Es innegable que se ha producido un crecimiento económico desde que la insensata política de austeridad radical que nos impusieron Bruselas y el BCE fue suavizada. Sin embargo observen que todavía en el cuarto trimestre de 2016 no habíamos superado el nivel de producción alcanzado en 2008. ¡Treinta y cuatro trimestres después la economía española sigue produciendo menos que al inicio de la crisis! Probablemente ésta es la recuperación económica posterior a una recesión más lenta que se haya observado desde la Guerra Civil. En la anterior crisis económica iniciada en el último trimestre de 1992 la economía recuperó su nivel de actividad previo en tan solo siete trimestres. Pese a todo el triunfalismo exhibido por las autoridades españolas lo cierto es que nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes que debería avergonzarnos. Cuando la Comisión Europea proclama el éxito de las políticas de austeridad lo sorprendente es que no haya más economistas denunciando tamaña tergiversación de los hechos.
Las consecuencias de esta larga crisis han sido letales para las familias. Nuestra tasa de desempleo, más propia de un estado fallido de África que de un país de la OCDE, sigue siendo de las más altas del mundo occidental. La tasa de desempleo juvenil, el colectivo más perjudicado por la crisis, sigue siendo superior al 42%, la más alta de Europa. Hemos perdido a una generación entera. Se han publicado abundantes datos que demuestran que muchas familias han descendido de clase social. Otro legado de la crisis es la tasa de desempleo de larga duración más elevada de Europa. Este fenómeno afecta sobre todo a ciudadanos mayores de 50 años. Entre los parados de larga duración de esa cohorte dos tercios llevan más de un año sin trabajar. Muchos no volverán a encontrar un empleo y por ello verán su nivel de vida reducido para siempre. A la pérdida permanente e irreversible de renta se añadirá la injuria de que se les reconocerá una pensión menor a la que habrían disfrutado de haber podido seguir trabajando. No es admisible ninguna complacencia ante la magnitud de la tragedia.
Lamentablemente no nos encontramos solos. Es cierto que el proceso de financiarización puesto en marcha por el neoliberalismo desencadenó una crisis internacional sin precedentes cuyos daños han tardado en ser reparados. La lógica de la austeridad que se apoderó del pensamiento económico dominante ha impedido que los gobiernos actuasen con mayor determinación. Pero la mayoría de los países occidentales han superado ya el nivel de la producción que tenían antes de la crisis. Ése no es el caso de varios estados pertenecientes a la zona Euro (España, Italia, Portugal, Finlandia y Grecia) que siguen con un PIB en términos reales inferior al de 2007. El factor euro no es una coincidencia.
Cuando la economía española parece estar saliendo de la crisis muchos podrían pensar que es un mal momento para recomendar la recuperación de la soberanía monetaria. Sin embargo los argumentos en favor de la soberanía monetaria son muy contundentes.
En primer lugar es innegable que de haber tenido nuestra propia moneda en 2010 no habríamos sufrido el ataque de los mercados contra nuestra deuda soberana. Tampoco habría sido posible que el BCE y Bruselas hubiesen chantajeado a nuestro gobierno exigiendo la imposición de políticas de austeridad en el peor momento posible. Fuera de la unión monetaria, nuestra economía se habría recuperado de la crisis en 2011 o 2012. Es cierto que el BCE ahora compra nuestra deuda pública en los mercados, lo cual nos ha emancipado de ellos temporalmente. Sin embargo, estos programas de compra de deuda soberana son provisionales y además están condicionados al cumplimiento de objetivos de austeridad. Bruselas apremia a España para que siga reduciendo su déficit. Ni los tratados ni la ideología que domina en las instituciones europeas han cambiado ni lo harán.
El problema va más allá de las erradas políticas de austeridad que se impusieron desde Bruselas en 2010. Nos enfrentamos a un fallo estructural en el diseño de la moneda común europea. El tratado de Maastricht cercena la capacidad de actuación de los Estados ya que los priva del respaldo de un banco central y limita su capacidad de actuación ante una recesión. La moneda común también impide que un estado con dificultades causadas por su balanza comercial deprecie su moneda para recuperar parte de la competitividad perdida.
La catástrofe social que ha legado la crisis económica requiere de una respuesta decidida por parte del Estado. La adecuada es que el Estado incurra en un gasto fiscal deficitario probablemente superior al 8% sobre el PIB durante al menos dos o tres años. Esto es imposible dentro del rígido marco fiscal impuesto por los tratados europeos que nos impone una senda de reducción del déficit hasta que éste sea inferior al 3%.
El tiempo se agota
Tenemos que ser conscientes de que el tiempo se agota. Si no acometemos ahora un plan de crecimiento basado en un potente estímulo fiscal, nos apartaremos para siempre de la senda de crecimiento potencial del PIB que teníamos en 2007. Nos encontraremos con dos generaciones perdidas de jóvenes. Muchas personas han perdido toda esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Esto implica que nunca podrán hacer realidad ninguna aspiración personal legítima: desarrollar una carrera, mantener una relación de pareja, emanciparse y establecer su propio hogar, tener hijos, llevar un nivel de vida materialmente digno, etc.
