Las reivindicaciones de Red MMT para las elecciones generales de 2019 – Parte II: las exigencias de Red MMT

El diagnóstico que realizamos sobre el panorama político y económico actual es lóbrego (http://www.redmmt.es/las-reivindicaciones-red-mmt-las-elecciones-generales-201-parte-i-gran-vacio/). Pero eso no quiere decir que nos resignemos a no ofrecerles propuestas valiosas y potentes recomendaciones a nuestros apocados partidos políticos. La capacidad descriptiva de la TMM es mucho más cercana a la realidad institucional contemporánea y su registro de aciertos predictivos es superior al de un mainstream intelectualmente amortizado que no supo avizorar la inminente crisis financiera de 2007. Por ello podemos aportar una renovación de los programas económicos desde una óptica progresista que ayude tanto a cercenar el auge de las ultraderechas como a arrestar la decadencia de los partidos de izquierda europea.

No por casualidad, desde el éxito electoral de Alexandria Ocasio-Cortez, en los EEUU, hemos recibido una furibunda andanada de críticas desde los economistas mainstream. No nos preocupa; es la confirmación de que empiezan a tomarnos en serio y de que ya no pueden permitirse ignorarnos. Sabemos que en España el escrutinio al que se nos someterá no será tan atento como en los EEUU. Aun así Red MMT cree importante dar a conocer nuestras exigencias para un programa de gobierno; aquél que merecería nuestro apoyo. Aclaramos que actualmente no lo asume ningún partido entre los contendientes. Pero es importante abordar un incipiente debate público con una alternativa radical. Parte de las propuestas aquí avanzadas se recogen con mayor detalle en el libro El Leviatán Desencadenado (Medina Miltimore, 2016).

Nuestra primera reivindicación es someter la política económica al control de instituciones democráticamente elegidas. Esto significa que España debería recuperar su soberanía monetaria. Además, la independencia del Banco de España sería revertida y su gobernador debería responder ante las Cortes. Sus objetivos se limitarán a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pagos, establecer permanentemente los tipos de interés en el 0% y supervisar el sistema bancario. Nada más. La capacidad de la política monetaria de influir en el nivel de precios y del empleo es tan solo una fantasía mainstream.

Asimismo repudiamos las censuras previas a los presupuestos generales del Estado de ninguna Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal que ni es independiente ni es responsable. El gobierno debe ser el único competente de ejecutar un presupuesto que debe ser sometido a la aprobación exclusiva de las Cortes, sede de la soberanía nacional, sin interferencias de organismos multilaterales cuyos intereses están más alineados con oligarquías capitalistas.

El objetivo de la política presupuestaria no sería equilibrar el saldo entre el dinero introducido en la economía española mediante el gasto público y el destruido mediante impuestos. Los impuestos en un estado que disfruta de soberanía monetaria desempeñan una función distinta a la comúnmente imaginada. El estado emisor de moneda no necesita nuestro dinero para financiarse. La función de los impuestos no es financiar a un estado que siempre puede crear dinero de la nada sino crear demanda por la moneda emitida por el estado. Esto obliga a revisar la forma en que entendemos la responsabilidad fiscal. Desde una aproximación funcional de la hacienda pública la política fiscal debe juzgarse por sus efectos en el empleo y la estabilidad de precios y los saldos de las cuentas del estado central pierden la relevancia que se le ha asignado en los tratados europeos que han establecido un límite de déficit fiscal.

Esta intuición fundamental nos permite replantar nuestro modelo tributario para perseguir otros fines socialmente deseables. Nos repugna que el peso de la recaudación recaiga desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo desincentivando una actividad fundamental para el ser humano. Debido a que el mayor problema actual de la economía española es la elevada tasa de desempleo el estado debería reducir drásticamente el impuesto sobre la renta del trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social. Advertimos también cómo la imposición directa se ha hecho menos progresiva en las últimas décadas privilegiando en exceso las rentas del ahorro en detrimento de las rentas del trabajo, sobre todo las de las clases populares. Por este motivo propondremos un impuesto más progresivo, más alto para las rentas más elevadas y para las rentas del ahorro y significativamente reducido para las rentas más bajas. Creemos que el IVA, la figura tributaria más regresiva, debería ser suprimido y sustituido por impuestos sobre el suelo que desincentiven la malsana tradición de especulación inmobiliaria.

