La izquierda se tira piedras sobre su propio tejado al adherirse a la teoría de la equivalencia ricardiana

Reproduzco un artículo de opinión publicado en www.redmmt.es originalmente

Llevamos dos semanas observando atónitos las rebajas tributarias clasistas y reaccionarias que están proponiendo los gobiernos autonómicos de derechas. Igualmente nos han descolocado unos partidos de izquierda que han saltado como un resorte a denunciar el inminente colapso del estado del bienestar que van a provocar esos regalos tributarios. A nivel nacional la trifulca la han abierto las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. A nivel internacional, la guinda la ha aportado el Reino Unido con el plan más ambicioso de Europa de protección a hogares y empresas de la subida de los precios energéticos y un plan de estímulos fiscales para evitar la marcha hacia la recesión basado en rebajas de impuestos para los ricos (les presentamos la ‘trusseconomics’, una versión moderna del caducado “trickle down econonomics” de la era Reagan que traducimos al castellano libérrimamente como ‘economía de los despojos’) que ha coincidido con malas decisiones del Banco de Inglaterra. Stephanie Kelton no ha podido evitar la tentación de hacer un acertadísimo juego de palabras con el apellido de la nueva primera ministra.

La reacción de la izquierda ha demostrado que es prisionera del peor pensamiento neoclásico en cuestiones de hacienda y de que se ha tragado no sólo el anzuelo sino también la caña de pescar entera de la teoría de equivalencia ricardiana. Esto explica por qué la izquierda tiene serios problemas para entender cómo hacer realidad sus programas cuando tiene ocasión de acercarse al poder.

Vayamos por partes.

La equivalencia ricardiana, otra viga del edificio neoclásico en ruinas que se viene abajo.

La equivalencia ricardiana (…) afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.

Primero entendamos qué es la equivalencia ricardiana. Esta teoría es un postulado de la teoría dominante neoclásica que afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.  Además parte de un supuesto de que existe una alberca de fondos prestables limitados. Por ello exigirá mayores tipos de interés por sus préstamos al gobierno puesto que se postula que aumentará el riesgo de impago el gobierno. Es una superchería que asume una perfecta racionalidad de unos hogares visionarios.

Este concepto solo tiene sentido bajo un régimen de patrón oro: el Estado ha tomado oro prestado luego en el futuro me lo va a quitar a mí para devolverlo a los prestamistas. No tiene ningún sentido en un sistema de moneda fiduciaria. El Estado crea nuevos fondos cuando gasta y los destruye cuando recauda impuestos. De hecho ese déficit crea un ahorro financiero neto para el sector privado así que es imposible que el sector privado se pueda angustiar por culpa del déficit actual.

Los déficits públicos del pasado no implican que el Estado tendrá un superávit fiscal en el futuro. De hecho los Estados suelen estar en déficit casi todos los años y solo durante un fuerte período de crecimiento se alcanzan superávits fiscales gracias al efecto de los estabilizadores automáticos.

Por tanto un déficit fiscal hoy ni implica mayor presión fiscal en el futuro, ni —¡presten atención, políticos y opinadores progresistas!—  compromete la capacidad de gasto del Estado ni ninguna prestación del estado del bienestar en el futuro. Si aprenden esto quizá algún día lleguen a ser gobernantes eficaces.

Una recaudación disparada que no se puede gastar.

Hay que entender la coyuntura que ha desencadenado esta serpiente de veranillo de San Miguel. La recuperación económica tras el fin del estado de alarma causado por la pandemia y la subida de los precios —provocada por los precios de la energía, la guerra de Ucrania y un diseño ortodoxo de un mercado eléctrico oligopolizado— han causado un rápido crecimiento de la recaudación que muchos gestores públicos han presentado como una buenísima noticia, un hito histórico. El informe mensual de la Agencia Tributaria nos informa de que:

«Hasta julio los ingresos crecieron un 18% (16,2% los ingresos brutos y 9,4% las devoluciones realizadas). En el mismo periodo los ingresos en términos homogéneos aumentan un 17,5% (hasta junio, 16,7%). La base imponible agregada de los principales impuestos creció en el primer semestre un 15,7%.

(…)

Los elementos que explicaban el crecimiento en los meses anteriores y que continuaron haciéndolo en julio son por orden de importancia: el crecimiento de los ingresos por IVA consecuencia de la mejora del consumo y de las subidas de precios; el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado a la creación de empleo y a los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo; y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el Impuesto sobre Sociedades (el primer pago fraccionado ingresado en abril tuvo también un buen comportamiento, pero se comparaba con un periodo de 2021 con ingresos extraordinarios). A estos elementos se añade el considerable aumento de los ingresos por la cuota positiva de la declaración anual del IRPF del ejercicio 2021.»

Parece evidente que los políticos se han sorprendido del normal funcionamiento de unos estabilizadores automáticos que, en esta ocasión, se han pasado de frenada. Sin embargo esto ha creado un problema insospechado.

Resulta que las administraciones autonómicas se han encontrado con unas entradas de caja que no pueden gastarse porque el Gobierno de España impuso un incremento del techo de gasto ridículo, 0,7% más que el año anterior. Eso es en términos nominales. Si tenemos en cuenta el efecto de la inflación ese aumento es una reducción en términos reales.

Una recaudación disparada y una reducción del gasto público en términos reales conducen a un superávit fiscal que drena dinero de la economía. Es una política dura de austeridad inoportuna que puede cargarse la recuperación económica tras la pandemia. Estas son las consecuencias indeseables de la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  y del Tratado de la UE, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y demás restricciones institucionales impuestas desde la UE que han creado una auténtica camisa de fuerza para que la política fiscal actúe con eficacia cuando es necesario para gestionar el ciclo económico.

Mientras tanto en Europa nadie parece preguntarse por el papel de la política fiscal en la ralentización del crecimiento en el continente. Se prefiere achacar toda la responsabilidad a la guerra de Ucrania. Los países europeos caminan como zombis hacia la recesión por culpa de estas normas.

Las administraciones autonómicas se han encontrado ante un dilema: o devolver el dinero a los bancos (lo cual equivale a la cancelación de ese dinero) o a la ciudadanía mediante una reducción de impuestos.

Rebajas fiscales con sesgo de clase

Abrió la tanda de rebajas tributarias el gobierno conservador (PNV+PSOE) del País Vasco con una deflactación del IRPF en todos los tramos del 5,5%. La semana pasada el recientemente reelegido presidente de Andalucía, el conservador Moreno Bonilla, anunció la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. Posteriormente hicieron lo propio las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid anunciando también deflactaciones del IRPF. Moreno Bonilla utilizó la retahíla de argumentos reaccionarios propios de un partido ultraconservador: ese Impuesto sobre el Patrimonio es doble tributación sobre rentas que ya han tributado —¡como si los asalariados no pagaran impuestos dos veces sobre sus salarios (IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social)!—, así atraemos a billonarios catalanes a Andalucía y otra sandeces similares.

Es evidente que esta figura tributaria ha sido relegada hace años al baúl de los impuestos testimoniales. La recaudación es ridícula y no sirve para corregir las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza. La Encuesta Financiera de las Familias, que publica cuatrienalmente el Banco de España, demuestra con datos esa creciente desigualdad en la distribución de la riqueza donde el top 1%,  año tras años, se zampa un trozo mayor del pastel.

