Soberanía (monetaria) o barbarie

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el 12/05/2020

No se puede escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando se intenta, las motivaciones no suelen ser inocentes y las consecuencias pueden ser desastrosas. Esta esquizofrenia monetario-fiscal suele ser una estratagema para limitar el poder del Estado sometiéndolo a instancias no democráticas.


La moneda es un elemento integral de las relaciones de poder que se establecen dentro de un Estado pero también en la jerarquía de Estados. El diseño de los mecanismos de creación y destrucción de moneda tiene efectos sobre el acceso a la misma y, por tanto, sobre su distribución en la sociedad.

En el Estado capitalista se concede una licencia a las entidades bancarias, frecuentemente privadas, para que operen otro circuito monetario que se apalanca sobre el dinero del Estado. Éste se inicia con la concesión de crédito, lo cual implica la creación de depósitos o dinero bancario en el mismo acto, y se cierra con la amortización de los préstamos. Este mecanismo otorga un inmenso poder a la clase capitalista pues le permite decidir qué recursos se movilizan y qué actividades económicas se realizan. Pero al mismo tiempo, el sistema financiero capitalista genera inestabilidad pues encadena ciclos especulativos con prolongados períodos de depresión. El Estado capitalista crea grupos privilegiados con mejor acceso a la moneda para facilitar el proceso de acumulación.

El Estado, dotado de soberanía monetaria, puede compensar la inestabilidad del sistema financiero con una estricta supervisión bancaria y actuando de forma anticíclica gracias a su capacidad ilimitada de emisión que le permite pagar los “platos rotos” cuando una burbuja se pincha. Como dice Warren Mosler, no hay crisis financiera lo suficientemente profunda que no pueda ser resuelta con un déficit lo suficientemente amplio. Sin el sustento de las instituciones monetarias y fiscales del Estado capitalista, el circuito monetario bancario sería mucho más inestable y quizás inviable. Escindir el circuito monetario-fiscal sirve para debilitar el control democrático sobre el sistema financiero y acentuar la inestabilidad financiera.
Solo quien ignora esta naturaleza dual de nuestro sistema monetario y fiscal podría haber diseñado la unión monetaria europea. En esencia, la eurozona ha demostrado ser un torpísimo experimento de esquizofrenia monetario-fiscal que ha socavado el control democrático y nos ha incapacitado para responder a las crisis financieras y económicas. No hacía falta más que mirar al continente africano donde la más antigua unión monetaria, la del franco CFA, ha sojuzgado a las antiguas colonias francesas condenando a su población a buscarse un futuro abriéndose las carnes en las concertinas de Ceuta y Melilla o afrontando una peligrosa travesía en patera.

La pandemia de la covid-19 y sus secuelas económicas van a exponer en toda su crudeza la pérdida de soberanía democrática y capacidad de respuesta de nuestro Estado. El euro nos hará más parecidos a esos Estados fallidos anclados en el subdesarrollo y menos a esos estados del Norte de Europa que ansiábamos ser.

La pandemia global ha sido como una bofetada a toda la sociedad. Todos recordaremos la experiencia de haber vivido bajo confinamiento durante dos meses; la pérdida de seres queridos; o el trauma de haber perdido empleos y negocios. La pandemia nos deja un legado sombrío en lo económico. Como en el mito de Sísifo, cuando ya creíamos que podríamos superar la tasa de desempleo anterior a la crisis de 2008, la piedra ha caído rodando hasta el fondo. Tendremos que empezar a empujar la piedra con una tasa de paro que fácilmente se nos irá a más del 20%. En España es probable que una de cada tres personas en edad de trabajar hoy no tenga empleo.

La pandemia ha reinfectado la herida mal cicatrizada que dejó la crisis de 2008. Es cierto que otros países van a experimentar una recesión importante que quizás devenga en gran depresión. Pero pocos serán tan azotados como las grandes economías del Sur europeo. Las tres penínsulas meridionales se han convertido en los enfermos de Europa. Desde la anterior crisis económica, su crecimiento económico ha tenido poco lustre. Las políticas de austeridad y devaluación interna han erosionado su cohesión social, han debilitado la capacidad de actuación de sus estados y han cegado cualquier ruta de desarrollo industrial o económico que no sea la mera repetición de viejos tropos de un tejido económico obsoleto, productor de un valor añadido menguante. Altas tasas de desempleo y emigración son los precios que, sobre todo, están pagando los jóvenes.

