Cita de Roosevelt

"Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social" (Franklin Delano Roosevelt)

Mostrando entradas con la etiqueta Escrivá. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Escrivá. Mostrar todas las entradas

martes, 13 de septiembre de 2022

Un error en cada encrucijada

 En las últimas semanas se han producido tres eventos que delatan la disfuncionalidad del sistema político europeo. En cada encrucijada los políticos europeos parecen tomar la peor decisión posible por puro dogmatismo y adhesión a conceptos obsoletos. El pensamiento económico neoclásico es un paradigma en degeneración: es incapaz de hacer una lectura correcta de la situación y de proponer soluciones eficaces.

Segregación en las pensiones

En el Congreso de los Diputados se aprobó la Ley que había presentado el ministro Escrivá regulando los planes de pensiones de empleo. Este instrumento incluye la posibilidad de que el Estado promueva este tipo de fondos. En anteriores ocasiones hemos explicado por qué el análisis del pensamiento dominante sobre la existencia de una supuesta restricción financiera que impide el pago de las pensiones dignas es completamente erróneo. La restricción relevante es la existencia de un excedente productivo para atender a la población dependiente.

Sin embargo no esperábamos otra cosa de Escrivá cuya ideología está alejadísima, ya no del socialismo sino de una mínima noción de estado del bienestar. Sabíamos que esta reforma estaba incluida en el paquete de reformas comprometido con la UE en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y advertimos de su llegada. Apenas encontramos eco entre la clase política a nuestra crítica de ese proyecto de Ley pese a habernos dirigido a varios representantes de la soberanía popular pidiendo el voto en contra.

Lamentamos las consecuencias de un desarrollo ulterior de esta ley. Implicará que se destinen recursos públicos a inversiones en los mercados financieros sin existir ninguna justificación económica para ello. Resultará en un sistema de pensiones públicas segregado con pensiones mayores para los funcionarios de mayor rango  que disfrutarán de un plan de pensiones individual. Mientras quedan cientos de miles de perceptores de pensiones miserables. En lugar de mejorar el Gobierno opta por alimentar el negocio financiero. Al mismo tiempo contribuirá a la especulación financiera y al negocio de las entidades bancarias. Resulta un sarcasmo que Escrivá justifique esta ley como una medida para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones sobre todo cuando ya conocemos que en Chile y EEUU la anterior crisis financiera global dejó a muchos jubilados sin pensión cuando sus ahorros se desvanecieron.

Desaciertos monetarios

El Banco Central Europeo ha inaugurado un verdadero festival de desaciertos con la rueda de prensa que dio Christine Lagarde el pasado viernes 17 de junio en la que la presidente de la institución anunciaba medidas para hacer frente al episodio de inflación. Fundamentalmente se confirma la renuncia a hacer compras netas de títulos del Tesoro de los Estados miembros. También declaró que elevarían los tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de julio. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno decidió dejar sin cambios el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,50 %, respectivamente.

El efecto fue casi instantáneo. Como predijimos en diciembre que ocurriría cuando el BCE dejara de comprar la deuda de los estados periféricos más endeudados, la prima de riesgo, ha vuelto. El primer día laborable tras la desafortunada rueda de prensa el rendimiento del bono griego a 10 años llegó al 4,5%, el de Italia al 4% y el de España y Portugal al 3%.

La medida es innecesaria porque ¿cómo podría conseguir que baje el precio del gas natural o del petróleo? Desde la TMM hemos explicado reiteradas veces que el BCE solo tiene capacidad de determinar el tipo de interés. Existe abundante evidencia empírica de que no hay una correlación negativa robusta entre nivel de precios y tipos de interés. También sobra evidencia empírica de que los niveles de inversión y consumo dependen más de las expectativas de los agentes económicos que del tipo de interés. Como explica Warren Mosler, el tipo de interés funciona al revés de cómo lo supone el mainstream, es decir, lejos de reducir la inflación puede contribuir a empeorarla, por ejemplo a través del canal de renta o porque las empresas con poder de mercado tengan capacidad de repercutir el incremento de sus costes a sus clientes. Si no sabes qué efecto va a tener manipular el tipo de interés, entonces ¿para qué lo tocas?

