La mano que da siempre está por encima de la mano que recibe

29 de diciembre de 2019

Fondo Monetario Europeo; este trinomio a más de uno debería ponerle los pelos de punta y la piel de gallina. Recuerda demasiado a ‘Fondo Monetario Internacional’, esa institución con un nefasto registro histórico de intervenciones impuestas a países en vías desarrollo y, más recientemente, a otros que creíamos desarrollados en la Europa meridional. El liderazgo europeo no advirtió inicialmente el desacierto de proponer que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pasara a adquirir esa denominación de terribles resonancias en los borradores del tratado de reforma que iba a incorporar esta institución intergubernamental al ordenamiento de la UE. En un momento de lucidez se abandonó esta pretensión. Tampoco parece que vaya a incorporarse a los tratados europeos.

El problema del proyecto europeo es que se presenta a menudo como federalizante cuando realmente se trata de una unión de estados que se someten voluntariamente a tratados intergubernamentales que sirven a sus gobiernos para justificar reformas estructurales, es decir reformas impopulares al servicio de elites oligárquicas. En la reforma del MEDE los gobiernos europeos siguen con este tradicional juego de apariencias. Entre sus objetivos declarados están el establecimiento de una unión de capitales y evitar la repetición de la inestabilidad financiera producida en la década pasada. Este tratado de reforma está a años luz de un proyecto que habría planteado un gobierno federal con capacidad de gestionar un presupuesto que representara al menos el 15% del PIB y de emitir deuda pública respaldada por el Banco Central Europeo (BCE). En vez de esto tendremos otro acuerdo que establece una jerarquía de naciones con acreedores en la cúspide y deudores en la base. Algo no muy diferente a la relación entre Europa y las naciones del antiguo imperio colonial francés en África obligadas a utilizar como moneda el franco francés.

Recordemos que el MEDE se creó como acuerdo intergubernamental para gestionar los instrumentos de rescate de los países PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) cuando la crisis financiera global (CFG), iniciada en 2007, puso al descubierto el talón de Aquiles de la unión monetaria europeo: la carencia de un banco central que actuase como prestamista de último recurso de los estados. Habiendo renunciado a sus soberanías monetarias, los estados exponían sus emisiones de deuda pública a los caprichos del mercado.

La CFG se llevaría por delante muchos bancos. Ante un deterioro de los balances de los bancos privados y sin fondos europeos de garantía de depósitos ni de resolución bancaria, ni un banco central que actuase como prestamista de último recurso, los estados se enfrentaron a la misión imposible de rescatar su sistema financiero sin contar con la capacidad de emisión requerida. Recordemos que el Banco Central Europeo (BCE) tiene vetada la financiación directa a los estados en los Tratados de la Unión Europea (TTUE) y tampoco estaba claro en 2010 que le estuviese permitido comprar su deuda pública en los mercados secundarios.

Por otra parte, resultaba evidente que, ante una caída de la recaudación causada por la crisis económica, los estados podrían tener dificultades para hacer frente a los vencimientos de su propia deuda. Al renunciar a su soberanía monetaria ésta ya no estaba denominada en su propia divisa sino en euros, a todos los efectos una moneda extranjera. Su situación por tanto no difería mucho de la de un país dolarizado cuyo gobierno debe hacerse con las divisas antes de gastar o pedirlas prestadas obligándose a conseguirlas en el futuro. Como hemos visto en Argentina recientemente y en los países PIIGS entre 2010 y 2012, ante la menor suspicacia, los inversores se desprenden de sus títulos de deuda provocando la caída de su precio y la correlativa subida de los rendimientos exigidos por el mercado.

Hubo un tiempo en el que se llegó a considerar la posibilidad de que países como España o Irlanda podrían quebrar. En un escenario cada vez más caótico algunos gobiernos de la zona euro concedieron préstamos a Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional. Estos préstamos se instrumentaron a través del MEDE, un acuerdo intergubernamental que quedó fuera de los TTUE. Los estados que recibieron estas facilidades financieras tuvieron que someterse a una estricta condicionalidad supervisada por una troika que integraban el BCE, el Fondo Monetario Internacional y el MEDE. España también fue “socorrida” por el MEDE. Se creó un instrumento específico para recapitalizar los bancos españoles, una línea de crédito de hasta 100 mil millones de euros de los que el gobierno de Rajoy dispuso inmediatamente de 40 mil millones de euros. En ese momento el ministro Montoro prefirió negar la evidencia afirmando que aquello no era un rescate aunque lo pareciera. Pero si parece un pato y hace “cuacua” es un pato.

¿Un ejemplo de solidaridad europea? Es debatible. Los países rescatados fueron sometidos a drásticos programas de recortes para cumplir con objetivos de deuda y déficit que dificultaron su recuperación económica. Grecia fue sometida a una administración de tintes coloniales donde las actitudes insolentes de ministros con moto y chupa de cuero se castigaban con la expulsión del gobierno y muchos de sus activos públicos vendidos. Los más suspicaces han argüido que, en realidad, estos rescates se diseñaron para salvar a los bancos franceses y alemanes cuyas carteras estaban lastradas por deuda pública y privada de los PIIGS.

