Cuidados paliativos: acuerdo sobre los presupuestos generales del estado

21 de octubre de 2018

El acuerdo suscrito entre Podemos y PSOE sobre el proyecto de presupuestos generales del estado ha sido presentado triunfalmente por sus signatarios como una reversión de años de austeridad. Lamento desempeñar el papel del eterno cascarrabias pero disiento: el acuerdo resulta profundamente decepcionante. Acepto que hay aspectos positivos y que el acuerdo refleja una mayor sensibilidad social; algo no difícil por contraste con la ameba sin sentimientos que nos gobernaba hace poco. Pero no podemos evitar una cierta melancolía al comprobar cómo, una vez más, la izquierda pierde la oportunidad de quebrar las reglas de juego y salir del terreno acotado por el neoliberalismo y su manifestación en las tierras europeas: el euro. PSOE y Podemos se someten a las rancias normas de disciplina presupuestaria marcadas por los Tratados de la UE. El resultado es una declaración de buenas intenciones que no empieza a abordar los graves problemas que padece la sociedad española.


Quizá el punto que más me ha agradado es la propuesta de subir un 22% el salario mínimo interprofesional hasta 900 €. Ayuda a revertir años de erosión a las rentas más bajas. Pero, llevamos tiempo recomendando desde la TMM una alternativa superior conocida como plan de trabajo garantizado. Por su potencia como herramienta de estabilización macroeconómica los dirigentes progresistas deberían conocerlo. Ciertamente Izquierda Unida llevó la propuesta en su programa electoral y este autor fue a explicárselo en compañía de Warren Mosler al asesor económico de Pedro Sánchez –aunque obviamente no lo entendieron a tenor de la versión de plan de empleo de transición que presentaron en su programa electoral; copiaron el nombre propuesto por Mosler pero se olvidaron del contenido. Un programa de trabajo garantizado liquidaría muchos de los problemas que estos acuerdos pretenden resolver sin necesidad de vigilar su cumplimiento, algo difícil sin prever la contratación de muchos más inspectores de trabajo. Un plan de trabajo garantizado también obviaría la necesidad de plantear la nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo que propone el acuerdo.

También me parece positivo el compromiso de mejorar las pensiones más bajas hasta que alcancen al menos el 60% del salario medio. Creo que la indexación de las pensiones no es una idea acertada por su potencial inflacionista pero eso ahora, en un entorno de baja inflación, es un tecnicismo.

En el acuerdo encontramos reversiones parciales de decisiones lesivas tomadas por el gobierno de Rajoy: algunas que comprometieron la gratuidad y el acceso universal a la sanidad pública así como determinados copagos sanitarios; algunos recortes en educación; se recuperan becas educativas; y se introducen partidas para la entrega de material escolar gratuito. Resultan también positivas las mejoras en la Ley de la Dependencia, víctima de una de las acciones más miserables de un PP que no dudó en cebarse con la parte más débil de la sociedad.

El problema es que domina el criterio de una recuperación parcial de derechos perdidos. Pequeñas mejoras que ayudan a paliar la larga década de austeridad. Un pasito p’alante después de varios pasos de retroceso durante la década de la austeridad. Hay más ejemplos de cuidados paliativos: para combatir pobreza infantil se introducen ayudas a los comedores escolares, se pretende extender la escolarización entre 0 y3 años y —¡atención!— se eleva el ingreso mínimo vital a 473 euros por hijo y año. Han leído bien: por hijo y AÑO. La infancia es nuestro futuro y debe gozar de la máxima protección, sobre todo cuando nos enfrentamos a una crisis demográfica como la presente, pero en el pacto entre Podemos y PSOE solo pueden ofrecer 473 euros por año.

Más cuidados paliativos: la partida destinada a ciencia, una de las más desangradas por el gobierno del PP, vuelve a crecer, pero tan solo un escueto 6.9%, guarismo que, ni de lejos, recupera los niveles anteriores a la crisis. Para eso no hace falta cumplir el otro acuerdo para recuperar el personal investigador perdido: ¿con qué recursos investigarán estos nuevos científicos? Para la ciencia española la crisis de austeridad continúa.

La mayoría de los restantes acuerdos tendrán un impacto presupuestario limitado. Se pretenden derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y medidas que mejorarán los derechos de los trabajadores. Pero, ¿por qué no plantear su derogación total? Probablemente porque en 2011 Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez enviaron una célebre carta, cuyo contenido no fue revelado hasta varios años después por Rodríguez Zapatero. En ella el Banco Central Europeo condicionó la compra de nuestra deuda soberana en los mercados secundarios a la introducción de una serie de reformas de tenor neoliberal que ahora esta izquierda sin médula no osa repudiar.

En lugar de plantear la abolición del legado tóxico de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española llamado Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se pretende mitigarlo facilitando que “las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones” (…) y “otras materias con repercusión social”.

