Artículo publicado por el compañero Esteban Cruz en la sección Luces Rojas de Infolibre el pasado 6 de junio de 2016.
El irreversible proceso de globalización conducido por el progreso tecnológico y la desregulación de los mercados ha provocado una creciente interdependencia entre las economías nacionales y, sin embargo, las instituciones no están acompañando a semejante fenómeno de integración económica. El ejemplo más claro lo tenemos en la zona euro, donde la existencia de un mercado común no ha llevado consigo la creación de una autoridad fiscal federal que coordine las políticas fiscal y monetaria, compensando las dinámicas asimétricas surgidas de la interrelación de participantes con diferentes estructuras productivas y culturas. Tampoco la evolución del sistema monetario ha ido conforme a la de un régimen de acumulación capitalista basado en dinero fiduciario-crédito, una convención social no respaldada por mercancía alguna y que no debería ser susceptible de concentración en manos privadas ni marcar los límites a la circulación de bienes y servicios por su escasez. La captura de los bancos centrales por el pensamiento gregario que caracteriza a estas instituciones, y que ha mantenido las restricciones ligadas a un sistema patrón-oro anacrónico, ha impedido a los Gobiernos disponer del espacio fiscal adecuado para alcanzar sus objetivos económicos y sociales.
Ante el estricto impedimento del Banco Central Europeo de financiar a los Estados miembro, éstos tienen la obligación de ceñirse a una restricción presupuestaria delimitada por su capacidad de recaudación, debiendo ir a los mercados a pedir todo lo que la sobrepase y quedando con ello rehenes de las condiciones que les sean impuestas, despojándolos de su soberanía. Esta camisa de fuerza impide desarrollar políticas progresistas en el actual marco de la Unión Monetaria o, cuanto menos, hacerlo con un margen de maniobra muy reducido. La posición de dependencia de los Estados con respecto a los mercados es insalvable en esta Europa de los mercaderes cuyo pilar fundamental es la libertad de movimientos de capitales.
La soberanía popular debe ser canalizada a través de un marco institucional que custodie un espacio operativo adecuado mediante la coordinación de las políticas monetaria y fiscal. En base a ello, rechazamos las imposiciones en materia de déficit. Existiendo recursos humanos no movilizados por la iniciativa privada y disponibles para contribuir al proceso de aprovisionamiento social, creando riqueza y satisfaciendo así una serie de necesidades que no son cubiertas, el uso del déficit no debe comprenderse más que como la herramienta que permite ponerlos en marcha, no una restricción. Desde este planteamiento la existencia de desempleo significa que el déficit no es el suficiente, apoyándose tal aseveración en un principio contable básico: que el gasto de un agente económico es el ingreso de otro. Por tanto, las políticas de austeridad que recortan el gasto inevitablemente deben tener de forma automática el mismo efecto en los superávits privados, es decir, reducen los fondos de empresas y familias, los ahorros y beneficios que determinan su consumo e inversión y por tanto, la producción y el empleo, agravando la depresión económica. De hecho, el déficit es lo que ha permitido al Partido Popular llegar a esta doble sesión de comicios maquillando los datos macroeconómicos de su pésima gestión.
La soberanía monetaria, esto es, la posibilidad de financiarnos directamente del Banco Central, nos proveería de los fondos necesarios para llevar a cabo una serie de objetivos económicos y sociales elegidos democráticamente a todos los niveles, desde lo local a lo regional y estatal, y que a día de hoy quedan como metas secundarias ante la histeria que acarrea el incumplimiento de los compromisos de déficit en el actual marco institucional, donde los Estados operan con una moneda extranjera que es el euro. Además de limitar los efectos perjudiciales del ciclo económico estabilizando las expectativas privadas, disponer de soberanía monetaria nos posibilitaría buscar objetivos sociales diferentes al lucro capitalista. Entre estos fines se incluyen la inversión necesaria para el cambio de modelo productivo y el avance hacia las energías renovables, la visibilización y dignificación del trabajo de cuidados, o el apuntalamiento de los servicios públicos.
