Este post es una versión larga del editorial publicado en www.redmmt.es
Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable (Keynes, 1919) . El tratado de
Versalles resultó ser una paz cartaginesa y 20 años más tarde Europa entraría
en una carnicería aún mayor que la anterior. Tras la crisis bursátil del año 29
que inauguró la Gran Depresión, los gobiernos se empeñaron en aplicar recetas
económicas conservadoras y condenadas de antemano al fracaso. En EEUU el
presidente Hoover porfió en mantener un presupuesto equilibrado prolongando
innecesariamente la crisis. En el Reino Unido se impuso la “perspectiva del
Tesoro” que argumentaba que la política fiscal no tenía ningún efecto sobre el
total de la actividad económica pues todo aumento del gasto público desplazaría
al gasto privado. Una y otra vez las elites políticas europeas se dejaron
llevar por sus prejuicios y dogmas para llevar a sus sociedades al desastre. La
última generación de dirigentes de la Unión Europea ha mostrado una similar
predilección por bailar cerca del precipicio pese a las advertencias de muchas
personas sensatas. La música del destino manifiesto europeo sonaba demasiado
alta como para que pudieran oír voces discrepantes.¡Ay de quien osara
cuestionar el proyecto europeo!
Cuando las elites actúan cegadas por dogmas que contradicen la realidad las consecuencias pueden ser catastróficas. A principios del siglo XX los dirigentes de las potencias europeas se embarcaron en una carrera armamentística para asegurar supremacías nacionales e imperiales que desembocaron en la primera gran carnicería de esa centuria. Tras la contienda, el Tratado de Versalles, que sometió a Alemania a unas condiciones humillantes e imposibles de cumplir, sembró las semillas de la siguiente guerra mundial. El joven John Maynard Keynes, testigo de las negociaciones, describió en su célebre tratado, “Las Consecuencias Económicas de la Paz”, a un presidente francés de pétreo corazón, Clemenceau, empeñado en extraer su venganza y a un bienintencionado presidente de los EEUU, Wodrow Wilson, desconectado de la realidad y de “temperamento presbiteriano” que solo era capaz de hablar en términos de grandes principios. Wilson no supo imponer la fuerza de su país para lograr la redacción un tratado más razonable
El breve período transcurrido entre los años 2010 y 2013
pasará a la historia económica europea como uno de los más fecundos en la toma
decisiones económicas desacertadas. Tras el inicio de la Crisis Financiera
Global en 2007, cuyo primer hito fue la quiebra de Lehman Brothers, las
potencias acordaron una respuesta coordinada de tipo keynesiano con un aumento
del gasto deficitario. En España el Gobierno de ZP se lanzó con timidez y el
déficit público llegó a superar con el Plan E el 11% del PIB. Demasiado para
las sensibilidades ortodoxas. Solbes prefirió abandonar la vida pública antes
que ser cómplice de semejante derroche. Poco déficit si consideramos que la
tasa de desempleo escaló a cumbres nunca antes vistas.
La osadía duró lo que tardaron los mercados en darse cuenta
de los fallos de diseño del euro y empezaron a pedir rendimientos mayores por
la deuda de los PIIGS. Por aquellos tiempos Alesina había dado su célebre
conferencia en la que sin pestañear concluía con afirmaciones tan osadas y
sorprendentes como “los ajustes fiscales,
incluso los grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden lograr
una reducción relativamente rápida de los ratios de deuda sobre el PIB sin
causar recesiones. Los ajustes
fiscales basados en recortes presupuestarios son los que, de largo, tienen la
máxima probabilidad de éxito. Los políticos típicamente son reticentes y suelen
demorar la adopción de políticas
fiscales restrictivas haciendo que los ajustes sean aún más costosos … Una
política anticíclica basada en incrementos de gasto en recesiones y aumentos de
impuestos ” (Alesina, 2010) . ¡Olé, olé, olé!
El discurso de Alesina puso los cimientos ideológicos que
justificarían el giro a la austeridad. Los cuatros jinetes del Apocalipsis
económico europeo, Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet, más preocupados por rescatar bancos alemanes y franceses que por el destino de los pueblos del sur, forzaron un giro a la
austeridad.
