¿Por qué crea el estado desempleados que no quiere contratar?

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre.

El trabajo es toda actividad productiva que realiza el ser humano. Trabajan el médico cuando trata a sus pacientes, el maestro cuando imparte sus clases, o el obrero que coloca ladrillos con maestría. Lo hacen también la madre que cuida de sus hijos o la mujer que desempeña labores de voluntariado en una ONG. La diferencia entre los primeros y los segundos es que a cambio aquéllos perciben una retribución dineraria, es decir, poder adquisitivo que da derecho a participar en el reparto de los bienes y servicios producidos en la economía de mercado que se encuentran a la venta solo a cambio de dinero creado por el gobierno o los bancos. Se desarrollan sin embargo numerosas tareas excluidas del ámbito del mercado, asignadas por cierto con mayor frecuencia a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Un trabajador vende sus servicios al mercado porque quiere conseguir dinero a cambio. El empleo es siempre un fenómeno monetario. Por eso podemos definir el desempleo involuntario como mano de obra ofrecida al mercado a cambio de moneda del estado que no encuentra comprador. Este empleo puede ser comprado por el sector privado o por el estado. Si existe desempleo involuntario es porque ni el sector privado ni tampoco el gobierno quieren aumentar sus gastos para ocupar esos recursos ociosos.

Para entender esto describamos un escenario. Supongamos que partimos de un período en el que existe plena ocupación. En esta situación, de equilibrio inicial, supongamos que nadie ahorra, es decir todo el mundo gasta su renta íntegramente y por tanto todo lo que se produce se vende. El gasto de todos es igual a las rentas —salarios, beneficios, impuestos, alquileres, intereses, etc.— de todos y por fuerza es igual también a toda la producción de la economía. Esta identidad se mantiene siempre a nivel macroeconómico:

INGRESO=GASTO=PRODUCCIÓN

Si por la razón que sea (porque los hogares y las empresas decidan que quieren reducir su deuda, porque haya una situación de incertidumbre o porque los extranjeros decidan no comprar nuestros productos) en un período posterior cambia el comportamiento del sector no gubernamental —en el que incluimos a hogares, empresas y al sector exterior— y éste prefiere ahorrar una parte de su renta entonces una parte equivalente de la oferta de bienes y servicios se quedará sin vender. En ese caso las empresas tendrán que reducir su oferta y es probable que despidan a algunos de sus empleados.

El trabajo no es un rábano

Nadie puede obligar al sector privado a consumir más de lo que quiere o a ahorrar menos. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando aumenta el desempleo? Desde la escuela neoclásica nos dicen que la respuesta es bajar el coste de los salarios ya que el trabajo sería como cualquier otra mercancía. Si por ejemplo cae la demanda de rábanos en el mercado los productores podrían darles salida tirando los precios. Decimos entonces que la curva de demanda de los rábanos tiene una forma descendente hacia la derecha en el eje de ordenadas: a menor precio mayor cantidad vendida y viceversa. Si creemos que el trabajo es como los rábanos entonces la prescripción para acabar con el desempleo es sencilla: bajar los salarios. Sin embargo, el mercado de trabajo remunerado no es como el de los rábanos. Para la mayoría de las personas los salarios son su principal fuente de ingresos. Bájense los salarios y observaremos una caída en el consumo de los consumidores y en las ventas de las empresas provocando nuevas caídas de empleo. El economista Esteban Cruz y este autor ya explicamos en un artículo anterior la paradoja de los costes. Los ahorros en costes salariales pueden ir acompañados de menores ventas que deterioran la tasa de beneficios de los empresarios y por tanto desaniman el empleo (Cruz & Medina Miltimore, 2016).

El siguiente gráfico, elaborado por el economista Luis Gómez con datos de los ejercicios 2008 a 2014, demuestra que la caída de los salarios, lejos de haber aumentado el empleo tuvo el efecto contrario. Luis Gómez explica que al iniciarse la crisis se desechó primero a los trabajadores ocasionales y jóvenes que eran también los peor pagados. Esto tuvo el efecto aparente de mostrar un crecimiento salarial asociado a un aumento del desempleo. Los economistas neoliberales y la Comisión Europea utilizaron este efecto estadístico para justificar el ataque contra los trabajadores iniciado en 2010. Sin embargo, después de 2010 la caída del empleo fue muy intensa pese a que también cayeron los salarios. La caída de los salarios ha sido inútil para crear empleo.

