El plan de empleo garantizado

¿Qué es el dinero?: Parte VII. Unas notas históricas

Unas notas históricas

Este post forma parte de una serie sobre el dinero:

¿Qué es el dinero? Parte 1

¿Qué es el dinero? Parte 2

¿Qué es el dinero? Parte 3

¿Qué es el dinero? Parte 4

¿Qué es el dinero? Parte 5

¿Qué es el dinero? Parte 6

En este post abordo algunas notas históricas sobre el dinero.

Henry explica que en una sociedad igualitaria sin jerarquías no hay necesidad de utilizar dinero. La transformación en sociedades jerarquizadas y estratificadas lleva naturalmente a la emanación del dinero porque tiene que desarrollarse algún método para determinar, extraer y distribuir los excedentes agrícolas, desde el campo hasta los palacios y los tempos. Es la autoridad suprema (el rey, los sacerdotes) quien somete la población a tributos, determina la unidad de cuenta y el medio en que se pueden saldar (Henry, 2004).

Cuando los españoles conquistaron el Perú aprovecharon la institución preexistente de la mita para explotar la mano de obra indígena aunque obviamente despojada de su antiguo sentido religioso y comunal del período incaico. El sistema de la mita colonial dio lugar a todo tipo de abusos y repetidas quejas sobre la explotación a la que se sometía a los indios. Lo que convertía la mita en un impuesto odioso era su carácter racial dentro de un régimen colonial. Esta infame institución podría haber sido suprimida imponiendo a la población conquistada un tributo monetario. En una economía monetaria la población sojuzgada por el colonialismo se habría visto forzada a buscar empleo en las minas y empresas que pagarían con la moneda necesaria para redimir los impuestos. El efecto habría sido el mismo: la administración virreinal habría conseguido los mineros que necesita empleando asalariados en lugar de trabajo forzado.

Sabemos por evidencia arqueológica obtenida de Mesopotamia y Egipto que el crédito existía hace miles de años y que éste precede a la creación de la moneda. Si definimos el dinero como una operación de crédito entonces podríamos aceptar la historia de que el dinero podría haber surgido de las transacciones en el sector privado como aseguran los economistas clásicos y neoclásicos desde Adam Smith aunque no en la forma de dinero mercancía que ellos imaginan.

Sin embargo que fue el estado el que promovió y creó la normativa legal necesaria para que funcionasen los mercados. Esto incluye por supuesto la definición de una unidad de cuenta.En las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia el volumen de los excedentes empezó a ser tan elevado y las obligaciones de redistribución tan complejas que los funcionarios necesitaron desarrollar un sistema para registrar las cuentas de la producción agrícola, los excedentes acumulados, los tributos de pueblos sometidos y las obligaciones tribales de reyes y sacerdotes.  Estos cálculos se realizaban con mayor sencillez empleando una unidad de cuenta que permite asignar un valor a cada tributo en especie y permite calcular la relación de intercambio para que un vasallo pueda saldar su deuda con una mercancía u otra. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el ‘deben’ fue una antigua medida de peso que empezó a utilizarse como unidad de cuenta. Un ejemplo de utilización de una unidad de cuenta en una sociedad no monetaria quedó registrado en una cita egipcia del año 1275 A.C. que narra cómo un mercader ofreció a la señora Erenofre una niña esclava cuyo precio se fijó en 4 deben 1 kite (Grierson, 1977, pág. 17). Sin embargo no existía dinero físico de tal denominación pues la moneda no se inventó hasta el siglo VI A.C. El desarrollo de unidades de cuenta, normalmente basadas en equivalencias de valor para la plata o el cobre, precedió a la creación de la moneda.

