La izquierda se tira piedras sobre su propio tejado al adherirse a la teoría de la equivalencia ricardiana

Reproduzco un artículo de opinión publicado en www.redmmt.es originalmente

Llevamos dos semanas observando atónitos las rebajas tributarias clasistas y reaccionarias que están proponiendo los gobiernos autonómicos de derechas. Igualmente nos han descolocado unos partidos de izquierda que han saltado como un resorte a denunciar el inminente colapso del estado del bienestar que van a provocar esos regalos tributarios. A nivel nacional la trifulca la han abierto las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. A nivel internacional, la guinda la ha aportado el Reino Unido con el plan más ambicioso de Europa de protección a hogares y empresas de la subida de los precios energéticos y un plan de estímulos fiscales para evitar la marcha hacia la recesión basado en rebajas de impuestos para los ricos (les presentamos la ‘trusseconomics’, una versión moderna del caducado “trickle down econonomics” de la era Reagan que traducimos al castellano libérrimamente como ‘economía de los despojos’) que ha coincidido con malas decisiones del Banco de Inglaterra. Stephanie Kelton no ha podido evitar la tentación de hacer un acertadísimo juego de palabras con el apellido de la nueva primera ministra.

La reacción de la izquierda ha demostrado que es prisionera del peor pensamiento neoclásico en cuestiones de hacienda y de que se ha tragado no sólo el anzuelo sino también la caña de pescar entera de la teoría de equivalencia ricardiana. Esto explica por qué la izquierda tiene serios problemas para entender cómo hacer realidad sus programas cuando tiene ocasión de acercarse al poder.

Vayamos por partes.

La equivalencia ricardiana, otra viga del edificio neoclásico en ruinas que se viene abajo.

La equivalencia ricardiana (…) afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.

Primero entendamos qué es la equivalencia ricardiana. Esta teoría es un postulado de la teoría dominante neoclásica que afirma que el sector privado reacciona ante las noticias de un aumento del déficit público reduciendo su consumo ahora para ahorrar en previsión de mayores impuestos en el futuro para cubrir ese “agujero” fiscal.  Además parte de un supuesto de que existe una alberca de fondos prestables limitados. Por ello exigirá mayores tipos de interés por sus préstamos al gobierno puesto que se postula que aumentará el riesgo de impago el gobierno. Es una superchería que asume una perfecta racionalidad de unos hogares visionarios.

Este concepto solo tiene sentido bajo un régimen de patrón oro: el Estado ha tomado oro prestado luego en el futuro me lo va a quitar a mí para devolverlo a los prestamistas. No tiene ningún sentido en un sistema de moneda fiduciaria. El Estado crea nuevos fondos cuando gasta y los destruye cuando recauda impuestos. De hecho ese déficit crea un ahorro financiero neto para el sector privado así que es imposible que el sector privado se pueda angustiar por culpa del déficit actual.

Los déficits públicos del pasado no implican que el Estado tendrá un superávit fiscal en el futuro. De hecho los Estados suelen estar en déficit casi todos los años y solo durante un fuerte período de crecimiento se alcanzan superávits fiscales gracias al efecto de los estabilizadores automáticos.

Por tanto un déficit fiscal hoy ni implica mayor presión fiscal en el futuro, ni —¡presten atención, políticos y opinadores progresistas!—  compromete la capacidad de gasto del Estado ni ninguna prestación del estado del bienestar en el futuro. Si aprenden esto quizá algún día lleguen a ser gobernantes eficaces.

Una recaudación disparada que no se puede gastar.

Hay que entender la coyuntura que ha desencadenado esta serpiente de veranillo de San Miguel. La recuperación económica tras el fin del estado de alarma causado por la pandemia y la subida de los precios —provocada por los precios de la energía, la guerra de Ucrania y un diseño ortodoxo de un mercado eléctrico oligopolizado— han causado un rápido crecimiento de la recaudación que muchos gestores públicos han presentado como una buenísima noticia, un hito histórico. El informe mensual de la Agencia Tributaria nos informa de que:

«Hasta julio los ingresos crecieron un 18% (16,2% los ingresos brutos y 9,4% las devoluciones realizadas). En el mismo periodo los ingresos en términos homogéneos aumentan un 17,5% (hasta junio, 16,7%). La base imponible agregada de los principales impuestos creció en el primer semestre un 15,7%.

(…)

Los elementos que explicaban el crecimiento en los meses anteriores y que continuaron haciéndolo en julio son por orden de importancia: el crecimiento de los ingresos por IVA consecuencia de la mejora del consumo y de las subidas de precios; el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado a la creación de empleo y a los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo; y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el Impuesto sobre Sociedades (el primer pago fraccionado ingresado en abril tuvo también un buen comportamiento, pero se comparaba con un periodo de 2021 con ingresos extraordinarios). A estos elementos se añade el considerable aumento de los ingresos por la cuota positiva de la declaración anual del IRPF del ejercicio 2021.»

Parece evidente que los políticos se han sorprendido del normal funcionamiento de unos estabilizadores automáticos que, en esta ocasión, se han pasado de frenada. Sin embargo esto ha creado un problema insospechado.