No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una unión monetaria disfuncional. Nuestro pecado fue renunciar a nuestros bancos centrales y a nuestra moneda. Comprometimos así la capacidad de controlar el sistema financiero ya que carecemos del emisor que podría haber rescatado a nuestros bancos durante la crisis financiera global. Tras la pandemia volveremos a comprobar cómo la carencia de soberanía monetaria nos vuelve impotentes para dar una respuesta adecuada.

La crisis es pues estructural y se comprende mejor como parte de un proceso secular de concentración del poder económico en el Norte de Europa. Estamos condenados a convertirnos en una periferia cada vez más irrelevante. La pandemia es solo un factor acelerador de este proceso irreversible de decadencia.

Nuestras élites, apocadas y serviciales con el hegemón europeo, se sienten incapaces de encontrar dentro de sí mismas las soluciones para impulsar una respuesta. El armazón institucional europeo es una camisa de fuerza que no ofrece alternativas. El artículo 135 de la Constitución Española exige que nuestras cuentas públicas tengan un saldo inferior a un déficit estructural equivalente al 0,40% del PIB. Resulta bizarra una exigencia legal que condiciona un saldo contable de las cuentas públicas a una cifra imaginaria pues ese déficit estructural corresponde al que nuestra economía tendría teóricamente en una situación de pleno empleo. El problema es que para calcular este déficit estructural se emplea otro concepto igualmente inaprehensible llamado tasa “natural” de desempleo. El bizantino diseño de las reglas fiscales europeas ha trocado objetivos reales por otros imaginarios: ya no se busca el pleno empleo o el desarrollo económico sino cuadrar un saldo contable. Este año las autoridades europeas permitirán un breve paseo por el patio de la cárcel pero pronto tendremos que retornar a la celda.

Sánchez y sus ministras no pueden ignorar que su éxito electoral depende de una buena gestión de la crisis pospandémica. Saben también que necesitan más fondos para gestionar los escudos sociales y programas de reconstrucción que evitarían la ruina de este país. Pero sin soberanía monetaria no podemos crearlos, tenemos que conseguirlos de alguna fuente externa y eso nos reduce a la posición del mendigo.

Una opción es aplacar al “dios Mercado” pero será imposible presentar unas cuentas “saneadas” que haga atractivas nuestras emisiones de deuda pública. De allí el interés en resucitar los eurobonos, recientemente rebautizados como ‘coronabonos’, que consisten en emisiones mutualizadas de la deuda de los países del Sur, percibidos como menos solventes, y la deuda de los países del Norte con cuentas públicas más saneadas. Los países del Norte se han negado a complacer a Conte y Sánchez. Parece aún más inverosímil que tal propuesta salga adelante si tenemos en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca de las operaciones de compra de deuda por el sistema de bancos centrales europeos. El Norte quiere nuestros mercados pero no quiere crear mecanismos redistributivos que hagan sostenible el desequilibrio comercial.

Los países septentrionales, menos afectados por la covid-19, nos han ofrecido una propina: unos préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Conviene aclarar que todos los países de la zona euro contribuyen a los fondos de los que salen los préstamos, incluidos Italia y España, en función de una clave de reparto. El fondo dotado para cubrir solo gastos sanitarios derivados de la pandemia asciende a 240 mil millones de euros a los que España aporta en proporción a la ponderación de su PIB dentro de la eurozona. Se estima que podría solicitar hasta el equivalente del 2% de su PIB o unos 24.000 millones €. Teniendo en cuenta que tendremos que aportar el 11,9% de los fondos, no acierto a ver dónde está el negocio para España, sobre todo si tenemos en cuenta la condicionalidad que implicarán en el futuro.

Es cierto que nos han dicho que este año no habría condicionalidad pero no olvidemos que se firma un memorando de entendimiento con potencias foráneas. Es probable que el Gobierno de España acepte esta oferta de rescate que socavará nuestra soberanía en perjuicio del Parlamento que debería ser la única instancia en la que se acordaran nuestros límites de gasto público. Recordemos que, en caso de que hubiera que renegociar condiciones con los acreedores de la deuda pública española, podría ser el MEDE quien se convirtiera en nuestro representante ante los acreedores en lugar del Gobierno de España. En todo caso, este instrumento no empieza a cubrir las necesidades financieras de un verdadero plan de reconstrucción económica.

