El plan de reconstrucción
La primera ministra recibió con consternación la sucesión de malas noticias. Las coladas de lava se habían desparramado durante tres semanas por la isla destruyendo más de mil hogares y convirtiendo 500 hectáreas de terrenos fértiles en malpaís. Miles de personas habían salido precipitadamente de sus casas con lo puesto al haberles dado las autoridades menos de 15 minutos de aviso para recoger las pertenencias y recuerdos más esenciales. Muchos sabían que ya nunca más volverían a ver sus casas y, a la congoja por la pérdida, se unía la ansiedad de saber que tendrían que empezar sus vidas de cero. Para los abuelos la desolación era mayor pues no se sentían con fuerzas para comenzar de nuevo y a más de uno le embargaban sentimientos suicidas. El desastre se agravaba con la destrucción de kilómetros de carreteras e infraestructuras. Se habían perdido escuelas, comercios, almacenes y templos.
Sobrecogida por el impacto de la catástrofe la primera ministra convocó una reunión de urgencia de su gabinete para la mañana siguiente. En el consejo de ministros exigió a su ministro de vivienda que preparara en dos semanas un plan de construcción de moradas dignas a pocos kilómetros de los territorios devastados para quienes habían perdido la suya. Dando un puñetazo encima de la mesa, dio un ultimátum a la ministra de Trabajo para que en un mes se pusiera en marcha el plan de empleo garantizado que habían prometido en la campaña electoral y que las objeciones y argucias sobre la contravención de diversas directivas europeas de los tecnócratas neoliberales del cuerpo funcionarial habían retrasado. Ese plan permitiría dar ocupación inmediatamente a quienes habían perdido su medio de vida. Conminó al ministro de Fomento para que presentara un plan de reconstrucción de las infraestructuras cuando concluyera la erupción.
Cuando concluyó el Consejo de Ministros la Ministra de Hacienda convocó a su equipo técnico a una reunión para esa misma tarde donde iniciarían los cálculos presupuestarios que requeriría el ambicioso plan acordado esa mañana. A continuación se dirigió a la rueda de prensa donde anunciaría las decisiones aprobadas por el Gobierno. Tras aportar unas primeras estimaciones del coste del plan abrió el turno para las preguntas. El primero que lanzó una pregunta fue un viejo periodista de un diario de tirada nacional conocido por sus posicionamientos conservadores.
—Pero, Sra. Ministra, Vd. está hablando de un plan que puede costar más de 1.000 millones $. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a subir los impuestos? ¿Se plantean recortar otros programas sociales como ese plan de trabajo garantizado?
Entonces, la ministra sonrió sardónicamente y pensó «a éste me lo como con papas fritas». Afortunadamente la primera ministra había nombrado a una conocedora de la teoría monetaria moderna que entendía a la perfección el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal. No en balde, ambas habían trabajado con denuedo durante los primeros meses del nuevo gobierno para sacar a la nación de una desafortunada unión monetaria que la había mantenido sumida en una larga deflación de décadas.
—Pues mire Vd.— sí, por primera vez utilizaba esa coletilla habitual entre los políticos conservadores para tratar con condescendencia a ciudadanía y rivales políticos— ahora podrá comprobar lo importante que fue para nuestro país recuperar su soberanía monetaria. Esa operación a la que su medio se opuso con contumacia porque prefería sacrificar los intereses de la nación en favor de una unión monetaria que solo podía interesar a unos pocos. Es muy sencillo. La semana que viene convocaremos a las Cortes Generales, presentaremos este proyecto de reconstrucción y pediremos la dotación de un crédito presupuestario extraordinario por el importe requerido. Eso habilitará al Tesoro a realizar los pagos necesarios y nuestro banco central, el nuestro, estará obligado a atender las instrucciones que reciba. No hace falta ni subir impuestos ni reducir otros créditos presupuestarios.
—Pero, pero—inquirió, con rostro desencajado, una periodista de un medio conocido por su postureo progresista— está hablando de monetizar el déficit. Todos los expertos le dirían que eso será inflacionista.