¿Qué significa “Inversiones financieramente sostenibles”? Suena a un concepto empresarial. Abunda en la idea falaz de que las administraciones públicas son como hogares o empresas que necesitan ser financiados y gestionados con criterios de rentabilidad. Es evidente que una administración local no es como un estado emisor de moneda y es cierto que los ayuntamientos y comunidades autónomas deben financiarse con impuestos o transferencias del estado. Pero si, por motivos ideológicos, empezamos a exigir criterios de estabilidad financiera que corresponden a otros ámbitos como el empresarial, entraremos en dinámicas de ejecución de gasto público que no responden a la misión de una administración pública. De allí a la privatización de los servicios públicos y a la justificación de recortes nocivos para las prestaciones sociales y los servicios públicos hay un paso. En lugar de poner el foco en la calidad y eficiencia de programas públicos diseñados para mejorar la vida de los ciudadanos y desarrollar comunidades sólidas y garantizar una adecuada financiación de las corporaciones locales se imponen permanentes recortes que los degradan, arruinan la vida de las personas y destruyen las comunidades. Una consecuencia de la degradación de los servicios públicos es el abandono de pueblos del interior que el acuerdo de nuevo pretende atender con paños calientes.

Pero volvamos a este concepto aberrante de inversiones “financieramente sostenibles”. La LOEPSF prioriza que las administraciones locales paguen la deuda bancaria. Solo en el caso de que tuvieran superávit o un remanente de tesorería podrían destinar fondos a financiar inversiones financieramente sostenibles. Esta condicionalidad es mayor cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas sea superior a 10 millones de euros y suponga un incremento de los gastos corrientes vinculado a los proyectos de inversión porque entonces requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estas inversiones solo se pueden destinar a un limitado tipo de proyectos como alcantarillado, alumbrado, vías públicas, etc. La LOEPSF no fue solo un instrumento para instalar a España en la deflación permanente sino que además se convirtió en la herramienta para suprimir de la autonomía local, lo cual encajaba muy bien con el programa autoritario y recentralizador del PP. Este aparato normativo no merece ser suavizado, debería ser eliminado de una vez por todas.

El resto de medidas son un maremágnum de declaración de buenas intenciones sin apenas asignación presupuestaria. No las citaré todas. Mencionaré por ejemplo que se pretenden cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución. ¿Y por qué no plantear de una vez la nacionalización de unas empresas que operan bajo un régimen de monopolio natural? También se quiere proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía, actividades económicas que simplemente deberían ser prohibidas por ser fraudulentas y atentar contra la salud pública.

Imbuidos de la ideología del estado Robin Hood, que solo puede dar a los pobres si previamente recauda impuestos de los ricos, se plantean reformas que pretenden aumentar la recaudación. No nos parecen mal algunas como un tipo tributario mínimo en el Impuesto de Sociedades. Pero el Impuesto transacciones financieras, que pretende reducir la especulación financiera imponiendo una tasa del 0,2% sobre las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, no conseguirá su objetivo. Si esas transacciones no son deseables ¿por qué no prohibirlas directamente en vez de crear un impuesto que difícilmente arredrará a los especuladores?

Se podía haber trabajado en una mayor progresividad fiscal, por ejemplo igualando de una vez por todas los tipos de tributación sobre las rentas del ahorro con los de las rentas del trabajo o reduciendo el tipo general de IVA en lugar de conceder rebajas testimoniales de tipos que gravan consumos que interesan a algunos colectivos con mayor capacidad de movilización. De nuevo encontramos la timidez y falta de osadía características de una izquierda sin médula e invertebrada.

En todo caso al acuerdo le queda mucho recorrido antes de convertirse en ley. En primer lugar tiene que ser sometido a la censura previa de la Comisión Europea. Si Bruselas tiene que aprobar nuestros presupuestos ¿por qué no tomamos ya la medida más práctica de cerrar las Cortes Generales? El Gobierno italiano ha preferido presentar un presupuesto insumiso con un objetivo de déficit del 2,4% que ha irritado sobremanera a los dogmáticos de Bruselas. El Gobierno español, gobernado por la izquierda sin médula e invertebrada, ha preferido ser más obediente, prometiendo, ante las reclamaciones de Moscovici, que “hará un ajuste mayor que en los cuatro últimos años de Rajoy”. No nos cabe ninguna duda de que, este año y posiblemente el siguiente, el déficit español se reducirá. De hecho la recaudación está alcanzando registros superiores a los de antes de la crisis. Eso es consecuencia del efecto de los llamados estabilizadores automáticos: cuando llega la recuperación económica también lo hace la recaudación. Nada milagroso, es simplemente una consecuencia del ciclo económico. Este efecto se ha acentuado por las reformas sobre el sistema tributario que aumentaron las tasas durante la etapa en que se pretendió aplicar políticas de austeridad de carácter procíclico, es decir, temerariamente diseñadas para profundizar la depresión.

