Momento Lerner. Episodio 13: Lula da Silva. El regreso

 Recientemente se produjeron las elecciones presidenciales en Brasil. Han sido unas elecciones muy disputadas que obligaron a una segunda ronda entre Bolsonaro y Lula da Silva. Una victoria mínima por 2 millones de votos en un país con más de 200 millones de votantes. Desde una perspectiva progresista la victoria de Lula es un alivio tras el infame mandato del ultraderechista Bolsonario. El primer mandato de Lula da Silva concluyó con acusaciones de corrupción por el escándalo Lava jato y una potente campaña mediática y una sucia persecución judicial (que se podría calificar de lawfare en inglés). Posteriormente Dilma Roussef, su sucesora al frente del PT, hizo un giro hacia las políticas neoliberales con la designación de Joaquim Levy como ministro de economía y hacienda para conquistar la “confianza del mercado”. Levy, inició el más brutal plan de austeridad fiscal de la historia reciente de Brasil, basándose en el cuento de hadas de la “contracción fiscal expansionista”! En definitiva la política económica de Dilma Roussef sirvió para liquidar electoralmente un proyecto político que, sin embargo, había servido para iniciar importantes reformas sociales y en el campo de los derechos civiles. Tras una penosa ordalía judicial Lula retorna. Pero, como siempre que hay una victoria electoral, tras las celebraciones llega el momento de hacer frente a la realidad. Los retos son sin duda inmensos. Analizamos el significado de este retorno con Patricia Pino, maestra y doctoranda en economía y fundadora de the MMT Podcast y miembro de Red MMT; Stuart Medina, presidente de Red MMT España; y, desde Brasil, Daniel Negreiros Conceição. Daniel Negreiros es Presidente de la junta directiva del Instituto de Finanças Funcionais, Profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional (IPPUR) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Además escribió el libro “Teoría monetaria moderna: A chave para uma economía a serviço das personas” (https://books.google.es/books/about/T…). Se graduó como economista de la UFRJ y con una maestría y doctorado por la Universidad de Missouri en Kansas City (UMKC). Este episodio se ha rodado mayormente en inglés con subtítulos en castellano. 

Cuidados paliativos: acuerdo sobre los presupuestos generales del estado

21 de octubre de 2018

El acuerdo suscrito entre Podemos y PSOE sobre el proyecto de presupuestos generales del estado ha sido presentado triunfalmente por sus signatarios como una reversión de años de austeridad. Lamento desempeñar el papel del eterno cascarrabias pero disiento: el acuerdo resulta profundamente decepcionante. Acepto que hay aspectos positivos y que el acuerdo refleja una mayor sensibilidad social; algo no difícil por contraste con la ameba sin sentimientos que nos gobernaba hace poco. Pero no podemos evitar una cierta melancolía al comprobar cómo, una vez más, la izquierda pierde la oportunidad de quebrar las reglas de juego y salir del terreno acotado por el neoliberalismo y su manifestación en las tierras europeas: el euro. PSOE y Podemos se someten a las rancias normas de disciplina presupuestaria marcadas por los Tratados de la UE. El resultado es una declaración de buenas intenciones que no empieza a abordar los graves problemas que padece la sociedad española.


Quizá el punto que más me ha agradado es la propuesta de subir un 22% el salario mínimo interprofesional hasta 900 €. Ayuda a revertir años de erosión a las rentas más bajas. Pero, llevamos tiempo recomendando desde la TMM una alternativa superior conocida como plan de trabajo garantizado. Por su potencia como herramienta de estabilización macroeconómica los dirigentes progresistas deberían conocerlo. Ciertamente Izquierda Unida llevó la propuesta en su programa electoral y este autor fue a explicárselo en compañía de Warren Mosler al asesor económico de Pedro Sánchez –aunque obviamente no lo entendieron a tenor de la versión de plan de empleo de transición que presentaron en su programa electoral; copiaron el nombre propuesto por Mosler pero se olvidaron del contenido. Un programa de trabajo garantizado liquidaría muchos de los problemas que estos acuerdos pretenden resolver sin necesidad de vigilar su cumplimiento, algo difícil sin prever la contratación de muchos más inspectores de trabajo. Un plan de trabajo garantizado también obviaría la necesidad de plantear la nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo que propone el acuerdo.

También me parece positivo el compromiso de mejorar las pensiones más bajas hasta que alcancen al menos el 60% del salario medio. Creo que la indexación de las pensiones no es una idea acertada por su potencial inflacionista pero eso ahora, en un entorno de baja inflación, es un tecnicismo.

En el acuerdo encontramos reversiones parciales de decisiones lesivas tomadas por el gobierno de Rajoy: algunas que comprometieron la gratuidad y el acceso universal a la sanidad pública así como determinados copagos sanitarios; algunos recortes en educación; se recuperan becas educativas; y se introducen partidas para la entrega de material escolar gratuito. Resultan también positivas las mejoras en la Ley de la Dependencia, víctima de una de las acciones más miserables de un PP que no dudó en cebarse con la parte más débil de la sociedad.

El problema es que domina el criterio de una recuperación parcial de derechos perdidos. Pequeñas mejoras que ayudan a paliar la larga década de austeridad. Un pasito p’alante después de varios pasos de retroceso durante la década de la austeridad. Hay más ejemplos de cuidados paliativos: para combatir pobreza infantil se introducen ayudas a los comedores escolares, se pretende extender la escolarización entre 0 y3 años y —¡atención!— se eleva el ingreso mínimo vital a 473 euros por hijo y año. Han leído bien: por hijo y AÑO. La infancia es nuestro futuro y debe gozar de la máxima protección, sobre todo cuando nos enfrentamos a una crisis demográfica como la presente, pero en el pacto entre Podemos y PSOE solo pueden ofrecer 473 euros por año.

Más cuidados paliativos: la partida destinada a ciencia, una de las más desangradas por el gobierno del PP, vuelve a crecer, pero tan solo un escueto 6.9%, guarismo que, ni de lejos, recupera los niveles anteriores a la crisis. Para eso no hace falta cumplir el otro acuerdo para recuperar el personal investigador perdido: ¿con qué recursos investigarán estos nuevos científicos? Para la ciencia española la crisis de austeridad continúa.

La mayoría de los restantes acuerdos tendrán un impacto presupuestario limitado. Se pretenden derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y medidas que mejorarán los derechos de los trabajadores. Pero, ¿por qué no plantear su derogación total? Probablemente porque en 2011 Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez enviaron una célebre carta, cuyo contenido no fue revelado hasta varios años después por Rodríguez Zapatero. En ella el Banco Central Europeo condicionó la compra de nuestra deuda soberana en los mercados secundarios a la introducción de una serie de reformas de tenor neoliberal que ahora esta izquierda sin médula no osa repudiar.

En lugar de plantear la abolición del legado tóxico de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española llamado Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se pretende mitigarlo facilitando que “las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones” (…) y “otras materias con repercusión social”.