La opción más acertada, dentro del marco de la eurozona, sería recurrir a la facilidad que ha ofrecido para este año el Banco Central Europeo (BCE) que ha anunciado que compraría hasta 750 millardos de euros de títulos de deuda pública. Este programa permitiría colocar las emisiones de deuda pública española sin muchas dificultades en el mercado primario pues los operadores sabrían que al día siguiente el BCE estaría dispuesto a comprar gran parte de ella.

Sin embargo, nuestra democracia también queda en suspenso si aceptamos esta oferta. En esencia, se nos dice que nuestros niveles de gasto público y endeudamiento pueden ser mayores o menores en función de la opinión o el humor de los responsables del emisor de la zona euro, una entidad independiente de los Estados. La cuestión no es trivial. La semana pasada el Tribunal Constitucional de Alemania, en un pronunciamiento de un caso sobre las competencias del BCE iniciado por conservadores de ese país, exigió al BCE que justificara su programa de compra de activos. El Constitucional alemán considera que la respuesta que le dio hace dos años el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) no era clara y por tanto ha interpelado al BCE directamente. También han ordenado al Bundesbank que deshaga sus posiciones en títulos de deuda púbica adquiridas dentro de los programas de compras de activos del BCE. Son más de 500 mil millones de € cuya súbita salida al mercado elevaría primas de riesgo y trastocaría los mercados de deuda. El caso pone de relieve la posición subalterna de países como España. Los conflictos de competencias que se están dirimiendo entre el TJUE y el tribunal alemán nos exponen a una crisis financiera que amenaza la viabilidad de nuestros planes de rescate.

Salir de la crisis pospandémica requerirá movilizar todos aquellos recursos que el sector privado, en este momento, no desea o no está en condiciones de movilizar. Cuando acabe la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. Sin duda, el Estado podría movilizar a una parte de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la demanda predecible que requiere el sector privado invitándolo a participar en proyectos dirigidos a conseguir una transformación de nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado.

Las tres soluciones para el reto de financiar un plan de reconstrucción —coronabonos, MEDE, programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias que no están sometidas a la soberanía democrática del pueblo español. Todas exigen el plácet de los mercados financieros, de potencias extranjeras o de un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes.

Bastaría con tener un banco central propio, un plan de desarrollo ambicioso y la determinación de llevarlo a cabo para convertir a España en uno de los más prósperos países del planeta. Pero tal osadía no está en los planes de nuestro gobierno ni de los partidos políticos.

Hace décadas que las élites de este país decidieron renunciar a gobernarnos y prefirieron entregarles a otros la soberanía. Les resultó conveniente desmantelar el sector público empresarial e iniciar un proceso de ‘modernización’, el eufemismo para referirse a un conjunto de reformas estructurales que liberalizan los mercados y suprimen derechos de trabajadores. El proyecto europeo sirvió de meta y justificación de lo que las élites querían para este país. Eso suponía someter nuestra política económica a la voluntad de potencias de mayor rango y conformarse con aceptar un papel subalterno en Europa, integrando nuestras empresas en las cadenas de valor europeas en escalones intermedios o bajos. La pérdida de soberanía se completó con la entrega de nuestra divisa y la renuncia a un banco central propio y se disimuló con la elección de diputados a un Parlamento europeo que actúa como mero sancionador de las decisiones que toman los Estados hegemónicos.

La sociedad española ha pagado un altísimo precio en términos de bienestar, oportunidades profesionales y desarrollo económico. Las instituciones europeas no gobiernan en pro del pueblo español sino a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas. La primera gran recesión de este siglo, con el giro a la austeridad impuesto en 2010 desde Bruselas, Fráncfort, París y Berlín, debió dejar esta realidad meridianamente clara.

Las élites españolas se han convertido en los mayorales de la finca germánica. No son capaces de concebir ninguna solución que no provenga de sus superiores jerárquicos. Para los políticos españoles las soluciones a nuestros problemas sólo pueden proceder de una potencia extranjera. La actitud suplicante, las apelaciones a la solidaridad entre países que comparten un proyecto europeo, concluyeron con los humillantes comentarios de los holandeses cuyo primer ministro prefiere contentar a un pueblo que busca en nosotros el chivo expiatorio para los daños causados por el neoliberalismo.

