Los socialistas se enredan en la trampa presupuestaria. Dos críticas

Artículo publicado inicialmente en Cuarto Poder el 25 de agosto de 2018
Stuart Medina y Manolo Monereo.

Crítica moral: la comodidad de culpar a otros de tus propios errores

En psicología se describe la proyección negativa como un mecanismo de autodefensa en el que se atribuyen a otros nuestras culpas o defectos. Este verano el nuevo gobierno del PSOE ha presentado una propuesta de senda de consolidación fiscal y ampliación de techo de gasto que ha sido rechazada por Unidos Podemos y otros socios parlamentarios del gobierno. Sánchez señala a los partidos que le prestaron sus votos: “Quieren desgastar al Gobierno golpeando a la ciudadanía”. Con tal acusación Pedro Sánchez descarga su culpa ante la opinión pública. Olvidan los socialistas que ellos mismos fueron quienes se tendieron la celada presupuestaria.

En 2011 Pedro Sánchez era un diputado del grupo parlamentario socialista en el Congreso. El 26 de agosto de 2011 participó en la reunión en la que se propuso la reforma del artículo 135 de la Constitución. En ella participaron Elena Valenciano, Javier Moscoso, Carlos Mulas, Pedro Sánchez y el jefe de gabinete de Zapatero. Días después se registró la reforma en el Congreso que fue apoyada con entusiasmo por el diputado Sánchez. En la hemeroteca encontramos un artículo del actual presidente publicado en El Periódico de Catalunya del que extraemos estos párrafos:

“Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas.
La estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar“.

Por ignorancia o convicción Sánchez fue cómplice de la más nefasta reforma de la Constitución de 1978. Ésta fue posible gracias a que el bipartidismo reunía en 2011 una mayoría suficiente como para reformar por la vía exprés y sin debate nuestra carta magna, un hecho que quizá nunca se repita y por ello será irreversible.

La fatalidad se vuelve sobre un partido que plantó los cimientos de la austeridad sobre los cuales luego el PP levantó un edificio construido con el hormigón armado de la ley orgánica. La reforma del artículo 135 priorizaba el pago de la deuda pública y confinaba el déficit público estructural al límite que marcaría la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley es la criatura congénitamente tarada de la reforma constitucional. Esa misma ley es la que impone en su artículo 30 un límite en el gasto no financiero “coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria”.

Pese al sesgo de austeridad de este nuevo marco legal podría pensarse que un gobierno socialista lo aplicaría con menor rigor que su predecesor ultraconservador. Sin embargo, el historial de los miembros de este gobierno sugiere que no deberíamos hacernos muchas ilusiones acerca de su posicionamiento fiscal. Nada indica que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a salirse del guion marcado por la jerarquía bruselense. Ya resultó ominoso que Nadia Calviño fuese recibida con aplausos cuando se comprometió, en un auto de fe ante la curia bruselense, con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de mal llamado “objetivo de déficit”. Recordemos que Nadia Calviño ha desempeñado anteriormente el papel de celosa centinela de las lindes marcadas al gasto fiscal por las autoridades europeas en calidad de Directora General de Presupuestos, bajo el mando del comisario europeo alemán Günther Oettinger. Éste es más célebre desde que hace pocas semanas se jactara de que los mercados pondrían en su sitio a los italianos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es otra conocida obsesa del rigor presupuestario.

Este gobierno se ha posicionado como más “virtuoso” fiscalmente que el anterior afirmando su intención de incrementar el gasto social solo si puede ser financiado con un aumento de los impuestos. Veremos un poco más adelante cómo esto está muy lejos de ser una política progresista. Como mucho el gobierno del PSOE nos ofrece una “austerity lite” a la portuguesa. Así es cómo hay que interpretar que el Gobierno considerase poco realista la senda de reducción de déficit propuesta por el ministro Montoro. No nos equivoquemos: a los socialistas jamás se les pasaría por la cabeza la “irresponsabilidad” de aumentar el déficit público. No olvidemos que para el dogma vigente lo responsable es reducir el déficit y por eso el observatorio creado por el anterior Gobierno para vigilar la senda de consolidación fiscal se llama Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Rigor presupuestario, responsabilidad fiscal, esas virtudes cardinales tan elogiadas por economistas y comentaristas moralizantes y que, sin embargo, tanto daño causaron a la sociedad. La maldita fábula de la cigarra y de las hormigas es la moralina que ha justificado siempre condenar a media humanidad al desempleo y la pobreza.

Pese a todo, el Gobierno ha dado muestras de “buena voluntad” tratando de ampliar el techo de gasto en 6.000 millones de euros (el 0,5% del PIB). Se cuenta que la ministra de Economía, “Nadia Calviño, había desplegado una frenética actividad en Bruselas para pactar una nueva senda con el comisario francés Pierre Moscovici” y que éste “dio su visto bueno a cierta relajación. Pero con una condición: presentar un presupuesto creíble en los capítulos de ingresos y gastos el próximo otoño”. Los compromisos presupuestarios con Bruselas consisten en que un cargo no electo como Moscovici se pueda enseñorear con tales exigencias. El credo económico actual nos dice que la Política Económica no es cosa que deba dejarse en manos de políticos electos. La cultura de la austeridad es profundamente antidemocrática pues se trata de sustraer del debate político las decisiones sobre política fiscal.

Nos informa el medio de propaganda más afín al PSOE que ahora el gobierno se ve “obligado” a un ajuste adicional que eleva el total de los recortes a 11 millardos de euros. Parece ser que somos la vergüenza de Europa porque el “Gobierno del PP dejó el déficit público en el 3,1% del PIB el año pasado: el mayor de Europa, por encima de Grecia y de todos los demás países del euro, con España convertida en el único país que sigue en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad”. Quizás sea una persona trasnochada pero pienso que a un progresista lo que debería darle vergüenza es la segunda tasa de desempleo más elevada de Europa; el hundimiento de la tasa de natalidad porque los jóvenes no pueden plantearse formar hogares con los sueldos de miseria que les ofrece el mercado laboral; o que nos hayamos convertido en el quinto país más desigual de la UE.

La perplejidad del gobierno de Sánchez ante la reacción de sus aliados parlamentaros, empeñados en discutir estos límites, revela las contradicciones irresolubles entre la Europa tecnocrática de los tratados que considera los límites de déficit como un dogma de fe inapelable y las pretensiones de un parlamento, supuesta sede de la soberanía popular, reducido —nolis, velis— a mero sancionador de las decisiones de Bruselas. En nuestra época asistimos a los últimos estertores de la democracia ante la indiferencia de la mayoría.

