La semana pasada estaba leyendo un artículo que criticaba el paquete de recuperación y resistencia de la próxima generación de la UE. El autor utilizó la famosa frase de Virgilio “timeo Danaos et dona ferentes” (Cuidado con los griegos que traen regalos) para sugerir que el fondo de la UE de la próxima generación será un caballo de Troya para otra ronda de reformas neoliberales. Pero creo que se le escapó el detalle de que fue España quien pagó el regalo como expliqué en un artículo anterior.
Cuando el Consejo Europeo de julio del año pasado acordó aprobar un paquete de ayuda financiera, que aparentemente incluiría una transferencia neta de recursos a los países del sur de Europa que habían sido los más afectados por la pandemia de COVID-19, nuestra Izquierda proeuropea estaba exultante. . Pablo Iglesias, el líder de Podemos declaró que el acuerdo europeo permitió al Gobierno continuar con sus políticas sin recortes presupuestarios y con condiciones “blandas”. Asumieron que miles de millones de euros entrarían en la economía española. Este dinero podría usarse para hacer una transición radical de nuestra economía dejando el modelo basado en la industria de bajo valor agregado y el turismo, que había demostrado ser un gigante con pies de barro en cuanto la pandemia golpeó nuestra economía, y desarrollar una economía basada en un Pacto Verde, e invertir en Investigación y Desarrollo e industrias innovadoras. A diferencia del rescate anterior de 2012, ¡esta vez era diferente!
No entiendo cómo se puede hacer eso enviando fondos a Bruselas y recuperando la misma cantidad con una propina por buen comportamiento neoliberal.
Hungría y Polonia estaban indignadas por la propuesta de la Comisión Europea de incluir el estado de derecho como condición para beneficiarse de los fondos de la UE de próxima generación. Liderados por xenófobos de extrema derecha, los dos países fueron vilipendiados por los políticos españoles de izquierda y los medios progresistas. Sí, Orban y Adrzej Duda son personajes desagradables y políticos de extrema derecha. Pero la izquierda española no se dio cuenta de lo importante que era defender la soberanía popular de los embates de un cuerpo de tecnócratas no electos. Una vez más, la izquierda española demostró ser ilusamente ingenua con respecto a las verdaderas intenciones de Bruselas y eligió el lado equivocado en la disputa política que siguió entre Bruselas y los canallas de Europa del Este.
De hecho, los fondos de la UE para la próxima generación pronto pueden resultar más dañinos para los países del sur de Europa que el anterior rescate de 2012 con sus condiciones draconianas y la intromisión obscena de la llamada troika, la desagradable coalición de tecnócratas del BCE, la Comisión de la UE y el FMI para la aplicación de una austeridad cruel e insensata a las naciones del sur de Europa. Esto es así porque estos fondos se han convertido en una excusa para que el Gobierno de España evite el impulso fiscal necesario para compensar el colapso de la producción provocado por la pandemia. De hecho, un informe del think tank Bruegel muestra que España había aprobado en 2020 uno de los paquetes de impulso fiscal inmediato más pequeños entre las medidas fiscales discrecionales de 2020 aprobadas por las economías avanzadas. El problema es que los fondos Next Generation EU no estarán disponibles hasta la segunda mitad de 2021 y la mayor parte solo llegará después de 2022. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo que es especialmente preocupante es la sospecha de que una gran parte de los fondos se destinará principalmente a las grandes preocupaciones oligopólicas de España.
Uno solo puede quedar consternado por la ignorancia de la izquierda sobre la verdadera naturaleza de la Unión Europea. La UE no fue creada para financiar los gastos de otros países, sino para abrir mercados a los países exportadores netos y hacer cumplir una agenda de intervencionismo estatal neoliberal. Los países del norte de Europa no transferirán fondos a los países del sur de Europa sin algún tipo de compensación.
La UE ahora se ha dado cuenta de que no necesita una troika en España. Ahora utiliza buenas palabras pero sigue empleando la mano dura. Todo lo que necesita es que los gobiernos nacionales comprendan cuál es su lugar en la jerarquía de las naciones europeas. Se les puede engatusar fácilmente para que se sometan con la promesa de transferir unos pocos decimales de su PIB como compensación por ceder su mercado a los exportadores netos.
Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez se presentaron con programas que prometían deshacer los aspectos más letales de la contrarreforma impuesta por Merkel, Sarkozy y Barroso en España durante la crisis de 2010-2012. Habían prometido revertir la reforma laboral de 2012 que fue impuesta por dictamen a través de una carta de los banqueros centrales “independientes” Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez enviada al entonces presidente Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez dijo en mayo del año pasado que su gobierno iba a “recuperar los derechos laborales arrebatados” por la reforma de 2012. Pablo Iglesias advirtió ese mismo mes que la reforma laboral se derogaría al completo y advirtió al PSOE que “lo firmado obliga”.
Pero, ¿cumplirán?
España no se unió a los xenófobos de Europa del Este en la batalla para asegurar que Bruselas no tuviera la capacidad de imponer un conjunto de reformas neoliberales como condición para acceder a nuestro propio dinero. Un error garrafal para Pablo Iglesias; quizás no tanto para Pedro Sánchez cuyas declaraciones y promesas “progresistas” al electorado fueron un engaño para los votantes de su partido. Pedro Sánchez es tan neoliberal como Ursula von der Leyen.