Índice de concentración de la riqueza del 1% más rico de España (Fuente: Encuesta financiera de las familias del Banco de España)

Desde Red MMT creemos que hace falta introducir una figura tributaria que ayude a reducir contundentemente esa desigualdad en el reparto de la riqueza. Pero no porque sea necesario financiar el estado del bienestar con esa recaudación sino porque pensamos que la concentración de la riqueza es una peligro para una democracia ya que conduce a la formación de oligarquías. El actual impuesto sobre el patrimonio no cumple satisfactoriamente esa función así que la propina a los señoritos andaluces va a cambiar poco la situación.

La reacción ricardiana de la izquierda

Siendo deplorable la estrategia fiscal de la derecha —a la que le ha obligado el dogmatismo neoclásico del equipo económico del Gobierno de España y las absurdas normas de las que nos ha dotado la UE, no lo olvidemos— reconocemos que nos ha sorprendido el histerismo en las filas de los partidos de centroizquierda e izquierda. Lejos de reconocer que existía un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y abrir la puerta a un aumento del gasto público o reducciones tributarias han salido en tromba a denunciar el fin del estado del bienestar en las comunidades autónomas gobernadas por los ultraconservadores. Así, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó que “la cara b de las bajadas de impuestos a los ricos” son los “brutales recortes en los servicios públicos“. El Gobierno de Navarra ha considerado “insolidario” que Andalucía elimine el Impuesto del Patrimonio y reclame más fondos al Estado. El sindicato de técnicos de Hacienda, que también peca de nociones de fiscalidad neoclásica, ha lamentado que la guerra fiscal para atraer ricos empobrece a todos. La ministra Montero ha dicho que “ Madrid intenta imponer un esquema mental por el hecho de ser capital” lamentándose de que “otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad“. La ministra Calviño ha invocado a los sagrados organismos multilaterales como el BCE, el FMI y la OCDE para justificar la negativa del Gobierno a reducir los impuestos. Le ha faltado invocar a todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y demás seres imaginarios de los cielos.

Habría sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal.

La izquierda sigue siendo rehén del peor pensamiento neoclásico sobre la hacienda pública. En nuestra opinión hubiera sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal. Ahora actúa con retraso y tras haber cedido la iniciativa a la derecha.

Arrepentimiento

Lo decimos porque la realidad tiene la desagradable costumbre de imponerse. El presidente de Valencia tuvo que proponer una reducción tributaria con una deflactación del IRPF hasta en cuatro tramos en rentas inferiores a 60.000 euros.

Finalmente el Gobierno de España ha tenido que reconocer el problema y, dado que no estaba dispuesto a aumentar el techo de gasto y la economía estaba mostrando síntomas de desaceleración, ha tenido que proponer su propia reforma fiscal, pero con efectos solo a partir de 2023. O sea tarde para evitar los efectos de la austeridad fiscal que ya estamos padeciendo.

La reforma tributaria llega tarde

Hoy la ministra Montero anunció la exención del IRPF para las rentas inferiores a 21.000 €, un aumento del tipo de gravamen sobre rentas del ahorro superiores a 200.000 € y una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto sociedades para pequeñas empresas al 23%. Es una reforma fiscal que corrige levemente la regresividad de nuestro sistema tributario. Para disfrazarlo de reforma progresiva se ha aplica un impuesto de solidaridad temporal a las grandes fortunas que “abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%”. Éstas no tienen nada que temer mientras gobierne el PSOE. Sin embargo, no va a llegar a tiempo de evitar los efectos anticíclicos del exceso de recaudación de 2022.

Tildó de “chamanes fiscales” y “populistas” a los presidentes autonómicos de derechas pero Montero tampoco es inocente de chamanerías. La ministra Montero en su rueda de prensa se ha visto obligada a hablar de “pedagogía fiscal”: sigue vendiendo la teoría de que los impuestos financian los servicios públicos. Estamos de acuerdo en que las propuestas de la derecha son regresivas: defienden sus intereses de clase, los de la oligarquía. Pero ella y su gobierno siguen operando bajo un marco mental en el cual unas reducciones tributarias deben quedar compensadas por otros aumentos equivalentes o llegará el día del Juicio Final en el que el Estado del Bienestar se irá al infierno.

Al mismo tiempo la ministra reconoció que la Comisión Europea nos pide una reducción de la diferencia en presión fiscal con otros países europeos. Es curiosa esta fijación con ese guarismo porque donde está la diferencia relevante con otros países europeos es en el porcentaje de empleo público, mucho menor en España, una inversión pública en mínimos históricos y un estado de bienestar raquíticos. Los objetivos de política fiscal deben ser estos y no un porcentaje de recaudación sobre el PIB. Solo sería oportuno aumentar la recaudación tributaria si estuviéramos en una situación de pleno empleo y existieran tensione inflacionarias producto de un exceso de demanda. Esas circunstancias no se dan actualmente ni de lejos en España.

No podemos descartar que en la actitud timorata del Gobierno de España esté pesando el chantaje permanente del BCE que anunció hace poco que condicionaba sus compras de títulos del Tesoro a la aplicación del marco fiscal europeo.

Cruzamos el Canal de La Mancha

En el Reino Unido la nueva primera ministra Truss, un remedo de Margaret Thatcher, anunció la semana pasada un paquete de ayudas a hogares y empresas para aliviar los efectos de la subida de los precios de la energía con topes a las facturas de la energía. No entraremos en los detalles de este plan. Por supuesto la ha acompañado de una reforma tributaria regresiva  —para algo es una conservadora que representa a las oligarquías de su país— aboliendo un recargo a las renta más altas.

Simultáneamente el Banco de Inglaterra ha desencadenado una crisis financiera. Su decisión de interrumpir las compras de bonos del Tesoro británico provocó una caída de su precio y una rápida escalada del rendimiento. Fue una decisión irresponsable que recalca por qué la independencia de los bancos centrales es una pésima idea. Los titulares alarmistas sobre hecatombes financieras no tardaron en aparecer en la prensa financiera.

Pero la reacción entre medios como The Guardian o entre los conservadores asesores económicos del Labour Party, como Simon Wren-Lewis, ha demostrado que son prisioneros de la teoría de la equivalencia ricardiana. No han querido desaprovechar la oportunidad de decir “¿Lo veis? Si el gobierno baja los impuestos ahora los mercados se enfadan y nos castigan porque saben que la deuda podría ser impagable y habrá que subir impuestos o recortar gastos en el futuro”. ¡La izquierda alineándose con el relato de los mercados que castigan a los gobiernos manirrotos! Ver para creer.

Pero correlación no es causalidad. Este episodio es de exclusiva responsabilidad del banco central que se ha visto obligado a rectificar al día siguiente anunciando un nuevo paquete de compras por importe de 65 mil millones de libras “para calmar a los mercados”. Nos ahorraríamos todos estos problemas absurdos si los tesoros dejaran de emitir estos títulos que no son más que una reliquia de la era del patrón oro. Por supuesto que un soberano monetario como el Reino Unido no tiene ninguna restricción financiera ni ahora ni en el futuro para abordar este plan de ayuda de emergencia ni estas rebajas fiscales con independencia de la opinión que nos merezcan.

Conclusión

La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario.

