Nadia Calviño no es Robin Hood (II): los objetivos de la tributación

Artículo de Juan Laborda y Stuart Medina publicado originalmente en Voz Populi el pasado 16/5/2019.

En una entrega anterior explicamos por qué las políticas de consolidación presupuestaria distan mucho de ser progresistas y son irrelevantes para los fines públicos. No nos engañemos, Nadia Calviño no es Robin Hood. Su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado podrá satisfacer a sus antiguos y dogmáticos jefes de Bruselas, pero, quizás sin saberlo, llevará al endeudamiento y al desempleo a muchas familias.

Nuestra crítica no pretende negar la necesidad de mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal sino cuestionar los objetivos de maquillaje contable tan caros a la ortodoxia neoliberal. La subida de impuestos pretendida por el Gobierno se adorna de motivos de equidad fiscal y de la necesidad de extraer dinero de los contribuyentes para financiar gastos sociales. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. La propuesta del Gobierno de Sánchez satisface los fines pretendidos de forma meramente marginal. Por ejemplo, el cacareado impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras, que grava la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, tiene un tipo tan ridículamente bajo que difícilmente resolverá nada.

Si se pretende desincentivar la especulación financiera sería mejor prohibir directamente algunas transacciones como, por ejemplo, la especulación con derivados financieros sobre materias primas energéticas y alimentos, y/o limitar las actuaciones de los “prop trading” de los bancos sistémicos. Pero si lo que se quiere de verdad es beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, habría que sustituir las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo por políticas fiscales que destinaran recursos públicos a las clases más desfavorecidas, vía, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado.

La regresividad fiscal de España

Proponemos otra política fiscal. Pero para ello explicaremos antes cuáles son las finalidades de los impuestos. La principal función de los tributos es generar una demanda de la moneda emitida por el estado. La moneda es aquello que el estado exige en pago de impuestos y que previamente ha entregado a cambio de los recursos que ha obtenido del sector privado. En este sentido la moneda debe considerarse como un crédito fiscal. Pero los impuestos tienen otros objetivos cruciales para los fines públicos. Por un lado, asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza, en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a la concentración de las mismas en pocas manos. Reducir la riqueza de las grandes fortunas, vía impuestos, aporta además una ventaja sutil de defensa de la democracia: evitar que dichas élites utilicen su poder de compra para practicar cohecho, influir en la legislación y en las políticas públicas en pro de sus intereses. Por otro lado, los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o que generan otro tipo costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles que emiten gases de efecto invernadero son ejemplos de este tipo de impuestos. Finalmente, otro objetivo vital de los tributos es el de informar a la sociedad, mediante los precios públicos, del coste de determinadas actuaciones del estado.

Los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública

La política impositiva aplicada en nuestro país ha tendido a favorecer a una clase mimada, especialmente rentista. Y ello tiene sus consecuencias. Si analizamos la equidad de nuestro sistema fiscal, comprobamos que ha fracasado de forma estrepitosa. El coeficiente Gini mide el grado de desigualdad en el reparto de las rentas. Se puede calcular un índice antes y después de impuestos para medir en qué grado éstos contribuyen a mejorar el reparto de las rentas. Según datos publicados por Eurostat nuestro sistema fiscal es, bajo esta perspectiva, de los más ineficientes. España se encuentra entre las naciones más avanzadas que menos consiguen reducir la desigualdad después de impuestos encontrándose más cerca de países como Turquía, México, o Estados Unidos que de los escandinavos.

Con los dos partidos mayoritarios, el camino hacia la regresividad ha sido imparable. Por eso, los pretextos redistributivos en nuestro país tienen una escasa credibilidad a la luz de los antecedentes. Si en 1978 el tipo impositivo más alto cuadruplicaba el más bajo, esta relación no llegaba a dos veces tras la última reforma del ministro Solbes. Actualmente, tras la reforma de Montoro de 2011, el tipo máximo del IRPF es del 52% para las rentas del trabajo y del 27% para las rentas del ahorro. Esta reforma del Gobierno Rajoy trató de cuadrar el círculo de complacer a defraudadores políticamente cercanos, con ventajas y amnistías fiscales, con los objetivos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas.