¿Qué significa “Inversiones financieramente sostenibles”? Suena a un concepto empresarial. Abunda en la idea falaz de que las administraciones públicas son como hogares o empresas que necesitan ser financiados y gestionados con criterios de rentabilidad. Es evidente que una administración local no es como un estado emisor de moneda y es cierto que los ayuntamientos y comunidades autónomas deben financiarse con impuestos o transferencias del estado. Pero si, por motivos ideológicos, empezamos a exigir criterios de estabilidad financiera que corresponden a otros ámbitos como el empresarial, entraremos en dinámicas de ejecución de gasto público que no responden a la misión de una administración pública. De allí a la privatización de los servicios públicos y a la justificación de recortes nocivos para las prestaciones sociales y los servicios públicos hay un paso. En lugar de poner el foco en la calidad y eficiencia de programas públicos diseñados para mejorar la vida de los ciudadanos y desarrollar comunidades sólidas y garantizar una adecuada financiación de las corporaciones locales se imponen permanentes recortes que los degradan, arruinan la vida de las personas y destruyen las comunidades. Una consecuencia de la degradación de los servicios públicos es el abandono de pueblos del interior que el acuerdo de nuevo pretende atender con paños calientes.

Pero volvamos a este concepto aberrante de inversiones “financieramente sostenibles”. La LOEPSF prioriza que las administraciones locales paguen la deuda bancaria. Solo en el caso de que tuvieran superávit o un remanente de tesorería podrían destinar fondos a financiar inversiones financieramente sostenibles. Esta condicionalidad es mayor cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas sea superior a 10 millones de euros y suponga un incremento de los gastos corrientes vinculado a los proyectos de inversión porque entonces requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estas inversiones solo se pueden destinar a un limitado tipo de proyectos como alcantarillado, alumbrado, vías públicas, etc. La LOEPSF no fue solo un instrumento para instalar a España en la deflación permanente sino que además se convirtió en la herramienta para suprimir de la autonomía local, lo cual encajaba muy bien con el programa autoritario y recentralizador del PP. Este aparato normativo no merece ser suavizado, debería ser eliminado de una vez por todas.

El resto de medidas son un maremágnum de declaración de buenas intenciones sin apenas asignación presupuestaria. No las citaré todas. Mencionaré por ejemplo que se pretenden cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución. ¿Y por qué no plantear de una vez la nacionalización de unas empresas que operan bajo un régimen de monopolio natural? También se quiere proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía, actividades económicas que simplemente deberían ser prohibidas por ser fraudulentas y atentar contra la salud pública.

Imbuidos de la ideología del estado Robin Hood, que solo puede dar a los pobres si previamente recauda impuestos de los ricos, se plantean reformas que pretenden aumentar la recaudación. No nos parecen mal algunas como un tipo tributario mínimo en el Impuesto de Sociedades. Pero el Impuesto transacciones financieras, que pretende reducir la especulación financiera imponiendo una tasa del 0,2% sobre las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, no conseguirá su objetivo. Si esas transacciones no son deseables ¿por qué no prohibirlas directamente en vez de crear un impuesto que difícilmente arredrará a los especuladores?

Se podía haber trabajado en una mayor progresividad fiscal, por ejemplo igualando de una vez por todas los tipos de tributación sobre las rentas del ahorro con los de las rentas del trabajo o reduciendo el tipo general de IVA en lugar de conceder rebajas testimoniales de tipos que gravan consumos que interesan a algunos colectivos con mayor capacidad de movilización. De nuevo encontramos la timidez y falta de osadía características de una izquierda sin médula e invertebrada.

En todo caso al acuerdo le queda mucho recorrido antes de convertirse en ley. En primer lugar tiene que ser sometido a la censura previa de la Comisión Europea. Si Bruselas tiene que aprobar nuestros presupuestos ¿por qué no tomamos ya la medida más práctica de cerrar las Cortes Generales? El Gobierno italiano ha preferido presentar un presupuesto insumiso con un objetivo de déficit del 2,4% que ha irritado sobremanera a los dogmáticos de Bruselas. El Gobierno español, gobernado por la izquierda sin médula e invertebrada, ha preferido ser más obediente, prometiendo, ante las reclamaciones de Moscovici, que “hará un ajuste mayor que en los cuatro últimos años de Rajoy”. No nos cabe ninguna duda de que, este año y posiblemente el siguiente, el déficit español se reducirá. De hecho la recaudación está alcanzando registros superiores a los de antes de la crisis. Eso es consecuencia del efecto de los llamados estabilizadores automáticos: cuando llega la recuperación económica también lo hace la recaudación. Nada milagroso, es simplemente una consecuencia del ciclo económico. Este efecto se ha acentuado por las reformas sobre el sistema tributario que aumentaron las tasas durante la etapa en que se pretendió aplicar políticas de austeridad de carácter procíclico, es decir, temerariamente diseñadas para profundizar la depresión.

Sigue habiendo muchas necesidades sin atender; muchas cicatrices y heridas mal curadas legadas por la crisis. ¿Se podría hacer más que lo que ofrece este acuerdo presupuestario? ¡Sin duda! Entonces, ¿por qué Podemos y PSOE pactan un acuerdo tan poco ambicioso? La fragmentación parlamentaria y el sometimiento a las reglas del juego impuestas por nuestra pertenencia a la UE quizás obligan un ejercicio de pragmatismo.

Pero me temo que la cuestión es mucho más profunda. El alcance del acuerdo demuestra que gran parte de la izquierda ha sido capturada ideológicamente por el pensamiento económico neoclásico. Esta ideología permea hasta en sus últimos poros la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la reforma del artículo 135 de la Constitución, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE y toda la restante parafernalia normativa asociada. Inspira también el Tratado de Maastricht y los Tratados de la Unión Europea. Es una ideología que se deriva de una profunda ignorancia sobre la función macroeconómica del déficit público.

Entre los economistas del gobierno domina la idea neokeynesiana de que el  saldo presupuestario de las administraciones públicas, en el largo plazo, debe estar equilibrado. Los déficit de hoy deberán ser pagados en el futuro con superávit. Esta ficción está solo en su mente pues un estado emisor de moneda siempre podrá mantener un déficit, llueva, truene o granice. El hecho de gastar más de lo que recauda hoy no afecta en absoluto la capacidad del estado de gastar en el futuro. De la misma forma que la decisión del emperador Trajano de gastar en la construcción de un acueducto en Segovia no impacta en absoluto nuestra capacidad de gasto actual, dejándonos sin embargo un hermoso monumento que disfrutan y visitan millones de turistas. Desde un punto de vista financiero, la decisión de gastar hoy es un hecho que impacta el presente pero no al porvenir y la decisión de gastar mañana afectará al futuro pero no al pasado. Lo que sí hace relevante una decisión de gasto pública es que eleve la disponibilidad de recursos en el futuro. Ciertamente las políticas de austeridad no elevan esa disponibilidad de recursos.

Las ministras de Economía y de Hacienda, Nadia Calviño y María José Montero, no lo saben y sin duda se adhieren al principio de que ahora toca ser “responsables” porque posteriormente, cuando llegue otra crisis, un estado excesivamente endeudado no podrá responder por carecer de espacio fiscal. Esto solo sería así si el Banco Central Europeo decidiera chantajearnos de nuevo como hizo Trichet en 2010 y desde luego no lo sería si recuperáramos nuestra soberanía monetaria. Desprovisto el estado de su soberanía monetaria quedamos sometidos al humor del cónclave que gobierna el Banco Central Europeo, que podrá decidir hoy si respalda nuestra deuda y mañana no. Pero debe quedar meridianamente claro: el Banco Central Europea puede dejar los rendimientos de la deuda pública en 0%, si quieren, mañana mismo. Si no lo hacen es por un error de diseño de las instituciones que gobiernan el euro que no es nada inocente.