Resulta que las administraciones autonómicas se han encontrado con unas entradas de caja que no pueden gastarse porque el Gobierno de España impuso un incremento del techo de gasto ridículo, 0,7% más que el año anterior. Eso es en términos nominales. Si tenemos en cuenta el efecto de la inflación ese aumento es una reducción en términos reales.

Una recaudación disparada y una reducción del gasto público en términos reales conducen a un superávit fiscal que drena dinero de la economía. Es una política dura de austeridad inoportuna que puede cargarse la recuperación económica tras la pandemia. Estas son las consecuencias indeseables de la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  y del Tratado de la UE, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y demás restricciones institucionales impuestas desde la UE que han creado una auténtica camisa de fuerza para que la política fiscal actúe con eficacia cuando es necesario para gestionar el ciclo económico.

Mientras tanto en Europa nadie parece preguntarse por el papel de la política fiscal en la ralentización del crecimiento en el continente. Se prefiere achacar toda la responsabilidad a la guerra de Ucrania. Los países europeos caminan como zombis hacia la recesión por culpa de estas normas.

Las administraciones autonómicas se han encontrado ante un dilema: o devolver el dinero a los bancos (lo cual equivale a la cancelación de ese dinero) o a la ciudadanía mediante una reducción de impuestos.

Rebajas fiscales con sesgo de clase

Abrió la tanda de rebajas tributarias el gobierno conservador (PNV+PSOE) del País Vasco con una deflactación del IRPF en todos los tramos del 5,5%. La semana pasada el recientemente reelegido presidente de Andalucía, el conservador Moreno Bonilla, anunció la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. Posteriormente hicieron lo propio las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid anunciando también deflactaciones del IRPF. Moreno Bonilla utilizó la retahíla de argumentos reaccionarios propios de un partido ultraconservador: ese Impuesto sobre el Patrimonio es doble tributación sobre rentas que ya han tributado —¡como si los asalariados no pagaran impuestos dos veces sobre sus salarios (IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social)!—, así atraemos a billonarios catalanes a Andalucía y otra sandeces similares.

Es evidente que esta figura tributaria ha sido relegada hace años al baúl de los impuestos testimoniales. La recaudación es ridícula y no sirve para corregir las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza. La Encuesta Financiera de las Familias, que publica cuatrienalmente el Banco de España, demuestra con datos esa creciente desigualdad en la distribución de la riqueza donde el top 1%,  año tras años, se zampa un trozo mayor del pastel.

Índice de concentración de la riqueza del 1% más rico de España (Fuente: Encuesta financiera de las familias del Banco de España)

Desde Red MMT creemos que hace falta introducir una figura tributaria que ayude a reducir contundentemente esa desigualdad en el reparto de la riqueza. Pero no porque sea necesario financiar el estado del bienestar con esa recaudación sino porque pensamos que la concentración de la riqueza es una peligro para una democracia ya que conduce a la formación de oligarquías. El actual impuesto sobre el patrimonio no cumple satisfactoriamente esa función así que la propina a los señoritos andaluces va a cambiar poco la situación.

La reacción ricardiana de la izquierda

Siendo deplorable la estrategia fiscal de la derecha —a la que le ha obligado el dogmatismo neoclásico del equipo económico del Gobierno de España y las absurdas normas de las que nos ha dotado la UE, no lo olvidemos— reconocemos que nos ha sorprendido el histerismo en las filas de los partidos de centroizquierda e izquierda. Lejos de reconocer que existía un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y abrir la puerta a un aumento del gasto público o reducciones tributarias han salido en tromba a denunciar el fin del estado del bienestar en las comunidades autónomas gobernadas por los ultraconservadores. Así, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó que “la cara b de las bajadas de impuestos a los ricos” son los “brutales recortes en los servicios públicos“. El Gobierno de Navarra ha considerado “insolidario” que Andalucía elimine el Impuesto del Patrimonio y reclame más fondos al Estado. El sindicato de técnicos de Hacienda, que también peca de nociones de fiscalidad neoclásica, ha lamentado que la guerra fiscal para atraer ricos empobrece a todos. La ministra Montero ha dicho que “ Madrid intenta imponer un esquema mental por el hecho de ser capital” lamentándose de que “otros compran ese esquema mental que solo puede beneficiar a la capitalidad“. La ministra Calviño ha invocado a los sagrados organismos multilaterales como el BCE, el FMI y la OCDE para justificar la negativa del Gobierno a reducir los impuestos. Le ha faltado invocar a todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y demás seres imaginarios de los cielos.

Habría sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal.

La izquierda sigue siendo rehén del peor pensamiento neoclásico sobre la hacienda pública. En nuestra opinión hubiera sido más pedagógico explicar que había un problema en el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Debería haber tomado la iniciativa con una propuesta de reducción de los tributos de naturaleza progresiva o una flexibilización de las reglas de gasto para las administraciones públicas y una denuncia al armazón institucional de la austeridad fiscal. Ahora actúa con retraso y tras haber cedido la iniciativa a la derecha.

