Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

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martes, 13 de septiembre de 2022

Un error en cada encrucijada

 En las últimas semanas se han producido tres eventos que delatan la disfuncionalidad del sistema político europeo. En cada encrucijada los políticos europeos parecen tomar la peor decisión posible por puro dogmatismo y adhesión a conceptos obsoletos. El pensamiento económico neoclásico es un paradigma en degeneración: es incapaz de hacer una lectura correcta de la situación y de proponer soluciones eficaces.

Segregación en las pensiones

En el Congreso de los Diputados se aprobó la Ley que había presentado el ministro Escrivá regulando los planes de pensiones de empleo. Este instrumento incluye la posibilidad de que el Estado promueva este tipo de fondos. En anteriores ocasiones hemos explicado por qué el análisis del pensamiento dominante sobre la existencia de una supuesta restricción financiera que impide el pago de las pensiones dignas es completamente erróneo. La restricción relevante es la existencia de un excedente productivo para atender a la población dependiente.

Sin embargo no esperábamos otra cosa de Escrivá cuya ideología está alejadísima, ya no del socialismo sino de una mínima noción de estado del bienestar. Sabíamos que esta reforma estaba incluida en el paquete de reformas comprometido con la UE en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y advertimos de su llegada. Apenas encontramos eco entre la clase política a nuestra crítica de ese proyecto de Ley pese a habernos dirigido a varios representantes de la soberanía popular pidiendo el voto en contra.

Lamentamos las consecuencias de un desarrollo ulterior de esta ley. Implicará que se destinen recursos públicos a inversiones en los mercados financieros sin existir ninguna justificación económica para ello. Resultará en un sistema de pensiones públicas segregado con pensiones mayores para los funcionarios de mayor rango  que disfrutarán de un plan de pensiones individual. Mientras quedan cientos de miles de perceptores de pensiones miserables. En lugar de mejorar el Gobierno opta por alimentar el negocio financiero. Al mismo tiempo contribuirá a la especulación financiera y al negocio de las entidades bancarias. Resulta un sarcasmo que Escrivá justifique esta ley como una medida para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre todo cuando ya conocemos que en Chile y EEUU la anterior crisis financiera global dejó a muchos jubilados sin pensión cuando sus ahorros se desvanecieron.

Desaciertos monetarios

El Banco Central Europeo ha inaugurado un verdadero festival de desaciertos con la rueda de prensa que dio Christine Lagarde el pasado viernes 17 de junio en la que la presidente de la institución anunciaba medidas para hacer frente al episodio de inflación. Fundamentalmente se confirma la renuncia a hacer compras netas de títulos del Tesoro de los Estados miembros. También declaró que elevarían los tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de julio. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno decidió dejar sin cambios el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,50 %, respectivamente.

El efecto fue casi instantáneo. Como predijimos en diciembre que ocurriría cuando el BCE dejara de comprar la deuda de los estados periféricos más endeudados, la prima de riesgo, ha vuelto. El primer día laborable tras la desafortunada rueda de prensa el rendimiento del bono griego a 10 años llegó al 4,5%, el de Italia al 4% y el de España y Portugal al 3%.

La medida es innecesaria porque ¿cómo podría conseguir que baje el precio del gas natural o del petróleo? Desde la TMM hemos explicado reiteradas veces que el BCE solo tiene capacidad de determinar el tipo de interés. Existe abundante evidencia empírica de que no hay una correlación negativa robusta entre nivel de precios y tipos de interés. También sobra evidencia empírica de que los niveles de inversión y consumo dependen más de las expectativas de los agentes económicos que del tipo de interés. Como explica Warren Mosler, el tipo de interés funciona al revés de cómo lo supone el mainstream, es decir, lejos de reducir la inflación puede contribuir a empeorarla, por ejemplo a través del canal de renta o porque las empresas con poder de mercado tengan capacidad de repercutir el incremento de sus costes a sus clientes. Si no sabes qué efecto va a tener manipular el tipo de interés, entonces ¿para qué lo tocas?