La perspectiva de la hacienda funcional permite poner el énfasis del diseño de las figuras tributarias en el desincentivo de determinadas actividades consideradas perjudiciales o negativas para la sociedad o el medio ambiente. Ejemplos de tales actividades son la compra y tenencia de vehículos de gran cilindrada, la ocupación del espacio ostentosa y el deterioro de los paisajes y el medio ambiente. Asimismo el estado debe introducir un sistema de imposición que capture parte del valor creado por él mismo. Numerosas actividades privadas se benefician de inversiones del estado o de decisiones administrativas. Estas entidades y personas están obteniendo beneficios extraordinarios gracias al esfuerzo colectivo y parece justo exigir que una parte sea retornada a la colectividad. Ejemplos de tales actividades beneficiadas por el estado podrían ser los incrementos del valor de propiedades inmobiliarias provocados por las inversiones públicas en infraestructura o los beneficios extraordinarios obtenidos por los monopolios facilitados o consentidos por el estado tales como los que se derivan de la concesión de patentes farmacéuticas o la explotación de fichas bancarias.

Reiteramos que no queremos equilibrar el presupuesto sino la economía española. Reclamamos un plan de trabajo garantizado para que todas las personas, sin exclusiones de clase, género, edad o nivel educativo, puedan obtener un ingreso digno en lugar de limosnas producto de redistribuciones ex post. El plan debe reconocer el valor para la sociedad de los cuidados personales y potenciar actividades que reviertan los efectos del cambio climático.

En la primera década del siglo XXI España hizo un esfuerzo para desarrollar un sistema nacional de investigación y desarrollo (I+D) que le ha permitido convertirse en una potencia científica. Fue el estado quien realizó la mayor parte de este esfuerzo que no ha sido acompañado en la misma medida por el sector privado. La dificultad en rentabilizar estas inversiones explica en parte que, cuando se produce una recesión, el gobierno tiene pocos reparos en recortar las inversiones en ciencia tal como ha ocurrido durante el mandato del Sr. Rajoy.

La economía española necesita cambiar su modelo productivo hacia otro de mayor creación de valor basado en el conocimiento. Sin embargo el modelo de fomento de la innovación europeo se limita a crear condiciones favorables al desarrollo de empresas innovadoras con la esperanza de que el mercado elegirá los proyectos ganadores. Esta estrategia es poco eficaz porque las empresas no consiguen acceder al tipo de capital paciente necesario para financiar los proyectos disruptivos que se caracterizan por su elevado riesgo, largos plazos de desarrollo y elevadas necesidades de financiación.

Proponemos que el Estado desempeñe un papel transformador que oriente al sector privado en sus apuestas tecnológicas. Por una parte, este Estado emprendedor puede introducir programas de financiación más ambiciosos que aporten el capital paciente que es necesario para acometer proyectos innovadores. Por otra parte, el Estado debe destinar una parte del gasto público a compra pública innovadora lo cual crea una salida comercial a los productos de estas empresas innovadoras y reduce el riesgo de sus proyectos haciéndolos más atractivas para los inversores privados.

El Estado emprendedor debe identificar grandes misiones nacionales como hizo en el pasado con el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria. Estas apuestas deben servir para resolver problemas como el envejecimiento y la salud de la población, los retos medioambientales como la contaminación y el calentamiento global, o los de la falta de empleo.

Para dar respuesta a la acelerada desindustrialización de España promoveríamos instrumentos de inversión pública que llevaran nuestra inversión en I+D al menos hasta el nivel del 3% sobre el PIB. Estos podrían ser un banco público, un fondo de capital riesgo y subvenciones directas a la I+D empresarial y académica.

Un Green New Deal ibérico contribuiría a reducir las emisiones de efecto invernadero, transformaría nuestro modelo energético para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles importados, reactivaría la industria nacional y contribuiría a la repoblación de zonas castigadas por la decadencia demográfica. Este nuevo trato verde también modificaría nuestras redes de transporte para mejorar su capilaridad y sustituir al vehículo privado, dar mejor servicios a las zonas rurales y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo industrial.

El intenso proceso de liberalización del sector bancario experimentado en todos los países avanzados a partir de los años 80 del siglo pasado permitió un desarrollo excesivo de las actividades financieras e introdujo incentivos para que los gerentes de las entidades financieras incurrieran en prácticas crediticias arriesgadas. Un proceso de financiarización, por el cual las entidades financieras invierten en actividades financieras, especulativas e inmobiliarias en lugar de la economía real, frecuentemente a través de instrumentos financieros cada vez más opacos y difíciles de entender, incrementó la inestabilidad del sector bancario. La crisis financiera global fue desencadenada por grandes bancos de inversiones que habían inundado los mercados de productos de inversión “tóxicos”.

