Artículo publicado en la sección Luces Rojas del Diario Infolibre el pasado 29/2/2016.
Mucho ruido y pocas nueces, así puede resumirse lo vivido este pasado fin de semana en Madrid. El carismático economista y ex-ministro de finanzas griego Yanis Varufakis encabezó la cumbre social celebrada bajo el lema “un plan B para Europa contra la austeridad y por la revolución democrática”, que ha congregado a movimientos y partidos políticos progresistas europeos en múltiples foros, conferencias y talleres donde se ha tratado de todo menos de un Plan. Si se quiere disputar a las instituciones europeas el poder, mucho debe cambiar la narrativa de la izquierda del Viejo Continentepara elaborar un programa coherente y radical con el que convencer a la población.
Algún ponente lamentó que el evento no supusiese más que una pérdida de esfuerzos y tiempo en el empeño en democratizar la Unión Europea en vano, recordando incluso a un adalid del neoliberalismo como fue Friedrich von Hayek. El economista austriaco postulaba una federación que permitiese el libre movimiento de trabajadores y capitales entre los países miembros. Esto impediría a los Estados la imposición de costes sobre los negocios que excediesen los que fuesen impuestos por otros socios, atando así de pies y manos la propia gobernanza nacional; una visión premonitoria de esta Europa de los mercaderes. Éric Coquerel, coordinador del Parti de Gauche francés, objetó ante unos asistentes envueltos en una estéril retórica internacionalista que la soberanía popular sigue canalizándose a través del Estado-nación, y que poner sobre la mesa un verdadero plan B es amenazar a las instituciones europeas con un conjunto de medidas unilaterales.
Esperar que los ciudadanos del conjunto de la Unión Europea aprueben los dictados democratizadores de los países de la periferia es cuanto menos ingenuo.
La salida o no salida del Euro estuvo presente en el conjunto de las conferencias y ponencias, quedando patente la posición más sopesada ante una posible salida de griegos, franceses y portugueses frente al tabú que parece ser debatir sobre este tema en España, donde, si acaso, se concibe vagamente una expulsión por el incumplimiento de los Tratados; pero, la unanimidad mostrada en favor del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo para aplacar a Cameron nos sugiere que el propósito real es continuar dentro de la federación hayekiana.
Como bien se ha expuesto a lo largo de la cumbre y estamos totalmente de acuerdo, necesitamos otro modelo energético, otro modelo social que garantice los derechos y avanzar hacia una economía feminista, verde e integradora, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo esto no se puede hacer en una arquitectura institucional en la que están divorciadas las políticas monetaria y fiscal. Mantener la separación de ambas es aceptar que nos resignamos a un sistema en el cual la democracia hinque su rodilla en el suelo ante la tiranía de los mercados.
Pese a la voluntad patente de elaborar propuestas con la que nace este proyecto, no creemos ver nada nuevo en el modo de construir un discurso con el que afrontar el conflicto con las instituciones europeas sobre principios claros. Sin la comprensión de por qué un Estado dotado de soberanía monetaria puede mantener una deuda pública tan amplia como sea necesario, el grueso de las iniciativas debatidas se mueven irremediablemente en el espacio de la ampliación o flexibilización del margen obligado por los Tratados.
Así se ha propuesto una financiación de los gastos públicos víaaumento de impuestos a las grandes fortunas, cuya efectividad, siempre limitada a lo que se recaude, depende del control de capitales, cuestión ardua como ninguna otra.
La trampa en que cae la izquierda es aceptar el discurso neoliberal de la necesidad de unas reglas de estabilidad presupuestaria, aunque éstas sean moduladas. Aumentar los impuestos para incrementar el gasto social puede tener un efecto redistributivo, pero no por ello amplía el espacio fiscal, pudiendo tener un efecto netamente contractivo. La moneda es poder, señaló quien fue coordinador del Bloco d'Esquerda portugués, Francisco Louça, y es algo con lo que no podemos estar más de acuerdo. En diferentes momentos se expuso en la cumbre la noción de la imposibilidad de que una moneda funcione sin Estado, de lo pernicioso para la operatividad misma del Capitalismo de la “desnacionalización del dinero”, o el perjuicio que supone que las políticas públicas dependan de la financiación en los mercados.
Pero la cuestión de la soberanía se escamotea y las propuestas de una política fiscal común no pasan de un escuálido banco europeo de inversiones.
