactoriamente alguna de las siguientes preguntas:
1. ¿Ayudan a mantener la demanda por nuestra moneda y a conservar su valor?
2. ¿Contribuyen a equilibrar el reparto de las rentas y de la riqueza?
3: ¿Aportan información a los usuarios sobre el coste de destinar recursos reales a la provisión de los bienes y servicios públicos?
4. ¿Desincentivan conductas o actividades socialmente indeseables?
Tradicionalmente las políticas sociales defendidas por los socialdemócratas tratan de conseguir recursos fiscales para que el estado luego pueda redistribuirlos. Para conquistar nuevas prestaciones sociales primero habría que aumentar la recaudación. Estas políticas son siempre insatisfactorias porque, si el estado no alcanza su objetivo de aumentar los impuestos o si decide que no es oportuno hacerlo en una determinada coyuntura, entonces se alega que el sistema no da para más y se renuncia a mejorar los servicios sociales. Sin embargo ¿cómo puede ser que habiendo médicos y enfermeros en paro no se pueda mejorar la atención sanitaria? ¿Cómo se explica que habiendo trabajadores de la construcción y maquinaria de obra que languidece sin uso no se puedan renovar nuestros colegios? ¿Recuerdan lo que ha pasado con el cuarto pilar del estado del bienestar habiendo miles de personas que habrían podido trabajar como cuidadores? Todos estos son ejemplos de cómo una escasez percibida pero no real se utiliza como excusa para deteriorar nuestro nivel de vida.
Entendiendo que el estado debe gastar primero para luego recaudar, ¿por qué no aplicar políticas de gasto que resuelven primero las necesidades sociales más acuciantes? En lugar de obsesionarnos con la redistribución deberíamos pensar en aplicar políticas de “predistribución”. Primero determinemos cuál es el nivel de gasto público deseable. Con posterioridad el estado puede decidir si necesita subir los impuestos y qué colectivos asumirán esa carga adicional si hiciera falta incrementarla.
Que el estado no necesite recaudar impuestos para financiarse no significa que el estado pueda gastar sin límites. Lo que queremos decir es que se enfrenta a restricciones reales, es decir, está limitado por las materias primas, la capacidad productiva instalada o el número de personas dispuestas a trabajar existentes en su territorio y no por su capacidad de recaudación tributaria. Por tanto, el estado dotado de soberanía monetaria no está constreñido financieramente. Es el Parlamento el que, con sus decisiones de gasto público plasmadas en los presupuestos generales del estado, financia al estado, no el contribuyente.
Lo que diferencia al estado de otros agentes es que debe fijarse, no en un saldo contable en sus libros, sino en el saldo real de la economía: el bienestar real en términos de empleo y disponibilidad de servicios públicos. ¿Puede un gobierno actuar de forma irresponsable? No, porque existe una obligación de que el gobierne gestione los recursos que se le entreguen con eficiencia y en base a criterios de sostenibilidad medioambiental. Es obligación de los gobernantes aplicar los recursos reales a los fines socialmente más útiles. Para asegurar que los gestores públicos actúen con responsabilidad contamos con procedimientos presupuestarios en los parlamentos y con un sistema de rendición de cuentas que deben orientar el empleo de nuestros recursos en pro del interés general. Por otra parte una vez que las Cortes han aprobado un presupuesto los responsables de cada departamento, ministerio, agencia, secretaría y ministerio los gerentes sí están sometidos a una restricción financiera. Deben actuar bajo la ilusión de que existe una limitación financiera. Es en el acto de formular los presupuestos generales y en el diseño de las políticas macroeconómicas cuando los gobernantes deben tener en cuenta las limitaciones de recursos reales.
“Un momento”, dirán los más informados “¿qué pasa cuando un estado voluntariamente cede su soberanía monetaria a un organismo no elegido democráticamente como el Banco Central Europeo y acepta limitaciones al déficit público?”. En este caso el estado si estará constreñido financieramente. El resultado será que tal estado buscará un equilibrio fiscal que consiste tan solo en la destrucción de los ahorros de los ciudadanos hasta dejar a unos en la pobreza y a otros en el desempleo. Pero los impuestos de los ciudadanos, aunque castigados por las políticas de austeridad, seguirán sin financiar nada. El euro fue un mal negocio para los españoles.