Es importante que la izquierda aprenda cual es la función real de los impuestos y deje de caer en las trampas dialécticas conservadoras. La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario. Para la izquierda esa teoría contiene las semillas de la derrota segura: si hoy la usas contra los gobiernos de derecha, mañana la derecha y los organismos multilaterales te exigirán medidas de austeridad porque el déficit excede de algún umbral mágico que nadie sabe dónde está. La fiscalidad se tiene que valorar en términos de la hacienda funcional: los efectos de los impuestos sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta y riqueza. Se trata de aplicar el método científico y no obsesionarse con reglas contables y cabalísticas.

Y no os olvidéis de luchar por recuperar nuestra soberanía monetaria. Sin ella no hay democracia.

O plan de reactivación o gran depresión

Juan Carlos Barba
Juan Laborda
Stuart Medina


Inicialmente publicado el 31 de marzo de 2020 en el blog de Juan Carlos Barba Gráfico de la Semana.

Uno de los ejercicios más difíciles y recurrentes que hemos observado en las últimas semanas es adivinar el impacto de la pandemia Covid-19 en la economía global y en la de cada uno de los países. Algunas pecan de optimistas, mientras que otras dibujan un panorama desolador. Hay que reconocer que el ejercicio es complicado, porque nadie ha vivido algo semejante y todavía no disponemos de las estimaciones de la contabilidad nacional. Sin embargo, los indicadores adelantados no son nada alentadores.

China, que empezó a tomar medidas de reclusión en enero, ha experimentado una caída en los índices de producción industrial de enero y febrero del 15%, y otros índices de actividad productiva sugieren caídas no menores al 6-8%. Recordemos que allí solo se cerró completamente una provincia, mientras el resto del país seguía produciendo.

Pero en Europa cada país ha tomado decisiones unilaterales, cerrando casi todos ellos sus fronteras. En pocas semanas, el cierre será total en todo el continente. Para Alemania, Heiner Flassbeck y Friederike Spiecker prevén caídas del 14% en el PIB para este año. En EEUU, distintos bancos de inversión proyectan una caída del 6% en el primer trimestre y del 24 al 30% en el segundo. Allí, las solicitudes de prestación de desempleo han llegado a 3,3 millones la semana pasada.
Para España, tampoco pintan bien las cosas. Los autores de este artículo hemos hecho un ejercicio de estimación a partir del inventario de daños que ya conocemos. El sector de turismo y hostelería está completamente cerrado, así que esperar caídas en la producción superiores al 90% por mes de confinamiento no resulta osado. Gran parte del comercio minorista, excluyendo las ventas de alimentos, farmacias y estancos, también ha echado la persiana, cegando el canal minorista de la mayoría de las empresas industriales. No resulta aventurado estimar caídas de producción del 15% por mes de cierre. La construcción, otro sector relevante de nuestra economía, pudo seguir durante dos semanas después de decretado el estado de alarma y se paralizó esta misma semana. Todos los espectáculos, cines, teatros y recintos deportivos llevan cerrados desde mucho antes. El transporte aéreo está interrumpido y gran pare del transporte terrestre también.

Recurriendo a las tablas 'input-ouput' de la economía española, que lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística no mantiene muy al día, pues solo disponemos de las de 2016, podemos prever una caída de la producción del 9% en el primer trimestre y superior al 30% en el segundo trimestre. En términos de PIB a precios corrientes, proyectamos una caída del 8% el primer trimestre y del 27% si el cierre se prolongara hasta mayo. Véase en el cuadro 1 la desagregación, desde el lado de la oferta, para los dos primeros trimestres del año y todo 2020. Hemos ignorado escenarios peores, tales como un alargamiento del confinamiento hasta junio o un retorno de la pandemia en otoño. No creemos que el incremento del gasto sanitario y el mayor consumo de servicios de telecomunicaciones e informática vayan a compensar estas caídas. Tampoco hemos podido incorporar el impacto de un comercio exterior, que se ha enfriado, ni el derrumbe de la inversión.

 Cuadro 1.- Estimaciones PIB nominal dos primeros trimestres del año y todo 2020.

Las comparaciones con una guerra no parecen muy afortunadas. No estamos experimentando una destrucción del capital físico ni pérdida masiva de personas en edad de trabajar para el tejido productivo. En el año 1940, John Maynard Keynes publicó un opúsculo titulado “Cómo pagar la guerra”, donde trataba de responder al reto de movilizar y redirigir todos los recursos de la economía británica para el esfuerzo bélico asegurando un mínimo estándar de bienestar para los hogares. Pero el problema de ahora es el contrario: cómo desmovilizar prácticamente toda nuestra economía y conseguir que arranque después del estado de alarma. Cuando pase la pandemia, el capital productivo y la fuerza de trabajo seguirán allí, intactos y esperando a ser movilizados. El que la recesión tenga forma de V, de U o de L dependerá en gran parte de los planes económicos del Gobierno.

Calviño, 'read my lips', TMM, 'there is no alternative'

El problema es que tenemos nuestro primer ministro holandés instalado en nuestro país desde hace décadas. Son todos aquellos cuyo único objetivo económico es hacer cumplir los criterios de Maastricht. Son todos y cada uno de los ministros de Economía con los que ha contado el Reino de España a lo largo de nuestra democracia, soportados por las redes de poder que manejan los hilos desde la Restauración. Y ahora el problema se llama Calviño.

Desde un principio, había una solución óptima para todos. La hipótesis era muy sencilla, dos meses de confinamiento total, pero soportando con dinero público las rentas de los trabajadores y los costes fijos de las empresas. Lo del confinamiento total con permisos retribuidos recuperables es una broma, es no entender que van a caer miles de empresas porque la demanda no se desplaza a placer automáticamente. Una alternativa, el modelo danés, salvar las pymes a toda costa, parafraseando el acertado titular de un análisis reciente. Se trata de una ayuda directa a las empresas, que serán las que recibirán la compensación y pagarán las nóminas, sin ninguna rebaja en el sueldo. En el caso general, el Estado pagará el 75% del salario y el 25% la empresa, pero con un máximo mensual entre 3.100 y 3.500 euros. Obviamente, aquí esos niveles serán muy inferiores, por nuestra estructura salarial. Pero topamos con nuestro primer ministro holandés, todos y cada uno de nuestros ministros de Economía, ahora Calviño.

No, esto no va de coronabonos, porque no va de confianza de los mercados, vía mutualización de la deuda. El Banco Central Europeo puede hacer lo que quiera con los tipos de interés, con las curvas de deuda, repito, lo que le dé la gana. Los manuales de 'money and banking' que se usan en las facultades son inservibles. El dinero es endógeno y los tipos de interés, cuasi-exógenos. No, esto no va de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad para que después nos impongan condiciones draconianas en términos de salarios y gasto público, que nos empobrezcan como sociedad. Solo hay una alternativa, la monetización directa, que es lo que acabarán haciendo las naciones libres con soberanía monetaria. O la propuesta del BCE. Esta supone un mecanismo tortuoso, pero tiene el mismo efecto que el de un soberano monetario que puede disponer de un descubierto en su cuenta del banco central.

El Banco Central Europeo anunció un Programa de Compras para la Emergencia de la Pandemia por importe de 750.000 millones de euros, sin exigir que los Estados miembros se comprometan a alcanzar el equilibrio presupuestario, y por lo tanto invitándoles a gastar mucho más y dejar que sus déficits aumenten. Solo hay una pega a este mecanismo, y es que el respaldo del BCE debería ser de por vida, porque si fuera temporal, y en un momento determinado dejaran de darlo, nuestra deuda sería impagable. Úsenlo, ministras Montero y Calviño, porque si no el destrozo social, económico y moral de nuestro país será insoportable. Y nuestras previsiones se quedarán cortas. Si además no presentan un New Deal para después, la derrota electoral de la izquierda será definitiva y llegará al poder la ultraderecha.