La doctrina neokeynesiana (la variante bastardizada del keynesianismo) reniega de la política fiscal y confía fundamentalmente en la política monetaria salvo en el régimen excepcional del límite inferior cero, cuando los tipos de interés ya no se pueden reducir más. Por eso hasta el año pasado incluso antiguos popes del mainstream, como Olivier Blanchard, estaban dispuestos a  admitir que había lugar para aceptar la dominancia de la política fiscal, pero solo temporalmente y bajo las condiciones extraordinarias de bajos tipos de interés (como si los bancos centrales no pudieran controlaros). Pero ante el actual episodio de la inflación los bancos centrales se sienten de nuevo reivindicados en su papel de guardianes no electos de gestión del ciclo económico. Los banqueros necesitan demostrar que son necesarios y que deben actuar ante un episodio de inflación. Es lo único que los legitima ante la opinión pública y no quieren perdir sus empleos. Nunca fue más evidente el argumento para disolver estas entidades e integrar sus funciones en el Tesoro, tal como propone Bill Mitchell.

El BCE sabe que no hay necesidad de elevar tipos de interés. De hecho, aunque han revisado sus proyecciones de inflación al alza para este año, los estudios del banco central reconocen que las circunstancias son transitorias y que los precios volverán a su cauce el año que viene.

«Las nuevas proyecciones de los expertos prevén una inflación anual del 6,8% en 2022, antes de que se proyecte que disminuya al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024, más alta que en las proyecciones de marzo. Esto significa que se prevé que la inflación general al final del horizonte de proyección esté ligeramente por encima del objetivo del Consejo de Gobierno. Se proyecta que la inflación, excluyendo la energía y los alimentos promedie, 3.3% en 2022, 2.8% en 2023 y 2.3% en 2024, también por encima de las proyecciones de marzo.»

Un escenario que difícilmente puede considerarse alarmante y que solo resulta llamativo porque han establecido un objetivo de inflación inferior pero cercano al 2%. Dejando al margen la racionalidad de fijar un objetivo de inflación rígido, algo que por otra parte carece de soporte teórico salvo el de asegurar un nivel de desempleo acorde a los intereses de las oligarquías, cabe preguntarse: ¿habrían sobreactuado de esta manera si, por ejemplo, el BCE hubiese establecido su objetivo de inflación en el 5% o el 6% este año?

El BCE, como el alacrán de la fábula, no puede ir en contra de su naturaleza. A diferencia del Banco de Japón, que cada vez entiende mejor su papel, el BCE —como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal— ha anunciado subidas de tipos. Eso tendrá un efecto redistributivo —de carácter regresivo— como mucho pero no arreglará el problema de inflación. Lo que sí va a ser dañino es lo de la prima de riesgo. Si se deja que se escape, como en 2010, lo único que se conseguirá es que los Estados periféricos del Sur se vean obligados a implementar medias de austeridad en cuanto vean que tienen problemas para colocar su deuda a tipos de interés razonables y se restablezcan las reglas de equilibrio presupuestario.

La escalada de la prima de riesgo ha alarmado al BCE. Aunque su misión explícita sea asegurar la estabilidad de precios, todos sabemos que, a la postre, toda institución se preocupa por su propia supervivencia. Por eso esta semana la entidad ha empezado a hablar de un instrumento para evitar una “fragmentación” que entorpecería la “transmisión de la política monetaria”. Tras su reunión “ad hoc” del pasado 15 de junio el BCE comunicó que

«Sobre la base de esta evaluación, el Consejo de Gobierno decidió que aplicará flexibilidad en la reinversión de los reembolsos adeudados en la cartera de PEPP, con vistas a preservar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria, condición previa para que el BCE pueda cumplir su mandato de estabilidad de precios. Además, el Consejo de Gobierno decidió encomendar a los comités pertinentes del Eurosistema, junto con los servicios del BCE, que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento de lucha contra la fragmentación para su examen por el Consejo de Gobierno.»

Neolengua con la que se trata de reconocer que, si la prima de riesgo se dispara como en 2010 estaría en riesgo la supervivencia del euro, es decir, se le podría caer el tinglado al BCE.