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¿Te ha parecido interesante el texto? Este es una reelaboración de una sección de mi libro, La Moneda del Pueblo, que puedes comprar en la Editorial El Viejo Topo.
Las oímos una y otra. Frases como “han derrochado nuestro dinero con infraestructuras improductivas”; “los corruptos roban el dinero de los contribuyentes”; “si no hubiesen robado el dinero de los contribuyentes se podía haber pagado la construcción de x hospitales para acabar con las listas de espera en la Sanidad Pública”. Los políticos progresistas hacen malabarismos contables para demostrar que pueden mejorar las prestaciones aumentando un poco los impuestos por aquí o combatiendo el fraude fiscal por allá. ¡Si tan solo no existieran esos paraísos fiscales o los millonarios fueran un poco más generosos! Siento desilusionarlos pero sus impuestos no pagan nada.
Un recuerdo de la Reserva Federal: billetes triturados.
Tras décadas de campañas de las autoridades fiscales agradeciendo a los contribuyentes sus aportaciones a las distintas partidas presupuestarias ha llegado la hora de contarles la verdad. Hacienda no hace nada con sus impuestos. Simplemente destruye esos ahorros que con tanto esfuerzo consiguió acumular. Sé que es frustrante darse cuenta ahora de que somos víctimas de un montaje pero así es. Lejos de financiar al estado los impuestos retiran dinero de manos de los particulares reduciendo su poder adquisitivo. Este acto es útil porque permite desplazar recursos reales para usos públicos pero resulta muy desagradable para nuestros presupuestos familiares.
La función de los impuestos no es financiar al estado emisor de moneda porque éste puede crear nuevo dinero sin coste. Entonces, para qué querría el estado nuestro dinero?
La funcionalidad de los impuestos tiene que ser otra. La más importante es obligar a los agentes a aceptar el dinero que el estado utiliza para comprar los bienes y servicios reales de los que se abastece. Por tanto su utilidad fundamental es crear demanda por el dinero que crea el estado. Piénselo detenidamente por un momento. Si el estado pagara los sueldos de los funcionarios con billetes de banco, que no son otra cosa que papeles sin valor intrínseco, ¿porque estarían tan dispuestos a entregar sus horas de trabajo a cambio de ellos? Siendo la mayor parte del dinero actualmente poco más que apuntes contables en un ordenador ¿por qué están tan ávidas las empresas constructoras por conseguir esas contratas del estado? Oigan, el estado no les paga nada en lingotes de oro.
La razón es que el dinero es simplemente “aquello que sirve para pagar los impuestos”. La obligación de pagar impuestos con ella explica por qué la moneda fiduciaria tiene valor. Algo que el estado nos entrega y nosotros aceptamos, incluso buscamos de forma desesperada, porque previamente a todos nosotros nos han impuesto la obligación de pagar impuestos. En realidad el dinero es poco más que un crédito fiscal.
La verdadera función de los impuestos es por tanto conseguir que el dinero del estado sea aceptado para que éste se pueda abastecer de bienes y servicios reales. Con los billetes de banco recaudados en las campañas del IRPF el Estado puede optar por conservarlos en un almacén a la espera de ponerlos en circulación de nuevo o simplemente quemarlos o destruirlos. De hecho, si entrega Vd. un billete de 5 euros muy manoseado al Banco de España éste simplemente lo triturará y le dará otro a cambio nuevecito y recién imprimido. Ese billete viejo no sirve para nada más, es como una entrada a un partido de fútbol que ya concluyó.
Pero además de darle aceptación a nuestra moneda, los impuestos sirven para asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a su concentración en pocas manos. Por ejemplo, los impuestos directos como el de la renta de las personas físicas o el de sociedades, retiran poder adquisitivo de las personas de mayor renta. ¿Por qué? Porque no está en el interés general que haya personas con un poder de compra desproporcionado que seguramente sustraerán del circuito productivo o que les permitiría hacer un uso ineficiente de los recursos. Pero sería un error entender esta operación como una mera transferencia de poder de compra desde los ricos hacia los pobres. El estado podría perfectamente crear nuevo poder de compra y transferirlo a las personas de menor renta sin necesidad de aumentar la recaudación fiscal con anterioridad. La finalidad de una fiscalidad directa debe ser ante todo retirar poder de compra, por ejemplo, para responder a un proceso inflacionista. Estructurar de forma progresiva los impuestos sobre la renta simplemente consigue reducir el poder adquisitivo de las rentas más altas en primer lugar.