Estamos ante una UE a la que se le ven las costuras de una impostura, de un pretender defender el valor republicano de la fraternidad pero que a la hora de la verdad defiende la ley del más fuerte, en este caso Alemania y sus satélites. Es por ello que los países del sur de Europa deberíamos exigir a la UE que se nos trate no como Estados vasallos cuyos ciudadanos tienen menos derechos que los del norte sino como iguales. Y si no resulta así, es nuestro derecho el no aceptar esa situación de sumisión. Porque entonces significará que la eurozona en realidad ha sido nada más que un montaje que ha permitido a la industria exportadora alemana expandirse hasta límites que jamás hubieran sido posibles si Alemania hubiera permanecido con su propia moneda, aislada como Estado-nación, y por tanto con unos tipos de cambio mucho más altos.

Nos preguntamos qué les ocurre a las élites españolas para aceptar tal situación. Posiblemente, para encontrar la respuesta haya que retroceder hasta 1953, cuando la soberanía nacional se vendió a trozos a cambio de que el Imperio (los EEUU) permitiera que el dictador muriera en la cama 22 años después. Y a que ese mismo Imperio, temeroso de que la URSS convirtiera España en un satélite suyo, arbitrara una reforma en que las estructuras de poder fundamentales pervivieran y a cambio se estableciera una democracia limitada, con una izquierda totalmente domesticada, una derecha genuflexa y unos medios de comunicación en su inmensa mayoría al servicio del 'statu quo'. Unas élites que venden a los ciudadanos españoles al mejor postor a cambio de asegurar sus privilegios.
Cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador, y tras el batacazo inmenso de 2007-2013, nos hemos chocado con los problemas que ocasiona una democracia limitada, corrupta y dirigida por intereses bastardos ajenos al bien común. Esperemos que si algo bueno puede salir de esta tragedia que hemos empezado a vivir sea el que nos podamos sacudir de una vez las cadenas, romper con esta excrecencia del Antiguo Régimen que es en realidad el Régimen del 78, y ser capaces de emprender una nueva era de democracia plena y al servicio de todos.

La política económica que necesitamos ahora

Artículo publicado originalmente en El Confidencial el 24 de marzo de 2020

Por Juan Laborda, Juan Carlos Barba y Stuart Medina

La historia de la humanidad demuestra que los únicos límites a los que se enfrenta el ser humano son de índole física, matemática y/o biológica. Sin embargo, las distintas estructuras de poder con que se ha ido dotando a lo largo de la historia han acabado resultando efímeras, perfectamente sustituibles, llegado el caso, por otras que permitan afrontar mejor problemas aparentemente irresolubles. La política económica que necesitamos para hacer frente a las adversidades que se derivan del coronavirus Covid-19 requiere de una implosión controlada del actual sistema de gobernanza, diseñado bajo una arquitectura que no está preparada para hacer frente los 'shocks' económicos que se avecinan. Los políticos occidentales, especialmente los europeos, deben decidir cómo quieren pasar a la historia en la resolución de la recesión que se avecina, o como Herbert Clark Hoover, o, esperemos, por el bien de todos, como Franklin Delano Roosevelt.

El brote de coronavirus va a poner de relieve la interdependencia entre la demanda y la oferta de la economía, generando una serie de 'shocks' distintos de los que estamos acostumbrados, y ante los cuales la política económica actual no sirve. Por un lado, el Covid-19 está generando un 'shock' de oferta, al dejar las empresas de producir porque su fuerza de trabajo está en cuarentena y no llegan algunos insumos clave. Este choque desde el lado de la producción tendrá un impacto muy negativo en la demanda, ya que los trabajadores despedidos perderán ingresos y reducirán, en consecuencia, sus gastos. Pero, además, el coronavirus activa un segundo choque de demanda separado. El temor y la incertidumbre que está inoculando la pandemia harán que los consumidores alteren sus patrones de gasto con bastante rapidez. Ante estos 'shocks', la tarea de diseñar una respuesta de política económica es bastante más compleja y apasionante.

La concesión de avales para créditos y préstamos, o la política monetaria no son la respuesta. Las empresas no pedirán prestado si sus mercados se están colapsando. Los consumidores no podrán aprovechar la existencia de tipos de interés más bajos si están perdiendo sus empleos. Un tipo de cambio más bajo y una mayor competitividad internacional no superarán la caída del gasto si la crisis es generalizada. Si las empresas y las familias no pueden gastar, y si el resto del mundo tampoco, usando la identidad de las balanzas sectoriales de Wynne Godley, solo el sector público tendrá la llave. El quid de la cuestión es cómo hacerlo, porque si no se hace adecuadamente, se corre el riesgo de generar un deterioro en el balance de empresas y familias que acabe transformando la recesión del Covid-19 en una gran depresión.

Es la hora del Tesoro y de Hacienda

Algunos se preguntarán si el pasado lunes Pedro Sánchez no nos recordó demasiado a Hoover. Pero aún está a tiempo de proponernos otra propuesta que seguramente debería llevar el déficit público muy por encima de los límites del 3% recogidos en los tratados europeos. Nuestros gobernantes deberían aprestarse para gestionar una economía de guerra. El hundimiento de amplios sectores de nuestra economía como consecuencia de los cierres decretados —como, por ejemplo, el turismo o la hostelería, la aviación o el industrial, cuyos canales de distribución minoristas están cerrados desde hace una semana— obligará al Estado a una masiva transferencia de rentas a los hogares y a empresas, especialmente pymes.

La necesidad de desarrollar la capacidad de respuesta de nuestro sector sanitario obligará, también, a transformar la actividad de muchas empresas —por ejemplo, para fabricar respiradores o kits de detección del virus—, algo que no es viable sin la financiación o la demanda del Gobierno. Incluso, una vez levantado el confinamiento, los daños económicos serán tan cuantiosos que el Gobierno tendrá que plantearse un gran programa de reconstrucción, así como la nacionalización de algunas empresas —Iberia entre ellas—, incluida la creación de una corporación pública para la recapitalización de las compañías con problemas, seguramente algún posible banco privado. Obviamente, olvídense de la regla de gasto aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, y, si me apuran, cuando acabe la pandemia, por vía de urgencia, la primera decisión de las Cortes debería ser abolir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta y Sostenibilidad Financiera, y revertir la reforma constitucional del artículo 135.

Muchos de ustedes estarán sin duda cuestionándose: ¿de dónde sacaremos el dinero para financiar este déficit? Para un Estado que dispone de soberanía monetaria, la respuesta es trivial: el Tesoro daría una orden de transferencia al banco central, quien simplemente realizaría un apunte contable cargando en la cuenta que tiene el Tesoro en el banco central, y abonando en las cuentas que mantienen los bancos comerciales en el mismo banco central, que es donde las familias y empresas, beneficiarios últimos de la inyección de dinero, mantienen sus depósitos. Para esta operación solo hace falta utilizar un ordenador.