No sabemos qué forma tendrá ese instrumento “antifragmentación” aunque es probable que venga condicionado pero no sabemos muy bien a qué. La presión es grande y debe haber una intensa lucha política dentro del BCE y otras instituciones europeas entre representantes de la ortodoxia “austérica” y los partidarios de la supervivencia.

El ministro de Hacienda alemán, Lindner, un conocido halcón de la austeridad y otros colegas suyos ya están exigiendo que se reduzcan los déficits y han menospreciado el riesgo de “fragmentación”. No cuesta demasiado imaginar al sumiso Gobierno de España y a sus dogmáticos ministros neoliberales, Calviño, Escrivá y Montero, plegarse a estas exigencias.

Quedamos a la espera de conocer los detalles del instrumento antifragmentación y su condicionalidad. Pero no resulta sorprendente que el Banco de España haya revisado su previsión de crecimiento para este año al 4,1% y no nos extrañaría ver más correcciones a la baja. Nos arriesgamos a salir de la crisis pandémica en falso y los fondos Next no serán suficientes para evitar la recesión.

La renta disponible de familias españolas está siendo sofocada por una soga de cuatro nudos: recaudación tributaria disparada gracias al efecto de la inflación sobre la base imponible del IVA, encarecimiento de la vivienda gracias a la subida de los tipos de interés, encarecimiento del precio de la energía y una previsible reducción de gasto público. Esto huele a recesión inminente si no se corrige el rumbo.

Estas elites europeas, presas de su propio dogmatismo doctrinal, no dejan de patinar en sus decisiones.

jueves, 4 de febrero de 2021

¿Y ahora quién tiene la pelota?

 


La semana pasada estaba leyendo un artículo que criticaba el paquete de recuperación y resistencia de la próxima generación de la UE. El autor utilizó la famosa frase de Virgilio “timeo Danaos et dona ferentes” (Cuidado con los griegos que traen regalos) para sugerir que el fondo de la UE de la próxima generación será un caballo de Troya para otra ronda de reformas neoliberales. Pero creo que se le escapó el detalle de que fue España quien pagó el regalo como expliqué en un artículo anterior.

Cuando el Consejo Europeo de julio del año pasado acordó aprobar un paquete de ayuda financiera, que aparentemente incluiría una transferencia neta de recursos a los países del sur de Europa que habían sido los más afectados por la pandemia de COVID-19, nuestra Izquierda proeuropea estaba exultante. . Pablo Iglesias, el líder de Podemos declaró que el acuerdo europeo permitió al Gobierno continuar con sus políticas sin recortes presupuestarios y con condiciones “blandas”. Asumieron que miles de millones de euros entrarían en la economía española. Este dinero podría usarse para hacer una transición radical de nuestra economía dejando el modelo basado en la industria de bajo valor agregado y el turismo, que había demostrado ser un gigante con pies de barro en cuanto la pandemia golpeó nuestra economía, y desarrollar una economía basada en un Pacto Verde, e invertir en Investigación y Desarrollo e industrias innovadoras. A diferencia del rescate anterior de 2012, ¡esta vez era diferente!

No entiendo cómo se puede hacer eso enviando fondos a Bruselas y recuperando la misma cantidad con una propina por buen comportamiento neoliberal.

Hungría y Polonia estaban indignadas por la propuesta de la Comisión Europea de incluir el estado de derecho como condición para beneficiarse de los fondos de la UE de próxima generación. Liderados por xenófobos de extrema derecha, los dos países fueron vilipendiados por los políticos españoles de izquierda y los medios progresistas. Sí, Orban y Adrzej Duda son personajes desagradables y políticos de extrema derecha. Pero la izquierda española no se dio cuenta de lo importante que era defender la soberanía popular de los embates de un cuerpo de tecnócratas no electos. Una vez más, la izquierda española demostró ser ilusamente ingenua con respecto a las verdaderas intenciones de Bruselas y eligió el lado equivocado en la disputa política que siguió entre Bruselas y los canallas de Europa del Este.

