Artículo publicado inicialmente en Cuarto Poder el 25 de agosto de 2018
Stuart Medina y Manolo Monereo.
Crítica moral: la comodidad de culpar a otros de tus propios errores
En
psicología se describe la proyección negativa como un mecanismo de
autodefensa en el que se atribuyen a otros nuestras culpas o defectos.
Este verano el nuevo gobierno del PSOE ha presentado una propuesta de
senda de consolidación fiscal y ampliación de techo de gasto que ha sido
rechazada por Unidos Podemos y otros socios parlamentarios del
gobierno. Sánchez señala a los partidos que le prestaron sus votos: “
Quieren desgastar al Gobierno golpeando a la ciudadanía”.
Con tal acusación Pedro Sánchez descarga su culpa ante la opinión
pública. Olvidan los socialistas que ellos mismos fueron quienes se
tendieron la celada presupuestaria.
En 2011 Pedro Sánchez era un diputado del grupo parlamentario socialista en el Congreso. El 26 de agosto de 2011 participó en la
reunión
en la que se propuso la reforma del artículo 135 de la Constitución. En
ella participaron Elena Valenciano, Javier Moscoso, Carlos Mulas, Pedro
Sánchez y el jefe de gabinete de Zapatero. Días después se registró la
reforma en el Congreso que fue apoyada con entusiasmo por el diputado
Sánchez. En la hemeroteca encontramos un artículo del actual presidente
publicado en
El Periódico de Catalunya del que extraemos estos párrafos:
“Nunca
creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el
tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un
principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político
entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a
la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas.
La
estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la
alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar“.
Por
ignorancia o convicción Sánchez fue cómplice de la más nefasta reforma
de la Constitución de 1978. Ésta fue posible gracias a que el
bipartidismo reunía en 2011 una mayoría suficiente como para reformar
por la vía exprés y sin debate nuestra carta magna, un hecho que quizá
nunca se repita y por ello será irreversible.
La fatalidad se
vuelve sobre un partido que plantó los cimientos de la austeridad sobre
los cuales luego el PP levantó un edificio construido con el hormigón
armado de la ley orgánica. La reforma del artículo 135 priorizaba el
pago de la deuda pública y confinaba el déficit público
estructural
al límite que marcaría la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley es la
criatura congénitamente tarada de la reforma constitucional. Esa misma
ley es la que impone en su artículo 30 un límite en el gasto no
financiero “coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Pese
al sesgo de austeridad de este nuevo marco legal podría pensarse que un
gobierno socialista lo aplicaría con menor rigor que su predecesor
ultraconservador. Sin embargo, el historial de los miembros de este
gobierno sugiere que no deberíamos hacernos muchas ilusiones acerca de
su posicionamiento fiscal. Nada indica que el Gobierno de Pedro Sánchez
vaya a salirse del guion marcado por la jerarquía bruselense. Ya resultó
ominoso que Nadia Calviño fuese recibida con
aplausos
cuando se comprometió, en un auto de fe ante la curia bruselense, con
la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de mal llamado “objetivo
de déficit”. Recordemos que Nadia Calviño ha desempeñado anteriormente
el papel de celosa centinela de las lindes marcadas al gasto fiscal por
las autoridades europeas en calidad de Directora General de
Presupuestos, bajo el mando del comisario europeo alemán Günther
Oettinger.
Éste es más célebre desde que hace pocas semanas se jactara de que los mercados pondrían en su sitio a los italianos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es otra conocida obsesa del rigor presupuestario.
Este
gobierno se ha posicionado como más “virtuoso” fiscalmente que el
anterior afirmando su intención de incrementar el gasto social solo si
puede ser financiado con un aumento de los impuestos. Veremos un poco
más adelante cómo esto está muy lejos de ser una política progresista.