Lamentablemente, no tenemos soberanía monetaria y además hemos encadenado nuestro sistema fiscal y monetario con numerosas restricciones institucionales. No disponemos de un banco central porque renunciamos a él cuando entramos en el euro. Las normas de los tratados europeos prohíben que el Tesoro abra descubiertos en su cuenta del banco central. Por ese motivo, el Tesoro está obligado a emitir deuda pública por importe aproximadamente equivalente al déficit público.

Nadia Calviño no es Robin Hood (II): los objetivos de la tributación

Artículo de Juan Laborda y Stuart Medina publicado originalmente en Voz Populi el pasado 16/5/2019.

En una entrega anterior explicamos por qué las políticas de consolidación presupuestaria distan mucho de ser progresistas y son irrelevantes para los fines públicos. No nos engañemos, Nadia Calviño no es Robin Hood. Su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado podrá satisfacer a sus antiguos y dogmáticos jefes de Bruselas, pero, quizás sin saberlo, llevará al endeudamiento y al desempleo a muchas familias.

Nuestra crítica no pretende negar la necesidad de mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal sino cuestionar los objetivos de maquillaje contable tan caros a la ortodoxia neoliberal. La subida de impuestos pretendida por el Gobierno se adorna de motivos de equidad fiscal y de la necesidad de extraer dinero de los contribuyentes para financiar gastos sociales. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. La propuesta del Gobierno de Sánchez satisface los fines pretendidos de forma meramente marginal. Por ejemplo, el cacareado impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras, que grava la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, tiene un tipo tan ridículamente bajo que difícilmente resolverá nada.

Si se pretende desincentivar la especulación financiera sería mejor prohibir directamente algunas transacciones como, por ejemplo, la especulación con derivados financieros sobre materias primas energéticas y alimentos, y/o limitar las actuaciones de los “prop trading” de los bancos sistémicos. Pero si lo que se quiere de verdad es beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, habría que sustituir las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo por políticas fiscales que destinaran recursos públicos a las clases más desfavorecidas, vía, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado.

La regresividad fiscal de España

Proponemos otra política fiscal. Pero para ello explicaremos antes cuáles son las finalidades de los impuestos. La principal función de los tributos es generar una demanda de la moneda emitida por el estado. La moneda es aquello que el estado exige en pago de impuestos y que previamente ha entregado a cambio de los recursos que ha obtenido del sector privado. En este sentido la moneda debe considerarse como un crédito fiscal. Pero los impuestos tienen otros objetivos cruciales para los fines públicos. Por un lado, asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza, en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a la concentración de las mismas en pocas manos. Reducir la riqueza de las grandes fortunas, vía impuestos, aporta además una ventaja sutil de defensa de la democracia: evitar que dichas élites utilicen su poder de compra para practicar cohecho, influir en la legislación y en las políticas públicas en pro de sus intereses. Por otro lado, los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o que generan otro tipo costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles que emiten gases de efecto invernadero son ejemplos de este tipo de impuestos. Finalmente, otro objetivo vital de los tributos es el de informar a la sociedad, mediante los precios públicos, del coste de determinadas actuaciones del estado.

Los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública

La política impositiva aplicada en nuestro país ha tendido a favorecer a una clase mimada, especialmente rentista. Y ello tiene sus consecuencias. Si analizamos la equidad de nuestro sistema fiscal, comprobamos que ha fracasado de forma estrepitosa. El coeficiente Gini mide el grado de desigualdad en el reparto de las rentas. Se puede calcular un índice antes y después de impuestos para medir en qué grado éstos contribuyen a mejorar el reparto de las rentas. Según datos publicados por Eurostat nuestro sistema fiscal es, bajo esta perspectiva, de los más ineficientes. España se encuentra entre las naciones más avanzadas que menos consiguen reducir la desigualdad después de impuestos encontrándose más cerca de países como Turquía, México, o Estados Unidos que de los escandinavos.

Con los dos partidos mayoritarios, el camino hacia la regresividad ha sido imparable. Por eso, los pretextos redistributivos en nuestro país tienen una escasa credibilidad a la luz de los antecedentes. Si en 1978 el tipo impositivo más alto cuadruplicaba el más bajo, esta relación no llegaba a dos veces tras la última reforma del ministro Solbes. Actualmente, tras la reforma de Montoro de 2011, el tipo máximo del IRPF es del 52% para las rentas del trabajo y del 27% para las rentas del ahorro. Esta reforma del Gobierno Rajoy trató de cuadrar el círculo de complacer a defraudadores políticamente cercanos, con ventajas y amnistías fiscales, con los objetivos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas.

Una alternativa fiscal

¿Cuál sería una política fiscal progresista? Desde nuestro punto de vista aquélla que, en primer lugar, se fijara en redistribuir la carga fiscal y no en maximizarla. Encontraríamos más convincente una política que bajase drásticamente los impuestos que recaen sobre las clases populares. Por ejemplo el IVA, un tributo muy regresivo, tiene una tasa del 21% que debería reducirse. En cambio otros impuestos que son claves en conseguir una mejor distribución de la renta como los de patrimonio y sucesiones deberían experimentar incrementos sustanciales a partir de un umbral razonable que previamente deje exenta a la mayoría de la población.

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Cambiar el modelo productivo patrio exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.

Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.

Una reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, proporcionando un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo y a las pequeñas y medianas empresas

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Como detallaban ciertos multimillonarios estadounidenses en un manifiesto contra la pretensión de George W. Bush de eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos, "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.

Nadia Calviño no es Robin Hood (I)

Artículo de Juan Laborda y servidor publicado originalmente en Voz Populi

Transcurrido el fragor del combate electoral, el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante Bruselas su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado. Daría para otro artículo el análisis de cómo el proceso de despolitización neoliberal ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado se sometan a la censura previa de tecnócratas no elegidos democráticamente, convirtiendo a las Cortes en un mero ornamento para salvar las apariencias democráticas. El plan contempla un incremento de los impuestos de 5.654 millones de euros, fundamentalmente recaudados sobre los ricos y un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Pretenden conseguir el equilibrio en 2022.

Ciudadanos no ha perdido la ocasión de denunciar la ocultación de una subida de impuestos durante la campaña electoral. El Gobierno y sus partidarios no han tardado en reaccionar diciendo que se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos argumentos resuenan entre el electorado de izquierda. El mensaje del PSOE es: "Subimos los impuestos para que los ricos sufraguen un mejor estado social".

Lamentamos disentir. Disfrazado con vestimentas progresistas, la obsesión de NadiaCalviño por el equilibrio presupuestario, esconde un mensaje profundamente neoliberal y antisocial, más alineado con los intereses que representa Ciudadanos.

Inestabilidad financiera y desempleo

La propuesta de Calviño obvia algo tan básico como la identidad de balances sectoriales, un hallazgo del economista británico Wynne Godley. Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público. Si ignoramos el sector exterior, entonces el desahorro del Estado es idéntico —hasta el céntimo— al ahorro de hogares y empresas. Si añadimos que nuestra balanza comercial es deficitaria, entonces el efecto de un equilibrio presupuestario del Gobierno sería endeudar aún más a unos hogares y empresas cuyas tasa de ahorro están en mínimos históricos. Esto solo puede llevar a una nueva crisis financiera como la que experimentamos en 2008.

Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público

Con tasas de desempleo como las actuales lo responsable sería promover políticas de pleno empleo dejando que el saldo presupuestario se cuidara por sí mismo. El guarismo que refleja el saldo de las cuentas públicas no debe ser más que el residuo del conjunto de políticas que aseguren el pleno empleo con estabilidad de precios.