En excavaciones arqueológicas de Babilonia se han encontrado tabletas de cerámica del tamaño de una pastilla de jabón que documentan contratos llamadas "tabletas shubati". Las más antiguas datan de hace 2000 a 3000 años. La plabra shubati presente en todas ellos significa "recibido". Son registros de transacciones en términos de she, probablemente un tipo de grano. Estos registros anotan la cantidad de grano, la palabra shubati, el nombre de la persona que ha hecho la entrega, el nombre de la persona que ha recibido, la fecha y el sello del receptor o del escriba del rey. Estas tabletas se conservaban en los templos y pueden considerarse un reconocimiento de una deuda. Algunas de ellas se han encontrado en cajas que hay que romper antes de inspeccionar la tabletas. En estas cajas se inscribe el mismo contenido de la tableta pero se omiten el nombre y sello del receptor. Es evidente que ésta era una medida de protección que impedía su uso fraudulento. Solo podía conocerse el nombre del receptor manipulando la caja de cerámica, lo cual habría causado daños reconocibles e invalidaría la tableta. Resulta evidente que estas cajas servían como medio de cambio que podía transferirse de mano en mano. Nuestros ancestros estaban tan familiarizados con el crédito como nosotros. Sin embargo, los babilonios aun no conocían el dinero en metálico (Mitchell-Innes, 1913).

Una vez definida una unidad de cuenta el siguiente salto lógico es la acuñación de moneda por el estado, inicialmente como un vale que el soberano entrega a personas que han trabajado a su servicio, como los mercenarios o escribas, que pueden canjear en los pósitos reales por bienes reales o incluso entregar a un comerciante o agricultor para comprar bienes. Graeber explica que la creación de mercados organizados fue estimulada por los reyes y gobernantes precisamente para facilitar el suministro a sus ejércitos (Graeber, 2011). Es más fácil abastecer a un mercenario si se le paga una pieza metálica con un sello real que éste puede luego utilizar en el mercado para comprar lo que necesita. Tal tipo de moneda no es muy diferente de un cupón o vale. La condición para que funcione el sistema es que el comerciante o agricultor puede entonces entregar ese vale en lugar de la mercancía que le corresponde aportar como tributo.

La historia, la arqueología y la antropología aportan evidencias de que el crédito era conocido en sociedades premonetarias, que los soberanos fueron los creadores de los mercados organizados y además definían la unidad de cuenta empleada en el registro de las operaciones de crédito. Esta evidencia desmiente que el dinero fuera una creación del sector privado y que hubiera surgido naturalmente para facilitar el trueque de mercancías como suponía Adam Smith.

Una prueba definitiva de que el dinero es una creación del estado puede encontrarse en la historia numismática. Mitchell-Innes, en su ensayo sobre el dinero, comenta que

"Las antiguas monedas de Roma, a diferencia de las de Grecia, tenían sus marcas distintivas de valor, y lo más llamativo de ellas es la extrema irregularidad de su peso. Las monedas son el As y sus fracciones y siempre ha existido la tradición de que el As, que se dividía en 12 onzas, fue originalmente una moneda de cobre que pesaba una libra. Pero la moneda romana pesaba unos 327,5 gramos y Mommsen, el gran historiador de la acuñación romana, señaló que ninguna de las monedas conservadas (y había muchísimas) se acercaban a este peso, y además estaban amalgamadas con plomo así que incluso las más pesadas no contenían más de dos tercios de cobre" (Mitchell-Innes, 1913). 

La situación se va complicando con el paso del tiempo. El sestercio fue originalmente como una moneda de plata con el mismo valor que el antiguo As Aeris Gravis o Libral (As de plomo). También se introdujo un nuevo As que valía dos quintos del antiguo y un denario que vale diez nuevos ases o cuatro ases librales. La acuñación del sestercio se abandonó aunque reapareció como moneda de bronce, es decir, era un mero cupón o vale. Sin embargo siguió utilizándose como unidad de cuenta hasta la era de Diocleciano durante centenares de años. El denario se acuñaba en plata pero su aleación fue empobreciéndose con el paso del tiempo. Llegó a ser una moneda de cobre inserta entre dos láminas de plata. Es improbable que el valor del denario se basara en el contenido en plata. Según Mommsen el valor legal de la moneda era un tercio superior a su valor real y se introdujo una moneda de oro por un valor muy superior al intrínseco (Mitchell-Innes, 1913). Mitchell-Innes documenta hallazgos parecidos se hallan en la moneda de la Edad Media. Es decir, durante la mayor parte de la historia, el valor de la moneda ha sido el que declarara el soberano. Un as o un sestercio valían lo que decía el soberano que valía y no quedaba determinado por su contenido en metales preciosos. Es decir, su valor quedaba determinado por lo que el soberano estaba dispuesto a aceptar a cambio de su moneda (cuántas unidades pagaba por jornal, por ejemplo) y qué impuesto cobraba a sus súbditos.