Las recetas prescritas por el dogma vigente fueron acompañadas en 2010 por un giro incomprensible hacia la austeridad. Desafiando toda la evidencia en contra de la utilidad de fijar unos objetivos de déficit, los dirigentes europeos llegaron a asumir una superstición aberrante, la ‘austeridad expansiva’ que es a la ciencia económica algo así como el hielo ardiente, la sosa cáustica potable o el plomo ligero. Esta doctrina oximorónica afirmaba que un recorte de los gastos públicos liberaría recursos para que el sector privado los empleara de forma más productiva acelerando la recuperación. Esta hipótesis fue introducida por Francesco Giavazzi y Marco Pagano en 1990 en un trabajo que presentaba las reestructuraciones fiscales de Dinamarca e Irlanda en los años 80 como ejemplo (Giavazzi & Pagano, 1990). Los autores, que observaron cómo recortes en el gasto público coincidieron en el tiempo con una recuperación de esas economías, olvidaron tener en cuenta que esos países, relativamente pequeños, consiguieron salir de sus crisis económicas gracias a la expansión de sus exportaciones a otros países europeos que sí aplicaron políticas fiscales expansivas.

La hipótesis fue vendida a los responsables de la UE por Alberto Alesina en un discurso ante la reunión del ECOFIN que tuvo lugar en Madrid en 2010 en Madrid. En esta intervención aseguraba que los «ajustes fiscales, aunque sean grandes, que reducen los déficit presupuestarios, pueden conseguir una reducción relativamente rápida de los coeficientes de deuda sobre el PIB sin causar recesiones». Añadió que « (…) una política fiscal anticíclica basada en incrementos de gasto durante recesiones y aumentos de impuestos para corregir los déficits durante una expansión es probable que sea contraproducente además de implicar un avance inadvertido del tamaño del gobierno cuando éste ya está en torno al 50% del PIB en algunos países europeos. (…) [L]as distorsiones políticas (…) retrasan la reducción de los déficit además de las inevitables ‘demoras de larga duración y variables’ asociadas con la política fiscal en una democracia, que incluso en el caso de las expansiones fiscales hacen que esta herramienta sea torpe para la gestión del ciclo de los negocios» (Alesina, 2010).

A esta perversión doctrinal se añadió el diseño contraproducente de una unión monetaria uno de cuyos puntales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), imponía un límite al déficit público del 3% sobre el PIB. Este límite podría ser efectivamente excesivo en una situación en la que la economía crece a buen ritmo y empiezan a producirse tensiones inflacionistas. Sin embargo en una situación de recesión lo conveniente puede ser que el déficit público alcance un valor superior a ese guarismo. Forzar una economía a entrar en una senda de reducción de déficit puede ser contraproducente no solo porque dificulte la salida de una situación económica desfavorable profundizando el desempleo sino también porque puede convertir el “objetivo” en uno móvil. Si la política fiscal prudente y razonable fuera aumentar el déficit pero un gobierno decide someterse a los dictados del PEC lo que sucederá casi con total seguridad es que no consiga sus objetivos. El efecto recesivo de tales políticas podría profundizar la caída en la recaudación o provocar caídas en el Producto Interior Bruto (PIB), el denominador de este coeficiente de deuda que nos imponen los Tratados de la Unión Europea, convirtiéndolo en un objetivo móvil que, cuanto más se esfuerza el gobierno en conseguir, más se aleja. Un objetivo de déficit sobre el PIB resulta extremadamente ambiguo e impreciso. De hecho el dato del cociente entre déficit y PIB ni siquiera nos da mucha información acerca del posicionamiento presupuestario del gobierno. Según las circunstancias, un aumento de este coeficiente puede reflejar una política consciente del gobierno por estimular la economía, la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos durante una recesión o incluso un posicionamiento fiscal contractivo.

Las finanzas funcionales dictan la fiscalidad responsable

Un gobierno responsable debe encargarse de que las personas que hayan perdido su puesto de trabajo vuelvan a encontrarlo. Depende del estado movilizar esos recursos ociosos gracias a su capacidad fiscal. Para comprender este protagonismo del estado hay que entender antes cuál es la función de la fiscalidad. Al imponer tributos a la población el estado pretende encauzar recursos reales hacia los fines públicos. La forma en que opera este mecanismo es que el estado genera demanda por su moneda al imponer un tributo que los ciudadanos solo pueden pagar con ella. Para conseguir esa moneda hogares y empresas ofrecen sus servicios al estado. Naturalmente esta oferta incluye la oferta de empleo. De esta forma el sector privado obtiene la moneda con la que puede saldar su deuda con el estado.