Un año después del discurso de
Alesina, en agosto de 2012 Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central
Europeo (BCE), y su cómplice de fechorías, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
gobernador del Banco de España, escribieron la carta confidencial apremiando a
Zapatero a abandonar las insuficientes políticas expansivas que venía aplicando
su gobierno desde 2009 e introducir un programa de contrarreformas neoliberales
que tan nefastas se revelarían para los trabajadores españoles y para la
equidad social en nuestro país[i]
(Trichet & Ferández Ordóñez, 2011) . Un mes más tarde,
Zapatero propondría la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Que
la Unión Europea no se andaba con melindres lo demuestra que en noviembre del
mismo año Berlusconi se veía obligado a dimitir para cederle el paso al
tecnócrata Mario Monti, tras una campaña de acoso coordinada del nefasto cuarteto
y el presidente Obana, en lo que yo me atrevo a calificar de golpe de estado
orquestado desde la Unión Europea y EEUU. Aunque él siempre ha negado que lo
hiciera bajo presión la coincidencia temporal con la amenazante carta chantaje
recibida del Banco Central Europeo desmiente las protestas de ZP.
El artículo fue aprobado de forma
expeditiva hurtando a los españoles el debate preceptivo en un régimen
democrático. En otro post anterior he criticado duramente esa reforma (Medina
Miltimore, 2014) .Resulta
evidente que España había caído en una situación de dependencia neocolonial
como consecuencia de la entrega de su soberanía monetaria a una potencia
extranjera. Por cierto, quienes ahora ven a Pedro Sánchez como el paladín del
giro a la izquierda del PSOE deberían ser cautos y recordar que él fue el
ponente de la reforma a la que defendió con convicción en la prensa. Entonces
hacía afirmaciones tan sorprendentes como esta: “Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el
tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de
buen gobierno. Establecido el marco, el debate político entre la izquierda y la
derecha debe girar en lo que de verdad importa a la ciudadanía: cuánto ingresas
y cuánto y cómo lo gastas” (Sánchez Pérez-Castejón, 2011) .
No sé si los socialistas son conscientes del grave error que
cometieron al proponer esta reforma de la Constitución. Deshacer una reforma
como ésta es prácticamente imposible pues haría falta una mayoría de tres
quintos de la cámara. Con la comodidad que sienten partidos como el PP o Ciudadanos
con esta reforma me parece improbable
que pueda deshacerse. Esta reforma convirtió una constitución que había
incorporado muchos principios socialdemócratas en el instrumento de ejecución
de políticas permanente deflacionistas. El artículo ha tenido graves
consecuencias para nuestro bienestar económico. Una de ellas ha sido la
creación de una institución frívola llamada Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal cuyo propio nombre resulta un oxímoron y una burla a una
mínima compresión de la función de las cuentas públicas y a cuyo frente se
posicionan personas de conocida ideología neoliberal (www.airef.es). Aprovecho para pedir una vez más
la disolución inmediata de este aciago organismo impregnado de ideología que se
disfraza de conocimiento científico. Consentir la existencia de la AIREF sería
algo parecido a tolerar que la Agencia Española del Medicamento abogara por la
utilización de la homeopatía en la Sanidad Pública. Afortunadamente parece que
esta inútil institución solo sirve de Pepito Grillo del Gobierno español y que
otros gobiernos simplemente podrán ignorar su existencia. En todo caso su
supresión sería un ahorro presupuestario que podría destinarse a otras actividades
socialmente más útiles.
Realmente la consecuencia más grave de la reforma de la
Constitución fue la infausta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, aprobada en abril de 2012 (Boletín Oficial del Estado, 2012) que desarrolla el
dichoso artículo. La derecha política y la escuela económica más supersticiosa y
atávica se pueden congratular: una situación de emergencia económica, creada
por la misma unión monetaria que ellos habían impulsado, sirvió para conseguir
la rendición final y perpetua de una izquierda desarmada ideológicamente desde
Suresnes y carente totalmente de espinazo. Las consecuencias de esta norma han
sido lesivas especialmente para los ayuntamientos del cambio como veremos.