Las condiciones institucionales y los dogmas vigentes se combinan fatalmente para dejar inerme a la izquierda. Esta izquierda europeísta, incapaz de cuestionar el andamiaje estructural del euro, nunca podrá ofrecer más que un poco menos de austeridad hoy a cambio de más austeridad en el futuro.

En resumen, meros cuidados paliativos; renuncia a revertir con decisión las reformas más aberrantes y nocivas introducidas durante el largo ciclo de austeridad; temor reverencial a las autoridades de Bruselas. Los dirigentes de la Izquierda sin médula, domesticada y sumisa no pueden plantear una salida del euro. Carecen de la convicción y los recursos para desarrollar doctrinas económicas alternativas y sacarnos del laberinto de la austeridad. Pero el caso es que ese proyecto europeo anula a los progresistas. Es por ello la dictadura perfecta; el laberinto sin salida en el que no podremos escapar nunca del Minotauro neoliberal. Cuando hablo con algunos economistas de Unidos Podemos suelen admitir en privado que dentro del euro tenemos pocas opciones para desarrollar políticas que reviertan los años de austeridad. Pero se niegan a confirmarlo en público. Parece que están esperando a que el público cambie su opinión sobre el euro sin advertir de que el liderazgo político consiste precisamente en formar a la opinión pública. Una opinión manipulada por los medios dominantes que no escucha otra cosa que las excelencias del proyecto europeo y lo desastroso que es el Brexit nunca cambiará espontáneamente. Es imprescindible que alguien explique por qué el proyecto europeo es lesivo para sus intereses.  O la izquierda cambia y se atreve a liderar la salida del euro y la reversión de la política de austeridad o quizá sus votantes los cambien por otros políticos.

Cuando no gastar es malgastar

Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es 

Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919). El tratado de Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29 que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara cuestionar el proyecto europeo!

El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013 pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.

La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y sorprendentes como “los ajustes fiscales, incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin causar recesiones. Los ajustes fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen demorar la adopción de políticas fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de impuestos ” (Alesina, 2010). ¡Olé, olé, olé!

El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la austeridad.

Un año después del discurso de Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la equidad social en nuestro país[i] (Trichet & Ferández Ordóñez, 2011). Un mes más tarde, Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.

El artículo fue aprobado de forma expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina Miltimore, 2014).Resulta evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas” (Sánchez Pérez-Castejón, 2011).

No sé si los socialistas son conscientes del grave error que cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos con esta reforma  me parece improbable que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades socialmente más útiles.

Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.

La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Son muchos principios, todos ellos con malos finales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el 2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el 2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia. ¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?

El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española». Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability, 2016). En definitiva: si estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?

Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la crisis se antoja prácticamente imposible.

El gestor público que quisiera introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar. Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar. Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14 señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.

Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”. Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

Los propósitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento. Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector exterior.

Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de 73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.

Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política, nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el aumento de las desigualdades.

Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad y sacrificios.

La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?

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[i] El Viernes 19 de diciembre de 2014 el Banco Central Europeo publicaba la correspondencia de 2011 de Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José Luís Rodríguez Zapatero, instando a éste a tomar medidas que apoyen “su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencia creíble". La carta puede leerse íntegra aquí.

Referencias bibliográficas

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.

Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730

Keynes, J. M. (1919). Economic Consequences of the Peace.

Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero: http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html

Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad y justicia social. Obtenido de El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802

Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability. (5 de julio de 2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto de 2011). Gurusblog. Obtenido de https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf

España debe abandonar el euro inmediatamente y recuperar su soberanía monetaria

Publicado originalmente en la sección Luces Rojas del diario InfoLibre el 20 de marzo de 2017.

No se puede negar que la economía española lleva creciendo varios trimestres seguidos. He argumentado en artículos anteriores que la principal causa ha sido la voluntad del Gobierno de incumplir el mal llamado “objetivo” de déficit acordado con Bruselas. El gobierno ha estimulado el crecimiento con gasto fiscal deficitario a partir de 2013 para ganar las elecciones de 2015 con la aquiescencia de una Bruselas alarmada ante el ascenso de Podemos. No obstante, pido al lector que observe con un poco de detenimiento el siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el INE


Es innegable que se ha producido un crecimiento económico desde que la insensata política de austeridad radical que nos impusieron Bruselas y el BCE fue suavizada. Sin embargo observen que todavía en el cuarto trimestre de 2016 no habíamos superado el nivel de producción alcanzado en 2008. ¡Treinta y cuatro trimestres después la economía española sigue produciendo menos que al inicio de la crisis! Probablemente ésta es la recuperación económica posterior a una recesión más lenta que se haya observado desde la Guerra Civil. En la anterior crisis económica iniciada en el último trimestre de 1992 la economía recuperó su nivel de actividad previo en tan solo siete trimestres. Pese a todo el triunfalismo exhibido por las autoridades españolas lo cierto es que nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes que debería avergonzarnos. Cuando la Comisión Europea proclama el éxito de las políticas de austeridad lo sorprendente es que no haya más economistas denunciando tamaña tergiversación de los hechos.


Las consecuencias de esta larga crisis han sido letales para las familias. Nuestra tasa de desempleo, más propia de un estado fallido de África que de un país de la OCDE, sigue siendo de las más altas del mundo occidental. La tasa de desempleo juvenil, el colectivo más perjudicado por la crisis, sigue siendo superior al 42%, la más alta de Europa. Hemos perdido a una generación entera. Se han publicado abundantes datos que demuestran que muchas familias han descendido de clase social. Otro legado de la crisis es la tasa de desempleo de larga duración más elevada de Europa. Este fenómeno afecta sobre todo a ciudadanos mayores de 50 años. Entre los parados de larga duración de esa cohorte dos tercios llevan más de un año sin trabajar. Muchos no volverán a encontrar un empleo y por ello verán su nivel de vida reducido para siempre. A la pérdida permanente e irreversible de renta se añadirá la injuria de que se les reconocerá una pensión menor a la que habrían disfrutado de haber podido seguir trabajando. No es admisible ninguna complacencia ante la magnitud de la tragedia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por Eurostat

Lamentablemente no nos encontramos solos. Es cierto que el proceso de financiarización puesto en marcha por el neoliberalismo desencadenó una crisis internacional sin precedentes cuyos daños han tardado en ser reparados. La lógica de la austeridad que se apoderó del pensamiento económico dominante ha impedido que los gobiernos actuasen con mayor determinación. Pero la mayoría de los países occidentales han superado ya el nivel de la producción que tenían antes de la crisis. Ése no es el caso de varios estados pertenecientes a la zona Euro (España, Italia, Portugal, Finlandia y Grecia) que siguen con un PIB en términos reales inferior al de 2007. El factor euro no es una coincidencia.

Cuando la economía española parece estar saliendo de la crisis muchos podrían pensar que es un mal momento para recomendar la recuperación de la soberanía monetaria. Sin embargo los argumentos en favor de la soberanía monetaria son muy contundentes.

En primer lugar es innegable que de haber tenido nuestra propia moneda en 2010 no habríamos sufrido el ataque de los mercados contra nuestra deuda soberana. Tampoco habría sido posible que el BCE y Bruselas hubiesen chantajeado a nuestro gobierno exigiendo la imposición de políticas de austeridad en el peor momento posible. Fuera de la unión monetaria, nuestra economía se habría recuperado de la crisis en 2011 o 2012. Es cierto que el BCE ahora compra nuestra deuda pública en los mercados, lo cual nos ha emancipado de ellos temporalmente. Sin embargo, estos programas de compra de deuda soberana son provisionales y además están condicionados al cumplimiento de objetivos de austeridad. Bruselas apremia a España para que siga reduciendo su déficit. Ni los tratados ni la ideología que domina en las instituciones europeas han cambiado ni lo harán.