Arrepentimiento

Lo decimos porque la realidad tiene la desagradable costumbre de imponerse. El presidente de Valencia tuvo que proponer una reducción tributaria con una deflactación del IRPF hasta en cuatro tramos en rentas inferiores a 60.000 euros.

Finalmente el Gobierno de España ha tenido que reconocer el problema y, dado que no estaba dispuesto a aumentar el techo de gasto y la economía estaba mostrando síntomas de desaceleración, ha tenido que proponer su propia reforma fiscal, pero con efectos solo a partir de 2023. O sea tarde para evitar los efectos de la austeridad fiscal que ya estamos padeciendo.

La reforma tributaria llega tarde

Hoy la ministra Montero anunció la exención del IRPF para las rentas inferiores a 21.000 €, un aumento del tipo de gravamen sobre rentas del ahorro superiores a 200.000 € y una rebaja del tipo de gravamen del Impuesto sociedades para pequeñas empresas al 23%. Es una reforma fiscal que corrige levemente la regresividad de nuestro sistema tributario. Para disfrazarlo de reforma progresiva se ha aplica un impuesto de solidaridad temporal a las grandes fortunas que “abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%”. Éstas no tienen nada que temer mientras gobierne el PSOE. Sin embargo, no va a llegar a tiempo de evitar los efectos anticíclicos del exceso de recaudación de 2022.

Tildó de “chamanes fiscales” y “populistas” a los presidentes autonómicos de derechas pero Montero tampoco es inocente de chamanerías. La ministra Montero en su rueda de prensa se ha visto obligada a hablar de “pedagogía fiscal”: sigue vendiendo la teoría de que los impuestos financian los servicios públicos. Estamos de acuerdo en que las propuestas de la derecha son regresivas: defienden sus intereses de clase, los de la oligarquía. Pero ella y su gobierno siguen operando bajo un marco mental en el cual unas reducciones tributarias deben quedar compensadas por otros aumentos equivalentes o llegará el día del Juicio Final en el que el Estado del Bienestar se irá al infierno.

Al mismo tiempo la ministra reconoció que la Comisión Europea nos pide una reducción de la diferencia en presión fiscal con otros países europeos. Es curiosa esta fijación con ese guarismo porque donde está la diferencia relevante con otros países europeos es en el porcentaje de empleo público, mucho menor en España, una inversión pública en mínimos históricos y un estado de bienestar raquíticos. Los objetivos de política fiscal deben ser estos y no un porcentaje de recaudación sobre el PIB. Solo sería oportuno aumentar la recaudación tributaria si estuviéramos en una situación de pleno empleo y existieran tensione inflacionarias producto de un exceso de demanda. Esas circunstancias no se dan actualmente ni de lejos en España.

No podemos descartar que en la actitud timorata del Gobierno de España esté pesando el chantaje permanente del BCE que anunció hace poco que condicionaba sus compras de títulos del Tesoro a la aplicación del marco fiscal europeo.

Cruzamos el Canal de La Mancha

En el Reino Unido la nueva primera ministra Truss, un remedo de Margaret Thatcher, anunció la semana pasada un paquete de ayudas a hogares y empresas para aliviar los efectos de la subida de los precios de la energía con topes a las facturas de la energía. No entraremos en los detalles de este plan. Por supuesto la ha acompañado de una reforma tributaria regresiva  —para algo es una conservadora que representa a las oligarquías de su país— aboliendo un recargo a las renta más altas.

Simultáneamente el Banco de Inglaterra ha desencadenado una crisis financiera. Su decisión de interrumpir las compras de bonos del Tesoro británico provocó una caída de su precio y una rápida escalada del rendimiento. Fue una decisión irresponsable que recalca por qué la independencia de los bancos centrales es una pésima idea. Los titulares alarmistas sobre hecatombes financieras no tardaron en aparecer en la prensa financiera.

Pero la reacción entre medios como The Guardian o entre los conservadores asesores económicos del Labour Party, como Simon Wren-Lewis, ha demostrado que son prisioneros de la teoría de la equivalencia ricardiana. No han querido desaprovechar la oportunidad de decir “¿Lo veis? Si el gobierno baja los impuestos ahora los mercados se enfadan y nos castigan porque saben que la deuda podría ser impagable y habrá que subir impuestos o recortar gastos en el futuro”. ¡La izquierda alineándose con el relato de los mercados que castigan a los gobiernos manirrotos! Ver para creer.

Pero correlación no es causalidad. Este episodio es de exclusiva responsabilidad del banco central que se ha visto obligado a rectificar al día siguiente anunciando un nuevo paquete de compras por importe de 65 mil millones de libras “para calmar a los mercados”. Nos ahorraríamos todos estos problemas absurdos si los tesoros dejaran de emitir estos títulos que no son más que una reliquia de la era del patrón oro. Por supuesto que un soberano monetario como el Reino Unido no tiene ninguna restricción financiera ni ahora ni en el futuro para abordar este plan de ayuda de emergencia ni estas rebajas fiscales con independencia de la opinión que nos merezcan.

Conclusión

La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario.