Una alternativa fiscal

¿Cuál sería una política fiscal progresista? Desde nuestro punto de vista aquélla que, en primer lugar, se fijara en redistribuir la carga fiscal y no en maximizarla. Encontraríamos más convincente una política que bajase drásticamente los impuestos que recaen sobre las clases populares. Por ejemplo el IVA, un tributo muy regresivo, tiene una tasa del 21% que debería reducirse. En cambio otros impuestos que son claves en conseguir una mejor distribución de la renta como los de patrimonio y sucesiones deberían experimentar incrementos sustanciales a partir de un umbral razonable que previamente deje exenta a la mayoría de la población.

Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Cambiar el modelo productivo patrio exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.

Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.

Una reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, proporcionando un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo y a las pequeñas y medianas empresas

Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Como detallaban ciertos multimillonarios estadounidenses en un manifiesto contra la pretensión de George W. Bush de eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos, "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".

Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.

Nadia Calviño no es Robin Hood (I)

Artículo de Juan Laborda y servidor publicado originalmente en Voz Populi

Transcurrido el fragor del combate electoral, el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante Bruselas su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado. Daría para otro artículo el análisis de cómo el proceso de despolitización neoliberal ha conseguido que los Presupuestos Generales del Estado se sometan a la censura previa de tecnócratas no elegidos democráticamente, convirtiendo a las Cortes en un mero ornamento para salvar las apariencias democráticas. El plan contempla un incremento de los impuestos de 5.654 millones de euros, fundamentalmente recaudados sobre los ricos y un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras. Pretenden conseguir el equilibrio en 2022.

Ciudadanos no ha perdido la ocasión de denunciar la ocultación de una subida de impuestos durante la campaña electoral. El Gobierno y sus partidarios no han tardado en reaccionar diciendo que se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos. Estos argumentos resuenan entre el electorado de izquierda. El mensaje del PSOE es: "Subimos los impuestos para que los ricos sufraguen un mejor estado social".

Lamentamos disentir. Disfrazado con vestimentas progresistas, la obsesión de NadiaCalviño por el equilibrio presupuestario, esconde un mensaje profundamente neoliberal y antisocial, más alineado con los intereses que representa Ciudadanos.

Inestabilidad financiera y desempleo

La propuesta de Calviño obvia algo tan básico como la identidad de balances sectoriales, un hallazgo del economista británico Wynne Godley. Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público. Si ignoramos el sector exterior, entonces el desahorro del Estado es idéntico —hasta el céntimo— al ahorro de hogares y empresas. Si añadimos que nuestra balanza comercial es deficitaria, entonces el efecto de un equilibrio presupuestario del Gobierno sería endeudar aún más a unos hogares y empresas cuyas tasa de ahorro están en mínimos históricos. Esto solo puede llevar a una nueva crisis financiera como la que experimentamos en 2008.

Calviño parece no entender que el déficit del Estado es necesariamente igual al ahorro del sector no público

Con tasas de desempleo como las actuales lo responsable sería promover políticas de pleno empleo dejando que el saldo presupuestario se cuidara por sí mismo. El guarismo que refleja el saldo de las cuentas públicas no debe ser más que el residuo del conjunto de políticas que aseguren el pleno empleo con estabilidad de precios.

Sin embargo, España cuando suscribió los Tratados de la Unión Europea cedió la gestión de la política monetaria a un organismo supuestamente independiente, pero muy activo políticamente, llamado Banco Central Europeo. Este emisor es el cancerbero de las políticas neoliberales europeas. Si un Estado pretende abandonar el sesgo pro austeridad impuesto por los tratados, intervendrá inmediatamente renunciando a comprar la deuda de ese Estado, frecuentemente invocando argumentos pseudotécnicos.

Si inquirimos por qué los Estados europeos han abandonado la responsabilidad presupuestaria bien entendida, sustituyéndola por la consolidación fiscal, solo cabe explicárselo por la necesidad de crear una falsa sensación de escasez. Se trata de alegar que el Estado es básicamente impotente al carecer de los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y de inversión que exige la mayoría democrática. La consecuencia es la deflación permanente en el continente europeo, el estancamiento económico y el auge de los fascismos.

