Pensiones: una contrarrevolución silenciosa

 Publicado originalmente en El Salto el pasado 14 de marzo.

Resumen para personas con prisas El ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma legal que permitiría al Estado promover un fondo de pensiones gestionado por entidades financieras privadas. Este modelo implica que los trabajadores destinarían una parte de su ahorro a su propia jubilación. De esta manera quienes tienen mayores retribuciones ahora gozarán de mejores pensiones en el futuro. Pensiones dignas para las personas de mayor renta, pensiones básicas para los demás. No nos parece mal que a nivel individual las personas decidan ahorrar para mejorar su calidad de vida en el futuro pero nos preocupa que se haga en detrimento del sistema de aportación definida actualmente vigente. Lo que nos repugna es que el Estado destine dinero público a estos fondos. Es decir, en vez de utilizar sus presupuestos para mejorar la vida de las personas hoy, se dedicará a meter dinero en la especulación financiera. No hay ninguna justificación económica para que el Estado se dedique a especular en los mercados financieros. Nada compromete la capacidad financiera del Estado para pagar pensiones en el futuro porque siempre tiene la capacidad de crear nuevo dinero. Lo que debe preocupar al Gobierno es planificar desde ya los recursos necesarios para atender las necesidades de las cohortes del baby boom que se jubilarán en unos años. Es decir, debe de planificar la construcción de plazas de residencias y la contratación y formación de personal sanitario y cuidadores para atender a las personas mayores.

 

Los países europeos han padecido desde 2008 dos períodos de convulsión económica: la crisis financiera global y la crisis pandémica. En cada uno de ellos hemos oído que, esta vez sí, se iba a replantear el modelo neoliberal. Pero en cuanto las aguas regresan a su cauce, las élites recuperan la sangre fría y los arrepentimientos proferidos en momentos de flaqueza se olvidan rápidamente.

El proyecto neoliberal avanza shock a shock. Así fue como la crisis financiera global permitió introducir una reforma laboral que ha sido instrumental para la represión salarial en el proceso de conversión de la economía española en una neta exportadora bajo el modelo mercantilista postulado por la Unión Europea. La crisis pandémica podía haber servido para replantear la globalización extrema que ha fragilizado nuestras cadenas de suministro, proponer una reducción permanente de la frenética actividad causante de la crisis climática o invertir en la recuperación de nuestro deteriorado estado del bienestar. Pero esta no es la salida que ha planteado el equipo económico de Pedro Sánchez.

Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá constituyen un grupo cohesionado por la solidez doctrinal en torno al pensamiento económico neoclásico. Han sabido mover sus fichas con destreza, anticipándose a sus socios de gobierno para proponer un plan de recuperación financiado con fondos “europeos”, que al no ser nacionales, permiten condicionarlo al proyecto político de la UE. Acceder a los fondos Next Generation EU exigía presentar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea.

Escrivá ha conseguido colocar a través de ese instrumento —y mucho alarmismo sobre su sostenibilidad— la reforma de las pensiones que venía persiguiendo desde que dirigía la AIReF. En el PRTR ya estaba la “creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación”. El sistema de pensiones de Escrivá tiene tres patas: una pública con un carácter progresivamente residual; una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa; y una tercera en el fondo de pensiones de empleo de promoción pública.

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa

El ministro quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado en julio de 2021 de reducir la cuantía de las pensiones públicas en 30.000 millones de euros va en esa dirección.

La propuesta había pasado desapercibida enterrada un documento extenso y de lectura farragosa. Pero ya no podemos ignorarla. El 4 de marzo se registró en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Este proyecto contempla la promoción pública de fondos de pensiones.

Un modelo socialmente regresivo

Es desconcertante que la noticia haya sido acogida con indiferencia en la opinión pública. El modelo propuesto es análogo a otras privatizaciones y segregaciones de servicios públicos como la enseñanza concertada o los seguros médicos privados.

El modelo público de reparto y de prestación definida pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva. En un modelo de capitalización esto no ocurre puesto que las aportaciones al fondo de pensiones serán mucho mayores para las personas que perciban retribuciones más elevadas. El resultado de la generalización de este modelo será una segregación entre perceptores de pensiones dignas —las complementadas con las percepciones del fondo público de pensiones— y perceptores de pensiones públicas básicas. El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional.

