En posts anteriores hemos explicado que los balances financieros de los sectores institucionales de la economía (hogares, empresas, gobierno, instituciones financieras y sector exterior) deben sumar exactamente cero. Se trata de una identidad contable que forzosamente se cumple siempre puesto que los activos financieros son los pasivos financieros de otros.

El análisis de balances sectoriales nos permite comprender que el déficit de las administraciones públicas, lejos de ser un síntoma de una gestión manirrota cumple una función macroeconómica crucial al permitir que el sector privado pueda reparar sus balances en situaciones de crisis.

Los datos del segundo trimestre reflejan las circunstancias creadas por la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento decretado duranhte el estado de alarma. Se resumen en el siguiente gráfico que se ha construido a partir de los datos de capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales que publica el Instituto Nacional de Estadística.

 

 Entre los meses de abril y junio el ahorro del sector privado fue de 63.733 millones €, una cifra que no tiene precedentes en la serie histórica. El INE nos informa que "la tasa de ahorro de los hogares es del 22,5% de su renta disponible, 12,3 puntos superior a la del trimestre anterior". Esto fue posible pese a que la renta nacional cayo de forma estrepitosa en este período.

 

 

Serie histórica de la renta nacional hasta el 2º trimestre de 2020.

En el caso de los hogares el INE nos explica que su renta primaria (salarios, excedente bruto de explotación y rentas de la propiedad com intereses y dividendos) cayó un 17,8%. Sin embargo, las transferencias netas desde el setor público amortiguaron esta caída hasta deajarala en un 8,8%. El aumento del ahorro se explica por tanto sobre todo por un descenso del consumo final de los hogares del 23,9% también sin precedentes.

No es sorprendente que este colapso del consumo fuera perjudicial para las empresas y así lo confirma que su excedente bruto de explotación cayese un 37,2% y su renta disponible un 17%. Lógicamente, en un entorno de elevada incertidumbre, su volumen de inversiones se redujo un 24,7% respecto al período anterior. La capacidad de financiación de las sociedades no financieras llevaba en mínimos desde hacia varios años. Obviamente la  situación creada por la pandemia no ha ayudado a mejorar su situación financiera. La capacidad de financiación de las instituciones financieras también alcanzó un mínimo histórico con 4.090 millones.

 

Que los sectores institucionales privados domésticos pudieran aun así mantener una capacidad de financiación no fue gracias a la contribución del sector exterior. El superávit exterior se redujo significativamente debido al colapso del comercio internacional y del turismo. En porcentaje del PIB, se quedó prácticamente en 0.

 

 

Si el sector privado consiguió un ahorro significativo en el segundo trimestre de 2020 entonces, por identidad contable, solo se puede concluir que fue gracias al déficit público. La necesidad de financiación de las administraciones públicas llegó a 61.589 millones de euros, de nuevo una cifra sin precentes.

Cuando desde el pensamiento económico convencional se trata de generar alarma acerca del crecimiento de la deuda pública resulta oportuno recordar que probablemente habría sido imposible otro escenario que éste como consecuencia de la pandemia.

Recordemos que, ante la caída de las rentas y del gasto, inevitablemente la recaudación de tributos como el IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedaedes, por no hablar de impuestos especiales como los que gravan el consumo de alcohol o combustibles, se derrumbó. Esto no es algo negativo: es un potente mecanismo estabilizador de la economia. Al mismo tiempo muchas medidas como las que facilitan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y otras de gasto público motivadas por la gestión de la panemida causaron un incremento del gasto público. Así pues el aumento sin precedentes del déficit público era una consecuencia inevitable de las circunstancias creadas por la pandemia. Incluso el Consejo de la UE ha reconocido las especiales circunstancias de este ejercicio aplicando la cláusula de escape que permitirá a los estados eludir los límites de déficit y deuda durante este ejercicio y el siguiente. Probablemente tendrán que seguir incumpliéndolos despues de 2021 cuando empiecen a reconocer los daños infligidos a las economías de los países europes por décadas de austeridad, rematados con los causados por la pandemia. No podemos descartar que la interrupción prolongada de la actividad para muchas empresas y autónomos desencadene una grave crisis financiera con una secuencia de quiebras y suspensiones de pagos.

Sin embargo, entre los partidarios del conservadurismo fiscal más cerril se ha lamentado esta situación como la manifestación de un mala gestión del estado. Así, Daniel Lacalle, uno de los mas ultramontanos liberales del panorama nacional se desgañitaba en su blog con afirmaciones asombrosas como éstas:

"España tendrá el mayor déficit de la Unión Europea en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

¿Cómo se ha creado semejante agujero fiscal? Fiando toda la recuperación a la política monetaria, aumentando gastos estructurales y subvenciones sin memoria económica ni presupuesto, y manteniendo una fiscalidad anticompetitiva que ha hundido ingresos y bases imponibles."