Paradójicamente el PSOE de Pedro Sánchez podría beneficiarse de una negociación que resultara en una senda de reducción de déficit más laxa. Cumplir con las exigencias de Bruselas podría dificultar nuestra recuperación o incluso conducirnos a una nueva recesión y eso podría llevar al PSOE al panteón de los partidos socialdemócratas europeos. La osadía de obedecer al parlamento y no a Bruselas, en cambio, permitiría desarrollar políticas sociales progresistas. El debate y la negociación parlamentarios, aunque resulten ruidosos y enrevesados, pueden dar resultados superiores a la orden ejecutiva emitida por un comisario. Un pequeño paso han dado aceptando la propuesta de Unidos-Podemos para que se elimine el veto que la Ley de Estabilidad Presupuestaria daba al Senado, es decir, al PP:

Crítica técnica: superar la fijación neurótica por la estabilidad presupuestaria

Pedro Sánchez y la reforma 135 de la Constitución son hermanos siameses. Juntos fueron concebidos, paridos y criados. El presidente del Gobierno actual nunca podrá escindirse de la misión de alcanzar el equilibrio presupuestario. Están orgánicamente conectados por las arterias, las venas y el tejido cutáneo del pensamiento económico neokeynesiano y, si uno muere, el otro también.
La estabilidad presupuestaria se ha convertido en una verdadera enfermedad nerviosa de los políticos europeos. Pero el guarismo que indica la fracción que representa el saldo contable llamado déficit sobre el PIB guarda poca relación con el bienestar de los ciudadanos. Esta neurosis contemporánea es dañina porque lleva a la destrucción del ahorro privado y contribuye a aumentar la desigualdad.
Para entender por qué hay que partir del concepto de sectores institucionales. Para el análisis macroeconómico resulta útil la agrupación de los agentes que desempeñan una función similar. Las administraciones públicas prestan servicios públicos y recaudan impuestos. Los hogares consumen y aseguran la reproducción de los trabajadores, las empresas obtienen financiación que los capitalistas anticipan para la producción de bienes y servicios que luego venden a los demás sectores cuando concluye el ciclo productivo. En esta fase recuperan el dinero invertido, probablemente incrementado por los beneficios que esperaban obtener con el que podrán recompensar a los capitalistas. Entre estos sectores se producen compraventas de bienes y servicios pero también flujos financieros. Asimismo se cierran negocios entre los sectores domésticos y los extranjeros. Las transacciones que se producen entre unos sectores y otros afectan a sus respectivos balances. Es imposible que las decisiones que tome un sector no afecten a los demás porque todos están conectados por una densa red de negocios.

Presten atención al siguiente gráfico que he preparado a partir de datos que publica el Banco de España. Simplemente muestra los activos financieros netos que detentaban cuatro sectores institucionales entre los años 2010 y 2017: administraciones públicas, instituciones financieras, exterior y privado doméstico constituido por empresas y hogares. Observen que el gráfico es perfectamente simétrico. Eso quiere decir que las deudas de unos son los activos financieros de otros como es lógico.



Como pueden comprobar el sector exterior (barras verde oscuro) tiene una posición financiera neta positiva: los españoles les debemos a los extranjeros más de lo que ellos nos deben. Durante varios años mantuvimos un déficit comercial, sobre todo con países como Alemania, China o Países Bajos cuyo modelo de crecimiento es adicto al superávit comercial perpetuo.

Contemplen las barras amarillas. Corresponden al sector privado, integrado por empresas y hogares. Cuando empezó la crisis el sector privado doméstico estaba muy endeudado con el exterior. Ese endeudamiento excesivo fue impulsado por los bancos que hincharon una burbuja de crédito entre 1997 y 2007. Los depósitos bancarios creados por las entidades financieras se utilizaron para comprar bienes producidos en el extranjero. Estos depósitos acabaron en manos de empresas y bancos del núcleo exportador europeo en su mayor parte. El pinchazo de esa burbuja de crédito en 2008 fue la causa del colapso de la demanda interna que nos llevó a la crisis. El economista de Nomura, Richard Koo, ha estudiado este tipo de “crisis de balance” y concluye que, si el sector privado está demasiado endeudado, hay que aplicar políticas que ayuden a reducir sus pasivos. Para que un sector se desendeude otro tiene que endeudarse o desahorrar. Es como un balancín donde, si uno sube, otro tiene que bajar.

Si partíamos de un endeudamiento excesivo del sector privado solo había dos formas de reparar sus balances: reducir nuestro déficit exterior o endosarle las deudas al sector público.
Lo primero era complicado porque no dependía solamente de nuestra voluntad. Como en el pasodoble, en el comercio exterior hacen falta dos para bailar. En parte el sector exterior contribuyó a mejorar la situación financiera de nuestras familias y empresas, pero esto fue sobre todo porque nosotros disponíamos de menos financiación para comprar bienes del extranjero. También aumentamos nuestras exportaciones, es decir, dedicamos una mayor parte de nuestra producción a satisfacer los deseos de consumo de los extranjeros. Cuando se presenta como una fortaleza que un país tenga un superávit comercial conviene recordar que eso suele significar que nuestro nivel de vida será inferior al que nos permitiría nuestra producción total. Esto explica que, pese a que ahora crezca el producto interior bruto, muchas familias no notan mejoría en su nivel de vida. En todo caso, gracias a que hemos tenido un saldo positivo en nuestra cuenta corriente desde hace algunos años esta deuda externa se ha reducido. La estrategia de devaluación interna (léase reducción de salarios) prescrita por Bruselas pretendía este objetivo pero observen que en realidad su impacto ha sido menor de lo pretendido.

Ahora fíjense en las barras azules: corresponden a la deuda neta del gobierno que se fue haciendo cada vez más negativa en estos años. En términos netos el año pasado toda la deuda exterior de España fue finalmente transferida del sector privado al sector exterior. ¿Cómo lo hizo? Simple aritmética: aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, es decir, incumpliendo los compromisos de consolidación fiscal firmados con Bruselas año tras año. El sector público se ha responsabilizado del rescate de los balances del sector privado; aunque no todos los balances han sido tratados con equidad a juzgar por los efectos en la distribución de renta y riqueza de tal política. No es difícil de entender: no es lo mismo rescatar a las familias con políticas de empleo público, becas escolares y ayudas al desempleo que mediante políticas de expansión cuantitativa que suben los precios de los activos financieros de los grandes patrimonios. Otro reproche es que debió hacerlo más rápidamente. En lugar de aplicar políticas de austeridad, si el estado hubiese reducido los impuestos y aumentado el gasto público con mayor decisión, habríamos reparado los balances del sector privado y salido de la crisis en 2011 y no en 2017. La política fiscal europea se ha empeñado en el dificilísimo arte de sorber y soplar a la vez.

Echemos un último vistazo al gráfico. Podemos apreciar cómo en 2017 el saldo neto de los activos financieros del sector privado era prácticamente cero. Un análisis simplista podría llevarnos a concluir que ahora sí toca cumplir con los objetivos exigidos por Bruselas llevando el déficit por debajo del 3 por ciento del PIB. Sin embargo, esto sería un error.

El hecho es que, según los datos que publica el Banco de España, el sector privado en agregado no tiene ahorros. Sabemos que los hogares tienen una manía, que a algunos quizás resulte incomprensible, consistente en acumular ahorros. Sí: las familias quieren terminar de pagar sus hipotecas, saldar sus tarjetas, acumular saldos bancarios para una contingencia. Incluso muchos economistas del dogma vigente considerarían positivo que el sector privado tuviera una posición financiera neta positiva. También es probable que muchas empresas aun necesiten reducir su endeudamiento para ser más solventes.

Con un sector privado desprovisto de ahorros el gobierno se propone cumplir con una senda de reducción de déficit consistente en aumentar el gasto compensándolo con una subida mayor de impuestos. El dinero que entre en los bolsillos de los ciudadanos gracias al mayor gasto público será inmediatamente succionado mediante nuevas alzas de impuestos pero no necesariamente de los mismos bolsillos.