Sin embargo, España cuando suscribió los Tratados de la Unión Europea cedió la gestión de la política monetaria a un organismo supuestamente independiente, pero muy activo políticamente, llamado Banco Central Europeo. Este emisor es el cancerbero de las políticas neoliberales europeas. Si un Estado pretende abandonar el sesgo pro austeridad impuesto por los tratados, intervendrá inmediatamente renunciando a comprar la deuda de ese Estado, frecuentemente invocando argumentos pseudotécnicos.

Si inquirimos por qué los Estados europeos han abandonado la responsabilidad presupuestaria bien entendida, sustituyéndola por la consolidación fiscal, solo cabe explicárselo por la necesidad de crear una falsa sensación de escasez. Se trata de alegar que el Estado es básicamente impotente al carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y de inversión que exige la mayoría democrática. La consecuencia es la deflación permanente en el continente europeo, el estancamiento económico y el auge de los fascismos.

Contra una política social avanzada

Entre los partidos socialdemócratas el equilibrio presupuestario se asocia con una medida deseable de equidad social. Los ricos deben contribuir solidariamente al mantenimiento del bienestar social y equilibrar las cuentas públicas sería la consecuencia virtuosa de una política fiscal más equitativa. ¿Cómo no podría ser algo deseable para una sensibilidad progresista? Lamentablemente, lo que suele ocurrir, debido a una actitud de complacencia de la UE respecto a los paraísos fiscales, es que las grandes fortunas encontrarán nuevos recovecos para escabullirse, dejando la factura en manos de las clases medias y bajas. Lo curioso es que el equilibrio presupuestario es un evento históricamente extraordinario que suele anteceder a las recesiones económicas. Pero los intereses de clase predominan sobre el bien común.

Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente

Michal Kalecki ya lo explicaba sucintamente allá por 1943 en Political Aspects of Full Employment. El enorme economista post-keynesiano exponía tres razones por las que a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”. Pero sin duda alguna la razón más importante es que a las élites no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por los líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".

El rechazo a las políticas de pleno empleo keynesianas de posguerra fue el resultado de la reacción neoliberal, a través de sus think-tanks, y que acabó atrapando a las élites políticas, incluyendo a las de los partidos socialdemócratas. Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente. Estamos de acuerdo en que es preocupante que las grandes fortunas acumulen tanto renta y riqueza. Pero la solución no está en quitársela cuando ya lo han conseguido, algo que resulta harto complicado, sino en evitar, en realidad, que les entre tantísima pasta. Para ello debemos frenar el desarrollo de clases rentistas beneficiarias de monopolios otorgados por el estado, establecer una política permanente de tipos de interés cero, reforzar el poder negociador de las clases trabajadores mediante una política de pleno empleo permanente; y, a largo plazo, asegurar que los medios de producción no queden en manos de una minoría exigua.

El declive de Europa

La Unión Europea intenta el férreo cumplimento de dos mandamientos sacro-sagrados para los hooligans ordo-liberales: amarás la sostenibilidad presupuestaria sobre todas las cosas; y a la actual arquitectura de la zona Euro como a ti mismo. Pero este ordo-liberalismo genera un efecto colateral todavía más demoledor. Supone la decadencia y declive de Europa.

Mientras que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, invierten cantidades ingentes de dinero en inteligencia artificial, big data, biotecnología, ordenador quanto, coche eléctrico, energías renovables… Con un papel destacadísimo en todo momento del Estado, en Europa el equilibrio presupuestario hace que los proyectos de inversión pública pan-europeos sean ridículos. Aquí, en Europa, se fía todo a un sector privado que es incapaz de asumir los riesgos inherentes a esos procesos de inversión. Digámoslo claramente; un New Deal verde es imposible sin la participación del Estado.

Los socialistas se enredan en la trampa presupuestaria. Dos críticas

Artículo publicado inicialmente en Cuarto Poder el 25 de agosto de 2018
Stuart Medina y Manolo Monereo.

Crítica moral: la comodidad de culpar a otros de tus propios errores

En psicología se describe la proyección negativa como un mecanismo de autodefensa en el que se atribuyen a otros nuestras culpas o defectos. Este verano el nuevo gobierno del PSOE ha presentado una propuesta de senda de consolidación fiscal y ampliación de techo de gasto que ha sido rechazada por Unidos Podemos y otros socios parlamentarios del gobierno. Sánchez señala a los partidos que le prestaron sus votos: “Quieren desgastar al Gobierno golpeando a la ciudadanía”. Con tal acusación Pedro Sánchez descarga su culpa ante la opinión pública. Olvidan los socialistas que ellos mismos fueron quienes se tendieron la celada presupuestaria.

En 2011 Pedro Sánchez era un diputado del grupo parlamentario socialista en el Congreso. El 26 de agosto de 2011 participó en la reunión en la que se propuso la reforma del artículo 135 de la Constitución. En ella participaron Elena Valenciano, Javier Moscoso, Carlos Mulas, Pedro Sánchez y el jefe de gabinete de Zapatero. Días después se registró la reforma en el Congreso que fue apoyada con entusiasmo por el diputado Sánchez. En la hemeroteca encontramos un artículo del actual presidente publicado en El Periódico de Catalunya del que extraemos estos párrafos:

“Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas.
La estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar“.

Por ignorancia o convicción Sánchez fue cómplice de la más nefasta reforma de la Constitución de 1978. Ésta fue posible gracias a que el bipartidismo reunía en 2011 una mayoría suficiente como para reformar por la vía exprés y sin debate nuestra carta magna, un hecho que quizá nunca se repita y por ello será irreversible.

La fatalidad se vuelve sobre un partido que plantó los cimientos de la austeridad sobre los cuales luego el PP levantó un edificio construido con el hormigón armado de la ley orgánica. La reforma del artículo 135 priorizaba el pago de la deuda pública y confinaba el déficit público estructural al límite que marcaría la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley es la criatura congénitamente tarada de la reforma constitucional. Esa misma ley es la que impone en su artículo 30 un límite en el gasto no financiero “coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria”.

Pese al sesgo de austeridad de este nuevo marco legal podría pensarse que un gobierno socialista lo aplicaría con menor rigor que su predecesor ultraconservador. Sin embargo, el historial de los miembros de este gobierno sugiere que no deberíamos hacernos muchas ilusiones acerca de su posicionamiento fiscal. Nada indica que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a salirse del guion marcado por la jerarquía bruselense. Ya resultó ominoso que Nadia Calviño fuese recibida con aplausos cuando se comprometió, en un auto de fe ante la curia bruselense, con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de mal llamado “objetivo de déficit”. Recordemos que Nadia Calviño ha desempeñado anteriormente el papel de celosa centinela de las lindes marcadas al gasto fiscal por las autoridades europeas en calidad de Directora General de Presupuestos, bajo el mando del comisario europeo alemán Günther Oettinger. Éste es más célebre desde que hace pocas semanas se jactara de que los mercados pondrían en su sitio a los italianos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es otra conocida obsesa del rigor presupuestario.