Como mucho el gobierno del PSOE nos ofrece una “austerity lite” a la
portuguesa. Así es cómo hay que interpretar que el Gobierno considerase
poco realista la senda de reducción de déficit propuesta por el ministro
Montoro. No nos equivoquemos: a los socialistas jamás se les pasaría
por la cabeza la “irresponsabilidad” de aumentar el déficit público. No
olvidemos que para el dogma vigente lo responsable es reducir el déficit
y por eso el observatorio creado por el anterior Gobierno para vigilar
la senda de consolidación fiscal se llama Agencia Independiente de
Responsabilidad
Fiscal. Rigor presupuestario, responsabilidad fiscal, esas virtudes
cardinales tan elogiadas por economistas y comentaristas moralizantes y
que, sin embargo, tanto daño causaron a la sociedad. La maldita fábula
de la cigarra y de las hormigas es la moralina que ha justificado
siempre condenar a media humanidad al desempleo y la pobreza.
Pese
a todo, el Gobierno ha dado muestras de “buena voluntad” tratando de
ampliar el techo de gasto en 6.000 millones de euros (el 0,5% del PIB).
Se cuenta que la ministra de Economía, “Nadia Calviño, había desplegado
una frenética actividad en Bruselas para pactar una nueva senda con el
comisario francés Pierre Moscovici” y que éste “
dio su visto bueno a cierta relajación. Pero con una condición:
presentar un presupuesto creíble en los capítulos de ingresos y gastos
el próximo otoño”. Los compromisos presupuestarios con Bruselas
consisten en que un cargo no electo como Moscovici se pueda enseñorear
con tales exigencias. El credo económico actual nos dice que la Política
Económica no es cosa que deba dejarse en manos de políticos electos. La
cultura de la austeridad es profundamente antidemocrática pues se trata
de sustraer del debate político las decisiones sobre política fiscal.
Nos informa el medio de propaganda más afín al PSOE que ahora el gobierno se ve “obligado” a un
ajuste adicional que eleva el total de los recortes a 11 millardos de euros. Parece ser que somos la
vergüenza de Europa porque el “
Gobierno
del PP dejó el déficit público en el 3,1% del PIB el año pasado: el
mayor de Europa, por encima de Grecia y de todos los demás países del
euro, con España convertida en el único país que sigue en el brazo
correctivo del Pacto de Estabilidad”. Quizás sea una persona
trasnochada pero pienso que a un progresista lo que debería darle
vergüenza es la segunda tasa de desempleo más elevada de Europa; el
hundimiento de la tasa de natalidad porque los jóvenes no pueden
plantearse formar hogares con los sueldos de miseria que les ofrece el
mercado laboral; o que nos hayamos convertido en el quinto país más
desigual de la UE.
La perplejidad del gobierno de Sánchez ante la
reacción de sus aliados parlamentaros, empeñados en discutir estos
límites, revela las contradicciones irresolubles entre la Europa
tecnocrática de los tratados que considera los límites de déficit como
un dogma de fe inapelable y las pretensiones de un parlamento, supuesta
sede de la soberanía popular, reducido —nolis, velis— a mero sancionador
de las decisiones de Bruselas. En nuestra época asistimos a los últimos
estertores de la democracia ante la indiferencia de la mayoría.
Paradójicamente
el PSOE de Pedro Sánchez podría beneficiarse de una negociación que
resultara en una senda de reducción de déficit más laxa. Cumplir con las
exigencias de Bruselas podría dificultar nuestra recuperación o incluso
conducirnos a una nueva recesión y eso podría llevar al PSOE al panteón
de los partidos socialdemócratas europeos. La osadía de obedecer al
parlamento y no a Bruselas, en cambio, permitiría desarrollar políticas
sociales progresistas. El debate y la negociación parlamentarios, aunque
resulten ruidosos y enrevesados, pueden dar resultados superiores a la
orden ejecutiva emitida por un comisario. Un pequeño paso han dado
aceptando la propuesta de Unidos-Podemos para que se elimine el veto que
la Ley de Estabilidad Presupuestaria daba al Senado, es decir, al PP:
Crítica técnica: superar la fijación neurótica por la estabilidad presupuestaria
Pedro
Sánchez y la reforma 135 de la Constitución son hermanos siameses.