El sector privado tiene unos objetivos de consumo y ahorro que no necesariamente serán compatibles con comprar toda la oferta disponible de bienes y servicios a la venta. Pero el estado siempre puede comprar la diferencia. Si el estado impone tributos demasiado elevados o no gasta lo suficiente dejará en manos del sector privado una cantidad de dinero insuficiente para saciar sus necesidades de consumo y sus objetivos de ahorro. En estas circunstancias surgirá el desempleo involuntario. Hay personas que quieren dinero del estado y no lo encuentran. Existe pues una demanda por el dinero del estado que no se ha satisfecho y por tanto los agentes económicos no mantendrán un nivel de gasto agregado que adquiera todo lo que está a la venta en la economía. Si existe producción que se queda sin vender el desempleo aumentará. Esa oferta total de bienes y servicios por supuesto incluye la oferta de mano de obra.

Los impuestos son el mecanismo que utiliza el estado para canalizar recursos reales hacia los fines públicos. Si el gasto es insuficiente o los impuestos son demasiado altos la manifestación será el desempleo. Como decía Warren Mosler “¿Qué sentido tiene que el estado no contrate a todos los trabajadores que ha dejado desempleados?”. En una situación de desempleo elevado la única respuesta sensata es que o bien el estado baje los impuestos para dejar mayor poder de compra en poder del sector no gubernamental y aumente su gasto o bien aumente el gasto público para comprar la producción que el sector privado no quiere adquirir. Las políticas tradicionales ponen mayor poder de compra en manos del sector privado confiando en que éste lo destine a crear empleo. Este mecanismo indirecto en el que la política fiscal trata de “cebar la bomba” de la demanda normalmente resulta decepcionante. La forma más directa, eficiente y económica de crear empleo es que el estado contrate a todos aquellos que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector privado mediante un programa de empleo garantizado. Este programa permitiría atender muchos de los múltiples problemas sociales que el estado ahora no atiende de forma adecuada. El desempleo es la prueba de que el déficit fiscal es insuficiente. Es hora de que el estado asuma su responsabilidad en el problema del empleo y aumente el déficit.

Referencias

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Abril 2010. Discurso ante la reunión del Ecofin de Madrid el 15 de abril de 2010.

Cruz, E., & Medina Miltimore, S. (2016, 02 01). Daños irreversibles: el FMI descubre la paradoja de los costes. Retrieved from Luces Rojas. Info Libre.: http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2016/02/01/danos_irreversibles_fmi_descubre_paradoja_los_costes_44074_1121.html

Giavazzi, F., & Pagano, M. (1990). Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries. NBER Macroeconomics Annual 5, 75–111.

El programa económico de Ciudadanos: esa sensación de “déjà vu”

Artículo escrito por Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore y publicado en la sección Luces Rojas de Infolibre. 

Las premisas básicas del programa económico de Ciudadanos fluyen de forma que es difícil discrepar: necesitamos competir en un mundo globalizado, luchar contra la precariedad laboral, acabar con el capitalismo de amiguetes y con el despilfarro público. Estas cuestiones responden a lo que la mayoría considera de sentido común, de las que surgen las medidas destinadas a la creación de empleo que aquí brevemente analizamos. «¡Hay que avanzar hacia el modelo danés!», exclaman, introduciéndonos a un concepto que tildan de rompedor: la “flexiseguridad”. El triángulo de oro a los daneses les funciona, pero, ¿lo haría igual para nuestra estructura económica e institucional? ¿Es que el mercado laboral puede entenderse separado del funcionamiento del mercado de bienes y servicios? Evidentemente no nos parecemos mucho a los “latinos del norte” como llaman a los daneses; y en el planteamiento de una fuerza laboral cuyo mercado se autorregula como cualquier otra mercancía subyace una visión muy ortodoxa de cómo funciona la economía. Aseguran que su programa está construido «desde la sensatez y la confianza»,  lo que en términos generales significa que no se han desviado ni un ápice de los principios que en materia económica nos han llevado hasta la situación actual, vamos a verlo.

El programa de C’s responde nítidamente al canon neoliberal dominante. No pudimos evitar la impresión de haberlo leído antes. La doctrina, el lenguaje, incluso el estilo recuerdan a los informes surgidos de la Comisión Europea. Por ejemplo, consulten el “Country Report Spain 2015 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances”. Busquen las siete diferencias.