El fondo de pensiones de promoción pública es un caballo de Troya que puede concluir con un modelo de capitalización donde cada cual mira por sí

Inicialmente el tamaño del fondo será pequeño pero no importa cuán irrelevantes sean ahora las aportaciones de las administraciones públicas al fondo. Se abre la veda para que un próximo gobierno conservador priorice las aportaciones a los fondos de pensiones sobre el sistema de reparto y aportación definida.

Es crucial entender que este dinero saldrá de los presupuestos generales sin incrementar el bienestar presente de ningún colectivo. Podría destinarse la misma cantidad de dinero a los salarios de las plantillas del sector público. Alternativamente podría destinarse a complementar las pensiones de las personas actualmente jubiladas o a otras políticas de gasto social. Dadas las restricciones institucionales que imponen los tratados de la UE al gasto público resulta indecente que una parte acabe colocada en inversiones bursátiles, contribuyendo a hinchar burbujas financieras, en lugar de atender necesidades sociales perentorias.

Estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero. ¿Qué pasa si las personas ahorradoras pierden una parte considerable de los derechos consolidados debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Los sistemas de pensiones públicas carecen de este riesgo. Que Escrivá presente este modelo de capitalización como sostenible es, pues, un sarcasmo.

La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy

El proyecto de ley no oculta la intención de fomentar el desarrollo del negocio financiero. En la exposición de motivos de la ley se expresa sorpresa por “el estancamiento del patrimonio de los planes de pensiones de empleo desde 2012” y porque el “nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1 por ciento de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10 por ciento de la población activa ocupada”. No debería sorprender. La escasa capacidad de ahorro de gran parte de la población es la consecuencia de más de una década de políticas de represión salarial iniciadas con la reforma laboral de Rajoy.

Los gestores de fondos languidecen en el estancamiento pero la reforma de Escrivá les echa un capote. El fondo de promoción pública supondrá la contratación de una entidad gestora y de una depositaria. Las entidades financieras accederán además a una masa de ahorro financiero, parcialmente creado a través de aportaciones de las Administraciones Públicas.

El cuestionamiento permanente de las pensiones públicas

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Se utiliza el dato de las crecientes tasas de dependencia, la proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). La inminente jubilación de las cohortes nacidas durante el ‘baby boom’ se presenta como el apocalipsis de las pensiones.

El apoyo social al modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso ya añejo que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones

Pero este alarmismo parte de una comprensión errada de los sistemas de pensiones públicas. Estos son un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Su sostenibilidad depende por tanto de que tal excedente exista, es decir, de que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente como generarlo. La productividad de la economía española actual sobra para mantener a la población dependiente. Si lo que se cuestiona es esa capacidad, entonces se debe planificar desde ya la construcción de las infraestructuras necesarias y la formación y contratación del personal especializado en los cuidados de las personas mayores.

Una preocupación sincera por el bienestar de las personas jubiladas del futuro implica, por ejemplo, dotar a nuestro sistema de bienestar con plazas residenciales y personal sanitario suficientes. Con más de un 40% de desempleo juvenil no parece que el Estado esté trabajando en esa línea. Prefiere dejar que el desempleo crónico descapitalice a la población trabajadora erosionando así la productividad futura de nuestra economía.

Argumentos espurios

El proyecto de ley es víctima de mitos como que el “aumento del ahorro colectivo permitirá contar, en el conjunto de la economía nacional, con un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva”. Cae en una de las más burdas falacias de la composición. El ahorro individual efectivamente permite que un individuo pueda contar con más poder de compra en el futuro. Pero si todos decidimos aumentar nuestro ahorro simultáneamente, lo único que conseguiremos es que las empresas vendan menos creando un entorno desfavorable a la inversión. Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro.

Fomentar el ahorro financiero hoy simplemente deprime el consumo y no contribuye en nada a aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro

Las restricciones financieras que preocupan a Escrivá son puramente imaginarias puesto que el Estado tiene la capacidad de crear poder de comprar y transferirlo a la población dependiente de forma ilimitada. Ninguna política presupuestaria realizada hoy por el Estado afectará a su capacidad de pago en el futuro. Tampoco la creación de instrumentos, privilegiados fiscalmente, para la colocación del ahorro individual es una solución.

