Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas del diario Infolibre el 18 de octubre de 2016.
El 19 de junio de 1989, el Gobierno de Felipe González incorporó la peseta al mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) con la "banda ancha" que permitía una fluctuación del 6% en torno al tipo central. Ese momento fue calificado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, como "una de las más trascendentes que ha tomado el Gobierno" (El País, 1989). Sin duda lo fue. Es posible que los socialistas todavía no sean conscientes de las consecuencias que tendría esa decisión para el país y para su propio partido.
Hay que reconocerles a los dirigentes europeos una extraordinaria obcecación en imponerse regímenes monetarios disfuncionales. El hecho de que determinados países necesitasen mayores márgenes de fluctuación debió alertar a los dirigentes europeos acerca de la futilidad de fijar los tipos de cambio e ilustrarlos acerca de la utilidad de los tipos de cambio fluctuantes. Los intentos anteriores de crear un sistema de tipos de cambio fijos habían fracasado debido a que imponían ajustes asimétricos. El dominio comercial de la industria alemana generaba déficits en la balanza de pagos de las naciones menos competitivas como Francia, Italia, Reino Unido o España. Los desequilibrios de la balanza de pagos presionaban a la baja las cotizaciones de las divisas de los países deficitarios obligando a intervenciones de sus respectivos bancos centrales para sostenerlas mediante subidas de tipos de interés y ventas de reservas. Si bien los tratados comprometían al Bundesbank, el banco central alemán, en el sostenimiento de los tipos de cambio la realidad es que su colaboración fue siempre reticente. Esta cooperación habría exigido que Alemania bajase sus tipos de interés para reducir el atractivo de los depósitos bancarios en marcos. Los economistas alemanes del Bundesbank siempre temieron que bajar los tipos de interés y vender marcos para comprar las divisas de sus socios comerciales podría dar lugar a tensiones inflacionistas. La fobia a la inflación se impuso al cumplimiento de sus obligaciones y frecuentemente Alemania dejó que el peso del ajuste recayera sobre sus socios de la CEE.
El SME sufriría una profunda crisis en 1992 poco tiempo después de la reunificación alemana y del ingreso de España. Helmut Kohl había decidido cambiar todos los marcos de la antigua República Democrática Alemana por marcos de la República Federal aplicando un tipo de cambio de uno a uno, muy alejado de la cotización de mercado donde el precio del marco oriental valía una cuarta parte. El Bundesbank decidió subir los tipos de interés para contener los efectos potencialmente inflacionistas de tal medida. Esta decisión generó una crisis monetaria en toda Europa pues los demás países se vieron obligados a aumentar sus tipos de interés para evitar la salida de depósitos hacia Alemania. En Suecia el banco central tuvo que fijar el tipo de intervención para operaciones a un día en el 500%. Este escritor, a la sazón empleado de una empresa sueca, recuerda llamadas de pánico desde la casa matriz reclamando todos los saldos en cuentas bancarias de la filial española. Para contener las presiones especulativas, en agosto de 1993 los países europeos decidieron ampliar estas bandas de fluctuación hasta el 15%.
Ese año España se vio obligada a realizar hasta cinco devaluaciones pese a lo cual aguantó el tirón y continuó en el SME. Sin embargo las medidas de ajuste requeridas para defender la permanencia de España en el SME llevaron la tasa de desempleo hasta cerca del 23% superando el anterior record durante la crisis producida la subida de los precios del petróleo entre los años 70 y 80. Quizás si España no se hubiese comprometido a mantener un tipo de cambio artificial el gobierno hubiese podido aplicar un programa presupuestario anticíclico. Lejos de plantear un programa de este tipo el gobierno de González implantó medidas de contención del gasto social. En abril de 1992 un Real Decreto recortaba las prestaciones del paro, tanto en su cuantía como en su duración, al tiempo que endurecía las condiciones para acceder al seguro de desempleo. Esta disposición, conocida como el "decretazo" y rechazada unánimemente por los sindicatos, que convocaron una huelga general en mayo de 1992, fue el primer paso del fin de la política socialdemócrata puesta en marcha en 1989, entre otras cosas, porque el gobierno debía reducir drásticamente el déficit público para tratar de cumplir las condiciones del Programa de Convergencia de la Unión Europea (Marín Arce, 2000). Estas políticas provocaron la definitiva derrota electoral de los socialistas de Felipe González en 1996 al que sucedió José María Aznar. A diferencia del Reino Unido que resolvió no volver a participar en un experimento europeo, España, Portugal e Italia –los futuros PIGS– no escarmentaron y siguieron con obstinación el camino de la unión monetaria.