Mitchell-Innes también cuenta como Alexander Hamilton estudió la cuestión de qué unidad monetaria emplear en un informe sobre el establecimiento una ceca en las antiguas colonias inglesas que se convertirían en los Estados Unidos de América. Su problema era que la libra no valía lo mismo en todas partes. En 1782 una libra valía cinco chelines en Georgia, ocho chelines en Nueva York y seis chelines en Nueva Inglaterra. Hamilton consideraba que era más útil emplear el dólar español, el real de a ocho. Sin embargo esta unidad tenía un inconveniente:

"Esa especie de moneda nunca ha tenido un patrón de valor de acuerdo a su peso o ley; pero se le ha permitido circular por su cuenta sin consideración de uno u otro."

En otro post posterior discutiremos por qué los estados se empeñaron en introducir una moneda cuyo valor coincidiese con el intrínseco, logro que se consiguió brevemente en el siglo XIX. También veremos como en realidad es probable que fuera el estado quien fijaba el precio del oro y la plata con sus operaciones de compra y atesoramiento de metales preciosos y emisión de moneda.

Referencias

Graeber, D. (2011). DEBT. The First 5,000 Years. Brooklyn,. New York:: Melville House Publishing.

Mitchell-Innes, A. (2004). What Is Money? En L. R. Wray, Credit and State Theory of Money Southhampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc.

Cuando no gastar es malgastar

Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es 

Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919). El tratado de Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29 que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara cuestionar el proyecto europeo!

El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013 pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.

La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y sorprendentes como “los ajustes fiscales, incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin causar recesiones. Los ajustes fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen demorar la adopción de políticas fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de impuestos ” (Alesina, 2010). ¡Olé, olé, olé!

El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la austeridad.

Un año después del discurso de Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la equidad social en nuestro país[i] (Trichet & Ferández Ordóñez, 2011). Un mes más tarde, Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.

El artículo fue aprobado de forma expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina Miltimore, 2014).Resulta evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas y cuánto y cómo lo gastas” (Sánchez Pérez-Castejón, 2011).

No sé si los socialistas son conscientes del grave error que cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos con esta reforma  me parece improbable que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades socialmente más útiles.

Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.

La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Son muchos principios, todos ellos con malos finales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el 2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el 2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia. ¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?

El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española». Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability, 2016). En definitiva: si estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?

Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la crisis se antoja prácticamente imposible.

El gestor público que quisiera introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá disminuirse en la cuantía equivalente». Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar. Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar. Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14 señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.

Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”. Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.

Los propósitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento. Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector exterior.

Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de 73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.

Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política, nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el aumento de las desigualdades.

Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad y sacrificios.

La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?

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[i] El Viernes 19 de diciembre de 2014 el Banco Central Europeo publicaba la correspondencia de 2011 de Jean Claude Trichet y Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José Luís Rodríguez Zapatero, instando a éste a tomar medidas que apoyen “su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales con evidencia creíble". La carta puede leerse íntegra aquí.

Referencias bibliográficas

Alesina, A. (2010). Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.

Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730

Keynes, J. M. (1919). Economic Consequences of the Peace.

Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero: http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html

Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad y justicia social. Obtenido de El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802

Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability. (5 de julio de 2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto de 2011). Gurusblog. Obtenido de https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf

Incompetencia y oligarquía

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder el pasado 8 de julio de 2017

Hubo un tiempo en el que el Banco Popular fue el más rentable de Europa. La entidad, fundada a principios del siglo XX, conoció una época dorada en la segunda mitad de esa centuria cuando se admiraba su modelo de gestión bancaria caracterizado por la prudencia. Fue un banco mediano con un negocio muy orientado a las PYMEs, cuya gerencia mantenía conocidas vinculaciones con el Opus Dei.