No tenemos ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en productos financieros si así lo desean. Lo que nos preocupa es que se destine dinero público a los mercados financieros y la amenaza de la segregación clasista en nuestro estado del bienestar. Disfrutar de una pensión digna no debe depender de la capacidad de ahorro individual.

¿Cómo funcionan las pensiones?

El siguiente gráfico explica de forma sencilla cómo funciona nuestro sistema de pensiones. No es necesarian ninguna hucha para hacerlas sostenibles. Tampoco es necesario que la Tesorería de la Seguridad Social tenga las cuentas equilibradas. Basta imponer un impuesto suficientemente elevado para que los productores busquen créditos fiscales para pagarlos vendiendo su producción a los perceptores de pensiones.

No hay dinero para las pensiones

El presidente Eme Punto Rajoy ha hecho esta declaración hace unos días:

"Es fácil decir 'suban las pensiones', pero si no hay dinero no se puede tomar el pelo"

Sin que sirva de precedente, por una vez le daré la razon. Es cierto que el gobierno no tiene dinero.

No tiene sentido que el gobierno tenga dinero porque el dinero del estado es solo una deuda del estado. ¿Para qué querría el gobierno una deuda consigo mismo? Esto sería tan absurdo como crear una hucha para pagar las pensiones del futuro.

Es más, un gobierno ni siquiera debe ahorrar porque, si lo intenta, solo lo puede conseguir metiendo a familias y empresas en deuda. El ahorro del gobierno no tiene sentido macroeconómico. Es mejor que un gobierno no ahorre.

Así pues, Sr. Eme Punto Rajoy, tiene más razón que un santo: no hay dinero. Pero igualmente Vd. nos está tomando el pelo. Porque Vd. tiene el poder de crear dinero.

Le voy a explicar cómo puede crear dinero.

El gobierno crea dinero cuando gasta. Basta con darle a un botón y -¡presto!- el gobierno ha creado el dinero. El 97% del dinero tiene forma electrónica; es un mero apunte contable registrado en un ordenador. Ese dinero se crea cuando un funcionario del Tesoro le da a una tecla de un ordenador.

Supongamos que un jubilado tiene derecho a una pensión mensual de 1.000 euros. Todos los meses un ordenador de la Tesorería de la Seguridad Social genera una orden automática de transferir 1.000 euros desde su cuenta a la del jubilado. Ya ni siquiera es necesario que lo haga un funcionario, ya ve Vd., Señor Eme Punto. Lo que sale de la cuenta de la Tesorería son ceros y unos. Lo que entra en la cuenta del jubilado son ceros y unos.

Lo siento por los tecnoutópicos del bitcoin. El dinero digital fue inventado hace décadas. ¡Y es más seguro que un Bitcoin!

¿Qué es lo que recibe ese jubilado? Un crédito fiscal que el jubilado u otra persona a la que le transfiera ese dinero del estado podrá utilizar para saldar sus impuestos en el futuro.

Sí, Señor Eme Punto, es así de sencillo. Así que le voy a explicar cómo puede usted conseguir ese dinero para subir las pensiones.

Vaya al Congreso de los Diputados y proponga una ley para acabar con ese engendro llamado "Factor de Sostenibilidad de las Pensiones". A continuación haga un decreto para que las pensiones suban al menos tanto como los precios. 

¿Ve como es fácil encontrar el dinero? Sólo tiene que reconocerles más créditos fiscales a los jubilados. El jubilado puede optar por ahorrar sus créditos fiscales (difícil, las pensiones no dan para tanto) o gastarlos y entregárselos a otro contribuyente que le deba más dinero a Hacienda.

Cuando un contribuyente paga sus impuestos ese crédito fiscal se cancela, se destruye. ¡Abracadabra!

Vd. tiene ese poder, Señor Eme Punto. Así que lo que ha dicho me indica dos posibilidades sobre Vd.:

• Vd. es un ignorante porque no sabe cómo funciona nuestro sistema monetario.
• Vd. es un mentiroso

Lamentablemente me da la impresión de que Vd. es ambas cosas a la vez.

La cortina de humo del fondo de reserva

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre el 27 de marzo de 2016.