El problema va más allá de las erradas políticas de austeridad que se impusieron desde Bruselas en 2010. Nos enfrentamos a un fallo estructural en el diseño de la moneda común europea. El tratado de Maastricht cercena la capacidad de actuación de los Estados ya que los priva del respaldo de un banco central y limita su capacidad de actuación ante una recesión. La moneda común también impide que un estado con dificultades causadas por su balanza comercial deprecie su moneda para recuperar parte de la competitividad perdida.

La catástrofe social que ha legado la crisis económica requiere de una respuesta decidida por parte del Estado. La adecuada es que el Estado incurra en un gasto fiscal deficitario probablemente superior al 8% sobre el PIB durante al menos dos o tres años. Esto es imposible dentro del rígido marco fiscal impuesto por los tratados europeos que nos impone una senda de reducción del déficit hasta que éste sea inferior al 3%.

El tiempo se agota

Tenemos que ser conscientes de que el tiempo se agota. Si no acometemos ahora un plan de crecimiento basado en un potente estímulo fiscal, nos apartaremos para siempre de la senda de crecimiento potencial del PIB que teníamos en 2007. Nos encontraremos con dos generaciones perdidas de jóvenes. Muchas personas han perdido toda esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Esto implica que nunca podrán hacer realidad ninguna aspiración personal legítima: desarrollar una carrera, mantener una relación de pareja, emanciparse y establecer su propio hogar, tener hijos, llevar un nivel de vida materialmente digno, etc.

Existe otro problema más difícil de entrever a corto plazo. Seguir en la unión monetaria europea nos condena a ser un agente secundario en Europa limitado a ofrecer productos hortofrutícolas y servicios de hostelería a los más prósperos vecinos del norte. Se nos permitirá tener un pequeño tejido industrial en algunas zonas que han acertado a conservar lo que sobrevivió a la "reconversión" industrial de los 80 (en realidad un desmantelamiento en toda regla). Pero gran parte de este tejido fabril será auxiliar del aparato productivo de Alemania.

Necesitamos acometer una urgente modernización de nuestro sistema productivo. Solo un estado que cuente con la potestad de encauzar recursos reales cuantiosos hacia nuevas actividades industriales y tecnológicas puede conseguir una transformación real. Esto solo puede hacerlo un estado con capacidad de crear moneda fiduciaria, es decir, dotado de soberanía monetaria. La UE carece de una instancia federal con una visión transformadora de la periferia y capaz de movilizar los recursos hacia ese nuevo modelo económico.

Recientemente el Grexit ha retornado a los medios como tema candente ante la evidencia de que los rescates no sirven para sacar a Grecia de la depresión y de que necesitará un nuevo rescate para evitar el default. La situación de ese país es aún más dramática que la de España. Claramente Grecia se beneficiaría de una salida de la cárcel de deuda y la liberación de unos tratados que impiden a su gobierno iniciar una política fiscal expansiva. La falta de coraje del gobierno de Tsipras y una opinión pública temerosa de la reintroducción de una moneda nacional explica que aún no se haya producido este evento. Restableciendo la dracma, Grecia podría recuperar el crecimiento muy rápidamente, ya que un estado que disfruta de un monopolio de emisión de moneda puede comprar todo lo que se encuentre a la venta en su territorio. Es decir, el Gobierno griego tendría la capacidad de dar ocupación a todos los recursos ociosos en su país. La pregunta no es si Grecia saldrá de la zona euro sino cuándo.

España debería tomar nota pero al igual que en Grecia, nuestras élites están comprometidas con el proyecto europeo. Considero que el establishment español tiene un serio problema que va más allá de la negación de la realidad. Podríamos exculparlo pensando que las élites empresariales y políticas son incapaces de entender que el diseño de la moneda común ha sido erróneo. Pero lamentablemente la cuestión es más grave. Carecen de la sensibilidad humana necesaria para actuar con decisión en la reparación de los daños que ha causado la crisis a sus conciudadanos más desafortunados. Inquieta pensar que este establishment se comporta en realidad como las "élites compradoras" del antiguo imperio colonial portugués, cuyos intereses estaban mejor alineados con los de la metrópolis que con los de sus compatriotas. De otro modo, cuesta entender el enamoramiento de nuestro establishment con un proyecto europeo extremadamente peligroso para la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Nuestros dirigentes carecen totalmente de un proyecto de país que vaya más allá de repetir mecánicamente que la "solución es más Europa" sin explicar en qué consiste tal "solución".

Padecen de una seria ceguera sobre la naturaleza de nuestra relación con los socios europeos. Estos han demostrado la más absoluta insensibilidad hacia los sufrimientos causados a la población de los países periféricos. Su actitud es más propia de sociópatas que de los aliados que creen tener los dirigentes españoles. Ninguno de los países superavitarios ha asumido la necesidad de contribuir a nuestra rápida salida de la crisis con una política expansiva que redujera sus abultados superávit comerciales. Éstos fueron la contrapartida a nuestro endeudamiento externo y privado y su reducción habría facilitado la salida de la crisis en la periferia. Por supuesto, una transferencia de rentas está fuera de toda cuestión. Los países del núcleo duro europeo, apoyados partidariamente por las instituciones europeas, impusieron todos los costes de la salida de la crisis sobre nosotros y prefirieron rescatar a los grandes bancos alemanes y franceses que a los pueblos del sur. Estos países hegemónicos no están dispuestos a modificar los tratados para reparar los fallos de diseño del euro. Sin la existencia de un demos europeo y sin un gobierno federal capaz de abordar un proyecto ambicioso de transformación es ingenuo pensar que Europa resolverá nuestros problemas.

Las sociedades mediterráneas padecen de un bajo nivel de autoestima. Quizás por eso estamos encadenados a una relación patológica que recuerda a las de esas mujeres maltratadas que aún no han aceptado que su marido las tortura física y mentalmente. Urge que la sociedad española abra los ojos y entienda que somos nosotros los responsables de encontrar la solución más conveniente para nuestros problemas. Esto no es nacionalismo trasnochado, es sencillamente lo que hacen los estados escandinavos, como Suecia o Dinamarca, que se negaron a entrar en la unión monetaria porque pronosticaron, acertadamente, que exterminaría sus estados de bienestar. Sin titubear debemos recuperar el principal símbolo de identidad de un estado democrático y soberano: la moneda. No hay soberanía democrática sin soberanía monetaria. Regeneración democrática de nuestra política para someter a las oligarquías y soberanía monetaria son las dos caras de la misma moneda.

La irresponsabilidad fiscal

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre





30 de mayo de 2016


En 2010 el Gobierno del Presidente Zapatero propuso una enmienda a la Constitución Española que modificaba su artículo 135. Fue aprobada con el apoyo del Partido Popular de forma urgente por las Cortes, hurtándose a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias o la necesidad de tal reforma. En su nueva redacción, el artículo obliga al estado a mantener un déficit público estructural dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este compromiso se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria que limitaba el déficit estructural al 0,4% del PIB y creaba una nueva entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).