Desde el preámbulo hasta el final del epígrafe nos vamos encontrando de forma reiterativa con los aspectos fetiche de una gestión de la economía responsable: formación, competitividad y emprendimiento. Preocuparse únicamente por los ingredientes por el lado de la oferta dejan hueca la receta para salir de la crisis, unos cimientos muy débiles para el objetivo que se proponen: un modelo de crecimiento a largo plazo sostenido por la innovación.

Las herramientas que integran la estrategia de formación parecen ir en línea de evitar los chanchullos del sistema actual, señalando a la patronal y sindicatos. El desempleado pasaría a recibir la ayuda en forma de bonos que podrá destinar a los cursos que él elija, compitiendo las empresas que ofrezcan los diversos cursos por atraerlo. Para esta medida proponen elevar el dinero que se destina para asegurar su éxito, pero además el trabajador parado será orientado en la búsqueda de empleo por agencias privadas de colocación a través de un servicio de empleo individualizado con perfiles curriculares. Aquí tenemos una gran oportunidad de negocio privado para que unos pocos se forren mareando a los desempleados en la búsqueda de empleos que no existen.

Ciudadanos reconoce que el «estigma asociado a una experiencia continuada en el desempleo se ve reforzado por la carencia o depreciación de las competencias necesarias para su reintegración laboral». No podemos estar más de acuerdo. Sin embargo discrepamos de la clásica receta que culpabiliza al parado y que trata de exponer el problema del desempleo a nivel microeconómico, como consecuencia de un sistema de incentivos mal planteado. El problema del desempleo no es la formación, ni las leyes laborales, ni la prolija normativa burocrática. Fiarlo todo a las políticas de oferta no resolverá el problema. Es un problema de falta de demanda y de expectativas de beneficios en los mercados de bienes y servicios que llevan al empresario a no ampliar su capacidad de producción y por tanto, a no contratar trabajadores.

Mientras esperamos a que estas personas, cada vez más formadas, encuentren trabajo gracias a una futura reactivación. ¿De qué van a vivir si ya no cobran una prestación de desempleo? Al final, si, sorprendentemente, las políticas activas de empleo no funcionan para algún zoquete, para este colectivo, Ciudadanos transige con una “Renta de Reintegración”, percepción condicionada a que el desempleado, obedientemente, siga dedicando su tiempo a más formación.

También hay soluciones para los bajos salarios y la precariedad laboral. La segunda propuesta estrella de Ciudadanos es crear un marco laboral que elimina la temporalidad, que en la práctica convierte todos los contratos en temporales. Es lo que llaman pedantemente el marco de «relaciones laborales 2.0». El contrato temporal se sustituye con el “contrato para la igualdad de oportunidades”. La clave está en la “flexibilidad empresarial” combinado con la “estabilidad laboral”.  Las indemnizaciones por despido se sustituyen por la “cuenta individual para el despido”, una retención del salario equivalente al 1% de su salario. Ya no son todos los trabajadores en activo quienes aseguran al trabajador despedido, es el seguro contratado por el empresario el que cubre esa contingencia mediante un instrumento de ahorro forzoso impuesto al trabajador. Además el empresario ya no asume el coste de indemnizar al trabajador despedido sin causas objetivas. Aquí detectamos otra gran oportunidad de negocio privado, en este caso para el sector financiero al cual se confiaría la gestión del seguro.

Para acabar con los salarios bajos proponen un “Complemento de Garantía Salarial (CSG)” que cobrarían las rentas que no superen un determinado umbral como una bonificación en el impuesto sobre la renta. Nuestra principal pega al CSG es que acabe funcionando como una subvención para que los empresarios igualen por abajo los salarios.

El programa aborda una reforma de los impuestos directos que los simplifique para reducir oportunidades de evasión fiscal, aumentar la recaudación fiscal y recuperar a las clases medias trabajadoras. Dentro de este último objetivo encajaría el CSG pero recalcamos que es para las clases trabajadoras porque, si usted no está empleado, no lo percibirá, es decir pensionistas y desempleados no se beneficiarán del CSG. El desbrozo de nuestro sistema fiscal es una asignatura pendiente que aplaudimos pero, caveat emptor, las más beneficiadas por la reducción de tipos en la escala de gravamen que propone C’s son las rentas muy altas.

