martes, 10 de noviembre de 2015
Plan Maestro Contra el Desempleo de Corea del Sur
El siguiente vínculo contiene una descripción del Plan Maestro contra el desempleo de Corea del Sur. Recuerda mucho al denostado plan E del presidente ZP.
La pregunta que debemos hacernos es por qué Corea del Sur reaccionó cuando su tasa de desempleo llego al 8% y España ha tolerado, desde que se acabó el franquismo, que el 8% sea la tasa más baja alcanzada en lo más alto de la burbuja. ¿Por qué hemos tolerado tasas de desempleo tan altas? Solo se explica por el predominio absoluto del pensamiento único neoliberal. Una catástrofe social sin precedentes salvo en períodos bélicos.
La pregunta que debemos hacernos es por qué Corea del Sur reaccionó cuando su tasa de desempleo llego al 8% y España ha tolerado, desde que se acabó el franquismo, que el 8% sea la tasa más baja alcanzada en lo más alto de la burbuja. ¿Por qué hemos tolerado tasas de desempleo tan altas? Solo se explica por el predominio absoluto del pensamiento único neoliberal. Una catástrofe social sin precedentes salvo en períodos bélicos.
martes, 3 de noviembre de 2015
Rescates ciudadanos: ¿renta básica o garantía de empleo?
Al acercarse la fecha de las
elecciones a Cortes los partidos políticos han empezado a difundir sus
propuestas. En el variado espectro situado a la izquierda han surgido varias
propuestas dirigidas a atender al numeroso colectivo de damnificados por la
crisis que, pese a la recuperación, aun languidecen en situaciones de paro y
pobreza.
Es de sobra conocido que
nuestro estado de bienestar es de los más ineficaces de Europa. El estudio Social Expenditure Update publicado por
la OCDE[i] revela que, en las
sociedades mediterráneas, las ayudas públicas pagadas en efectivo benefician a
las rentas más altas. La razón es que muchas de estas ayudas están vinculadas a
un historial laboral y a cotizaciones sociales excluyendo de su cobertura a
personas marginadas que, con suerte, solo han podido trabajar en el sector
informal. Además, no llegan a 1,2 millones los parados que reciben una
prestación de desempleo cuando el total se acerca a los 5 millones. Por este
motivo las situaciones de paro prolongado están teniendo un impacto tremendo en
el aumento de la pobreza y la marginación. Es desgarrador reconocer que, aunque
la economía se recuperara y volviéramos a los niveles de producción de 2007,
probablemente muchos parados de larga duración ya no encontrarán empleo.
Dos propuestas que atienden a los que no tienen recursos
están compitiendo en el mercado electoral. Por una parte, la renta mínima, también llamada renta básica; por otra, el plan de empleo garantizado. La primera
parte con ventaja pues ha suscitado un cierto debate y existen propuestas
competidoras. Sus adalides han sido Podemos, partido que ha mostrado algún
titubeo cuando se empezó a cuestionar su viabilidad económica desde los medios
de comunicación y los partidos “respetables”. Sin embargo recientemente el PSOE
ha presentado una propuesta modesta y, quizás por ello, Podemos se siente más
cómodo recuperándola con mayor decisión. La segunda ha pasado más desapercibida,
quizás porque solo ha sido defendida por Izquierda Unida, para ser más precisos,
por el candidato Alberto Garzón.
La renta mínima asegura a todos los ciudadanos un ingreso
mínimo que garantice sus necesidades más elementales. La propuesta es muy
antigua pues, ya en el siglo XVIII, el inglés Thomas Paine proponía un impuesto
sobre la tierra y los patrimonios para destinar esos recursos a los más pobres;
porque «la tierra, en su estado natural, era propiedad de toda la raza humana».
Una propuesta limitada podría consistir en asegurar que todos dispongamos de
esa renta mínima que nos asegure una vida digna sean cuales sean nuestras
circunstancias.