El déficit público se puede desagregar en un componente derivado del ciclo económico y en otro estructural. El primero se explica por las oscilaciones coyunturales que pueden aumentar el déficit en una recesión debido a la actuación de los ‘estabilizadores automáticos’, mecanismos incorporados a la estructura fiscal que elevan los gastos sociales cuando aumenta el paro o reducen la recaudación cuando caen los ingresos de hogares y empresas. El ‘déficit estructural’ sería aquél que correspondería a una situación de pleno empleo. También reflejaría de algún modo el posicionamiento fiscal del gobierno: la intención expansiva o contractiva de su política macroeconómica.


Esta reforma ha sido muy criticada por numerosos economistas que consideramos que es contraproducente porque fija un límite arbitrario al déficit del estado, porque impone un sesgo recesivo a la economía española y porque es inútil. Es arbitrario porque no hay justificación científica para decidir que el déficit estructural deba ser del 0,4 en porcentaje del PIB. No se encontrará en la bibliografía un estudio mínimamente serio que pueda justificar ese guarismo y por tanto solo se explica por haber sido seleccionado por un halcón del déficit.


Un límite tan bajo, de aplicarse en la práctica, llevaría a la economía española a una depresión perpetua. Sin una instancia federal europea con una capacidad de gasto significativa que pueda relevar a los estados nacionales de la responsabilidad de dirigir los ciclos económicos, le toca al gobierno español rellenar las brechas que periódicamente deja el sector privado en la demanda agregada. La reforma además crea inseguridad jurídica porque el propio concepto de déficit estructural es difícil de precisar. Depende de estimaciones que pueden variar según la metodología que se aplique para su cálculo, de tal forma que podrían existir tantas estimaciones como economistas se encuentren en la sala. Para empezar, los economistas “ortodoxos” toman como referencia del pleno empleo la NAIRU, la tasa no aceleradora de la inflación. La evidencia empírica sugiere que el vínculo entre inflación y empleo no es tan sencillo como pretenden estos economistas ortodoxos. ¡Pero la última revisión de la CE rebajó en 2015 la NAIRU española del 26,6% al 20,7% de la población activa! El empleo de tal criterio implicaría una sobreestimación del déficit estructural que aconsejaría a los policy makers la aplicación de medidas de consolidación fiscal fuertemente contractivas. Aspirar a alcanzar un déficit estructural del 0,4% —seguramente sobrestimado— abortaría prematuramente nuestra magra recuperación económica.


En tercer lugar, este concepto es inútil porque el déficit del estado depende de múltiples factores que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, en la crisis iniciada en 2008 el sector privado español decidió reducir su endeudamiento para mejorar su posición financiera neta. Ante una dinámica de este tipo, que depende de la voluntad del sector privado, los empeños del sector público en equilibrar las cuentas públicas pueden acabar con una profundización perniciosa de la recesión. Porfiar en recortar el gasto público y aumentar los impuestos coincidiendo con una caída en la demanda del sector privado puede tener el efecto paradójico de que la recaudación caiga aún más y de que el déficit aumente en lugar de reducirse, como ocurrió durante la primera mitad del mandato de Rajoy.

Ilustración 1. Evolución de la capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las administraciones públicas, déficit estructural y crecimiento del PIB en volumen encadenado. El déficit creció durante la primera parte del mandato de Rajoy pese al empeño de reducir el déficit estructural causando una recaída en la recesión (en 2010 el PIB no varió tras dos años de caídas gracias al crecimiento del déficit público).  A partir de 2014 el gobierno empezó tímidamente a aumentar el déficit estructural lo que permitió una incipiente recuperación del PIB y una caída del componente cíclico del déficit. Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados por el INE y la Comisión Europea.

Existe una percepción extendida de que la democracia está siendo anulada por la supremacía de las instituciones financieras y el sometimiento de la política a los “mercados”, instituciones que, lejos del modelo de competencia perfecta de la utopía librecambista, han creado una distopía dominada por grandes oligopolios y monopolios. Sin embargo existe menos conciencia de que, bajo una apariencia de proyecto supranacional democrático, la Unión Europea se está transformando en una ‘posdemocracia’ debido a la proliferación de agencias y autoridades no elegidas directamente, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, que imponen límites a la soberanía popular tradicionalmente expresada y representada a través de los parlamentos.

El artículo 135 es una de las manifestaciones más extremas de la abolición de la voluntad popular porque impone límites irracionales y absurdos a la soberanía fiscal agravando la previa y todavía más grave pérdida de la soberanía monetaria. Menos conocido es que además ha creado una nueva entidad: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según su propia página web, la AIReF «tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.» Esta afirmación resulta radicalmente falsa para muchos economistas y revela el credo ideológico de este ente. Un dogma neoliberal caracterizado por la fobia al gasto público, al que falsamente se le asignan los males de la inflación y fantasiosos efectos de ‘crowding out’ o desplazamiento del gasto e inversión del sector privado, inspira la creación de este nuevo e inútil ente cuyo coste podríamos ahorrarnos.

La AIReF está presidida actualmente por José Luis Escrivá Belmonte, que anteriormente ha sido consultor en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas y, además, ha sido director de la Oficina para las Américas, responsable de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y director del Servicio de Estudios de BBVA, todas ellas instituciones conocidas por su sesgo neoliberal, su incapacidad manifiesta de prever la crisis económica y su reiterado compromiso con propuestas lesivas para el bienestar social de los países que han tenido la desgracia de verse sometidas a sus recomendaciones y dictámenes. Es imposible que una entidad presidida por alguien con este currículum actúe de forma “independiente”.

La web de la AIReF continúa explicando que «su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.» Por ahora la labor de la AIReF se limita a «una evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un análisis de las previsiones económicas», es decir, a realizar tendenciosos informes sobre las cuentas públicas y el cumplimiento de los Programas de Estabilidad. Uno de sus primeros informes anunciaba que “la deuda de las administraciones públicas podría ser casi 30 puntos inferior de haberse aplicado la regla de gasto”, un contrafactual difícil de contrastar e improbable pues de haberse seguido esa política se habría abortado toda recuperación económica. Resulta perturbador y alarmante saber que una entidad dirigida por tecnócratas con un claro sesgo ideológico deban tenerse en cuenta para elaborar la legislación más importante en una democracia: los presupuestos generales del estado. Los primeros parlamentos europeos se crearon en la Edad Media y entre sus principales cometidos históricamente estaba la aprobación de nuevos impuestos, un hito en el camino hacia la democracia moderna. Son los parlamentos los que aprueban la estructura impositiva y validan las políticas fiscales del gobierno cuando aprueban los presupuestos del estado. Si una agencia “independiente” dirigida por tecnócratas puede condicionar este proceso entonces la pregunta que debemos hacernos es para qué queremos un parlamento. Sin darnos cuenta, pasito a pasito, las Cortes españolas se han convertido en una institución tan simbólica, costosa y ceremonial como la Corona.

Desde la Asociación para el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios tratamos de hacer comprender a la opinión pública que la política responsable, ante la grave situación que padece nuestro mercado laboral y el empobrecimiento de un tercio de la población, es aumentar el déficit y no entrar en una senda para reducirlo suavemente como nos piden desde Bruselas. La existencia de desempleo elevado es un síntoma de que el gasto agregado es demasiado pequeño. Si el sector privado no quiere gastar más entonces el desempleo es un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado estrecho. El hecho de que el crecimiento económico experimentado en 2015 coincidiera con un incumplimiento flagrante del objetivo de déficit debería ser suficiente prueba empírica de cómo se ejecuta una política fiscal responsable. La “histeria de déficit” que se ha apoderado de las instituciones comunitarias y de gran parte de los dirigentes políticos en las últimas semanas se disfraza de política responsable. Vistos los catastróficos resultados sobre el empleo tras años de “virtuoso” comportamiento fiscal del estado español afirmamos que la reforma del artículo 135 y la creación de la AIReF son actos irresponsables. La reforma debe ser repelida y la autoridad suprimida a la mayor brevedad.