La pregunta que debe hacerse el gobierno es si es conveniente que el sector privado siga con unos ahorros tan escasos. Lo cierto es que el sector privado quiere con avidez conservar el dinero del estado; y el estado no necesita ese dinero que puede crear sin coste. El sector privado puede quebrar; el estado no.

En la concepción platónica de la economía las cuentas públicas deben tener un saldo cero a lo largo del ciclo económico en un vector con infinitos equilibrios. Si aumenta el gasto social, deben aumentar los impuestos; si cae la recaudación, deben bajar los impuestos. Ergo, aumentar los impuestos es aumentar el gasto social y es progresista. A sensu contrario, no podríamos aumentar el gasto social sin aumentar los impuestos, por muy grandes que fueran las urgencias sociales.

Sin embargo, en el mundo real, los estados normalmente tienen déficit precisamente porque el sector privado quiere tener ahorros. Si éste no los consigue, seguramente los buscará reduciendo sus gastos y creando desempleo. El desempleo es precisamente un síntoma de que el déficit fiscal es demasiado bajo. Si el sector privado decide reducir su gasto el gobierno tiene que reducir sus ingresos. Lo que uno cede otro lo tiene que recoger. Alguien tiene que ocuparse de todas las almas que se incorporan a la cola del paro. ¿Por qué no dejar por tanto que el déficit sea tan amplio como sea necesario hasta asegurar el pleno empleo? En ausencia de inflación y con una tasa de desempleo tan elevado no hay justificación para subir impuestos más que la fijación con un saldo contable.

Por otra parte subir los impuestos no es algo que ocurra de manera automática. Hay urgencias sociales que no pueden esperar a que el gobierno equilibre una magnitud contable cuyo saldo ahora no causa ningún perjuicio a la economía nacional. Es más justa una política de “predistribución”, atendiendo a los colectivos más desfavorecidos primero; redistribuyendo o aumentado las cargas tributarias después.

Existe una indudable utilidad social en subir los impuestos a unos para bajárselos a otros, redistribuyendo la carga fiscal. Es notorio que el sistema fiscal español se ha hecho crecientemente regresivo bajo los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. En este sentido, una propuesta de reducción del IVA —quizás el impuesto más regresivo que existe— que fuera compensada con un alza en los impuestos sobre las rentas procedentes del ahorro, la recuperación del impuesto de sucesiones o un impuesto georgista sobre el suelo merecería ser apoyada siempre que no aumentase la carga fiscal total o incluso —¿por qué no?— la redujese hasta que desapareciese completamente la lacra del atroz desempleo español.

La fijación neurótica con objetivos, que no por ser cuantitativos no dejande ser arbitrarios, como el de la senda de reducción de déficit debería ser repudiada por todos los partidos progresistas. Frente a lo que afirmaba Pedro Sánchez hace siete años, lo que debe diferenciar a la izquierda de la derecha es precisamente renunciar a la obsesión por la estabilidad presupuestaria y centrarse en los efectos que tiene la política fiscal en la economía real, es decir, evaluar cómo asegura el pleno empleo, mejora la distribución de renta y riqueza y garantiza la estabilidad de precios. A eso se le llama aplicar el método científico a la política fiscal y no el cabalístico.

Destruir el ahorro de un sector privado en el que solo unos lo tienen y la mayoría solo tiene deudas no resuelve nada. Reconozcamos además que es difícil confiar en un partido político como el PSOE que no tiene un buen registro histórico de reformas que mejorasen la distribución de la carga fiscal. Por otra parte, el día en que la izquierda entienda que el objetivo no es el déficit sino sus efectos sobre la economía real y el bienestar de la gente habremos dado un gran paso adelante porque podremos a preocuparnos por algo más importante: la distribución del ahorro y la riqueza entre los agentes del sector privado.

La cortina de humo del fondo de reserva

Artículo publicado originalmente en la sección Luces Rojas de InfoLibre el 27 de marzo de 2016.

En la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015 se produjo un debate entre el presidente Rajoy y el candidato Sánchez. En un momento de tensión dramática el socialista, sosteniendo en sus manos un gráfico que mostraba la evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social, le recriminó al conservador: “Fíjese en lo que ha pasado: en tan sólo cuatro años usted ha esquilmado la mitad de la hucha de las pensiones, del ahorro de los pensionistas”. El comentario es muy revelador sobre creencias muy asentadas incluso entre políticos que se dicen progresistas. Demuestra una pobre comprensión sobre la función del ahorro macroeconómico, que se asimila al ahorro individual. El líder del PSOE asumía que se pueden pagar las pensiones del futuro con ahorro del presente. Sin embargo, pretender que un fondo de reserva va a pagar las pensiones del futuro es tan absurdo como decir que, si guardamos un huevo de cada docena, un pico de la barra de pan, un botón de cada camisa que llevamos puesta o 100 mililitros de cada brik de leche que consumimos cada día, cuando seamos ancianos, podremos consumir esos alimentos y bienes que hemos guardado. Sin embargo sabemos que no es así; consumimos hoy lo que se produce hoy o, como mucho, hace unas semanas. Dentro de 30 años, todo aquel que siga vivo tendrá la oportunidad de consumir aquello que se produzca en ese tiempo. Los bienes y servicios reales no pueden ser devueltos al pasado ni enviados al futuro.

Asegurar que los ancianos puedan percibir una pensión en el futuro no depende de que se haya dotado un fondo de reserva en el pasado, sino de que haya excedentes reales obtenidos en ese momento. Los políticos deben entender que se enfrentan a restricciones reales —la disponibilidad de bienes y servicios producidos en la economía real—, no financieras. Si en el futuro la producción no es suficiente para cuidar tanto de los trabajadores como de las personas dependientes, ninguna acumulación de riqueza financiera en el pasado permitirá atender a los ancianos. El problema no estriba en pagar a quien produzca en el futuro con activos financieros de un fondo de reserva, sino en que estos productores puedan ofertar lo suficiente. Es la productividad de los factores (capital y trabajo) la que permite generar excedentes en cuantía suficiente para atender a las personas dependientes después de cubrir las necesidades básicas de trabajadores y empresarios. Si en el futuro la producción real cae, ya porque mengüe el número de trabajadores, ya porque caiga su productividad, puede que no se produzcan excedentes y habrá que elegir entre dejar que sean los trabajadores quienes pasen hambre y privaciones, o que sufran los mayores (u obligar a éstos a seguir trabajando pese a haber superado la edad de jubilación).

Entonces, ¿por qué los políticos se han empeñado en dotar un fondo de reserva? Se trata de una restricción autoimpuesta sobre el gasto público; es decir, obliga al Estado a gastar menos de lo que podría o debería. Este tipo de limitaciones encajan en la misma lógica absurda de las transferencias intergeneracionales. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que el déficit público está dejando una deuda a nuestros hijos? Es absurdo, porque el nivel de impuestos de cada momento no viene determinado por decisiones tomadas en un momento anterior, es una decisión que corresponde al presente. Un déficit pasado ni puede ni tiene que ser pagado por las generaciones futuras. Si el Estado genera una deuda pública, las generaciones futuras recibirán en contrapartida la riqueza financiera neta que añadieron dichos déficit (strictu sensu, quienes recibirán esas rentas serán quienes compraron los títulos de deuda pública o los hijos de éstos), así como las riquezas reales que se hayan generado como consecuencia del efecto de esos déficit: centros de investigación y enseñanza, una población más sana o mejores infraestructuras de transporte.