El comentario es característico de la puerilidad de los economistas más conservadores, incapaces de detenerse un momento a analizar las identidades que se recogen en la contabilidad nacional.

También el miembro de la reaccionaria escuela austríaca, Juan Ramón Rallo, muy aficinado a las diatribas contra todo lo público, ha publicado un artículo titulado "La borrachera de gasto público" como si el Estado hubiese actuado por impulsos propios de un dipsomaníaco.

Pero hagamos un ejercicio de economía ficción e maginemos que el Estado hubiese hecho lo imposible por evitar un aumento del déficit. Obviamente una subida de impuestos habría sido imposible en un plazo tan corto y habría contribuido a hundir aún más las rentas. Pero quizás algunos imaginen que  el Estado habría sido capaz de pergeñar un recorte drástico de costes de 61.589 millones de euros. ¿Cómo lo habría conseguido?

Quizás podría haberse negado a pagar los ERTEs dejando que las personas acabaran desempleadas pero, ese caso habría tenido que pagar prestaciones de desempleo empeorando la situación para empresas y asalariados. Da pavor pensar en cuántas personas se habrían quedado desempleadas y quizás incluso condenadas a la pobreza.

O podría haberse negado a incurrir en mayores costes sanitarios dejando desatendidos a los enfermos de COVID-19 y morir a los mayores y rehusando hacer pruebas PCR para conocer la situación epidemiológica.

Tal vez hubiese podido anunciar que no pagaría los pagas extras de los funcionarios en julio contribuyendo a un hundimiento mayor del consumo al retirarle una parte de sus ingresos  a un porcentaje relevante de los hogares.

Tales "proezas" habrían supuesto un suicidio para la economía española. Sorprende la temeraria e infantil actitud de quienes se dedican a generar alarma ante lo que no puede considerarse más que un comportamiento responsable del Estado.

Fue por tanto el déficit de las administraciones públicas el que posibilitó que la situación creada por la pandemia no fuese aun peor para el sector privado.

Debemos felicitarnos que el Estado español haya podido incurrir en déficit para contener en cierta medida el colapso de nuestra economía. Si acaso debemos lamentar que, debido a que carecemos de soberanía monetaria y por la terca inflexibilidad de los ministros Montero, Calviño y Escrivá, el Estado Español no haya abordado un proyecto de reconstrucción contundente más ambicioso y decidido para revertir los daños que ha causado la pandemia de forma más rápida. La incertidumbre creada entre hogares y empresas están retrayendo el consumo y la inversión y, por tanto, es improbable que el sector privado pueda liderar la recuperación económica. Necesitamos un plan de estímulo fiscal e inversión público como el que habría diseñado un estado que actuara como si estuviera gestionando una economía de guerra. Hará falta un déficit aún mayor con proyectos de gasto e inversión públicos sin esperar a que lleguen unos fondos cargados de hipotecas y ataduras de Bruselas a partir de 2021. Estos llegan demasiado tarde, la crisis es hoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría moderna de la moneda en tiempos de pandemia

Nuestros oponentes suelen caricaturizar la Teoría Moderna de la Moneda con la imagen de que queremos imprimir billetes y reproches de que causaríamos una hiperinflación. Es un tropo cansino que delata una pobre comprensión tanto de la TMM como de los fenómenos de hiperinflación.
Se suelen acompañar estas críticas infantiles con referencias inevitables a Venezuela, Weimar, Zimbabue o cualquier otra economía disfuncional con tejidos productivos destrozados y políticas de anclaje de la moneda a la divisa de potencias extranjeras y emisiones de deuda en dólares u otra divisa de reserva internacional que estos países no emiten.

La TMM no tiene nada que ver con eso. Nuestra preocupación no es imprimir billetes sino ilustrar la capacidad que tiene el monopolista de la divisa para gestionar una situación de crisis, capacidad intencionadamente capada por el neoliberalismo.