¿Por qué se empeñan en vaciarnos los bolsillos?

Una versión abreviada de este artículo se publicó en el blog de la Fundación Alternativas.

España no ha cumplido el objetivo de déficit en 2015. Esta frase no debería tener ninguna connotación positiva o negativa. El hecho de que un estado tenga un superávit o un déficit es una mera cuestión contable. Es una magnitud que recoge la diferencia entre lo que ha inyectado el estado en el sector privado vía gastos y ha retirado vía impuestos. Los estados incurren en déficit prácticamente todos los ejercicios presupuestarios.



Fíjense en el siguiente gráfico que refleja el saldo de las cuentas públicas en porcentaje del PIB y el crecimiento interanual de esta magnitud macroeconómica para los Estados Unidos de América. Observarán que prácticamente todos los años EEUU ha incurrido en un déficit fiscal. Al lector observador quizás le llame la atención que, cada vez que el gobierno estadounidense ha conseguido un superávit, le acompañó una caída del crecimiento del PIB. No es una coincidencia y explicaré por qué más adelante. Gráficos parecidos podríamos hacer para todos los países.






Ilustración 1. Crecimiento del PIB de los EEUU (línea azul) y déficit o superávit del Gobierno Federal de los EEUU (línea naranja) en porcentaje del PIB. Fuente: Federal Reserve Bank of Saint Louis.



«Pero», dirá el lector, «si un estado mantiene un déficit perpetuo, se acumulará una deuda insostenible llevándolo a la insolvencia.» Esta es una creencia generalizada pero es falsa; se deriva de una analogía falaz con la restricción presupuestaria a la que están sometidos los hogares o las empresas. Un gobierno emisor de moneda no tiene restricciones financieras, o dicho de otro modo, no necesita recaudar impuestos antes de gastar. La explicación reside en que el gobierno es emisor de moneda y puede crearla ex nihilo sin coste alguno. Nunca se te puede acabar algo de lo que eres creador. Por tanto un gobierno puede mantener un déficit permanente sin quebrar ya que siempre podrá pagar su deuda.






Entonces ¿por qué recauda impuestos un gobierno? Los impuestos son un mecanismo fundamental de nuestro sistema monetario porque obligan a los ciudadanos a demandar el dinero que emite el estado. El estado crea dinero al gastar y lo cancela con impuestos para evitar que el poder adquisitivo en manos de los ciudadanos supere la capacidad productiva de la economía. Los impuestos son una herramienta de gestión económica que permiten redistribuir rentas, evitar que se produzca un fenómeno inflacionista o apartar producción real para destinarlo a los fines públicos. Sin embargo el lector debe convencerse de que un gobierno no tiene una restricción presupuestaria. El economista postkeynesiano Abba Lerner decía que «El gobierno debe ajustar sus tasas de gastos e impuestos de tal manera que el gasto total en la economía no sea, ni más ni menos, que el suficiente para mantener la producción al nivel de empleo a precios corrientes. Si esto significa tener déficit, mayor endeudamiento, “impresión de dinero”, etc., entonces estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son simplemente los medios para alcanzar los fines deseados de pleno empleo y estabilidad de precios».

Al conocerse la noticia de la desviación de déficit, políticos de la oposición, economistas y tertulianos han condenado al ministro Montoro por haber mentido sobre el objetivo de déficit, por haber incumplido el compromiso con Bruselas y por haber culpado a las autonomías de la desviación presupuestaria. No dudo de que Montoro merezca ser reprobado por haber prometido algo que no podía cumplir y por la forma en que ha tratado de desviar las culpas. Pero no pretendo tocar este tema ya agotado en los medios. Más bien me interesa analizar por qué preocupa a la oposición el incumplimiento del objetivo de déficit y si debe el nuevo gobierno asumir más recortes para continuar la senda de reducción de déficit.

Vayamos con el primer asunto. ¿Qué motiva el enfado de la oposición? Descartemos cándidamente que sea fruto del oportunismo político. Me sorprende el enojo porque un político de izquierdas debería estar más preocupado por rescatar a la población empobrecida durante la crisis lo cual exigiría una política fiscal expansiva. De hecho, el incumplimiento fue positivo porque, no por casualidad, nuestro PIB en volumen creció el año pasado a una tasa interanual del 3,3%. Quizás habría que estar agradecido, ya sea a las autonomías, como asegura Montoro, ya al propio ministro, por la desviación. Como dice el economista australiano Bill Mitchell, que visita España en mayo para presentar su nuevo libro, La Distopía del Euro, España demuestra cómo funciona la política fiscal anticíclica responsable [1]. Si acaso, quien suscribe habría deseado un déficit aun mayor para asegurar una más rápida salida de la crisis.

Otra posible causa de enojo sería la falta de honorabilidad que supone comprometerse ante las Cortes y nuestros socios comunitarios con un objetivo para luego incumplirlo flagrantemente, movido posiblemente por un cínico cálculo electoral. ¿Sabía Montoro que no iba a cumplir pero prefirió evitar la presión de una Bruselas dogmáticamente obsesionada con el cumplimiento de un objetivo de déficit del 3%? Digo dogma porque ese límite es arbitrario y carece de base científica aunque los políticos del PP dicen compartirlo. Ciertamente sería deseable una mayor transparencia y seriedad por parte de los responsables públicos. Si el objetivo de Montoro era incumplir el déficit, debería haberlo dicho con valentía y honestidad. Éstas son virtudes deseables en un político pero, aun así, no creo que su falta sea causa del enojo opositor.


Parece más plausible que la causa del enfado con el desenlace fiscal de 2015 sea el consiguiente estrechamiento del espacio fiscal en 2016. Resulta que, al encontrarnos de nuevo tan lejos del objetivo de déficit, para cumplir con él el nuevo gobierno —presumiblemente de izquierdas— tendrá que realizar un esfuerzo ingente. Esto restaría recursos para atender las políticas sociales que desearían ejecutar si llegan al gobierno.

Pero ¿no habíamos quedado en que un gobierno no está sometido a restricciones presupuestarias? Sí, pero esa ventaja solo la disfrutan aquellos estados que tienen soberanía monetaria y España renunció a ella al ingresar en el euro. Sin su propia moneda, el estado español no es muy distinto de una provincia, una diputación provincial o una colonia: tiene que conseguir euros primero para poder gastar. Así que, dado que los políticos españoles no parecen partidarios de recuperar la soberanía monetaria, los administradores de nuestro gobierno central tendrán que conseguir el dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Alternativamente podrían conseguir el apoyo del BCE para que las emisiones de deuda del estado no se vean sometidas a los caprichos del mercado, pero sabemos que éste está condicionado al cumplimiento de unos objetivos de austeridad lo cual no cambia mucho las cosas.