En realidad, el fondo de reserva sólo sirve para perpetuar el autoengaño sobre el cual hemos diseñado nuestro sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Hemos creado una ficción institucional según la cual las pensiones se deben pagar con las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Sin embargo, es éticamente cuestionable que sean solo éstos quienes coticen a la Seguridad Social. ¿Por qué debe recaer la solidaridad intergeneracional sólo sobre los trabajadores y empresas, y no, por ejemplo, sobre los rentistas? En cualquier caso, resulta evidente que esto no deja de ser una ficción porque, si algún día la caja de la Seguridad Social no fuera suficiente para cubrir las pensiones, el Estado se vería obligado a cubrir el déficit, mientras pueda extraer recursos suficientes de la economía.

Volviendo al fondo de reserva tan apreciado por Pedro Sánchez, a 31 de diciembre de 2014 acumulaba un saldo de 41.634.178.156,72 euros, pero, antes de que nos emocionemos al conocer la existencia de este tesoro, advirtamos de que está íntegramente invertido en títulos de deuda emitidos por el estado español. Es decir, se trata de dinero que el Estado ha sacado de su bolsillo izquierdo para meterlo en el derecho. Por tanto, la capacidad de pagar pensiones de jubilación con este fondo en el futuro dependerá únicamente de la que tenga nuestro Estado en el futuro de apartar producción real; es decir, de imponer tributos a la población para que una parte de sus rentas se transfiera a los ancianos. Si el Estado hubiera invertido estos fondos en emisiones de países extranjeros que están experimentando actualmente un crecimiento acelerado de su población laboral y de su economía, como Brasil o México, quizás podríamos felicitar a nuestros políticos por su astucia. En este caso podríamos captar parte de la producción real de estos países en el futuro y destinarla al consumo de nuestros ancianos. Sin embargo, en su diseño actual,entendemos que lo mejor que se puede hacer con la hucha de las pensiones es vaciarla y tirarla al fondo del mar para que Pedro Sánchez no la vuelva a encontrar.

Entender el problema de los excedentes reales nos ayuda a comprender el problema de las pensiones al que nos enfrentamos. Es de Perogrullo decir que, para que haya excedentes, tiene que haber producción, y para que haya producción tiene que haber gente trabajando. Pero éste es el quid de la cuestión. La demografía española se ha convertido en una seria amenaza a la sostenibilidad de las pensiones y al crecimiento de nuestra economía. España ha empezado ya a perder habitantes en 2015 al superar por primera vez las defunciones al número de nacimientos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años”.

La pérdida de población se ve agravada por el concomitante envejecimiento de la población. Según el mismo estudio del INE citado anteriormente, “el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasaría a ser el 24,9% en 2029 y el 38,7% en 2064”. Las claves del declive demográfico español es la acelerada caída en el número de nacimientos, fenómeno que será cada vez más acusado a partir de 2040. En esa década, lustros de baja fecundidad, zapa y mina de la demografía española, se cobrarán su pieza y provocarán una crisis acelerada, porque el número de mujeres en edad fértil caerá en 1,9 millones dentro de 15 años y en 4,3 millones dentro de 50 años. Aunque subieran las tasas de fecundidad, probablemente los nacimientos serían insuficientes para compensar el creciente número de defunciones.

La caída de la fecundidad se debe al retraso en la maternidad, actualmente situada en 32,7 años y que se acercará a los 33 años, y a la caída de la fecundidad por mujer en edad fértil, que se proyecta en 1,22 hijos por mujer en edad fértil para 2064. Podríamos compensar la caída de la natalidad con inmigración como hicimos durante la burbuja inmobiliaria, pero la falta de oportunidades profesionales resta atractivo a nuestro país para los extranjeros.

Las cohortes nacidas en el llamado baby boom español de los años 60 y 70 del siglo pasado deberían caer presas del pánico. No es fácil explicar cómo podrán acceder a una pensión decente cuando dentro de 20 años existan menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona dependiente. En el año 2029 la tasa de dependencia será casi de 0,6 (no llegará ni a dos trabajadores por dependiente) y en 2064 casi de 1 a 1. Con tal tasa de dependencia haría falta una población laboral extraordinariamente productiva. Teniendo en cuenta que uno de esos dos trabajadores habrá pasado la mitad de su vida en situaciones de desempleo y precariedad, sospechamos que sus capacidades productivas estarán mermadas, si no es que se ha convertido él mismo en dependiente víctima de una profunda depresión. El coste para la sociedad de haber maltratado a generaciones de jóvenes con contratos de trabajo precarios y situaciones de desempleo prolongado es la imposibilidad de asegurar el reemplazo generacional y el pago de las pensiones.

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[i] Nota de prensa del INE Proyección de la Población de España 2014–2064 publicada el 28/X/2014

Not Dancing Tango any Longer: The end of the Two-party System in Spain

Un análisis de la situación política pedido por los compañeros de Rete MMT. En inglés.

It would be fair to say that Spain had one of the most stable political systems in Western Europe. For 40 years, since the approval of the Constitution of 1978, two political parties have alternated in power, the Social Democrats of the PSOE (Partido Socialista Obrero Español or Spanish Socialist Workers Party), the oldest political organization in the country founded in 1879, and the conservative PP (Partido Popular or People’s Party). The electoral system, technically proportional, but strongly biased toward the formation of majorities thanks to the numerous electoral districts with small populations, each sending a small number of deputies to the Parliament, secured a sequence of absolute majorities in the Cortes. The tradition of two-party politics goes back to the “Restauracion” period of 1871-1927 until it broke down with the collapse of that regime and the instauration of the Second Republic. Then a plethora of political parties appeared and complicated the formation of stable governments. The trauma of the Civil War and the long dictatorship that followed helps explain both the electoral system’s bias towards the formation of large majorities and the conservatism of the electorate. The warp in this framework were the sundry, and mostly center-right, nationalist and regionalist parties, especially those of Catalonia and the Basque Country. The Communist Party, never a major force before the Civil War, but which distinguished itself in the fight against Fascism, saw disappointing results in the first democratic elections and languished until it coalesced with other splinter parties to form Izquierda Unida (IU), a protest party for disappointed or disgruntled socialist voters or diehard communists.

The peak of “bipartidismo” was 2008. The two big parties gained 92% of all the seats in the Lower House of the Cortes. The Eurocrisis is about to blow this system away. Our system is now in disarray and is entering unchartered territory, probably forever.