Contra una política social avanzada

Entre los partidos socialdemócratas el equilibrio presupuestario se asocia con una medida deseable de equidad social. Los ricos deben contribuir solidariamente al mantenimiento del bienestar social y equilibrar las cuentas públicas sería la consecuencia virtuosa de una política fiscal más equitativa. ¿Cómo no podría ser algo deseable para una sensibilidad progresista? Lamentablemente, lo que suele ocurrir, debido a una actitud de complacencia de la UE respecto a los paraísos fiscales, es que las grandes fortunas encontrarán nuevos recovecos para escabullirse, dejando la factura en manos de las clases medias y bajas. Lo curioso es que el equilibrio presupuestario es un evento históricamente extraordinario que suele anteceder a las recesiones económicas. Pero los intereses de clase predominan sobre el bien común.

Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente

Michal Kalecki ya lo explicaba sucintamente allá por 1943 en Political Aspects of Full Employment. El enorme economista post-keynesiano exponía tres razones por las que a las élites no les gustaba, y sigue sin gustarles, la idea de utilizar la política fiscal como instrumento de política económica. Un sistema sin una política fiscal activa significativa supone colocar en el asiento del conductor a los hombres de negocios. “Esto le da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política del gobierno”. Además, en segundo lugar, el gasto público pone en tela de juicio un principio moral de la mayor importancia para la élite: “Los fundamentos de la ética capitalista requieren que te ganarás el pan con el sudor -a menos que tengas los medios privados suficientes-”. Pero sin duda alguna la razón más importante es que a las élites no les gustan las consecuencias del mantenimiento del pleno empleo a largo plazo. “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria… La disciplina en las fábricas y la estabilidad política son más apreciadas que los beneficios por los líderes empresariales. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco sólido... y que el desempleo es una parte integral del sistema capitalista normal".

El rechazo a las políticas de pleno empleo keynesianas de posguerra fue el resultado de la reacción neoliberal, a través de sus think-tanks, y que acabó atrapando a las élites políticas, incluyendo a las de los partidos socialdemócratas. Alegar que subidas en tipos impositivos del 0,5% van a mejorar el reparto de la renta no es realista; es una declaración de que no se quiere trastocar el orden social vigente. Estamos de acuerdo en que es preocupante que las grandes fortunas acumulen tanto renta y riqueza. Pero la solución no está en quitársela cuando ya lo han conseguido, algo que resulta harto complicado, sino en evitar, en realidad, que les entre tantísima pasta. Para ello debemos frenar el desarrollo de clases rentistas beneficiarias de monopolios otorgados por el estado, establecer una política permanente de tipos de interés cero, reforzar el poder negociador de las clases trabajadores mediante una política de pleno empleo permanente; y, a largo plazo, asegurar que los medios de producción no queden en manos de una minoría exigua.

El declive de Europa

La Unión Europea intenta el férreo cumplimento de dos mandamientos sacro-sagrados para los hooligans ordo-liberales: amarás la sostenibilidad presupuestaria sobre todas las cosas; y a la actual arquitectura de la zona Euro como a ti mismo. Pero este ordo-liberalismo genera un efecto colateral todavía más demoledor. Supone la decadencia y declive de Europa.

Mientras que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y China, invierten cantidades ingentes de dinero en inteligencia artificial, big data, biotecnología, ordenador quanto, coche eléctrico, energías renovables… Con un papel destacadísimo en todo momento del Estado, en Europa el equilibrio presupuestario hace que los proyectos de inversión pública pan-europeos sean ridículos. Aquí, en Europa, se fía todo a un sector privado que es incapaz de asumir los riesgos inherentes a esos procesos de inversión. Digámoslo claramente; un New Deal verde es imposible sin la participación del Estado.

En respuesta a Joseph Huber

Artículo publicado originalmente en Infolibre el 8 de mayo de 2019

Una vez más, el diario El País regala a sus lectores otra crítica de la teoría monetaria moderna (TMM). Uno esperaría que, ante el surgimiento de una escuela de pensamiento económico novedosa, los periodistas inquirieran directamente a sus proponentes en primera instancia. Sin embargo, El País parece preferir las presentaciones distorsionadas de enemigos ideológicos, tales como la del economista de la escuela austríaca Juan Ramón Rallo hace unas semanas, aun a riesgo de exponerse al ridículo.