El tribunal alemán ha demostrado que su país es capaz de apretar el detonante de la disolución del euro si interesa a sus élites. En Alemania se está desarrollando una batalla entre ultraconservadores hostiles al euro, con creencias erróneas sobre la función de la política monetaria y mitos arcaicos sobre el ahorro, y oligarcas exportadores, que conocen que su éxito comercial depende de seguir explotando los mercados del Sur para lo que necesitan la moneda común. La batalla sin duda se saldará a favor de éstos, por ahora, y la moneda común durará mientras estos mercados se puedan seguir explotando. Pero lo que nunca permitirán las élites alemanas será el desarrollo de un competidor en el Sur.

Desde la Asociación Red MMT hemos emitido un Manifiesto con cinco propuestas que serían eficaces para sacarnos del marasmo de normas fiscales. Su aplicación requiere de un ejercicio de soberanía. Solo falta la voluntad de erguirse del pueblo español y, sobre todo, de sus dirigentes.

La mano que da siempre está por encima de la mano que recibe

29 de diciembre de 2019

Fondo Monetario Europeo; este trinomio a más de uno debería ponerle los pelos de punta y la piel de gallina. Recuerda demasiado a ‘Fondo Monetario Internacional’, esa institución con un nefasto registro histórico de intervenciones impuestas a países en vías desarrollo y, más recientemente, a otros que creíamos desarrollados en la Europa meridional. El liderazgo europeo no advirtió inicialmente el desacierto de proponer que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pasara a adquirir esa denominación de terribles resonancias en los borradores del tratado de reforma que iba a incorporar esta institución intergubernamental al ordenamiento de la UE. En un momento de lucidez se abandonó esta pretensión. Tampoco parece que vaya a incorporarse a los tratados europeos.

El problema del proyecto europeo es que se presenta a menudo como federalizante cuando realmente se trata de una unión de estados que se someten voluntariamente a tratados intergubernamentales que sirven a sus gobiernos para justificar reformas estructurales, es decir reformas impopulares al servicio de elites oligárquicas. En la reforma del MEDE los gobiernos europeos siguen con este tradicional juego de apariencias. Entre sus objetivos declarados están el establecimiento de una unión de capitales y evitar la repetición de la inestabilidad financiera producida en la década pasada. Este tratado de reforma está a años luz de un proyecto que habría planteado un gobierno federal con capacidad de gestionar un presupuesto que representara al menos el 15% del PIB y de emitir deuda pública respaldada por el Banco Central Europeo (BCE). En vez de esto tendremos otro acuerdo que establece una jerarquía de naciones con acreedores en la cúspide y deudores en la base. Algo no muy diferente a la relación entre Europa y las naciones del antiguo imperio colonial francés en África obligadas a utilizar como moneda el franco francés.

Recordemos que el MEDE se creó como acuerdo intergubernamental para gestionar los instrumentos de rescate de los países PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) cuando la crisis financiera global (CFG), iniciada en 2007, puso al descubierto el talón de Aquiles de la unión monetaria europeo: la carencia de un banco central que actuase como prestamista de último recurso de los estados. Habiendo renunciado a sus soberanías monetarias, los estados exponían sus emisiones de deuda pública a los caprichos del mercado.

La CFG se llevaría por delante muchos bancos. Ante un deterioro de los balances de los bancos privados y sin fondos europeos de garantía de depósitos ni de resolución bancaria, ni un banco central que actuase como prestamista de último recurso, los estados se enfrentaron a la misión imposible de rescatar su sistema financiero sin contar con la capacidad de emisión requerida. Recordemos que el Banco Central Europeo (BCE) tiene vetada la financiación directa a los estados en los Tratados de la Unión Europea (TTUE) y tampoco estaba claro en 2010 que le estuviese permitido comprar su deuda pública en los mercados secundarios.

Por otra parte, resultaba evidente que, ante una caída de la recaudación causada por la crisis económica, los estados podrían tener dificultades para hacer frente a los vencimientos de su propia deuda. Al renunciar a su soberanía monetaria ésta ya no estaba denominada en su propia divisa sino en euros, a todos los efectos una moneda extranjera. Su situación por tanto no difería mucho de la de un país dolarizado cuyo gobierno debe hacerse con las divisas antes de gastar o pedirlas prestadas obligándose a conseguirlas en el futuro. Como hemos visto en Argentina recientemente y en los países PIIGS entre 2010 y 2012, ante la menor suspicacia, los inversores se desprenden de sus títulos de deuda provocando la caída de su precio y la correlativa subida de los rendimientos exigidos por el mercado.