The problem with two-party systems is that it generates very contentious politics with little space left for middle ground positions and a poor level of nuanced debate and analysis. The privately owned media have played the sectarian game with little regard for objective reporting and the public media worked for the party in power. Bipartidismo, has created conditions for impunity in party linked corruption, especially through combined control of the judiciary and the complicit silence of the media, especially when cases affected their championed party. Most of the corruption cases were linked to the financing of the costly party organizations and electoral campaigns. The real estate boom, that ignited when Spain joined the Euro, provided ample fodder for the numerous influence peddling and embezzlement cases. Spanish and Northern Europe banks funded the construction companies who, in turn, had to convince the regional authorities, those who held the key to urban zoning, that this or that lot deserved to be built up, frequently with total disregard to any environmental concerns or public service provisioning. Both PSOE and PP have been involved in notorious cases although the conservative party seems to have acted a lot more shamelessly.

When the country joined the Eurozone, cash flowed into Spain like never before. Ordinary people got easy access to credit financing spent in durable goods, houses and expensive German cars. An influx of immigrant labor came in to fill in the demand for construction workers until the foreign population reached 12% of the total. For a decade, to use the phrase coined by former President Aznar, “España iba bien” (“Spain is doing well”). However, a huge pile of debt, that would hatch into a balance sheet recession, was inflating the bubble.

When Spain committed to it, nobody questioned the European Monetary Union with the exception of former IU leader Julio Anguita -but his was considered an extravagant position even by members of his own party. The European project was unanimously seen as the opportunity to integrate the country in European affairs from which we had been disconnected for too long. Spanish Euroenthusiasm verged on the naïve and the zeal of the new convert. No referendum leading to European integration was lost, unlike France. In fact, only one, to approve the aborted European Constitution, was ever held to interrogate the electorate on European matters.

The economic crisis that originated in 2008 and the suden interruption of the credit flows from German banks to the Spanish private sector put an abrupt end to the real estate boom. With the exception of the last remaining and aged Keynesian economists that saw it coming, few had warned of the impending crisis that would follow the collapse of credit. The consequences have been dire. Unemployment has seen records of 27% and youth unemployment has hovered around 50% for eight yeas now. The immigration phenomenon has been replaced by the emigration of the most talented part of the young population. The looming demographic crisis has seen deaths surpass births for the first time this year.

The initial response of the Zapatero government was an expansionist fiscal policy that took the Government deficit to 9% of GDP in 2010. Had the plan been allowed to continue it would have probably worked. However, the austerian reaction, plotted by Merkel, Sarkoy, Barroso and Trichet to save German and French banks in 2010, nipped the recovery in the bud. Trichet’s blackmail letter forced Zapatero to change the course to “expansionist austerity and internal devaluation”.

Figure 1. Evolution of Spanish GDP. Source: INE

The elections of 2008 were the swan song of “bipartidismo”. In 2011, irritated voters abandoned the PSOE who returned the worst result in their recent history. The recession propelled the inane and unimaginative Rajoy to the Government with an unprecedented level of support.  

But Rajoy was a champion of austerity. The austerity recipes led to an even deeper employment crisis and Rajoy’s popularity plummeted. The attempt to privatize parts of the excellent public healthcare system in Madrid, the suppression of the Christmas pay of public workers in 2012 and the steep hikes in tax rates alienated many of the PP's traditional middle class supporters. The change in course to fiscal expansion on the back of Draghi’s plan to save the Euro was probably too little, too late although some optimism has now returned.

Then a deluge of PP corruption scandals made it to the headlines. The omertà broke open probably because the money to keep people quiet was not flowing. Moreover, judges were irritated to see their pay checks reduced. New on-line papers and television channels divulged the corruption scandals affecting PP and PSOE. We saw major party officials parading through the court houses and in and out of jail.

The demise of the Spanish middle class, whose expectations had been thwarted by the crisis and the growing irritation with the PP opened a window of opportunity to new political parties. Many voters were not going back to the PSOE, who was discredited by its handling of the crisis. That Podemos is a middle class party is evident: support for them is higher amongst high income people with university degrees. Ciudadanos is also a middle class party but more "respectable" and conservative.

The shock to the political system came in the European elections of 2014. A whole host of new parties ran for the first time, but the surprise was the sudden breakthrough of PODEMOS (We Can), a party of professors from the School of Political Sciences who had acted as advisors to IU and leftist governments in Latin America and had participated in the “Indignados” movement of 2011. Their young pony-tailed leader, Pablo Iglesias, had acquired some prominence by participating in TV political debates. They had also created and online channel, La Tuerka TV, (possibly with funds provided by the government of Venezuela). Podemos used a new radical language denouncing the “caste” —the political and business elites— and calling for a repeal of the debt, even suggesting leaving the euro if need be. Pablo Iglesias spoke of the “Fatherland” giving it a progressive meaning in a nation where patriotism equates to being a rightwinger. Podemos managed to return 5 seats in the European Parliament and came in third place in Madrid. Interestingly, although many of their leaders came from the anticapitalist and communist youth, they  claimed that they could not be classified as right or left; they were trying to attract disgruntled PP voters. However, that ambiguous positioning in the right-left spectrum would prove unstable.

An older protagonist is the Catalan Ciutadans (Ciudadanos in Spanish), originally, and for years, a local party founded as a reaction to the Catalan nationalist policies imposing the vernacular language on all children at school attracting those dissatisfied with the ambiguous position of the local branch of the Socialists on this issue, most of whose voters are immigrants from other regions and not native Catalans. When Podemos started to surge in opinion polls, with its radical anti-austerity discourse, it became evident to the establishment that this was a serious threat. In mid-2015, Podemos was coming in third place in opinion polls and collecting a share of 25% of the estimated vote. El País and El Mundo, the main Madrid journals began a campaign to discredit them, revealing their connections to Venezuela. However, this was not enough. It was clear that the large corporations needed a new center right party, with a more modern image and untarnished by corruption scandals.  Podemos derided the attractive leader of Ciudadanos, Albert Rivera, as the white brand of the PP. However, in the municipal and regional elections, Ciudadanos came in third, disappointing, but the center right could now bet on a new horse. In those elections, Podemos decided not to run under its own brand and participated in local coalitions that managed to place their candidates as mayors of Madrid and Barcelona.

In Catalonia, dissatisfaction with the economic situation, years of nationalist agitation about regional funding and the clumsy management of the new Statute, partially declared unconstitutional by the Constitutional Court, combined to spawn an unprecedented rise in pro-independence sentiment. In Barcelona, it was easy to blame Madrid for the austerity policies. The corruption scandals that tarnished the leadership of the nationalist conservative party, Convergència I Unió (CiU), is probably behind the headlong radicalization of this previously compromising organization’s leadership: in independence, they have found a way out of their judicial and penal future.

Artur Mas, president of Catalonia, decided to call a plebiscitary regional election two months ago joining forces with the center left Esquerra Republicana de Catalunya in a coalition named “Junts pel Sí” (Together for Yes). The goal was to get a majority for independence. They fell shy of 48%, insufficient to press ahead with independence. However, the two moral winners were Ciutadans, who came in second, and the radical pro-independence libertarians, CUP, who gained enough seats to set the rules in the independentist camp -a bitter pill for the remains of Mr. Mas's conservative party after moderate regionalists dropped out of the drive for secession. To date, Junts pel Sí and CUP have not been able to agree on the formation of a new government. However, the Catalan elections revealed Ciudadanos as a true contender whereas Podemos did not obtain a good result. Ciudadanos has now dislodged a centrist anti-corruption party, UPyD, from the race.