La ministra tuvo que contener la risa y con la infinita paciencia y buena educación que la caracterizaba le respondió.
—Mira, creo que lo hemos hablado ya muchas veces antes tú y yo en privado. Lo que sería inflacionista sería que los isleños sin casa se encontraran con que la falta de viviendas causara una subida de su precio y de los alquileres, como de hecho ya estamos observando. Lo que sería inflacionista sería que los agricultores no pudieran regar sus campos porque se ha roto la conducción de agua y perdieran la cosecha. Lo que sería inflacionista sería que la población de la isla emigrara ante la falta de perspectivas y los empresarios ya no encontraran mano de obra. En definitiva lo que sí sería inflacionista es no hacer nada.
Pocas semanas después, el programa de reconstrucción de zona catastrófica más ambicioso de la historia era aprobado en el Parlamento por la mayoría que sostenía el Gobierno.
La ruta del dinero
La ficción que acabamos de narrar obviamente no tiene ningún parecido con la realidad. Es sólo una fábula con la que intento ilustrar la ruta que sigue el dinero. La gente tiene la noción equivocada de que es el banco central quien crea el dinero. Se equivocan. Lo que hace el banco central es simplemente intercambiar unos activos financieros por otros que ya existían previamente. Sí, los Estados utilizan el dinero del banco central. Pero es el Parlamento, en nuestro país la cámara baja de las Cortes Generales, quien debería autorizar al Gobierno a disponer de ese dinero.
En tiempos no tan lejanos el Tesoro de nuestra nación podía ordenar pagos al Banco de España incluso aunque su cuenta estuviera en descubierto. Es decir, el gasto público resultaba en una creación de dinero del Banco de España ex novo. Nuestro ingreso en las Comunidades Económicas Europeas nos obligó a aprobar una Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España la cual prohibió
«la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o cualquiera de los organismos o entidades a los que se refiere el artículo 104 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea»
La Ley de Autonomía es una ensoñación neoliberal que, además de generar una tremenda disfuncionalidad en nuestro sistema monetario, pretende someter a los Gobiernos a la vigilancia de los mercados y la supervisión de los tecnócratas neoliberales que pueblan los bancos centrales. Obliga al Estado a emitir deuda pública para financiar su actividad cuando antes habría bastado un descubierto en el Banco Central. Nuestra entrada en el euro agravó este problema pues el Banco Central Europeo (BCE) dejó de respaldar esa deuda. Sabemos que eso condujo a la crisis de deuda que casi se lleva al traste el proyecto de unión monetaria en 2010-12. La crisis se resolvió cuando la UE se dio cuenta del tremendo error que supuso haber sometido a los Gobiernos nacionales a la vigilancia de los mercados. En 2011 el BCE empezó a comprar nuestra deuda pública en los mercados secundarios.
Antes de nuestra entrada en las CEE el Tesoro creaba el dinero directamente cuando gastaba. Es decir, cuando ejecutaba el crédito presupuestario autorizado por los presupuestos generales del Estado, y el Tesoro ordenaba al Banco de España que realizar los pagos correspondientes contra su cuenta. El Banco de España simplemente registraba esa transferencia cargando la Cuenta General del Tesoro y abonaba la cuenta del banco comercial con el que operaba el agente privado beneficiario del gasto público. Antes de la ley de autonomía esa cuenta del Tesoro incluso podía quedarse en descubierto.
La ruta de creación de dinero directa
Ahora la ruta del dinero toma un pequeño desvío. Tras nuestra incorporación a la Unión Monetaria Europea el Gobierno de España tiene que asegurarse de que el saldo contable del Tesoro en el Banco central fuera positivo antes de gastar. Eso le obliga a emitir deuda pública cuando la recaudación tributaria es inferior al gasto público. Hasta 2011 los tratados prohibían al Banco de España la compra de esa deuda. De facto, los Tratados de la UE, pretendían que los estados nunca más crearan dinero y que la economía tirara del fondo existente en 1999, recirculándolo año a año, y de la creación del dinero bancario cuyo principal vicio es su carácter procíclico (piensen en la burbuja inmobiliaria que montaron los bancos españoles a principios del siglo XXI).