Podemos propone una renta básica de € 600 mensuales con un
35% adicional si el perceptor convive con otra persona adicional en lo que
llaman una “unidad de convivencia” y otro 20% por cada miembro adicional de la
unidad familiar. En el caso de que la beneficiaria encontrara un empleo, la
renta básica se iría reduciendo gradualmente. El PSOE propone una renta mínima
que ha llamado “ingreso mínimo vital” que se reconocería como derecho en la
Constitución “ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de
una vida digna”. Su propuesta parece un poco más limitada pues sería una ayuda
destinada a personas que se encuentran en situación de pobreza y el importe
alcanza los 426 euros.
La garantía de empleo consiste en que el estado ofrece a
todo aquél que esté dispuesto y sea apto para el trabajo un puesto remunerado
en condiciones comparables a las de cualquier otro trabajador con un contrato
indefinido. El empleo se desarrollaría en organismos públicos, agencias
estatales y podría ampliarse a ONG. La idea fue planteada por Hyman Minsky hace
varias décadas y la describí con cierto detalle en un artículo publicado en
esta misma columna hace unos meses (http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2015/04/14/podemos_acabar_con_desempleo_garantia_empleo_31244_1121.html
). La garantía de empleo pretende conseguir varios objetivos. El primero es,
obviamente, remediar situaciones de desempleo, pobreza y exclusión social. Además
tiene la ventaja de actuar como una especie de stock de reserva que estabiliza
los salarios y evita que, durante las crisis económicas, el ajuste se haga
siempre a costa del empleo. El pool de contratados aumentaría en épocas de
recesión mientras que, en épocas de bonanza, se reduciría por el aumento en la demanda
de trabajadores por parte del sector privado. El programa estabilizaría los
salarios y evitaría que los empresarios ofrecieran condiciones de explotación
pues el trabajador siempre tendría la opción de recurrir al plan de empleo
garantizado si sintiera que le están ofreciendo condiciones indignas en el
sector privado.
Quizás el aspecto más interesante es el de evitar que la
gente se “descapitalice” al pasar períodos de desempleo prolongado. La
evidencia empírica demuestra que, en las épocas que suceden a las crisis
económicas, las empresas prefieren contratar en primer lugar a aquéllas
personas que llevan menos tiempo en el paro. También es conocido que las
personas jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en épocas de alto
desempleo suelen tener carreras profesionales menos fructíferas. La garantía de
empleo permite a personas, que no podrían obtenerlo de otra manera, hacerse con
un historial profesional. Por este motivo Warren Mosler lo llama también “empleo de transición”.
El objetivo no es quitarle trabajadores al sector privado
sino facilitar que aquellos que no tienen empleo sean atractivos para el
mercado. Tampoco plantea una competencia desleal a los empleados del sector
público. Muchos de los puestos creados lo serían en el cuarto sector y no
sustituirían a los funcionarios públicos.
Alberto Garzón ha propuesto un programa de garantía de empleo que contrataría a un
millón de personas, sobre todo en áreas de servicios sociales, medio ambiente,
cuidado de espacios urbanos y actividades recreativas, culturales y de ocio. Ofrecería
un contrato indefinido retribuido con un sueldo 900 a 1.200 euros brutos
mensuales con una duración de 25 horas semanales.
La pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo se
financiarían estos programas? Con unos niveles descomunales de pobreza y
desempleo, estos programas de rescate ciudadano tendrían un coste elevado para
el estado. La pregunta sobre la financiación es, por tanto, pertinente. La
propuesta de IU presupone un aumento del gasto público de 15.000 millones de
euros. Pero hay que tener en cuenta que esos salarios cotizan a la seguridad
social y están sometidos a tributación por lo que parte del desembolso
retornaría al estado. Por tanto sus proponentes aducen que costaría unos 9.000
millones, menos del 1% del PIB (recordemos que el rescate de las cajas llegó a
costar el 4% del PIB español). Los cálculos que ha presentado Podemos a la opinión
pública aseguran que su programa de renta básica, que beneficiaría a un
colectivo mayor de personas que estiman en 7,8 millones de personas, tendría un
coste inicial de 15 mil millones de euros gracias a una introducción gradual.
Los partidos que postulan la renta básica o el empleo
garantizado arguyen que se podrían financiar con una más eficaz lucha contra el
fraude fiscal, mejoras de los sistemas tributarios y una senda de reducción del
déficit público más gradual. También alegan que sus propuestas serían
sustitutivas de otras ayudas públicas, tales como la prestación de desempleo o
la renta de inserción, y, por tanto, se reasignarían partidas presupuestarias
ya existentes.