Aún peor que quedarse ahí son los desafortunados casos en que se ha escuchado como ejemplo de monetización de deuda el “Quantitative Easing”, que ha servido para bajar la prima de riesgo de los bonos de los Estados mediante la compra de éstos a los bancos privados por el Banco Central Europeo, puro agiotaje. La evidencia es que este tipo de herramientas de política monetaria sirven para bajar los intereses, si bien no llevan a estimular por sí mismas la demanda ni mucho menos producen inflación, objetivo para el cual también se han planteado con nulos resultados. En este asunto mantiene una mayor lucidez el ex-diputado de Syriza, Costas Lapavitsas, quien recriminó ante los allí presentes que, aunque la izquierda se auto-engañe con la posibilidad de reformar el Euro, solo aquéllos Estados-nación que mantengan su soberanía alimentaria o energética podrán mantenerse firmes ante el chantaje de las instituciones europeas ante una eventual transición hacia otra moneda, como sugiere la brillante economista Özlem Onaran.
Nos entristece comprobar que los planteamientos del pretendido Plan B discurran por las fronteras impuestas por unas políticas de equilibrio presupuestario. También nos sorprendió que no se tomara en consideración el control público del Banco Central para dotar a los estados de autonomía en materia fiscal. Incluso dentro de la Eurozona, a falta de una verdadera unión fiscal, podría ser posible que los Estados ganaran cierto margen con una financiación directa del BCE, pero estas soluciones exigen modificaciones de los Tratados y procelosas negociaciones desde posiciones de debilidad.
La interpretación neoliberal adolece de serias falacias, pero tiene la virtud de ser coherente con unos intereses de clase. La confusión y el precario conocimiento en la sociedad sobre el funcionamiento de una Economía Monetaria de Producción juegan en su favor; la batalla de las ideas está perdida y ésta es la gran tragedia de la izquierda. Quizás por el popular aborrecimiento de la banca, por razones de peso, se llega a exponer en un evento como este que la actividad bancaria es una mera intermediación entre ahorradores e inversores. Esto no es cierto, los bancos tienen capacidad de crear dinero con un mero apunte contable, sin necesidad de que este dinero esté respaldado por depósitos previos u oro, como algunas personas aún creen que ocurre. Las proposiciones pintorescas a las que lleva la pobre comprensión del negocio bancario como que la concesión de créditos se ajuste a sus reservas provocarían que fuese prohibitivo el crédito a pequeños negocios y familias, lo que polarizaría aún más la sociedad. ¿No sería más razonable proyectar una regulación más solvente para controlar los abusos y excesos de los bancos privados? No comulgamos con propuestas carentes de sentido práctico del tipo muerto el perro se acabó la rabia, no es una solución real.
Echamos en falta en las sesiones de Plan B una discusión sobre un sector público de mayor ambición, al que se reduce a un papel exclusivamente redistributivo incapaz de ligar la creación de empleo y sostenibilidad ambiental como objetivos simultáneos de una política económica, o el pleno empleo con la estabilidad de precios, habitualmente presentados de forma antagónica. Un Estado dotado de soberanía monetaria tiene la capacidad de movilizar los recursos ociosos de su economía y de desincentivar ciertos consumos mediante impuestos. Cuatro décadas de dominio ideológico neoliberal han llevado a que la izquierda ignore la capacidad del sector público para liderar cambios tecnológicos, que se caracterizan por una incertidumbre radical que el sector privado tiende a evitar. El Estado tiene las herramientas para satisfacer necesidades insatisfechas por servicios que el sector privado no provee, y puede priorizar inversiones verdes y un modelo de consumo sostenible sin provocar que el empleo se vea resentido, utilizando los planes de trabajo garantizado como herramienta de política de rentas para acabar con la precariedad y como un eficiente instrumento en las políticas de igualdad.
La narrativa progresista europea debe encauzar el debate hacia la consecución de una Hacienda Funcional, explicando la necesidad de los déficits públicos para maniobrar en un espacio fiscal que debe ser delimitado por los recursos reales, y no por los financieros, permitiendo así buscar los fines a los que aspiramos como sociedad. Hay que transmitir a la ciudadanía ciertos principios que permitan despojarnos de los mantras que llevan a equívocos y provocan el temor infundado hacia determinadas políticas.
La carencia de un discurso económico alternativo sólidoconvertirá a los progresistas europeos en reos de sus propios titubeos e inconsistencias. Alberto Garzón reconoció que si la izquierda no es capaz de encauzar el descontento popular será la extrema derecha quien lo haga, merced a su discurso más sencillo y de fácil asociación, a la par que falso y lesivo para el interés común y las libertades individuales.
Como advirtiese Antonio Gramsci, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. La izquierda debe entender la importancia de la soberanía monetaria y perderle el respeto a dogmas establecidos, no plegarse a reglas presupuestarias y escapar de la arbitraria disciplina de unos mercados financieros que sirven a oscuros intereses particulares. Sin tal exigencia, no podrá plantear un Plan B para Europa sin perderse en laberintos que no llevan a nada, más que a desencantos, resignación y sufrimiento. ¿Construimos un Plan B o nos contentamos con darle vueltas a cómo suavizar el Plan A?
Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore
Mucho ruido y pocas nueces, así puede resumirse lo vivido este pasado fin de semana en Madrid. El carismático economista y ex-ministro de finanzas griego Yanis Varufakis encabezó la cumbre social celebrada bajo el lema “un plan B para Europa contra la austeridad y por la revolución democrática”, que ha congregado a movimientos y partidos políticos progresistas europeos en múltiples foros, conferencias y talleres donde se ha tratado de todo menos de un Plan. Si se quiere disputar a las instituciones europeas el poder, mucho debe cambiar la narrativa de la izquierda del Viejo Continentepara elaborar un programa coherente y radical con el que convencer a la población.
Algún ponente lamentó que el evento no supusiese más que una pérdida de esfuerzos y tiempo en el empeño en democratizar la Unión Europea en vano, recordando incluso a un adalid del neoliberalismo como fue Friedrich von Hayek. El economista austriaco postulaba una federación que permitiese el libre movimiento de trabajadores y capitales entre los países miembros. Esto impediría a los Estados la imposición de costes sobre los negocios que excediesen los que fuesen impuestos por otros socios, atando así de pies y manos la propia gobernanza nacional; una visión premonitoria de esta Europa de los mercaderes. Éric Coquerel, coordinador del Parti de Gauche francés, objetó ante unos asistentes envueltos en una estéril retórica internacionalista que la soberanía popular sigue canalizándose a través del Estado-nación, y que poner sobre la mesa un verdadero plan B es amenazar a las instituciones europeas con un conjunto de medidas unilaterales.
Esperar que los ciudadanos del conjunto de la Unión Europea aprueben los dictados democratizadores de los países de la periferia es cuanto menos ingenuo.
La salida o no salida del Euro estuvo presente en el conjunto de las conferencias y ponencias, quedando patente la posición más sopesada ante una posible salida de griegos, franceses y portugueses frente al tabú que parece ser debatir sobre este tema en España, donde, si acaso, se concibe vagamente una expulsión por el incumplimiento de los Tratados; pero, la unanimidad mostrada en favor del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo para aplacar a Cameron nos sugiere que el propósito real es continuar dentro de la federación hayekiana.
Como bien se ha expuesto a lo largo de la cumbre y estamos totalmente de acuerdo, necesitamos otro modelo energético, otro modelo social que garantice los derechos y avanzar hacia una economía feminista, verde e integradora, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo esto no se puede hacer en una arquitectura institucional en la que están divorciadas las políticas monetaria y fiscal. Mantener la separación de ambas es aceptar que nos resignamos a un sistema en el cual la democracia hinque su rodilla en el suelo ante la tiranía de los mercados.
Pese a la voluntad patente de elaborar propuestas con la que nace este proyecto, no creemos ver nada nuevo en el modo de construir un discurso con el que afrontar el conflicto con las instituciones europeas sobre principios claros. Sin la comprensión de por qué un Estado dotado de soberanía monetaria puede mantener una deuda pública tan amplia como sea necesario, el grueso de las iniciativas debatidas se mueven irremediablemente en el espacio de la ampliación o flexibilización del margen obligado por los Tratados.
Así se ha propuesto una financiación de los gastos públicos víaaumento de impuestos a las grandes fortunas, cuya efectividad, siempre limitada a lo que se recaude, depende del control de capitales, cuestión ardua como ninguna otra.
La trampa en que cae la izquierda es aceptar el discurso neoliberal de la necesidad de unas reglas de estabilidad presupuestaria, aunque éstas sean moduladas. Aumentar los impuestos para incrementar el gasto social puede tener un efecto redistributivo, pero no por ello amplía el espacio fiscal, pudiendo tener un efecto netamente contractivo. La moneda es poder, señaló quien fue coordinador del Bloco d'Esquerda portugués, Francisco Louça, y es algo con lo que no podemos estar más de acuerdo. En diferentes momentos se expuso en la cumbre la noción de la imposibilidad de que una moneda funcione sin Estado, de lo pernicioso para la operatividad misma del Capitalismo de la “desnacionalización del dinero”, o el perjuicio que supone que las políticas públicas dependan de la financiación en los mercados.
Pero la cuestión de la soberanía se escamotea y las propuestas de una política fiscal común no pasan de un escuálido banco europeo de inversiones.