En esta misión lo que nos debe preocupar es la equidad en el trato fiscal, dando un buen trato a las rentas más bajas y evitando la acumulación obscena de rentas y patrimonios en muy pocas manos; no unos objetivos de recaudación. No se trata de equilibrar la magnitud contable llamada déficit público que tanto obsesiona a los técnicos de Bruselas sino de utilizar las herramientas fiscales para maximizar el bienestar social. Lamentablemente eso no es lo que hace de forma eficiente el sistema fiscal español.
Siendo España uno de los países con mayor tasa de desempleo, se impone una pesada carga sobre el empleo como si el estado quisiera desincentivar la contratación de trabajadores. Se ha extendido la creencia de que era más eficaz desplumar a una gran masa de contribuyentes que perseguir a unos pocos individuos con grandes patrimonios ya que estos se volatilizarían si se les sometía a una tributación justa. Esta política se ha justificado en aras a criterios de eficiencia recaudatoria que son innecesarias. La tributación sobre las rentas debe regirse por criterios de justicia social introduciendo impuestos más progresivos y no de eficacia recaudatoria. Por ejemplo, imponiendo un tipo marginal del 90% a las rentas que superen el primer millón de euros se conseguirá lo que se pretende: eliminar las retribuciones más escandalosas, no recaudar más. No existe ninguna explicación de utilidad social para explicar que los futbolistas o los altos ejecutivos de los oligopolios obtengan rentas anuales superiores a varios millones de euros que nunca podrán llegar a gastar. Sin duda las grandes fortunas encontrarán otras formas de eludir el pago de impuestos pero también podrían diseñarse impuestos más eficaces sobre signos externos de riqueza, como viviendas de tamaño desproporcionado, vehículos de gran cilindrada o joyas. En todo caso, si estas grandes fortunas consiguen sustraer sus depósitos del control del fisco no resultará complicado para el estado reponer el dinero que se ha fugado del circuito.
La tercera función de los impuestos es informar a la sociedad del coste de determinadas actuaciones del estado. Los peajes sobre autopistas públicas no financian su construcción ni las cotizaciones a la Seguridad Social las pensiones de jubilación. Las cotizaciones a la Seguridad Social que figuran en la hoja de salarios y las cuotas patronales simplemente nos ilustran sobre el coste real de implantar el sistema de pensiones y los programas de desempleo, formación de trabajadores y situaciones de invalidez transitoria. También es conveniente que el empresario entienda que disponer de una fuerza de trabajo solo es posible si la sociedad atiende a sus necesidades de reproducción y a su manutención durante la vejez. Los peajes simplemente dan información al usuario sobre el coste real de construir esas infraestructuras. Para una buena gobernanza presupuestaria puede ser útil que el usuario comprenda que se destinan cuantiosos recursos reales a su provisión.
Una última función de los impuestos es desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o generan otro tipo de costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad apartándolos de aquellos que se consideran nocivos. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles, que emiten gases de efecto invernadero, son ejemplos de este tipo de impuestos. El gobernante español tiene una oportunidad de luchar contra la degradación del medioambiente con los instrumentos fiscales. El estado podría demostrar su liderazgo en el cambio de modelo energético gravando pesadamente las actividades generadoras de gases de efecto invernadero y subvencionando energías más sostenibles. Sin embargo España mantiene una tributación ambiental ridícula. Según datos de la AEAT en 2014 los impuestos ambientales ascendieron a 1.625 millones de euros, apenas el 0,9% de los ingresos tributarios totales. De nuevo el objetivo no debería ser recaudatorio y el mejor indicio de su eficacia sería que las bases imponibles desaparecieran por el abandono de las actividades nocivas que se pretende desincentivar.
En conclusión, a la hora de diseñar un sistema fiscal eficiente debemos asegurarnos de que contesta satisfactoriamente alguna de las siguientes preguntas:
1. ¿Ayudan a mantener la demanda por nuestra moneda y a conservar su valor?
2. ¿Contribuyen a equilibrar el reparto de las rentas y de la riqueza?