Hubo un tiempo en el que se llegó a considerar la posibilidad de que países como España o Irlanda podrían quebrar. En un escenario cada vez más caótico algunos gobiernos de la zona euro concedieron préstamos a Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional. Estos préstamos se instrumentaron a través del MEDE, un acuerdo intergubernamental que quedó fuera de los TTUE. Los estados que recibieron estas facilidades financieras tuvieron que someterse a una estricta condicionalidad supervisada por una troika que integraban el BCE, el Fondo Monetario Internacional y el MEDE. España también fue “socorrida” por el MEDE. Se creó un instrumento específico para recapitalizar los bancos españoles, una línea de crédito de hasta 100 mil millones de euros de los que el gobierno de Rajoy dispuso inmediatamente de 40 mil millones de euros. En ese momento el ministro Montoro prefirió negar la evidencia afirmando que aquello no era un rescate aunque lo pareciera. Pero si parece un pato y hace “cuacua” es un pato.

¿Un ejemplo de solidaridad europea? Es debatible. Los países rescatados fueron sometidos a drásticos programas de recortes para cumplir con objetivos de deuda y déficit que dificultaron su recuperación económica. Grecia fue sometida a una administración de tintes coloniales donde las actitudes insolentes de ministros con moto y chupa de cuero se castigaban con la expulsión del gobierno y muchos de sus activos públicos vendidos. Los más suspicaces han argüido que, en realidad, estos rescates se diseñaron para salvar a los bancos franceses y alemanes cuyas carteras estaban lastradas por deuda pública y privada de los PIIGS.

En opinión de este autor, lo que evitó la ruina del Estado Español y otros como el italiano o el portugués, no fue el MEDE sino el anuncio de Mario Draghi de que el BCE haría cuanto fuese necesario para sostener el euro, una iniciativa mucho más eficaz que el préstamo. El italiano ha demostrado ser uno de los más astutos políticos de la zona euro y su jubilación quizá sea una mala noticia para la zona euro. Un oportuno pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo permitió una interpretación de los TTUE que habilitaban al BCE para que iniciase sus compras de deuda pública en los mercados secundarios dentro del llamado programa de compra de activos (APP). Estas operaciones financiaron a los estados de la eurozona por la puerta de atrás. Con la intervención draghiniana —permítaseme este neologismo— los inversores comprendieron que la deuda pública de países como Italia, España, Portugal e Irlanda contaba con el respaldo del BCE. Las primas de riesgo de los rendimientos de la deuda pública de los países periféricos, cayeron rápidamente. La deuda pública española, italiana, portuguesa e italiana recuperaba su condición de activo sin riesgo lo cual permitía a los gobiernos responder al reto de restructurar a sus sectores financieros. La situación ahora es mejor que hace unos años e incluso se sobresuscribe la deuda del Tesoro Español en las subastas que se rematan con rendimientos negativos.

La simple observación de la experiencia reciente debería habernos convencido de que la solución para la inestabilidad financiera no era el MEDE sino el apoyo de los bancos centrales a los gobiernos. El liderazgo europeo sin embargo parece que sigue ilusionado con el juguete MEDE quizá porque lo crean más eficaz para disciplinar a los vagos del Sur. Esto es una mala noticia. La condicionalidad de las ayudas financieras a la aplicación de políticas de austeridad no solo dificultó la recuperación de nuestras economías periféricas, sino que también cercena cualquier proyecto ambicioso con pretensiones de transformar nuestro tejido productivo, por ejemplo con un plan de trabajo garantizado, un green new deal, un plan de reindustrialización o un plan de inversión en I+D. Esta obsesión por las finanzas “responsables” nos condena al estancamiento económico cuando no al atraso. El rigor mortis de las economías periféricas.

Un mercado de deuda pública de gran liquidez no es una cuestión baladí. El economista experto en banca y sistemas financieros, Hyman Minsky, explicaba que debido a su actividad crediticia los bancos acumulan en sus balances activos con poca liquidez. Pero a la vez en su pasivo hay depósitos a la vista y a plazo que son exigibles a corto plazo. Por ese motivo necesitan mantener en sus carteras instrumentos que puedan realizarse con gran rapidez para responder a salidas inesperadas de caja. Estas posiciones deben cotizarse en mercados muy líquidos y profundos de forma que, si varios bancos intentan realizar sus posiciones a la vez, no colapsen el mercado lo cual comprometería su acceso al dinero requerido. Uno de los instrumentos preferidos de la banca para realizar posiciones tradicionalmente han sido los títulos de deuda pública. Por eso existe una gran demanda para las emisiones del tesoro.

