Nadia Calviño no es Robin Hood (I)

Artículo de Juan Laborda y servidor publicado originalmente en Voz Populi

Transcurrido el fragor del combate electoral, el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante Bruselas su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado. Daría para otro artículo el análisis de cómo el proceso de despolitización neoliberal ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado se sometan a la censura previa de tecnócratas no elegidos democráticamente, convirtiendo a las Cortes en un mero ornamento para salvar las apariencias democráticas. El plan contempla un incremento de los impuestos de 5.654 millones de euros, fundamentalmente recaudados sobre los ricos y un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Pretenden conseguir el equilibrio en 2022.

Ciudadanos no ha perdido la ocasión de denunciar la ocultación de una subida de impuestos durante la campaña electoral. El Gobierno y sus partidarios no han tardado en reaccionar diciendo que se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos argumentos resuenan entre el electorado de izquierda. El mensaje del PSOE es: "Subimos los impuestos para que los ricos sufraguen un mejor estado social".

Lamentamos disentir. Disfrazado con vestimentas progresistas, la obsesión de NadiaCalviño por el equilibrio presupuestario, esconde un mensaje profundamente neoliberal y antisocial, más alineado con los intereses que representa Ciudadanos.

Inestabilidad financiera y desempleo

La propuesta de Calviño obvia algo tan básico como la identidad de balances sectoriales, un hallazgo del economista británico Wynne Godley. Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público. Si ignoramos el sector exterior, entonces el desahorro del Estado es idéntico —hasta el céntimo— al ahorro de hogares y empresas. Si añadimos que nuestra balanza comercial es deficitaria, entonces el efecto de un equilibrio presupuestario del Gobierno sería endeudar aún más a unos hogares y empresas cuyas tasa de ahorro están en mínimos históricos. Esto solo puede llevar a una nueva crisis financiera como la que experimentamos en 2008.

Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público

Con tasas de desempleo como las actuales lo responsable sería promover políticas de pleno empleo dejando que el saldo presupuestario se cuidara por sí mismo. El guarismo que refleja el saldo de las cuentas públicas no debe ser más que el residuo del conjunto de políticas que aseguren el pleno empleo con estabilidad de precios.

Sin embargo, España cuando suscribió los Tratados de la Unión Europea cedió la gestión de la política monetaria a un organismo supuestamente independiente, pero muy activo políticamente, llamado Banco Central Europeo. Este emisor es el cancerbero de las políticas neoliberales europeas. Si un Estado pretende abandonar el sesgo pro austeridad impuesto por los tratados, intervendrá inmediatamente renunciando a comprar la deuda de ese Estado, frecuentemente invocando argumentos pseudotécnicos.

Si inquirimos por qué los Estados europeos han abandonado la responsabilidad presupuestaria bien entendida, sustituyéndola por la consolidación fiscal, solo cabe explicárselo por la necesidad de crear una falsa sensación de escasez. Se trata de alegar que el Estado es básicamente impotente al carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y de inversión que exige la mayoría democrática. La consecuencia es la deflación permanente en el continente europeo, el estancamiento económico y el auge de los fascismos.

Contra una política social avanzada

Entre los partidos socialdemócratas el equilibrio presupuestario se asocia con una medida deseable de equidad social. Los ricos deben contribuir solidariamente al mantenimiento del bienestar social y equilibrar las cuentas públicas sería la consecuencia virtuosa de una política fiscal más equitativa. ¿Cómo no podría ser algo deseable para una sensibilidad progresista? Lamentablemente, lo que suele ocurrir, debido a una actitud de complacencia de la UE respecto a los paraísos fiscales, es que las grandes fortunas encontrarán nuevos recovecos para escabullirse, dejando la factura en manos de las clases medias y bajas. Lo curioso es que el equilibrio presupuestario es un evento históricamente extraordinario que suele anteceder a las recesiones económicas. Pero los intereses de clase predominan sobre el bien común.

Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente

Michal Kalecki ya lo explicaba sucintamente allá por 1943 en Political Aspects of Full Employment. El enorme economista post-keynesiano exponía tres razones por las que a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”. Pero sin duda alguna la razón más importante es que a las élites no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por los líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".

El rechazo a las políticas de pleno empleo keynesianas de posguerra fue el resultado de la reacción neoliberal, a través de sus think-tanks, y que acabó atrapando a las élites políticas, incluyendo a las de los partidos socialdemócratas. Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente. Estamos de acuerdo en que es preocupante que las grandes fortunas acumulen tanto renta y riqueza. Pero la solución no está en quitársela cuando ya lo han conseguido, algo que resulta harto complicado, sino en evitar, en realidad, que les entre tantísima pasta. Para ello debemos frenar el desarrollo de clases rentistas beneficiarias de monopolios otorgados por el estado, establecer una política permanente de tipos de interés cero, reforzar el poder negociador de las clases trabajadores mediante una política de pleno empleo permanente; y, a largo plazo, asegurar que los medios de producción no queden en manos de una minoría exigua.