En esta ocasión el periodista Miguel Yasuyuki nos deleita en La Teoría Monetaria Moderna, ¿sinónimo del Dinero Soberano? con un refrito de un post publicado por el alemán Joseph Huber. Dicho autor, representante de una versión vintage de la olvidada escuela monetarista impulsada en los años 70 por Milton Friedman, delata una pasmosa ignorancia de la TMM, lo cual no le impide lanzar una desafortunada crítica. Su texto está cuajado de afirmaciones asombrosas que, de ningún modo, corresponden a postulados emitidos por nuestra escuela de pensamiento. De hecho es difícil encontrar un solo aserto que sea correcto.

Huber nos atribuye creencias como la de que "el gobierno crea dinero como bonos soberanos". Esto no es cierto. Lo que decimos es que los bonos soberanos son un instrumento para retirar reservas del sistema bancario para regular los tipos de interés. El dinero se ha creado en una fase anterior cuando el gobierno ha ejecutado el gasto público, proceso que inyecta reservas en el sistema bancario. Es comprensible su confusión pues, para nuestro anti apologeta, el gobierno no tendría capacidad de crear dinero. Solo lo crearían los bancos cuando compran los bonos emitidos por el gobierno. Es decir, Huber invierte el orden de la operativa. Los bancos primero crearían el dinero y luego comprarían los bonos soberanos con él. De esta forma el estado se vería obligado a obtener financiación de los bancos.

Pero esa afirmación es contraria a lo que nos dice la empírica. Antes de la operación de emisión de deuda los gobiernos han ejecutado sus políticas de gasto y recaudado los impuestos. No hay ningún misterio, es un proceso documentado mediante meros apuntes contables generados con un ordenador ubicado en el Tesoro. El acto de gastar origina una transferencia de la cuenta del Tesoro en el banco central hacia la cuenta de reservas de alguna entidad bancaria en la que el beneficiario del gasto mantiene sus cuentas corrientes. Posteriormente, los gobiernos retiran parte de esas nuevas reservas, al cobrar los impuestos. Esta fase de reflujo consiste de nuevo en un apunte contable que adeuda la cuenta corriente del contribuyente y, simultáneamente, la cuenta de reservas que mantiene su banco comercial en el banco central.

Los gobiernos emiten títulos de deuda una vez que conocen cuál es su saldo presupuestario. Incluso en el tortuoso diseño institucional contemporáneo, que prohíbe la financiación directa de los gobiernos por el banco central, el Tesoro necesita conocer su saldo antes de decidir el tamaño de su emisión de bonos. Los bancos y otras instituciones compran la deuda emitida por el Tesoro, pero para ello utilizan cuentas de reservas, es decir, cuentas abiertas en el banco central.

Aceptemos por un momento que la hipótesis de Huber sea cierta y que el gobierno solo puede realizar gasto deficitario si emite títulos de deuda a cambio de transferencias desde las cuentas de reservas de los bancos a la cuenta del Tesoro. Tendría que existir algún mecanismo que obligase a los bancos centrales a crear esas cuentas de reservas a favor de los bancos comerciales de forma previa o simultánea a su operación de compra de deuda pública. Si los gobiernos emiten deuda pública precisamente para retirar reservas del sistema ¿cuál es la lógica de la propuesta de Huber que implica crear y destruir reservas de forma inmediata? Por otra parte, ¿cómo se compadece esta hipótesis de Huber con la realidad observada en los últimos años cuando los bancos centrales han inyectado reservas al sistema bancario, sin esfuerzo y porque les ha dado la gana, sin necesidad de vender productos ni servicios, en los últimos años, a un ritmo superior a 80 mil millones al mes? ¿Considera Huber que los bancos centrales no son parte del estado?

Por algún motivo Huber piensa que los proponentes de la TMM consideramos que «la deuda del gobierno no es realmente deuda». Nos gustaría saber de dónde ha podido sacar tan peregrina idea. Continuamos citando a Huber: «Así sería sólo si el gobierno no tuviera que pagar tasas de interés, lo que no es cierto» ¿Entonces, de acuerdo con este criterio, las emisiones a tipo de interés cero o negativo como las de las más recientes subastas del Tesoro de España no son deuda?