La experiencia reciente ha desacreditado las políticas de autorregulación del sector bancario y ha producido una reacción a favor de un fortalecimiento de las normas de supervisión bancaria. En este sentido las normas de Basilea III han reforzado los requisitos de capitalización y han introducido normas de preservación del capital de los bancos. España debería contar con normas de supervisión bancaria que impidieran en el futuro la formación de nuevas burbujas inmobiliarias. Pero estas iniciativas bienintencionadas deberían acompañarse por un desmantelamiento de las llamadas entidades sistémicas en España. El grado de concentración bancaria en España ha alcanzado niveles de oligopolio lo cual, además de perjudicar la competencia, expone la economía española una fuerte crisis financiera en el caso de que alguna de ellas tuviera problemas de solvencia.

En cualquier caso el sistema bancario no resulta útil para el objetivo de transformar nuestro modelo económico. La función de los bancos privados es atender las necesidades de financiación del tráfico ordinario. La financiación de proyectos de I+D disruptivos dentro de un programa de grandes misiones definidos por un estado emprendedor tiene un respaldo insuficiente de las ayudas públicas que actualmente conceden el CDTI o la Empresa Nacional de Innovación. Por esto motivo creemos que España necesita un banco de desarrollo al estilo de los que ya existen en Alemania, China o la propia UE.

La política de tipos de cambio fijos empleada por los gobernantes españoles hasta la creación de la moneda común como consecuencia de sus compromisos con los socios europeos solo pudo sostenerse mediante costosas operaciones del Banco de España en el mercado de divisas y elevados tipos de interés. La salida del euro nos da una oportunidad de no repetir el error. Dejaríamos que una nueva moneda española cotizara libremente en los mercados para evitar que la soberanía democrática quedare comprometida por la subordinación de la política económica a los caprichos de los mercados de divisas y las políticas monetarias de Alemania u otra potencia.

Pese a todo, voten

No recomendaremos el voto a ningún partido concreto. Esa elección queda a la conciencia de cada ciudadano. Solo pedimos que contribuyan a exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad. Nuestra contribución debe ser educar a la población en el conocimiento de la TMM. Si lo conseguimos, podremos con el tiempo cambiar las posiciones de algunos partidos. Hay que ser realistas y ajustar las expectativas, aunque, como diría Gramsci: somos pesimistas por inteligencia pero somos optimistas por voluntad.

Referencias

Medina Miltimore, S. (2016). El Leviatán desencadenado. Siete propuestas para el pleno empleo y la estabilidad de precios. Veintiuna razones para salir del euro. Berlín: Lola Books.

El Green New Deal, un pacto verde para garantizar nuestro futuro.

Parte II. ¿Qué es el Green New Deal?

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha presentado una propuesta de resolución que insta al Gobierno Federal a asumir un plan de transformación del modelo energético y productivo sin precedentes adoptando iniciativas que crearían empleo estable y de calidad. El documento se puede consultar en línea (Ocasio-Cortez, 2019).

El objetivo a largo plazo es conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que se pretende minimizarlas en lo posible pues, para aquellas actividades en las que no sea posible llevarlas a cero, se compensarán con iniciativas que secuestren el carbono de modo. Por ejemplo, es improbable que, en el estado de desarrollo de nuestra tecnología actual, se puedan desarrollar aeronaves con cero emisiones. Una solución parcial desviaría parte del tráfico aéreo hacia nuevos trenes de alta velocidad en algunos trayectos aceptando que los de mayor distancia tendrán que seguir realizándose en avión. Conseguir que los EEUU reduzcan sus emisiones netas a cero es crucial porque el país tiene una cuota del 20% de todas las emisiones mundiales.

Para que reciba el respaldo social de la mayoría el plan tiene que ser inclusivo. A diferencia del abordaje ambientalista convencional, se pretende que la transición energética cree empleos para todos y que no margine a las víctimas de actividades que deban ser abandonadas. Por tanto el GND tiene que ir asociado a la generación de millones de puestos de trabajo bien retribuidos y bajo condiciones de contratación dignas. Se pretende que el programa contribuya a reducir las discriminaciones por razón de género o raza. Para luchar contra el desempleo y el subempleo de colectivos tradicionalmente excluidos del mercado de trabajo se creará un plan de trabajo garantizado complementario del GND que ejecutaría algunos de los proyectos de recuperación de entornos degradados y de mejora de las infraestructuras.