Todo cambió con la burbuja inmobiliaria, esa epidemia de irracionalidad que se apoderó de los gestores bancarios inoculados por el virus “España va bien” liberado al medioambiente español por José María Aznar. El presidente más nefasto de nuestra historia inauguró un ciclo de crecimiento económico enfermizo y putrefacto que combinaba opacidad fiscal, especulación incontrolada con un bien de primera necesidad, liberalización del suelo y una gangrenosa corrupción de las administraciones locales. En el pico de la burbuja, alcanzado en el año 2006, se constituyeron 1,3 millones de préstamos hipotecarios por valor de 138,3 mil millones de euros (¡Más del 14% del PIB español de aquellos años!). Hoy cuesta recordar que en el año 2008 se estaban terminando entre 70.000 y 80.000 viviendas cada mes. La banca española se embarcó imprudentemente en este juego y el Popular no quiso perderse la fiesta.

La burbuja inmobiliaria es una manifestación de un proceso descrito como financiarización, un hallazgo de un capitalismo atlántico que ya no encontraba atractiva la inversión real. Es una estrategia de crecimiento dependiente de un endeudamiento masivo de los hogares y empresas con crédito destinado a la construcción y la especulación financiera. En el pico de la burbuja tres sectores, —financiero, inmobiliario y constructor— llegaron a suponer el 25% del valor añadido bruto total de nuestra economía. El modelo estaba abocado a la crisis en el momento en que muchas de estas operaciones podían caracterizarse como inversiones “Ponzi” empleando la terminología de Hyman Minsky, es decir, se destinaban a la compra de activos que ni siquiera generaban caja suficiente para pagar los intereses. La inversión en suelo urbano o urbanizable es un ejemplo de capitalismo Ponzi porque una parcela vacía no rinde nada.

Cuando estalló la crisis los bancos españoles acumulaban en sus carteras miles de millones de euros de inversiones inmobiliarias tipo Ponzi: parcelas sin construir, créditos a promotores insolventes, hipotecas concedidas a familias con todos sus miembros en paro. La morosidad y los préstamos fallidos lastraban los balances de los bancos españoles y en 2012 se produjo el primer episodio de crisis financiera que llevó al rescate de las cajas de ahorros. Pero el rescate de 2012 no saneó los balances de todas las entidades bancarias.

Durante demasiados años nuestros políticos han jugado a darle patadas a la lata. Los sucesivos Gobiernos del Reino de España han echado un capote a la banca antes que permitir que reconociesen las pérdidas. Por ejemplo evitando que el valor en libros de muchos activos tóxicos fuera reconocido por su precio de mercado o subvencionando sus impuestos con el reconocimiento de unos créditos fiscales diferidos que permitían deducir unas pérdidas que aún no habían sido reconocidas. Pese a todo, una recuperación económica rápida habría podido sanearlos rápidamente. Sin embargo un año antes, en 2011, el nefasto cuarteto integrado por Barroso, Trichet, Merkel y Sarkozy impuso el giro a la austeridad en los países de la periferia europea. Antepusieron la salvación de su propia banca nacional, que había prestado alegremente a los bancos de la periferia, para lo cual exigieron que todos los recursos públicos de los estados periféricos, se destinaran prioritariamente a amortizar deuda. La recaída en la recesión ha prorrogado nuestra crisis económica prácticamente una década. No hay balance bancario que pueda soportar una década de depresión económica sin peligro de caer en la insolvencia.

Mientras tanto los gobiernos trataban de ganar tiempo. Fue el gobierno de Zapatero el que se prestó voluntariamente a un ejercicio de “transparencia”, los llamados test de esfuerzo que simulaban la resiliencia de los balances bancarios en un entorno adverso. Estas pruebas han demostrado ser perfectamente prescindibles. Alguien tendría que explicar por qué el Banco Popular superó las pruebas que la Autoridad Bancaria Europea le había impuesto el año pasado.