Es importante que la izquierda aprenda cual es la función real de los impuestos y deje de caer en las trampas dialécticas conservadoras. La equivalencia ricardiana no es relevante en nuestro sistema monetario. Para la izquierda esa teoría contiene las semillas de la derrota segura: si hoy la usas contra los gobiernos de derecha, mañana la derecha y los organismos multilaterales te exigirán medidas de austeridad porque el déficit excede de algún umbral mágico que nadie sabe dónde está. La fiscalidad se tiene que valorar en términos de la hacienda funcional: los efectos de los impuestos sobre el crecimiento económico y la distribución de la renta y riqueza. Se trata de aplicar el método científico y no obsesionarse con reglas contables y cabalísticas.

Y no os olvidéis de luchar por recuperar nuestra soberanía monetaria. Sin ella no hay democracia.

¿Por qué crea el estado desempleados que no quiere contratar?

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre.

El trabajo es toda actividad productiva que realiza el ser humano. Trabajan el médico cuando trata a sus pacientes, el maestro cuando imparte sus clases, o el obrero que coloca ladrillos con maestría. Lo hacen también la madre que cuida de sus hijos o la mujer que desempeña labores de voluntariado en una ONG. La diferencia entre los primeros y los segundos es que a cambio aquéllos perciben una retribución dineraria, es decir, poder adquisitivo que da derecho a participar en el reparto de los bienes y servicios producidos en la economía de mercado que se encuentran a la venta solo a cambio de dinero creado por el gobierno o los bancos. Se desarrollan sin embargo numerosas tareas excluidas del ámbito del mercado, asignadas por cierto con mayor frecuencia a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Un trabajador vende sus servicios al mercado porque quiere conseguir dinero a cambio. El empleo es siempre un fenómeno monetario. Por eso podemos definir el desempleo involuntario como mano de obra ofrecida al mercado a cambio de moneda del estado que no encuentra comprador. Este empleo puede ser comprado por el sector privado o por el estado. Si existe desempleo involuntario es porque ni el sector privado ni tampoco el gobierno quieren aumentar sus gastos para ocupar esos recursos ociosos.

Para entender esto describamos un escenario. Supongamos que partimos de un período en el que existe plena ocupación. En esta situación, de equilibrio inicial, supongamos que nadie ahorra, es decir todo el mundo gasta su renta íntegramente y por tanto todo lo que se produce se vende. El gasto de todos es igual a las rentas —salarios, beneficios, impuestos, alquileres, intereses, etc.— de todos y por fuerza es igual también a toda la producción de la economía. Esta identidad se mantiene siempre a nivel macroeconómico:

INGRESO=GASTO=PRODUCCIÓN

Si por la razón que sea (porque los hogares y las empresas decidan que quieren reducir su deuda, porque haya una situación de incertidumbre o porque los extranjeros decidan no comprar nuestros productos) en un período posterior cambia el comportamiento del sector no gubernamental —en el que incluimos a hogares, empresas y al sector exterior— y éste prefiere ahorrar una parte de su renta entonces una parte equivalente de la oferta de bienes y servicios se quedará sin vender. En ese caso las empresas tendrán que reducir su oferta y es probable que despidan a algunos de sus empleados.

El trabajo no es un rábano

Nadie puede obligar al sector privado a consumir más de lo que quiere o a ahorrar menos. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando aumenta el desempleo? Desde la escuela neoclásica nos dicen que la respuesta es bajar el coste de los salarios ya que el trabajo sería como cualquier otra mercancía. Si por ejemplo cae la demanda de rábanos en el mercado los productores podrían darles salida tirando los precios. Decimos entonces que la curva de demanda de los rábanos tiene una forma descendente hacia la derecha en el eje de ordenadas: a menor precio mayor cantidad vendida y viceversa. Si creemos que el trabajo es como los rábanos entonces la prescripción para acabar con el desempleo es sencilla: bajar los salarios. Sin embargo, el mercado de trabajo remunerado no es como el de los rábanos. Para la mayoría de las personas los salarios son su principal fuente de ingresos. Bájense los salarios y observaremos una caída en el consumo de los consumidores y en las ventas de las empresas provocando nuevas caídas de empleo. El economista Esteban Cruz y este autor ya explicamos en un artículo anterior la paradoja de los costes. Los ahorros en costes salariales pueden ir acompañados de menores ventas que deterioran la tasa de beneficios de los empresarios y por tanto desaniman el empleo (Cruz & Medina Miltimore, 2016).

El siguiente gráfico, elaborado por el economista Luis Gómez con datos de los ejercicios 2008 a 2014, demuestra que la caída de los salarios, lejos de haber aumentado el empleo tuvo el efecto contrario. Luis Gómez explica que al iniciarse la crisis se desechó primero a los trabajadores ocasionales y jóvenes que eran también los peor pagados. Esto tuvo el efecto aparente de mostrar un crecimiento salarial asociado a un aumento del desempleo. Los economistas neoliberales y la Comisión Europea utilizaron este efecto estadístico para justificar el ataque contra los trabajadores iniciado en 2010. Sin embargo, después de 2010 la caída del empleo fue muy intensa pese a que también cayeron los salarios. La caída de los salarios ha sido inútil para crear empleo.

