La izquierda se tira piedras sobre su propio tejado al adherirse a la teoría de la equivalencia ricardiana

Reproduzco un artículo de opinión publicado en www.redmmt.es originalmente

Llevamos dos semanas observando atónitos las rebajas tributarias clasistas y reaccionarias que están proponiendo los gobiernos autonómicos de derechas. Igualmente nos han descolocado unos partidos de izquierda que han saltado como un resorte a denunciar el inminente colapso del estado del bienestar que van a provocar esos regalos tributarios. A nivel nacional la trifulca la han abierto las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. A nivel internacional, la guinda la ha aportado el Reino Unido con el plan más ambicioso de Europa de protección a hogares y empresas de la subida de los precios energéticos y un plan de estímulos fiscales para evitar la marcha hacia la recesión basado en rebajas de impuestos para los ricos (les presentamos la ‘trusseconomics’, una versión moderna del caducado “trickle down econonomics” de la era Reagan que traducimos al castellano libérrimamente como ‘economía de los despojos’) que ha coincidido con malas decisiones del Banco de Inglaterra. Stephanie Kelton no ha podido evitar la tentación de hacer un acertadísimo juego de palabras con el apellido de la nueva primera ministra.

La reacción de la izquierda ha demostrado que es prisionera del peor pensamiento neoclásico en cuestiones de hacienda y de que se ha tragado no sólo el anzuelo sino también la caña de pescar entera de la teoría de equivalencia ricardiana. Esto explica por qué la izquierda tiene serios problemas para entender cómo hacer realidad sus programas cuando tiene ocasión de acercarse al poder.

Vayamos por partes.

La equivalencia ricardiana, otra viga del edificio neoclásico en ruinas que se viene abajo.

La equivalencia ricardiana (…) afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.

Primero entendamos qué es la equivalencia ricardiana. Esta teoría es un postulado de la teoría dominante neoclásica que afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.  Además parte de un supuesto de que existe una alberca de fondos prestables limitados. Por ello exigirá mayores tipos de interés por sus préstamos al gobierno puesto que se postula que aumentará el riesgo de impago el gobierno. Es una superchería que asume una perfecta racionalidad de unos hogares visionarios.

Este concepto solo tiene sentido bajo un régimen de patrón oro: el Estado ha tomado oro prestado luego en el futuro me lo va a quitar a mí para devolverlo a los prestamistas. No tiene ningún sentido en un sistema de moneda fiduciaria. El Estado crea nuevos fondos cuando gasta y los destruye cuando recauda impuestos. De hecho ese déficit crea un ahorro financiero neto para el sector privado así que es imposible que el sector privado se pueda angustiar por culpa del déficit actual.

Los déficits públicos del pasado no implican que el Estado tendrá un superávit fiscal en el futuro. De hecho los Estados suelen estar en déficit casi todos los años y solo durante un fuerte período de crecimiento se alcanzan superávits fiscales gracias al efecto de los estabilizadores automáticos.

Por tanto un déficit fiscal hoy ni implica mayor presión fiscal en el futuro, ni —¡presten atención, políticos y opinadores progresistas!—  compromete la capacidad de gasto del Estado ni ninguna prestación del estado del bienestar en el futuro. Si aprenden esto quizá algún día lleguen a ser gobernantes eficaces.

Una recaudación disparada que no se puede gastar.

Hay que entender la coyuntura que ha desencadenado esta serpiente de veranillo de San Miguel. La recuperación económica tras el fin del estado de alarma causado por la pandemia y la subida de los precios —provocada por los precios de la energía, la guerra de Ucrania y un diseño ortodoxo de un mercado eléctrico oligopolizado— han causado un rápido crecimiento de la recaudación que muchos gestores públicos han presentado como una buenísima noticia, un hito histórico. El informe mensual de la Agencia Tributaria nos informa de que:

«Hasta julio los ingresos crecieron un 18% (16,2% los ingresos brutos y 9,4% las devoluciones realizadas). En el mismo periodo los ingresos en términos homogéneos aumentan un 17,5% (hasta junio, 16,7%). La base imponible agregada de los principales impuestos creció en el primer semestre un 15,7%.

(…)

Los elementos que explicaban el crecimiento en los meses anteriores y que continuaron haciéndolo en julio son por orden de importancia: el crecimiento de los ingresos por IVA consecuencia de la mejora del consumo y de las subidas de precios; el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado a la creación de empleo y a los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo; y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el Impuesto sobre Sociedades (el primer pago fraccionado ingresado en abril tuvo también un buen comportamiento, pero se comparaba con un periodo de 2021 con ingresos extraordinarios). A estos elementos se añade el considerable aumento de los ingresos por la cuota positiva de la declaración anual del IRPF del ejercicio 2021.»

Parece evidente que los políticos se han sorprendido del normal funcionamiento de unos estabilizadores automáticos que, en esta ocasión, se han pasado de frenada. Sin embargo esto ha creado un problema insospechado.

Resulta que las administraciones autonómicas se han encontrado con unas entradas de caja que no pueden gastarse porque el Gobierno de España impuso un incremento del techo de gasto ridículo, 0,7% más que el año anterior. Eso es en términos nominales. Si tenemos en cuenta el efecto de la inflación ese aumento es una reducción en términos reales.