The decline in the vote of Podemos proved the effectiveness of the campaign against them.  In addition, Podemos appears to have moderated its discourse in an effort to dispute voters from PSOE. This moderation might have diminished the appeal of the new party amongst more radical voters while they have lost the center right voters that they attracted in the first hours; the latter are now comfortable with Ciudadanos. Nonetheless, they seem to be regaining ground thanks to their media-savy leadership and a good performance in TV debates, possibly at the cost of the PSOE.

Rajoy has celled general elections for December 20. The result has never been more uncertain. The opinion polls draw a scenario in which three parties have almost equal shares and Podemos has been regaining ground in the past two weeks. Any outcome is now possible.

Figure 2. Evolution of vote estimates per party. Source: El Diario.

Ciudadanos is running with a neoliberal program designed by the economist Luis Garicano. Star proposals include a tax credit for low incomes, a single type of work contract, structural reforms, simplification of the tax systems and active employment policies; in few words the classic supply side economics  recipe that any European Commission would endores. Esteban Cruz and myself conducted detailed analysis of their economic program in Spanish printed in InfoLibre. Podemos is proposing a social democratic program that includes a basic income, a reversal of labor reforms introduced by the PP, promotion of clean energy,  redistributive tax reforms, increasing the minimum wage and introducing a system of Social Security payments that is proportional to income of self-employed workers. A key proposal is an audit of public debt. Both new parties share proposals to give Spanish democracy more transparence to fight corruption. Podemos is especially keen in blocking the "revolving doors", a metaphor used to describe the habit of former ministers and presidents joining boards of large corporations after leaving power, a practice which they denounce as influence peddling.

Izquierda Unida’s candidate, Alberto Garzón, is a friend of Modern Money Theory. They are the only ones to propose a job guarantee program but they are unlikely to get meaningful parliamentary representation. Garzón tried to form a coalition with Pablo Iglesias. It appears that old-timers within IU managed to unravel the “Confluencia” of the left but Podemos, IU and sundry left parties have formed coalitions in Catalonia, Galicia and Valencia. The anti-austerity field is being hotly contested by IU and Podemos.

PSOE, with its young new leader, Pedro Sánchez, has presented a "pragmatic" economic program with a partial repeal of the labor law reforms introduced by Rajoy, an emphasis on gender equality and a more gradual reduction of the fiscal deficit. Ciudadanos, Podemos and PSOE probably share a greater commitment to increase investment in R&D, something that PP has certainly neglected. But PSOE has a major credibility issue due to its association with the first stage of "belt-tightening" with the turn to austerity imposed by the EU institutions in 2010.

PP reversed its headlong course towards the austerity cliff in 2013, probably too late to win the elections with an absolute majority but enough to recover some voters and take first place. They will try to convince voters that it was the “bitter pill”, administered in the first half of their mandate, which has now restored growth and jobs creation in Spain.

Whoever wins will need to form a coalition to govern Spain in 2016. The catch is that they have no experience in this. What is clear is that the old parties have a generational problem: their voter base is increasingly aged. Younger voters are more likely to vote for the new parties. Will this lead to a new form of "bipartidismo" as senior citizens begin to pass away?

Figure 3. Vote estimate by age group.

El país que renunció a tener su moneda

A vueltas con el artículo 135 de la Constitución.

Estas dos últimas semanas uno de los redactores de la enmienda al artículo 135 de la Constitución Española, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha anunciado que su grupo parlamentario se adhiere a la propuesta de que se modifique de nuevo en el sentido de blindar determinados derechos sociales. No entraré en el procedimiento de urgencia utilizado por el último gobierno de Zapatero para aprobarla aunque sin duda hubiera sido beneficioso para todos haberla discutido, porque la reforma no fue en absoluto trivial. Las versiones antigua y nueva de la reforma se pueden encontrar aquí.

Desde mi punto de vista el apartado más relevante de este artículo es el compromiso de mantener un déficit público estructural por debajo de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Este se concretó en la Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria, estableciendo un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB. El artículo contempla que ese objetivo no se cumpla en situaciones de crisis económica o catástrofe. Economistas Frente a la Crisis (EFC)  ha publicado un magnífico blog en el que definen esa extraña criatura que se llama déficit estructural y cuestionan la conveniencia de introducir en el ordenamiento constitucional un objetivo de política económica basado en un parámetro que solo se puede estimar.

Estoy de acuerdo con EFC pero además pienso que la reforma es un brindis al Sol porque nunca se habría podido cumplir. No solo en la situación actual de depresión profunda, en la que estamos tan alejados de la senda de crecimiento potencial del PIB. Aunque quisiéramos, seguramente tardaríamos más de una década en cumplirlo. También porque, aún si estuviésemos en la senda de crecimiento potencial del PIB, probablemente no fuera deseable porfiar en cumplir el objetivo de déficit estructural.

Parto de la tesis de los economistas partidarios de la Teoría Monetaria Moderna (TMM) para quienes lo óptimo es que el estado nunca tenga un superávit y, si intenta conseguirlo, llevaría la economía a la deflación. Cito literalmente a uno de ellos, Randall Wray:

"... our analysis show that a balanced budget is the theoretical minimum possibility that is sustainable; the practical lower limit is a continuous deficit and any surplus will be short-lived because it will unleash strong deflationary forces. Further, there is no 'optimal' or even 'maximum' internal deficit or debt-to-GDP ratio consistent with fiscal prudence. The balanced budget ammendment would impose unnecessary and impossible fiscal restraint on the US." (Randall Wray. Understanding Modern Money).

Para entender por qué el estado no debería tener nunca un superávit hay que comprender antes el proceso de creación y destrucción del dinero. Creo que todos tenemos claro que el dinero es una creación del estado; no se extrae de una mina ni crece en los árboles; tampoco se genera en virtud de un misterioso algoritmo como el bitcoin. El estado pone el dinero en circulación cuando paga servicios y productos que adquiere con él: sueldos de funcionarios, contratos de obras públicas, compras de material bélico, etc... En el momento de ordenar un pago puede ser que salgan monedas y billetes de la caja del estado o que se entregue un cheque, en cuyo caso el dinero normalmente se depositará en un banco. El banco experimentará un aumento de sus reservas en balance. Este aumento será breve si el titular de la cuenta decide hacer un reintegro de forma inmediata pero puede también depositarlo en forma de ahorro. El banco podrá utilizar ese excedente de reservas prestándolo a otros agentes económicos, momento en el cual se crea nuevo dinero bancario. Este y no otro es el proceso de creación del dinero: a partir de una decisión de gasto del estado.

El "Twintopt"

Explican los economistas de la TMM que el valor del dinero se deriva de su utilidad para pagar los impuestos que exige el estado. Es lógico que así sea porque, si el estado no aceptara su propio dinero y tampoco nos impusiera el pago de impuestos, ¿para qué querríamos esos papelitos de colores? El dinero es lo que define Randall Wray como "Twintopt", neologismo derivado del acrónimo para "That which is needed to pay taxes", es decir, "lo que se necesita para pagar impuestos". El estado podía haber decidido utilizar sellos de correos, lápices de colores, conchas, tapas de tarrinas de yogur, cromos de equipos de fútbol, canicas, cajas de cerillas o pieles de conejo para el mismo propósito. Lo importante para que algo pueda funcionar como dinero es que el estado lo acepte como medio de pago de los impuestos y además sea difícil de conseguir. Solo se consigue vendiéndole productos o trabajando para el estado.