En la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015 se produjo un debate entre el presidente Rajoy y el candidato Sánchez. En un momento de tensión dramática el socialista, sosteniendo en sus manos un gráfico que mostraba la evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social, le recriminó al conservador: “Fíjese en lo que ha pasado: en tan sólo cuatro años usted ha esquilmado la mitad de la hucha de las pensiones, del ahorro de los pensionistas”. El comentario es muy revelador sobre creencias muy asentadas incluso entre políticos que se dicen progresistas. Demuestra una pobre comprensión sobre la función del ahorro macroeconómico, que se asimila al ahorro individual. El líder del PSOE asumía que se pueden pagar las pensiones del futuro con ahorro del presente. Sin embargo, pretender que un fondo de reserva va a pagar las pensiones del futuro es tan absurdo como decir que, si guardamos un huevo de cada docena, un pico de la barra de pan, un botón de cada camisa que llevamos puesta o 100 mililitros de cada brik de leche que consumimos cada día, cuando seamos ancianos, podremos consumir esos alimentos y bienes que hemos guardado. Sin embargo sabemos que no es así; consumimos hoy lo que se produce hoy o, como mucho, hace unas semanas. Dentro de 30 años, todo aquel que siga vivo tendrá la oportunidad de consumir aquello que se produzca en ese tiempo. Los bienes y servicios reales no pueden ser devueltos al pasado ni enviados al futuro.

Asegurar que los ancianos puedan percibir una pensión en el futuro no depende de que se haya dotado un fondo de reserva en el pasado, sino de que haya excedentes reales obtenidos en ese momento. Los políticos deben entender que se enfrentan a restricciones reales —la disponibilidad de bienes y servicios producidos en la economía real—, no financieras. Si en el futuro la producción no es suficiente para cuidar tanto de los trabajadores como de las personas dependientes, ninguna acumulación de riqueza financiera en el pasado permitirá atender a los ancianos. El problema no estriba en pagar a quien produzca en el futuro con activos financieros de un fondo de reserva, sino en que estos productores puedan ofertar lo suficiente. Es la productividad de los factores (capital y trabajo) la que permite generar excedentes en cuantía suficiente para atender a las personas dependientes después de cubrir las necesidades básicas de trabajadores y empresarios. Si en el futuro la producción real cae, ya porque mengüe el número de trabajadores, ya porque caiga su productividad, puede que no se produzcan excedentes y habrá que elegir entre dejar que sean los trabajadores quienes pasen hambre y privaciones, o que sufran los mayores (u obligar a éstos a seguir trabajando pese a haber superado la edad de jubilación).

Entonces, ¿por qué los políticos se han empeñado en dotar un fondo de reserva? Se trata de una restricción autoimpuesta sobre el gasto público; es decir, obliga al Estado a gastar menos de lo que podría o debería. Este tipo de limitaciones encajan en la misma lógica absurda de las transferencias intergeneracionales. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que el déficit público está dejando una deuda a nuestros hijos? Es absurdo, porque el nivel de impuestos de cada momento no viene determinado por decisiones tomadas en un momento anterior, es una decisión que corresponde al presente. Un déficit pasado ni puede ni tiene que ser pagado por las generaciones futuras. Si el Estado genera una deuda pública, las generaciones futuras recibirán en contrapartida la riqueza financiera neta que añadieron dichos déficit (strictu sensu, quienes recibirán esas rentas serán quienes compraron los títulos de deuda pública o los hijos de éstos), así como las riquezas reales que se hayan generado como consecuencia del efecto de esos déficit: centros de investigación y enseñanza, una población más sana o mejores infraestructuras de transporte.


En realidad, el fondo de reserva sólo sirve para perpetuar el autoengaño sobre el cual hemos diseñado nuestro sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Hemos creado una ficción institucional según la cual las pensiones se deben pagar con las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Sin embargo, es éticamente cuestionable que sean solo éstos quienes coticen a la Seguridad Social. ¿Por qué debe recaer la solidaridad intergeneracional sólo sobre los trabajadores y empresas, y no, por ejemplo, sobre los rentistas? En cualquier caso, resulta evidente que esto no deja de ser una ficción porque, si algún día la caja de la Seguridad Social no fuera suficiente para cubrir las pensiones, el Estado se vería obligado a cubrir el déficit, mientras pueda extraer recursos suficientes de la economía.