La arquitectura del euro ata de pies y manos a los Estados estableciendo mecanismos perversos y eficaces para hacer a Gobiernos electos retroceder en sus demandas conforme los empujan a la posibilidad de suspensión de pagos, siendo así obligados a ajustarse a un nuevo equilibrio presupuestario en una peor situación. Es por ello que desde la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP) rechazamos las demandas hechas en el actual marco institucional que se ciñen a la restricción presupuestaria, ya sea por el lado de los gastos como por el de los ingresos, mareando la perdiz con plazos y velocidades de reducción del déficit y quitas o mutualizaciones de la deuda.
Necesitamos un Plan B para Europa, el cual pasa por el cuestionamiento directo del diseño del euro y la puesta en marcha de un conjunto de decisiones emprendidas de manera unilateral por los Estados, a poder ser, en coordinación con otros Gobiernos desobedientes. La unanimidad exigida para reformar los Tratados hace exiguas las posibilidades de afrontar una modificación de las políticas económicas dentro de la eurozona. Una re-edición del Plan A con la aspiración de conseguir ciertas concesiones, confiando en el mayor tamaño de nuestro país para obtener unos resultados diferentes a Grecia en unas hipotéticas negociaciones con las autoridades europeas, tal y como se desprende de los 50 puntos del acuerdo programático de Unidos Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio, acabaría disciplinando las exigencias de un potencial gobierno de cambio conforme progresivamente se debilita su posición financiera, con lo cual la rebeldía mostrada sería efímera.
Las instituciones importan y en su papel está tanto el restringir como el liberar la capacidad de actuación de la acción colectiva. Es esencial cambiar las reglas de juego para devolver a manos de la soberanía popular herramientas que le han sido quitadas y sin las cuales está a merced de los vaivenes de los mercados, equilibrando con ello las articulaciones de poder que hoy están claramente desbalanceadas en favor de agentes trasnacionales. El primer paso para hacer políticas progresistas es abandonar el discurso del equilibrio presupuestario y la reducción del déficit, y centrarse en objetivos reales como son acabar con la lacra individual y social que es el desempleo y avanzar en la justicia social en diversos aspectos, con los que transformar esta Europa en la Europa de los pueblos. Una Europa solidaria, verde, feminista y ante todo, democrática.
El irreversible proceso de globalización conducido por el progreso tecnológico y la desregulación de los mercados ha provocado una creciente interdependencia entre las economías nacionales y, sin embargo, las instituciones no están acompañando a semejante fenómeno de integración económica. El ejemplo más claro lo tenemos en la zona euro, donde la existencia de un mercado común no ha llevado consigo la creación de una autoridad fiscal federal que coordine las políticas fiscal y monetaria, compensando las dinámicas asimétricas surgidas de la interrelación de participantes con diferentes estructuras productivas y culturas. Tampoco la evolución del sistema monetario ha ido conforme a la de un régimen de acumulación capitalista basado en dinero fiduciario-crédito, una convención social no respaldada por mercancía alguna y que no debería ser susceptible de concentración en manos privadas ni marcar los límites a la circulación de bienes y servicios por su escasez. La captura de los bancos centrales por el pensamiento gregario que caracteriza a estas instituciones, y que ha mantenido las restricciones ligadas a un sistema patrón-oro anacrónico, ha impedido a los Gobiernos disponer del espacio fiscal adecuado para alcanzar sus objetivos económicos y sociales.
Ante el estricto impedimento del Banco Central Europeo de financiar a los Estados miembro, éstos tienen la obligación de ceñirse a una restricción presupuestaria delimitada por su capacidad de recaudación, debiendo ir a los mercados a pedir todo lo que la sobrepase y quedando con ello rehenes de las condiciones que les sean impuestas, despojándolos de su soberanía. Esta camisa de fuerza impide desarrollar políticas progresistas en el actual marco de la Unión Monetaria o, cuanto menos, hacerlo con un margen de maniobra muy reducido. La posición de dependencia de los Estados con respecto a los mercados es insalvable en esta Europa de los mercaderes cuyo pilar fundamental es la libertad de movimientos de capitales.