Al tiempo que las autoridades europeas llevaban las economías de la periferia a su segundo zambullido en la crisis se disparaba la llamada prima de riesgo, el diferencial que pagaba la deuda española respecto al rendimiento de la deuda alemana. Lejos de reconocer que la prima de riesgo fue consecuencia de una desdichada unión monetaria en la que se privaba de sus bancos centrales a unos estados que retenían sus competencias en el ámbito fiscal se atribuía este fenómeno un castigo de los mercados a estados derrochadores. Se quiso ver también un bucle diabólico entre bancos y estados. Los bancos necesitan presentar colateral de calidad, normalmente deuda pública, para acceder a la liquidez del banco central. Pero, si los mercados no querían comprar la deuda de los países periféricos, porque carecía del respaldo de un banco central, los bancos dejaban de tomar posiciones en esta deuda; precisamente en un momento en que esos mismos estados se veían obligados a destinar cuantiosos recursos financieros para rescatar a las entidades financieras.

La unión bancaria se nos ha vendido como la solución para romper este bucle diabólico. Entregar la supervisión bancaria al BCE y crear un mecanismo de resolución bancaria separaría definitivamente a los estados de los riesgos sistémicos originados en la banca privada.

La crisis del Banco Popular ha sido la primera oportunidad para que el mecanismo europeo de resolución bancaria demostrara su utilidad y ha fallado estrepitosamente. Se conocía desde hace meses que el Banco Popular tenía problemas de solvencia y liquidez. El supervisor bancario debe vigilar los ratios de liquidez que exigen las normas de Basilea III. El caso es que la liquidez del Banco Popular se secó más rápidamente que las aceras tras una tormenta de verano. Parece ser que en sus estertores finales la entidad estaba obteniendo financiación del BCE con un descuento del 90% sobre el valor nominal de los títulos que estaba presentado como colateral lo cual quiere decir que estaba llevando a la ventanilla la poca morralla que aún quedaba en su cartera. Según declaró el ministro de Guindos las sucesivas recalificaciones a la baja por las entidades de rating provocaron una precipitada fuga de depósitos. Además la Agencia Reuters se hizo eco de una filtración procedente de Elke König, Directora Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB), que habría contribuido a acelerar la huida.

¿Cómo es que el supervisor europeo no activó las alarmas para una intervención oportuna? ¿Cómo se explica la pasividad de unas autoridades que dejaron que la situación se degradase a un punto tal que la entidad agotó su liquidez horas antes de la operación de venta al Banco Santander?

En su intervención ante el Parlamento Europeo, Danièle Nouy, presidenta de la Junta de Supervisión Bancaria del BCE, reconoció que su organismo estuvo vigilando la liquidez de la entidad y sin embargo su entidad no llegó a actuar por problemas de diseño legal que exigen aplicar criterios de proporcionalidad. Nouy reconoció que no había diálogo entre el departamento del BCE que estaba descontando el papel basura del Popular y el suyo. El mecanismo de supervisión bancario tiene serias carencias y sigue sin ser operativo porque le faltan componentes fundamentales como un seguro de garantía de depósitos europeo y un fondo europeo de resolución bancaria. La unión bancaria europea está en pañales y en sus dos primeras pruebas, la crisis del Popular y de los bancos venecianos, no solo no ha ayudado sino que ha entorpecido la búsqueda de una solución. El supervisor europeo tiene pocos remedios que ofrecer más allá de liquidar instituciones bancarias con un elevadísimo coste para los fondos nacionales de garantía de depósitos.

La Unión Europea postula que sean los accionistas y bonistas de las entidades bancarias los que asuman el coste de los procesos de resolución bancaria en primer lugar para evitar problemas de riesgo moral. Parece un argumento impecable pero observemos que hay muchos pequeños ahorradores que han invertido en acciones y deuda subordinada de las entidades bancarias. Muchos carecen de la formación financiera para entender qué tipo de riesgos asumen y ciertamente no tienen ninguna capacidad de influir en la gestión de las entidades. ¿En qué clase de riesgo moral estaba incurriendo el abuelo que todavía confiaba en títulos la entidad como producto de ahorro?

Una llamada de Saracho, el presidente de la entidad, fue la que alertó a Guindos de la falta de liquidez del banco. Fue finalmente el gobierno español quien resolvería la situación actuando de forma muy favorable a los intereses del Grupo Santander. La liquidación y venta precipitada al Grupo Santander por 1 euro del Popular plantea legítimas dudas acerca de la justicia del trato dado a unos pequeños inversores a los que se ha desplumado sin contemplaciones. La pregunta que nos hacemos es si la actuación de las autoridades nacionales y europeas revela incompetencia o conflicto de intereses o ambas cosas a la vez.