En opinión de este autor, lo que evitó la ruina del Estado Español y otros como el italiano o el portugués, no fue el MEDE sino el anuncio de Mario Draghi de que el BCE haría cuanto fuese necesario para sostener el euro, una iniciativa mucho más eficaz que el préstamo. El italiano ha demostrado ser uno de los más astutos políticos de la zona euro y su jubilación quizá sea una mala noticia para la zona euro. Un oportuno pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo permitió una interpretación de los TTUE que habilitaban al BCE para que iniciase sus compras de deuda pública en los mercados secundarios dentro del llamado programa de compra de activos (APP). Estas operaciones financiaron a los estados de la eurozona por la puerta de atrás. Con la intervención draghiniana —permítaseme este neologismo— los inversores comprendieron que la deuda pública de países como Italia, España, Portugal e Irlanda contaba con el respaldo del BCE. Las primas de riesgo de los rendimientos de la deuda pública de los países periféricos, cayeron rápidamente. La deuda pública española, italiana, portuguesa e italiana recuperaba su condición de activo sin riesgo lo cual permitía a los gobiernos responder al reto de restructurar a sus sectores financieros. La situación ahora es mejor que hace unos años e incluso se sobresuscribe la deuda del Tesoro Español en las subastas que se rematan con rendimientos negativos.

La simple observación de la experiencia reciente debería habernos convencido de que la solución para la inestabilidad financiera no era el MEDE sino el apoyo de los bancos centrales a los gobiernos. El liderazgo europeo sin embargo parece que sigue ilusionado con el juguete MEDE quizá porque lo crean más eficaz para disciplinar a los vagos del Sur. Esto es una mala noticia. La condicionalidad de las ayudas financieras a la aplicación de políticas de austeridad no solo dificultó la recuperación de nuestras economías periféricas, sino que también cercena cualquier proyecto ambicioso con pretensiones de transformar nuestro tejido productivo, por ejemplo con un plan de trabajo garantizado, un green new deal, un plan de reindustrialización o un plan de inversión en I+D. Esta obsesión por las finanzas “responsables” nos condena al estancamiento económico cuando no al atraso. El rigor mortis de las economías periféricas.

Un mercado de deuda pública de gran liquidez no es una cuestión baladí. El economista experto en banca y sistemas financieros, Hyman Minsky, explicaba que debido a su actividad crediticia los bancos acumulan en sus balances activos con poca liquidez. Pero a la vez en su pasivo hay depósitos a la vista y a plazo que son exigibles a corto plazo. Por ese motivo necesitan mantener en sus carteras instrumentos que puedan realizarse con gran rapidez para responder a salidas inesperadas de caja. Estas posiciones deben cotizarse en mercados muy líquidos y profundos de forma que, si varios bancos intentan realizar sus posiciones a la vez, no colapsen el mercado lo cual comprometería su acceso al dinero requerido. Uno de los instrumentos preferidos de la banca para realizar posiciones tradicionalmente han sido los títulos de deuda pública. Por eso existe una gran demanda para las emisiones del tesoro.

Esta demanda se ha visto estimulada por las reformas microprudenciales introducidas a propuesta de los acuerdos de Basilea 3 y recogidas en la normativa europea y española que han reforzado los coeficientes de activos muy líquidos que deben mantener las entidades financieras en sus balances. Actualmente, se les exige que mantengan un ratio de liquidez a corto plazo equivalente al 100% de los flujos de fondos netos que podrían esperarse en graves condiciones de tensión calculados para un período de 30 días.

En ausencia de un gobierno federal europeo con capacidad de gestionar un gasto público que suponga un porcentaje significativo del PIB de la zona euro y de una tesorería europea, lo prudente es que sean los estados los que emitan activos financieros sin riesgo y que puedan ejecutar políticas anticíclicas potentes y eficaces. El APP del BCE debería ser permanente y no estar condicionarlo a ejercicios de virtuosismo presupuestario. Una mejor comprensión del sistema bancario y de las instituciones que deben respaldar una moneda nos habrían llevado por este camino. En su lugar los líderes europeos han optado por la multilateralidad y el rigor mortis.

Los países de la zona euro han negociado modificaciones al tratado del MEDE que pretenden llevar la zona euro a la mentada unión de capitales. Crean un fondo de resolución bancaria europeo pero sigue sin incorporar un pilar básico como sería un seguro de depósitos europeo sin el cual los estados podrían ver su solvencia comprometida ante una gran crisis bancaria al carecer de un banco central propio. La reforma pactada crea un 'cortafuegos' para la Unión Bancaria, una solución de emergencia para situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución Bancaria no son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. En la peor tradición europea la financiación que aporte el MEDE a un estado miembro estará condicionada a programas de ajuste macroeconómicos —es decir, austeridad y suspensión de la democracia. La reforma del MEDE le otorgaría más poderes de supervisión sobre los estados sometidos a rescate.