De hecho, los fondos de la UE para la próxima generación pronto pueden resultar más dañinos para los países del sur de Europa que el anterior rescate de 2012 con sus condiciones draconianas y la intromisión obscena de la llamada troika, la desagradable coalición de tecnócratas del BCE, la Comisión de la UE y el FMI para la aplicación de una austeridad cruel e insensata a las naciones del sur de Europa. Esto es así porque estos fondos se han convertido en una excusa para que el Gobierno de España evite el impulso fiscal necesario para compensar el colapso de la producción provocado por la pandemia. De hecho, un informe del think tank Bruegel muestra que España había aprobado en 2020 uno de los paquetes de impulso fiscal inmediato más pequeños entre las medidas fiscales discrecionales de 2020 aprobadas por las economías avanzadas. El problema es que los fondos Next Generation EU no estarán disponibles hasta la segunda mitad de 2021 y la mayor parte solo llegará después de 2022. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo que es especialmente preocupante es la sospecha de que una gran parte de los fondos se destinará principalmente a las grandes preocupaciones oligopólicas de España.

Uno solo puede quedar consternado por la ignorancia de la izquierda sobre la verdadera naturaleza de la Unión Europea. La UE no fue creada para financiar los gastos de otros países, sino para abrir mercados a los países exportadores netos y hacer cumplir una agenda de intervencionismo estatal neoliberal. Los países del norte de Europa no transferirán fondos a los países del sur de Europa sin algún tipo de compensación.

La UE ahora se ha dado cuenta de que no necesita una troika en España. Ahora utiliza buenas palabras pero sigue empleando la mano dura. Todo lo que necesita es que los gobiernos nacionales comprendan cuál es su lugar en la jerarquía de las naciones europeas. Se les puede engatusar fácilmente para que se sometan con la promesa de transferir unos pocos decimales de su PIB como compensación por ceder su mercado a los exportadores netos.

Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez se presentaron con programas que prometían deshacer los aspectos más letales de la contrarreforma impuesta por Merkel, Sarkozy y Barroso en España durante la crisis de 2010-2012. Habían prometido revertir la reforma laboral de 2012 que fue impuesta por dictamen a través de una carta de los banqueros centrales “independientes” Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez enviada al entonces presidente Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez dijo en mayo del año pasado que su gobierno iba a “recuperar los derechos laborales arrebatados” por la reforma de 2012. Pablo Iglesias advirtió ese mismo mes que la reforma laboral se derogaría al completo y advirtió al PSOE que “lo firmado obliga”.

Pero, ¿cumplirán?

España no se unió a los xenófobos de Europa del Este en la batalla para asegurar que Bruselas no tuviera la capacidad de imponer un conjunto de reformas neoliberales como condición para acceder a nuestro propio dinero. Un error garrafal para Pablo Iglesias; quizás no tanto para Pedro Sánchez cuyas declaraciones y promesas “progresistas” al electorado fueron un engaño para los votantes de su partido. Pedro Sánchez es tan neoliberal como Ursula von der Leyen.

Al aceptar dar a Bruselas una transferencia adicional de miles de millones provenientes del presupuesto del Estado español con la esperanza de recuperar la misma cantidad más algunos decimales de nuestro PIB, Pedro Sánchez efectivamente le ha entregado el balón a Ursula von der Leyen. Ahora ella decide quién juega con él y cuánto tiempo.

Ayer conocimos que Bruselas suspenderá los fondos de recuperación si los países “no cumplen satisfactoriamente los objetivos de sus planes”. La dura condicionalidad exigida por países como los Países Bajos y Austria aparentemente fue evitada en el Consejo Europeo. Pero ahora sabemos que la condicionalidad se ha reintroducido a través de documentos elaborados por una Comisión Europea no elegida democrácticamente.