La economía nacional se puede desagregar por sectores institucionales (empresas, instituciones financieras, hogares, administraciones públicas y resto del mundo) para analizarla en detalle. Contemplen ahora el siguiente gráfico que refleja la capacidad (cifra positiva) o necesidad de financiación (cifra negativa) de cada sector institucional de la economía y comprobarán que es perfectamente simétrico. No es una casualidad; la simetría se deriva del hecho de que el endeudamiento de uno es forzosamente el ahorro de otro. Es decir, si el gobierno pretende reducir su déficit, el sector privado verá cómo merman sus ahorros.



Esta relación explica por qué el nuevo gobierno puede tratar de comprometerse con un objetivo de déficit y sin embargo fracasar en el intento. El problema de la senda de reducción de déficit es que es un objetivo móvil. A veces, cuanto más recortas, más te alejas del objetivo. La razón es que la gente tiene la dichosa manía de acaparar dinero (algunos lo consideran una actividad virtuosa y lo llaman ahorro). Si el estado quiere reducir su déficit tocando el bolsillo de los ciudadanos estos pueden decidir recortar sus gastos para seguir alcanzando sus objetivos de acaparamiento (ahorro); y Menos gasto agregado es igual a menos ingreso agregado, o sea, menos PIB. La consecuencia podría ser de hecho que aumentaran esta magnitud que entra en el denominador del coeficiente de déficit fiscal y también aumentara el numerador alejándose de nuevo el objetivo.

Desde que Keynes y Kalecki lo explicaron, allá por los años 30, sabemos que, en una recesión causada por el colapso del gasto del sector privado, la respuesta es aumentar el gasto y reducir los ingresos del sector público para que el estado ocupe la parte de la demanda evacuada por hogares y empresas. A veces, para recuperar la economía basta con dejar actuar a los llamados estabilizadores automáticos —el gasto aumenta, por ejemplo, las ayudas al desempleo, y la recaudación tributaria cae cuando flojea la actividad económica—. Sin embargo, en una depresión tan profunda que ha dejado un legado de desempleo tan elevado es posible que los estabilizadores automáticos sean insuficientes y, en ese caso, conviene que el estado aumente el gasto de forma discrecional. Paradójicamente un déficit público puede indicar un posicionamiento fiscal contractivo y procíclico, es decir, que actúa profundizando la depresión.


Lo grave del incumplimiento del objetivo es que si el gobierno español se aviene a las exigencias de Bruselas para acercarse al objetivo del 3% tendrá que recortar el déficit público en 20 mil millones de euros (el equivalente al 2% del PIB). Si creemos la previsión de crecimiento más recientemente publicada por el Banco de España, 2,7% para 2016, podemos afirmar que continuar en esa senda de reducción de déficit solo puede resultar en una caída del crecimiento hasta cifras inferiores al 1% deteniéndose abruptamente nuestra recuperación económica.

Comprendo el enojo de los políticos progresistas. Sin embargo son víctimas de su propio compromiso europeísta y de haber asimilado el pensamiento económico neoliberal. Si no quieren ver su gestión asociada a otra etapa de recesión deberían denunciar la dominante narrativa neoliberal, desengancharse de la sabiduría convencional y rebelarse frente a las exigencias de Bruselas. No se trata de negociar una senda de reducción sino de anunciar, con el coraje que le faltó a Montoro, que lo aumentaremos exigiendo el apoyo del Banco Central Europeo para las emisiones de deuda del estado español. La mejor salida a una gran depresión de la escala que vive España puede ser llenar los bolsillos de los ciudadanos con los ingresos generados mediante programas que movilicen los recursos reales actualmente ociosos y que el sector privado renuncia a emplear. Dicho en otras palabras: aumentando el déficit y dejándolo volar hasta conseguir nuestros objetivos de pleno empleo.

[1] Bill Mitchell. Spanish government discretionary fiscal deficit rises and real GDP growth returns. Abril de 2016. http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33329 

Mitología griega

Un interminable lustro ha transcurrido desde que se inició la crisis griega. Durante estos cinco años los políticos europeos y los responsables del FMI han recurrido a una narrativa que culpaba a los griegos y justificaba las políticas de austeridad. Este relato tiene una evidente inspiración ideológica neoliberal y está plagado de errores cuando no de falsedades. Pero eso no ha sido óbice para que los medios más influyentes lo hayan repetido ad nauseam con el celo del propagandista. Hemos sido testigos de cómo los dirigentes europeos y los representantes del FMI han reprendido reiteradamente a los griegos con un insultante tono de superioridad moral.

La campaña ha tenido éxito y me atrevería a afirmar que una gran parte de la sociedad comparte esta narrativa. Por eso, cuando llegaron al poder Tsipras y Varufaquis con un discurso radicalmente distinto acerca de las causas de la crisis y exigiendo cambios de políticas, muchos han reaccionado con indignación. Quizás por eso oímos a dirigentes socialistas españoles como Felipe González o Pedro Sánchez, por ejemplo, declarando que Tsipras se ha equivocado al convocar el referéndum o al retar a la troika para renegociar las condiciones del rescate. Uno esperaría más solidaridad de los dirigentes del centro izquierda con el nuevo gobierno.

Aunque el propio Varufaquis ha definido acertadamente a la Economía no como una ciencia sino como ideología con ecuaciones, creo que eso no nos exime de tratar los datos y hechos con algo más de rigor. Si se le dan al lector algunos que cuestionan asertos reiteradamente afirmados quizás aprecie que los políticos de Syriza tienen algo de razón en sus reivindicaciones. También puede que sirva para que el lector reciba con menos hostilidad las propuestas que postulan otras políticas económicas y entender por qué la austeridad impuesta desde la Troika estaba condenada a fracasar. Esta es la selección de mitos que pretendo desmontar o poner en contexto.

Mito nº 1. El gobierno griego gastó sin mesura en los años previos a la crisis.

La siguiente tabla muestra cómo evolucionó el nivel de gasto público en proporción al PIB de varios países de la Unión Europea y la media para los países de la UE..

Fuente: Eurostat

Al lector le costará encontrar la curva de Grecia en el gráfico porque está enterrado entre las de otros países europeos. Si Grecia hubiera hecho algo distinto a lo que hicieron los demás, su curva sería fácil de localizar en el gráfico. Una vez hallada entre la maraña podrá comprobar cómo en los años previos a la Crisis Financiera Global (CFG) el gasto público griego osciló entre el 44% y el 47% del PIB, cerca de la media de los 27 países de la Unión Europea (UE27) y no muy superior al de Alemania. Ya iniciada la crisis todos los países aplicaron políticas expansionistas e incrementaron su gasto; hasta que llegó la reacción neoliberal de 2010. Realmente Grecia no tuvo un comportamiento excepcional. Fue más aberrante el de España que prefirió mantener un nivel de gasto público muy bajo similar al de algunos países de Europa Oriental.

Mito nº 2. El Gobierno griego ha sido incapaz de recaudar impuestos

Este mito es parcialmente cierto. Grecia mantuvo un permanente déficit público durante los años anteriores a la crisis. Al igual que otros estados mediterráneos salidos de dictaduras derechistas, Grecia tiene un estado raquítico con escasos recursos para obligar al pago de impuestos. España resolvió el problema optando por un nivel de prestaciones sociales inferior al de la media comunitaria. Grecia prefirió mantener un déficit elevado. Por esta razón quizás Grecia consiguió mantener un nivel de empleo más elevado que España durante los años anteriores a la crisis.