Rebobinemos la cinta hasta el año 2010. Tras negar en 2008 la crisis económica –seguramente para evitar el coste político de reconocerla en plena campaña electoral–, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió un plan de expansión que inyectó más de 12.000 millones de euros en la economía a través del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, más conocido como Plan E. Muchos la criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida. El plan se destinó a inversiones en los ayuntamientos, actuaciones de Investigación y Desarrollo, fomento de las energías renovables, actuaciones medioambientales, rehabilitación de edificios públicos, rehabilitación de viviendas y atención a la dependencia, entre otros programas. Pese a haber sido injustamente criticado, el plan dio resultados con una leve recuperación en 2010 tras la fortísima caída de la actividad económica del año anterior. Quizás algunos programas se estructuraron con excesiva premura y por tanto no tuvieron el impacto deseable, pero era lo mejor que se podía hacer desde un gobierno presupuestariamente constreñido ante una caída espectacular de la actividad económica. Probablemente España habría salido de la depresión en 2011 si el Plan E hubiese tenido continuidad pero la crisis griega y la reacción "austérica” lo abortaron prematuramente.
Poco después de ganar las elecciones de octubre de 2009 el desventurado nuevo primer ministro griego, George Papandreou, confesaba a sus pares europeos que el gobierno conservador que le había precedido mintió a la Unión Europea acerca de laverdadera magnitud del déficit griego. Anunció una estimación corregida del déficit que alcanzaría el 12,5% del PIB, un escándalo para los sacrosantos objetivos del Tratado de Maastricht. La escalada de la prima de riesgo sirvió de excusa para satisfacer los insensatos instintos de austeridad de ese nefasto cuarteto integrado por Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet. Las instituciones europeas impusieron en mayo de 2010 el giro a las políticas de “consolidación fiscal”.
En la reunión del Ecofin de 9 de mayo de 2010 la ministra de Hacienda española, Elena Salgado, llamó a Zapatero para decirle que habían llegado a un punto intermedio entre el recorte que exigía Alemania y el que pretendía realizar España: 5.000 millones para 2010 y 10.000 para 2011. En total el 1,5 por ciento de PIB. "España y Portugal serán observados y vigilados" (Guindal, 2012) decía la hierática y agria canciller alemana Merkel, quien por fin conseguía imponer el dogma alemánsobre toda Europa. En agosto, mientras se disparaba en los mercados la prima de riesgo, Jean Claude Trichet mandaba su carta-chantaje exigiendo una serie de reformas de tenor neoliberal como condición para comprar deuda pública española. Tal carta imponía un conjunto de reformas legales que constituían un mandato claro sobre la legislación que debían aprobar las Cortes Españolas y una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo.
Quizás la reacción más acertada para España habría sido abandonar el euro en ese mismo momento y recuperar la libertad para continuar la política presupuestaria expansiva imposible de aplicar dentro del rígido corsé del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero los socialistas españoles jamás habrían tomado una decisión semejante porque antes que defensores de la clase trabajadora son europeístas. En el epílogo de su obra, ZP exime de responsabilidades a los que impulsaron el Tratado de Maastricht:
"Pero debo dejar claro que considero injusto cualquier intento de responsabilizar de los males actuales a quienes concibieron y aprobaron el Tratado de Maastricht. Sería injusto, primero porque, a pesar de los 'defectos de fabricación' de la moneda común, el euro es un proyecto que, sin duda, merece la pena. El euro es Europa y Europa es más importante que cualquier crisis económica, por dura que ésta sea. Y, segundo, porque es políticamente indecoroso que los gobernantes miren hacia atrás en un tiempo de dificultades graves. (…) Algo ha fallado en el modelo del euro. Algo muy serio. El euro impulsó su prosperidad y su crecimiento, pero sin bases sólidas. Pero la UE y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización" (Rodríguez Zapatero, 2013).
En definitiva, aquí Rodríguez Zapatero nos da la clave del pensamiento de muchos políticos devotos del europeísmo: el proyecto europeo es tan importante que todo lo demás está a su servicio. No está el euro al servicio de los europeos; somos los europeos los sacrificados en el altar del magno designio.
Poco después la tasa de desempleo volvía a dispararse y la economía española volvía a la recesión. En noviembre de 2011 el PSOE perdía estrepitosamente las elecciones y entraba en una profunda decadencia de la que quizás nunca se recupere. Es probable que el empeño de los socialistas por cumplir ante todo con sus responsabilidades europeas, dejando al Estado español inerme para proteger a los más débiles ante cada crisis económica, haya sido la tumba del partido más antiguo de España.
El 19 de junio de 1989, el Gobierno de Felipe González incorporó la peseta al mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) con la "banda ancha" que permitía una fluctuación del 6% en torno al tipo central. Ese momento fue calificado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, como "una de las más trascendentes que ha tomado el Gobierno" (El País, 1989). Sin duda lo fue. Es posible que los socialistas todavía no sean conscientes de las consecuencias que tendría esa decisión para el país y para su propio partido.