Un documento reciente de la Comisión Europea aclara que el acceso a los fondos requerirá “Planes de Recuperación y Resiliencia” que “deben estar compuestos por reformas e inversiones, agrupadas en componentes coherentes”. “Las reformas serán fundamentales para garantizar la ejecución eficiente y eficaz de las inversiones proporcionando un entorno empresarial y administrativo propicio y evitando el mal uso de la financiación de la UE”. Estos planes “mejorarán el funcionamiento de la economía y la sociedad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, para crear puestos de trabajo, fortalecer las políticas activas de empleo y apoyar las transiciones laborales donde sea necesario, para mejorar el crecimiento inclusivo y la cohesión social y para conseguir sectores, economías y sistemas más preparados para el futuro y más resistentes a los impactos y al cambio “.

Todos sabemos lo que significan las reformas estructurales, tal como lo exige la UE, pero, si no es así, el documento aclara que las reformas “también podrían generar ahorros presupuestarios (tales como reformas de las pensiones o la eliminación de subsidios nacionales perjudiciales para el medio ambiente)”. También serán juzgadas por su “impacto en el déficit y la deuda presupuestaria del Estado”. La UE salpimienta esto con menciones a pactos verdes atractivos para algunos progresistas. El lobo se viste con piel de cordero pero sigue siendo el mismo lobo.

Habiendo caído en la trampa, el gobierno español ahora necesita proporcionar detalles sobre las reformas que debe introducir antes de que se desembolse el dinero. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias; tan turbias que incluso el exasesor de Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla Segura, de quien se presumiría estar bien informado, tuvo que confesar en un tuit hoy que no tenía ni idea de qué reformas estaba enviando el Gobierno a Bruselas. “No las conozco. No se han presentado al Parlamento, ni a la opinión pública (salvo filtraciones parciales de una)”.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo en el Parlamento la semana pasada que los planes de reforma iban de camino a Bruselas, si es que no habían llegado ya. ¿Qué tipo de declaración fue esta? ¿Hay planes del Gobierno español ahí o no? Parece que el Gobierno ha enviado propuestas muy vagas para evitar ampliar la brecha entre los dos socios del gobierno de coalición. Sabemos que Calviño quería retractarse de las promesas de reforma laboral y reemplazar la derogación prometida de las leyes laborales regresivas de 2012 por un nuevo conjunto de reformas suavizadas que serían atractivas para el empresariado. El ministro de Seguridad Social Escrivá también quiere reducir las futuras pensiones aumentando el número de años cotizados de 25 a 35. Al parecer, ha quedado congelado después de que Podemos se negara a apoyarlo. Por el momento, Pedro Sánchez ha decidido apaciguar a su socio menor de coalición… por el momento.

El tiempo da y quita razones. Quizás los ministros podemitas del Gobierno puedan frenar el intento de Calviño y Escrivá de abortar la derogación de las reformas conservadoras introducidas bajo Zapatero y Mariano Rajoy. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo que viene de Unidas Podemos, está luchando para conseguir medidas que acaben con la alta tasa de temporalidad en el mercado laboral español. Veremos qué resulta de esto, pero cada vez resulta más evidente que las promesas no se cumplirán y que el acuerdo de coalición es ahora papel mojado.

Lamentablemente, Úrsula ahora decide cómo, cuándo y cuánto dinero recibe España.  El tiempo no se detiene. Este año, con una pandemia descontrolada y nuevas medidas de confinamiento y restricciones para los sectores de ocio y restauración, es poco probable que la economía española se recupere. Necesitamos que nos devuelvan el dinero —más los decimales del PIB—, por lo que al gabinete español le costará resistirse a las demandas de la Comisión.

Se miente sistemáticamente al pueblo español con vagas promesas de reformas progresistas realizadas durante las campañas electorales que luego se abandonan cuando llega el momento de gobernar y los políticos deben actuar “responsablemente” y cumplir con nuestros “compromisos internacionales” con nuestros “socios” europeos.

Pero la verdadera pregunta es qué legitimidad tiene un órgano de tecnócratas no electos para decidir qué reformas son las adecuadas para España, eludiendo cualquier debate en el Parlamento, y exigir que el Gobierno envíe planes detallados a cambio de nuestro dinero. Esa es la “democracia” en la Unión Europea: una farsa en la que los estados miembros le dan a la Comisión Europea el poder de intimidar a los estados; todo a través de un proceso opaco y antidemocrático.