Aún peor que quedarse ahí son los desafortunados casos en que se ha escuchado como ejemplo de monetización de deuda el “Quantitative Easing”, que ha servido para bajar la prima de riesgo de los bonos de los Estados mediante la compra de éstos a los bancos privados por el Banco Central Europeo, puro agiotaje. La evidencia es que este tipo de herramientas de política monetaria sirven para bajar los intereses, si bien no llevan a estimular por sí mismas la demanda ni mucho menos producen inflación, objetivo para el cual también se han planteado con nulos resultados. En este asunto mantiene una mayor lucidez el ex-diputado de Syriza, Costas Lapavitsas, quien recriminó ante los allí presentes que, aunque la izquierda se auto-engañe con la posibilidad de reformar el Euro, solo aquéllos Estados-nación que mantengan su soberanía alimentaria o energética podrán mantenerse firmes ante el chantaje de las instituciones europeas ante una eventual transición hacia otra moneda, como sugiere la brillante economista Özlem Onaran.
Nos entristece comprobar que los planteamientos del pretendido Plan B discurran por las fronteras impuestas por unas políticas de equilibrio presupuestario. También nos sorprendió que no se tomara en consideración el control público del Banco Central para dotar a los estados de autonomía en materia fiscal. Incluso dentro de la Eurozona, a falta de una verdadera unión fiscal, podría ser posible que los Estados ganaran cierto margen con una financiación directa del BCE, pero estas soluciones exigen modificaciones de los Tratados y procelosas negociaciones desde posiciones de debilidad.
La interpretación neoliberal adolece de serias falacias, pero tiene la virtud de ser coherente con unos intereses de clase. La confusión y el precario conocimiento en la sociedad sobre el funcionamiento de una Economía Monetaria de Producción juegan en su favor; la batalla de las ideas está perdida y ésta es la gran tragedia de la izquierda. Quizás por el popular aborrecimiento de la banca, por razones de peso, se llega a exponer en un evento como este que la actividad bancaria es una mera intermediación entre ahorradores e inversores. Esto no es cierto, los bancos tienen capacidad de crear dinero con un mero apunte contable, sin necesidad de que este dinero esté respaldado por depósitos previos u oro, como algunas personas aún creen que ocurre. Las proposiciones pintorescas a las que lleva la pobre comprensión del negocio bancario como que la concesión de créditos se ajuste a sus reservas provocarían que fuese prohibitivo el crédito a pequeños negocios y familias, lo que polarizaría aún más la sociedad. ¿No sería más razonable proyectar una regulación más solvente para controlar los abusos y excesos de los bancos privados? No comulgamos con propuestas carentes de sentido práctico del tipo muerto el perro se acabó la rabia, no es una solución real.
Echamos en falta en las sesiones de Plan B una discusión sobre un sector público de mayor ambición, al que se reduce a un papel exclusivamente redistributivo incapaz de ligar la creación de empleo y sostenibilidad ambiental como objetivos simultáneos de una política económica, o el pleno empleo con la estabilidad de precios, habitualmente presentados de forma antagónica. Un Estado dotado de soberanía monetaria tiene la capacidad de movilizar los recursos ociosos de su economía y de desincentivar ciertos consumos mediante impuestos. Cuatro décadas de dominio ideológico neoliberal han llevado a que la izquierda ignore la capacidad del sector público para liderar cambios tecnológicos, que se caracterizan por una incertidumbre radical que el sector privado tiende a evitar. El Estado tiene las herramientas para satisfacer necesidades insatisfechas por servicios que el sector privado no provee, y puede priorizar inversiones verdes y un modelo de consumo sostenible sin provocar que el empleo se vea resentido, utilizando los planes de trabajo garantizado como herramienta de política de rentas para acabar con la precariedad y como un eficiente instrumento en las políticas de igualdad.
La narrativa progresista europea debe encauzar el debate hacia la consecución de una Hacienda Funcional, explicando la necesidad de los déficits públicos para maniobrar en un espacio fiscal que debe ser delimitado por los recursos reales, y no por los financieros, permitiendo así buscar los fines a los que aspiramos como sociedad. Hay que transmitir a la ciudadanía ciertos principios que permitan despojarnos de los mantras que llevan a equívocos y provocan el temor infundado hacia determinadas políticas.
La carencia de un discurso económico alternativo sólidoconvertirá a los progresistas europeos en reos de sus propios titubeos e inconsistencias. Alberto Garzón reconoció que si la izquierda no es capaz de encauzar el descontento popular será la extrema derecha quien lo haga, merced a su discurso más sencillo y de fácil asociación, a la par que falso y lesivo para el interés común y las libertades individuales.
Como advirtiese Antonio Gramsci, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. La izquierda debe entender la importancia de la soberanía monetaria y perderle el respeto a dogmas establecidos, no plegarse a reglas presupuestarias y escapar de la arbitraria disciplina de unos mercados financieros que sirven a oscuros intereses particulares. Sin tal exigencia, no podrá plantear un Plan B para Europa sin perderse en laberintos que no llevan a nada, más que a desencantos, resignación y sufrimiento. ¿Construimos un Plan B o nos contentamos con darle vueltas a cómo suavizar el Plan A?
Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore
