La política económica que necesitamos ahora

Artículo publicado originalmente en El Confidencial el 24 de marzo de 2020

Por Juan Laborda, Juan Carlos Barba y Stuart Medina

La historia de la humanidad demuestra que los únicos límites a los que se enfrenta el ser humano son de índole física, matemática y/o biológica. Sin embargo, las distintas estructuras de poder con que se ha ido dotando a lo largo de la historia han acabado resultando efímeras, perfectamente sustituibles, llegado el caso, por otras que permitan afrontar mejor problemas aparentemente irresolubles. La política económica que necesitamos para hacer frente a las adversidades que se derivan del coronavirus Covid-19 requiere de una implosión controlada del actual sistema de gobernanza, diseñado bajo una arquitectura que no está preparada para hacer frente los 'shocks' económicos que se avecinan. Los políticos occidentales, especialmente los europeos, deben decidir cómo quieren pasar a la historia en la resolución de la recesión que se avecina, o como Herbert Clark Hoover, o, esperemos, por el bien de todos, como Franklin Delano Roosevelt.

El brote de coronavirus va a poner de relieve la interdependencia entre la demanda y la oferta de la economía, generando una serie de 'shocks' distintos de los que estamos acostumbrados, y ante los cuales la política económica actual no sirve. Por un lado, el Covid-19 está generando un 'shock' de oferta, al dejar las empresas de producir porque su fuerza de trabajo está en cuarentena y no llegan algunos insumos clave. Este choque desde el lado de la producción tendrá un impacto muy negativo en la demanda, ya que los trabajadores despedidos perderán ingresos y reducirán, en consecuencia, sus gastos. Pero, además, el coronavirus activa un segundo choque de demanda separado. El temor y la incertidumbre que está inoculando la pandemia harán que los consumidores alteren sus patrones de gasto con bastante rapidez. Ante estos 'shocks', la tarea de diseñar una respuesta de política económica es bastante más compleja y apasionante.

La concesión de avales para créditos y préstamos, o la política monetaria no son la respuesta. Las empresas no pedirán prestado si sus mercados se están colapsando. Los consumidores no podrán aprovechar la existencia de tipos de interés más bajos si están perdiendo sus empleos. Un tipo de cambio más bajo y una mayor competitividad internacional no superarán la caída del gasto si la crisis es generalizada. Si las empresas y las familias no pueden gastar, y si el resto del mundo tampoco, usando la identidad de las balanzas sectoriales de Wynne Godley, solo el sector público tendrá la llave. El quid de la cuestión es cómo hacerlo, porque si no se hace adecuadamente, se corre el riesgo de generar un deterioro en el balance de empresas y familias que acabe transformando la recesión del Covid-19 en una gran depresión.

Es la hora del Tesoro y de Hacienda

Algunos se preguntarán si el pasado lunes Pedro Sánchez no nos recordó demasiado a Hoover. Pero aún está a tiempo de proponernos otra propuesta que seguramente debería llevar el déficit público muy por encima de los límites del 3% recogidos en los tratados europeos. Nuestros gobernantes deberían aprestarse para gestionar una economía de guerra. El hundimiento de amplios sectores de nuestra economía como consecuencia de los cierres decretados —como, por ejemplo, el turismo o la hostelería, la aviación o el industrial, cuyos canales de distribución minoristas están cerrados desde hace una semana— obligará al Estado a una masiva transferencia de rentas a los hogares y a empresas, especialmente pymes.

La necesidad de desarrollar la capacidad de respuesta de nuestro sector sanitario obligará, también, a transformar la actividad de muchas empresas —por ejemplo, para fabricar respiradores o kits de detección del virus—, algo que no es viable sin la financiación o la demanda del Gobierno. Incluso, una vez levantado el confinamiento, los daños económicos serán tan cuantiosos que el Gobierno tendrá que plantearse un gran programa de reconstrucción, así como la nacionalización de algunas empresas —Iberia entre ellas—, incluida la creación de una corporación pública para la recapitalización de las compañías con problemas, seguramente algún posible banco privado. Obviamente, olvídense de la regla de gasto aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, y, si me apuran, cuando acabe la pandemia, por vía de urgencia, la primera decisión de las Cortes debería ser abolir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta y Sostenibilidad Financiera, y revertir la reforma constitucional del artículo 135.

Muchos de ustedes estarán sin duda cuestionándose: ¿de dónde sacaremos el dinero para financiar este déficit? Para un Estado que dispone de soberanía monetaria, la respuesta es trivial: el Tesoro daría una orden de transferencia al banco central, quien simplemente realizaría un apunte contable cargando en la cuenta que tiene el Tesoro en el banco central, y abonando en las cuentas que mantienen los bancos comerciales en el mismo banco central, que es donde las familias y empresas, beneficiarios últimos de la inyección de dinero, mantienen sus depósitos. Para esta operación solo hace falta utilizar un ordenador.

Lamentablemente, no tenemos soberanía monetaria y además hemos encadenado nuestro sistema fiscal y monetario con numerosas restricciones institucionales. No disponemos de un banco central porque renunciamos a él cuando entramos en el euro. Las normas de los tratados europeos prohíben que el Tesoro abra descubiertos en su cuenta del banco central. Por ese motivo, el Tesoro está obligado a emitir deuda pública por importe aproximadamente equivalente al déficit público.