Juntos fueron concebidos, paridos y criados. El presidente del Gobierno
actual nunca podrá escindirse de la misión de alcanzar el equilibrio
presupuestario. Están orgánicamente conectados por las arterias, las
venas y el tejido cutáneo del pensamiento económico neokeynesiano y, si
uno muere, el otro también.
La estabilidad presupuestaria se ha
convertido en una verdadera enfermedad nerviosa de los políticos
europeos. Pero el guarismo que indica la fracción que representa el
saldo contable llamado déficit sobre el PIB guarda poca relación con el
bienestar de los ciudadanos. Esta neurosis contemporánea es dañina
porque lleva a la destrucción del ahorro privado y contribuye a aumentar
la desigualdad.
Para entender por qué hay que partir del concepto
de sectores institucionales. Para el análisis macroeconómico resulta
útil la agrupación de los agentes que desempeñan una función similar.
Las administraciones públicas prestan servicios públicos y recaudan
impuestos. Los hogares consumen y aseguran la reproducción de los
trabajadores, las empresas obtienen financiación que los capitalistas
anticipan para la producción de bienes y servicios que luego venden a
los demás sectores cuando concluye el ciclo productivo. En esta fase
recuperan el dinero invertido, probablemente incrementado por los
beneficios que esperaban obtener con el que podrán recompensar a los
capitalistas. Entre estos sectores se producen compraventas de bienes y
servicios pero también flujos financieros. Asimismo se cierran negocios
entre los sectores domésticos y los extranjeros. Las transacciones que
se producen entre unos sectores y otros afectan a sus respectivos
balances. Es imposible que las decisiones que tome un sector no afecten a
los demás porque todos están conectados por una densa red de negocios.
Presten atención al siguiente gráfico que he preparado a partir de
datos que publica el Banco de España. Simplemente muestra los activos
financieros netos que detentaban cuatro sectores institucionales entre
los años 2010 y 2017: administraciones públicas, instituciones
financieras, exterior y privado doméstico constituido por empresas y
hogares. Observen que el gráfico es perfectamente simétrico. Eso quiere
decir que las deudas de unos son los activos financieros de otros como
es lógico.
Como pueden comprobar el sector exterior (barras verde
oscuro) tiene una posición financiera neta positiva: los españoles les
debemos a los extranjeros más de lo que ellos nos deben. Durante varios
años mantuvimos un déficit comercial, sobre todo con países como
Alemania, China o Países Bajos cuyo modelo de crecimiento es adicto al
superávit comercial perpetuo.
Contemplen las barras amarillas. Corresponden al sector privado,
integrado por empresas y hogares. Cuando empezó la crisis el sector
privado doméstico estaba muy endeudado con el exterior. Ese
endeudamiento excesivo fue impulsado por los bancos que hincharon una
burbuja de crédito entre 1997 y 2007. Los depósitos bancarios creados
por las entidades financieras se utilizaron para comprar bienes
producidos en el extranjero. Estos depósitos acabaron en manos de
empresas y bancos del núcleo exportador europeo en su mayor parte. El
pinchazo de esa burbuja de crédito en 2008 fue la causa del colapso de
la demanda interna que nos llevó a la crisis. El economista de Nomura,
Richard Koo, ha estudiado este tipo de “crisis de balance” y concluye
que, si el sector privado está demasiado endeudado, hay que aplicar
políticas que ayuden a reducir sus pasivos. Para que un sector se
desendeude otro tiene que endeudarse o desahorrar. Es como un balancín
donde, si uno sube, otro tiene que bajar.