Este tratado tiene que ser ratificado por los estados en diciembre para que entre en vigor en enero de 2020. Pero en Italia se han encendido todas las alarmas por los riesgos que suponen para la supervivencia de ese Estado nación y para el sistema financiero. El líder del M5S y ministro de Exteriores, Di Maio, ha dicho que se debería retrasar la firma de la reforma. La Lega, el partido de derecha populista, también se ha mostrado crítico ante la potencial pérdida de soberanía. Por supuesto, el europeísta Partido Democrático, ha dicho que el tratado es cosa hecha y que no hay vuelta atrás. Pero Di Maio ha anunciado que estaban trabajando desde su partido para introducir reformas al tratado. Matiza que hasta «que tengamos una idea clara de la situación, no se firma nada y no se aprueba nada». Ha afirmado que el Parlamento italiano evaluará y votará todos los cambios del nuevo tratado antes de que la UE lo firme previsiblemente en el primer trimestre de 2020 (Redacción de La Vanguardia, 2019).

Encuentro comprensibles las objeciones de los partidos italianos a la reforma del MEDE. Entre otros motivos, por las posibles consecuencias de las cláusulas de acción colectiva que el nuevo tratado obliga a incorporar a las nuevas emisiones de los estados. Entre las emisiones de deuda pública hay múltiples tipos y categorías de títulos con distintas condiciones y derechos reconocidos a favor de los tenedores. Ante la necesidad de afrontar un proceso de reestructuración de la deuda pública de un estado algunas clases de tenedores pueden oponerse eficazmente a un plan que no les convenga, negándose a participar de forma que una minoría más combativa podría asegurarse mejores condiciones. Estas cláusulas deberán incorporarse obligatoriamente a todas las emisiones a partir de 2022 para evitar este tipo de posicionamientos ventajistas de determinados colectivos de bonistas. Además el MEDE se convertiría en el ente que negociaría las condiciones de reestructuración suplantando a los estados emisores.

Ésta reforma otorga un gran poder al MEDE en detrimento de la soberanía nacional. Esto es de por sí inquietante pero hay más. El nuevo tratado abre la puerta a que las emisiones de los estados europeos puedan ser reestructuradas y, por consiguiente, dejan de ser el activo sin riesgo que buscan incorporar los bancos a sus carteras. Ante cualquier dificultad se podría presentar un escenario de profecía autocumplida en el que los inversores decidieran desembarazarse de sus posiciones de deuda pública. Esto podría provocar caídas de precios, un aumento de las rentabilidades exigidas, mayores dificultades para atender el servicio de su deuda y una nueva huida de inversores que desembocara en una reestructuración obligada y una inevitable intervención del MEDE con la consiguiente pérdida de soberanía y la imposición de, planes de austeridad draconianos de carácter procíclico que seguirían profundizando la crisis.

Además el sistema financiero podría encontrarse con dificultades para conseguir realizar sus posiciones creando tensiones de liquidez e insolvencias en el sistema financiero. Estas situaciones activarían el recurso al fondo de resolución bancario y a los fondos de garantía de depósitos que todavía son nacionales deteriorando aún más la solvencia de los estados y aumentando las posibilidades de que se vean obligados a recurrir al MEDE.

La reforma propuesta no representa un avance en la integración europea. No ayuda a los estados con las economías más debilitadas por años de austeridad y elevadas tasas de desempleo a recuperar la senda del crecimiento y el progreso. Tampoco contribuye a mantener la estabilidad financiera. La activación de nuevos préstamos en una próxima crisis financiera destruirá los gobiernos democráticos sometiéndolos a una administración foránea con consecuencias impredecibles.

Como es tradición, en España se ha eludido cualquier debate sobre la reforma del MEDE. Nadie quiere ser señalado como culpable de leso europeísmo. Los medios españoles suelen hablar con desprecio de la política italiana poblada por partidos populistas y ultraderechistas. Allí la política se ha vuelto menos políticamente correcta. Pero quizá su sistema sea más funcional que el nuestro donde se considera de mal gusto debatir sobre cuestiones cruciales como son la soberanía nacional, la democracia o la estabilidad de nuestro sistema financiero. Nadie nos agradecerá nuestro sumiso europeísmo. Napoleón Bonaparte decía que la mano que da siempre queda encima de la que recibe. No olvidemos que tenemos más papeletas para ser la mano que recibe.

Referencias

Redacción de La Vanguardia. (11 de 12 de 2019). Italia apoyará la reforma del MEDE, aunque debatirá cualquier cambio en enero. La Vanguardia. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/politica/20191211/472181229340/italia-apoyara-la-reforma-del-mede-aunque-debatira-cualquier-cambio-en-enero.html