El GND contempla una inversión masiva para modernizar la degradada infraestructura de los EEUU con nuevas redes de transporte público económico y accesible incluyendo el ferroviario de alta velocidad, terrenos donde la nación norteamericana va rezagada frente a otras naciones.

Se ampliará y modernizará la infraestructura de distribución energética para que sea más eficiente y se apoye en redes inteligentes y distribuidas para garantizar el acceso universal a una energía económica y fiable.

Se pretende modernizar también todo el parque inmobiliario para asegurar que los edificios sean más eficientes en el consumo de agua y energía, seguros, económicos, cómodos y duraderos.

El GND debe promover proyectos que aseguren el acceso universal al agua potable, al aire sin contaminar, a los alimentos saludables y a la naturaleza.

Además, se financiarán construcciones que puedan aguantar el embate de los desastres causados por el cambio climático tales como los temporales o las inundaciones.

Se invertirá en las industrias ya existentes y se impulsará el desarrollo de la fabricación limpia para eliminar la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la expansión de la generación de energías renovables.

En colaboración con los agricultores y ganaderos se pretende eliminar la contaminación y la emisión de gases del sector siempre que lo permita la tecnología, invirtiendo en prácticas agrícolas y de usos del terreno sostenibles para mejorar la salud de los suelos, apoyando de paso a las explotaciones familiares. Estos proyectos deben contribuir a garantizar un acceso universal a alimentos saludables.

El empleo de tecnologías convencionales pero ya probadas en la restauración de los ecosistemas naturales incrementará el secuestro del carbono en los suelos, por ejemplo mediante la conservación de suelos y la aforestación—la forestación de áreas que anteriormente no tenían cobertura arbórea—. Asimismo se pretende restaurar y proteger los ecosistemas amenazados a través de proyectos que faciliten la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático. Se limpiarán los lugares abandonados y contaminados con residuos peligros para asegurar su desarrollo económico y aprovechamiento sostenible.

En el terreno internacional se facilitará la transferencia de tecnología entre países, sobre todo hacia los menos desarrollados. Pero también se asume el compromiso de implantar normas de comercio internacional, estándares de aprovisionamiento y ajustes en frontera, que garanticen una protección fuerte a los derechos laborales y al medioambiente para frenar la transferencia de los empleos y de la contaminación y favorecer la fabricación doméstica. Estas iniciativas van en línea con asegurar un entorno comercial en el que todos los negocios no se vean expuestos a la competencia desleal y la dominación de monopolios internacionales.

Se pretende asimismo que la ejecución no se haga desde una mastodóntica burocracia centralizada. Por ello se aportará financiación a las administraciones locales para que puedan desarrollar sus propios proyectos, aquellos que consideren más perentorios y útiles para sus comunidades. No se pretende tampoco expulsar al sector privado de la actividad económica sino involucrarlo en los proyectos iniciados desde el Estado y las corporaciones locales, generando nuevas oportunidades de negocio y creando una potente demanda agregada que tirará de la inversión.

¿Cómo se financia?

Sin duda el programa resulta asombrosamente ambicioso y reconocemos que hay retos políticos casi insuperables. Pero la recientemente anunciada candidatura de Bernie Sanders a la presidencia de los EEUU también ha suscrito el GND. Aun así es evidente que la resistencia política será feroz.

Una de las principales objeciones ya opuestas por el conservadurismo es cómo financiarlo. La inversión que requeriría el GND sería espectacular y, por tanto, para una persona formada en el pensamiento económico neoclásico, sería natural preguntarse de dónde vendrá el dinero.

Desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna (TMM), a la que se adhiere Alexandria Ocasio-Cortez este problema es relativamente trivial. La respuesta breve y sencilla es: de la misma manera que los EEUU o la URSS financiaron su esfuerzo bélico para derrotar a Hitler. Si para hacer la guerra parece que los recursos nunca fueron escasos, declarémosle la guerra al cambio climático.

Desde la TMM sabemos que el Estado crea el dinero cuando ejecuta sus políticas de gasto; también que los impuestos no financian al Estado sino que estos sirven para obligar a la población a buscar con avidez y aceptar el dinero que emite el Estado. Los impuestos son una obligación de devolver al Estado aquello que éste ha entregado a la población previamente a cambio de los recursos que se han destinado a los fines públicos. Por tanto, el gasto público necesariamente antecede a los impuestos los cuales simplemente destruyen el dinero creado por el Estado en una etapa anterior. El sistema monetario y fiscal constituye un bien engranado mecanismo de transferencia de recursos hacia el Estado. Por tanto la respuesta a la pregunta que inquieta a mucha gente es sencilla de responder: el dinero se creará cuando el Estado ejecute las políticas de gasto asociadas al GND.