Este gobierno se ha posicionado como más “virtuoso” fiscalmente que el anterior afirmando su intención de incrementar el gasto social solo si puede ser financiado con un aumento de los impuestos. Veremos un poco más adelante cómo esto está muy lejos de ser una política progresista. Como mucho el gobierno del PSOE nos ofrece una “austerity lite” a la portuguesa. Así es cómo hay que interpretar que el Gobierno considerase poco realista la senda de reducción de déficit propuesta por el ministro Montoro. No nos equivoquemos: a los socialistas jamás se les pasaría por la cabeza la “irresponsabilidad” de aumentar el déficit público. No olvidemos que para el dogma vigente lo responsable es reducir el déficit y por eso el observatorio creado por el anterior Gobierno para vigilar la senda de consolidación fiscal se llama Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Rigor presupuestario, responsabilidad fiscal, esas virtudes cardinales tan elogiadas por economistas y comentaristas moralizantes y que, sin embargo, tanto daño causaron a la sociedad. La maldita fábula de la cigarra y de las hormigas es la moralina que ha justificado siempre condenar a media humanidad al desempleo y la pobreza.

Pese a todo, el Gobierno ha dado muestras de “buena voluntad” tratando de ampliar el techo de gasto en 6.000 millones de euros (el 0,5% del PIB). Se cuenta que la ministra de Economía, “Nadia Calviño, había desplegado una frenética actividad en Bruselas para pactar una nueva senda con el comisario francés Pierre Moscovici” y que éste “dio su visto bueno a cierta relajación. Pero con una condición: presentar un presupuesto creíble en los capítulos de ingresos y gastos el próximo otoño”. Los compromisos presupuestarios con Bruselas consisten en que un cargo no electo como Moscovici se pueda enseñorear con tales exigencias. El credo económico actual nos dice que la Política Económica no es cosa que deba dejarse en manos de políticos electos. La cultura de la austeridad es profundamente antidemocrática pues se trata de sustraer del debate político las decisiones sobre política fiscal.

Nos informa el medio de propaganda más afín al PSOE que ahora el gobierno se ve “obligado” a un ajuste adicional que eleva el total de los recortes a 11 millardos de euros. Parece ser que somos la vergüenza de Europa porque el “Gobierno del PP dejó el déficit público en el 3,1% del PIB el año pasado: el mayor de Europa, por encima de Grecia y de todos los demás países del euro, con España convertida en el único país que sigue en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad”. Quizás sea una persona trasnochada pero pienso que a un progresista lo que debería darle vergüenza es la segunda tasa de desempleo más elevada de Europa; el hundimiento de la tasa de natalidad porque los jóvenes no pueden plantearse formar hogares con los sueldos de miseria que les ofrece el mercado laboral; o que nos hayamos convertido en el quinto país más desigual de la UE.

La perplejidad del gobierno de Sánchez ante la reacción de sus aliados parlamentaros, empeñados en discutir estos límites, revela las contradicciones irresolubles entre la Europa tecnocrática de los tratados que considera los límites de déficit como un dogma de fe inapelable y las pretensiones de un parlamento, supuesta sede de la soberanía popular, reducido —nolis, velis— a mero sancionador de las decisiones de Bruselas. En nuestra época asistimos a los últimos estertores de la democracia ante la indiferencia de la mayoría.

Paradójicamente el PSOE de Pedro Sánchez podría beneficiarse de una negociación que resultara en una senda de reducción de déficit más laxa. Cumplir con las exigencias de Bruselas podría dificultar nuestra recuperación o incluso conducirnos a una nueva recesión y eso podría llevar al PSOE al panteón de los partidos socialdemócratas europeos. La osadía de obedecer al parlamento y no a Bruselas, en cambio, permitiría desarrollar políticas sociales progresistas. El debate y la negociación parlamentarios, aunque resulten ruidosos y enrevesados, pueden dar resultados superiores a la orden ejecutiva emitida por un comisario. Un pequeño paso han dado aceptando la propuesta de Unidos-Podemos para que se elimine el veto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria daba al Senado, es decir, al PP:

Crítica técnica: superar la fijación neurótica por la estabilidad presupuestaria

Pedro Sánchez y la reforma 135 de la Constitución son hermanos siameses. Juntos fueron concebidos, paridos y criados. El presidente del Gobierno actual nunca podrá escindirse de la misión de alcanzar el equilibrio presupuestario. Están orgánicamente conectados por las arterias, las venas y el tejido cutáneo del pensamiento económico neokeynesiano y, si uno muere, el otro también.
La estabilidad presupuestaria se ha convertido en una verdadera enfermedad nerviosa de los políticos europeos. Pero el guarismo que indica la fracción que representa el saldo contable llamado déficit sobre el PIB guarda poca relación con el bienestar de los ciudadanos. Esta neurosis contemporánea es dañina porque lleva a la destrucción del ahorro privado y contribuye a aumentar la desigualdad.
Para entender por qué hay que partir del concepto de sectores institucionales. Para el análisis macroeconómico resulta útil la agrupación de los agentes que desempeñan una función similar. Las administraciones públicas prestan servicios públicos y recaudan impuestos. Los hogares consumen y aseguran la reproducción de los trabajadores, las empresas obtienen financiación que los capitalistas anticipan para la producción de bienes y servicios que luego venden a los demás sectores cuando concluye el ciclo productivo. En esta fase recuperan el dinero invertido, probablemente incrementado por los beneficios que esperaban obtener con el que podrán recompensar a los capitalistas. Entre estos sectores se producen compraventas de bienes y servicios pero también flujos financieros. Asimismo se cierran negocios entre los sectores domésticos y los extranjeros. Las transacciones que se producen entre unos sectores y otros afectan a sus respectivos balances. Es imposible que las decisiones que tome un sector no afecten a los demás porque todos están conectados por una densa red de negocios.

Presten atención al siguiente gráfico que he preparado a partir de datos que publica el Banco de España. Simplemente muestra los activos financieros netos que detentaban cuatro sectores institucionales entre los años 2010 y 2017: administraciones públicas, instituciones financieras, exterior y privado doméstico constituido por empresas y hogares. Observen que el gráfico es perfectamente simétrico. Eso quiere decir que las deudas de unos son los activos financieros de otros como es lógico.



Como pueden comprobar el sector exterior (barras verde oscuro) tiene una posición financiera neta positiva: los españoles les debemos a los extranjeros más de lo que ellos nos deben. Durante varios años mantuvimos un déficit comercial, sobre todo con países como Alemania, China o Países Bajos cuyo modelo de crecimiento es adicto al superávit comercial perpetuo.

Contemplen las barras amarillas. Corresponden al sector privado, integrado por empresas y hogares. Cuando empezó la crisis el sector privado doméstico estaba muy endeudado con el exterior. Ese endeudamiento excesivo fue impulsado por los bancos que hincharon una burbuja de crédito entre 1997 y 2007. Los depósitos bancarios creados por las entidades financieras se utilizaron para comprar bienes producidos en el extranjero. Estos depósitos acabaron en manos de empresas y bancos del núcleo exportador europeo en su mayor parte. El pinchazo de esa burbuja de crédito en 2008 fue la causa del colapso de la demanda interna que nos llevó a la crisis. El economista de Nomura, Richard Koo, ha estudiado este tipo de “crisis de balance” y concluye que, si el sector privado está demasiado endeudado, hay que aplicar políticas que ayuden a reducir sus pasivos. Para que un sector se desendeude otro tiene que endeudarse o desahorrar. Es como un balancín donde, si uno sube, otro tiene que bajar.