Otro pilar de Ciudadanos son las reformas estructurales destinadas a competir en un mundo globalizado. No se trata de «reindustrializar siguiendo patrones obsoletos» —suponemos que se refieren a las políticas que tanto éxito tuvieron en toda Europa en los años 50 y 60 y que llevaron a una situación de pleno empleo—. Aquí C’s descubre el Orinoco y, de paso, que el problema del tejido empresarial es que predominan las PYMES con escasa capacidad de innovación. Para resolver este asunto proponen fórmulas de colaboración público-privada, poniendo los Organismos Públicos de Investigación al servicio de las empresas a través de lo que llaman la “Red Cervera”. ¿En qué difiere esto de lo que se lleva haciendo en esta materia en los últimos veinte años? Sorprendentemente, tras loar las excelencias de la I+D el programa profundiza en determinados sectores. ¿Cuáles? Los de siempre, turismo y agroalimentario.

En este epígrafe destinado a la innovación son continuas las referencias a Estados Unidos, pero se olvidan quizás de lo más importante: la potentísima implicación del Estado en la innovación, no solo para apoyarla, sino para liderarla. Nos aclaran que las empresas en España no crecen hasta el mismo tamaño que en otros países, lo cual se achaca ¡a la excesiva regulación! Nos descubren que los emprendedores pasamos horas y horas haciendo trámites y papeleos, y que nos da miedo crecer. La solución que sugieren son las ventanillas únicas, unificación de trámites, etc. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde ha estado viviendo el principal artífice de este programa todos estos años? Uno de los firmantes de este artículo constituyó su empresa en menos de 48 horas gracias a la figura de la SLNE hace 11 años. Siempre es bueno que nos reduzcan los trámites burocráticos, pero lo determinante para la actividad es una reactivación de la demanda, tener expectativas de beneficios.

Para fomentar la innovación C’s plantea fomentar esos mismos préstamos blandos que cargan a las empresas de deudas y luego las llevan a concurso de acreedores. También nos aclaran que las empresas no sabemos buscar el dinero. Supongo que los autores no han sido emprendedores tecnológicos: no es que no sepamos, es que no existen fuentes de financiación. Pero la excusa es buena para introducir otro programa de formación, éste para el emprendedor. Empresario, si Vd. vota a Ciudadanos no sabemos si encontrará capital y negocio, lo que sí sabemos es que no le van a quedar horas para dedicar a otra cosa que no sea formación. En una apuesta menos alejada de la realidad que la del plan Juncker, proponen la aportación de fondos públicos a través del ICO con match funding en cumplimiento del sacramento neoliberal de que el Estado necesita la sabia guía de la iniciativa privada pues no sabría tomar decisiones de inversión.

Una propuesta interesante es que los créditos fiscales generados por la actividad de I+D que no puedan ser aprovechados por el empresario por estar en situación de pérdidas puedan ser transmitidos al fondo de inversión. La idea sin duda merece alguna atención aunque, de nuevo, parece que los autores no se han leído la Ley del Emprendedor que, en determinados supuestos, permite solicitar el abono de la deducción a la Administración Tributaria. El olvido de esta Ley lo revela la sugerencia de introducir incentivos para el establecimiento de profesionales extranjeros con visas exprés y un paquete de recibimiento (entendemos que los exiliados sirios no podrían beneficiarse de estas ayudas). Los autores de ésta análisis preferiríamos un plan para recuperar a los miles de investigadores españoles con talento que han tenido que largarse de este país.

Entre los autónomos detectan una baja tasa de supervivencia y una escasa vocación emprendedora, ignorando que se trata de autoempleo de parados desanimados. ¿Solución? De nuevo, más formación. También sugieren que los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no tengan que darse de alta ni paguen cuotas de Seguridad Social. Está bien, pero en nuestra opinión, el objetivo sería que no hubiera nadie en esa situación; no legalizar el mercado negro de trabajo. No obstante, como proponen unificar los inspectores de Hacienda con los de trabajo nos tememos que el efecto final sea que se siga persiguiendo el fraude fiscal y cada vez menos el fraude laboral.

¿Y de la moneda común? Que hace falta «más Europa», lo que significa que los países del Sur debemos comprometernos «con seriedad a un programa de reformas estructurales» y racionalizar el gasto de las administraciones a todos los niveles tal y como se expone en las recomendaciones de la Comisión Europea para España. A cambio, los países del Norte mostrarán su solidaridad con nosotros con un fondo de desempleo que se destinará íntegramente —sí, lo han adivinado— a financiar programas de formación.