Como el Estado siempre puede crear dinero de la nada, en todo momento podrá encauzar recursos hacia esos fines públicos como el GND. Eso no quiere decir que un gobierno pueda gastar sin límites. Existen y éstos son la disponibilidad de recursos que puedan destinarse a esos propósitos. Mientras haya materias primas ociosas, capacidad fabril infrautilizada y personas desempleadas será posible emplearlos para los fines que decida el Estado.

Pero, objetarán muchos, ¿eso no sería inflacionista, incluso hiperinflacionista? Si esos recursos ociosos empiezan a agotarse entonces podríamos esperar un proceso inflacionista. Pero, mientras existan cohortes de desempleados o fábricas que no llegan al límite de su capacidad productiva, el GND no tiene por qué crear cuellos de botella. En tanto los precios se mantengan estables el gobierno puede seguir movilizando recursos para cumplir con los objetivos del GND. Si la inflación asomara la patita el Estado podría optar por frenar o adaptar sus políticas de gasto o aumentar los impuestos para obligar al sector privado a entregar más recursos al Estado. Elegir una u otra estrategia, o una combinación de ambas, será una resultante del proceso democrático. Pero, tras décadas de infrautilización de recursos y varios años de deflación en muchas de las naciones avanzadas este temor parece prematuro. Por otra parte el Estado tiene sobrada capacidad de gestionar la demanda y la oferta para evitar la generación de cuellos de botella inflacionistas y conflictos por el reparto de las rentas.

Por ilustrar lo antedicho: supongamos que las obras de aislamiento de viviendas produjeran un aumento de los precios de material de construcción. En este caso el estado podría optar por frenar el ritmo de adaptación de los inmuebles. Pero también podría fomentar la investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de aislamiento; financiar la creación de nuevas fábricas de material de construcción; abrir los mercados a la importación de estos productos; o elevar los impuestos a la construcción privada para liberar recursos que se podrían destinar a las obras que promueve el sector público.

Por otra parte un GND inteligentemente diseñado es una potente política de oferta que, al aumentar la eficiencia de los procesos productivos y recuperar entornos degradados, permite liberar nuevos recursos anteriormente derrochados, inutilizados o despreciados. El GND podría aumentar la disponibilidad de energía, agua, suelo y materias primas para toda la sociedad rebajando su coste y de forma más sostenible.

Triste España sin Ventura

Hay elementos del plan de Ocasio-Cortez que recuerdan a iniciativas que se ensayaron en España a principios de siglo y que podrían emular los EEU. El desarrollo del ferrocarril de alta velocidad (AVE) y de las energías renovables ayudó a incubar nuevas industrias tecnológicamente avanzadas. Cuando se construyó la primera línea de AVE Madrid-Sevilla, la empresa de fabricación de material ferroviario Talgo no pudo ganar la licitación del material rodante pero la perseverancia del Estado en desarrollar una red ferroviaria puntera justificó que la empresa invirtiese en la tecnología que le permitió luego participar en el proyecto de línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona. El primer contrato fue adjudicado a multinacionales extranjeras pero, merced a la continuada apuesta por el desarrollo de la AVE, Talgo pudo comprometer recursos para desarrollar nueva tecnología, ganar contratos de suministro a las nuevas licitaciones del Estado y convertirse en un competidor internacional en tecnología ferroviaria.

Se ha criticado con justicia que el modelo de alta velocidad español beneficia a un número pequeño de pasajeros y es probable que otro modelo de ferrocarril que apostara por una red más densa con precios más económicos —en lugar de lujosos trenes para ejecutivos con prisa dispuestos a pagar tarifas más elevadas— hubiese dado lugar a un servicio más equitativo que hubiese beneficiado de forma equilibrada al territorio. No obstante esa crítica justificada, actualmente España compite por los proyectos de construcción de líneas de alta velocidad en países como Arabia Saudí o EEUU. Este salto no habría sido posible sin que previamente el Estado le señalase a las empresas una senda de desarrollo.

En general, el sector del transporte es uno de los éxitos de la economía española. Con 2.231 empresas que ocupaban a 176.332 personas facturaron 68.860 millones de euros en 2014 y representan el 12,3% del valor añadido bruto industrial de este país (CDTI, 2017). Es además el primer sector exportador español y ejecuta casi un tercio de toda la inversión en I+D del sector privado. El impulso del Estado a este sector lamentablemente se abandonó al inaugurarse las nefastas políticas de austeridad que la Unión Europea impuso a partir de 2011. El éxito de esta intervención estatal es incuestionable así que cabe preguntarse por qué no se da continuidad a este tipo de programas.