La cuestión de fondo es que un banco en realidad es una entidad público-privada. Sus accionistas pueden ser particulares pero un banco disfruta de privilegios que no tienen otras empresas privadas. Los bancos centrales tiene el poder de decidir su destino cuando incurren en problemas de solvencia y liquidez. Que quiebre o no una entidad bancaria es una decisión política dentro de un marco institucional establecido por ley. Esta misma semana el gobierno italiano ha tenido que anticiparse de nuevo ante la lentitud del mecanismo de resolución bancaria europeo concediendo una ayuda de 17 mil millones de euros, entre garantías y dinero desembolsado, destinados a liquidar dos bancos venecianos. De nuevo una entidad privada, Intesa Sanpaolo, será el principal beneficiario de este paquete de ayuda ya que se quedará con los activos buenos mientras que los “tóxicos” serán gestionados por un banco malo. El resultado habría podido ser una nacionalización, una liquidación ordenada o la venta a otra entidad bancaria pero de nuevo se escogió la solución que más favorecía a una entidad privada y menos a los intereses generales.

Una nacionalización sin embargo parece que habría sido mal acogida por una opinión publicada contraria a la banca pública y a acusaciones de que el coste lo paga el contribuyente. Pero esto es sorprendente porque el diseño institucional y estos prejuicios ideológicos conducen a que el Banco Santander se quede con la entidad por 1 euro o San Paolo reciba más de 17 mil millones de euros en ayudas públicas. ¿No habría sido más eficaz y justa una nacionalización? La fobia a lo público y la ideología del libre mercado ha impedido escoger una opción quizás superior. La caída de las cajas se presentó como un ejemplo de nefasta gestión pública que se quería contrastar con una superior administración privada. Ahora la caída del Popular desmonta el mito de la superior gerencia privada y nos plantea la pregunta de por qué sí se nacionalizan las cajas —que acabarán privatizando— y no se hace lo mismo con el Popular.

Se nos dice que la venta de Popular fue el resultado de un proceso competitivo pero solo consta que en la puja participaran BBVA, Bankia y Santander. Que el precio final haya sido un euro lo último que demuestra es que haya habido una subasta transparente y organizada con criterios de mercado. Más bien asistimos al reparto de un botín. Bankia acaba de quedarse con Mare Nostrum. No nos parece descabellado imaginar que BBVA acabe absorbiendo Bankia cuando se privatice.

El grupo Santander se hace con la cartera de préstamos provisionados y con los depósitos del Popular, limpios de polvo y paja, por un euro mientras que los accionistas y bonistas pierden toda su inversión. El resultado es el mayor grado de concentración bancaria de nuestra historia. Si la crisis de las cajas ha privado a muchas regiones de España de una entidad de crédito esta última operación va a reducir aún más la competencia en el sector. Tras la fusión de Santander y Popular cinco entidades controlan tres cuartas partes del negocio bancario. Si BBVA adquiere lo que queda de Bankia el grado de monopolio será aún mayor. Podemos esperar mayores comisiones bancarias, márgenes de intermediación más elevados y una mayor dependencia del tejido empresarial español de un puñado de entidades financieras.

Fuentes: CECA y AEB

Es preocupante la colaboración del estado en la creación de gigantes bancarios, entidades demasiado grandes como para dejarlas caer (“too big to fail”). Los mecanismos de resolución bancaria europeos permiten la liquidación de bancos no sistémicos pero esto monstruos no podrán ser liquidados. Tendrán que ser rescatados cuando algún día incurran en problemas financieros. El capitalismo europeo ha entrado en una fase de concentración oligopolística extrema lo cual nos convierte a todos en rehenes de sus decisiones.

Y ahora viene la crisis de Liberbank…

Rompamos la hucha de las pensiones, vaciémosla y tirémosla al fondo del mar

Editorial publicado por la redacción de Red MMT el pasado 1 de julio de 2017.