La ruta tortuosa de creación del dinero
Sin embargo, desde que el BCE tuvo que salvar al euro del colapso permitiendo las compras de deuda pública por los bancos centrales nacionales, los Estados miembro de la zona euro han recuperado de forma limitada su capacidad de crear dinero. Sí, siguen emitiendo deuda pública, pero luego el Banco de España y los demás bancos centrales nacionales compran una gran parte en los mercados secundarios. Llevan comprando al menos el 30% desde 2014 y, tras el inicio de la pandemia prácticamente toda.
La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación por el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en los presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo dinero + deuda pública).
La ruta del dinero siempre empieza pues con la aprobación por el parlamento de créditos presupuestarios a favor del gobierno en los presupuestos generales del Estado. Sea por el primer camino, más directo, o por el más tortuoso que ahora opera en la zona euro, el resultado de una decisión de gasto público, que no quede compensada con un mayor aumento de impuestos, resultará en un aumento del saldo neto de activos financieros en manos del sector privado (podemos llamarlo dinero + deuda pública).
Esto no ha eliminado las limitaciones al gasto y déficit públicos que tienen aherrojado nuestro proceso presupuestario. Es cierto que, durante la pandemia, el Consejo Europeo ha autorizado la supresión temporal de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento pero ya se está preparando la vuelta a las exigencias de equilibrio presupuestario. Se trataba tan solo de una suspensión temporal de reglas de la economía neoclásica. Por tanto, si los parlamentos creían que habían recuperado la herramienta de creación del dinero, el Consejo pronto les recordará quien sigue mandando. Sí, ahora el BCE no dejará que se caiga el tinglado del euro permitiendo al Banco de España que compre nuestra deuda pública en los mercados secundarios. Sin embargo, todo esto está condicionado a que el Estado español someta al colegio de tecnócratas de la Comisión Europea su proyecto presupuestario con antelación, antes que a las propias Cortes. Una reflexión más profunda nos permite entender que el diseño institucional europeo ha conseguido la completa emasculación de nuestro sistema democrático. El diseño de la Unión Monetaria Europea ha convertido a nuestros parlamentos en órganos irrelevantes. Todo por el pueblo pero sin el pueblo.
Cuando el parlamento creaba el dinero
Comprender cómo funciona nuestro sistema monetario y fiscal nos permite entrar en una disquisición acerca de la democracia. El poder de crear dinero es el de movilizar recursos a favor del sector público. Que la decisión de cuánto dinero y para qué propósitos se crea dependa de un colegio de tecnócratas en reuniones a puerta cerrada o de un órgano de representación popular bajo escrutinio público cambia completamente la naturaleza de nuestro sistema político.
Esta no es una cuestión baladí. La lucha por limitar el poder real ha sido larga y se remonta a la Edad Media. Muchos creerán que fue en Inglaterra donde surgió el parlamentarismo pero estarían equivocados. El primer Parlamento inglés no se celebró hasta 1215 y sólo representaba a nobles y obispos. No incorporó representación de los comunes hasta 1282. El primer antecedente de un parlamento con participación de las clases burguesas fueron las Cortes de León celebradas en 1188, casi cien años antes, en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro en León, que, ya muy transformado, se representa en esta fotografía.
Poco se sabe de ese trascendental evento pero sí que por primera vez concurrieron los “boni homines”, representantes de la burguesía, y que se aprobaron unos decreta cuyo objetivo era el mantenimiento de la justicia y la conservación de la paz en el Reino. Con la participación de la clase burguesa el monarca convocante Alfonso X buscaba el apoyo político del tercer estamento para dar mayor fortaleza a su reinado (Alonso García, 2019). Este evento es el primer jalón en una larga tradición de participación de las ciudades castellano leonesas en las Cortes. Muchas de las decisiones en las que participarían giraron en torno a las contribuciones extraordinarias — ‘pedidos’ o ‘pedidos foreros’— que se pagaban a la Corona en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. La primera vez que la Corona solicitó una contribución de este tipo parece ser que tuvo lugar bajo el reinado de Alfonso VI cuando impuso en 1091 un tributo extraordinario para costear la guerra. A partir de aquel momento se generalizó la costumbre de que la Corona solicitase cantidades a sus súbditos que normalmente solían ser de varios millones de maravedís. A mediados del siglo XIII desaparecieron este tipo de pedidos para transformarse en un ‘servicio’ que concedían las Cortes al rey, aunque continuó manteniendo su naturaleza extraordinaria. Cualquiera que haya leído la historia española del siglo XVI estará familiarizado con las disputas entre los Habsburgo y las Cortes por conseguir la aprobación de los servicios de ‘cientos’ y de ‘millones’ que solicitaban los monarcas para sus campañas militares en el Norte de Europa.
Pero la participación de los parlamentos fue más allá de la aprobación de impuestos extraordinarios. Aunque la acuñación de moneda era una prerrogativa real sabemos que en las
«Cortes de Valladolid de 1518 el joven rey [Carlos I] recibió la petición de labrar más moneda de vellón».
También conocemos que las
«reuniones de las Cortes, (…) desde 1518 venían solicitando una rebaja en la ley, tanto de la moneda de oro como de la de plata, con el fin de eliminar las desigualdades con las monedas extranjeras y evitar, de este modo, su constante extracción. Diversos informes aconsejaban la reducción de la pureza áurea del ducado y la elevación de su nominal, destacando el realizado por el bachiller Enciso, quien recomendó la reducción de la ley a 18 quilates y la elevación del curso legal al nivel portugués. Las mismas Cortes, reunidas en Valladolid en 1523, solicitaron la emisión de una nueva moneda de oro de 22 quilates que tomase como modelo la corona del sol francesa. Eso formaba parte de un plan general de reforma monetaria, que también afectaría a la plata, y cuyo objetivo principal era evitar la extracción de metal precioso allende las fronteras del reino. La petición de las Cortes encontró cierto eco y el Emperador decidió consultar a los tesoreros y oficiales de las cecas, al prior y cónsules de los mercaderes de la ciudad de Burgos y a otros mercaderes y plateros de diversas ciudades.
El resultado fue un interesantísimo informe en el que se proponía la reducción de ley del ducado a 21 ½ quilates, teniendo siempre como modelo el escudo francés. (…) Para la plata proponían una reducción del peso del real. En el vellón, planteaban una nueva especie de 25 ½ granos. La respuesta del Emperador fue dilatar la toma de una decisión hasta contar con más informes.» (de Santiago Fernández, 2005)
En definitiva el parlamentarismo es la base de nuestro sistema democrático y su piedra angular. El parlamento es un órgano de representación popular que históricamente ha limitado y controlado el poder del ejecutivo y le ha dado la autorización para gastar y recaudar impuestos. Incluso ha intervenido en la definición del sistema monetario. ¿Podemos tolerar que las Cortes del siglo XXI tengan menos poderes que las de los siglos XII a XVI y seguir pretendiendo que hoy somos una democracia?
¿Por qué dejamos que las decisiones las tomen por nosotros quienes no saben?
Con la creación de la UE nuestro parlamento ha perdido dos de las facultades por los que las ciudades castellano-leonesas habían luchado: la de definir los límites del gasto público y autorizar el diseño de nuestro sistema monetario. Estas decisiones se toman ahora en el Consejo Europeo, en el Semestre Europeo y en el Banco Central Europeo en opacos conciliábulos sin transparencia y sin el molesto escrutinio público. El gasto público se somete a reglas arbitrarias que nada tienen que ver con atender las necesidades reales de la ciudadanía. En definitiva España ha dejado de ser una democracia por mucho que se disfrace con elecciones periódicas de un cuerpo legislativo que ahora se limita a transponer directivas europeas. Poco ha durado una democracia que fue estrenada en 1978 y abandonada en 1999.