Si partíamos de un endeudamiento excesivo del sector privado solo había dos formas de reparar sus balances: reducir nuestro déficit exterior o endosarle las deudas al sector público.
Lo primero era complicado porque no dependía solamente de nuestra voluntad. Como en el pasodoble, en el comercio exterior hacen falta dos para bailar. En parte el sector exterior contribuyó a mejorar la situación financiera de nuestras familias y empresas, pero esto fue sobre todo porque nosotros disponíamos de menos financiación para comprar bienes del extranjero. También aumentamos nuestras exportaciones, es decir, dedicamos una mayor parte de nuestra producción a satisfacer los deseos de consumo de los extranjeros. Cuando se presenta como una fortaleza que un país tenga un superávit comercial conviene recordar que eso suele significar que nuestro nivel de vida será inferior al que nos permitiría nuestra producción total. Esto explica que, pese a que ahora crezca el producto interior bruto, muchas familias no notan mejoría en su nivel de vida. En todo caso, gracias a que hemos tenido un saldo positivo en nuestra cuenta corriente desde hace algunos años esta deuda externa se ha reducido. La estrategia de devaluación interna (léase reducción de salarios) prescrita por Bruselas pretendía este objetivo pero observen que en realidad su impacto ha sido menor de lo pretendido.

Ahora fíjense en las barras azules: corresponden a la deuda neta del gobierno que se fue haciendo cada vez más negativa en estos años. En términos netos el año pasado toda la deuda exterior de España fue finalmente transferida del sector privado al sector exterior. ¿Cómo lo hizo? Simple aritmética: aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, es decir, incumpliendo los compromisos de consolidación fiscal firmados con Bruselas año tras año. El sector público se ha responsabilizado del rescate de los balances del sector privado; aunque no todos los balances han sido tratados con equidad a juzgar por los efectos en la distribución de renta y riqueza de tal política. No es difícil de entender: no es lo mismo rescatar a las familias con políticas de empleo público, becas escolares y ayudas al desempleo que mediante políticas de expansión cuantitativa que suben los precios de los activos financieros de los grandes patrimonios. Otro reproche es que debió hacerlo más rápidamente. En lugar de aplicar políticas de austeridad, si el estado hubiese reducido los impuestos y aumentado el gasto público con mayor decisión, habríamos reparado los balances del sector privado y salido de la crisis en 2011 y no en 2017. La política fiscal europea se ha empeñado en el dificilísimo arte de sorber y soplar a la vez.

Echemos un último vistazo al gráfico. Podemos apreciar cómo en 2017 el saldo neto de los activos financieros del sector privado era prácticamente cero. Un análisis simplista podría llevarnos a concluir que ahora sí toca cumplir con los objetivos exigidos por Bruselas llevando el déficit por debajo del 3 por ciento del PIB. Sin embargo, esto sería un error.

El hecho es que, según los datos que publica el Banco de España, el sector privado en agregado no tiene ahorros. Sabemos que los hogares tienen una manía, que a algunos quizás resulte incomprensible, consistente en acumular ahorros. Sí: las familias quieren terminar de pagar sus hipotecas, saldar sus tarjetas, acumular saldos bancarios para una contingencia. Incluso muchos economistas del dogma vigente considerarían positivo que el sector privado tuviera una posición financiera neta positiva. También es probable que muchas empresas aun necesiten reducir su endeudamiento para ser más solventes.

Con un sector privado desprovisto de ahorros el gobierno se propone cumplir con una senda de reducción de déficit consistente en aumentar el gasto compensándolo con una subida mayor de impuestos. El dinero que entre en los bolsillos de los ciudadanos gracias al mayor gasto público será inmediatamente succionado mediante nuevas alzas de impuestos pero no necesariamente de los mismos bolsillos.

La pregunta que debe hacerse el gobierno es si es conveniente que el sector privado siga con unos ahorros tan escasos. Lo cierto es que el sector privado quiere con avidez conservar el dinero del estado; y el estado no necesita ese dinero que puede crear sin coste. El sector privado puede quebrar; el estado no.

En la concepción platónica de la economía las cuentas públicas deben tener un saldo cero a lo largo del ciclo económico en un vector con infinitos equilibrios. Si aumenta el gasto social, deben aumentar los impuestos; si cae la recaudación, deben bajar los impuestos. Ergo, aumentar los impuestos es aumentar el gasto social y es progresista. A sensu contrario, no podríamos aumentar el gasto social sin aumentar los impuestos, por muy grandes que fueran las urgencias sociales.

Sin embargo, en el mundo real, los estados normalmente tienen déficit precisamente porque el sector privado quiere tener ahorros. Si éste no los consigue, seguramente los buscará reduciendo sus gastos y creando desempleo. El desempleo es precisamente un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado bajo. Si el sector privado decide reducir su gasto el gobierno tiene que reducir sus ingresos. Lo que uno cede otro lo tiene que recoger. Alguien tiene que ocuparse de todas las almas que se incorporan a la cola del paro. ¿Por qué no dejar por tanto que el déficit sea tan amplio como sea necesario hasta asegurar el pleno empleo? En ausencia de inflación y con una tasa de desempleo tan elevado no hay justificación para subir impuestos más que la fijación con un saldo contable.

Por otra parte subir los impuestos no es algo que ocurra de manera automática. Hay urgencias sociales que no pueden esperar a que el gobierno equilibre una magnitud contable cuyo saldo ahora no causa ningún perjuicio a la economía nacional. Es más justa una política de “predistribución”, atendiendo a los colectivos más desfavorecidos primero; redistribuyendo o aumentado las cargas tributarias después.

Existe una indudable utilidad social en subir los impuestos a unos para bajárselos a otros, redistribuyendo la carga fiscal. Es notorio que el sistema fiscal español se ha hecho crecientemente regresivo bajo los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. En este sentido, una propuesta de reducción del IVA —quizás el impuesto más regresivo que existe— que fuera compensada con un alza en los impuestos sobre las rentas procedentes del ahorro, la recuperación del impuesto de sucesiones o un impuesto georgista sobre el suelo merecería ser apoyada siempre que no aumentase la carga fiscal total o incluso —¿por qué no?— la redujese hasta que desapareciese completamente la lacra del atroz desempleo español.

La fijación neurótica con objetivos, que no por ser cuantitativos no dejande ser arbitrarios, como el de la senda de reducción de déficit debería ser repudiada por todos los partidos progresistas. Frente a lo que afirmaba Pedro Sánchez hace siete años, lo que debe diferenciar a la izquierda de la derecha es precisamente renunciar a la obsesión por la estabilidad presupuestaria y centrarse en los efectos que tiene la política fiscal en la economía real, es decir, evaluar cómo asegura el pleno empleo, mejora la distribución de renta y riqueza y garantiza la estabilidad de precios. A eso se le llama aplicar el método científico a la política fiscal y no el cabalístico.

Destruir el ahorro de un sector privado en el que solo unos lo tienen y la mayoría solo tiene deudas no resuelve nada. Reconozcamos además que es difícil confiar en un partido político como el PSOE que no tiene un buen registro histórico de reformas que mejorasen la distribución de la carga fiscal. Por otra parte, el día en que la izquierda entienda que el objetivo no es el déficit sino sus efectos sobre la economía real y el bienestar de la gente habremos dado un gran paso adelante porque podremos a preocuparnos por algo más importante: la distribución del ahorro y la riqueza entre los agentes del sector privado.