Sigue habiendo muchas necesidades sin atender; muchas cicatrices y heridas mal curadas legadas por la crisis. ¿Se podría hacer más que lo que ofrece este acuerdo presupuestario? ¡Sin duda! Entonces, ¿por qué Podemos y PSOE pactan un acuerdo tan poco ambicioso? La fragmentación parlamentaria y el sometimiento a las reglas del juego impuestas por nuestra pertenencia a la UE quizás obligan un ejercicio de pragmatismo.

Pero me temo que la cuestión es mucho más profunda. El alcance del acuerdo demuestra que gran parte de la izquierda ha sido capturada ideológicamente por el pensamiento económico neoclásico. Esta ideología permea hasta en sus últimos poros la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la reforma del artículo 135 de la Constitución, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE y toda la restante parafernalia normativa asociada. Inspira también el Tratado de Maastricht y los Tratados de la Unión Europea. Es una ideología que se deriva de una profunda ignorancia sobre la función macroeconómica del déficit público.

Entre los economistas del gobierno domina la idea neokeynesiana de que el  saldo presupuestario de las administraciones públicas, en el largo plazo, debe estar equilibrado. Los déficit de hoy deberán ser pagados en el futuro con superávit. Esta ficción está solo en su mente pues un estado emisor de moneda siempre podrá mantener un déficit, llueva, truene o granice. El hecho de gastar más de lo que recauda hoy no afecta en absoluto la capacidad del estado de gastar en el futuro. De la misma forma que la decisión del emperador Trajano de gastar en la construcción de un acueducto en Segovia no impacta en absoluto nuestra capacidad de gasto actual, dejándonos sin embargo un hermoso monumento que disfrutan y visitan millones de turistas. Desde un punto de vista financiero, la decisión de gastar hoy es un hecho que impacta el presente pero no al porvenir y la decisión de gastar mañana afectará al futuro pero no al pasado. Lo que sí hace relevante una decisión de gasto pública es que eleve la disponibilidad de recursos en el futuro. Ciertamente las políticas de austeridad no elevan esa disponibilidad de recursos.

Las ministras de Economía y de Hacienda, Nadia Calviño y María José Montero, no lo saben y sin duda se adhieren al principio de que ahora toca ser “responsables” porque posteriormente, cuando llegue otra crisis, un estado excesivamente endeudado no podrá responder por carecer de espacio fiscal. Esto solo sería así si el Banco Central Europeo decidiera chantajearnos de nuevo como hizo Trichet en 2010 y desde luego no lo sería si recuperáramos nuestra soberanía monetaria. Desprovisto el estado de su soberanía monetaria quedamos sometidos al humor del cónclave que gobierna el Banco Central Europeo, que podrá decidir hoy si respalda nuestra deuda y mañana no. Pero debe quedar meridianamente claro: el Banco Central Europea puede dejar los rendimientos de la deuda pública en 0%, si quieren, mañana mismo. Si no lo hacen es por un error de diseño de las instituciones que gobiernan el euro que no es nada inocente.

Las condiciones institucionales y los dogmas vigentes se combinan fatalmente para dejar inerme a la izquierda. Esta izquierda europeísta, incapaz de cuestionar el andamiaje estructural del euro, nunca podrá ofrecer más que un poco menos de austeridad hoy a cambio de más austeridad en el futuro.

En resumen, meros cuidados paliativos; renuncia a revertir con decisión las reformas más aberrantes y nocivas introducidas durante el largo ciclo de austeridad; temor reverencial a las autoridades de Bruselas. Los dirigentes de la Izquierda sin médula, domesticada y sumisa no pueden plantear una salida del euro. Carecen de la convicción y los recursos para desarrollar doctrinas económicas alternativas y sacarnos del laberinto de la austeridad. Pero el caso es que ese proyecto europeo anula a los progresistas. Es por ello la dictadura perfecta; el laberinto sin salida en el que no podremos escapar nunca del Minotauro neoliberal. Cuando hablo con algunos economistas de Unidos Podemos suelen admitir en privado que dentro del euro tenemos pocas opciones para desarrollar políticas que reviertan los años de austeridad. Pero se niegan a confirmarlo en público. Parece que están esperando a que el público cambie su opinión sobre el euro sin advertir de que el liderazgo político consiste precisamente en formar a la opinión pública. Una opinión manipulada por los medios dominantes que no escucha otra cosa que las excelencias del proyecto europeo y lo desastroso que es el Brexit nunca cambiará espontáneamente. Es imprescindible que alguien explique por qué el proyecto europeo es lesivo para sus intereses.  O la izquierda cambia y se atreve a liderar la salida del euro y la reversión de la política de austeridad o quizá sus votantes los cambien por otros políticos.