Una vez más nos llegan voces de alarma porque el Gobierno ha roto la hucha de las pensiones. En esta ocasión, además, ha concedido un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social en lo que se presenta como el principio de una senda de peligroso endeudamiento de un sistema, a pocas jornadas de caer en la insostenibilidad e incumplir sus obligaciones con los pensionistas.

Los titulares alarmistas en relación a este asunto inquietan a quienes han contribuido al aprovisionamiento social de bienes y servicios durante su vida laboral y ahora se preguntan sobre la certidumbre de la pensión de jubilación para la que han cotizado. Quienes hoy están creando con su trabajo ese excedente productivo, que paga las pensiones actuales y que beneficia a toda la comunidad, se preguntarán si no deberían correr a asegurar su estabilidad futura bajo la gestión privada responsable, lejos de la insostenibilidad de la gestión pública. ¿Tienen razón quienes cuestionan continuamente la sostenibilidad de las pensiones públicas o son simples declaraciones interesadas para que piquemos el anzuelo de los fondos de pensiones privados y ayudemos así a engrasar el engranaje de la especulación financiera? Creemos que ambas cosas son parcialmente ciertas, habiendo cierta retroalimentación entre ellas.

El argumento habitual sobre el que se construyen los escenarios del Apocalipsis de las pensiones es la baja relación entre afiliados a la seguridad social y pensionistas, ratio que ofrece el Ministerio de Empleo. Está estancado en 2,25 afiliados por pensionista desde hace años y se teme que, debido a los malos datos demográficos españoles, caiga aún más en el futuro. Los defensores del sistema público esgrimen que la insuficiencia de la hucha es un problema derivado de la enorme cantidad de desempleados que tenemos en el país, así como de la precariedad de los nuevos empleos. Los nuevos trabajadores perciben salarios más menguados y el Gobierno del avispado señor Rajoy ha subvencionado su contratación con tipos de cotización más bajos a la par que fomentaba la precarización. Además los que se jubilan ahora cobran las pensiones más altas de la historia gracias a que cotizaron en años en los que la economía española generaba rentas salariales más dignas.

En un extremo del espectro político nos encontramos con quienes creen que “normalizando” el mercado de trabajo, asimilándolo a una mercancía cualquiera, se terminaría con la discusión sobre la sostenibilidad del sistema público las pensiones. La hucha fascina a los políticos del PSOE, quienes se atribuyen el logro fantasioso de habérnosla dejado colmada cuando las cotizaciones excedían las prestaciones durante los “buenos” viejos tiempos de la burbuja inmobiliaria. Los sindicatos y partidos de la oposición se pronuncian por aumentar el Fondo de Reserva financiando las pensiones vía impuestos. Pero muchos no han advertido de que se trata del clásico truco consistente en sacar dinero del bolsillo izquierdo y meterlo en el derecho: no somos más ricos por ello pero el bolsillo derecho se siente mucho mejor. La famosa hucha no es más que otra criatura neoliberal con la que encadenar la acción del gobierno. En el otro extremo encontramos entidades especializadas en producir malos augurios y pronosticar inminentes colapsos. El Banco de España y la OCDE demandan reformas estructurales que aumenten la edad de jubilación o modifiquen el montante de las pensiones endureciendo los requisitos. Ciertos expertos consultados por la Comisión del Pacto de Toledo proponen medidas como sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema. Entretanto las entidades financieras se frotan las manos ante la expectativa de atraer a las amedrentadas clases medias a su negocio de fondos de pensiones.

Sentimos discrepar con todas las partes. Frente a esta serie de parches transitorios o la disolución del mismo en uno mayor al incluirlo dentro del presupuesto público, creemos que se debe afrontar el problema de raíz eliminando la excusa para privatizarlas: el artificial problema de insostenibilidad que crea este sistema. Muchos han caído en las sucesivas trampas neoliberales en torno a las finanzas públicas. Por ejemplo, nos quieren hacer creer que el estado necesita acceder a fondos creados por el sector privado para financiar sus actividades lo cual solo es posible bajo la improbable hipótesis de que algunos de nosotros tengamos máquinas de imprimir billetes en nuestros sótanos. Quienes conocen la teoría moderna de la moneda ya han comprendido que nos enfrentamos otra vez al enésimo atentado contra lo público.