Volviendo al fondo de reserva tan apreciado por Pedro Sánchez, a 31 de diciembre de 2014 acumulaba un saldo de 41.634.178.156,72 euros, pero, antes de que nos emocionemos al conocer la existencia de este tesoro, advirtamos de que está íntegramente invertido en títulos de deuda emitidos por el estado español. Es decir, se trata de dinero que el Estado ha sacado de su bolsillo izquierdo para meterlo en el derecho. Por tanto, la capacidad de pagar pensiones de jubilación con este fondo en el futuro dependerá únicamente de la que tenga nuestro Estado en el futuro de apartar producción real; es decir, de imponer tributos a la población para que una parte de sus rentas se transfiera a los ancianos. Si el Estado hubiera invertido estos fondos en emisiones de países extranjeros que están experimentando actualmente un crecimiento acelerado de su población laboral y de su economía, como Brasil o México, quizás podríamos felicitar a nuestros políticos por su astucia. En este caso podríamos captar parte de la producción real de estos países en el futuro y destinarla al consumo de nuestros ancianos. Sin embargo, en su diseño actual,entendemos que lo mejor que se puede hacer con la hucha de las pensiones es vaciarla y tirarla al fondo del mar para que Pedro Sánchez no la vuelva a encontrar.

Entender el problema de los excedentes reales nos ayuda a comprender el problema de las pensiones al que nos enfrentamos. Es de Perogrullo decir que, para que haya excedentes, tiene que haber producción, y para que haya producción tiene que haber gente trabajando. Pero éste es el quid de la cuestión. La demografía española se ha convertido en una seria amenaza a la sostenibilidad de las pensiones y al crecimiento de nuestra economía. España ha empezado ya a perder habitantes en 2015 al superar por primera vez las defunciones al número de nacimientos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años”.

La pérdida de población se ve agravada por el concomitante envejecimiento de la población. Según el mismo estudio del INE citado anteriormente, “el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasaría a ser el 24,9% en 2029 y el 38,7% en 2064”. Las claves del declive demográfico español es la acelerada caída en el número de nacimientos, fenómeno que será cada vez más acusado a partir de 2040. En esa década, lustros de baja fecundidad, zapa y mina de la demografía española, se cobrarán su pieza y provocarán una crisis acelerada, porque el número de mujeres en edad fértil caerá en 1,9 millones dentro de 15 años y en 4,3 millones dentro de 50 años. Aunque subieran las tasas de fecundidad, probablemente los nacimientos serían insuficientes para compensar el creciente número de defunciones.

La caída de la fecundidad se debe al retraso en la maternidad, actualmente situada en 32,7 años y que se acercará a los 33 años, y a la caída de la fecundidad por mujer en edad fértil, que se proyecta en 1,22 hijos por mujer en edad fértil para 2064. Podríamos compensar la caída de la natalidad con inmigración como hicimos durante la burbuja inmobiliaria, pero la falta de oportunidades profesionales resta atractivo a nuestro país para los extranjeros.

Las cohortes nacidas en el llamado baby boom español de los años 60 y 70 del siglo pasado deberían caer presas del pánico. No es fácil explicar cómo podrán acceder a una pensión decente cuando dentro de 20 años existan menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona dependiente. En el año 2029 la tasa de dependencia será casi de 0,6 (no llegará ni a dos trabajadores por dependiente) y en 2064 casi de 1 a 1. Con tal tasa de dependencia haría falta una población laboral extraordinariamente productiva. Teniendo en cuenta que uno de esos dos trabajadores habrá pasado la mitad de su vida en situaciones de desempleo y precariedad, sospechamos que sus capacidades productivas estarán mermadas, si no es que se ha convertido él mismo en dependiente víctima de una profunda depresión. El coste para la sociedad de haber maltratado a generaciones de jóvenes con contratos de trabajo precarios y situaciones de desempleo prolongado es la imposibilidad de asegurar el reemplazo generacional y el pago de las pensiones.

---

[i] Nota de prensa del INE Proyección de la Población de España 2014–2064 publicada el 28/X/2014