Hay que reconocerles a los dirigentes europeos una extraordinaria obcecación en imponerse regímenes monetarios disfuncionales. El hecho de que determinados países necesitasen mayores márgenes de fluctuación debió alertar a los dirigentes europeos acerca de la futilidad de fijar los tipos de cambio e ilustrarlos acerca de la utilidad de los tipos de cambio fluctuantes. Los intentos anteriores de crear un sistema de tipos de cambio fijos habían fracasado debido a que imponían ajustes asimétricos. El dominio comercial de la industria alemana generaba déficits en la balanza de pagos de las naciones menos competitivas como Francia, Italia, Reino Unido o España. Los desequilibrios de la balanza de pagos presionaban a la baja las cotizaciones de las divisas de los países deficitarios obligando a intervenciones de sus respectivos bancos centrales para sostenerlas mediante subidas de tipos de interés y ventas de reservas. Si bien los tratados comprometían al Bundesbank, el banco central alemán, en el sostenimiento de los tipos de cambio la realidad es que su colaboración fue siempre reticente. Esta cooperación habría exigido que Alemania bajase sus tipos de interés para reducir el atractivo de los depósitos bancarios en marcos. Los economistas alemanes del Bundesbank siempre temieron que bajar los tipos de interés y vender marcos para comprar las divisas de sus socios comerciales podría dar lugar a tensiones inflacionistas. La fobia a la inflación se impuso al cumplimiento de sus obligaciones y frecuentemente Alemania dejó que el peso del ajuste recayera sobre sus socios de la CEE.
El SME sufriría una profunda crisis en 1992 poco tiempo después de la reunificación alemana y del ingreso de España. Helmut Kohl había decidido cambiar todos los marcos de la antigua República Democrática Alemana por marcos de la República Federal aplicando un tipo de cambio de uno a uno, muy alejado de la cotización de mercado donde el precio del marco oriental valía una cuarta parte. El Bundesbank decidió subir los tipos de interés para contener los efectos potencialmente inflacionistas de tal medida. Esta decisión generó una crisis monetaria en toda Europa pues los demás países se vieron obligados a aumentar sus tipos de interés para evitar la salida de depósitos hacia Alemania. En Suecia el banco central tuvo que fijar el tipo de intervención para operaciones a un día en el 500%. Este escritor, a la sazón empleado de una empresa sueca, recuerda llamadas de pánico desde la casa matriz reclamando todos los saldos en cuentas bancarias de la filial española. Para contener las presiones especulativas, en agosto de 1993 los países europeos decidieron ampliar estas bandas de fluctuación hasta el 15%.
Ese año España se vio obligada a realizar hasta cinco devaluaciones pese a lo cual aguantó el tirón y continuó en el SME. Sin embargo las medidas de ajuste requeridas para defender la permanencia de España en el SME llevaron la tasa de desempleo hasta cerca del 23% superando el anterior record durante la crisis producida la subida de los precios del petróleo entre los años 70 y 80. Quizás si España no se hubiese comprometido a mantener un tipo de cambio artificial el gobierno hubiese podido aplicar un programa presupuestario anticíclico. Lejos de plantear un programa de este tipo el gobierno de González implantó medidas de contención del gasto social. En abril de 1992 un Real Decreto recortaba las prestaciones del paro, tanto en su cuantía como en su duración, al tiempo que endurecía las condiciones para acceder al seguro de desempleo. Esta disposición, conocida como el "decretazo" y rechazada unánimemente por los sindicatos, que convocaron una huelga general en mayo de 1992, fue el primer paso del fin de la política socialdemócrata puesta en marcha en 1989, entre otras cosas, porque el gobierno debía reducir drásticamente el déficit público para tratar de cumplir las condiciones del Programa de Convergencia de la Unión Europea (Marín Arce, 2000). Estas políticas provocaron la definitiva derrota electoral de los socialistas de Felipe González en 1996 al que sucedió José María Aznar. A diferencia del Reino Unido que resolvió no volver a participar en un experimento europeo, España, Portugal e Italia –los futuros PIGS– no escarmentaron y siguieron con obstinación el camino de la unión monetaria.