Triste España sin Ventura es una elegía compuesta en 1497 por el músico Juan del Encina para lamentar la muerte del príncipe Juan. Este inoportuno suceso acabaría dejando los reinos de España en manos de un monarca extranjero, abriéndose así una etapa de involucración en interminables conflictos centroeuropeos que acabarían desangrando a Castilla. La muerte del Príncipe es una metáfora perfecta que simboliza a un país que parece condenado a engarzarse reiteradamente con su entorno geoestratégico a destiempo y de forma contraria a sus verdaderos intereses.

Dentro de las restricciones impuestas al gasto público por el Tratado de Maastricht el Estado Español carece de la autonomía fiscal que le permitiría financiar un ambicioso GND ibérico. Nuestra anterior apuesta por una industria de energías renovables fue abortada a raíz de la crisis de la deuda soberana de los países meridionales de Europa.

¿Y si se financiara desde la UE? Ciertamente el Banco Central Europeo podría sufragar un GND europeo aunque opongo serios inconvenientes a conceder tanto poder a una entidad sin un mandato democrático y con un proceso de toma de decisiones supuestamente independiente y, desde luego, nada transparente. No es la misión de un banco central convertirse en el ejecutor de las políticas fiscales y aceptarlo nos llevaría a una dictadura. Por otra parte resulta inconcebible que el marco ideológico en el que se encuadran las elites europeas sea posible plantear una propuesta tan ambiciosa equivalente a un Plan Marshall europeo. Implantar un GND en España equivaldría una revolución para la cual las conservadoras elites no están preparadas. Tampoco lo están sus pares europeos todavía y siempre enamorados de un conservadurismo fiscal que no es más que el reverso de la depauperación de las clases populares.

Referencias

CDTI. (2017). Boletín Perspectivas nº 48. Madrid.

NASA. (2019). NASA. Obtenido de Global Climate Change: https://climate.nasa.gov/evidence

Ocasio-Cortez, A. (7 de febrero de 2019). RESOLUTION Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal. Washington, DC, EEUU. Obtenido de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/116th_United_States_Congress_H._Res.0109_%281st_session%29_-_Recognizing_the_duty_of_the_Federal_Government_to_create_a_Green_New_Deal.pdf

El Green New Deal, un pacto verde para garantizar nuestro futuro.

Stuart Medina Miltimore

22 de febrero de 2019

Parte I. Planteamiento del problema

Pocos cuestionan que nos enfrentamos a una crisis climática que podría hasta señalar la linde entre dos eras geológicas, quizás el fin del antropoceno. Es irrefutable que los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado su concentración en nuestra atmósfera. Los niveles de dióxido de carbono (CO₂), que alcanzan ya las 400 partes por millón, casi duplican los promedios históricos. Sabemos que esta contaminación se debe al aprovechamiento de combustibles fósiles. Casi todos los expertos atribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero como el CO₂ un potente impacto sobre el clima del Planeta. Las temperaturas de la Tierra están casi un grado centígrado por encima de la media de los registros históricos. Las superficies de los océanos se han calentado 0,4ºC. Las capas de hielo en Groenlandia, la banquisa ártica y el hielo de la Antártida se fragmentan y derriten. La longitud y espesor de los glaciares han menguado. El deshielo ha elevado los niveles de los mares unos 20 centímetros lo cual puede llevar a la desaparición de algunas tierras hasta ahora emergidas (NASA, 2019).

Las consecuencias de este calentamiento global no se agotan en el deshielo. Al parecer el aumento en el gradiente de temperaturas favorece la ocurrencia de eventos climáticos extremos con mayor frecuencia de huracanes, ciclones, olas de frío o de calor e inundaciones. Los regímenes pluviométricos cambian, posiblemente aumentando la aridez en algunas zonas, por ejemplo, de nuestro país.

Estos cambios avanzan a un ritmo imperceptible en la escala temporal de las personas lo cual favorece la negación. Quizá esa gradualidad explique la mezcla de complacencia y ausencia de reacción ante una probable catástrofe climática. Entre los expertos y los concienciados cunde la alarma ante la falta de reacción de muchos gobiernos y la impresión es que se acaba el tiempo para remediar o detener, si no revertir el calentamiento global. La demora en la actuación es la forma más mortífera de negación. Pero no nos equivoquemos, no se trata de salvar el Planeta. Puede que dentro de mil años haya cocodrilos nadando en el Ártico pero para entonces lo más probables que el hombre se haya extinguido o, si sobrevive, su calidad de vida sea lamentable. Pero el planeta ya ha sobrevivido a numerosos episodios de calentamiento global y extinciones masivas. Se trata de mantener un entorno sostenible para la pervivencia de nuestra especie.