Sin comprender el funcionamiento de nuestro sistema monetario la discusión cae dentro de estrechos márgenes fiscales en los que se debe asegurar un equilibrio entre los gastos y los ingresos que deberían ser capaces de financiarlos. El habitual esquema mental que tenemos sobre el problema de las pensiones es totalmente erróneo. Debemos arrojar la hucha de las pensiones a lo más profundo del mar, rompiéndola antes para vaciar hasta el último céntimo de su contenido; hoy mismo. Deshagámonos de esta abominación que no engendra más que inconvenientes y contratiempos auspiciados por la lógica neoliberal de constreñir la función del Gobierno con reglas financieras artificiosas y arbitrarias. Encerremos bajo doble llave las ideas de la hacienda pública responsable junto al sepulcro de El Cid.

El debate debe trascender la robustez del equilibrio presupuestario que obsesiona a los ceñudos reformistas de nuestro sistema de pensiones y despierta los apetitos de los gestores de fondos. Pero, que se puedan pagar y financiar las pensiones ¿significa que éstas son sostenibles indefinidamente? En principio no, si bien no nos encontramos ante una restricción de la esfera financiera. Su sostenibilidad debe ser atendida en el sector real de la economía, esto es, en la creación de un excedente productivo. Los jubilados no consumen las contribuciones de su trabajo pasado, sino los productos y servicios que hay en el momento en que ellos ya no contribuyen al aprovisionamiento social de bienes y servicios de la comunidad. Para atender a los ancianos de mañana basta con que haya suficientes trabajadores empleados en el futuro produciendo alimentos, vivienda, energía eléctrica, vestimentas y servicios sanitarios y de cuidados, ocio y cultura en cuantía suficiente para atender al conjunto de la población. Un mejor trato a la juventud también ayudará a la reproducción de las clases trabajadoras, hoy razonablemente reticentes a crear nuevos hogares.

Cómo decida en el futuro el Gobierno trasladar ese excedente real hacia las clases pasivas es una cuestión que podría resolverse de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos abandonar el esquema insolidario actual en el que los trabajadores más pobres contribuyen proporcionalmente más que Lionel Messi o Amancio Ortega a la tesorería de la Seguridad Social. También podríamos aceptar que la Tesorería de la Seguridad Social tuviera un déficit perpetuo cubierto por la Tesorería General del Estado lo cual, aunque a algunos les parezca sorprendente, no socavaría los cimientos de la civilización occidental. Utilizando la imaginación de la que carecen las autoridades europeas, proponemos también que las pensiones sean financiadas directamente por el banco central. Como monopolista de la moneda no se ve sometido a restricción financiera alguna. Es forzoso reconocer que como usuarios del euro, a todos los efectos una moneda extranjera, el monopolista hoy es el Banco Central Europeo. Entre los responsables de esa entidad abundan los entusiastas de la “responsabilidad” fiscal pero, con un cambio de los Tratados de la UE, el emisor europeo podría pagar todas las pensiones de los jubilados europeos indexando éstas a algún tipo de fórmula que tenga en cuenta el salario medio del país y la vida laboral. Esta es una opción técnicamente realizable, puesto que el emisor europeo es el único agente que puede crear nuevo poder de compra que se utilizaría para encauzar esos excedentes reales hacia los jubilados. Este nuevo dinero es deuda de una entidad que por definición nunca puede ser insolvente. Si les preocupa la inflación no se agobien: posteriormente los estados pueden cancelar el poder de compra sobrante con un nivel de imposición adecuado y justamente repartido entre los productores.

Lo que sí podemos asegurarles es que ninguna hucha dotada hoy por el Estado sirve al propósito de generar ese excedente productivo en el futuro. No dejemos que aten la democracia a mecanismos artificiales de control a sus reglas neoliberales. Abandonemos el esquema mental erróneo de que un Estado o la Seguridad Social deben equilibrar su presupuesto y avancemos hacia la soberanía para garantizar nuestras pensiones y el pleno empleo.