La soberanía popular debe ser canalizada a través de un marco institucional que custodie un espacio operativo adecuado mediante la coordinación de las políticas monetaria y fiscal. En base a ello, rechazamos las imposiciones en materia de déficit. Existiendo recursos humanos no movilizados por la iniciativa privada y disponibles para contribuir al proceso de aprovisionamiento social, creando riqueza y satisfaciendo así una serie de necesidades que no son cubiertas, el uso del déficit no debe comprenderse más que como la herramienta que permite ponerlos en marcha, no una restricción. Desde este planteamiento la existencia de desempleo significa que el déficit no es el suficiente, apoyándose tal aseveración en un principio contable básico: que el gasto de un agente económico es el ingreso de otro. Por tanto, las políticas de austeridad que recortan el gasto inevitablemente deben tener de forma automática el mismo efecto en los superávits privados, es decir, reducen los fondos de empresas y familias, los ahorros y beneficios que determinan su consumo e inversión y por tanto, la producción y el empleo, agravando la depresión económica. De hecho, el déficit es lo que ha permitido al Partido Popular llegar a esta doble sesión de comicios maquillando los datos macroeconómicos de su pésima gestión.
La soberanía monetaria, esto es, la posibilidad de financiarnos directamente del Banco Central, nos proveería de los fondos necesarios para llevar a cabo una serie de objetivos económicos y sociales elegidos democráticamente a todos los niveles, desde lo local a lo regional y estatal, y que a día de hoy quedan como metas secundarias ante la histeria que acarrea el incumplimiento de los compromisos de déficit en el actual marco institucional, donde los Estados operan con una moneda extranjera que es el euro. Además de limitar los efectos perjudiciales del ciclo económico estabilizando las expectativas privadas, disponer de soberanía monetaria nos posibilitaría buscar objetivos sociales diferentes al lucro capitalista. Entre estos fines se incluyen la inversión necesaria para el cambio de modelo productivo y el avance hacia las energías renovables, la visibilización y dignificación del trabajo de cuidados, o el apuntalamiento de los servicios públicos.
La arquitectura del euro ata de pies y manos a los Estados estableciendo mecanismos perversos y eficaces para hacer a Gobiernos electos retroceder en sus demandas conforme los empujan a la posibilidad de suspensión de pagos, siendo así obligados a ajustarse a un nuevo equilibrio presupuestario en una peor situación. Es por ello que desde la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP) rechazamos las demandas hechas en el actual marco institucional que se ciñen a la restricción presupuestaria, ya sea por el lado de los gastos como por el de los ingresos, mareando la perdiz con plazos y velocidades de reducción del déficit y quitas o mutualizaciones de la deuda.
Necesitamos un Plan B para Europa, el cual pasa por el cuestionamiento directo del diseño del euro y la puesta en marcha de un conjunto de decisiones emprendidas de manera unilateral por los Estados, a poder ser, en coordinación con otros Gobiernos desobedientes. La unanimidad exigida para reformar los Tratados hace exiguas las posibilidades de afrontar una modificación de las políticas económicas dentro de la eurozona. Una re-edición del Plan A con la aspiración de conseguir ciertas concesiones, confiando en el mayor tamaño de nuestro país para obtener unos resultados diferentes a Grecia en unas hipotéticas negociaciones con las autoridades europeas, tal y como se desprende de los 50 puntos del acuerdo programático de Unidos Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio, acabaría disciplinando las exigencias de un potencial gobierno de cambio conforme progresivamente se debilita su posición financiera, con lo cual la rebeldía mostrada sería efímera.
Las instituciones importan y en su papel está tanto el restringir como el liberar la capacidad de actuación de la acción colectiva. Es esencial cambiar las reglas de juego para devolver a manos de la soberanía popular herramientas que le han sido quitadas y sin las cuales está a merced de los vaivenes de los mercados, equilibrando con ello las articulaciones de poder que hoy están claramente desbalanceadas en favor de agentes trasnacionales. El primer paso para hacer políticas progresistas es abandonar el discurso del equilibrio presupuestario y la reducción del déficit, y centrarse en objetivos reales como son acabar con la lacra individual y social que es el desempleo y avanzar en la justicia social en diversos aspectos, con los que transformar esta Europa en la Europa de los pueblos. Una Europa solidaria, verde, feminista y ante todo, democrática.
_____________________Esteban Cruz Hidalgo es economista y vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios
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