Curiosamente ahora es cuando es más necesaria una comprensión de la TMM porque observamos en nuestras economías fenómenos que podrían desencadenar un fenómeno inflacionista. Siempre hemos dicho que en la raíz de todo fenómeno hiperinflación hay un colapso previo de la producción. Pues bien, este momento es ahora. Por culpa del COVID-19 la producción está detenida o reducida en muchos países. En este momento una cuarta parte de los trabajadores españoles está en su casa sin producir. Según la estadística que publicó anteayer el INE, había 832.000 trabajadores menos, más de 300.000 nuevos demandantes de empleo (cifra promedio de marzo que no refleja el impacto pleno del descalabro de la segunda mitad del mes). Se habían reconocido 600.000 bajas temporales o reducciones de jornada y por lo visto hay unas 2 millones de bajas solicitadas en ERTE que aun no han sido tramitadas. En un ejercicio de simulación reciente utilizando tablas input-outpu (que explicaré en otro post) he previsto una caída de la producción para este trimestre superior al 35%.

Salvando algunas tensiones en algunos productos básicos, material sanitario y servicios funerarios, hasta ahora no se han observado grandes tensiones inflacionistas. Además el precio del petróleo se ha hundido recientemente por un exceso de oferta y la caída de la demanda en muchos mercados.
El hecho de que los hogares no puedan gastar más que en lo básico -la gente está encerrada en sus casas y muchos comercios han echado la persiana- y que las rentas de muchos se hayan hundido explica que no se observen tensiones inflacionistas. Además la capacidad de negociar subidas salariales de los trabajadores es mínima.

Sin embargo, hay muchas presiones para que se den rentas mínimas a las víctimas de la pandemia. Esto, durante el período que dure el confinamiento es de justicia. Pero, si se continuaran pagando después del estado de alarma podría ser un factor inflacionista.

Desde la TMM hemos explicado que el valor de la moneda queda determinado por aquello que tienes que sacrificar para conseguir una unidad monetaria adicional. (Obviamente para Florentino Pérez y otras personas cercanas al poder ese sacrifico es bajo mientras que para un mendigo ese valor empieza a aproximarse al infinito. Pero éste es otro debate sobre la igualdad que ahora no quiero abordar). Una renta mínima inyecta dinero en la economía pero, a cambio, el perceptor no entrega ningún servicio o producto. Por eso tiene el potencial de ser inflacionista. Si no tienes que entregar nada a cambio de conseguir una unidad monetaria su valor empieza a aproximarse a 0.

Obviamente, mientras el número de perceptores sea una fracción de la población y haya un excedente de producción importante no hay por qué preocuparse. El sistema de pensiones públicas para personas jubiladas o incapacitadas que no pueden o no deben trabajar es un buen ejemplo. En este caso la entrega de una renta es un sistema de redistribución de un excedente productivo que no es inflacionista porque existe suficiente producción y el número de perceptores no detrae de la fuerza de trabajo disponible. De hecho, nuestra economía es tan productiva que apencas se ha notado que una cuarta parte de la fuerza de trabajo esté encerrada en su casa sin producir lo cual demuestra que una gran parte de las tareas a las que nos obliga el sistema capitalista de plan central son prescindibles. (Cuando pase la pandemia tendríamos que repensar el tiempo que dedicamos al trabajo).

Pero si salímos de ésta situación con 2 ó 3 millones de parados percibiendo una renta mínima y no conseguimos que la economía arranque y se ponga a producir entonces sí que podríamos tener un problema.

Desde la TMM llevamos pidiendo un plan potente de recuperación de nuestra economía desde hace dos semanas. Hemos pedido planes de empleo garantizado por ejemplo para dar cobertura al sistema sanitario: fabricar mascarillas, respiradores, etc. Mejor que importar ese material, ya que tenemos capacidad productiva ociosa, con inversiones públicas directas si fuere necesario. Si ahora hay tensiones inflacionistas es en determinados sectores como el sector sanitario o el funerario. Hoy leía que las temporeras marroquíes no podían llegar a los campos de fresa de Huelva lo cual podría encarecer ese producto temporalmente. Son shocks de oferta y demanda de corta duración que no entrarían en la definición de inflación (una depreciación constante en el tiempo del valor de la moneda). Pero sí se pueden atender estos cuellos de botella con iniciativas desde el Estado sin excluir una participación del sector privado pero con un claro liderazgo público.

Para después de la pandemia hemos planteado la necesidad de un programa de compras e inversión pública ( no avales y mandangas similares) para generar una demanda que reactive la economía con rapidez. La crisis ha revelado carencias graves en la capacidad de nuestro sistema sanitario. Tenemos que ampliar su capacidad para que esté bien dimensionado para cualquier urgencia sanitaria del futuro. La crisis del COVID-19 ha revelado que un sistema de salud pública debe contar con sistemas redundantes del mismo modo que los ingenieros saben que un avión debe tenerlos para que sea seguro. Incluso habría que plantear la necesidad de nacionalizar algún sector estratégico que no sea viable financieramente tras esta crisis.

Venimos reclamando una política industrial desde hace una década para que la economía española dependa menos de sectores estacionales, creadores de empleo temporal y muy cíclicos ( turismo, construcción, economía de contenedores). España optó por un camino equivocado en los años 80: entrar en la Comunidad Económica Europea aceptando el desmantelamiento de su industria a cambio de dádivas de los europeos del Norte que así se apropiaban de las cuotas de mercado de nuestro sector empresarial. He explicado en otros posts (aquí por ejemplo) que Corea del Sur, un país de tamaño similar al nuestro, optó por un modelo basado en políticas industriales mucho más exitoso.


El peor escenario es una economía parada, empresas que no contratan ni producen y personas desempleadas cobrando una renta mínima gastando en productos que nadie fabrica. Creo que es un escenario improbable y que no habrá hiperinflación porque el tejido productivo seguirá intacto y las personas también. Es cuestión de poner en marcha ese aparato productivo. Un fenómeno de hiperinflación es más probable tras un conflicto bélico. Pero no descartaría alguna tensión inflacionista.

Ahora bien, el miedo a la inflación no debe utilizarse como excusa para dejar tirada a la gente.
Lo que exigimos es que se asegure una renta incondicional durante la pandemia para que nadie se quede tirado ahora. Y un buen plan para poner en marcha la economía sabiendo que el turismo saldrá muy tocado.


Para después de la pandemia hemos pedido un plan de trabajo garantizado. ¿Para qué? Para que la economía se ponga a producir rápidamente servicios que puedan ser útiles para la sociedad y la gente tenga una renta para gastar. Y para tener un potente instrumento anticíclico en el futuro. El trabajo garantizado sería un puente a una actividad en el sector privado cuando éste se ponga en marcha otra vez. Se podrían priorizar servicios cuyo funcionamiento quedó interrumpido por el COVID19 y tengan dificultades para regresar a la normalidad.
 
A largo plazo nos gustaría que el Gobierno desarrollara un plan quinquenal para superar la dependencia patológica de un sector tan frágil como el turismo y mejorar la robustez de nuestra economía; con inversiones públicas, si fuere menester.

Espero haberos convencido que la máquina de imprimir billetes y el helicóptero monetario no son las propuestas de la TMM sino la preocupación por la economía productiva real. Los que decís que la TMM es imprimir billetes estáis equivocados. La TMM aporta una óptica para analizar fenómenos como la crisis actual, identificar dónde están los problemas y saber dónde poner las prioridades.

Esto es la antítesis del pensamiento económico convencional -neokeynesianos, neoclásicos de diverso pelaje y austríacos- que está desbordado y superado desde la crisis de 2008 y ahora está cortocircuitado. Había desechado la política fiscal y confiaba sólo en la política monetaria. Era un martillo para el cual todo era clavo. Su única propuesta era llevar los tipos de interés o incluso hacerlos negativos y, cuando se metieron en su trampa de liquidez, empezar a comprar activos desde el banco central. De seguir así acabarán comprando toda la deuda pública y nacionalizando todas las grandes empresas, un escenario que no me molesta demasiado pero parece una forma de proceder bastante disfuncionla que demuestra la indutilidad de esos paradigmas.

La TMM, en contraste, pone el énfasis en la política fiscal. La diferencia entre la TMM y el mainstream está muy clara. Para el mainstream la principal recomendación política es que el Estado esté secuestrado por una mañana de normas institucionales autoimpuestas (la regla de gasto, los límtes de deuda y déficit, los bancos centrales independientes, las agencias independientes de responsabilidad fiscal y otras semejantes) para que gaste menos de lo necesario cuando les va bien; un chorreo de dinero cuando les va mal (por ejemplo para rescatar bancos). Desde la TMM proponemos otras políticas: pensamos en qué necesitamos hacer, analizamos qué recursos reales existen disponibles existen y, luego, gastamos lo que sea necesario para conseguirlo.

La política económica que necesitamos ahora

Artículo publicado originalmente en El Confidencial el 24 de marzo de 2020

Por Juan Laborda, Juan Carlos Barba y Stuart Medina

La historia de la humanidad demuestra que los únicos límites a los que se enfrenta el ser humano son de índole física, matemática y/o biológica. Sin embargo, las distintas estructuras de poder con que se ha ido dotando a lo largo de la historia han acabado resultando efímeras, perfectamente sustituibles, llegado el caso, por otras que permitan afrontar mejor problemas aparentemente irresolubles. La política económica que necesitamos para hacer frente a las adversidades que se derivan del coronavirus Covid-19 requiere de una implosión controlada del actual sistema de gobernanza, diseñado bajo una arquitectura que no está preparada para hacer frente los 'shocks' económicos que se avecinan. Los políticos occidentales, especialmente los europeos, deben decidir cómo quieren pasar a la historia en la resolución de la recesión que se avecina, o como Herbert Clark Hoover, o, esperemos, por el bien de todos, como Franklin Delano Roosevelt.