3: ¿Aportan información a los usuarios sobre el coste de destinar recursos reales a la provisión de los bienes y servicios públicos?
4. ¿Desincentivan conductas o actividades socialmente indeseables?
Tradicionalmente las políticas sociales defendidas por los socialdemócratas tratan de conseguir recursos fiscales para que el estado luego pueda redistribuirlos. Para conquistar nuevas prestaciones sociales primero habría que aumentar la recaudación. Estas políticas son siempre insatisfactorias porque, si el estado no alcanza su objetivo de aumentar los impuestos o si decide que no es oportuno hacerlo en una determinada coyuntura, entonces se alega que el sistema no da para más y se renuncia a mejorar los servicios sociales. Sin embargo ¿cómo puede ser que habiendo médicos y enfermeros en paro no se pueda mejorar la atención sanitaria? ¿Cómo se explica que habiendo trabajadores de la construcción y maquinaria de obra que languidece sin uso no se puedan renovar nuestros colegios? ¿Recuerdan lo que ha pasado con el cuarto pilar del estado del bienestar habiendo miles de personas que habrían podido trabajar como cuidadores? Todos estos son ejemplos de cómo una escasez percibida pero no real se utiliza como excusa para deteriorar nuestro nivel de vida.
Entendiendo que el estado debe gastar primero para luego recaudar, ¿por qué no aplicar políticas de gasto que resuelven primero las necesidades sociales más acuciantes? En lugar de obsesionarnos con la redistribución deberíamos pensar en aplicar políticas de “predistribución”. Primero determinemos cuál es el nivel de gasto público deseable. Con posterioridad el estado puede decidir si necesita subir los impuestos y qué colectivos asumirán esa carga adicional si hiciera falta incrementarla.
Que el estado no necesite recaudar impuestos para financiarse no significa que el estado pueda gastar sin límites. Lo que queremos decir es que se enfrenta a restricciones reales, es decir, está limitado por las materias primas, la capacidad productiva instalada o el número de personas dispuestas a trabajar existentes en su territorio y no por su capacidad de recaudación tributaria. Por tanto, el estado dotado de soberanía monetaria no está constreñido financieramente. Es el Parlamento el que, con sus decisiones de gasto público plasmadas en los presupuestos generales del estado, financia al estado, no el contribuyente.
Lo que diferencia al estado de otros agentes es que debe fijarse, no en un saldo contable en sus libros, sino en el saldo real de la economía: el bienestar real en términos de empleo y disponibilidad de servicios públicos. ¿Puede un gobierno actuar de forma irresponsable? No, porque existe una obligación de que el gobierne gestione los recursos que se le entreguen con eficiencia y en base a criterios de sostenibilidad medioambiental. Es obligación de los gobernantes aplicar los recursos reales a los fines socialmente más útiles. Para asegurar que los gestores públicos actúen con responsabilidad contamos con procedimientos presupuestarios en los parlamentos y con un sistema de rendición de cuentas que deben orientar el empleo de nuestros recursos en pro del interés general. Por otra parte una vez que las Cortes han aprobado un presupuesto los responsables de cada departamento, ministerio, agencia, secretaría y ministerio los gerentes sí están sometidos a una restricción financiera. Deben actuar bajo la ilusión de que existe una limitación financiera. Es en el acto de formular los presupuestos generales y en el diseño de las políticas macroeconómicas cuando los gobernantes deben tener en cuenta las limitaciones de recursos reales.
“Un momento”, dirán los más informados “¿qué pasa cuando un estado voluntariamente cede su soberanía monetaria a un organismo no elegido democráticamente como el Banco Central Europeo y acepta limitaciones al déficit público?”. En este caso el estado si estará constreñido financieramente. El resultado será que tal estado buscará un equilibrio fiscal que consiste tan solo en la destrucción de los ahorros de los ciudadanos hasta dejar a unos en la pobreza y a otros en el desempleo. Pero los impuestos de los ciudadanos, aunque castigados por las políticas de austeridad, seguirán sin financiar nada. El euro fue un mal negocio para los españoles.
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¿Te ha parecido interesante el texto? Este es una reelaboración de una sección de mi libro, La Moneda del Pueblo, que puedes comprar en la Editorial El Viejo Topo.