Las recetas prescritas por el dogma vigente fueron acompañadas en 2010 por un giro incomprensible hacia la austeridad. Desafiando toda la evidencia en contra de la utilidad de fijar unos objetivos de déficit, los dirigentes europeos llegaron a asumir una superstición aberrante, la ‘austeridad expansiva’ que es a la ciencia económica algo así como el hielo ardiente, la sosa cáustica potable o el plomo ligero. Esta doctrina oximorónica afirmaba que un recorte de los gastos públicos liberaría recursos para que el sector privado los empleara de forma más productiva acelerando la recuperación. Esta hipótesis fue introducida por Francesco Giavazzi y Marco Pagano en 1990 en un trabajo que presentaba las reestructuraciones fiscales de Dinamarca e Irlanda en los años 80 como ejemplo (Giavazzi & Pagano, 1990). Los autores, que observaron cómo recortes en el gasto público coincidieron en el tiempo con una recuperación de esas economías, olvidaron tener en cuenta que esos países, relativamente pequeños, consiguieron salir de sus crisis económicas gracias a la expansión de sus exportaciones a otros países europeos que sí aplicaron políticas fiscales expansivas.

La hipótesis fue vendida a los responsables de la UE por Alberto Alesina en un discurso ante la reunión del ECOFIN que tuvo lugar en Madrid en 2010 en Madrid. En esta intervención aseguraba que los «ajustes fiscales, aunque sean grandes, que reducen los déficit presupuestarios, pueden conseguir una reducción relativamente rápida de los coeficientes de deuda sobre el PIB sin causar recesiones». Añadió que « (…) una política fiscal anticíclica basada en incrementos de gasto durante recesiones y aumentos de impuestos para corregir los déficits durante una expansión es probable que sea contraproducente además de implicar un avance inadvertido del tamaño del gobierno cuando éste ya está en torno al 50% del PIB en algunos países europeos. (…) [L]as distorsiones políticas (…) retrasan la reducción de los déficit además de las inevitables ‘demoras de larga duración y variables’ asociadas con la política fiscal en una democracia, que incluso en el caso de las expansiones fiscales hacen que esta herramienta sea torpe para la gestión del ciclo de los negocios» (Alesina, 2010).

A esta perversión doctrinal se añadió el diseño contraproducente de una unión monetaria uno de cuyos puntales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), imponía un límite al déficit público del 3% sobre el PIB. Este límite podría ser efectivamente excesivo en una situación en la que la economía crece a buen ritmo y empiezan a producirse tensiones inflacionistas. Sin embargo en una situación de recesión lo conveniente puede ser que el déficit público alcance un valor superior a ese guarismo. Forzar una economía a entrar en una senda de reducción de déficit puede ser contraproducente no solo porque dificulte la salida de una situación económica desfavorable profundizando el desempleo sino también porque puede convertir el “objetivo” en uno móvil. Si la política fiscal prudente y razonable fuera aumentar el déficit pero un gobierno decide someterse a los dictados del PEC lo que sucederá casi con total seguridad es que no consiga sus objetivos. El efecto recesivo de tales políticas podría profundizar la caída en la recaudación o provocar caídas en el Producto Interior Bruto (PIB), el denominador de este coeficiente de deuda que nos imponen los Tratados de la Unión Europea, convirtiéndolo en un objetivo móvil que, cuanto más se esfuerza el gobierno en conseguir, más se aleja. Un objetivo de déficit sobre el PIB resulta extremadamente ambiguo e impreciso. De hecho el dato del cociente entre déficit y PIB ni siquiera nos da mucha información acerca del posicionamiento presupuestario del gobierno. Según las circunstancias, un aumento de este coeficiente puede reflejar una política consciente del gobierno por estimular la economía, la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos durante una recesión o incluso un posicionamiento fiscal contractivo.

Las finanzas funcionales dictan la fiscalidad responsable

Un gobierno responsable debe encargarse de que las personas que hayan perdido su puesto de trabajo vuelvan a encontrarlo. Depende del estado movilizar esos recursos ociosos gracias a su capacidad fiscal. Para comprender este protagonismo del estado hay que entender antes cuál es la función de la fiscalidad. Al imponer tributos a la población el estado pretende encauzar recursos reales hacia los fines públicos. La forma en que opera este mecanismo es que el estado genera demanda por su moneda al imponer un tributo que los ciudadanos solo pueden pagar con ella. Para conseguir esa moneda hogares y empresas ofrecen sus servicios al estado. Naturalmente esta oferta incluye la oferta de empleo. De esta forma el sector privado obtiene la moneda con la que puede saldar su deuda con el estado.

El sector privado tiene unos objetivos de consumo y ahorro que no necesariamente serán compatibles con comprar toda la oferta disponible de bienes y servicios a la venta. Pero el estado siempre puede comprar la diferencia. Si el estado impone tributos demasiado elevados o no gasta lo suficiente dejará en manos del sector privado una cantidad de dinero insuficiente para saciar sus necesidades de consumo y sus objetivos de ahorro. En estas circunstancias surgirá el desempleo involuntario. Hay personas que quieren dinero del estado y no lo encuentran. Existe pues una demanda por el dinero del estado que no se ha satisfecho y por tanto los agentes económicos no mantendrán un nivel de gasto agregado que adquiera todo lo que está a la venta en la economía. Si existe producción que se queda sin vender el desempleo aumentará. Esa oferta total de bienes y servicios por supuesto incluye la oferta de mano de obra.