Al aceptar dar a Bruselas una transferencia adicional de miles de millones provenientes del presupuesto del Estado español con la esperanza de recuperar la misma cantidad más algunos decimales de nuestro PIB, Pedro Sánchez efectivamente le ha entregado el balón a Ursula von der Leyen. Ahora ella decide quién juega con él y cuánto tiempo.
Ayer conocimos que Bruselas suspenderá los fondos de recuperación si los países “no cumplen satisfactoriamente los objetivos de sus planes”. La dura condicionalidad exigida por países como los Países Bajos y Austria aparentemente fue evitada en el Consejo Europeo. Pero ahora sabemos que la condicionalidad se ha reintroducido a través de documentos elaborados por una Comisión Europea no elegida democrácticamente.
Un documento reciente de la Comisión Europea aclara que el acceso a los fondos requerirá “Planes de Recuperación y Resiliencia” que “deben estar compuestos por reformas e inversiones, agrupadas en componentes coherentes”. “Las reformas serán fundamentales para garantizar la ejecución eficiente y eficaz de las inversiones proporcionando un entorno empresarial y administrativo propicio y evitando el mal uso de la financiación de la UE”. Estos planes “mejorarán el funcionamiento de la economía y la sociedad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, para crear puestos de trabajo, fortalecer las políticas activas de empleo y apoyar las transiciones laborales donde sea necesario, para mejorar el crecimiento inclusivo y la cohesión social y para conseguir sectores, economías y sistemas más preparados para el futuro y más resistentes a los impactos y al cambio “.
Todos sabemos lo que significan las reformas estructurales, tal como lo exige la UE, pero, si no es así, el documento aclara que las reformas “también podrían generar ahorros presupuestarios (tales como reformas de las pensiones o la eliminación de subsidios nacionales perjudiciales para el medio ambiente)”. También serán juzgadas por su “impacto en el déficit y la deuda presupuestaria del Estado”. La UE salpimienta esto con menciones a pactos verdes atractivos para algunos progresistas. El lobo se viste con piel de cordero pero sigue siendo el mismo lobo.
Habiendo caído en la trampa, el gobierno español ahora necesita proporcionar detalles sobre las reformas que debe introducir antes de que se desembolse el dinero. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias; tan turbias que incluso el exasesor de Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla Segura, de quien se presumiría estar bien informado, tuvo que confesar en un tuit hoy que no tenía ni idea de qué reformas estaba enviando el Gobierno a Bruselas. “No las conozco. No se han presentado al Parlamento, ni a la opinión pública (salvo filtraciones parciales de una)”.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo en el Parlamento la semana pasada que los planes de reforma iban de camino a Bruselas, si es que no habían llegado ya. ¿Qué tipo de declaración fue esta? ¿Hay planes del Gobierno español ahí o no? Parece que el Gobierno ha enviado propuestas muy vagas para evitar ampliar la brecha entre los dos socios del gobierno de coalición. Sabemos que Calviño quería retractarse de las promesas de reforma laboral y reemplazar la derogación prometida de las leyes laborales regresivas de 2012 por un nuevo conjunto de reformas suavizadas que serían atractivas para el empresariado. El ministro de Seguridad Social Escrivá también quiere reducir las futuras pensiones aumentando el número de años cotizados de 25 a 35. Al parecer, ha quedado congelado después de que Podemos se negara a apoyarlo. Por el momento, Pedro Sánchez ha decidido apaciguar a su socio menor de coalición… por el momento.
El tiempo da y quita razones. Quizás los ministros podemitas del Gobierno puedan frenar el intento de Calviño y Escrivá de abortar la derogación de las reformas conservadoras introducidas bajo Zapatero y Mariano Rajoy. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo que viene de Unidas Podemos, está luchando para conseguir medidas que acaben con la alta tasa de temporalidad en el mercado laboral español. Veremos qué resulta de esto, pero cada vez resulta más evidente que las promesas no se cumplirán y que el acuerdo de coalición es ahora papel mojado.
Lamentablemente, Úrsula ahora decide cómo, cuándo y cuánto dinero recibe España. El tiempo no se detiene. Este año, con una pandemia descontrolada y nuevas medidas de confinamiento y restricciones para los sectores de ocio y restauración, es poco probable que la economía española se recupere. Necesitamos que nos devuelvan el dinero —más los decimales del PIB—, por lo que al gabinete español le costará resistirse a las demandas de la Comisión.
Se miente sistemáticamente al pueblo español con vagas promesas de reformas progresistas realizadas durante las campañas electorales que luego se abandonan cuando llega el momento de gobernar y los políticos deben actuar “responsablemente” y cumplir con nuestros “compromisos internacionales” con nuestros “socios” europeos.
Pero la verdadera pregunta es qué legitimidad tiene un órgano de tecnócratas no electos para decidir qué reformas son las adecuadas para España, eludiendo cualquier debate en el Parlamento, y exigir que el Gobierno envíe planes detallados a cambio de nuestro dinero. Esa es la “democracia” en la Unión Europea: una farsa en la que los estados miembros le dan a la Comisión Europea el poder de intimidar a los estados; todo a través de un proceso opaco y antidemocrático.