Cuando el dinero entra en circulación el estado se ve obligado a drenar una parte de sus emisiones mediante la recaudación de impuestos. Metámonos esto en la cabeza: el estado no cobra impuestos para financiar el gasto público; no lo necesita, el gasto público lo financia creando dinero. Los impuestos son el mecanismo que utiliza el estado para drenar liquidez. Si no lo hiciera, inundaría el país con dinero que rápidamente perdería su valor y desencadenaría un proceso inflacionista. Pero no debe excederse imponiendo una tributación excesiva que eliminara todo el dinero creado.

Podemos utilizar como analogía el caso de un fabricante de bebidas refrescantes que gestiona un programa de recogida y reutilización de cascos usados. Sabe que nunca recuperará todas aquellas botellas que puso anteriormente en circulación porque algunas se habrán roto, otras se quedarán en los inventarios de los consumidores y otras las guardarán los clientes porque, por pereza o por negligencia, preferirán no devolverlas. El fabricante de bebidas refrescantes siempre recuperará menos botellas de las que necesita poner en circulación y por tanto tendrá que encargar la fabricación de nuevas si quiere mantener su nivel de ventas.

De forma similar los particulares causarán la destrucción de billetes o querrán retener algún dinero en forma de ahorros o reservas ya por motivos de prudencia, ya con intención de aguardar a alguna oportunidad de inversión. Por tanto el estado deberá limitarse a recuperar aquellos excedentes de liquidez que los particulares no deseen conservar.

Otro mecanismo de drenaje es la deuda pública. Sin embargo las emisiones y las operaciones de mercado abierto que realizan los bancos centrales sirven para gestionar la política monetaria. Tanto el dinero como la  la deuda pública son deuda del estado siendo la diferencia fundamental que ésta paga intereses y aquélla no. Tampoco sirve la deuda pública para financiar el gasto público, como erróneamente se cree, sino que es un mecanismo de política monetaria del que se sirven los bancos centrales para fijar los tipos de interés en el nivel deseado en cada momento por el estado.

Volvamos ahora a la cita de Randall Wray. El punto clave es que los particulares desean mantener unos determinados niveles de reservas de dinero, que no paga intereses, y de inversión en deuda pública, que sí los paga. Esos niveles corresponden a la diferencia entre lo que el estado debe poner en circulación y recaudar mediante impuestos. Si el estado incurriera en un superávit estaría recaudando impuestos por un importe superior al de su gasto público.  Dicho de otro modo, el estado drenaría más dinero del que inyecta en la economía. Eso provocaría una reducción de los ahorros y reservas de los particulares los cuales se verían obligados a reducir su consumo para volver a los niveles que desean mantener. A su vez, ese proceso llevaría a la economía a una situación de deflación y desempleo. El corolario es que lo óptimo es que el estado nunca incurra en un superávit. Lo deseable es que siempre tenga un déficit para que el sector privado alcance los niveles de reservas de dinero, letras del tesoro y bonos del estado que desea mantener en sus carteras.

Otra conclusión interesante es que el estado no puede suspender pagos porque siempre puede pagar sus gasto con dinero, el que él mismo crea.

Lo raro es el superávit del estado

De hecho, el estado español históricamente ha mantenido una posición deficitaria. Con la excepción del primer mandato de Zapatero, bajo todos los demás presidentes del gobierno el estado han soportado un déficit. El superávit de Zapatero fue de escasa duración y al iniciarse nuestra crisis no solo desapareció sino que entramos en una situación de déficit "galopante".

Los economistas de la teoría monetaria moderna explican que un superávit no es deseable pero ¿debería preocuparnos que se dispare de esta manera el déficit? ¿Hay alguna lógica al mandato del artículo 135? Quizás sí haya lugar para algunas normas prudenciales.

El caso de la economía abierta

Examinemos el caso de una economía abierta al comercio exterior con libre movimiento de capitales. En este caso el sector privado podría obtener financiación del extranjero y los bancos reservas mayores de las que conseguirían de su propio estado y por tanto podrían crear dinero bancario sin recurrir a la moneda nacional.  En una economía cerrada lo normal será que el sector privado  tenga una posición ahorradora neta ya que el estado estará en situación de déficit. En cambio, en una economía abierta podría darse el caso de que el sector privado se endeudara de forma creciente con el exterior. Es incluso posible que tanto el sector público como el privado estén en  una situación financiera neta deudora. El sistema podría volverse inestable resultando en un crecimiento sin límites de la deuda del sector privado.

Wynne Godley y Francis Cripps nos explican en su tratado, Macroeconomics, que una economía abierta es intrínsecamente inestable. Una economía cerrada permite al estado regular la oferta monetaria sin mayores dificultades. En cambio en una economía abierta ese puede no ser el caso. Godley y Cripps enseñan que la condición que debe cumplirse para que el sistema sea estable es que el posicionamiento fiscal (definido como gasto público dividido por la presión fiscal) y el rendimiento exportador (exportaciones divididas por la propensión marginal a importar) sean iguales. El estado puede recurrir a las devaluaciones de su moneda o dejar que ésta se deprecie para mejorar el rendimiento exportador o podría cambiar su posicionamiento fiscal, incurriendo en un superávit que compense el creciente endeudamiento privado. También puede introducir controles de capitales para frenar la creación de dinero bancario que siga financiando el crecimiento del consumo y las importaciones. Lo importante es comprender que en una economía abierta hay riesgos pero un estado prudente tiene herramientas para gestionarlos y estabilizar la economía.

Pero los comportamientos imprudentes no se pueden descartar. Pudiera ocurrir que el estado decidiera endeudarse en moneda extranjera porque pensara, erróneamente, que el mercado doméstico no tiene más capacidad para financiar sus actividades. Sabemos que esto no es cierto, pues al estado le basta con emitir nueva moneda (y cobrar los impuestos a continuación). Mientras haya recursos y empleo ociosos podrá hacerlo sin provocar inflación. Pero hay estados que son incapaces de implantar un sistema tributario eficaz y pueden autoengañarse pensando que pueden financiarse más fácilmente en el exterior. También puede suceder que un estado decida adquirir bienes y servicios que no se producen en su país. Eso podría justificar el recurso al endeudamiento en una moneda extranjera. Este sería el caso, por ejemplo, de las compras de material bélico sofisticado o material ferroviario con tecnología extranjera. Si no es prudente, el estado puede encontrarse con una deuda externa elevada y a "merced de los mercados" ya que no puede controlar las oscilaciones de las divisas y su crédito puede caer ante los inversores internacionales.

En caso de crisis el estado podría encontrarse con dificultades para hacerse con las divisas que necesita para hacer frente al servicio de la deuda. En tal situación podría verse obligado a imponer medidas de austeridad sobre su población para generar divisas mediante una balanza comercial positiva. Como dice Randall Wray (op. cit.) deberá "reconocerse que esto solo se debe a que el gobierno deseaba bienes y servicios que no se vendían en su moneda doméstica. En los demás casos el gobierno no está sujeto a la 'disciplina del mercado' y se habría autoinfligido la austeridad y las penalidades." Esta es la situación que vivió Amércia Latina en los años 80 y que originó la "década perdida". Eran estados con escasa capacidad para recaudar impuestos que neutralizaran las reservas excesivas de dinero y que se vieron tentados por la oferta de financiación externa. El resultado ya es conocido: hiperinflación y crisis de deuda.