La derrota de quienes luchan por convencer a la sociedad de la urgencia de actuar es muy probable si no entendemos otro fenómeno coetáneo igualmente perverso. La amenaza climática no se puede desligar de otra plaga que recorre los países avanzados. Es fácil describir sus síntomas. Los afectados padecen de un malestar permanente ante la insultante concentración de riqueza; observan la congelación de sus ingresos en términos absolutos; se enojan por la percepción de que la clase política está carcomida por la corrupción y alineada con intereses de grandes empresas; y son muy conscientes de su propia impotencia para influir en las políticas públicas. Esta enfermedad es el paroxismo de la crisis del neoliberalismo, un recetario político que se ha aplicado de forma implacable sobre sociedades que habían alcanzado un alto grado de bienestar hasta los años 70 u 80. Hasta esa época las sociedades avanzadas habían aplicado políticas keynesianas, muy exitosas en términos de reparto renta pero que resultaban poco atractivas para las oligarquías empresariales.

Gracias al episodio de inflación de los años 70, al que el keynesianismo no supo responder, el neoliberalismo capturó las elites occidentales con promesas de competitividad y crecimiento económico que restablecerían la rentabilidad de un sector empresarial amenazado por la combatividad de la clase trabajadora y la estabilidad de precios. Sin embargo, los resultados en términos de crecimiento económico han sido decepcionantes. Nunca las economías avanzadas habían crecido tan poco. Para echar sal sobre la herida esta era neoliberal ha engendrado un panorama social de desigualdad y precarización. Además, el ansia desreguladora ha contribuido a generar crisis financieras cada vez más frecuentes y profundas.

El prontuario económico neoliberal repite como un mantra el mismo juego de instrucciones para hacer frente a las crisis económicas: andanadas de privatizaciones; más “liberalización” que en realidad es la creación de normas favorables para las grandes empresas; nuevos tratados de libre comercio anunciados con fanfarria por las autoridades de Bruselas como la panacea que nos traerá un bienestar insospechado pero que siempre parecen beneficiar a los mismos; o políticas activas de empleo que culpabilizan al parado y nunca aportan los empleos prometidos. Cada ciclo genera un nuevo estrato de personas precarizadas, que oscilan entre el desempleo y el subempleo, con sueldos que ya no garantizan un nivel de bienestar material digno. Todo esto ocurre precisamente en la época de mayor capacidad industrial de la Historia si bien la calidad de los productos deja mucho que desear y los costes ambientales de la actividad fabril son excesivos.

Ante la crisis climática se nos dice que los gobiernos deben limitarse a establecer incentivos “de mercado” para que el sector privado, pletórico de energías creativas gracias a las políticas “business friendly”, se ocupe de resolver los problemas. Así se crean impuestos al carbono para desincentivar el consumo de combustible fósiles (mecanismo de precios de mercado). Se acotan áreas al tráfico privado —siendo honestos habría que reconocer que el proyecto Madrid Central supone la reserva de una zona urbana a una minoría privilegiada que puede pagarse los nuevos vehículos híbridos de cero emisiones— sin potenciar el transporte público como alternativa. Sólo se restringen algunas actividades como el cierre de las minas de carbón ya poco atractivas para los empresarios.

No es que estas medidas ambientalistas no estén justificadas pero muchas de ellas perjudican a personas cuyo medio de vida depende de actividades tradicionalmente asociadas a la emisión de gases de efecto invernadero. Se amenaza el futuro de personas que carecen de salidas profesionales alternativas al desempleo: los mineros del carbón asturiano o de Virginia Occidental, los poseedores de furgonetas propulsadas por motores diésel, los empleados de las centrales de producción energética de El Bierzo y otros colectivos y comunidades observan estupefactos y crecientemente airados como sus medios de vida tradicionales están periclitados. Tras la caída de esas actividades sigue la ruina económica de sus comunidades locales.