La Ley dice basarse en los principios de sostenibilidad
financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
Son muchos principios, todos ellos con malos finales.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria destila todo el
pensamiento económico que ha dominado la Europa de la Austeridad. Los artículos
clave se encuentran en el capítulo III. Su artículo 11 establece el ‘principio
de estabilidad presupuestaria’ que prohíbe a todas las administraciones
públicas incurrir en un déficit estructural. El déficit estructural es el que
correspondería a una situación de pleno empleo. El problema es que esa magnitud
no es observable y solo se puede estimar. El pleno empleo podría señalarse en el
2% o el 16% según los criterios de cada aprendiz de brujo. Por ejemplo, quien
suscribe piensa que una tasa de pleno empleo corresponde al 2% mientras que en
la Unión Europea se maneja el concepto de tasa de desempleo no aceleradora de
la inflación (NAIRU) una aberración conceptual que actualmente algunos estudios
de la Comisión Europea fijan en el 16% para España. Hay un gran trecho entre el
2%y el 16% pero es evidente que si aceptamos la definición de pleno empleo de
los economista adscritos al dogma vigente en nuestro gobierno el déficit
estructural se va a sobreestimar lo cual obligaría al gobierno a aplicar
draconianas políticas de austeridad. La Ley permite excepciones como una
recesión económica grave, una catástrofe natural o una situación de emergencia.
¿Hemos de rogar que se produzcan terremotos, conflictos bélicos o crisis
económicas para que nuestras autoridades actúen con cordura?
El artículo 12 establece la llamada ‘Regla de gasto’ según la cual «la variación del gasto computable de la Administración Central de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la
economía española».
Pero ¿qué diantres es este nuevo concepto de tasa de referencia de crecimiento del PIB del medio plazo de la
economía? Lo elabora y publica el Ministerio de Economía y Competitividad
en base a la metodología de la Comisión Europea. Esta nueva magnitud-engendro
es la media de las estimaciones de los cinco años anteriores, la estimación del
año en curso y las proyecciones de los próximos cuatro años (Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact
and Guidelines on the format and content of Stability, 2016) . En definitiva: si
estamos saliendo de una gran depresión más vale que las proyecciones a futuro
sean muy optimistas si no queremos que el Ministerio imponga una tasa de
referencia aún más descabellada, lastrada por años anteriores de bajo
crecimiento. De nuevo arbitrariedad y discrecionalidad marcan el espíritu de la
Ley. ¿Vamos entendiendo lo que significa el ‘principio de plurianualidad’?
Lo de la lealtad institucional resulta así un tanto
unidireccional desde el momento en que es el gobierno central quien impone los
objetivos de gasto a todas las demás. Teniendo en cuenta que muchos
ayuntamientos progresistas han llegado al poder en 2014 cuando se encontraron
los gastos en mínimos históricos la recuperación de los niveles anteriores a la
crisis se antoja prácticamente imposible.
El gestor público que quisiera
introducir estímulos fiscales cumpliendo la regla de gasto, podría pensar que le
queda la opción de hacerlo reduciendo los impuestos. También por este lado se
encontrará con que la ley no ha ignorado semejante escenario: «cuando se aprueben cambios normativos que
supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante
de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones deberá
disminuirse en la cuantía equivalente».
Si es Vd un gestor eficaz y le sorprenden unos ingresos por encima de lo
previsto no se haga ilusiones: deberán destinarse íntegramente a reducir el
nivel de deuda pública.
Otro gran principio de la Ley es el ‘sostenibilidad
financiera’ que se refiere al volumen de deuda pública, la otra cabeza de la
hidra del derroche público que la ortodoxia está empeñada en derrotar.
Sostenibilidad significa que la deuda púbica no supere el 60% del PIB. ¿Por qué
el 60%? No se sabe. Comprobarán que en la cabalística económica europea muchos
de los límites suelen ser múltiplos de 3 pero mucho más no podemos explicar.
Pero esto límite no es uniforme para cada administración pública. Para la
administración central es el 44% del PIB, para el conjunto de las comunidades
autónomas el 13% y para el conjunto de corporaciones locales el 3%. Los límites
se pueden superar por circunstancias excepcionales (de nuevo ¿debemos esperar
que se produzca una guerra u otra catástrofe para que se imponga la cordura
económica?). Si alguna administración excediera de ese fatídico límite deberá
aprobar un plan de ajuste que permita equilibrar sus cuentas para alcanzar el
límite de deuda definido. De nuevo para alcaldes “tramposillos”, el artículo 14
señala que el pago de intereses y capital de la deuda tiene prioridad absoluta
frente a cualquier otro gasto.