Esta demanda se ha visto estimulada por las reformas microprudenciales introducidas a propuesta de los acuerdos de Basilea 3 y recogidas en la normativa europea y española que han reforzado los coeficientes de activos muy líquidos que deben mantener las entidades financieras en sus balances. Actualmente, se les exige que mantengan un ratio de liquidez a corto plazo equivalente al 100% de los flujos de fondos netos que podrían esperarse en graves condiciones de tensión calculados para un período de 30 días.

En ausencia de un gobierno federal europeo con capacidad de gestionar un gasto público que suponga un porcentaje significativo del PIB de la zona euro y de una tesorería europea, lo prudente es que sean los estados los que emitan activos financieros sin riesgo y que puedan ejecutar políticas anticíclicas potentes y eficaces. El APP del BCE debería ser permanente y no estar condicionarlo a ejercicios de virtuosismo presupuestario. Una mejor comprensión del sistema bancario y de las instituciones que deben respaldar una moneda nos habrían llevado por este camino. En su lugar los líderes europeos han optado por la multilateralidad y el rigor mortis.

Los países de la zona euro han negociado modificaciones al tratado del MEDE que pretenden llevar la zona euro a la mentada unión de capitales. Crean un fondo de resolución bancaria europeo pero sigue sin incorporar un pilar básico como sería un seguro de depósitos europeo sin el cual los estados podrían ver su solvencia comprometida ante una gran crisis bancaria al carecer de un banco central propio. La reforma pactada crea un 'cortafuegos' para la Unión Bancaria, una solución de emergencia para situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución Bancaria no son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. En la peor tradición europea la financiación que aporte el MEDE a un estado miembro estará condicionada a programas de ajuste macroeconómicos —es decir, austeridad y suspensión de la democracia. La reforma del MEDE le otorgaría más poderes de supervisión sobre los estados sometidos a rescate.

Este tratado tiene que ser ratificado por los estados en diciembre para que entre en vigor en enero de 2020. Pero en Italia se han encendido todas las alarmas por los riesgos que suponen para la supervivencia de ese Estado nación y para el sistema financiero. El líder del M5S y ministro de Exteriores, Di Maio, ha dicho que se debería retrasar la firma de la reforma. La Lega, el partido de derecha populista, también se ha mostrado crítico ante la potencial pérdida de soberanía. Por supuesto, el europeísta Partido Democrático, ha dicho que el tratado es cosa hecha y que no hay vuelta atrás. Pero Di Maio ha anunciado que estaban trabajando desde su partido para introducir reformas al tratado. Matiza que hasta «que tengamos una idea clara de la situación, no se firma nada y no se aprueba nada». Ha afirmado que el Parlamento italiano evaluará y votará todos los cambios del nuevo tratado antes de que la UE lo firme previsiblemente en el primer trimestre de 2020 (Redacción de La Vanguardia, 2019).

Encuentro comprensibles las objeciones de los partidos italianos a la reforma del MEDE. Entre otros motivos, por las posibles consecuencias de las cláusulas de acción colectiva que el nuevo tratado obliga a incorporar a las nuevas emisiones de los estados. Entre las emisiones de deuda pública hay múltiples tipos y categorías de títulos con distintas condiciones y derechos reconocidos a favor de los tenedores. Ante la necesidad de afrontar un proceso de reestructuración de la deuda pública de un estado algunas clases de tenedores pueden oponerse eficazmente a un plan que no les convenga, negándose a participar de forma que una minoría más combativa podría asegurarse mejores condiciones. Estas cláusulas deberán incorporarse obligatoriamente a todas las emisiones a partir de 2022 para evitar este tipo de posicionamientos ventajistas de determinados colectivos de bonistas. Además el MEDE se convertiría en el ente que negociaría las condiciones de reestructuración suplantando a los estados emisores.