Los impuestos son el mecanismo que utiliza el estado para canalizar recursos reales hacia los fines públicos. Si el gasto es insuficiente o los impuestos son demasiado altos la manifestación será el desempleo. Como decía Warren Mosler “¿Qué sentido tiene que el estado no contrate a todos los trabajadores que ha dejado desempleados?”. En una situación de desempleo elevado la única respuesta sensata es que o bien el estado baje los impuestos para dejar mayor poder de compra en poder del sector no gubernamental y aumente su gasto o bien aumente el gasto público para comprar la producción que el sector privado no quiere adquirir. Las políticas tradicionales ponen mayor poder de compra en manos del sector privado confiando en que éste lo destine a crear empleo. Este mecanismo indirecto en el que la política fiscal trata de “cebar la bomba” de la demanda normalmente resulta decepcionante. La forma más directa, eficiente y económica de crear empleo es que el estado contrate a todos aquellos que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector privado mediante un programa de empleo garantizado. Este programa permitiría atender muchos de los múltiples problemas sociales que el estado ahora no atiende de forma adecuada. El desempleo es la prueba de que el déficit fiscal es insuficiente. Es hora de que el estado asuma su responsabilidad en el problema del empleo y aumente el déficit.

Referencias

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Abril 2010. Discurso ante la reunión del Ecofin de Madrid el 15 de abril de 2010.

Cruz, E., & Medina Miltimore, S. (2016, 02 01). Daños irreversibles: el FMI descubre la paradoja de los costes. Retrieved from Luces Rojas. Info Libre.: http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2016/02/01/danos_irreversibles_fmi_descubre_paradoja_los_costes_44074_1121.html

Giavazzi, F., & Pagano, M. (1990). Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomics Annual 5, 75–111.

Sobre la "deseable" eliminación de la deuda pública.

Mientras desayunaba leía hoy en el diario Público un artículo escrito por Sergio Pérez Páramo, un economista del colectivo Econonuestra, que encontraréis en este enlace: La economía española; diez retratos de inestabilidad. No he podido pasar del punto 3 pues de la impresión que me he llevado, casi me atraganto. Dice:

"3- Perpetuidad del déficit público; 2007 fue el último año en que el sector público de la economía española alcanzó un superávit en sus cuentas presupuestarias. Atendiendo a lo recogido en el Programa de Estabilidad 2014-2017, los déficits públicos se seguirán acumulando año tras año hasta, al menos, el año 2018. Por lo tanto, otro objetivo de suma importancia, la erradicación de la deuda pública en España, encarna prácticamente un imposible. Las políticas de austeridad y recortes han lastrado, además, el escaso margen de maniobrabilidad del sector estatal para combatir los periodos de contracción económica instaurados por las recesiones."

El subrayado es mío.  El Sr. Pérez Paramo considera que la erradicación de la deuda pública en España es un objetivo de suma importancia. Este aserto no me sorprendería si proviniera de la caterva de neoliberales que asola la profesión económica de este país; sí, esos que justifican el acertado artículo de Moisés Naïm en El País titulado La fraudulenta superioridad de los economistas. Pero resulta que el colectivo Econonuestra se describe a sí mismo como sigue:

"econoNuestra es un colectivo formado por economistas – académicos, investigadores, estudiantes, periodistas– y por todos aquellos que, desde muy diversos ángulos profesionales, se quieren comprometer en el impulso del debate económico desde “otra visión”.
Nuestra intención general es la de contribuir al diálogo social y a las soluciones políticas con una economía diferente a la del fundamentalismo del mercado.
Además, aspiramos a convertirnos en una plataforma de información, formación, propuesta y debate, desde una perspectiva de economía crítica, sobre aquellos asuntos que están en el corazón de la crisis sistémica y que, al mismo tiempo, conectan con la agenda estratégica surgida del M15M. Este es el reto que asumimos desde econoNuestra.
Como seña de identidad, en nuestra reunión fundacional aprobamos un Manifiesto al que se han sumado después más de 900 personas de distintos ámbitos, con una importante presencia de profesores universitarios de la economía, la sociología o la ciencia política, pero también de otros profesionales, activistas sociales y estudiantes. Te invitamos a leerlo y, si estás de acuerdo con la filosofía que lo anima, a participar activamente en econoNuestra"

Esta declaración de intenciones parece la de un colectivo aparentemente progresista, o por lo menos, no sometido al dogma neoliberal. Nuestra profesión parece estar tan contaminada por el pensamiento único que incluso economistas sedicentes progresistas inadvertidamente han asumido sus postulados.

Veamos por qué.