El declive de Europa

La Unión Europea intenta el férreo cumplimento de dos mandamientos sacro-sagrados para los hooligans ordo-liberales: amarás la sostenibilidad presupuestaria sobre todas las cosas; y a la actual arquitectura de la zona Euro como a ti mismo. Pero este ordo-liberalismo genera un efecto colateral todavía más demoledor. Supone la decadencia y declive de Europa.

Mientras que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, invierten cantidades ingentes de dinero en inteligencia artificial, big data, biotecnología, ordenador quanto, coche eléctrico, energías renovables… Con un papel destacadísimo en todo momento del Estado, en Europa el equilibrio presupuestario hace que los proyectos de inversión pública pan-europeos sean ridículos. Aquí, en Europa, se fía todo a un sector privado que es incapaz de asumir los riesgos inherentes a esos procesos de inversión. Digámoslo claramente; un New Deal verde es imposible sin la participación del Estado.

Cuando crees que eres Robin Hood también creerás que te tienen que rescatar

Artículo publicado originalmente en el Blog de la Fundación Alternativas el pasado 25 de enero de 2018.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se está esmerando. Ha empezado el año introduciendo en el debate político, dominado desde hace meses por el ‘monotema’, un asunto de calado social. Para ello ha echado mano de una obsesión de Ferraz: las pensiones y su sostenibilidad. La campaña comenzó con alarmismo por el agotamiento de la hucha de las pensiones. Me asombra el celo del PSOE al reivindicar su gestión del Fondo de Reserva, nombre técnico de esa alcancía donde el Estado guarda deuda emitida por él mismo. Me sorprende porque la invención de esa hucha se inspira en principios neoliberales de capitalización de las pensiones incompatibles con los de solidaridad intergeneracional propios de nuestro sistema de reparto. En otro artículo he argumentado que la hucha de las pensiones no es una bandera de la izquierda. Poco importa. Se trataba de captar la atención de sus envejecidas bases electorales para poder presentarles su propuesta estrella de la temporada. La cuesta de enero parece época propicia para reflexionar sombríamente sobre excesos y presupuestos domésticos.


Tranquilos, señoras y señores mayores: el PSOE tiene el plan que sosegará las inquietudes que previamente les han inoculado. Prometen levantar 2.745 millones de euros anualmente con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas y la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas superiores a 45.000 euros brutos anuales. Nos dicen que es justo que la banca rescatada ahora nos rescate pagando un nuevo impuesto incremental sobre el impuesto de sociedades del 8% y otro impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras que ordenen empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros (la mayoría de las empresas del IBEX 35 superan esa capitalización). “Rescate por rescate”, nos cuenta el PSOE.


¡Qué imprudencia poner al Estado en situación de dependencia de las grandes empresas!


Vaya por delante que no objeto al aumento de los impuestos sobre las rentas altas y las grandes empresas. En este país el Estado lleva demasiando tiempo tratándolas con algodones. El pilar fundamental de nuestro sistema tributario son los llamados impuestos directos que recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo. Los gobiernos del PSOE y del PP llevan décadas reduciendo la progresividad de los impuestos discriminando gravemente las rentas del trabajo respecto a las rentas del ahorro. Según datos facilitados por la AEAT, el tipo efectivo tributado sobre las rentas del ahorro no superó el 10% en 2014 mientras que, para las rentas del trabajo, el tipo medio efectivo fue del 14%.


La causa de mi crítica a la idea del PSOE no procede de un aborrecimiento por la creación de nuevos impuestos, sino de las premisas de origen ideológico neoliberal que la contaminan. Implícitas en la propuesta de crear impuestos finalistas para asegurar las pensiones se hallan una serie de falacias que proceden de la escuela económica neoclásica y que llevan décadas aprisionando ideológicamente a los partidos socialdemócratas. Refleja creencias como que el Estado tiene que financiar su actividad mediante impuestos o el temor reverencial a los déficits y deuda públicos, a los que se atribuyen supersticiosamente todo tipo de males como el improbable crowding out del sector privado o la generación de amenazas inflacionistas. En las mentes progresistas estas falacias desembocan en otra más que les es peculiar: la falacia de Robin Hood. Es decir, creer que el estado necesitaría extraer dinero de los ricos antes de financiar los servicios públicos.


Esta creencia coloca al Estado en una posición de debilidad, subalterna al gran capital, de pedigüeño que tiene que extraer una limosna de los ricos para redistribuirla hacia las clases medias (recordemos que en España la política social nunca fue pensada para atender las necesidades de los pobres).


La creencia en el estado Robin Hood es una desgracia para los políticos progresistas porque la disposición emocional del capitalismo oligárquico condiciona las políticas sociales. Los progresistas han tolerado el libre movimiento de capitales cediendo a argumentos de eficacia en la asignación que son bastante cuestionables. Recordemos que fue el PSOE el que negoció el Tratado de Maastricht. El temeroso socialdemócrata está persuadido de que si enojamos al capitalista con un exceso de tributación trasladará sus depósitos bancarios a otros lares más acomodaticios.