Siguiendo con la tradición neokeynesiana, que prescribe que
a cada déficit debe seguirle un superávit de la misma forma que cada borrachera
debe penarse con una resaca, el artículo 31 prescribe la constitución de un
fondo de contingencia cuyos recursos salen de las dotaciones recibidas desde las
comunidades autónomas y corporaciones locales. Responde a la creencia difundida
entre los políticos de que lo guardado hoy en la hucha servirá para destinar
hacia los jubilados excedentes productivos reales en el futuro, los superávit
que genere la Tesorería de la Seguridad Social serán destinados al
abastecimiento del Fondo de Reserva. Hemos criticado anteriormente el absurdo
de creer que el sistema de pensiones futuro será más sostenible si el estado
pasa dinero desde su bolsillo izquierdo al derecho.
Los ayuntamientos del cambio se han encontrado con algunas
desagradables sorpresas al llegar al poder. No han podido aumentar el gasto
social como hubieran deseado y los aumentos han debido asegurarse a base de
obtener ahorros en otras partes. Con una ley que les obliga a generar superávit
no les ha quedado más remedio que presentarse como fiscalmente virtuosos
gestores de la cosa pública, capaces de reducir deuda pública a ritmos
sorprendentes. La Ley ha incluido una disposición adicional que se ha ido
prorrogando año tras año que les obliga a destinar todo superávit, o remanente
de tesorería si fuera menor, a amortizar deuda y cancelar cuentas pendientes de
pago a proveedores. Solo entonces, si aún le queda dinero a la corporación
local, podrá ésta realizar inversiones que sean “financieramente sostenibles”.
Esta ha sido un arma muy eficaz empleada por Montoro para socavar la gestión de
los ayuntamientos progresistas y reducirlos a fieles ejecutores de las
conservadoras políticas fiscales, alumnos aventajados en la reducción de la
deuda y el mantenimiento del equilibrio presupuestario.
Los propósitos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria son de difícil si no imposible cumplimiento.
Cualquiera que conozca el sencillo principio de la identidad de los balances
sectoriales sabrá que el saldo presupuestario del gobierno no es una variable
independiente. Por mucho que se empeñe una administración pública es muy
difícil que sus objetivos presupuestarios se cumplan si los demás agentes toman
decisiones que los contradicen. Por ejemplo, el estado puede decidir cuadrar
las cuentas del próximo ejercicio con una subida del IVA a lo que los
consumidores pueden responder con una bajada del gasto o los empresarios con un
aumento del desempleo. La Seguridad Social puede tratar de cumplir con el
mandato del artículo 11.5 manteniendo una situación de equilibrio o superávit
presupuestario pero si el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes al
extranjero, el gobierno subvenciona el empleo basura con caídas de las
cotizaciones y una población envejecida se jubila y empieza cobrar mayores pensiones
todo esto se queda en pura palabrería. Observen el siguiente gráfico: muestra
la relación entre el ahorro de cada uno de los principales sectores
institucionales de nuestra economía. El gráfico es simétrico porque el ahorro
de unos se el endeudamiento de otros. Lo que nuestros avispados legisladores
siguen sin comprender es que el déficit público es idéntico, euro a euro, al
ahorro del sector no público esto es, sector privado doméstico y sector
exterior.
Los redactores de la Ley debían intuir que se enfrentaban a
una tarea ímproba y quizás por ello introdujeran la disposición final séptima
que aplaza la entrada en vigor de los límites en los artículos 11 y 13 de esta
Ley al 1 de enero de 2020. Carezco de grandes dotes adivinatorias pero si les
puedo asegurar que si para entonces Rajoy, Montoro y Guindos cumplen sus
amenazas de llevar el déficit por debajo del 0,4% del PIB la economía española
entrará en otra recesión que hará que el logro dure menos que un polo guardado
en la guantera de un coche aparcado al sol. La consecuencia matemática es que
también llegará a ese porcentaje el ahorro de los españoles con el signo
cambiado. La consecuencia que pasa inadvertida del plan del gobierno y la UE, que
se desprende de un principio contable tan básico como que el gasto de un agente
es el ingreso de otro, es que también llegaría al 0% el ahorro de los
españoles. En 2016 el sector privado consiguió una capacidad de financiación de
73 mil millones de euros. Si la balanza comercial nos ayudara no siendo muy
negativa ese ahorro debería reducirse en 70 mil millones de euros para 2020.