En fin, que si como predicen las encuestas, Ciudadanos es determinante en el nuevo Gobierno, seguiremos teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas entre los países de la OCDE y nuestra marcha dependerá de estímulos externos. El “más difícil todavía” si, como dice el FMI, todos los países acometen políticas de austeridad y de devaluación interna. Olvidémonos de una política expansiva que conecte el gasto fiscal y las inversiones en innovación a través de un sector público fuerte y una estructura del euro funcional.

No negamos el papel emprendedor del sector privado, pero creemos que es preciso superar el desprestigio del Estado como enemigo de la empresa si queremos salir de la crisis. Las resistencias hacia la relación de simbiosis entre el sector público y privado parte de una ideología interesada en extraer unos beneficios privados más elevados para unos pocos a costa de reducir el bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, en mantener una relación parasitaria. Un planteamiento coherente con el funcionamiento de los balances sectoriales se apoya en la visión de un Estado que dinamiza la economía y sirve al bienestar social mediante la ampliación y creación de mercados y la satisfacción de necesidades sociales, contribuyendo al objetivo de pleno empleo y al aumento de la riqueza total. Para financiar el crecimiento no solo hay que ser inteligente, sino también inclusivo.

Una economía dinámica no puede sobrevivir a la incertidumbre sumida en la desigualdad y el despilfarro de recursos, pues es la expectativa de realización sobre los beneficios futuros lo que lleva a las empresas a invertir e innovar, aumentando su capacidad productiva e impulsando los cambios tecnológicos radicales. Las medidas expuestas en el programa de Ciudadanos deberían complementarse con otras que activen el papel fundamental de la demanda para su éxito, lo que hace necesario repensar el papel del Estado en la economía. Si llevamos veinte años desarrollando políticas similares sin resultados, ¿qué nos hace pensar que ahora sí van a funcionar? ¿O volveremos a crear una nueva ilusión de prosperidad cubriéndonos con alguna burbuja?

Esteban Cruz Hidalgo es Licenciado en Economía y Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad Economía, Empresa y Trabajo. Miembro da ATTAC Extremadura, del Instituto de Economía Política y Humana y de La Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios.

Stuart Medina Miltimore es vicepresidente de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Además es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas de diversos sectores.

Rescates ciudadanos: ¿renta básica o garantía de empleo?

28 de octubre de 2015

Artículo publicado originalmente en InfoLibre

Al acercarse la fecha de las elecciones a Cortes los partidos políticos han empezado a difundir sus propuestas. En el variado espectro situado a la izquierda han surgido varias propuestas dirigidas a atender al numeroso colectivo de damnificados por la crisis que, pese a la recuperación, aun languidecen en situaciones de paro y pobreza.

Es de sobra conocido que nuestro estado de bienestar es de los más ineficaces de Europa. El estudio Social Expenditure Update publicado por la OCDE[i] revela que, en las sociedades mediterráneas, las ayudas públicas pagadas en efectivo benefician a las rentas más altas. La razón es que muchas de estas ayudas están vinculadas a un historial laboral y a cotizaciones sociales excluyendo de su cobertura a personas marginadas que, con suerte, solo han podido trabajar en el sector informal. Además, no llegan a 1,2 millones los parados que reciben una prestación de desempleo cuando el total se acerca a los 5 millones. Por este motivo las situaciones de paro prolongado están teniendo un impacto tremendo en el aumento de la pobreza y la marginación. Es desgarrador reconocer que, aunque la economía se recuperara y volviéramos a los niveles de producción de 2007, probablemente muchos parados de larga duración ya no encontrarán empleo.

Dos propuestas que atienden a los que no tienen recursos están compitiendo en el mercado electoral. Por una parte, la renta mínima, también llamada renta básica; por otra, el plan de empleo garantizado. La primera parte con ventaja pues ha suscitado un cierto debate y existen propuestas competidoras. Sus adalides han sido Podemos, partido que ha mostrado algún titubeo cuando se empezó a cuestionar su viabilidad económica desde los medios de comunicación y los partidos “respetables”. Sin embargo recientemente el PSOE ha presentado una propuesta modesta y, quizás por ello, Podemos se siente más cómodo recuperándola con mayor decisión. La segunda ha pasado más desapercibida, quizás porque solo ha sido defendida por Izquierda Unida, para ser más precisos, por el candidato Alberto Garzón.