Si partíamos de un
endeudamiento excesivo del sector privado solo había dos formas de
reparar sus balances: reducir nuestro déficit exterior o endosarle las
deudas al sector público.
Lo primero era complicado porque no
dependía solamente de nuestra voluntad. Como en el pasodoble, en el
comercio exterior hacen falta dos para bailar. En parte el sector
exterior contribuyó a mejorar la situación financiera de nuestras
familias y empresas, pero esto fue sobre todo porque nosotros
disponíamos de menos financiación para comprar bienes del extranjero.
También aumentamos nuestras exportaciones, es decir, dedicamos una mayor
parte de nuestra producción a satisfacer los deseos de consumo de los
extranjeros. Cuando se presenta como una fortaleza que un país tenga un
superávit comercial conviene recordar que eso suele significar que
nuestro nivel de vida será inferior al que nos permitiría nuestra
producción total. Esto explica que, pese a que ahora crezca el producto
interior bruto, muchas familias no notan mejoría en su nivel de vida. En
todo caso, gracias a que hemos tenido un saldo positivo en nuestra
cuenta corriente desde hace algunos años esta deuda externa se ha
reducido. La estrategia de devaluación interna (léase reducción de
salarios) prescrita por Bruselas pretendía este objetivo pero observen
que en realidad su impacto ha sido menor de lo pretendido.
Ahora
fíjense en las barras azules: corresponden a la deuda neta del gobierno
que se fue haciendo cada vez más negativa en estos años. En términos
netos el año pasado toda la deuda exterior de España fue finalmente
transferida del sector privado al sector exterior. ¿Cómo lo hizo? Simple
aritmética: aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, es decir,
incumpliendo los compromisos de consolidación fiscal firmados con
Bruselas año tras año. El sector público se ha responsabilizado del
rescate de los balances del sector privado; aunque no todos los balances
han sido tratados con equidad a juzgar por los efectos en la
distribución de renta y riqueza de tal política. No es difícil de
entender: no es lo mismo rescatar a las familias con políticas de empleo
público, becas escolares y ayudas al desempleo que mediante políticas
de expansión cuantitativa que suben los precios de los activos
financieros de los grandes patrimonios. Otro reproche es que debió
hacerlo más rápidamente. En lugar de aplicar políticas de austeridad, si
el estado hubiese reducido los impuestos y aumentado el gasto público
con mayor decisión, habríamos reparado los balances del sector privado y
salido de la crisis en 2011 y no en 2017. La política fiscal europea se
ha empeñado en el dificilísimo arte de sorber y soplar a la vez.
Echemos
un último vistazo al gráfico. Podemos apreciar cómo en 2017 el saldo
neto de los activos financieros del sector privado era prácticamente
cero. Un análisis simplista podría llevarnos a concluir que ahora sí
toca cumplir con los objetivos exigidos por Bruselas llevando el déficit
por debajo del 3 por ciento del PIB. Sin embargo, esto sería un error.
El
hecho es que, según los datos que publica el Banco de España, el sector
privado en agregado no tiene ahorros. Sabemos que los hogares tienen
una manía, que a algunos quizás resulte incomprensible, consistente en
acumular ahorros. Sí: las familias quieren terminar de pagar sus
hipotecas, saldar sus tarjetas, acumular saldos bancarios para una
contingencia. Incluso muchos economistas del dogma vigente considerarían
positivo que el sector privado tuviera una posición financiera neta
positiva. También es probable que muchas empresas aun necesiten reducir
su endeudamiento para ser más solventes.
Con un sector privado
desprovisto de ahorros el gobierno se propone cumplir con una senda de
reducción de déficit consistente en aumentar el gasto compensándolo con
una subida mayor de impuestos. El dinero que entre en los bolsillos de
los ciudadanos gracias al mayor gasto público será inmediatamente
succionado mediante nuevas alzas de impuestos pero no necesariamente de
los mismos bolsillos.