Al realizar este tipo de argumentos quizás la izquierda haya
caído inadvertidamente en las trampas dialécticas del neoliberalismo con su
fobia al gasto público y sus advertencias de que ya viene la inflación feroz. La
izquierda tiene que enfrentarse a la tarea hercúlea de defender sus propuestas
y además explicar por qué son viables ante una opinión pública escéptica. Debería
empezar con un esfuerzo didáctico para recordar la extraordinaria eficacia que
demostraron las políticas keynesianas aplicadas en el mundo occidental hasta
los años 70. Habría de defender el potente efecto multiplicador que tendrían
estos programas de gasto público. También se le podría pedir más coraje a la
hora de exigir a la Unión Europea un cambio de políticas. Por ejemplo, en vista
de la catastrófica situación social de nuestro país y otros de la periferia,
sería exigible una política de transferencia de rentas desde los países con
superávit comercial. También debería demandar una reforma del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea que permitiera al Banco Central Europeo
financiar a los estados para que estos puedan superar los arbitrarios y
contraproducentes límites impuestos por el Tratado de Maastricht sin ser
reducidos a la disciplina presupuestaria por “los mercados”. Sabiendo que estas
exigencias no serán atendidas, la izquierda debería estar dispuesta a apretar
ese botón nuclear que es proponer la salida del euro.
La otra pregunta
inevitable es si ambos programas son compatibles. En principio la respuesta,
más allá de las limitaciones presupuestarias, es que lo son. De hecho, la
propuesta de rescate ciudadano presentada por IU contempla combinarlos. La
renta básica es más sencilla de aplicar. En cambio un programa de trabajo
garantizado exige a la administración pública un esfuerzo de organización e
imaginación. Por este motivo un gobierno se vería tentado de implantar un
programa de renta básica antes que uno de garantía de empleo. Pero, ¿qué pasa
si un ciudadano puede elegir entre cobrar la renta mínima o pedir un empleo?
¿Debe el estado ofrecerle ambas opciones?
El estado cuenta con
la ventaja de que muchas personas no querrán participar en un programa de
empleo garantizado; sobre todo aquéllas con mayor nivel formativo,
probablemente preferirían seguir buscando un empleo en el sector privado. El programa de empleo garantizado será siempre
voluntario, no se obligará a nadie a trabajar si no lo desea. ¿Eso quiere decir
que tendrían derecho a una renta mínima mientras buscan empleo?
Pienso que, a pesar
del reto organizativo, el estado debería favorecer los programas de empleo
garantizado sobre los de renta mínima. En primer lugar, un programa de renta
mínima muy generoso tendría el efecto de retirar a personas aptas del mercado
de trabajo. En una recuperación económica las empresas podrían encontrarse con
dificultades para contratar empleados si un programa de renta básica ha
retirado a parte de la fuerza de trabajo. Esto podría limitar la capacidad
productiva e incluso generar tensiones inflacionistas.
Por otra parte la
picaresca puede aprovecharse fácilmente de un programa de renta mínima. Algunas
personas podrían verse tentadas a completar sus ingresos con un trabajo en el
sector informal. Empresarios poco escrupulosos podrían aprovecharlo para pagar
menos a sus trabajadores clandestinos convirtiendo la renta mínima en una
subvención encubierta a las empresas. Finalmente, reconozcamos que determinadas
tareas menos agradables dejarían de hacerse. Entre atender a ancianos
severamente impedidos o trabajar en el servicio de recogida de basuras ¿quién no preferiría quedarse en
casa cobrando una renta?
Un programa de garantía de empleo permite mantener a una fuerza laboral formada y preparada y además genera servicios que tienen valor para la sociedad. Además la Garantía de Empleo atiende a la profunda necesidad del ser humano de recibir el reconocimiento de sus semejantes implícito en percibir una retribución salarial. Creo que los programas de renta mínima deberían reservarse a colectivos que no tienen capacidad de trabajar como consecuencia de situaciones de invalidez, cargas familiares y otras que imposibilitan a una persona a ofrecer su trabajo.
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