Existe otro problema más difícil de entrever a corto plazo. Seguir en la unión monetaria europea nos condena a ser un agente secundario en Europa limitado a ofrecer productos hortofrutícolas y servicios de hostelería a los más prósperos vecinos del norte. Se nos permitirá tener un pequeño tejido industrial en algunas zonas que han acertado a conservar lo que sobrevivió a la "reconversión" industrial de los 80 (en realidad un desmantelamiento en toda regla). Pero gran parte de este tejido fabril será auxiliar del aparato productivo de Alemania.
Necesitamos acometer una urgente modernización de nuestro sistema productivo. Solo un estado que cuente con la potestad de encauzar recursos reales cuantiosos hacia nuevas actividades industriales y tecnológicas puede conseguir una transformación real. Esto solo puede hacerlo un estado con capacidad de crear moneda fiduciaria, es decir, dotado de soberanía monetaria. La UE carece de una instancia federal con una visión transformadora de la periferia y capaz de movilizar los recursos hacia ese nuevo modelo económico.
Recientemente el Grexit ha retornado a los medios como tema candente ante la evidencia de que los rescates no sirven para sacar a Grecia de la depresión y de que necesitará un nuevo rescate para evitar el default. La situación de ese país es aún más dramática que la de España. Claramente Grecia se beneficiaría de una salida de la cárcel de deuda y la liberación de unos tratados que impiden a su gobierno iniciar una política fiscal expansiva. La falta de coraje del gobierno de Tsipras y una opinión pública temerosa de la reintroducción de una moneda nacional explica que aún no se haya producido este evento. Restableciendo la dracma, Grecia podría recuperar el crecimiento muy rápidamente, ya que un estado que disfruta de un monopolio de emisión de moneda puede comprar todo lo que se encuentre a la venta en su territorio. Es decir, el Gobierno griego tendría la capacidad de dar ocupación a todos los recursos ociosos en su país. La pregunta no es si Grecia saldrá de la zona euro sino cuándo.
España debería tomar nota pero al igual que en Grecia, nuestras élites están comprometidas con el proyecto europeo. Considero que el establishment español tiene un serio problema que va más allá de la negación de la realidad. Podríamos exculparlo pensando que las élites empresariales y políticas son incapaces de entender que el diseño de la moneda común ha sido erróneo. Pero lamentablemente la cuestión es más grave. Carecen de la sensibilidad humana necesaria para actuar con decisión en la reparación de los daños que ha causado la crisis a sus conciudadanos más desafortunados. Inquieta pensar que este establishment se comporta en realidad como las "élites compradoras" del antiguo imperio colonial portugués, cuyos intereses estaban mejor alineados con los de la metrópolis que con los de sus compatriotas. De otro modo, cuesta entender el enamoramiento de nuestro establishment con un proyecto europeo extremadamente peligroso para la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Nuestros dirigentes carecen totalmente de un proyecto de país que vaya más allá de repetir mecánicamente que la "solución es más Europa" sin explicar en qué consiste tal "solución".
Padecen de una seria ceguera sobre la naturaleza de nuestra relación con los socios europeos. Estos han demostrado la más absoluta insensibilidad hacia los sufrimientos causados a la población de los países periféricos. Su actitud es más propia de sociópatas que de los aliados que creen tener los dirigentes españoles. Ninguno de los países superavitarios ha asumido la necesidad de contribuir a nuestra rápida salida de la crisis con una política expansiva que redujera sus abultados superávit comerciales. Éstos fueron la contrapartida a nuestro endeudamiento externo y privado y su reducción habría facilitado la salida de la crisis en la periferia. Por supuesto, una transferencia de rentas está fuera de toda cuestión. Los países del núcleo duro europeo, apoyados partidariamente por las instituciones europeas, impusieron todos los costes de la salida de la crisis sobre nosotros y prefirieron rescatar a los grandes bancos alemanes y franceses que a los pueblos del sur. Estos países hegemónicos no están dispuestos a modificar los tratados para reparar los fallos de diseño del euro. Sin la existencia de un demos europeo y sin un gobierno federal capaz de abordar un proyecto ambicioso de transformación es ingenuo pensar que Europa resolverá nuestros problemas.
Las sociedades mediterráneas padecen de un bajo nivel de autoestima. Quizás por eso estamos encadenados a una relación patológica que recuerda a las de esas mujeres maltratadas que aún no han aceptado que su marido las tortura física y mentalmente. Urge que la sociedad española abra los ojos y entienda que somos nosotros los responsables de encontrar la solución más conveniente para nuestros problemas. Esto no es nacionalismo trasnochado, es sencillamente lo que hacen los estados escandinavos, como Suecia o Dinamarca, que se negaron a entrar en la unión monetaria porque pronosticaron, acertadamente, que exterminaría sus estados de bienestar. Sin titubear debemos recuperar el principal símbolo de identidad de un estado democrático y soberano: la moneda. No hay soberanía democrática sin soberanía monetaria. Regeneración democrática de nuestra política para someter a las oligarquías y soberanía monetaria son las dos caras de la misma moneda.
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