Fiel a su visión del gobierno como una entidad sometida a restricciones presupuestarias como las de cualquier hogar, expresa su preocupación por que «la tasa de interés agrava el balance de los gobiernos». Sin embargo la realidad es que casi todos los estados han mantenido un déficit durante casi todos los años de su existencia y la tierra no parece haberse abierto bajo sus pies. Por cierto, la experiencia reciente de las economías avanzadas demuestra que los bancos centrales pueden llevar tipos interés a 0%. Añadamos que muchos proponentes de la TMM defendemos una política de tipos de interés 0 permanente (ZIRP).

Huber demuestra su perplejidad cuando afirma que «no podemos aceptar este argumento confuso de la TMM que no reconoce la obligación financiera del gobierno». Estamos igualmente perplejos. Agradeceríamos que citara la fuente donde haya podido leer semejante planteamiento.

El bloguero alemán recoge la impresión prevalente entre los críticos de la TMM de que abogamos por una capacidad infinita de gasto pública. La realidad es que todos los autores de la TMM han establecido los límites al gasto público en el agotamiento de los recursos reales que pueden ser adquiridos por el estado a cambio de su dinero. Por ejemplo, en su libro, Los siete fraudes inocentes capitales de política económica, Warren Mosler dice:

«El hecho de que el gasto público no esté limitado operativamente en forma alguna por los ingresos significa que no existe “riesgo de solvencia”. Dicho de otra forma, el gobierno siempre puede hacer frente a todos los pagos, cualesquiera que estos sean, en su propia moneda. No importa cuán grande sea el déficit o cuán exiguos sean los impuestos recaudados. Esto, sin embargo, no significa que el gobierno pueda gastar todo lo que quiera sin consecuencias. El exceso de gasto puede hacer subir los precios y aumentar la inflación.»
 

Huber cae aquí de nuevo en el ardid de la hiperinflación, repetido por otros críticos contra la TMM, para prevenir a la gente. Obviamente que la TMM haya desarrollado una teoría completa de la inflación se ignora. Hemos propuesto que la inflación se puede controlar con subidas de impuestos, sí, pero también con bajadas de gasto público, un plan de trabajo garantizado que estabilice los salarios, políticas de gasto dirigido que eviten la formación de cuellos de botella, políticas de rentas, etc. La simplificación solo se puede explicar en alguien que no se ha molestado en leer a los autores. Podemos facilitarle su trabajo remitiéndolo al reciente artículo de Nathan Tankus y Rohan Grey publicado en el Financial Times An MMT response on what causes inflation.

Joseph Huber es un proponente de la teoría del ‘dinero soberano’, heredero de la simplista teoría cuantitativa del dinero que pretende que la masa monetaria se puede controlar si el gobierno emite soberanamente su dinero. Tenemos malas noticias para Huber: eso ya lo intentaron los monetaristas y fracasaron porque no entendieron que el dinero es una variable endógena que no depende sólo de decisiones de gasto del gobierno sino también de las preferencias de ahorro y gasto de los agentes del sector privado. Si lo que pretende es cercenar la capacidad de los bancos de crear dinero esperemos que tenga una buena alternativa de intermediación de crédito si no quiere conseguir un colapso total de la economía.

El blog concluye con un argumento de dudosa solvencia técnica: rechacemos la TMM porque procede de EEUU. No parece un buen motivo. También cae en otro clásico de los críticos: la teoría solo sería aplicable a la nación norteamericana porque puede emitir todos los dólares que le da la gana; momento que aprovechamos para recordar que el Banco Central Europeo también ha creado una gran cantidad de euros al ritmo decidido por esa institución.

No tenemos ninguna duda de que la TMM se va a convertir en la escuela de pensamiento macroeconómico dominante porque su descripción de nuestras instituciones monetarias y fiscales es la que más se ajusta a nuestra realidad contemporánea. Es solo cuestión de tiempo que se acepte en el ámbito académico y en la opinión pública. El proceso requiere un doloroso proceso de adaptación de los economistas formados en un paradigma obsoleto. Ayudemos a Huber a transitar por esta fase de aceptación.