Ésta reforma otorga un gran poder al MEDE en detrimento de la soberanía nacional. Esto es de por sí inquietante pero hay más. El nuevo tratado abre la puerta a que las emisiones de los estados europeos puedan ser reestructuradas y, por consiguiente, dejan de ser el activo sin riesgo que buscan incorporar los bancos a sus carteras. Ante cualquier dificultad se podría presentar un escenario de profecía autocumplida en el que los inversores decidieran desembarazarse de sus posiciones de deuda pública. Esto podría provocar caídas de precios, un aumento de las rentabilidades exigidas, mayores dificultades para atender el servicio de su deuda y una nueva huida de inversores que desembocara en una reestructuración obligada y una inevitable intervención del MEDE con la consiguiente pérdida de soberanía y la imposición de, planes de austeridad draconianos de carácter procíclico que seguirían profundizando la crisis.

Además el sistema financiero podría encontrarse con dificultades para conseguir realizar sus posiciones creando tensiones de liquidez e insolvencias en el sistema financiero. Estas situaciones activarían el recurso al fondo de resolución bancario y a los fondos de garantía de depósitos que todavía son nacionales deteriorando aún más la solvencia de los estados y aumentando las posibilidades de que se vean obligados a recurrir al MEDE.

La reforma propuesta no representa un avance en la integración europea. No ayuda a los estados con las economías más debilitadas por años de austeridad y elevadas tasas de desempleo a recuperar la senda del crecimiento y el progreso. Tampoco contribuye a mantener la estabilidad financiera. La activación de nuevos préstamos en una próxima crisis financiera destruirá los gobiernos democráticos sometiéndolos a una administración foránea con consecuencias impredecibles.

Como es tradición, en España se ha eludido cualquier debate sobre la reforma del MEDE. Nadie quiere ser señalado como culpable de leso europeísmo. Los medios españoles suelen hablar con desprecio de la política italiana poblada por partidos populistas y ultraderechistas. Allí la política se ha vuelto menos políticamente correcta. Pero quizá su sistema sea más funcional que el nuestro donde se considera de mal gusto debatir sobre cuestiones cruciales como son la soberanía nacional, la democracia o la estabilidad de nuestro sistema financiero. Nadie nos agradecerá nuestro sumiso europeísmo. Napoleón Bonaparte decía que la mano que da siempre queda encima de la que recibe. No olvidemos que tenemos más papeletas para ser la mano que recibe.

Referencias

Redacción de La Vanguardia. (11 de 12 de 2019). Italia apoyará la reforma del MEDE, aunque debatirá cualquier cambio en enero. La Vanguardia. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/politica/20191211/472181229340/italia-apoyara-la-reforma-del-mede-aunque-debatira-cualquier-cambio-en-enero.html

Mientras mirábamos a Cataluña

Editorial publicado en Red MMT originalmente  el pasado 16 de octubre

Mientras la opinión pública doméstica e internacional contemplaba atónita cómo el Gobierno de España y la Generalitat se disputaban los residuos de soberanía que quedaban en la periferia europea ha pasado inadvertida para la mayoría una disputa mucho más importante para el futuro de la zona euro. Cuando Macron ganó las elecciones los europeístas respiraron aliviados pensando que la derrota de Le Pen salvaría el proyecto europeo. Macron es un exitoso producto de la mercadotecnia de las elites que ha asumido el compromiso de profundizar las “reformas estructurales” de carácter neoliberal que el último país estatista de Europa se resistía a adoptar. Su reforma de la legislación laboral destinada a derrumbar la protección a los derechos de los trabajadores y así acercarse al modelo español lo demuestra. Pero además de campeón neoliberal, los euroentusiastas confiaban en que sería el socio adecuado para restablecer el equilibrio en ese eje franco-alemán que se supone central en la construcción del proyecto europeo. Macron acompañaría al presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en el avance de una serie de tímidas reformas que deberían ayudar a la zona euro a responder mejor ante una crisis. Sin embargo, la construcción europea se parece cada vez más al fútbol, ese juego en el que participan veintidós jugadores y casi siempre gana Alemania.

La semana pasada Alemania ha proferido su adverbio favorito a todas las propuestas que supuestamente asegurarían la viabilidad del proyecto europeo: «Nein!». Ni siquiera la jubilación de Schäuble va a conseguir una flexibilización de las posturas alemanas. Pero ¿cuáles eran esas medidas por las que supuestamente abogaba Macron y la Comisión Europea?