Una recaudación disparada y una reducción del gasto público en términos reales conducen a un superávit fiscal que drena dinero de la economía. Es una política dura de austeridad inoportuna que puede cargarse la recuperación económica tras la pandemia. Estas son las consecuencias indeseables de la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  y del Tratado de la UE, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y demás restricciones institucionales impuestas desde la UE que han creado una auténtica camisa de fuerza para que la política fiscal actúe con eficacia cuando es necesario para gestionar el ciclo económico.

Mientras tanto en Europa nadie parece preguntarse por el papel de la política fiscal en la ralentización del crecimiento en el continente. Se prefiere achacar toda la responsabilidad a la guerra de Ucrania. Los países europeos caminan como zombis hacia la recesión por culpa de estas normas.

Las administraciones autonómicas se han encontrado ante un dilema: o devolver el dinero a los bancos (lo cual equivale a la cancelación de ese dinero) o a la ciudadanía mediante una reducción de impuestos.

Rebajas fiscales con sesgo de clase

Abrió la tanda de rebajas tributarias el gobierno conservador (PNV+PSOE) del País Vasco con una deflactación del IRPF en todos los tramos del 5,5%. La semana pasada el recientemente reelegido presidente de Andalucía, el conservador Moreno Bonilla, anunció la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. Posteriormente hicieron lo propio las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid anunciando también deflactaciones del IRPF. Moreno Bonilla utilizó la retahíla de argumentos reaccionarios propios de un partido ultraconservador: ese Impuesto sobre el Patrimonio es doble tributación sobre rentas que ya han tributado —¡como si los asalariados no pagaran impuestos dos veces sobre sus salarios (IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social)!—, así atraemos a billonarios catalanes a Andalucía y otra sandeces similares.

Es evidente que esta figura tributaria ha sido relegada hace años al baúl de los impuestos testimoniales. La recaudación es ridícula y no sirve para corregir las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza. La Encuesta Financiera de las Familias, que publica cuatrienalmente el Banco de España, demuestra con datos esa creciente desigualdad en la distribución de la riqueza donde el top 1%,  año tras años, se zampa un trozo mayor del pastel.

Índice de concentración de la riqueza del 1% más rico de España (Fuente: Encuesta financiera de las familias del Banco de España)

Desde Red MMT creemos que hace falta introducir una figura tributaria que ayude a reducir contundentemente esa desigualdad en el reparto de la riqueza. Pero no porque sea necesario financiar el estado del bienestar con esa recaudación sino porque pensamos que la concentración de la riqueza es una peligro para una democracia ya que conduce a la formación de oligarquías. El actual impuesto sobre el patrimonio no cumple satisfactoriamente esa función así que la propina a los señoritos andaluces va a cambiar poco la situación.

La reacción ricardiana de la izquierda

Siendo deplorable la estrategia fiscal de la derecha —a la que le ha obligado el dogmatismo neoclásico del equipo económico del Gobierno de España y las absurdas normas de las que nos ha dotado la UE, no lo olvidemos— reconocemos que nos ha sorprendido el histerismo en las filas de los partidos de centroizquierda e izquierda. Lejos de reconocer que existía un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y abrir la puerta a un aumento del gasto público o reducciones tributarias han salido en tromba a denunciar el fin del estado del bienestar en las comunidades autónomas gobernadas por los ultraconservadores. Así, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó que “la cara b de las bajadas de impuestos a los ricos” son los “brutales recortes en los servicios públicos“. El Gobierno de Navarra ha considerado “insolidario” que Andalucía elimine el Impuesto del Patrimonio y reclame más fondos al Estado. El sindicato de técnicos de Hacienda, que también peca de nociones de fiscalidad neoclásica, ha lamentado que la guerra fiscal para atraer ricos empobrece a todos. La ministra Montero ha dicho que “ Madrid intenta imponer un esquema mental por el hecho de ser capital” lamentándose de que “otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad“. La ministra Calviño ha invocado a los sagrados organismos multilaterales como el BCE, el FMI y la OCDE para justificar la negativa del Gobierno a reducir los impuestos. Le ha faltado invocar a todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y demás seres imaginarios de los cielos.

Habría sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal.

La izquierda sigue siendo rehén del peor pensamiento neoclásico sobre la hacienda pública. En nuestra opinión hubiera sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal. Ahora actúa con retraso y tras haber cedido la iniciativa a la derecha.

Arrepentimiento

Lo decimos porque la realidad tiene la desagradable costumbre de imponerse. El presidente de Valencia tuvo que proponer una reducción tributaria con una deflactación del IRPF hasta en cuatro tramos en rentas inferiores a 60.000 euros.

Finalmente el Gobierno de España ha tenido que reconocer el problema y, dado que no estaba dispuesto a aumentar el techo de gasto y la economía estaba mostrando síntomas de desaceleración, ha tenido que proponer su propia reforma fiscal, pero con efectos solo a partir de 2023. O sea tarde para evitar los efectos de la austeridad fiscal que ya estamos padeciendo.