Rebobinemos la cinta hasta el año 2010. Tras negar en 2008 la crisis económica –seguramente para evitar el coste político de reconocerla en plena campaña electoral–, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió un plan de expansión que inyectó más de 12.000 millones de euros en la economía a través del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, más conocido como Plan E. Muchos la criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida. El plan se destinó a inversiones en los ayuntamientos, actuaciones de Investigación y Desarrollo, fomento de las energías renovables, actuaciones medioambientales, rehabilitación de edificios públicos, rehabilitación de viviendas y atención a la dependencia, entre otros programas. Pese a haber sido injustamente criticado, el plan dio resultados con una leve recuperación en 2010 tras la fortísima caída de la actividad económica del año anterior. Quizás algunos programas se estructuraron con excesiva premura y por tanto no tuvieron el impacto deseable, pero era lo mejor que se podía hacer desde un gobierno presupuestariamente constreñido ante una caída espectacular de la actividad económica. Probablemente España habría salido de la depresión en 2011 si el Plan E hubiese tenido continuidad pero la crisis griega y la reacción "austérica” lo abortaron prematuramente.
Poco después de ganar las elecciones de octubre de 2009 el desventurado nuevo primer ministro griego, George Papandreou, confesaba a sus pares europeos que el gobierno conservador que le había precedido mintió a la Unión Europea acerca de laverdadera magnitud del déficit griego. Anunció una estimación corregida del déficit que alcanzaría el 12,5% del PIB, un escándalo para los sacrosantos objetivos del Tratado de Maastricht. La escalada de la prima de riesgo sirvió de excusa para satisfacer los insensatos instintos de austeridad de ese nefasto cuarteto integrado por Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet. Las instituciones europeas impusieron en mayo de 2010 el giro a las políticas de “consolidación fiscal”.
En la reunión del Ecofin de 9 de mayo de 2010 la ministra de Hacienda española, Elena Salgado, llamó a Zapatero para decirle que habían llegado a un punto intermedio entre el recorte que exigía Alemania y el que pretendía realizar España: 5.000 millones para 2010 y 10.000 para 2011. En total el 1,5 por ciento de PIB. "España y Portugal serán observados y vigilados" (Guindal, 2012) decía la hierática y agria canciller alemana Merkel, quien por fin conseguía imponer el dogma alemánsobre toda Europa. En agosto, mientras se disparaba en los mercados la prima de riesgo, Jean Claude Trichet mandaba su carta-chantaje exigiendo una serie de reformas de tenor neoliberal como condición para comprar deuda pública española. Tal carta imponía un conjunto de reformas legales que constituían un mandato claro sobre la legislación que debían aprobar las Cortes Españolas y una extralimitación de las competencias del Banco Central Europeo.
Quizás la reacción más acertada para España habría sido abandonar el euro en ese mismo momento y recuperar la libertad para continuar la política presupuestaria expansiva imposible de aplicar dentro del rígido corsé del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero los socialistas españoles jamás habrían tomado una decisión semejante porque antes que defensores de la clase trabajadora son europeístas. En el epílogo de su obra, ZP exime de responsabilidades a los que impulsaron el Tratado de Maastricht:
"Pero debo dejar claro que considero injusto cualquier intento de responsabilizar de los males actuales a quienes concibieron y aprobaron el Tratado de Maastricht. Sería injusto, primero porque, a pesar de los 'defectos de fabricación' de la moneda común, el euro es un proyecto que, sin duda, merece la pena. El euro es Europa y Europa es más importante que cualquier crisis económica, por dura que ésta sea. Y, segundo, porque es políticamente indecoroso que los gobernantes miren hacia atrás en un tiempo de dificultades graves. (…) Algo ha fallado en el modelo del euro. Algo muy serio. El euro impulsó su prosperidad y su crecimiento, pero sin bases sólidas. Pero la UE y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización" (Rodríguez Zapatero, 2013).
En definitiva, aquí Rodríguez Zapatero nos da la clave del pensamiento de muchos políticos devotos del europeísmo: el proyecto europeo es tan importante que todo lo demás está a su servicio. No está el euro al servicio de los europeos; somos los europeos los sacrificados en el altar del magno designio.
Poco después la tasa de desempleo volvía a dispararse y la economía española volvía a la recesión. En noviembre de 2011 el PSOE perdía estrepitosamente las elecciones y entraba en una profunda decadencia de la que quizás nunca se recupere. Es probable que el empeño de los socialistas por cumplir ante todo con sus responsabilidades europeas, dejando al Estado español inerme para proteger a los más débiles ante cada crisis económica, haya sido la tumba del partido más antiguo de España.
Referencias
El País. (17 de junio de 1989).
La peseta asumirá la disciplina cambiaria del Sistema Monetario Europeo desde
el lunes. El País. Obtenido de
http://elpais.com/diario/1989/06/17/economia/614037606_850215.html
Guindal, M. (2012). Los días
que vivimos peligrosamente. Ed. Barcelona: Planeta.
Marín Arce, J. (2000). Diez
años de gobierno del PSOE (1982-1992). Historia Contemporánea. Espacio,
Tiempo y Forma, Serie V, 189-209.
Rodríguez Zapatero, J.L. (2013). El
Dilema: 600 días de vértido. Barcelona: Planeta.