Craso error porque, lejos de necesitar los impuestos para financiarse, el Estado tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, las grandes empresas y las personas adineradas solo son meros usuarios de una divisa que ha creado el Estado, único monopolista en su emisión. El Estado consiente que los bancos participen de ese monopolio creando instituciones que estabilizan el sistema bancario y aceptando el dinero crediticio como medio de pago para liquidar las deudas tributarias. Pero, lejos de necesitar el dinero de los oligarcas, el Estado puede crearlo a coste cero. El sector privado, salvo que se dedique a la falsificación de moneda, no puede crear moneda. Si estudiamos el balance consolidado del sector privado solo el Estado y las exportaciones pueden entregarles los activos financieros que permiten que tenga una posición de ahorro neto positivo.


Cuando el Estado paga una pensión simplemente está creando dinero. De hecho lo que hace es una anotación contable en el banco del pensionista. Un jubilado podría perfectamente quedarse delante de la pantalla de su ordenador y observar cómo el día de abono de su pensión los dígitos que representan su saldo bancario aumentan en el importe de su pensión. Ese dinero no sale de una empresa o de un banco, lo crea el Estado. El Gobierno no necesita que Robin Hood se lo quite a los ricos.


La función de los impuestos, frente a lo que cree el equipo de Pedro Sánchez, no es la de financiar al Estado sino la de crear demanda por la moneda que ha éste introducido en la economía al ejecutar el gasto público. Los impuestos además destruyen el dinero creado por el Estado.


Un político armado de este conocimiento puede diseñar impuestos más eficaces. Puede utilizarlos para drenar poder de compra si la inflación mostrara su patita aunque hace años que no la vemos por estos lares. También puede someter a los ricos a mayor tributación, no para sacarles un dinero que el Estado no necesita, sino para evitar que consuman una cuota de los recursos reales desproporcionada como cuando construyen mansiones horrorosas o impedir que retengan poder de compra en lugar de reintegrarlo al circuito económico. Los impuestos pueden servir para pastorear las actividades del sector privado alejándolo de aquéllas socialmente indeseables y encauzándolo a otras socialmente más útiles y beneficiosas (por ejemplo desincentivando el uso de combustibles fósiles).


Tratados de Maastricht


Cierto es que el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea ha limitado ese poder de nuestro Estado, cesión que no fue inocente pues respondía al designio neoliberal de someter completamente nuestra sociedad a las "fuerzas del mercado". Aun así, los mecanismos operativos de nuestro sistema monetario siguen siendo esencialmente los mismos aunque estén muy condicionados a la aplicación de límites arbitrarios señalados en los Tratados de Maastricht, esos que negoció el PSOE.


Para asegurar las pensiones no hace falta ningún impuesto. Basta con que la población adulta tenga empleo en actividades que produzcan bienes y servicios en suficiente cuantía como para que haya un excedente que se destine a los jubilados. Un impuesto sobre las transacciones financieras no sirve para ese propósito.


El impuesto sobre las transacciones financieros es una vieja bandera de algunos movimientos progresistas. Tradicionalmente se ha postulado como herramienta para contener el desarrollo de una actividad crediticia generadora de burbujas y especulación dentro del modelo de capitalismo financiarizado. ¿Tiene mérito la propuesta del PSOE entonces como instrumento contra la financiarización? Es improbable. El impuesto a las transacciones parte de una visión de economía de mercado según la cual ésta se puede regular alterando los precios de forma que tal impuesto introduciría fricciones sobre las transacciones financieras desincentivándolas y reduciendo así su volumen. Pero un impuesto como sugiere el PSOE del 0,1% realmente no parece tan gravoso como para conseguir ese fin. Este empeño en mandar tenues señales al mercado se parece a pretender que se puede apagar un incendio echando cubitos de hielo. Si el PSOE considera que estas transacciones son dañinas deberían proponer su prohibición o limitación con ­ ¡válgame Dios!­ regulación eficaz, la prohibición de aquéllas que son claramente lesivas o incluso, — ¿por qué no?— la nacionalización de bancos.


Así pues ¿para qué queremos ese nuevo impuesto? Ni va a cumplir con el propósito de financiar las pensiones, como he explicado, ni va a desincentivar el desarrollo del capitalismo financiarizado.


Subir los impuestos a las grandes empresas de mayor capitalización no me parece mal pero hay que entender qué se pretende conseguir. Me parece mucho más acertado un impuesto que contribuye a mejorar la equidad fiscal. Por eso me permito hacerle una sugerencia al PSOE: someter a las rentas del ahorro a la misma presión fiscal que se aplica ahora a las rentas del trabajo.


Concluyo compartiendo con ustedes la principal razón de mi perplejidad. ¿A qué viene esa obsesión con la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué es ésa la única partida cuya sostenibilidad está en cuestión y no, por ejemplo, el presupuesto de la Casa Real, el de tendido de kilómetros de AVE o el de Defensa? ¿Por qué tienen que ser las pensiones las únicas prestaciones sociales que se ‘financian’ a través de un presupuesto segregado de los generales del Estado? ¿Acaso tenemos una caja de la sanidad pública, otra para las políticas educativas, u otra para defensa? No necesitamos que rescaten al Estado; dejen de amedrentar a la población.