La reforma tributaria llega tarde

Hoy la ministra Montero anunció la exención del IRPF para las rentas inferiores a 21.000 €, un aumento del tipo de gravamen sobre rentas del ahorro superiores a 200.000 € y una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto sociedades para pequeñas empresas al 23%. Es una reforma fiscal que corrige levemente la regresividad de nuestro sistema tributario. Para disfrazarlo de reforma progresiva se ha aplica un impuesto de solidaridad temporal a las grandes fortunas que “abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%”. Éstas no tienen nada que temer mientras gobierne el PSOE. Sin embargo, no va a llegar a tiempo de evitar los efectos anticíclicos del exceso de recaudación de 2022.

Tildó de “chamanes fiscales” y “populistas” a los presidentes autonómicos de derechas pero Montero tampoco es inocente de chamanerías. La ministra Montero en su rueda de prensa se ha visto obligada a hablar de “pedagogía fiscal”: sigue vendiendo la teoría de que los impuestos financian los servicios públicos. Estamos de acuerdo en que las propuestas de la derecha son regresivas: defienden sus intereses de clase, los de la oligarquía. Pero ella y su gobierno siguen operando bajo un marco mental en el cual unas reducciones tributarias deben quedar compensadas por otros aumentos equivalentes o llegará el día del Juicio Final en el que el Estado del Bienestar se irá al infierno.

Al mismo tiempo la ministra reconoció que la Comisión Europea nos pide una reducción de la diferencia en presión fiscal con otros países europeos. Es curiosa esta fijación con ese guarismo porque donde está la diferencia relevante con otros países europeos es en el porcentaje de empleo público, mucho menor en España, una inversión pública en mínimos históricos y un estado de bienestar raquíticos. Los objetivos de política fiscal deben ser estos y no un porcentaje de recaudación sobre el PIB. Solo sería oportuno aumentar la recaudación tributaria si estuviéramos en una situación de pleno empleo y existieran tensione inflacionarias producto de un exceso de demanda. Esas circunstancias no se dan actualmente ni de lejos en España.

No podemos descartar que en la actitud timorata del Gobierno de España esté pesando el chantaje permanente del BCE que anunció hace poco que condicionaba sus compras de títulos del Tesoro a la aplicación del marco fiscal europeo.

Cruzamos el Canal de La Mancha

En el Reino Unido la nueva primera ministra Truss, un remedo de Margaret Thatcher, anunció la semana pasada un paquete de ayudas a hogares y empresas para aliviar los efectos de la subida de los precios de la energía con topes a las facturas de la energía. No entraremos en los detalles de este plan. Por supuesto la ha acompañado de una reforma tributaria regresiva  —para algo es una conservadora que representa a las oligarquías de su país— aboliendo un recargo a las renta más altas.

Simultáneamente el Banco de Inglaterra ha desencadenado una crisis financiera. Su decisión de interrumpir las compras de bonos del Tesoro británico provocó una caída de su precio y una rápida escalada del rendimiento. Fue una decisión irresponsable que recalca por qué la independencia de los bancos centrales es una pésima idea. Los titulares alarmistas sobre hecatombes financieras no tardaron en aparecer en la prensa financiera.

Pero la reacción entre medios como The Guardian o entre los conservadores asesores económicos del Labour Party, como Simon Wren-Lewis, ha demostrado que son prisioneros de la teoría de la equivalencia ricardiana. No han querido desaprovechar la oportunidad de decir “¿Lo veis? Si el gobierno baja los impuestos ahora los mercados se enfadan y nos castigan porque saben que la deuda podría ser impagable y habrá que subir impuestos o recortar gastos en el futuro”. ¡La izquierda alineándose con el relato de los mercados que castigan a los gobiernos manirrotos! Ver para creer.

Pero correlación no es causalidad. Este episodio es de exclusiva responsabilidad del banco central que se ha visto obligado a rectificar al día siguiente anunciando un nuevo paquete de compras por importe de 65 mil millones de libras “para calmar a los mercados”. Nos ahorraríamos todos estos problemas absurdos si los tesoros dejaran de emitir estos títulos que no son más que una reliquia de la era del patrón oro. Por supuesto que un soberano monetario como el Reino Unido no tiene ninguna restricción financiera ni ahora ni en el futuro para abordar este plan de ayuda de emergencia ni estas rebajas fiscales con independencia de la opinión que nos merezcan.

Conclusión

La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario.

Es importante que la izquierda aprenda cual es la función real de los impuestos y deje de caer en las trampas dialécticas conservadoras. La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario. Para la izquierda esa teoría contiene las semillas de la derrota segura: si hoy la usas contra los gobiernos de derecha, mañana la derecha y los organismos multilaterales te exigirán medidas de austeridad porque el déficit excede de algún umbral mágico que nadie sabe dónde está. La fiscalidad se tiene que valorar en términos de la hacienda funcional: los efectos de los impuestos sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta y riqueza. Se trata de aplicar el método científico y no obsesionarse con reglas contables y cabalísticas.

Y no os olvidéis de luchar por recuperar nuestra soberanía monetaria. Sin ella no hay democracia.