Un artículo 135 cuyo objetivo fuera una gestión prudente en el escenario descrito anteriormente habría impuesto una limitación, no al déficit público, sino al endeudamiento en una moneda extranjera. Pero la situación española no solo es la de un país con una economía abierta sino también la de un miembro de una unión monetaria.

Unión monetaria sin unión fiscal

Los economistas de TMM predijeron a finales de los años 90 que este experimento de unión monetaria, la zona Euro, sin unión fiscal sería inestable. En esta unión monetaria existe un Banco Central Europeo, cuyo papel se limita a intervenir en el mercado monetario aportando o drenando reservas a los bancos, pero que no puede hacer operaciones de mercado abierto con deuda soberana. No existe un gobierno federal.

En este diseño institucional lo cierto es que no existe ningún vínculo ente los procesos de creación y destrucción de dinero a nivel nacional, pero tampoco a nivel europeo. Por este motivo la Eurozona es un sistema caótico. La condición que imponían Godley y Cripps para que el sistema macroeconómico fuera estable (la igualdad entre posicionamiento fiscal y rendimiento exportador) ya no se puede asegurar. El estado carece de las herramientas que aseguran ese equilibrio pues no puede devaluar la moneda o imponer restricciones al libre movimiento de capitales.

Los estados miembros, si se endeudan, lo hacen en una moneda que, a todos los efectos, es una divisa extranjera. Los gobiernos se han visto reducidos a la condición de gobiernos regionales pues han perdido su soberanía monetaria. Parecería lógico que tuviesen una capacidad de endeudamiento limitada.  Por ese motivo el tratado de Maastricht impone límites máximos al endeudamiento y al déficit público. También el riesgo de endeudamiento del estado en euros parece justificar una regla de oro como la impuesta en el artículo 135.

Pero la obsesión de los "padres fundadores del Euro" y de los autores del nuevo artículo 135 con la deuda pública no fue acertada pues no reconocieron que el verdadero talón de Aquiles de este sistema estaba en los bancos. Estos podían acceder sin limitación alguna a financiación obtenida en otros países y, por tanto, se convirtieron en creadores de dinero, actuando con independencia de sus estados nacionales y sin necesidad de recurrir a ellos para obtener reservas. Ahora podían financiarse en el mercado interbancario europeo.

En cualquier país de la zona Euro existía el potencial para darse una situación incontrolada en la que un sector institucional aumentase su endeudamiento de forma indefinida. También podía ocurrir, como en Alemania, que se diera un exceso de ahorro y una profunda debilidad del consumo doméstico que el estado renunciaba a corregir porque había otros estados que lo hacían por él (y menos mal, porque si no, hubiese llevado a la mayor economía europea a la deflación hace 10 años). Pero también ocurrió que los bancos españoles captaron las reservas excedentarias de los alemanes y los destinaron a proyectos inmobiliarios, desencadenando una burbuja de proporciones épicas. Tras el estallido de la burbuja, el sector privado se vio obligado a desapalancar su deuda llevando a la economía a un proceso deflacionista.

Un estado con soberanía monetaria podría haber respondido al estallido de la burbuja creando dinero nuevo mediante un ambicioso programa de gasto público que cubriera la brecha en la demanda, evitando así que se disparara el desempleo. De forma automática la deuda se habría transferido en parte al sector público, si no al exterior mediante un forzado ajuste de la balanza de pagos facilitado por una devaluación (no exenta de riesgos pues las deudas externas se encarecerían).

Pero dentro de la Eurozona el estado no debía acudir para llenar la brecha en la demanda nacional y asumir esa deuda del sector privado puesto que solo podía endeudarse en euros sin contar con el respaldo del BCE. Endeudarse voluntariamente era quedarse a merced de "los mercados".

Pero ésa era la teoría. De todas formas, "velis, nolis", los estados se iban a endeudar masivamente. A pesar de todas las cautelas del Tratado de Maastricht, con o sin artículo 135, el proceso transferencia de deuda desde el sector público al privado ocurrió de forma automática (por efecto de los estabilizadores automáticos y la caída de la recaudación) o intencionada (como en el caso del rescate a los bancos y cajas de ahorro). Este endeudamiento excesivo en euros de los gobiernos, sin el respaldo del BCE como prestamista de última instancia, ha llevado al rescate y a la austeridad a varios países de la periferia. Como previó Godley nada hubiese podido impedir ese proceso de aumento acelerado del endeudamiento público pues la alternativa habría sido una deflación aun mayor y, de todas formas, era irremediable.

Así pues reitero que, por mucho que el artículo 135 hubiese estado en vigor anteriormente, habría sido completamente ineficaz. Hemos visto cómo el superávit de la época de Zapatero no impidió la hecatombe económica posterior. Además de innecesario, ese superávit por fuerza fue contractivo e impidió alcanzar el pleno empleo. Supongo que la idea era que el estado español hubiese generado posiciones financieras netas positivas durante el período expansivo con la idea de que luego compensaran el déficit del estado que inevitablemente surgiría. El problema fue que las normas europeas impusieron un dogal a los estados que les impidió actuar de forma eficaz sin impedir el crecimiento desorbitado de la deuda pública denominada en euros, repito, una moneda de facto extranjera. Si hubiese habido un estado federal europeo, con una elevada capacidad de gasto, éste habría podido acudir al rescate de las economías periféricas. Esto  habría permitido que los estados miembro hubiesen evitado, esta vez sí, entrar en un endeudamiento insostenible de forma exitosa. El artículo 135 sin estado federal europeo es inútil.

Si el artículo 135 no sirvió para nada ¿qué se podía haber hecho? Quizás las famosas provisiones anticíclicas que imponía el Banco de España a los bancos españoles hubieran debido ser mas exigentes para limitar la creación de dinero bancario. Es evidente que no fueron útiles, o no tanto como se esperaba.

¿Cuál es la solución para salir de la crisis actual? Alemania no está dispuesta a ayudar al despalancamiento del sector privado español con un programa de gasto público en su país que reduzca su superávit comercial. Por tanto no contaría con Merkel.

Una solución óptima sería la creación de ese estado federal europeo que actuara como creador del dinero y al que acompañara el BCE. Para que funcionara ese estado federal europeo hemos visto que tendría que tener también capacidad de recaudar impuestos en toda Europa. Esto restauraría la coordinación entre política fiscal y monetaria.

¿Alguien cree que los estados miembros de la UE están dispuestos a dar ese paso trascendental? El autor de esta líneas piensa que es improbable. Por eso pienso que para sacar a España de la profunda crisis actual y la deflación lo más realista sería desmantelar de forma consensuada y pactada la moneda común; redenominar todas las deudas, tanto públicas como privadas, a las nuevas monedas nacionales; y aceptar que este proceso causará enormes pérdidas financieras al sistema bancario alemán y a sus ahorradores. No debimos crear una moneda común sin un estado común y el artículo 135 era un pobre sustituto.