La renta mínima asegura a todos los ciudadanos un ingreso mínimo que garantice sus necesidades más elementales. La propuesta es muy antigua pues, ya en el siglo XVIII, el inglés Thomas Paine proponía un impuesto sobre la tierra y los patrimonios para destinar esos recursos a los más pobres; porque «la tierra, en su estado natural, era propiedad de toda la raza humana». Una propuesta limitada podría consistir en asegurar que todos dispongamos de esa renta mínima que nos asegure una vida digna sean cuales sean nuestras circunstancias.

Podemos propone una renta básica de € 600 mensuales con un 35% adicional si el perceptor convive con otra persona adicional en lo que llaman una “unidad de convivencia” y otro 20% por cada miembro adicional de la unidad familiar. En el caso de que la beneficiaria encontrara un empleo, la renta básica se iría reduciendo gradualmente. El PSOE propone una renta mínima que ha llamado “ingreso mínimo vital” que se reconocería como derecho en la Constitución “ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”. Su propuesta parece un poco más limitada pues sería una ayuda destinada a personas que se encuentran en situación de pobreza y el importe alcanza los 426 euros.

La garantía de empleo consiste en que el estado ofrece a todo aquél que esté dispuesto y sea apto para el trabajo un puesto remunerado en condiciones comparables a las de cualquier otro trabajador con un contrato indefinido. El empleo se desarrollaría en organismos públicos, agencias estatales y podría ampliarse a ONG. La idea fue planteada por Hyman Minsky hace varias décadas y la describí con cierto detalle en un artículo publicado en esta misma columna hace unos meses (http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2015/04/14/podemos_acabar_con_desempleo_garantia_empleo_31244_1121.html ). La garantía de empleo pretende conseguir varios objetivos. El primero es, obviamente, remediar situaciones de desempleo, pobreza y exclusión social. Además tiene la ventaja de actuar como una especie de stock de reserva que estabiliza los salarios y evita que, durante las crisis económicas, el ajuste se haga siempre a costa del empleo. El pool de contratados aumentaría en épocas de recesión mientras que, en épocas de bonanza, se reduciría por el aumento en la demanda de trabajadores por parte del sector privado. El programa estabilizaría los salarios y evitaría que los empresarios ofrecieran condiciones de explotación pues el trabajador siempre tendría la opción de recurrir al plan de empleo garantizado si sintiera que le están ofreciendo condiciones indignas en el sector privado.

Quizás el aspecto más interesante es el de evitar que la gente se “descapitalice” al pasar períodos de desempleo prolongado. La evidencia empírica demuestra que, en las épocas que suceden a las crisis económicas, las empresas prefieren contratar en primer lugar a aquéllas personas que llevan menos tiempo en el paro. También es conocido que las personas jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en épocas de alto desempleo suelen tener carreras profesionales menos fructíferas. La garantía de empleo permite a personas, que no podrían obtenerlo de otra manera, hacerse con un historial profesional. Por este motivo Warren Mosler lo llama también “empleo de transición”.

El objetivo no es quitarle trabajadores al sector privado sino facilitar que aquellos que no tienen empleo sean atractivos para el mercado. Tampoco plantea una competencia desleal a los empleados del sector público. Muchos de los puestos creados lo serían en el cuarto sector y no sustituirían a los funcionarios públicos.

Alberto Garzón ha propuesto un programa de garantía de empleo que contrataría a un millón de personas, sobre todo en áreas de servicios sociales, medio ambiente, cuidado de espacios urbanos y actividades recreativas, culturales y de ocio. Ofrecería un contrato indefinido retribuido con un sueldo 900 a 1.200 euros brutos mensuales con una duración de 25 horas semanales.

La pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo se financiarían estos programas? Con unos niveles descomunales de pobreza y desempleo, estos programas de rescate ciudadano tendrían un coste elevado para el estado. La pregunta sobre la financiación es, por tanto, pertinente. La propuesta de IU presupone un aumento del gasto público de 15.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que esos salarios cotizan a la seguridad social y están sometidos a tributación por lo que parte del desembolso retornaría al estado. Por tanto sus proponentes aducen que costaría unos 9.000 millones, menos del 1% del PIB (recordemos que el rescate de las cajas llegó a costar el 4% del PIB español). Los cálculos que ha presentado Podemos a la opinión pública aseguran que su programa de renta básica, que beneficiaría a un colectivo mayor de personas que estiman en 7,8 millones de personas, tendría un coste inicial de 15 mil millones de euros gracias a una introducción gradual.