Empecemos por desmentir que el objetivo de eliminar la deuda pública es deseable por sí mismo en una economía donde el estado conserva su soberanía monetaria. Recordemos una de las fórmulas más bellas de la economía:

(S-I)+(T-G)+(M-X)=0

Donde S es el ahorro del sector privado, I la inversión del sector privado, T son los impuestos, G el gasto público, M las importaciones y X las importaciones. En esencia esta fórmula dice que el ahorro neto del sector privado, el déficit o superávit público y la balanza comercial tienen que compensarse. Por tanto si un sector institucional tiene capacidad de ahorro ésta será utilizada por otro que tendrá necesidad de ahorro. Ahora no me meteré en los mecanismos que conducen a esta situación; créanme si les digo que esta relación es una identidad contable que se da siempre.  Este ahorro o desahorro neto de cada sector institucional se instrumenta mediante cambios en la posición financiera neta de cada sector.Veamos el caso de la economía española:

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

Si cogen una calculadora podrán comprobar que, año tras año, las variaciones positivas de unos sectores suman exactamente lo mismo que las variaciones negativas de otros. Por ejemplo, en 2011 las AAPP experimentaron una variación neta negativa de sus activos financieros netos de 101.265 €. Este rubro sirvió para que los demás sectores institucionales aumentaran sus activos financieros netos por exactamente el mismo importe. Si son observadores se darán cuenta de que el sector público prácticamente siempre ha aumentado su endeudamiento. Es lógico, pues el sector privado en general desea tener ahorros, al menos de forma agregada. Solo hay otro sector que puede facilitarle al privado los ahorros que con tanta avidez busca el sector privado: el exterior. Pero ya sabemos que históricamente España es un país que experimenta recurrentes déficit en su balanza comercial. Por tanto solo el sector público puede suministrar los activos que necesitan los hogares. 

La tendencia del sector privado a aumentar sus activos financieros o a reducir su endeudamiento en los últimos años se ha vuelto más acusada, en parte por la necesidad de desapalancarse ante su excesivo endeudamiento durante los años de la crisis, en parte por la incertidumbre que experimenta una población cada vez más envejecida a la que se amedrenta con la amenaza de que "las pensiones son insostenibles" (uno de los "¡Qué viene el coco!" favoritos de los neoliberales).

Obviamente las variaciones en las posiciones financieras se acumulan en los saldos de activos o pasivos financieros de cada sector. Para el sector público la necesidad de captar ahorro, consecuencia de los déficit en la ejecución presupuestaria del estado, se traslada a un aumento de la deuda pública. El siguiente gráfico muestra la posición financiera neta de cada sector institucional en los últimos años:

Fuente: elaboración propia a partir de la CNE publicada por el INE.

En realidad este ahorro negativo de las AAPP no es más que el déficit público (más o menos algunos ajustes adicionales como ciertas transferencias de capital y revalorizaciones de activos). Pero para un estado dotado de soberanía monetaria este desahorro no es demasiado relevante. Luego veremos por qué.

De nuevo apreciamos que las posiciones financieras netas negativas de unos sectores son idénticas a las posiciones financieras netas positivas de otros. Si el estado quisiera reducir su endeudamiento otro sector tendría que reducir sus activos financieros netos.

¿Qué tendría que pasar para que el sector público erradicara toda la deuda pública? Sencillamente tendría que incurrir en superávit durante un período muy prolongado de tiempo. Pero para ello el resto de los sectores institucionales tendrían que aceptar que su posición financiera neta se contrajera por el mismo importe por el cual desea el estado aumentar la suya. Esto se podría conseguir subiendo mucho los impuestos o bajando el gasto público durante varios años seguidos de forma drástica. Es decir, no sé si el Sr. Pérez Páramo se ha dado cuenta de que está abogando por un retorno a la nefasta austeridad con su estela de altas tasas de desempleo y miseria.

Pero repito que el sector privado desea tener ahorros. Es probable que una política de austeridad provocara una caída en sus activos financieros. Si sus activos caen por debajo de los niveles que desean mantener, es muy probable que en respuesta el sector privado intentaría aumentar su ahorro recortando su consumo. Esto llevaría a la economía a la deflación y la recesión. Llevado al extremo, si el estado quisiera exterminar la deuda pública, y el sector exterior siguiera negándose a aportarlos en su lugar (es decir, si Alemania siguiera negándose a reducir su superávit de balanza de pagos), podríamos llegar al absurdo de que los hogares verían cómo se confiscan sus activos reales (sus coches, sus hogares, etc...) para pagar sus impuestos pues no les quedarían ni dinero ni activos financieros con los que saldar sus obligaciones con Hacienda.

No olvidemos que el estado es el creador del dinero y que solo recupera una fracción de lo que crea vía impuestos.  Un estado que conserva su soberanía monetaria puede endeudarse sin peligro pues, al vencimiento de la deuda, lo único que tiene que entregar es otro instrumento de deuda del estado que no paga intereses y que se llama dinero. El estado podría incurrir en un déficit perpetuo y no pasa absolutamente nada. El estado gasta con dinero que ha creado él mismo. Su único límite es la capacidad real de la economía para suministrar bienes y servicios. Si lo excediere podría generar inflación. Pero siempre que gaste dentro de ese límite la deuda pública no es un peligro. Empeñarse en erradicar la deuda pública solo podría tener como consecuencia una deflación. Por tanto la erradicación de la deuda pública nunca puede ser un objetivo deseable.