La doctrina neokeynesiana (la variante bastardizada del keynesianismo) reniega de la política fiscal y confía fundamentalmente en la política monetaria salvo en el régimen excepcional del límite inferior cero, cuando los tipos de interés ya no se pueden reducir más. Por eso hasta el año pasado incluso antiguos popes del mainstream, como Olivier Blanchard, estaban dispuestos a  admitir que había lugar para aceptar la dominancia de la política fiscal, pero solo temporalmente y bajo las condiciones extraordinarias de bajos tipos de interés (como si los bancos centrales no pudieran controlaros). Pero ante el actual episodio de la inflación los bancos centrales se sienten de nuevo reivindicados en su papel de guardianes no electos de gestión del ciclo económico. Los banqueros necesitan demostrar que son necesarios y que deben actuar ante un episodio de inflación. Es lo único que los legitima ante la opinión pública y no quieren perdir sus empleos. Nunca fue más evidente el argumento para disolver estas entidades e integrar sus funciones en el Tesoro, tal como propone Bill Mitchell.

El BCE sabe que no hay necesidad de elevar tipos de interés. De hecho, aunque han revisado sus proyecciones de inflación al alza para este año, los estudios del banco central reconocen que las circunstancias son transitorias y que los precios volverán a su cauce el año que viene.

«Las nuevas proyecciones de los expertos prevén una inflación anual del 6,8% en 2022, antes de que se proyecte que disminuya al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024, más alta que en las proyecciones de marzo. Esto significa que se prevé que la inflación general al final del horizonte de proyección esté ligeramente por encima del objetivo del Consejo de Gobierno. Se proyecta que la inflación, excluyendo la energía y los alimentos promedie, 3.3% en 2022, 2.8% en 2023 y 2.3% en 2024, también por encima de las proyecciones de marzo.»

Un escenario que difícilmente puede considerarse alarmante y que solo resulta llamativo porque han establecido un objetivo de inflación inferior pero cercano al 2%. Dejando al margen la racionalidad de fijar un objetivo de inflación rígido, algo que por otra parte carece de soporte teórico salvo el de asegurar un nivel de desempleo acorde a los intereses de las oligarquías, cabe preguntarse: ¿habrían sobreactuado de esta manera si, por ejemplo, el BCE hubiese establecido su objetivo de inflación en el 5% o el 6% este año?

El BCE, como el alacrán de la fábula, no puede ir en contra de su naturaleza. A diferencia del Banco de Japón, que cada vez entiende mejor su papel, el BCE —como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal— ha anunciado subidas de tipos. Eso tendrá un efecto redistributivo —de carácter regresivo— como mucho pero no arreglará el problema de inflación. Lo que sí va a ser dañino es lo de la prima de riesgo. Si se deja que se escape, como en 2010, lo único que se conseguirá es que los Estados periféricos del Sur se vean obligados a implementar medias de austeridad en cuanto vean que tienen problemas para colocar su deuda a tipos de interés razonables y se restablezcan las reglas de equilibrio presupuestario.

La escalada de la prima de riesgo ha alarmado al BCE. Aunque su misión explícita sea asegurar la estabilidad de precios, todos sabemos que, a la postre, toda institución se preocupa por su propia supervivencia. Por eso esta semana la entidad ha empezado a hablar de un instrumento para evitar una “fragmentación” que entorpecería la “transmisión de la política monetaria”. Tras su reunión “ad hoc” del pasado 15 de junio el BCE comunicó que

«Sobre la base de esta evaluación, el Consejo de Gobierno decidió que aplicará flexibilidad en la reinversión de los reembolsos adeudados en la cartera de PEPP, con vistas a preservar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria, condición previa para que el BCE pueda cumplir su mandato de estabilidad de precios. Además, el Consejo de Gobierno decidió encomendar a los comités pertinentes del Eurosistema, junto con los servicios del BCE, que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento de lucha contra la fragmentación para su examen por el Consejo de Gobierno.»

Neolengua con la que se trata de reconocer que, si la prima de riesgo se dispara como en 2010 estaría en riesgo la supervivencia del euro, es decir, se le podría caer el tinglado al BCE.

No sabemos qué forma tendrá ese instrumento “antifragmentación” aunque es probable que venga condicionado pero no sabemos muy bien a qué. La presión es grande y debe haber una intensa lucha política dentro del BCE y otras instituciones europeas entre representantes de la ortodoxia “austérica” y los partidarios de la supervivencia.

El ministro de Hacienda alemán, Lindner, un conocido halcón de la austeridad y otros colegas suyos ya están exigiendo que se reduzcan los déficits y han menospreciado el riesgo de “fragmentación”. No cuesta demasiado imaginar al sumiso Gobierno de España y a sus dogmáticos ministros neoliberales, Calviño, Escrivá y Montero, plegarse a estas exigencias.