Señoras y señores: vayan preparando las carteras. Teniendo
en cuenta cómo han manejado los “sacrificios” nuestra clase política,
nos preparamos para una redistribución desde los de abajo hacia las élites
económicas superior a la que estamos viendo. Ya no es que el crecimiento no
llegue a toda la sociedad, sino que en semejante situación de estancamiento pese
a no haber crecimiento sí tendrá lugar un cambio en la distribución de la
riqueza, aprovechando nuevamente la coyuntura para dar un salto más en el
aumento de las desigualdades.
Siguiendo la cultura de gobernanza que viene imponiéndose en
Europa en la última década la ley se acompaña de medidas preventivas y
coercitivas para asegurar que todas las administraciones públicas se plieguen a
las exigencias de disciplina presupuestara impuesta por el gobierno. Estas
medidas podrían llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a
alguna comunidad autónoma rebelde o la disolución de los órganos de la
corporación local incumplidora; todo en aras de los principios de
responsabilidad y lealtad institucional. A la Unión Europea solo le falta
instaurar el Tribunal del Santo Oficio de la Responsabilidad Presupuestaria
para asegurar que nadie se desvíe de la recta ortodoxia de las finanzas
públicas saneadas para eterna salvación de las cuentas públicas y vaciamiento
perpetuo de nuestros bolsillos (eso supongo que es lo que pretenden conseguir
con la AIReF). No resulta sorprendente que el santo patrón de la Unión Europea
sea San Benito de Nursia, cuya regla monástica prescribía una vida de austeridad
y sacrificios.
La ortodoxia considera que el déficit público es tirar el
dinero por el retrete. Mientras tanto millones de personas que podrían ser
empleadas por el sector público provechosamente no lo serán. Centenares de
proyectos socialmente valiosos nunca podrán ser acometidos. Hay centros de
investigación que permanecen vacíos o infrautilizados. Nuestras escuelas
públicas y universidades necesitan una urgente restauración y modernización de
sus dotaciones; esta urgencia se pospone sine
die. Arderán este verano hectáreas de monte porque no se pudo ocupar en la
limpieza de los bosques a desempleados. Personas incapacitadas por enfermedades
terribles carecerán de cuidados adecuados pese a que hay personas entrenadas y
dispuestas a realizar esas tareas. En medio de la mayor abundancia de recursos
y de personas preparadas y dispuestas a trabajar de la historia se crea una
penuria artificial innecesaria, cruel y estúpida. Todo esto ocurre por unas
normas impuestas de forma irreflexiva y precipitada. No hay mayor derroche que
no gastar cuando se debe, dejando que las capacidades individuales se
marchiten. El primer paso que hay que dar para poder transformar la sociedad es
el de abolir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
¿Se atreverá el PSOE de Pedro Sánchez?
[i]
Referencias bibliográficas
Alesina, A. (2010).
Fiscal adjustments: lessons from recent history. Madrid: Harvard School.
Boletín Oficial del Estado. (27 de abril de 2012). Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Obtenido de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Keynes, J. M.
(1919). Economic Consequences of the Peace.
Medina Miltimore, S. (10 de diciembre de 2014). El
país que renunció a tener su moneda. Obtenido de Desempleo Cero:
http://chartalismo.blogspot.com.es/2014/12/el-pais-que-renuncio-tener-su-moneda.html
Sánchez Pérez-Castejón, P. (3 de septiembre de 2011). Estabilidad
y justicia social. Obtenido de El Periódico:
http://www.elperiodico.com/es/politica/20110903/estabilidad-y-justicia-social-1138802
Specifications on
the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the
format and content of Stability. (5 de julio de
2016). Obtenido de Economic and financial affairs website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
Trichet, J., & Ferández Ordóñez, M. (5 de agosto
de 2011). Gurusblog. Obtenido de
https://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/12/letter-from-trichet-and-fernandez-ordonez-to-zapatero.pdf