Los partidos que postulan la renta básica o el empleo garantizado arguyen que se podrían financiar con una más eficaz lucha contra el fraude fiscal, mejoras de los sistemas tributarios y una senda de reducción del déficit público más gradual. También alegan que sus propuestas serían sustitutivas de otras ayudas públicas, tales como la prestación de desempleo o la renta de inserción, y, por tanto, se reasignarían partidas presupuestarias ya existentes.

Al realizar este tipo de argumentos quizás la izquierda haya caído inadvertidamente en las trampas dialécticas del neoliberalismo con su fobia al gasto público y sus advertencias de que ya viene la inflación feroz. La izquierda tiene que enfrentarse a la tarea hercúlea de defender sus propuestas y además explicar por qué son viables ante una opinión pública escéptica. Debería empezar con un esfuerzo didáctico para recordar la extraordinaria eficacia que demostraron las políticas keynesianas aplicadas en el mundo occidental hasta los años 70. Habría de defender el potente efecto multiplicador que tendrían estos programas de gasto público. También se le podría pedir más coraje a la hora de exigir a la Unión Europea un cambio de políticas. Por ejemplo, en vista de la catastrófica situación social de nuestro país y otros de la periferia, sería exigible una política de transferencia de rentas desde los países con superávit comercial. También debería demandar una reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permitiera al Banco Central Europeo financiar a los estados para que estos puedan superar los arbitrarios y contraproducentes límites impuestos por el Tratado de Maastricht sin ser reducidos a la disciplina presupuestaria por “los mercados”. Sabiendo que estas exigencias no serán atendidas, la izquierda debería estar dispuesta a apretar ese botón nuclear que es proponer la salida del euro.

La otra pregunta inevitable es si ambos programas son compatibles. En principio la respuesta, más allá de las limitaciones presupuestarias, es que lo son. De hecho, la propuesta de rescate ciudadano presentada por IU contempla combinarlos. La renta básica es más sencilla de aplicar. En cambio un programa de trabajo garantizado exige a la administración pública un esfuerzo de organización e imaginación. Por este motivo un gobierno se vería tentado de implantar un programa de renta básica antes que uno de garantía de empleo. Pero, ¿qué pasa si un ciudadano puede elegir entre cobrar la renta mínima o pedir un empleo? ¿Debe el estado ofrecerle ambas opciones?

El estado cuenta con la ventaja de que muchas personas no querrán participar en un programa de empleo garantizado; sobre todo aquéllas con mayor nivel formativo, probablemente preferirían seguir buscando un empleo en el sector privado.  El programa de empleo garantizado será siempre voluntario, no se obligará a nadie a trabajar si no lo desea. ¿Eso quiere decir que tendrían derecho a una renta mínima mientras buscan empleo?

Pienso que, a pesar del reto organizativo, el estado debería favorecer los programas de empleo garantizado sobre los de renta mínima. En primer lugar, un programa de renta mínima muy generoso tendría el efecto de retirar a personas aptas del mercado de trabajo. En una recuperación económica las empresas podrían encontrarse con dificultades para contratar empleados si un programa de renta básica ha retirado a parte de la fuerza de trabajo. Esto podría limitar la capacidad productiva e incluso generar tensiones inflacionistas.

Por otra parte la picaresca puede aprovecharse fácilmente de un programa de renta mínima. Algunas personas podrían verse tentadas a completar sus ingresos con un trabajo en el sector informal. Empresarios poco escrupulosos podrían aprovecharlo para pagar menos a sus trabajadores clandestinos convirtiendo la renta mínima en una subvención encubierta a las empresas. Finalmente, reconozcamos que determinadas tareas menos agradables dejarían de hacerse. Entre atender a ancianos severamente impedidos o trabajar en el servicio de recogida de basuras ¿quién no preferiría quedarse en casa cobrando una renta?

Un programa de garantía de empleo permite mantener a una fuerza laboral formada y preparada y además genera servicios que tienen valor para la sociedad. Además la Garantía de Empleo atiende a la profunda necesidad del ser humano de recibir el reconocimiento de sus semejantes implícito en percibir una retribución salarial. Creo que los programas de renta mínima deberían reservarse a colectivos que no tienen capacidad de trabajar como consecuencia de situaciones de invalidez, cargas familiares y otras que imposibilitan a una persona a ofrecer su trabajo.

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[i] http://www.oecd.org/els/soc/OECD2014-Social-Expenditure-Update-Nov2014-8pages.pdf