Quedamos a la espera de conocer los detalles del instrumento antifragmentación y su condicionalidad. Pero no resulta sorprendente que el Banco de España haya revisado su previsión de crecimiento para este año al 4,1% y no nos extrañaría ver más correcciones a la baja. Nos arriesgamos a salir de la crisis pandémica en falso y los fondos Next no serán suficientes para evitar la recesión.

La renta disponible de familias españolas está siendo sofocada por una soga de cuatro nudos: recaudación tributaria disparada gracias al efecto de la inflación sobre la base imponible del IVA, encarecimiento de la vivienda gracias a la subida de los tipos de interés, encarecimiento del precio de la energía y una previsible reducción de gasto público. Esto huele a recesión inminente si no se corrige el rumbo.

Estas elites europeas, presas de su propio dogmatismo doctrinal, no dejan de patinar en sus decisiones.

viernes, 18 de marzo de 2022

Pensiones: una contrarrevolución silenciosa

 Publicado originalmente en El Salto el pasado 14 de marzo.

Resumen para personas con prisas

  • El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma legal que permitiría al Estado promover un fondo de pensiones gestionado por entidades financieras privadas.
  • Este modelo implica que los trabajadores destinarían una parte de su ahorro a su propia jubilación. De esta manera quienes tienen mayores retribuciones ahora gozarán de mejores pensiones en el futuro. Pensiones dignas para las personas de mayor renta, pensiones básicas para los demás. No nos parece mal que a nivel individual las personas decidan ahorrar para mejorar su calidad de vida en el futuro pero nos preocupa que se haga en detrimento del sistema de aportación definida actualmente vigente.
  • Lo que nos repugna es que el Estado destine dinero público a estos fondos. Es decir, en vez de utilizar sus presupuestos para mejorar la vida de las personas hoy, se dedicará a meter dinero en la especulación financiera.
  • No hay ninguna justificación económica para que el Estado se dedique a especular en los mercados financieros. Nada compromete la capacidad financiera del Estado para pagar pensiones en el futuro porque siempre tiene la capacidad de crear nuevo dinero.
  • Lo que debe preocupar al Gobierno es planificar desde ya los recursos necesarios para atender las necesidades de las cohortes del baby boom que se jubilarán en unos años. Es decir, debe de planificar la construcción de plazas de residencias y la contratación y formación de personal sanitario y cuidadores para atender a las personas mayores.

 

Los países europeos han padecido desde 2008 dos períodos de convulsión económica: la crisis financiera global y la crisis pandémica. En cada uno de ellos hemos oído que, esta vez sí, se iba a replantear el modelo neoliberal. Pero en cuanto las aguas regresan a su cauce, las élites recuperan la sangre fría y los arrepentimientos proferidos en momentos de flaqueza se olvidan rápidamente.

El proyecto neoliberal avanza shock a shock. Así fue como la crisis financiera global permitió introducir una reforma laboral que ha sido instrumental para la represión salarial en el proceso de conversión de la economía española en una neta exportadora bajo el modelo mercantilista postulado por la Unión Europea. La crisis pandémica podía haber servido para replantear la globalización extrema que ha fragilizado nuestras cadenas de suministro, proponer una reducción permanente de la frenética actividad causante de la crisis climática o invertir en la recuperación de nuestro deteriorado estado del bienestar. Pero esta no es la salida que ha planteado el equipo económico de Pedro Sánchez.

Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá constituyen un grupo cohesionado por la solidez doctrinal en torno al pensamiento económico neoclásico. Han sabido mover sus fichas con destreza, anticipándose a sus socios de gobierno para proponer un plan de recuperación financiado con fondos “europeos”, que al no ser nacionales, permiten condicionarlo al proyecto político de la UE. Acceder a los fondos Next Generation EU exigía presentar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea.

Escrivá ha conseguido colocar a través de ese instrumento —y mucho alarmismo sobre su sostenibilidad— la reforma de las pensiones que venía persiguiendo desde que dirigía la AIReF. En el PRTR ya estaba la “creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”. El sistema de pensiones de Escrivá tiene tres patas: una pública con un carácter progresivamente residual; una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa; y una tercera en el fondo de pensiones de empleo de promoción pública.

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado en julio de 2021 de reducir la cuantía de las pensiones públicas en 30.000 millones de euros va en esa dirección.

La propuesta había pasado desapercibida enterrada un documento extenso y de lectura farragosa. Pero ya no podemos ignorarla. El 4 de marzo se registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Este proyecto contempla la promoción pública de fondos de pensiones.