El brote de coronavirus va a poner de relieve la interdependencia entre la demanda y la oferta de la economía, generando una serie de 'shocks' distintos de los que estamos acostumbrados, y ante los cuales la política económica actual no sirve. Por un lado, el Covid-19 está generando un 'shock' de oferta, al dejar las empresas de producir porque su fuerza de trabajo está en cuarentena y no llegan algunos insumos clave. Este choque desde el lado de la producción tendrá un impacto muy negativo en la demanda, ya que los trabajadores despedidos perderán ingresos y reducirán, en consecuencia, sus gastos. Pero, además, el coronavirus activa un segundo choque de demanda separado. El temor y la incertidumbre que está inoculando la pandemia harán que los consumidores alteren sus patrones de gasto con bastante rapidez. Ante estos 'shocks', la tarea de diseñar una respuesta de política económica es bastante más compleja y apasionante.

La concesión de avales para créditos y préstamos, o la política monetaria no son la respuesta. Las empresas no pedirán prestado si sus mercados se están colapsando. Los consumidores no podrán aprovechar la existencia de tipos de interés más bajos si están perdiendo sus empleos. Un tipo de cambio más bajo y una mayor competitividad internacional no superarán la caída del gasto si la crisis es generalizada. Si las empresas y las familias no pueden gastar, y si el resto del mundo tampoco, usando la identidad de las balanzas sectoriales de Wynne Godley, solo el sector público tendrá la llave. El quid de la cuestión es cómo hacerlo, porque si no se hace adecuadamente, se corre el riesgo de generar un deterioro en el balance de empresas y familias que acabe transformando la recesión del Covid-19 en una gran depresión.

Es la hora del Tesoro y de Hacienda

Algunos se preguntarán si el pasado lunes Pedro Sánchez no nos recordó demasiado a Hoover. Pero aún está a tiempo de proponernos otra propuesta que seguramente debería llevar el déficit público muy por encima de los límites del 3% recogidos en los tratados europeos. Nuestros gobernantes deberían aprestarse para gestionar una economía de guerra. El hundimiento de amplios sectores de nuestra economía como consecuencia de los cierres decretados —como, por ejemplo, el turismo o la hostelería, la aviación o el industrial, cuyos canales de distribución minoristas están cerrados desde hace una semana— obligará al Estado a una masiva transferencia de rentas a los hogares y a empresas, especialmente pymes.

La necesidad de desarrollar la capacidad de respuesta de nuestro sector sanitario obligará, también, a transformar la actividad de muchas empresas —por ejemplo, para fabricar respiradores o kits de detección del virus—, algo que no es viable sin la financiación o la demanda del Gobierno. Incluso, una vez levantado el confinamiento, los daños económicos serán tan cuantiosos que el Gobierno tendrá que plantearse un gran programa de reconstrucción, así como la nacionalización de algunas empresas —Iberia entre ellas—, incluida la creación de una corporación pública para la recapitalización de las compañías con problemas, seguramente algún posible banco privado. Obviamente, olvídense de la regla de gasto aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, y, si me apuran, cuando acabe la pandemia, por vía de urgencia, la primera decisión de las Cortes debería ser abolir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuesta y Sostenibilidad Financiera, y revertir la reforma constitucional del artículo 135.

Muchos de ustedes estarán sin duda cuestionándose: ¿de dónde sacaremos el dinero para financiar este déficit? Para un Estado que dispone de soberanía monetaria, la respuesta es trivial: el Tesoro daría una orden de transferencia al banco central, quien simplemente realizaría un apunte contable cargando en la cuenta que tiene el Tesoro en el banco central, y abonando en las cuentas que mantienen los bancos comerciales en el mismo banco central, que es donde las familias y empresas, beneficiarios últimos de la inyección de dinero, mantienen sus depósitos. Para esta operación solo hace falta utilizar un ordenador.

Lamentablemente, no tenemos soberanía monetaria y además hemos encadenado nuestro sistema fiscal y monetario con numerosas restricciones institucionales. No disponemos de un banco central porque renunciamos a él cuando entramos en el euro. Las normas de los tratados europeos prohíben que el Tesoro abra descubiertos en su cuenta del banco central. Por ese motivo, el Tesoro está obligado a emitir deuda pública por importe aproximadamente equivalente al déficit público.