Esas medidas son el palo que castigan mayoritariamente a las clases populares sin rozar los privilegios de las elites. La estrategia del presidente neoliberal francés, Emmanuel Macron, que combinó bajadas de impuestos a las grandes fortunas, profusas medidas de liberalización y desregulación —que pretendían fomentar una cultura emprendedora y acabar con añejos “privilegios” sindicales—, ha acabado detonando las violentas algaradas de los chalecos amarillos. Visto así, tampoco extraña que, en los EEUU, el discurso negacionista de Trump haya atraído a quienes se veían amenazados por un ambientalismo que no les ofrecía un futuro que sustituyera al presente que se pretende aniquilar.

El palo para las clases populares; la zanahoria para las oligarquías. Se crean subvenciones públicas para que el sector privado encuentre razones —jugosos beneficios en iniciativas empresariales sin  riesgo— para invertir en determinadas actividades tales como la construcción de centrales eólicas o granjas solares. La intención es que el sector privado lidere una transformación energética evitando que los Estados, que se consideran poco capacitados para dirigir proyectos ambiciosos e innovadores, actúen. En el colmo de la ingenuidad no faltan quienes esperan que los billonarios dediquen esfuerzos filantrópicos al cambio climático.

El imperante régimen neoliberal deja inermes a las sociedades para dar respuesta a la doble crisis climática y social. El Estado, encadenado por limitaciones institucionales y financieras imaginarias, carece de herramientas eficaces para dar respuesta a uno de los mayores desafíos de la humanidad. La despolitización arrebata el poder de decisión a los parlamentos y se lo entrega a organismos multilaterales “independientes”. Confiar la solución a las fuerzas del mercado o a prohibición de determinadas actividades sin ofrecer una alternativa atractiva a los perdedores del cambio de modelo energético expone el ciego optimismo de las élites.

Estas pretensiones solo pueden derivar en melancolía porque es difícil que los agentes del sector privado accedan a los ingentes recursos financieros que requiere una transformación radical de nuestro modelo climático. Es absurdo pensar que encontrarán oportunidades de negocio suficientemente atractivas como para abandonar completamente un modelo energético que resulta relativamente barato y para el cual todo el sistema productivo contemporáneo está adaptado. Lo que se está pidiendo es una transformación profunda, radical y sistémica de una escala que el sector privado es incapaz de asumir.

Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de reformar toda la industria automovilística para adaptar los vehículos a una motorización eléctrica con la consiguiente sustitución de la red de gasolineras por otra de conexiones de recarga y recambio de baterías, incluso planteando un cambio de régimen de tenencia para el usuario que debería cambiar el coche en propiedad por el de alquiler. O consideremos la escala de unas obras de infraestructuras necesarias para introducir trenes de alta velocidad que puedan sustituir, al menos parcialmente, al mucho más contaminante tráfico aéreo. Por último, tomemos en cuenta la enormidad de la tarea de modernizar y adaptar el parque inmobiliario de todo un país para que las viviendas sean carbono-neutrales sin menoscabo de la comodidad de sus moradores.

Aquí viene al caso recordar cómo las dos apuestas tecnológicas más interesantes del Estado Español de los últimos años fueron decididamente impulsadas por el Gobierno. Me refiero a la promoción de las energías eólicas y la red de ferrocarriles de alta velocidad. Ambas iniciativas han revitalizado o engendrado nuevos sectores industriales con un interesante potencial exportador. Este precedente nos da una idea de cómo los grandes proyectos transformadores suelen requerir del liderazgo político y de los recursos del Estado.

Por tanto, el capitalismo en su fase neoliberal contemporánea se pierde en su laberinto de la austeridad para la mayoría y se muestra impotente para encontrar los recursos necesarios para resolver la doble crisis social y ambiental. Sin embargo, en los EEUU, la joven y refrescante congresista Alexandria Ocasio Cortez está proponiendo una alternativa que permitiría recuperar los pactos sociales rotos y abordar de forma decidida y ambiciosa el reto del cambio climático sin generar nuevas marginaciones sociales. La propuesta del Green New Deal, o Nuevo Trato Verde, es un ambicioso programa, comparable en su escala al plan Marshall, el plan de construcción de autopistas de Eisenhower o la carrera espacial de las eras de Kennedy y Jruschov. En el pasado esa escala de ambición consiguió que la economía Estadounidense creciera a tasas que nunca más se han vuelto a observar. Tras varias décadas de “estancamiento secular”, se demuestra el agotamiento de un modelo económico que cabalga a lomos de un aparato industrial y energético obsoleto. Quizás sea necesario una iniciativa descabelladamente ambiciosa para construir una alternativa a un sistema averiado.

Ilustración 1. Crecimiento del PIB De los EEUU desde el año 1934