Hagamos una pequeña aclaración. El estado también podría liquidar toda la deuda pagando el principal a su vencimiento. En este caso, simplemente estaría cambiando un pagaré que paga intereses por otro que no los paga, llamado dinero. Es probable que se creara un exceso de reservas que acabara de nuevo en el banco central y que los tipos de interés bajaran al pujar los bancos el precio de la deuda pública al alza. Pero la posición financiera neta del estado no cambiaría más que en la composición de las carteras: menos letras y bonos del Tesoro y más dinero en cuentas corrientes y depósitos a plazo.

¿Cuál debe ser el nivel adecuado de deuda pública? Abba Lerner, quien postulaba la teoría de las finanzas funcionales, consideraba que la política fiscal debía tener como principio director el análisis de su impacto en la economía. Este análisis debía guiar el presupuesto público y por tanto el equilibrio de ingresos y gastos es irrelevante. Lo importante es asegurar la prosperidad. Los principios de la gestión financiera equilibrada solo aplican a los individuos, no a un estado que conserva su soberanía monetaria.

La obsesión con el equilibrio entre ingresos y gastos del sector público es una de las mayores mistificaciones del pensamiento conservador y neoliberal. No quiero ocupar demasiado espacio de este post explicando de dónde viene esta obsesión. Se deriva en parte de una pobre compresión del papel del dinero en la economía. Para los economistas clásicos el dinero no es más que un velo, una útil mercancía utilizada en el comercio pero de la que podrían prescindir los agentes económicos si utilizaran otra mercancía o recurrieran al trueque. También podría proceder del temor cerval de las grandes fortunas al pago de impuestos. "Si el estado gasta luego vendrán a pedirme impuestos", piensa el conservador. Esto se ha pretendido generalizar a toda la población mediante lo que se llama la equivalencia Ricardiana: "si el estado se endeuda hoy, mañana aumentará los impuestos; ergo da igual que me cobre hoy los impuestos o mañana, por si acaso ya iré ahorrando ese dinero para pagarlos en el futuro." La equivalencia ricardiana no se sostiene en un análisis mínimamente riguroso del comportamiento real de los ciudadanos. También hay que añadir que los neoliberales llevan décadas tratando de desmontar el estado del bienestar alegando que es causante de espantosas aberraciones en el funcionamiento del mercado. A los neoliberales les irrita enormemente un estado que garantice el pleno empleo pues eso implica que las empresas deban competir por los recursos humanos viéndose incluso obligados a pagar sueldos decentes a cambio del trabajo. En fin, son muchas las causas que pueden explicar el miedo irracional al déficit y deuda públicos.

Otra cuestión es que, debido a que hemos renunciado a nuestra soberanía monetaria y hemos encomendado las labores del banco central a una institución europea, el BCE, el estado no pueda seguir endeudándose en euros eternamente sin arriesgarse a que "el mercado" le retire su confianza. 

Si el Sr. Pérez Paramo hubiese abogado por una reducción de la deuda debido al defectuoso diseño de la moneda común europea podría entenderlo. Sería una indeseable consecuencia del tinglado monetario europeo.

Efectivamente, un estado que carece de soberanía monetaria deberá endeudarse en una moneda que no controla. En el caso del estado español, éste debe endeudarse en euros y por tanto su capacidad de creación de dinero está limitada a lo que le consienta el mercado. Si se endeuda excesivamente podría darse una crisis de deuda soberana como la que sufrió Grecia en 2010. En esa situación el mercado puede exigir un tipo de interés cada vez más elevado. El servicio de la deuda puede llevarse una porción cada vez más elevada de los ingresos tributarios. Incluso puede darse el caso de que el estado no pueda conseguir colocar sus emisiones en el mercado y que sus ingresos sean insuficientes para pagar a sus acreedores. En un caso extremo el estado podría verse obligado a suspender pagos, el llamado 'default'. 

Pero debe constar que en el caso del estado español, este peligro se da porque hemos decidido renunciar a nuestra propia moneda y no hemos exigido a cambio la creación de un estado federal europeo con una capacidad de gasto suficiente que recicle superávit de los países exportadores netos a los países deudores.  Si el estado se endeudara en reales o pesetas, no habría ningún riesgo derivado del endeudamiento del sector público. Pero si se endeuda en euros puede llegar un punto en el que el mercado decida rebajar la calificación de nuestra deuda y negarse a seguir financiando a nuestro estado. Debe quedar claro que ésta es una trampa en la que nos han metido irresponsablemente nuestros políticos. 

Pero el corolario de esta reflexión no es que el estado debe "erradicar" toda la deuda pública. Esto sería nefasto para nuestra economía pues, reitero, la llevaría a una severa depresión. Ya lo vivimos en 2011 y 2012 y aun no hemos salido de esa deflación inducida por Bruselas, Tritchet, ZP y Rajoy.

Si los economistas del colectivo econonuestra están preocupados realmente por el bienestar de los ciudadanos entonces deberían pedir no una eliminación de la deuda pública sino la salida de España de ese engendro de unión monetaria o la creación de una verdadera unión política y fiscal europea. ¡Qué decepción! Otro colectivo de economistas impregnados de neoliberalismo.