Pero eso era antaño; hogaño Grecia podría considerarse el estado más virtuoso de la Unión Europea pues mantiene un superávit estructural o cíclicamente ajustado. Es decir, si no hubiese desempleo, Grecia tendría un superávit fiscal mayor que el de Alemania. El problema es que un posicionamiento fiscal de este tipo es fuertemente contractivo, especialmente si coincide con una profunda depresión. La razón es que en una recesión se contrae el consumo privado. Una reducción adicional del gasto público en estas circunstancias solo puede llevar a una contracción aún mayor de la economía.

En macroeconomía el gasto agregado es idéntico al ingreso de todos los factores e idéntico a los productos y servicios que produce la economía durante un período (el PIB). Es crítico entender estas identidades contables para entender por qué la austeridad está siempre condenada al fracaso. Reducir el gasto agregado de todos los sectores no genera un ahorro, como se dice a menudo equivocadamente, sino a una reducción del PIB. En las negociaciones con el gobierno de Tsipras la Troika pretendía imponer un nuevo ciclo de austeridad que llevaría inevitablemente a una profundización de la depresión.

Mito nº 3. La deuda griega es tan elevada debido a su sobredimensionado gasto militar.

Es cierto que Grecia ha mantenido un nivel de gasto militar en porcentaje del PIB más elevado que muchos países europeos. Ese gasto quizás podía haberse utilizado en otros gastos socialmente más útiles o en reducir el déficit. Sin embargo, en la Grecia salida de la dictadura de los coroneles y con una convulsa historia de guerras civiles, el estamento militar consiguió reservarse un mayor trozo de la tarta presupuestaria. La tensa relación con su vecino turco sin duda ha contribuido a esta hipertrofia militarista. Sin embargo esta partida ha venido cayendo en los últimos años. Si tenemos en cuenta que en la razón gasto militar/PIB el denominador ha caído más de un 25% esta caída es aún más espectacular. En las negociaciones con la Troika se estaban discutiendo recortes adicionales entre 200 y 400 millones €. No estaría de más recordar que los EE.UU. llevan años pidiendo a sus socios europeos que incrementen su gasto militar hasta un umbral de al menos el 2%.

Mito nº 4. La crisis de deuda se debe al endeudamiento público.

Si bien Grecia salió de la crisis petrolera de los años 70 con un elevado nivel de deuda pública, lo cierto es que los niveles respecto al PIB se mantuvieron desde entonces relativamente estables. Por tanto la elevada deuda pública fue una herencia de décadas anteriores. 

Al igual que en España, fue el sector privado el que se endeudó de forma insostenible en la primera década del siglo. Después de la CFG fueron el deseo del sector privado de reducir su endeudamiento con el consiguiente desplome del consumo y la inversión privados; la concomitante caída en la recaudación fiscal y aumento del gasto público por efecto de los estabilizadores automáticos (gasto en prestaciones de desempleo y otras políticas anticíclicas); y el desplome del denominador (el PIB) los que llevaron la deuda pública a niveles insostenibles. En el siguiente gráfico la curva azul muestra el crédito al sector privado en miles de millones de euros y la curva roja la deuda griega en porcentaje del PIB.

Numerosos países han mantenido niveles de deuda pública elevados sin excesivas consecuencias. Ejemplos de ello son EE.UU. y Japón. Sin embargo estos países no tienen problemas de solvencia. ¿Nunca se ha preguntado el lector por qué Grecia no puede sostener un nivel de deuda del 175% de PIB y Japón sí puede con una que duplica su PIB? La razón reside en que un estado emisor de moneda nunca puede quebrar (con la condición de que se endeude en su propia moneda y no en una moneda extranjera).

Supongamos que mañana un acreedor del estado japonés exige el cobro de un bono por valor de 100 millones de yenes. El Tesoro del Japón simplemente le entregará a cambio otros 100 millones de yenes que ha creado el Banco de Japón de la nada. Se habrá producido un simple intercambio de una deuda por otra deuda, unos papeles por otros.

En cambio al vencimiento de un bono emitido por el estado griego éste se tiene que asegurar de que cuenta con el importe equivalente en euros y éstos los tiene que conseguir vía impuestos. Grecia no puede crear euros pero antes sí podía crear dracmas de la nada. Fueron la conversión de la deuda histórica griega de dracmas a una moneda que no controla y la pérdida de un banco central que actuara como prestamista de último recurso las que han convertido la deuda griega en un problema.

Mito nº 5. El gobierno griego maquilló sus cuentas para entrar en el euro.

Este mito es cierto pero no seamos tan "meapilas". Si la UE no hubiese marcado los arbitrarios límites del Tratado de Maastricht para entrar y permanecer en el Euro, Grecia y otros países no habrían tenido que recurrir al expediente de falsear sus cuentas. No hay ningún criterio científico que diga que la deuda pública de un estado tenga que ser inferior al 60% ni el déficit público inferior al 3%. Las reglas de ese tratado fueron una ocurrencia de los políticos franceses y alemanes. Digamos que los países de la Eurozona se pusieron la soga al cuello.

Sí, en 2001 Goldman Sachs realizó un préstamo secreto que le permitió al gobierno griego ocultar el nivel real de su deuda. Lo trágico es que la transacción tuvo tal complejidad que el Gobierno griego no entendió el producto que estaba comprando ni pudo juzgar sus riesgos y costes [Bill Mitchell en Eurozone Dystopia (2015) citando a Dunbar y Martinuzzi (2012)].  

Sin embargo en ejercicios de creatividad contable Grecia estuvo muy bien acompañada de otros países, incluida la "virtuosa" Alemania. En 1997, Theo Waigel, a la sazón ministro de Hacienda alemán, preocupado porque su país no conseguía cumplir con el criterio de déficit exigido por el Tratado de Maastricht, intentó que el Bundesbank valorara sus reservas de oro a precios de mercado para registrar un beneficio que enjugara el desequilibrio de ese año. En este caso el banco central se opuso pero Alemania cayó en su propia trampa pues no tardó en convertirse en el primer país que incumplió las normas del Tratado de Maastricht. Todos los países hicieron la vista gorda para asegurar el éxito de la operación.

Mito nº 6. Naciones europeas como España han sido solidarias con Grecia.

Recientemente el presidente Rajoy soltó, con ese tono solemne que emplea para decir obviedades, una de sus frases más brillantes refiriéndose a Grecia: «una cosa es ser solidario y otras es serlo a cambio de nada". Es verdad que España ha sido muy solidaria, pero no con el pueblo griego, sino con los bancos alemanes y franceses que eran los principales acreedores de Grecia en 2009. En ese año los bancos españoles prácticamente no tenían exposición a ese país, es decir apenas habían concedido préstamos al país heleno. Los grandes acreedores eran los bancos franceses y alemanes.

A través de los mecanismos de rescate europeos, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y el programa SMP del BCE, España indirectamente ha prestado avales y garantías a Grecia por importe de 27 mil millones €. Sin embargo, la mayor parte de estos fondos se utilizaron para cancelar los préstamos bancarios pendientes a 31 de diciembre de 2009. El programa europeo de rescate de los bancos franceses y alemanes a costa del pueblo griego ha sido muy eficaz.

Fuente: Banco Internacional de Pagos para los datos de los bancos; FEEF y BCE para las ayudas del plan de rescate a Grecia

Conclusión

Lo malo de analizar los datos desde distintas ópticas es que te pueden arruinar una bonita fábula. Si los políticos europeos, los medios y los economistas fueran más objetivos y honestos, habrían reconocido ya que la crisis la ha provocado una unión monetaria mal diseñada.