Te dirán que esos límites son convenientes porque de lo contrario nuestra clase política derrocharía los recursos lo cual nos conduciría a una hiperinflación. Puede ser, pero conozco muchos casos de regímenes poco democráticos capaces de generar un proceso inflacionario y pocos de democracias consolidadas que lo hayan hecho.
Algún iluso podría pensar que los límites recogidos en el tratado de Maastricht e incorporados a los Tratados Europeos tienen un fundamento teórico. Nada más lejos de la realidad. El límite del 3% para el déficit público fue una sugerencia de un grupo de asesores presentada a Mitterand en los años 80 que luego se fosilizó en el ordenamiento europeo como confesó Guy Abeille. No hay más criterio. Este tope se ha perpetuado de forma irracional en todas las normas europeas. Por otra parte los bancos centrales y los economistas neoclásicos carecen de una teoría de la inflación como, por ejemplo, reconoció recientemente un técnico de la Reserva Federal, Daniel Tarullo (Fleming, 2017).
Incluso el dogma del equilibrio presupuestario es una superchería que muchos economistas ortodoxos promueven por ignorancia cuando no por puro cinismo como confesaría el propio Paul Samuelson, autor de uno de los manuales de macroeconomía más vendidos de la historia.
En otras palabras: una superstición, una religión para asustar a los políticos y a la plebe y asegurarse de que otros tomen las decisiones sobre lo que nos conviene. Pero ahora sabemos que esos supuestos expertos ni siquiera entienden lo que están haciendo. Entonces ¿cómo hemos tolerado que destruyeran la capacidad presupuestaria de nuestro parlamento?
Una de las más importantes contribuciones de la Teoría Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que nunca debieron escindirse.
Una de las más importantes contribuciones de la Teoría Monetaria Moderna es que ha sacado a la luz el funcionamiento de los sistemas monetario y fiscal, cara y anverso de la misma moneda, y que nunca debieron escindirse. Esto es mucho más trascendental de lo que suponen los economistas neoclásicos o los marxistas vulgares. Hemos destapado la superstición y ahora podemos quitarles a los sacerdotes de la vieja religión el poder y ponerlo en manos de personas más sabias y más justas al servicio de los verdaderos intereses del pueblo. Y, si no somos capaces de elegirlos, en el peor de los casos un pueblo informado sabrá que un político le miente si le dice que no hay dinero para tal o cual programa; o que el dinero existe careciéndose de los recursos reales para ejecutarlo.
En definitiva la TMM es la teoría económica sobre la cual se reconstruirá el poder de los parlamentos y se levantará una verdadera democracia popular.
Volvamos a la fábula que narraba al inicio. Sabemos que en la isla de La Palma la población civil está sufriendo una catástrofe sin precedentes. Hasta ahora el Gobierno ha prometido ayudas millonarias pero la tradición cicatera de nuestras administraciones públicas nos hace desconfiar. Lamentablemente el precedente del terremoto de Lorca con ayudas que tardaron años en hacerse efectivas nos hace temer lo peor. Si el Gobierno conociera la TMM ahora sabría qué hacer sin escatimar medios y si la opinión pública la conociera los medios de comunicación ahora estaría exigiendo responsabilidades. Y todo esto se ventilaría en las Cortes Generales, no en el Consejo Europeo ni suplicando la compasión de Ursula Von der Leyen. En definitiva seríamos un pueblo soberano dueño de su destino y de su dignidad.
Referencias
Alonso García, M. N., 2019. LOS DECRETA DE LEÓN DE 1188 COMO PIEDRA FUNDACIONAL DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA LEGALIDAD. Ius Fugit, Issue 22, pp. 231-247.
de Santiago Fernández, J., 2005. Moneda y Fiscalidad en Castilla durante el Siglo XVI. En: IV Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, pp. 409-433.
Fleming, S., 2017. Fed has no reliable theory of inflation, says Tarullo. Financial Times, 4 Octubre.
Samuelson , P., 2015. Paul Samuelson: balanced budget is a superstition. [En línea]
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=EOtFsONzMjI
[Último acceso: 7 octubre 2021].
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