Un modelo socialmente regresivo

Es desconcertante que la noticia haya sido acogida con indiferencia en la opinión pública. El modelo propuesto es análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.

El modelo público de reparto y de prestación definida pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva. En un modelo de capitalización esto no ocurre puesto que las aportaciones al fondo de pensiones serán mucho mayores para las personas que perciban retribuciones más elevadas. El resultado de la generalización de este modelo será una segregación entre perceptores de pensiones dignas —las complementadas con las percepciones del fondo público de pensiones— y perceptores de pensiones públicas básicas. El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional.

El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí

Inicialmente el tamaño del fondo será pequeño pero no importa cuán irrelevantes sean ahora las aportaciones de las administraciones públicas al fondo. Se abre la veda para que un próximo gobierno conservador priorice las aportaciones a los fondos de pensiones sobre el sistema de reparto y aportación definida.

Es crucial entender que este dinero saldrá de los presupuestos generales sin incrementar el bienestar presente de ningún colectivo. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a los salarios de las plantillas del sector público. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social. Dadas las restricciones institucionales que imponen los tratados de la UE al gasto público resulta indecente que una parte acabe colocada en inversiones bursátiles, contribuyendo a hinchar burbujas financieras, en lugar de atender necesidades sociales perentorias.

Estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero. ¿Qué pasa si las personas ahorradoras pierden una parte considerable de los derechos consolidados debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Los sistemas de pensiones públicas carecen de este riesgo. Que Escrivá presente este modelo de capitalización como sostenible es, pues, un sarcasmo.

La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy

El proyecto de ley no oculta la intención de fomentar el desarrollo del negocio financiero. En la exposición de motivos de la ley se expresa sorpresa por “el estancamiento del patrimonio de los planes de pensiones de empleo desde 2012” y porque el “nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1 por ciento de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 por ciento de la población activa ocupada”. No debería sorprender. La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy.

Los gestores de fondos languidecen en el estancamiento pero la reforma de Escrivá les echa un capote. El fondo de promoción pública supondrá la contratación de una entidad gestora y de una depositaria. Las entidades financieras accederán además a una masa de ahorro financiero, parcialmente creado a través de aportaciones de las Administraciones Públicas.

El cuestionamiento permanente de las pensiones públicas

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Se utiliza el dato de las crecientes tasas de dependencia, la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). La inminente jubilación de las cohortes nacidas durante el ‘baby boom’ se presenta como el apocalipsis de las pensiones.

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones

Pero este alarmismo parte de una comprensión errada de los sistemas de pensiones públicas. Estos son un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Su sostenibilidad depende por tanto de que tal excedente exista, es decir, de que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente como generarlo. La productividad de la economía española actual sobra para mantener a la población dependiente. Si lo que se cuestiona es esa capacidad, entonces se debe planificar desde ya la construcción de las infraestructuras necesarias y la formación y contratación del personal especializado en los cuidados de las personas mayores.

Una preocupación sincera por el bienestar de las personas jubiladas del futuro implica, por ejemplo, dotar a nuestro sistema de bienestar con plazas residenciales y personal sanitario suficientes. Con más de un 40% de desempleo juvenil no parece que el Estado esté trabajando en esa línea. Prefiere dejar que el desempleo crónico descapitalice a la población trabajadora erosionando así la productividad futura de nuestra economía.

Argumentos espurios

El proyecto de ley es víctima de mitos como que el “aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva”. Cae en una de las más burdas falacias de la composición. El ahorro individual efectivamente permite que un individuo pueda contar con más poder de compra en el futuro. Pero si todos decidimos aumentar nuestro ahorro simultáneamente, lo único que conseguiremos es que las empresas vendan menos creando un entorno desfavorable a la inversión. Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.

Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro

Las restricciones financieras que preocupan a Escrivá son puramente imaginarias puesto que el Estado tiene la capacidad de crear poder de comprar y transferirlo a la población dependiente de forma ilimitada. Ninguna política presupuestaria realizada hoy por el Estado afectará a su capacidad de pago en el futuro. Tampoco la creación de instrumentos, privilegiados fiscalmente, para la colocación del ahorro individual es una solución.

No tenemos ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en productos financieros si así lo desean. Lo que nos preocupa es que se destine dinero público a los mercados financieros y la amenaza de la segregación clasista en nuestro estado del bienestar. Disfrutar de una pensión digna no debe depender de la capacidad de ahorro individual.