Creemos que los euroentusiastas, por desconocimiento de la teoría moderna de la moneda, sobrevaloraban su importancia. Sin embargo algunas podían ir en la buena dirección. La propuesta más relevante, que nosotros no compartimos, era crear un presupuesto de defensa europeo y una fuerza de intervención con capacidad de intervención. Quizás se ocultaran en los planes de Macron un intento de desarrollar un keynesianismo militar dotando a un embrión de gobierno federal con un mínimo presupuesto. Hemos explicado anteriormente que una unión monetaria solo puede ser plenamente operativa si se acompaña de una instancia federal con capacidad de ejecutar un presupuesto y actuar de forma anticíclica. Que se trate de conseguir esto por la puerta trasera aprovechando temores de amenazas a la seguridad demuestra que el proyecto europeo tiene cada vez menos proyectos ilusionantes que ofrecer. La respuesta de Alemania ha sido un sonoro «Nein!».

Otro proyecto querido por los reformistas del euro ha sido la creación de un seguro de desempleo europeo. Esta idea de nuevo podría contribuir a dar viabilidad al euro ya que, si se desarrollara plenamente implicaría un aumento del gasto público en aquellas zonas con mayores tasas de paro. Pero hay que matizar que la idea tendría un alcance muy limitado pues solo beneficiaría a trabajadores que ya hubiesen cotizado previamente al plan europeo lo cual quiere decir que nuestro ejército industrial de reserva tendría que seguir cobrando de nuestra Seguridad Social. Pese a todo, la propuesta tenía algún mérito. De nuevo Alemania ha dicho «Nein!».

Por último la idea de los bonos europeos. Esa solución sigue fascinando a los reformistas del euro porque se supone que reduciría los costes de deuda de los países periféricos al mutualizar los riesgos. Pero ese efecto ya lo consigue el Banco Central Europeo simplemente comprando la deuda de los estados en los mercados gracias a los programas de compras de activos. La propuesta ha recibido otro «Nein!» como respuesta.

Alemania empieza a recordarnos a los niños de corta edad que solo utilizan el adverbio negativo ante cualquier pregunta por defecto no sea que les cuelen los adultos algo que no quieren. Macron ha sido comparado con un macaron por su aspecto y lenguaje empalagoso pero nulo contenido en nutrientes, tuétano y sustancia. Su incapacidad de hacer frente a Alemania demuestra que efectivamente la analogía le sienta bien.

¿Qué quiere Alemania para Europa? Básicamente que ante la próxima crisis Europa solo tenga el mismo instrumento que utilizó en la anterior: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), es decir ayudas financieras acompañadas de medidas de austeridad draconianas que traten de encerrar los parámetros de deuda y déficit públicos en la estrecha cochiquera que se diseñó en el Tratado de Maastricht. Hemos explicado repetidas veces que estos límites son imposibles de conseguir en una depresión y que solo sirven para obstaculizar la recuperación económica.



El presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi se ha mostrado pragmático y eficaz en su misión de salvar el euro, pero será sustituido el año que viene probablemente por Jens Wiedmann, un intransigente defensor de las terapias de electrochoque fiscal. Es además probable que las compras de activos que han mantenido a flote nuestra deuda pública se vayan reduciendo dado que ya se han agotado los límites máximos que el BCE se había autorizado a sí mismo: un 33% del stock existente. En estas circunstancias podemos esperar una subida de los rendimientos exigidos a nuestra deuda pública (la famosa prima de riesgo, una pariente cercana de los bond vigilantes). Rajoy ha decidido no acudir a la reciente cumbre europea de Estonia porque prefería concentrarse en aplastar sediciones en Cataluña, y por tanto quizás no se esté enterando de mucho. Cuando levante la vista y contemple los resultados de la obra de su admirada Merkel, a la que nunca se opondrá, quizás se quede aún más pasmado de lo que suele estarlo. La prima de riesgo habrá vuelto y con ella el desempleo galopante, enemigos que, en el cantar de gesta del Partido Popular que TVE nos narra en los telediarios, Rajoy había conseguido derrotar. Menos mal que le quedará el atontamiento del público con proclamas patrióticas y agitar de banderas para ganar las elecciones. Los discursos identitarios, empleados por diferentes niveles de administración pública, se retroalimentan exaltando las pasiones pero consiguen su efecto: relegar a un segundo plano la justicia social. Las banderas no hacen a los países soberanos, solo enfrentan a las clases populares por las migajas que el marco institucional disfuncional de esta Europa irreformable nos permitirá repartir… si los mercados lo permiten.