La pregunta que debe hacerse el gobierno es
si es conveniente que el sector privado siga con unos ahorros tan
escasos. Lo cierto es que el sector privado quiere con avidez conservar
el dinero del estado; y el estado no necesita ese dinero que puede crear
sin coste. El sector privado puede quebrar; el estado no.
En la
concepción platónica de la economía las cuentas públicas deben tener un
saldo cero a lo largo del ciclo económico en un vector con infinitos
equilibrios. Si aumenta el gasto social, deben aumentar los impuestos;
si cae la recaudación, deben bajar los impuestos. Ergo, aumentar los
impuestos es aumentar el gasto social y es progresista. A sensu
contrario, no podríamos aumentar el gasto social sin aumentar los
impuestos, por muy grandes que fueran las urgencias sociales.
Sin
embargo, en el mundo real, los estados normalmente tienen déficit
precisamente porque el sector privado quiere tener ahorros. Si éste no
los consigue, seguramente los buscará reduciendo sus gastos y creando
desempleo. El desempleo es precisamente un síntoma de que el déficit
fiscal es demasiado bajo. Si el sector privado decide reducir su gasto
el gobierno tiene que reducir sus ingresos. Lo que uno cede otro lo
tiene que recoger. Alguien tiene que ocuparse de todas las almas que se
incorporan a la cola del paro. ¿Por qué no dejar por tanto que el
déficit sea tan amplio como sea necesario hasta asegurar el pleno
empleo? En ausencia de inflación y con una tasa de desempleo tan elevado
no hay justificación para subir impuestos más que la fijación con un
saldo contable.
Por otra parte subir los impuestos no es algo que
ocurra de manera automática. Hay urgencias sociales que no pueden
esperar a que el gobierno equilibre una magnitud contable cuyo saldo
ahora no causa ningún perjuicio a la economía nacional. Es más justa una
política de “predistribución”, atendiendo a los colectivos más
desfavorecidos primero; redistribuyendo o aumentado las cargas
tributarias después.
Existe una indudable utilidad social en subir los impuestos a unos para bajárselos a otros, redistribuyendo la carga fiscal.
Es notorio que el sistema fiscal español se ha hecho crecientemente regresivo bajo los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.
En este sentido, una propuesta de reducción del IVA —quizás el impuesto
más regresivo que existe— que fuera compensada con un alza en los
impuestos sobre las rentas procedentes del ahorro, la recuperación del
impuesto de sucesiones o un impuesto georgista sobre el suelo merecería
ser apoyada siempre que no aumentase la carga fiscal total o incluso
—¿por qué no?— la redujese hasta que desapareciese completamente la
lacra del atroz desempleo español.
La fijación neurótica con
objetivos, que no por ser cuantitativos no dejande ser arbitrarios, como
el de la senda de reducción de déficit debería ser repudiada por todos
los partidos progresistas. Frente a lo que afirmaba Pedro Sánchez hace
siete años, lo que debe diferenciar a la izquierda de la derecha es
precisamente renunciar a la obsesión por la estabilidad presupuestaria y
centrarse en los efectos que tiene la política fiscal en la economía
real, es decir, evaluar cómo asegura el pleno empleo, mejora la
distribución de renta y riqueza y garantiza la estabilidad de precios. A
eso se le llama aplicar el método científico a la política fiscal y no
el cabalístico.
Destruir el ahorro de un sector privado en el que
solo unos lo tienen y la mayoría solo tiene deudas no resuelve nada.
Reconozcamos además que es difícil confiar en un partido político como
el PSOE que no tiene un buen registro histórico de reformas que
mejorasen la distribución de la carga fiscal. Por otra parte, el día en
que la izquierda entienda que el objetivo no es el déficit sino sus
efectos sobre la economía real y el bienestar de la gente habremos dado
un gran paso adelante porque podremos a preocuparnos por algo más
importante: la distribución del ahorro y la riqueza entre los agentes
del sector privado.
